Contravía: "Colombia sigue matando a sus niños"
Parte I
Parte II
Parte III
miércoles, 12 de noviembre de 2008
martes, 11 de noviembre de 2008
SEGOVIA, UN RASTRO SIN OLVIDO
Segovia, un rastro sin olvido
Por: Enrique Rivas G./ Enviado especial
El Espectador recorrió la zona donde se cometió uno de los más espantosos crímenes del país y encontró que la población aún teme que se repita la historia del 11 noviembre de 1988.
Los familiares de las víctimas de la masacre de 43 personas en el municipio de Segovia (Antioquia), el 11 de noviembre de 1988, siguen reclamando justicia.
Los asesinos le dieron la vuelta al parque La Madre disparando sin control a todo lo que se movía. Los primeros en caer fueron Pablo Gómez y su esposa Maruja Idárraga. Ellos salieron de la casa buscando apostar dinero en el chance, confiados en que el número 150 iba ser el ganador esa noche, pero la muerte, que se había agazapado poco antes de las 6:55 de la tarde en dos vehículos camperos, los sorprendió como lo hizo también con otros 41 habitantes de Segovia el 11 de noviembre de 1988.
Esta fue una de las más espantosas masacres ocurridas durante la década de los 80. Por eso, al cumplirse 20 años del pavoroso asesinato colectivo, El Espectador llegó hasta este apartado municipio del nordeste antioqueño, distante 230 kilómetros de Medellín, donde sus habitantes, unos desde el anonimato y otros de cara a la verdad, recordaron paso a paso cómo 29 paramilitares sembraron el terror durante más de una hora, mientras la Policía y el Ejército se atrincheraron en su cuarteles simulando un ataque de la guerrilla en su contra.
Un recorrido de historias y tragedias que parte desde Caucasia, municipio que une geográfica, económica y culturalmente a Antioquia con la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y la subregión del Urabá. El de la semana pasada fue un viaje accidentado de siete horas que tuvo como segundo punto de partida a Zaragoza, desde donde se comienzan a vislumbrar a la vera del camino unos 20 caseríos de mineros hechos con tablas, yute verde haciendo las veces de separadores de cuartos y plásticos negros convertidos en los techos de las improvisadas viviendas y cambuches.
Así se llega a Segovia, destino final del viaje, hasta donde se acudió con el fin de saber qué ha sucedido 20 años después de la masacre. Nada nuevo, la violencia sigue campeando, tanto así que el primero de noviembre pasado fue asesinado el personero Jairo Luis Álvarez Ruiz, quien había denunciado el accionar de grupos emergentes y el exterminio de jóvenes drogadictos.
A primera vista, este municipio, fundado en 1869, no es encantador. Sus casas estrechas y hasta de tres pisos, están pintadas en su mayoría de colores pastel, pero coronadas con telarañas de cables. Aún así, calles como La Banca y Bolívar, consideradas dos de las tres principales del municipio, se muestran con vida: el comercio es grande y activo, al igual que el tráfico, cargado de cientos de motos, caballos y vehículos transitando con afán y sin parar.
A la vez el pueblo también es la tierra de la sensualidad, del mestizaje y donde se encuentran casi todos los credos religiosos. Sus cerca de 60.000 habitantes, en su mayoría, son buenos anfitriones, solidarios y bulliciosos en algunos casos debido a la mezcla de culturas del Chocó, la Costa y Antioquia. Al mismo tiempo, se observa cierta timidez en sus pobladores, un hecho producto de esa mixtura entre afrodescendientes e indígenas y de las heridas que ha dejado la guerra durante varias décadas.
Así comenzaron a llegar
Lo sucedido el 11 de noviembre de 1988 fue un vergonzoso episodio de la violencia del país, parte de la cual comenzó poco después de 1984 con la aparición en la zona de grupos de extrema derecha como Los Grillos, La Mano Negra, Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), además de Los Masetos (Muerte a Secuestradores - MAS), creados por Fidel Castaño Gil, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha en el Magdalena Medio. Esto fue en 1983, poco después del secuestro de Marta Nieves, hermana de Juan David, Fabio y Jorge Luis Ochoa Vásquez, miembros del cartel de Medellín que se sometieron a la justicia el 19 de diciembre de 1990.
Estos grupos, nacidos y replicados en otras regiones del país como respuesta al crecimiento de la guerrilla y al posicionamiento político de la Unión Patriótica (UP), llegaron a la zona procedentes de Puerto Berrío (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá). Parte de la arremetida tenía como objetivo sacar de la zona a la UP, partido político creado luego de los acuerdos de paz suscritos en 1984 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas y las Farc.
Los paramilitares ingresaron primero a veredas y corregimientos como San Miguel, El Pescado, Cañaveral y Puerto Calavera, donde existía presencia de algunos frentes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las Farc. “Ellos empezaron por hostigar al campesino, robarle el ganado, quitarles el oro a los barequeros, y luego a perseguir dirigentes agrarios, sindicales y profesores, porque decían que eran auxiliadores de la guerrilla”, narró uno de los habitantes, que vivió en carne propia esa época.
Luego comenzaron a actuar la Policía y el Ejército. Según otros habitantes del municipio, que prefirieron omitir sus nombres, en la noche del 26 de octubre de 1988 el capitán de la Policía Henry Bernal Fernández y el teniente del Ejército Edgardo Hernández Navarro se tomaron el centro del pueblo e hicieron disparos al aire para que los habitantes se encerraran en sus casas a las ocho de la noche y así poder colocar los grafitis que advertían lo que se venía: “Segovia: te pacificaremos así como lo hicimos con el municipio de Puerto Berrío”.
Unos tres meses antes de la gran masacre, el padre Jorge Mira tuvo que desenterrar a 25 campesinos que habían sido asesinados a manos de Los Masetos en las veredas La Pavera y Manila.
Estos hechos, según los segovianos, se convirtieron en la antesala para el ingreso de los tres vehículos que llegaron al parque principal hace 20 años por la calle de La Banca. Luego uno de ellos, bajo el mando del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, se trepó por la calle de la Reina hasta llegar al barrio La Madre, donde se dio comienzo a la matanza con el asesinato de los esposos Gómez. Al mismo tiempo, otro automotor se estacionó frente al bar Johnny Kay, en tanto que uno más transitaba silenciosamente por este mismo sector a la espera de escuchar los disparos en La Madre, señal con la que se dio paso al baño de sangre.
La estampida
Minutos después de las ráfagas de fusil en el parque de La Madre, los vecinos corrieron despavoridos por la calle de la Reina hacia el centro de la ciudad. Estampida que cruzó por el cementerio y una iglesia de los Testigos de Jehová, cerca del número 50-57, donde se encontraban el mecánico Luis Eduardo Sierra, conocido como “El Saíno”, y su amigo Jesús Antonio García.
“Ellos estaban parados frente a la casa cuando empezaron los disparos de unos hombres que vestían camisetas azules y overoles oscuros, ahí cayeron los dos”, testimonió Marleny Silva, esposa de Jesús Antonio García, que no alcanzó a conocer a su hijo Cristian Andrés, quien cumple 20 años este 27 de noviembre.
A esa misma hora, frente a la casa de Marleny, se estaba viviendo una situación igual con la familia de María Sierra, de 79 años. “Ese día la gente me gritó: ‘Señora, ¿es que no escuchó los disparos? Entre a la casa. Yo hice caso y me metí debajo de la cama, cuando al rato llegaron unos muchachos heridos y también se metieron”, recordó.
Mientras eso sucedía en la calle de la Reina, alrededor de la plaza central el drama tenía dimensiones insospechadas. Los ocupantes de una de las camionetas, apostados frente al bar Johnny Kay, abrieron fuego. El saldo fue de 18 muertos. Al tiempo que la gente gritaba desesperadamente y corría por todos los lados, el resto de atacantes disparaban sin cesar sobre la población que estaba departiendo en otros negocios o en la calle, entre ellos el niño Francisco William Gómez, de 13 años, quien fue parte de la tragedia.
Horas después de la matanza y la huida de los asesinos, el Ejército, en cabeza del entonces brigadier general Raúl Rojas Cubillos, señaló al Eln y a las Farc del asesinato múltiple. Una afirmación que se convirtió en la senda por la cual comenzó a transitar la impunidad en este caso, que no sólo conmovió al país, sino que le dio la vuelta al mundo.
La situación de hoy
A pesar de la riqueza que producen las más importantes minas de oro en el país. Segovia se siente pobre y desprotegida. Prueba de ello son los jóvenes, que representan más del 50% de la población, y que hoy casi en su totalidad están entregados a las drogas y a inhalar pegantes.
Una situación que, sumada a la aparición las Águilas Negras, está creando zozobra entre la población, toda vez que las amenazas contra algunos de los habitantes son continuas. De hecho, la gente sin tapujos dice que la muerte sigue instalada en el municipio. “Mi hermano está en una lista de personas que deben abandonar el pueblo y si no lo hace, lo matan. Es por eso que a él hay que encerrarlo en la casa después de las tres de la tarde”, denunció una de las vecinas del barrio La Madre, quien pidió reserva del nombre.
El alcalde Luis Alfonso Ochoa desestima la presencia de nuevas bandas armadas. Según él, son rumores que circulan en las calles. Sin embargo, advierte que este año han sido asesinadas 25 personas, entre ellas el personero Jairo Luis Álvarez (el 31 de octubre), quien se caracterizó por la atención a las víctimas de la violencia y su condena al aniquilamiento de jóvenes adictos.
Una violencia cotidiana que no cesa y que en ciertos días cobra hasta dos víctimas. Pero lo que más está espantando a la gente es el rumor una nueva masacre similar a la de hace 20 años. Aún así, los segovianos siguen de pie para no olvidar lo sucedido el 11 de noviembre de 1988.
Tras las huellas de los reporteros asesinados
La ola de crímenes a manos de los actores armados del conflicto armado no sólo enlutó a los habitantes de Segovia. La noche del 24 de julio de 1991, el periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y el fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas, quienes también fueron a realizar un trabajo para El Espectador sobre la historia de violencia regional, fueron asesinados en una de las calles de este municipio. Los vecinos del barrio La Madre recuerdan que momentos antes del crimen, los reporteros estuvieron tomando refrescos en una de las tiendas del sector y luego bajaron por la calle de la Reina hasta el sector de Cartal. Allí, cerca de una iglesia evangélica, se acercaron a comprar empanadas donde Marleny Silva. “Ellos arrimaron a comer empanadas y los estaba siguiendo un carro. Al momentico se escucharon los disparos”, narró Marleny, quien también fue víctima de la violencia. El asesinato ocurrió en los mismos lugares donde tres años atrás la caravana de la muerte comenzó su recorrido de horror.
La alcaldesa se quedó sin seguridad
Según las organizaciones sociales que han conocido del caso, el día de la masacre inexplicablemente el comandante de la Policía, Jorge Eliécer Chacón, retiró el servicio de escoltas de la alcaldesa Rita Ivonne Tobón y en las proximidades del parque principal de Segovia no se encontraba el personal de la Policía ni del Ejército.
Proyectos como “Nunca Más” sostienen también que el plan era dirigido de forma exclusiva contra la UP y presuntamente fue fraguado por miembros del Batallón Bomboná, desde donde según las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación se elaboraron las amenazas contra la población civil y miembros de la Alcaldía y el Concejo.
