En Colombia, desde hace rato, existe un modelo mafioso para gobernar, para la distribución de la riqueza, para la perpetuación en el poder, para favorecer a grupos económicos locales y transnacionales. Es el producto de una larga herencia de desmanes y desgreño, que se ha perfeccionado en los últimos tiempos.El caso denunciado por la revista Cambio acerca del programa oficial Agro Ingreso Seguro, que ha beneficiado a reinas de belleza e hijos de políticos, es otro más del extenso catálogo de despropósitos, tráfico de influencias y usufructo del Estado para unos cuántos que giran en la órbita del gobierno y sus aduladores.
El citado programa tiene entre sus objetivos “promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”. Una Señorita Colombia resultó beneficiada con un subsidio de 306 millones de pesos para “riego y drenaje”; otra reina, para el mismo efecto, obtuvo 448 millones de pesos. Y así. Se trata de una repartija sabrosa entre ricos, pero que para los responsables de las adjudicaciones son correctas.
El listado que revela la revista indica que la distribución de los subsidios ha ido a parar a las bolsas de familias poderosas, al tiempo que se margina a los campesinos más pobres, tal vez por la idea alguna vez expresada por el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias que si a los pobres del campo les daban tierras (o como en este caso, subsidios) “se volvían guerrilleros o paramilitares”.
El cuento es que durante la administración del señor Arias, los que recibieron subsidios no reembolsables –para “reducir la desigualdad en el campo” (?)- fueron grandes empresarios del agro y millonarias familias con enorme influjo en la política regional, aunque funcionarios de Agro Ingreso Seguro digan ahora que el “programa tiene cero influencia política y priman los requisitos técnicos”.
El aumento de la pobreza en el campo colombiano es una señal clara del desastre de la política oficial. En el país rural, la población en estado de pobreza alcanza el 73 por ciento y el 27,5 por ciento está en la indigencia. Al mismo tiempo, la concentración de la tierra está en manos de unos pocos. No hay que olvidar que el proyecto paramilitar, en su estrategia de asolación del campo, contempló quedarse con las mejores tierras del país.
También se podría hacer memoria acerca del célebre caso Carimagua, cuando el hoy precandidato conservador mostró toda su inclinación por la plutocracia y no por la democracia. O sea, por el gobierno de los ricos y no por el pueblo. Su intentona era que las 18 mil hectáreas no fueran para los campesinos desplazados, tampoco para varios empresarios, sino para uno solo que pudiera demostrar ingresos agrarios por 50 mil millones de pesos en años anteriores. Una maravilla.
La feria de los subsidios agrarios deja ver, además, que se asignaron a familias poderosas que apoyaron las campañas de Uribe y de esta manera les están pagando el favorcito, así como a otros se les retribuye con notarías o con promesas de inversiones regionales. Esto es apenas una muestra del actual país pútrido y antidemocrático.
De ese país que, al decir de Fernando Vallejo, ha echado a tres millones de sus hijos, desplazado a cuatro millones que los dejó sin tierra y sin casa, un país con millones de desempleados, “cuya población vive casi toda en la desesperanza, en la miseria económica, cultural, espiritual”. Sí, un país que se lo han repartido entre unas cuantas familias oligárquicas, que lo rifan, lo venden, lo donan, incluso lo regalan al mejor postor transnacional. En efecto, desde hace tiempos se instauró un modelo mafioso de gobernar, que es el mismo que esas pocas familias desean, por encima de todas las cosas, Constitución incluida, que se mantenga por toda la eternidad.
Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: www.elespectador.com
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