Listado de las víctimas de 1988
• Pablo Emilio Gómez Chaverra. • María del Carmen Idárraga y Pablo Emilio Gómez. • Luis Eduardo Sierra
• Jesús Antonio García• María Dolly Bustamante. • Diana María Vélez. • Carlos Restrepo, padre. • Carlos Restrepo, hijo. • Eduardo Antonio Restrepo. • Luis Eduardo Hincapié. • Julio Sierra. • Luis Lozano. • Jesús Calle. • Róbinson Mejía. • Fabio Jaramillo • Jesús Vásquez. • Roberto Marín. • Pablo Idárraga. • Luz Orozco. • Rosa Mazo. • William Escudero. • Jorge Luis Puerta Londoño
• Libardo Antonio Cataño. • Guillermo Ariza. • Jesús Aníbal Gómez . • Julio Flórez. • Regina del Socorro Muñoz. • Jairo de Jesús Rodríguez Pardo • Jesús Danilo Amariles Casallas, • Henry Albeiro Castrillón. • José Abelardo Osorio Betancur • Óscar de Jesús Agudelo López • Shirley Cataño Patiño, 11 años • Erika Milena Marulanda. • Francisco William Gómez Monsalve, 13 años • Luis Ángel de Jesús Moreno Sanmartín, 16 años • Jesús Eduardo Hernández Sierra • Guillermo Orozco Escudero • Juan de Dios Palacio, minero • José Abelardo Madrid • Olga Agudelo de Barrientos • Jesús Antonio Benítez • José Antonio Marulanda
Enrique Rivas G./ Enviado especial | EL ESPECTADOR | http://elespectador.com/ |
Por: Enrique Rivas G./ Enviado especial
El Espectador recorrió la zona donde se cometió uno de los más espantosos crímenes del país y encontró que la población aún teme que se repita la historia del 11 noviembre de 1988.
Los familiares de las víctimas de la masacre de 43 personas en el municipio de Segovia (Antioquia), el 11 de noviembre de 1988, siguen reclamando justicia.
Los asesinos le dieron la vuelta al parque La Madre disparando sin control a todo lo que se movía. Los primeros en caer fueron Pablo Gómez y su esposa Maruja Idárraga. Ellos salieron de la casa buscando apostar dinero en el chance, confiados en que el número 150 iba ser el ganador esa noche, pero la muerte, que se había agazapado poco antes de las 6:55 de la tarde en dos vehículos camperos, los sorprendió como lo hizo también con otros 41 habitantes de Segovia el 11 de noviembre de 1988.
Esta fue una de las más espantosas masacres ocurridas durante la década de los 80. Por eso, al cumplirse 20 años del pavoroso asesinato colectivo, El Espectador llegó hasta este apartado municipio del nordeste antioqueño, distante 230 kilómetros de Medellín, donde sus habitantes, unos desde el anonimato y otros de cara a la verdad, recordaron paso a paso cómo 29 paramilitares sembraron el terror durante más de una hora, mientras la Policía y el Ejército se atrincheraron en su cuarteles simulando un ataque de la guerrilla en su contra.
Un recorrido de historias y tragedias que parte desde Caucasia, municipio que une geográfica, económica y culturalmente a Antioquia con la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y la subregión del Urabá. El de la semana pasada fue un viaje accidentado de siete horas que tuvo como segundo punto de partida a Zaragoza, desde donde se comienzan a vislumbrar a la vera del camino unos 20 caseríos de mineros hechos con tablas, yute verde haciendo las veces de separadores de cuartos y plásticos negros convertidos en los techos de las improvisadas viviendas y cambuches.
Así se llega a Segovia, destino final del viaje, hasta donde se acudió con el fin de saber qué ha sucedido 20 años después de la masacre. Nada nuevo, la violencia sigue campeando, tanto así que el primero de noviembre pasado fue asesinado el personero Jairo Luis Álvarez Ruiz, quien había denunciado el accionar de grupos emergentes y el exterminio de jóvenes drogadictos.
A primera vista, este municipio, fundado en 1869, no es encantador. Sus casas estrechas y hasta de tres pisos, están pintadas en su mayoría de colores pastel, pero coronadas con telarañas de cables. Aún así, calles como La Banca y Bolívar, consideradas dos de las tres principales del municipio, se muestran con vida: el comercio es grande y activo, al igual que el tráfico, cargado de cientos de motos, caballos y vehículos transitando con afán y sin parar.
A la vez el pueblo también es la tierra de la sensualidad, del mestizaje y donde se encuentran casi todos los credos religiosos. Sus cerca de 60.000 habitantes, en su mayoría, son buenos anfitriones, solidarios y bulliciosos en algunos casos debido a la mezcla de culturas del Chocó, la Costa y Antioquia. Al mismo tiempo, se observa cierta timidez en sus pobladores, un hecho producto de esa mixtura entre afrodescendientes e indígenas y de las heridas que ha dejado la guerra durante varias décadas.
Así comenzaron a llegar
Lo sucedido el 11 de noviembre de 1988 fue un vergonzoso episodio de la violencia del país, parte de la cual comenzó poco después de 1984 con la aparición en la zona de grupos de extrema derecha como Los Grillos, La Mano Negra, Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), además de Los Masetos (Muerte a Secuestradores - MAS), creados por Fidel Castaño Gil, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha en el Magdalena Medio. Esto fue en 1983, poco después del secuestro de Marta Nieves, hermana de Juan David, Fabio y Jorge Luis Ochoa Vásquez, miembros del cartel de Medellín que se sometieron a la justicia el 19 de diciembre de 1990.
Estos grupos, nacidos y replicados en otras regiones del país como respuesta al crecimiento de la guerrilla y al posicionamiento político de la Unión Patriótica (UP), llegaron a la zona procedentes de Puerto Berrío (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá). Parte de la arremetida tenía como objetivo sacar de la zona a la UP, partido político creado luego de los acuerdos de paz suscritos en 1984 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas y las Farc.
Los paramilitares ingresaron primero a veredas y corregimientos como San Miguel, El Pescado, Cañaveral y Puerto Calavera, donde existía presencia de algunos frentes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las Farc. “Ellos empezaron por hostigar al campesino, robarle el ganado, quitarles el oro a los barequeros, y luego a perseguir dirigentes agrarios, sindicales y profesores, porque decían que eran auxiliadores de la guerrilla”, narró uno de los habitantes, que vivió en carne propia esa época.
Luego comenzaron a actuar la Policía y el Ejército. Según otros habitantes del municipio, que prefirieron omitir sus nombres, en la noche del 26 de octubre de 1988 el capitán de la Policía Henry Bernal Fernández y el teniente del Ejército Edgardo Hernández Navarro se tomaron el centro del pueblo e hicieron disparos al aire para que los habitantes se encerraran en sus casas a las ocho de la noche y así poder colocar los grafitis que advertían lo que se venía: “Segovia: te pacificaremos así como lo hicimos con el municipio de Puerto Berrío”.
Unos tres meses antes de la gran masacre, el padre Jorge Mira tuvo que desenterrar a 25 campesinos que habían sido asesinados a manos de Los Masetos en las veredas La Pavera y Manila.
Estos hechos, según los segovianos, se convirtieron en la antesala para el ingreso de los tres vehículos que llegaron al parque principal hace 20 años por la calle de La Banca. Luego uno de ellos, bajo el mando del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, se trepó por la calle de la Reina hasta llegar al barrio La Madre, donde se dio comienzo a la matanza con el asesinato de los esposos Gómez. Al mismo tiempo, otro automotor se estacionó frente al bar Johnny Kay, en tanto que uno más transitaba silenciosamente por este mismo sector a la espera de escuchar los disparos en La Madre, señal con la que se dio paso al baño de sangre.
La estampida
Minutos después de las ráfagas de fusil en el parque de La Madre, los vecinos corrieron despavoridos por la calle de la Reina hacia el centro de la ciudad. Estampida que cruzó por el cementerio y una iglesia de los Testigos de Jehová, cerca del número 50-57, donde se encontraban el mecánico Luis Eduardo Sierra, conocido como “El Saíno”, y su amigo Jesús Antonio García.
“Ellos estaban parados frente a la casa cuando empezaron los disparos de unos hombres que vestían camisetas azules y overoles oscuros, ahí cayeron los dos”, testimonió Marleny Silva, esposa de Jesús Antonio García, que no alcanzó a conocer a su hijo Cristian Andrés, quien cumple 20 años este 27 de noviembre.
A esa misma hora, frente a la casa de Marleny, se estaba viviendo una situación igual con la familia de María Sierra, de 79 años. “Ese día la gente me gritó: ‘Señora, ¿es que no escuchó los disparos? Entre a la casa. Yo hice caso y me metí debajo de la cama, cuando al rato llegaron unos muchachos heridos y también se metieron”, recordó.
Mientras eso sucedía en la calle de la Reina, alrededor de la plaza central el drama tenía dimensiones insospechadas. Los ocupantes de una de las camionetas, apostados frente al bar Johnny Kay, abrieron fuego. El saldo fue de 18 muertos. Al tiempo que la gente gritaba desesperadamente y corría por todos los lados, el resto de atacantes disparaban sin cesar sobre la población que estaba departiendo en otros negocios o en la calle, entre ellos el niño Francisco William Gómez, de 13 años, quien fue parte de la tragedia.
Horas después de la matanza y la huida de los asesinos, el Ejército, en cabeza del entonces brigadier general Raúl Rojas Cubillos, señaló al Eln y a las Farc del asesinato múltiple. Una afirmación que se convirtió en la senda por la cual comenzó a transitar la impunidad en este caso, que no sólo conmovió al país, sino que le dio la vuelta al mundo.
La situación de hoy
A pesar de la riqueza que producen las más importantes minas de oro en el país. Segovia se siente pobre y desprotegida. Prueba de ello son los jóvenes, que representan más del 50% de la población, y que hoy casi en su totalidad están entregados a las drogas y a inhalar pegantes.
Una situación que, sumada a la aparición las Águilas Negras, está creando zozobra entre la población, toda vez que las amenazas contra algunos de los habitantes son continuas. De hecho, la gente sin tapujos dice que la muerte sigue instalada en el municipio. “Mi hermano está en una lista de personas que deben abandonar el pueblo y si no lo hace, lo matan. Es por eso que a él hay que encerrarlo en la casa después de las tres de la tarde”, denunció una de las vecinas del barrio La Madre, quien pidió reserva del nombre.
El alcalde Luis Alfonso Ochoa desestima la presencia de nuevas bandas armadas. Según él, son rumores que circulan en las calles. Sin embargo, advierte que este año han sido asesinadas 25 personas, entre ellas el personero Jairo Luis Álvarez (el 31 de octubre), quien se caracterizó por la atención a las víctimas de la violencia y su condena al aniquilamiento de jóvenes adictos.
Una violencia cotidiana que no cesa y que en ciertos días cobra hasta dos víctimas. Pero lo que más está espantando a la gente es el rumor una nueva masacre similar a la de hace 20 años. Aún así, los segovianos siguen de pie para no olvidar lo sucedido el 11 de noviembre de 1988.
Tras las huellas de los reporteros asesinados
La ola de crímenes a manos de los actores armados del conflicto armado no sólo enlutó a los habitantes de Segovia. La noche del 24 de julio de 1991, el periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y el fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas, quienes también fueron a realizar un trabajo para El Espectador sobre la historia de violencia regional, fueron asesinados en una de las calles de este municipio. Los vecinos del barrio La Madre recuerdan que momentos antes del crimen, los reporteros estuvieron tomando refrescos en una de las tiendas del sector y luego bajaron por la calle de la Reina hasta el sector de Cartal. Allí, cerca de una iglesia evangélica, se acercaron a comprar empanadas donde Marleny Silva. “Ellos arrimaron a comer empanadas y los estaba siguiendo un carro. Al momentico se escucharon los disparos”, narró Marleny, quien también fue víctima de la violencia. El asesinato ocurrió en los mismos lugares donde tres años atrás la caravana de la muerte comenzó su recorrido de horror.
La alcaldesa se quedó sin seguridad
Según las organizaciones sociales que han conocido del caso, el día de la masacre inexplicablemente el comandante de la Policía, Jorge Eliécer Chacón, retiró el servicio de escoltas de la alcaldesa Rita Ivonne Tobón y en las proximidades del parque principal de Segovia no se encontraba el personal de la Policía ni del Ejército.
Proyectos como “Nunca Más” sostienen también que el plan era dirigido de forma exclusiva contra la UP y presuntamente fue fraguado por miembros del Batallón Bomboná, desde donde según las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación se elaboraron las amenazas contra la población civil y miembros de la Alcaldía y el Concejo.
Listado de las víctimas de 1988
• Pablo Emilio Gómez Chaverra. • María del Carmen Idárraga y Pablo Emilio Gómez. • Luis Eduardo Sierra
• Jesús Antonio García• María Dolly Bustamante. • Diana María Vélez. • Carlos Restrepo, padre. • Carlos Restrepo, hijo. • Eduardo Antonio Restrepo. • Luis Eduardo Hincapié. • Julio Sierra. • Luis Lozano. • Jesús Calle. • Róbinson Mejía. • Fabio Jaramillo • Jesús Vásquez. • Roberto Marín. • Pablo Idárraga. • Luz Orozco. • Rosa Mazo. • William Escudero. • Jorge Luis Puerta Londoño
• Libardo Antonio Cataño. • Guillermo Ariza. • Jesús Aníbal Gómez . • Julio Flórez. • Regina del Socorro Muñoz. • Jairo de Jesús Rodríguez Pardo • Jesús Danilo Amariles Casallas, • Henry Albeiro Castrillón. • José Abelardo Osorio Betancur • Óscar de Jesús Agudelo López • Shirley Cataño Patiño, 11 años • Erika Milena Marulanda. • Francisco William Gómez Monsalve, 13 años • Luis Ángel de Jesús Moreno Sanmartín, 16 años • Jesús Eduardo Hernández Sierra • Guillermo Orozco Escudero • Juan de Dios Palacio, minero • José Abelardo Madrid • Olga Agudelo de Barrientos • Jesús Antonio Benítez • José Antonio Marulanda
Enrique Rivas G./ Enviado especial | EL ESPECTADOR | http://elespectador.com/ |
DENUNCIAN LA RELACIÓN DEL NUEVO COMANDANTE DEL EJÉRCITO CON GRAVES VIOLACIONES DE DDHH
ONG de Antioquia recuerdan las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron entre 2003 y 2006
Denuncian la relación del nuevo comandante del ejército con graves violaciones de los derechos humanos
Agencia IPC
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Antioquia poseen numerosos registros de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre diciembre de 2003 y octubre de 2006, periodo en el cual el general Oscar Peña González, nuevo comandante del Ejército Nacional, estuvo como comandante de la IV Brigada y de la Séptima División, ambas guarniciones militares con sede en Medellín.
Peña González comandó la IV Brigada entre el 15 diciembre de 2003 y julio 16 de 2005, posteriormente pasó a dirigir la Séptima División, donde estuvo entre el 16 agosto de 2005 y el 17 octubre de 2006, siendo su primer comandante. En ambos periodos se han denunciado y documentado decenas de ejecuciones extrajudiciales y su gravedad ha sido de tal magnitud en esta guarnición militar que fuentes militares citadas en informes no gubernamentales sobre este atroz delito han relatado que “resultan verosímiles las afirmaciones de que no todas las bajas de la IV Brigada han sido hombres con fusil”.
La situación llegó a tal complejidad que en su informe del 2004, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el incremento de las ejecuciones extrajudiciales y se refirió a la IV Brigada del Ejército, en esa época comandada por Peña González, como la guarnición militar donde se habían incrementado las denuncias en contra de algunos de sus miembros, al parecer responsables de esas muertes de civiles.
Según los informes no gubernamentales, la mayor ocurrencia de estos hechos se ha denunciado en el Oriente antioqueño, donde hacen presencia tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 4 Juan del Corral; del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez; del Batallón de Contraguerrilla N.° 4 Granaderos; y del Batallón de Plan Especial Energético y Vial N.° 4 BG. Jaime Polaina Puyo, todos ellos adscritos a la IV Brigada del Ejército Nacional.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que analizó la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales entre los meses de agosto de 2002 y julio de 2006 en todo el país, advierte que Antioquia es, con 183 víctimas, es uno de los departamentos más afectados por las ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad de la Fuerza Pública.
Este Observatorio, compuesto por cerca de 199 organizaciones no gubernamentales, recepcionó denuncias de 74 casos y 110 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño cometidas entre agosto de 2002 y junio de 2006 por miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, en desarrollo de las operaciones Marcial Norte, ejecutada en el año 2003; Espartaco, en el año 2004; Ejemplar, realizada en el 2005; y Falange I, que fue llevada a cabo durante el año 2006. Tales denuncias cobijan la mayor parte de los municipios del oriente antioqueño, aunque se presentan con mayor frecuencia en los municipios de Cocorná, Granada y San Luis. Un informe local sobre derechos humanos reseñó que durante la operación Espartaco, ejecutada por el Batallón de Artillería N. 4, dejó por lo menos 22 personas ejecutadas extrajudicialmente.
De acuerdo con el perfil de las 110 víctimas reportadas por el Observatorio, 98 de ellas son hombres y 12 mujeres, una de ellas en estado de embarazo; 12 de las víctimas son niñas y niños entre los 15 y 17 años; 3 personas tenían alguna discapacidad física o mental; y la mayoría de las víctimas se dedicaban a labores agrícolas en sus fincas o en parcelas vecinas.
Por su parte, la Corporación Jurídica Libertad le viene haciendo seguimiento judicial a 38 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño entre los años 2002 y 2006 que afectaron a civiles presentados en los reportes militares como guerrilleros dados de baja en combate. Además, tiene en sus registros 195 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre los años 2004 y 2005, de ellos 98 se denunciaron en el Oriente antioqueño y 46 más en el Valle de Aburrá.
Según un informe sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Oriente antioqueño sobre hechos ocurridos en el año 2005, que cita sendos datos de las personerías municipales y de organizaciones no gubernamentales que operan en esta subregión del departamento, durante ese año se registraron por lo menos 25 casos de quejas documentadas sobre ejecuciones extrajudiciales y acciones de “limpieza social”, atribuidas a la acción u omisión de miembros de la Fuerza Pública, denunciándose en varias de ellas la manipulación de la escena del crimen para simular combates.
Todo ha sido desmentido
No obstante las evidencias que se han presentado de manera reiterada sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Oriente antioqueño, el Gobierno nacional ha desestimado una y otra vez su veracidad.
En uno de los municipios más afectados por este delito, Cocorná, el presidente Álvaro Uribe Vélez dijo allí el 24 de octubre de 2007 que “Como andan de civil y en grupitos pequeños, en cada ocasión que se le ha dado de baja alguno, salen a acusar a la Fuerza Pública, a decir que es una Fuerza Pública asesina, que en lugar de darles de baja los asesinaron fuera de combate”.
En esa ocasión el mandatario nacional advirtió sobre la necesidad de ilustrar de manera rigurosa todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, “para mostrar ante los fiscales, ante la justicia nacional, ante los críticos internacionales, cómo estos bandidos ahora andan de civil en una ‘operación pistola’, y cuando se les da de baja, sus compinches alegan que fueron dados de baja por fuera de combate. Vamos a ilustrar bien el caso, vamos a formar bien el caso, con todas las evidencias, para avanzar en la defensa de nuestros soldados y policías”.
Esa apreciación presidencial estuvo precedida por declaraciones del saliente comandante del Ejército, el hoy ex general Mario Montoya Uribe, quien en declaraciones al periódico El Tiempo, publicadas en la edición del 11 de julio de 2006, aclaró que este conjunto de irregulares en los resultados operacionales no tenían nada que ver con la presión sobre sus subalternos.
“Si eso fuese una situación generalizada podríamos pensar que el hecho de pedir resultados nos llevara a eso. Pero, la ONU y otras organizaciones dicen que son 24 casos de este año y los del año pasado suman 40 personas presentadas irregularmente como muertas en combate. No conozco el número de personas. Hay 29 investigaciones y de esas, 5 están en la justicia ordinaria y 24 en la justicia penal militar. El comandante de la VII División (general Peña González) señala que son montajes de la guerrilla con ayuda de algunas ONG”, aseguró en esa ocasión Montoya Uribe.
Uno de los contrastes entre la abundante documentación de ejecuciones extrajudiciales acopiada por organizaciones no gubernamentales para la época en que el general Oscar Peña González se desempeñó como comandante de la IV Brigada y sus logros operacionales es que fue destacada en el año 2006 como la unidad militar más efectiva y con los mejores resultados en los últimos cinco años; además, es una de las guarniciones que apalanca a quien ambicione llegar a la comandancia del Ejército o de las Fuerzas Armadas, pues por ella han pasado los generales Mario Montoya y, claro está, el general Oscar Peña González.
Denuncian la relación del nuevo comandante del ejército con graves violaciones de los derechos humanosAgencia IPC
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Antioquia poseen numerosos registros de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre diciembre de 2003 y octubre de 2006, periodo en el cual el general Oscar Peña González, nuevo comandante del Ejército Nacional, estuvo como comandante de la IV Brigada y de la Séptima División, ambas guarniciones militares con sede en Medellín.
Peña González comandó la IV Brigada entre el 15 diciembre de 2003 y julio 16 de 2005, posteriormente pasó a dirigir la Séptima División, donde estuvo entre el 16 agosto de 2005 y el 17 octubre de 2006, siendo su primer comandante. En ambos periodos se han denunciado y documentado decenas de ejecuciones extrajudiciales y su gravedad ha sido de tal magnitud en esta guarnición militar que fuentes militares citadas en informes no gubernamentales sobre este atroz delito han relatado que “resultan verosímiles las afirmaciones de que no todas las bajas de la IV Brigada han sido hombres con fusil”.
La situación llegó a tal complejidad que en su informe del 2004, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el incremento de las ejecuciones extrajudiciales y se refirió a la IV Brigada del Ejército, en esa época comandada por Peña González, como la guarnición militar donde se habían incrementado las denuncias en contra de algunos de sus miembros, al parecer responsables de esas muertes de civiles.
Según los informes no gubernamentales, la mayor ocurrencia de estos hechos se ha denunciado en el Oriente antioqueño, donde hacen presencia tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 4 Juan del Corral; del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez; del Batallón de Contraguerrilla N.° 4 Granaderos; y del Batallón de Plan Especial Energético y Vial N.° 4 BG. Jaime Polaina Puyo, todos ellos adscritos a la IV Brigada del Ejército Nacional.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que analizó la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales entre los meses de agosto de 2002 y julio de 2006 en todo el país, advierte que Antioquia es, con 183 víctimas, es uno de los departamentos más afectados por las ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad de la Fuerza Pública.
Este Observatorio, compuesto por cerca de 199 organizaciones no gubernamentales, recepcionó denuncias de 74 casos y 110 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño cometidas entre agosto de 2002 y junio de 2006 por miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, en desarrollo de las operaciones Marcial Norte, ejecutada en el año 2003; Espartaco, en el año 2004; Ejemplar, realizada en el 2005; y Falange I, que fue llevada a cabo durante el año 2006. Tales denuncias cobijan la mayor parte de los municipios del oriente antioqueño, aunque se presentan con mayor frecuencia en los municipios de Cocorná, Granada y San Luis. Un informe local sobre derechos humanos reseñó que durante la operación Espartaco, ejecutada por el Batallón de Artillería N. 4, dejó por lo menos 22 personas ejecutadas extrajudicialmente.
De acuerdo con el perfil de las 110 víctimas reportadas por el Observatorio, 98 de ellas son hombres y 12 mujeres, una de ellas en estado de embarazo; 12 de las víctimas son niñas y niños entre los 15 y 17 años; 3 personas tenían alguna discapacidad física o mental; y la mayoría de las víctimas se dedicaban a labores agrícolas en sus fincas o en parcelas vecinas.
Por su parte, la Corporación Jurídica Libertad le viene haciendo seguimiento judicial a 38 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño entre los años 2002 y 2006 que afectaron a civiles presentados en los reportes militares como guerrilleros dados de baja en combate. Además, tiene en sus registros 195 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre los años 2004 y 2005, de ellos 98 se denunciaron en el Oriente antioqueño y 46 más en el Valle de Aburrá.
Según un informe sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Oriente antioqueño sobre hechos ocurridos en el año 2005, que cita sendos datos de las personerías municipales y de organizaciones no gubernamentales que operan en esta subregión del departamento, durante ese año se registraron por lo menos 25 casos de quejas documentadas sobre ejecuciones extrajudiciales y acciones de “limpieza social”, atribuidas a la acción u omisión de miembros de la Fuerza Pública, denunciándose en varias de ellas la manipulación de la escena del crimen para simular combates.
Todo ha sido desmentido
No obstante las evidencias que se han presentado de manera reiterada sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Oriente antioqueño, el Gobierno nacional ha desestimado una y otra vez su veracidad.
En uno de los municipios más afectados por este delito, Cocorná, el presidente Álvaro Uribe Vélez dijo allí el 24 de octubre de 2007 que “Como andan de civil y en grupitos pequeños, en cada ocasión que se le ha dado de baja alguno, salen a acusar a la Fuerza Pública, a decir que es una Fuerza Pública asesina, que en lugar de darles de baja los asesinaron fuera de combate”.
En esa ocasión el mandatario nacional advirtió sobre la necesidad de ilustrar de manera rigurosa todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, “para mostrar ante los fiscales, ante la justicia nacional, ante los críticos internacionales, cómo estos bandidos ahora andan de civil en una ‘operación pistola’, y cuando se les da de baja, sus compinches alegan que fueron dados de baja por fuera de combate. Vamos a ilustrar bien el caso, vamos a formar bien el caso, con todas las evidencias, para avanzar en la defensa de nuestros soldados y policías”.
Esa apreciación presidencial estuvo precedida por declaraciones del saliente comandante del Ejército, el hoy ex general Mario Montoya Uribe, quien en declaraciones al periódico El Tiempo, publicadas en la edición del 11 de julio de 2006, aclaró que este conjunto de irregulares en los resultados operacionales no tenían nada que ver con la presión sobre sus subalternos.
“Si eso fuese una situación generalizada podríamos pensar que el hecho de pedir resultados nos llevara a eso. Pero, la ONU y otras organizaciones dicen que son 24 casos de este año y los del año pasado suman 40 personas presentadas irregularmente como muertas en combate. No conozco el número de personas. Hay 29 investigaciones y de esas, 5 están en la justicia ordinaria y 24 en la justicia penal militar. El comandante de la VII División (general Peña González) señala que son montajes de la guerrilla con ayuda de algunas ONG”, aseguró en esa ocasión Montoya Uribe.
Uno de los contrastes entre la abundante documentación de ejecuciones extrajudiciales acopiada por organizaciones no gubernamentales para la época en que el general Oscar Peña González se desempeñó como comandante de la IV Brigada y sus logros operacionales es que fue destacada en el año 2006 como la unidad militar más efectiva y con los mejores resultados en los últimos cinco años; además, es una de las guarniciones que apalanca a quien ambicione llegar a la comandancia del Ejército o de las Fuerzas Armadas, pues por ella han pasado los generales Mario Montoya y, claro está, el general Oscar Peña González.
lunes, 10 de noviembre de 2008
SAN JOSE DE APARTADO:HA COMENZADO UN DESPLAZAMIENTO EN LA ESPERANZA
SAN JOSE DE APARTADO:HA COMENZADO UN DESPLAZAMIENTO EN LA ESPERANZA
Enviado por cdpsanjose el Sáb, 2008-11-08 16:02.
No ha pasado una semana del atentado contra Jesús Emilio cuando de nuevo se realizan nuevas acciones en contra de nuestra comunidad que nos ponen en grave riesgo, en este caso a las familias de la vereda la Esperanza, los hechos que queremos dejar constancia son:
El día 7 de noviembre a las 10 a.m. en la vereda Playa Larga (a dos horas de Nueva Antioquia), a 20 minutos donde se encuentran las familias de la comunidad, cincuenta paramilitares con arma larga, insignias en los brazos que dicen autodefensas y vestidos de camuflado detuvieron a Jairo Berrio Arango perteneciente a la comunidad en la vereda la Esperanza y que venía de Nueva Antioquia para la casa. Allí lo cogieron y lo hicieron desnudar, le colocaron un arma en la cabeza para asesinarlo llego en esos momentos el papá y les rogo para que no lo asesinaran, los paramilitares les dijeron que no lo mataban ahora pero que donde lo volvieran a coger lo mataban, que le dijeran de nuevo a la gente de esa h.p. Comunidad de Paz que tenían seis personas para asesinar que lo mejor era que se desplazara toda la gente para no tener que matarla, que estaban cuadrando con el ejército como iban a hacer la cosa y que esperaban que se retiraran bien de la zona para no embarrarla como han hecho otras veces, luego le dijeron a Jairo que se vistiera y que se largaran los dos. Esta situación generó inmediatamente el desplazamiento de cinco familias de la Esperanza no pertenecientes a la comunidad, y colocan en grave riesgo el desplazamiento de las demás familias.
http://www.cdpsanjose.org/
Enviado por cdpsanjose el Sáb, 2008-11-08 16:02.
No ha pasado una semana del atentado contra Jesús Emilio cuando de nuevo se realizan nuevas acciones en contra de nuestra comunidad que nos ponen en grave riesgo, en este caso a las familias de la vereda la Esperanza, los hechos que queremos dejar constancia son: El día 7 de noviembre a las 10 a.m. en la vereda Playa Larga (a dos horas de Nueva Antioquia), a 20 minutos donde se encuentran las familias de la comunidad, cincuenta paramilitares con arma larga, insignias en los brazos que dicen autodefensas y vestidos de camuflado detuvieron a Jairo Berrio Arango perteneciente a la comunidad en la vereda la Esperanza y que venía de Nueva Antioquia para la casa. Allí lo cogieron y lo hicieron desnudar, le colocaron un arma en la cabeza para asesinarlo llego en esos momentos el papá y les rogo para que no lo asesinaran, los paramilitares les dijeron que no lo mataban ahora pero que donde lo volvieran a coger lo mataban, que le dijeran de nuevo a la gente de esa h.p. Comunidad de Paz que tenían seis personas para asesinar que lo mejor era que se desplazara toda la gente para no tener que matarla, que estaban cuadrando con el ejército como iban a hacer la cosa y que esperaban que se retiraran bien de la zona para no embarrarla como han hecho otras veces, luego le dijeron a Jairo que se vistiera y que se largaran los dos. Esta situación generó inmediatamente el desplazamiento de cinco familias de la Esperanza no pertenecientes a la comunidad, y colocan en grave riesgo el desplazamiento de las demás familias.
http://www.cdpsanjose.org/
ELEMENTOS DE ANALISIS PARA LA "OPERACION MATE"
Elementos de análisis para la 'Operación Mate'
por Aurelio Suárez Montoya Sunday, Nov.
09, 2008 at 9:36 PM
asuarez_montoya@hotmail.com
Con los equívocos nombres de “falsos positivos” o de “ejecuciones extrajudiciales” se ha nominado la muerte de civiles por parte de la fuerza pública colombiana. Esos homicidios, que así deben llamarse, tienen el agravante de estar estimulados por los incentivos económicos brindados a informantes en el marco de la política de Seguridad Democrática, y por una gama de prebendas en la carrera de los militares que den resultados positivos en la “política contra el terrorismo” del gobierno de Uribe.
Un informe al respecto del periódico The New York Times del 29 de octubre, “Colombia Lists Civilian Killings in Guerrilla Toll”, (“Colombia contabiliza muertes de civiles en el ‘peaje’ de la guerrilla”), aporta algunos elementos que no han contado con difusión general y que dan una visión más completa de este asunto delictivo. El informe parte de que el Presidente ha reconocido “crímenes que en algunas regiones tenían como fin la muerte de inocentes, queriéndolos hacer parecer como si los criminales hubiesen sido enfrentados” y, añade el periódico, que “un estudio de las muertes a civiles realizado por Amnistía Internacional encontró que el 47% de los casos reportados en el 2007 se relacionaban con entidades colombianas que recibían ayuda por parte del gobierno de los Estados Unidos”. Son hechos que suceden desde 2002, desde cuando las “ayudas norteamericanas” llegaron a 500 millones de dólares.
Esas revelaciones van acompañadas de un incremento sustantivo de estos funestos hechos que el CINEP, también citado por The New York Times, presenta en un documento reciente. Entre julio de 2006 y junio de 2008 (es decir, sin los casos de Soacha y demás simultáneos del segundo semestre que suman más de 100 reclamos), contabiliza 264 homicidios y 86 casos más entre torturas, desapariciones y delitos contra la población civil. A modo de conclusión, el periódico neoyorquino insiste en que “estando bajo la constante presión de registrar muertes en combate con el fin de ganar recompensas y tiempo libre, los reportes de muertes a civiles se han ido incrementando en los últimos años de manera incontrolable”.
La Procuraduría investiga “930 hechos en donde se involucran más de 2.300 servidores públicos, por presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el país” y la Fiscalía anunció que “las investigaciones por homicidios, cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública, se han incrementado en más del 50 por ciento desde el año 2006…que se adelantan 558 casos, de los cuales 383 comenzaron en los últimos tres años”, vinculando “a 685 miembros del Ejército, 36 policías y 4 integrantes del DAS…y que en el total de los procesos figuran 1.015 víctimas”. La destitución por orden del alto gobierno de 27 miembros del Ejército, entre ellos tres generales, ratifica que hay una tendencia con cobertura nacional. Así mismo, la revista Semana atribuye a estos crímenes el descuadre de las cuentas entre el total de guerrilleros sacados del conflicto, por bajas, desmovilizados, y presos, e indaga por el aumento de las bajas pese a tanto “éxito” obtenido en la lucha anti-guerrillera.
Ante tal estado de cosas surgen preguntas que van al corazón mismo de la política de Seguridad Democrática.
¿No se basó precisamente en el involucramiento de civiles en la guerra como informantes? ¿No fue ése el primer acto de gobierno en 2002 en Valledupar? ¿Cuántos de estos crímenes han servido para fomentar la Confianza- Inversionista en los foros internacionales de negocios? ¿Trascenderá a la opinión norteamericana el destino ilegítimo tomado por los dineros de los contribuyentes? ¿No vienen adquiriendo estos crímenes la categoría de “lesa humanidad” que exige acciones judiciales eficaces, cero impunidad, y que no se remedian con la instalación de oficinas de “servicio al cliente” en los batallones?
La gravedad de los hechos ha impelido a distintos actores a salir a “salvarse el pellejo”. Uribe, con la destitución de los altos oficiales, aparece tomando una “decisión valerosa y ejemplarizante”; la Administración Bush, a su vez, ha declarado inelegibles para recibir recursos a tres batallones antes del debate que le espera al Plan Colombia en el Comité de Apropiaciones del Senado gringo; y a la opinión se le imbuye el manido argumento de “unos cuantos casos” entre miles. Lo sucedido es hijo legítimo de la Seguridad Democrática y ratifica por qué esa desviación amañada del concepto de seguridad ciudadana no podría volverse política de Estado; la prueba es esta “Operación Mate” un problema que supera el cuento de las “pocas manzanas podridas”.
La Tarde
por Aurelio Suárez Montoya Sunday, Nov.
09, 2008 at 9:36 PM
asuarez_montoya@hotmail.com
Con los equívocos nombres de “falsos positivos” o de “ejecuciones extrajudiciales” se ha nominado la muerte de civiles por parte de la fuerza pública colombiana. Esos homicidios, que así deben llamarse, tienen el agravante de estar estimulados por los incentivos económicos brindados a informantes en el marco de la política de Seguridad Democrática, y por una gama de prebendas en la carrera de los militares que den resultados positivos en la “política contra el terrorismo” del gobierno de Uribe.Un informe al respecto del periódico The New York Times del 29 de octubre, “Colombia Lists Civilian Killings in Guerrilla Toll”, (“Colombia contabiliza muertes de civiles en el ‘peaje’ de la guerrilla”), aporta algunos elementos que no han contado con difusión general y que dan una visión más completa de este asunto delictivo. El informe parte de que el Presidente ha reconocido “crímenes que en algunas regiones tenían como fin la muerte de inocentes, queriéndolos hacer parecer como si los criminales hubiesen sido enfrentados” y, añade el periódico, que “un estudio de las muertes a civiles realizado por Amnistía Internacional encontró que el 47% de los casos reportados en el 2007 se relacionaban con entidades colombianas que recibían ayuda por parte del gobierno de los Estados Unidos”. Son hechos que suceden desde 2002, desde cuando las “ayudas norteamericanas” llegaron a 500 millones de dólares.
Esas revelaciones van acompañadas de un incremento sustantivo de estos funestos hechos que el CINEP, también citado por The New York Times, presenta en un documento reciente. Entre julio de 2006 y junio de 2008 (es decir, sin los casos de Soacha y demás simultáneos del segundo semestre que suman más de 100 reclamos), contabiliza 264 homicidios y 86 casos más entre torturas, desapariciones y delitos contra la población civil. A modo de conclusión, el periódico neoyorquino insiste en que “estando bajo la constante presión de registrar muertes en combate con el fin de ganar recompensas y tiempo libre, los reportes de muertes a civiles se han ido incrementando en los últimos años de manera incontrolable”.
La Procuraduría investiga “930 hechos en donde se involucran más de 2.300 servidores públicos, por presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el país” y la Fiscalía anunció que “las investigaciones por homicidios, cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública, se han incrementado en más del 50 por ciento desde el año 2006…que se adelantan 558 casos, de los cuales 383 comenzaron en los últimos tres años”, vinculando “a 685 miembros del Ejército, 36 policías y 4 integrantes del DAS…y que en el total de los procesos figuran 1.015 víctimas”. La destitución por orden del alto gobierno de 27 miembros del Ejército, entre ellos tres generales, ratifica que hay una tendencia con cobertura nacional. Así mismo, la revista Semana atribuye a estos crímenes el descuadre de las cuentas entre el total de guerrilleros sacados del conflicto, por bajas, desmovilizados, y presos, e indaga por el aumento de las bajas pese a tanto “éxito” obtenido en la lucha anti-guerrillera.
Ante tal estado de cosas surgen preguntas que van al corazón mismo de la política de Seguridad Democrática.
¿No se basó precisamente en el involucramiento de civiles en la guerra como informantes? ¿No fue ése el primer acto de gobierno en 2002 en Valledupar? ¿Cuántos de estos crímenes han servido para fomentar la Confianza- Inversionista en los foros internacionales de negocios? ¿Trascenderá a la opinión norteamericana el destino ilegítimo tomado por los dineros de los contribuyentes? ¿No vienen adquiriendo estos crímenes la categoría de “lesa humanidad” que exige acciones judiciales eficaces, cero impunidad, y que no se remedian con la instalación de oficinas de “servicio al cliente” en los batallones?
La gravedad de los hechos ha impelido a distintos actores a salir a “salvarse el pellejo”. Uribe, con la destitución de los altos oficiales, aparece tomando una “decisión valerosa y ejemplarizante”; la Administración Bush, a su vez, ha declarado inelegibles para recibir recursos a tres batallones antes del debate que le espera al Plan Colombia en el Comité de Apropiaciones del Senado gringo; y a la opinión se le imbuye el manido argumento de “unos cuantos casos” entre miles. Lo sucedido es hijo legítimo de la Seguridad Democrática y ratifica por qué esa desviación amañada del concepto de seguridad ciudadana no podría volverse política de Estado; la prueba es esta “Operación Mate” un problema que supera el cuento de las “pocas manzanas podridas”.
La Tarde
domingo, 9 de noviembre de 2008
EL SISTEMA
El sistema
por Iván Cepeda Castro Sunday, Nov.
09, 2008 at 5:46 AM
fm_cepeda@yahoo.fr
Centenares, probablemente miles, de personas desaparecidas y luego ejecutadas por miembros del Ejército Nacional. Seleccionadas cuidadosamente: en su mayoría se trata de jóvenes provenientes de estratos pobres, o personas que padecen de enfermedades mentales.
Reclutadas con falsas promesas, secuestradas o detenidas arbitrariamente. Transportadas de su sitio de origen a cientos de kilómetros, donde son ejecutadas. Presentadas como terroristas o milicianos: uniformadas, apertrechadas con el fin de que aparezcan como muertas “en combate”. Y luego, la difusión de los anuncios de éxitos contundentes en la política de seguridad; las estadísticas en las que los abatidos se cuentan por miles.
Después de años de discusión acerca de la criminalidad estatal por fin, ante las pruebas contundentes reunidas por medio de la paciente labor de las organizaciones de derechos humanos, se tiene que admitir que los agentes estatales han perpetrado asesinatos y desapariciones. Esa aceptación se hace distorsionando la realidad. El presidente Uribe Vélez quiere hacer creer a la opinión que los responsables son individuos que se han aliado con bandas delincuenciales para crear un lucrativo negocio. La tesis de los “individuos desviados” es la forma de encubrir la tenebrosa realidad de los crímenes de sistema. O en otros términos, de actos cometidos con patrones institucionales, que comprometen a los altos mandos militares, al Gobierno Nacional y al propio Presidente de la República, máximo comandante de las Fuerzas Militares y estratega de la seguridad democrática.
La tesis de las “desviaciones individuales” es un insulto a la inteligencia. La laboriosidad y los recursos que exige eliminar a cientos de civiles son gigantescos. Se requiere compilar información meticulosa acerca de las víctimas para que su desaparición no deje rastro. Se requiere una logística que pone en juego cuantiosos recursos, la participación coordinada de una cierta cantidad de militares que puedan concertar todos los pasos de cada operación individual de “falso positivo”, la elaboración de un discurso que encubra lo más convincentemente las ejecuciones extrajudiciales y las presente como éxitos en el combate contra los grupos armados.
No basta ya con admitir que sí existen las víctimas de crímenes de Estado. Se requiere avanzar hacia el reconocimiento del carácter sistemático que han tenido estos hechos y, en consecuencia, establecer formas de justicia acordes con esa definición. Los altos funcionarios del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo como en las instituciones militares, deben ser sometidos a un régimen de justicia especial que garantice que de manera expedita se pueda sancionar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde hace años las organizaciones de derechos humanos y el movimiento de víctimas de la criminalidad estatal han reclamado que la sociedad condene las prácticas de violaciones masivas de los derechos humanos urdidos desde las guarniciones militares y las oficinas de las entidades oficiales. Esa verdad que comienza a aparecer hoy ha costado la vida de muchos defensores de derechos humanos en Colombia. Las noticias actuales nos dan la razón.
por Iván Cepeda Castro Sunday, Nov.
09, 2008 at 5:46 AM
fm_cepeda@yahoo.fr
Centenares, probablemente miles, de personas desaparecidas y luego ejecutadas por miembros del Ejército Nacional. Seleccionadas cuidadosamente: en su mayoría se trata de jóvenes provenientes de estratos pobres, o personas que padecen de enfermedades mentales.Reclutadas con falsas promesas, secuestradas o detenidas arbitrariamente. Transportadas de su sitio de origen a cientos de kilómetros, donde son ejecutadas. Presentadas como terroristas o milicianos: uniformadas, apertrechadas con el fin de que aparezcan como muertas “en combate”. Y luego, la difusión de los anuncios de éxitos contundentes en la política de seguridad; las estadísticas en las que los abatidos se cuentan por miles.
Después de años de discusión acerca de la criminalidad estatal por fin, ante las pruebas contundentes reunidas por medio de la paciente labor de las organizaciones de derechos humanos, se tiene que admitir que los agentes estatales han perpetrado asesinatos y desapariciones. Esa aceptación se hace distorsionando la realidad. El presidente Uribe Vélez quiere hacer creer a la opinión que los responsables son individuos que se han aliado con bandas delincuenciales para crear un lucrativo negocio. La tesis de los “individuos desviados” es la forma de encubrir la tenebrosa realidad de los crímenes de sistema. O en otros términos, de actos cometidos con patrones institucionales, que comprometen a los altos mandos militares, al Gobierno Nacional y al propio Presidente de la República, máximo comandante de las Fuerzas Militares y estratega de la seguridad democrática.
La tesis de las “desviaciones individuales” es un insulto a la inteligencia. La laboriosidad y los recursos que exige eliminar a cientos de civiles son gigantescos. Se requiere compilar información meticulosa acerca de las víctimas para que su desaparición no deje rastro. Se requiere una logística que pone en juego cuantiosos recursos, la participación coordinada de una cierta cantidad de militares que puedan concertar todos los pasos de cada operación individual de “falso positivo”, la elaboración de un discurso que encubra lo más convincentemente las ejecuciones extrajudiciales y las presente como éxitos en el combate contra los grupos armados.
No basta ya con admitir que sí existen las víctimas de crímenes de Estado. Se requiere avanzar hacia el reconocimiento del carácter sistemático que han tenido estos hechos y, en consecuencia, establecer formas de justicia acordes con esa definición. Los altos funcionarios del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo como en las instituciones militares, deben ser sometidos a un régimen de justicia especial que garantice que de manera expedita se pueda sancionar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde hace años las organizaciones de derechos humanos y el movimiento de víctimas de la criminalidad estatal han reclamado que la sociedad condene las prácticas de violaciones masivas de los derechos humanos urdidos desde las guarniciones militares y las oficinas de las entidades oficiales. Esa verdad que comienza a aparecer hoy ha costado la vida de muchos defensores de derechos humanos en Colombia. Las noticias actuales nos dan la razón.
viernes, 7 de noviembre de 2008
DEBATE MINGA NACIONAL
Debate Minga Nacional
Por: RJ
Que renuncie a seguir hablando el tirano para que se escuche la verdad. Que renuncie a seguir vociferando órdenes para que empecemos a saber, a descubrir de donde viene el mando de lo que ha ejecutado. Que haga silencio para que se escuche, para que él escuche como ha debido hacerlo, la palabra de los pueblos que son su autoridad.
El pasado domingo 2 de Noviembre a las 6:30 de la noche, en la hacienda María Piendamó en el departamento del Cauca, luego de seis horas de debate se terminó la tercera fase de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, las respuestas del presidente no fueron claras para los pueblos indígenas y como estaba pronosticado, no se llegó a ningún acuerdo con el gobierno nacional, por lo tanto la minga continúa; en estos momentos las autoridades y su dirigencia evalúan para definir la cuarta etapa.
Corteros, campesinos, indígenas, mujeres y estudiantes, entre otros; se dieron cita en el Territorio de Diálogo, Convivencia y Paz para traer su palabra de inconformidad, de dolor, de despojo, de tristeza, de sufrimiento; pero también de propuesta ante la agresión constante que viven todos los pueblos en Colombia, víctimas del terror y la guerra, del sometimiento económico institucional y la propaganda, que arrebata territorios, que mata de hambre, que esclaviza y que entretiene para que unos pocos disfruten de todas las riquezas, mientras las mayorías viven en la miseria .
De este territorio de paz y Resistencia se denuncian hechos de violencia que se siguen presentando tanto en el Cauca en donde miembros del escuadrón antimotines de la policía utilizan armas de fuego y armas corto punzantes con las que han herido a varios indígenas en medio de las recientes acciones de Resistencia, y a lo largo del país por todos los actores armados; el sábado nada más atentaron contra la vida del Representante Legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, después de que los paramilitares hicieran una amenaza contra su comunidad. “Se hace un llamado a que se haga justicia. Pues el temor del pueblo es el mismo de siempre, ser ejecutados después de que supuestamente hay diálogos y acuerdos,” .
Desde altas horas de la madrugada los lideres y la Guardia Indígena organizaron la jornada de debate, haciendo un trabajo extraordinario, como el que siempre se desempeña en el territorio, es allí en donde se nos demuestra la fuerza de una sociedad igualitaria y equitativa en la cual se respetan los derechos humanos y no se necesita la mano armada ni el militarismo. Varios centenares de indígenas y demás integrantes de movimientos sociales pusieron empeño en escuchar y participar en este debate.
Con las mismas preguntas e inquietudes se levantaron de sus asientos pues el presidente Álvaro Uribe, abrigado con su gabinete de gobierno, sin dar respuesta de fondo a los cinco puntos de la agenda de la Minga nacional, se dedico a alabar su política de seguridad democrática y “prometer otro debate y otras mesas de concertación como si las múltiples que se han hecho, hayan servido para algo”. El Presidente insistió en hablar de los "bandidos de las FARC que tanto daño le han hecho a la Patria", pero no le respondió a la Consejera Mayor quien le exigió que no le hablara a bandidos sino a un pueblo "aquí presente que exige sus derechos".
La Minga ha demostrado con creces la validez de los 5 puntos en los cuales se dice No al TLC y al modelo de desarrollo que representa el gobierno y que despoja a los pueblos para entregar la riqueza y el trabajo a trasnacionales, que se derogue toda la legislación de despojo sobre la base de ser inconsulta y contraria a los derechos de los pueblos; en particular, que se derogue de inmediato el estatuto rural, que el estado reconozca todo el terror contra los pueblos, Las masacres, el asesinato de indígenas, campesinos, sindicalistas, líderes populares y todas las víctimas de los llamados falsos positivos que continúan y que Uribe pida disculpas por las señalasiones contra los pueblos indígenas.
El Presidente no dió respuestas ni soluciones de fondo a la agenda de la Minga nacional, pero sí reiteró que para su gobierno no se puede adoptar la Declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas en los tres siguientes puntos;
1) ley de la consulta previa, en palabras de Uribe esta ley ocasiona veto a los proyectos que se desarrolla como la carretera de Nuqui, que se construye para el bienestar y desarrollo del pueblo colombiano, que en realidad es solo bienestar y desarrollo para los terratenientes y las multinacionales. La Carretera Panamericana Animas – Nuquí y el Tapón del Darién en Unquía y Acandí, es solo la vía para sacar los recursos explotados y privatizados de Megaproyectos como la minería, el petróleo, el agua y hasta la entrada al Parque natural de Utría, el cual fue entregado por el actual gobierno en concesión para servicios de residencia y restaurante a la empresa privada turística AVIATUR, es decir; rumbo a la privatización, desconociendo la propiedad ancestral y la inalienabilidad que protege a los territorios indígenas de Bojayá, Alto Baudó, Nuquí y Valle Boroboro, en donde había un gobierno propio al cual se debía consultar. El gobierno quiere evadir la consulta previa con los indígenas, pues es conocedor de que tendría que a firmar unos acuerdos sobre reparación e indemnización de los daños ambientales, sociales, culturales y económicos, causados por los Megaproyectos.
2) Ley de propiedad del Subsuelo, Para el gobierno colombiano el subsuelo es del Estado, de lo contario si fuera de las comunidades indígenas y negras no podría dar en concepción los miles de recursos como el petróleo, los minerales y el agua a las monstruosas multinacionales.
3) Retirar las fuerzas militares de los territorios indígenas, Desconociendo al arduo trabajo de la guardia indígena, los cuales han desarrollado medidas de protección a sus comunidades en contra de grupos armados legales e ilegales, desmillendo en un alto porcentaje las amenazas y los asesinados contra los pueblos indígenas; el actual gobierno quiere aumentar el pié de fuerza militar , representado en el reclutamiento forzado, en la Red de informantes, y en los soldados campesinos, según él, para la protección de las comunidades, pero que en realidad el militarismo y el paramilitarismo es la salvaguarda de los Megaproyectos y los intereses geoestratégicos.
No es con el aumento del pie de fuerza que se construye igualdad social, No es con la seguridad democrática que se hace realidad la equidad entre los pueblos, No con Ejecuciones extrajudiciales que se protege la multiculturalidad, No es con el despojo de tierras que se hace una nación incluyente, es con acciones de inversión social, con el respecto a los derechos humanos, con la reparación a miles de victimas de los grupos armados légales e ilegales y del Estado colombiano. Así se podrá hacer un país en el que quepamos todos y todas.
La minga continúa, uniendo todos los dolores para los cambios estructurales , no es el Cauca, ni son los indígenas, ni es solamente el tema tierras. Es una Minga de los pueblos, es Nacional y reclama sus derechos. Entre estos, el principal: el derecho a tener una agenda propia, desde los pueblos.
http://www2.redjuvenil.org/content/view/590/40/
Por: RJ
Que renuncie a seguir hablando el tirano para que se escuche la verdad. Que renuncie a seguir vociferando órdenes para que empecemos a saber, a descubrir de donde viene el mando de lo que ha ejecutado. Que haga silencio para que se escuche, para que él escuche como ha debido hacerlo, la palabra de los pueblos que son su autoridad. El pasado domingo 2 de Noviembre a las 6:30 de la noche, en la hacienda María Piendamó en el departamento del Cauca, luego de seis horas de debate se terminó la tercera fase de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, las respuestas del presidente no fueron claras para los pueblos indígenas y como estaba pronosticado, no se llegó a ningún acuerdo con el gobierno nacional, por lo tanto la minga continúa; en estos momentos las autoridades y su dirigencia evalúan para definir la cuarta etapa.
Corteros, campesinos, indígenas, mujeres y estudiantes, entre otros; se dieron cita en el Territorio de Diálogo, Convivencia y Paz para traer su palabra de inconformidad, de dolor, de despojo, de tristeza, de sufrimiento; pero también de propuesta ante la agresión constante que viven todos los pueblos en Colombia, víctimas del terror y la guerra, del sometimiento económico institucional y la propaganda, que arrebata territorios, que mata de hambre, que esclaviza y que entretiene para que unos pocos disfruten de todas las riquezas, mientras las mayorías viven en la miseria .
De este territorio de paz y Resistencia se denuncian hechos de violencia que se siguen presentando tanto en el Cauca en donde miembros del escuadrón antimotines de la policía utilizan armas de fuego y armas corto punzantes con las que han herido a varios indígenas en medio de las recientes acciones de Resistencia, y a lo largo del país por todos los actores armados; el sábado nada más atentaron contra la vida del Representante Legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, después de que los paramilitares hicieran una amenaza contra su comunidad. “Se hace un llamado a que se haga justicia. Pues el temor del pueblo es el mismo de siempre, ser ejecutados después de que supuestamente hay diálogos y acuerdos,” .
Desde altas horas de la madrugada los lideres y la Guardia Indígena organizaron la jornada de debate, haciendo un trabajo extraordinario, como el que siempre se desempeña en el territorio, es allí en donde se nos demuestra la fuerza de una sociedad igualitaria y equitativa en la cual se respetan los derechos humanos y no se necesita la mano armada ni el militarismo. Varios centenares de indígenas y demás integrantes de movimientos sociales pusieron empeño en escuchar y participar en este debate.
Con las mismas preguntas e inquietudes se levantaron de sus asientos pues el presidente Álvaro Uribe, abrigado con su gabinete de gobierno, sin dar respuesta de fondo a los cinco puntos de la agenda de la Minga nacional, se dedico a alabar su política de seguridad democrática y “prometer otro debate y otras mesas de concertación como si las múltiples que se han hecho, hayan servido para algo”. El Presidente insistió en hablar de los "bandidos de las FARC que tanto daño le han hecho a la Patria", pero no le respondió a la Consejera Mayor quien le exigió que no le hablara a bandidos sino a un pueblo "aquí presente que exige sus derechos".
La Minga ha demostrado con creces la validez de los 5 puntos en los cuales se dice No al TLC y al modelo de desarrollo que representa el gobierno y que despoja a los pueblos para entregar la riqueza y el trabajo a trasnacionales, que se derogue toda la legislación de despojo sobre la base de ser inconsulta y contraria a los derechos de los pueblos; en particular, que se derogue de inmediato el estatuto rural, que el estado reconozca todo el terror contra los pueblos, Las masacres, el asesinato de indígenas, campesinos, sindicalistas, líderes populares y todas las víctimas de los llamados falsos positivos que continúan y que Uribe pida disculpas por las señalasiones contra los pueblos indígenas.
El Presidente no dió respuestas ni soluciones de fondo a la agenda de la Minga nacional, pero sí reiteró que para su gobierno no se puede adoptar la Declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas en los tres siguientes puntos;
1) ley de la consulta previa, en palabras de Uribe esta ley ocasiona veto a los proyectos que se desarrolla como la carretera de Nuqui, que se construye para el bienestar y desarrollo del pueblo colombiano, que en realidad es solo bienestar y desarrollo para los terratenientes y las multinacionales. La Carretera Panamericana Animas – Nuquí y el Tapón del Darién en Unquía y Acandí, es solo la vía para sacar los recursos explotados y privatizados de Megaproyectos como la minería, el petróleo, el agua y hasta la entrada al Parque natural de Utría, el cual fue entregado por el actual gobierno en concesión para servicios de residencia y restaurante a la empresa privada turística AVIATUR, es decir; rumbo a la privatización, desconociendo la propiedad ancestral y la inalienabilidad que protege a los territorios indígenas de Bojayá, Alto Baudó, Nuquí y Valle Boroboro, en donde había un gobierno propio al cual se debía consultar. El gobierno quiere evadir la consulta previa con los indígenas, pues es conocedor de que tendría que a firmar unos acuerdos sobre reparación e indemnización de los daños ambientales, sociales, culturales y económicos, causados por los Megaproyectos.
2) Ley de propiedad del Subsuelo, Para el gobierno colombiano el subsuelo es del Estado, de lo contario si fuera de las comunidades indígenas y negras no podría dar en concepción los miles de recursos como el petróleo, los minerales y el agua a las monstruosas multinacionales.
3) Retirar las fuerzas militares de los territorios indígenas, Desconociendo al arduo trabajo de la guardia indígena, los cuales han desarrollado medidas de protección a sus comunidades en contra de grupos armados legales e ilegales, desmillendo en un alto porcentaje las amenazas y los asesinados contra los pueblos indígenas; el actual gobierno quiere aumentar el pié de fuerza militar , representado en el reclutamiento forzado, en la Red de informantes, y en los soldados campesinos, según él, para la protección de las comunidades, pero que en realidad el militarismo y el paramilitarismo es la salvaguarda de los Megaproyectos y los intereses geoestratégicos.
No es con el aumento del pie de fuerza que se construye igualdad social, No es con la seguridad democrática que se hace realidad la equidad entre los pueblos, No con Ejecuciones extrajudiciales que se protege la multiculturalidad, No es con el despojo de tierras que se hace una nación incluyente, es con acciones de inversión social, con el respecto a los derechos humanos, con la reparación a miles de victimas de los grupos armados légales e ilegales y del Estado colombiano. Así se podrá hacer un país en el que quepamos todos y todas.
La minga continúa, uniendo todos los dolores para los cambios estructurales , no es el Cauca, ni son los indígenas, ni es solamente el tema tierras. Es una Minga de los pueblos, es Nacional y reclama sus derechos. Entre estos, el principal: el derecho a tener una agenda propia, desde los pueblos.
http://www2.redjuvenil.org/content/view/590/40/
CRÓNICAS DEL RIO CIMITARRA: UN VIAJE A LAS SELVAS DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO Y SUR DE BOLÍVAR
Crónicas del Rio Cimitarra: un viaje a las selvas del Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar
Por: Marco Vinicio Pinzón
“… No ando con luces prestadas para alumbrar mi camino,
Pues la luz de mi destino es una estrella muy viva,
Es una estrella colectiva de obreros y campesinos”
Macias el Cantor de Lejanías
La primera vez que llegue al valle del río Cimitarra por las casualidades del destino, me encontré un día en Barrancabermeja: ciudad extraña, caliente, que huele a petróleo, cuna de movimientos sociales; donde trabajadores, mujeres y campesinos empezaron sus luchas. Remontamos el río grande de la Magdalena, hacia San Pablo cogemos un brazo lateral para llegar al Río Cimitarra; 40 grados de temperatura, en la mitad de la manigua; selva de tigre, territorio inexplorado a donde fueron llegando colonos de todas las violencias desarraigados, de cuando mataron a Gaitán, cuando el pacto de Chicoral, de cuando la “contrarreforma” agraria de Lleras y López, llegaron de todos lados.
Los últimos vinieron de Córdoba, del Urabá, de Puerto Boyacá, Puerto Berrio, de los puertos sobre el Bajo Cauca y el río Magdalena o Yuma (como lo nombraron los Yariguíes, indios bravos exterminados por Mr. Isaccson y La Trocco Oil Compañy). Tierras que se llenaron de plaga, alianza corrupta latifundista, electorera, militarista, narco y empresarial que desoló estas regiones de pescadores y labriegos; llegaron desplazados por la pobreza, por las violencias, buscando mejores oportunidades.
Mineros, campesinos, negros e indios se adentraron en tierra virgen, abriendo trochas poblaron este territorio entre el nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar. La Serranía de San Lucas, montaña de oro atrajo todos los intereses, coca y oro se juntaron en la guerra, una guerra que los persiguió hasta el Cimitarra, que nunca los deja; Militares-Paramilitares que los han perseguido desde siempre por organizarse. La guerrilla siempre a estado ahí, pero los muertos los ponen ellos, los que no se resignan a dejar esta tierra, donde llegaron huyéndole al terror del Hambre y de las Balas.
Llegamos una tarde de Junio a la aldea comunitaria de Puerto Matilde; nos reunimos en un encuentro internacional sobre Conflicto, coca y Derechos Humanos convocado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), éramos 700 personas, de toda Colombia, de varios países, nos sentamos a debatir sobre el conflicto, las fumigaciones, las persecuciones. Pero también llegamos para hablar de la esperanza, de cómo poder vivir dignamente en medio del conflicto, con soberanía alimentaria; como extraer recursos para subsistir, sin acabar con la naturaleza; llegamos para bailar y cantar, en medio de la tristeza y la alegría que siempre se juntan en estos parajes.
La ACVC “representa” a miles de campesinos, sus reivindicaciones por la permanencia en el territorio y las posibilidades reales de una vida digna, sus luchas convergen en la Zona de Reserva Campesina (ZRC) figura equivalente a los resguardos indígenas y a los territorios colectivos para comunidades negras. La ZRC busca regular la propiedad de la tierra en áreas de colonización y expropiación terrateniente que en el Magdalena Medio son una constante histórica; además pretenden la autonomía y soberanía alimentaria, una mínima inversión social y económica (hasta ahora inexistente), la conservación de ecosistemas sensibles y la restricción a la extracción indiscriminada y a gran escala de recursos naturales principalmente minería, maderas y algunas especies; por último la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito.
El camino de la ACVC se inició hace décadas con el movimiento popular del magdalena medio, con las ligas campesinas, la propuesta silenciada de la UP; con las marchas del 96 y el éxodo del 98, que movilizaron en el magdalena medio 10 y 15 mil campesinos respectivamente, junto a miles en otras regiones del país (Caquetá, Guaviare y Putumayo). Solo la presión nacional e internacional y la pacífica toma de colegios, universidades y parques en el puerto petrolero de Barranca lograron sentar al gobierno nacional con los líderes campesinos. Primero el ministro Serpa y luego los representantes de Pastrana en el 96 y 98 respectivamente. Se buscaba una salida a la represión militar-paramilitar, a las fumigaciones indiscriminadas, se buscaban soluciones a la ausencia total del estado en materia social.
Acuerdos firmados, pactos incumplidos, los dos gobiernos al contrario mantuvieron la política de interdicción y peor aún, mientras se realizaban los diálogos en el Caguan, varios lideres que habían participado de las negociaciones en Barranca, cayeron abatidos por paramilitares de la mano del terrorismo de estado, cientos de campesinos fueron asesinados en el sur de Bolívar luego del retorno voluntario del 98, con la esperanza de tener al menos por un tiempo algo de tranquilidad. En 2002 se instaura la ZRC del Valle del río Cimitarra la cual se suspendió en 2003 por presiones de latifundistas, alcaldes locales y el senador de esa época Carlos Arturo Clavijo, (paraco condenado según las ultimas actuaciones de la justicia) generando una campaña de estigmatización y persecución permanente.
Vinieron mas marchas en 2001,2004, 2006, 2007 las pretensiones fueron y serán las mismas. En 2007 incluso el presidente Uribe llego a Barranca y se sentó con los campesinos, otra vez se firmo un acuerdo que se centraba en la no persecución y militarización de la región, inversión para la gente, no para la guerra y el levantamiento de la suspensión de la zona de reserva Campesina. Unos meses más tarde dictaban orden de captura a 14 dirigentes de la ACVC, 6 encarcelados y el resto en ruptura y desobediencia con el sistema judicial que siempre los ha perseguido, pero nunca ha aclarado las muertes de cientos de campesinos en la región, en el sur de Bolívar las cosas siguen igual o peor ya no se puede decir. La zona de Manilas, la región de Guamocó mucho oro, mucha bala, familias que aprendieron a vivir entre el miedo y la alegría a ritmo de Vallenato en Barranca o San Pablo, a ritmo de trova en Remedios.
Mi recorrido con los campesinos del Valle del río Cimitarra está lleno de aprendizajes, de tristezas por los compañeros que ya no están, por la vida que les toco vivir, pero también de esperanza cuando miro arrear las mulas en la selva, cuando miro junto a hombres, mujeres y niños a las tortugas asoleándose a medio día en el río.
En este camino me he encontrado y he aprendido tantas cosas de muchas personas, músicos a los que les he aplaudido sus trovas y decimas, de las mujeres con las que he pelado yuca y fritado la rica Guagua, de los arrieros con los que he amarrado la enjalma, de los pescadores que cuentan historias de Moanes y tabaco, de los mineros que hablan del oro que se le esconde al avaro, que esta maldito y algunas veces les trae miseria; de los raspachines con los que he raspado la mamacoca, maldecida por el progreso; de los negros con los que he jugado futbol y bailado champeta; de los evangélicos con los que he discutido sobre religiones y alienación.
Son muchas historias que contar, de un camino que apenas se empieza a tejer, algunos dirán que estas cosas nunca se verán en la academia, pero una buena parte de lo que he aportado en esta región viene de la universidad publica, los cineclubes, los debates de filosofía política, de las enseñanzas de profesores y maestros, de las jornadas libertarias que realizamos. Es un encuentro de saberes que ha permitido llevar al rio cimitarra otras visiones del mundo, del país, de la política; donde personajes de distintos orígenes han participado. Pero también han llevado mensajes y visiones de una comunidad sobreviviente a muchas ciudades en Colombia y el mundo.
Marco Vinicio Pinzón
Bogota Noviembre 2008
Por: Marco Vinicio Pinzón
“… No ando con luces prestadas para alumbrar mi camino,
Pues la luz de mi destino es una estrella muy viva,
Es una estrella colectiva de obreros y campesinos”
Macias el Cantor de Lejanías
La primera vez que llegue al valle del río Cimitarra por las casualidades del destino, me encontré un día en Barrancabermeja: ciudad extraña, caliente, que huele a petróleo, cuna de movimientos sociales; donde trabajadores, mujeres y campesinos empezaron sus luchas. Remontamos el río grande de la Magdalena, hacia San Pablo cogemos un brazo lateral para llegar al Río Cimitarra; 40 grados de temperatura, en la mitad de la manigua; selva de tigre, territorio inexplorado a donde fueron llegando colonos de todas las violencias desarraigados, de cuando mataron a Gaitán, cuando el pacto de Chicoral, de cuando la “contrarreforma” agraria de Lleras y López, llegaron de todos lados.Los últimos vinieron de Córdoba, del Urabá, de Puerto Boyacá, Puerto Berrio, de los puertos sobre el Bajo Cauca y el río Magdalena o Yuma (como lo nombraron los Yariguíes, indios bravos exterminados por Mr. Isaccson y La Trocco Oil Compañy). Tierras que se llenaron de plaga, alianza corrupta latifundista, electorera, militarista, narco y empresarial que desoló estas regiones de pescadores y labriegos; llegaron desplazados por la pobreza, por las violencias, buscando mejores oportunidades.
Mineros, campesinos, negros e indios se adentraron en tierra virgen, abriendo trochas poblaron este territorio entre el nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar. La Serranía de San Lucas, montaña de oro atrajo todos los intereses, coca y oro se juntaron en la guerra, una guerra que los persiguió hasta el Cimitarra, que nunca los deja; Militares-Paramilitares que los han perseguido desde siempre por organizarse. La guerrilla siempre a estado ahí, pero los muertos los ponen ellos, los que no se resignan a dejar esta tierra, donde llegaron huyéndole al terror del Hambre y de las Balas.
Llegamos una tarde de Junio a la aldea comunitaria de Puerto Matilde; nos reunimos en un encuentro internacional sobre Conflicto, coca y Derechos Humanos convocado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), éramos 700 personas, de toda Colombia, de varios países, nos sentamos a debatir sobre el conflicto, las fumigaciones, las persecuciones. Pero también llegamos para hablar de la esperanza, de cómo poder vivir dignamente en medio del conflicto, con soberanía alimentaria; como extraer recursos para subsistir, sin acabar con la naturaleza; llegamos para bailar y cantar, en medio de la tristeza y la alegría que siempre se juntan en estos parajes.
La ACVC “representa” a miles de campesinos, sus reivindicaciones por la permanencia en el territorio y las posibilidades reales de una vida digna, sus luchas convergen en la Zona de Reserva Campesina (ZRC) figura equivalente a los resguardos indígenas y a los territorios colectivos para comunidades negras. La ZRC busca regular la propiedad de la tierra en áreas de colonización y expropiación terrateniente que en el Magdalena Medio son una constante histórica; además pretenden la autonomía y soberanía alimentaria, una mínima inversión social y económica (hasta ahora inexistente), la conservación de ecosistemas sensibles y la restricción a la extracción indiscriminada y a gran escala de recursos naturales principalmente minería, maderas y algunas especies; por último la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito.
El camino de la ACVC se inició hace décadas con el movimiento popular del magdalena medio, con las ligas campesinas, la propuesta silenciada de la UP; con las marchas del 96 y el éxodo del 98, que movilizaron en el magdalena medio 10 y 15 mil campesinos respectivamente, junto a miles en otras regiones del país (Caquetá, Guaviare y Putumayo). Solo la presión nacional e internacional y la pacífica toma de colegios, universidades y parques en el puerto petrolero de Barranca lograron sentar al gobierno nacional con los líderes campesinos. Primero el ministro Serpa y luego los representantes de Pastrana en el 96 y 98 respectivamente. Se buscaba una salida a la represión militar-paramilitar, a las fumigaciones indiscriminadas, se buscaban soluciones a la ausencia total del estado en materia social.
Acuerdos firmados, pactos incumplidos, los dos gobiernos al contrario mantuvieron la política de interdicción y peor aún, mientras se realizaban los diálogos en el Caguan, varios lideres que habían participado de las negociaciones en Barranca, cayeron abatidos por paramilitares de la mano del terrorismo de estado, cientos de campesinos fueron asesinados en el sur de Bolívar luego del retorno voluntario del 98, con la esperanza de tener al menos por un tiempo algo de tranquilidad. En 2002 se instaura la ZRC del Valle del río Cimitarra la cual se suspendió en 2003 por presiones de latifundistas, alcaldes locales y el senador de esa época Carlos Arturo Clavijo, (paraco condenado según las ultimas actuaciones de la justicia) generando una campaña de estigmatización y persecución permanente.
Vinieron mas marchas en 2001,2004, 2006, 2007 las pretensiones fueron y serán las mismas. En 2007 incluso el presidente Uribe llego a Barranca y se sentó con los campesinos, otra vez se firmo un acuerdo que se centraba en la no persecución y militarización de la región, inversión para la gente, no para la guerra y el levantamiento de la suspensión de la zona de reserva Campesina. Unos meses más tarde dictaban orden de captura a 14 dirigentes de la ACVC, 6 encarcelados y el resto en ruptura y desobediencia con el sistema judicial que siempre los ha perseguido, pero nunca ha aclarado las muertes de cientos de campesinos en la región, en el sur de Bolívar las cosas siguen igual o peor ya no se puede decir. La zona de Manilas, la región de Guamocó mucho oro, mucha bala, familias que aprendieron a vivir entre el miedo y la alegría a ritmo de Vallenato en Barranca o San Pablo, a ritmo de trova en Remedios.
Mi recorrido con los campesinos del Valle del río Cimitarra está lleno de aprendizajes, de tristezas por los compañeros que ya no están, por la vida que les toco vivir, pero también de esperanza cuando miro arrear las mulas en la selva, cuando miro junto a hombres, mujeres y niños a las tortugas asoleándose a medio día en el río.
En este camino me he encontrado y he aprendido tantas cosas de muchas personas, músicos a los que les he aplaudido sus trovas y decimas, de las mujeres con las que he pelado yuca y fritado la rica Guagua, de los arrieros con los que he amarrado la enjalma, de los pescadores que cuentan historias de Moanes y tabaco, de los mineros que hablan del oro que se le esconde al avaro, que esta maldito y algunas veces les trae miseria; de los raspachines con los que he raspado la mamacoca, maldecida por el progreso; de los negros con los que he jugado futbol y bailado champeta; de los evangélicos con los que he discutido sobre religiones y alienación.
Son muchas historias que contar, de un camino que apenas se empieza a tejer, algunos dirán que estas cosas nunca se verán en la academia, pero una buena parte de lo que he aportado en esta región viene de la universidad publica, los cineclubes, los debates de filosofía política, de las enseñanzas de profesores y maestros, de las jornadas libertarias que realizamos. Es un encuentro de saberes que ha permitido llevar al rio cimitarra otras visiones del mundo, del país, de la política; donde personajes de distintos orígenes han participado. Pero también han llevado mensajes y visiones de una comunidad sobreviviente a muchas ciudades en Colombia y el mundo.
Marco Vinicio Pinzón
Bogota Noviembre 2008
domingo, 2 de noviembre de 2008
AMENAZAS DE MUERTE A LIDERES COMUNITARIOS EN LA COMUNA 13 DE MEDELLIN
ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE MUERTE A LIDERES COMUNITARIOS EN LA COMUNA 13 DE MEDELLIN
Ponemos en conocimiento de las organizaciones de derechos humanos, las instancias internacionales y las instituciones gubernamentales las amenazas contra la vida de líderes comunitarios en la comuna 13 de Medellín y los sabotajes a la publicidad del foro social, que se realizó en este y otros sectores de la ciudad
HECHOS
LA RED DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE MEDELLIN, EL MOVIMIENTO NACIONAL POR EL DERECHO A LA SALUD, SINTRALIMENTICIA, EL COLECTIVO DE LA SALUD, LA RED GADARA, EL COLECTIVO CONCIENCIA Y SOCIEDAD, entre otros, organizaron este año el FORO SOCIAL MEDELLIN: otra ciudad es posible sin miseria ni exclusión. En este escenario se vienen desarrollando más de 86 eventos durante la semana comprendida entre el 26 y el 31 de octubre del 2008; en el marco de este FORO se han presentado varias vulneraciones graves a la integridad de algunos lideres comunitarios como las que narramos a continuación:
El día Martes 7 de octubre, 4 jóvenes que realizaban el proceso de preinscripción para la participación dentro del FORO, en los barrios Las Independencias 3 y Nuevos Conquistadores, ubicados en la comuna 13; fueron abordados por un hombre que portaba una arma de fuego y los amenazó para que le entregaran la cámara fotográfica que portaban, pero los muchachos decidieron no dársela, por lo cual fueron sacados del barrio con palabras soeces y amenazados para que no volvieran so pena de ser asesinados.
El día 27 de octubre en horas de la mañana, un grupo de personas del Barrio las Independencias 2, junto con algunos jóvenes de la ROC (Red de Organizaciones Comunitarias) y estudiantes universitarios, organizó una actividad de pinta de murales. El muro que se escogió para pintar es el que cubre el parqueadero de los buses de Belencito Corazón, empresa de transporte llamada Conducciones América. Para la realización de las pintas no hubo muchos problemas, pero durante toda la jornada extraños jóvenes rondaron el lugar.
En horas de la tarde de ese mismo día, luego de una jornada de estampación de camisetas alusivas al tema del Foro; algunas personas del barrio las Independencias II recomendaron que era mejor que no se siguieran haciendo tantas cosas por que eso era muy subversivo y podían haber problemas en el Barrio.
El día lunes 27 de octubre del presente año, realizaron una llamada a la casa del señor GABRIEL ANGEL ORREGO, líder comunitario del barrio las Independencias de la comuna 13 y quien ha sido clave en el trabajo comunitario de este barrio. A la llamada contestó su hija DANIELA de apenas 9 años de edad, y le dijeron "te vamos a matar". Horas mas tarde recibieron una nueva llamada, en esta ocasión contestada por la señora Maria, esposa de Gabriel, a quien le dijeron: "no salga que la vamos a matar".
El día martes 28 de octubre, se recibió una nueva llamada a la que contestó la señora Maria, y en la que le dijeron "no te hemos matado la hija porque no nos ha dado la gana". Este mismo día 4 jóvenes estuvieron rondando la casa del señor Gabriel, y cuando un vecino se alertó sobre el asunto uno de los jóvenes le apunto con arma con silenciador y luego se fueron.
En esta zona de la ciudad hacen presencia numerosos grupos de paramilitares que se pelean el control, que ejercen violencia indiscriminada permanentemente y lo hacen en medio de la presencia militar, pues en el barrio de las Independencias está la policía con la estación de Belencito y el ejército con la base de las independencias.
SABOTAJE GENERALIZADO
Además de los hechos narrados anteriormente, en algunos barrios como la Esperanza, Popular dos, La Salle y varios sectores de la comuna 13; lugares en los que tienen presencia las organizadoras del evento, en horas de la noche, toda la publicidad como afiches y volantes fue despegada y quemada.
En algunos sectores grupos armados han intimidado a las personas para que no participen de las actividades propuestas por el FORO.
PETICIONES
Solicitamos de manera urgente a las organizaciones comunitarias, de derechos humanos, organismos internacionales y agencias; al igual que a la población en general a que una las voces y la solidaridad en contra del rechazo a acciones como estas. El respeto por la vida y la diversidad debe ser el pilar de toda sociedad.
Igualmente ponemos en conocimiento de instancias de derechos humanos, así como las autoridades respectivas de los graves hechos ocurridos en contra de la integridad y la vida de varios compañeros especialmente en la comuna 13 de Medellín.
Instamos a las autoridades locales y de derechos humanos a que adelanten las acciones pertinentes tendientes a proteger la vida y la integridad de la familia ORREGO, así como la de los demás lideres que se encuentran en esta zona y en estas condiciones.
Exigimos a las organismos veedores de los procesos de desmovilización en la cuidad, las organizaciones de derechos humanos y especialmente a la administración municipal, el reconocimiento del contexto de control social y violencia que vive la ciudad y que está asociado indiscutiblemente a la presencia de los grupos paramilitares.
Igualmente informamos que el cronograma del FORO no se verá alterado por hechos intimidatorios como estos, y por el contrario a la violencia le respondemos como hemos aprendido; con la fuerza de la palabra, y con el convencimiento de estar haciendo lo correcto.
Comunicaciones Foro Social
¡OTRA CIUDAD ES POSIBLE, SIN MISERIA NI EXCLUSIÓN!
Neoliberalismo, Privatización, Pobreza y Derechos Humanos.
Medellín. 27 al 31 de octubre de 2008
www.forosocialmedellin.org
info@forosocialmedellin.orgEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Actualizado ( Viernes, 31 de Octubre de 2008 07:50 )
AMENAZAS DE MUERTE A LIDERES COMUNITARIOS EN LA COMUNA 13 DE MEDELLIN
Ponemos en conocimiento de las organizaciones de derechos humanos, las instancias internacionales y las instituciones gubernamentales las amenazas contra la vida de líderes comunitarios en la comuna 13 de Medellín y los sabotajes a la publicidad del foro social, que se realizó en este y otros sectores de la ciudadHECHOS
LA RED DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE MEDELLIN, EL MOVIMIENTO NACIONAL POR EL DERECHO A LA SALUD, SINTRALIMENTICIA, EL COLECTIVO DE LA SALUD, LA RED GADARA, EL COLECTIVO CONCIENCIA Y SOCIEDAD, entre otros, organizaron este año el FORO SOCIAL MEDELLIN: otra ciudad es posible sin miseria ni exclusión. En este escenario se vienen desarrollando más de 86 eventos durante la semana comprendida entre el 26 y el 31 de octubre del 2008; en el marco de este FORO se han presentado varias vulneraciones graves a la integridad de algunos lideres comunitarios como las que narramos a continuación:
El día Martes 7 de octubre, 4 jóvenes que realizaban el proceso de preinscripción para la participación dentro del FORO, en los barrios Las Independencias 3 y Nuevos Conquistadores, ubicados en la comuna 13; fueron abordados por un hombre que portaba una arma de fuego y los amenazó para que le entregaran la cámara fotográfica que portaban, pero los muchachos decidieron no dársela, por lo cual fueron sacados del barrio con palabras soeces y amenazados para que no volvieran so pena de ser asesinados.
El día 27 de octubre en horas de la mañana, un grupo de personas del Barrio las Independencias 2, junto con algunos jóvenes de la ROC (Red de Organizaciones Comunitarias) y estudiantes universitarios, organizó una actividad de pinta de murales. El muro que se escogió para pintar es el que cubre el parqueadero de los buses de Belencito Corazón, empresa de transporte llamada Conducciones América. Para la realización de las pintas no hubo muchos problemas, pero durante toda la jornada extraños jóvenes rondaron el lugar.
En horas de la tarde de ese mismo día, luego de una jornada de estampación de camisetas alusivas al tema del Foro; algunas personas del barrio las Independencias II recomendaron que era mejor que no se siguieran haciendo tantas cosas por que eso era muy subversivo y podían haber problemas en el Barrio.
El día lunes 27 de octubre del presente año, realizaron una llamada a la casa del señor GABRIEL ANGEL ORREGO, líder comunitario del barrio las Independencias de la comuna 13 y quien ha sido clave en el trabajo comunitario de este barrio. A la llamada contestó su hija DANIELA de apenas 9 años de edad, y le dijeron "te vamos a matar". Horas mas tarde recibieron una nueva llamada, en esta ocasión contestada por la señora Maria, esposa de Gabriel, a quien le dijeron: "no salga que la vamos a matar".
El día martes 28 de octubre, se recibió una nueva llamada a la que contestó la señora Maria, y en la que le dijeron "no te hemos matado la hija porque no nos ha dado la gana". Este mismo día 4 jóvenes estuvieron rondando la casa del señor Gabriel, y cuando un vecino se alertó sobre el asunto uno de los jóvenes le apunto con arma con silenciador y luego se fueron.
En esta zona de la ciudad hacen presencia numerosos grupos de paramilitares que se pelean el control, que ejercen violencia indiscriminada permanentemente y lo hacen en medio de la presencia militar, pues en el barrio de las Independencias está la policía con la estación de Belencito y el ejército con la base de las independencias.
SABOTAJE GENERALIZADO
Además de los hechos narrados anteriormente, en algunos barrios como la Esperanza, Popular dos, La Salle y varios sectores de la comuna 13; lugares en los que tienen presencia las organizadoras del evento, en horas de la noche, toda la publicidad como afiches y volantes fue despegada y quemada.
En algunos sectores grupos armados han intimidado a las personas para que no participen de las actividades propuestas por el FORO.
PETICIONES
Solicitamos de manera urgente a las organizaciones comunitarias, de derechos humanos, organismos internacionales y agencias; al igual que a la población en general a que una las voces y la solidaridad en contra del rechazo a acciones como estas. El respeto por la vida y la diversidad debe ser el pilar de toda sociedad.
Igualmente ponemos en conocimiento de instancias de derechos humanos, así como las autoridades respectivas de los graves hechos ocurridos en contra de la integridad y la vida de varios compañeros especialmente en la comuna 13 de Medellín.
Instamos a las autoridades locales y de derechos humanos a que adelanten las acciones pertinentes tendientes a proteger la vida y la integridad de la familia ORREGO, así como la de los demás lideres que se encuentran en esta zona y en estas condiciones.
Exigimos a las organismos veedores de los procesos de desmovilización en la cuidad, las organizaciones de derechos humanos y especialmente a la administración municipal, el reconocimiento del contexto de control social y violencia que vive la ciudad y que está asociado indiscutiblemente a la presencia de los grupos paramilitares.
Igualmente informamos que el cronograma del FORO no se verá alterado por hechos intimidatorios como estos, y por el contrario a la violencia le respondemos como hemos aprendido; con la fuerza de la palabra, y con el convencimiento de estar haciendo lo correcto.
Comunicaciones Foro Social
¡OTRA CIUDAD ES POSIBLE, SIN MISERIA NI EXCLUSIÓN!
Neoliberalismo, Privatización, Pobreza y Derechos Humanos.
Medellín. 27 al 31 de octubre de 2008
www.forosocialmedellin.org
info@forosocialmedellin.orgEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Actualizado ( Viernes, 31 de Octubre de 2008 07:50 )
CONTRAVIA - LA MINGA INDIGENA OCTUBRE 2008
RACISMO & REPRESIÓN
Parte I
Parte II
Parte III
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