Colombia, un régimen en crisis y un pueblo en Minga
“El terror se va a acabar cuando lo transformemos en Libertad”
(Comunicado a 40 díás de la Minga, ACIN –Cxab Wala Kiwe, 21 de Noviembre del 2008)
El último mes ha sido un mes que ha cambiado radicalmente el curso de los eventos en Colombia. Por una parte, se ha seguido profundizando la crisis institucional colombiana por los múltiples casos de corrupción, por los vínculos de asociados al gobierno con narcotraficantes y paramilitares y por las fricciones en el seno mismo del Estado (principalmente con el Poder Judicial), debido a las resistencias que suscita el proyecto autoritario de Álvaro Uribe. Nuevos escándalos, como la persecución política ordenada desde el DAS a los miembros de oposición, así como la purga en el Ejército por el tema de los “falsos positivos” (asesinatos de civiles a manos del Ejército, quienes luego presentan a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate), que llevó a la renuncia del general Montoya, han revelado a todo el mundo, aún a los más incautos, el nivel de arbitrariedad y represión al que llegó el uribismo. El horror de los masacrados de Ocaña y el atroz testimonio del soldado del Batallón 31 de Córdoba, cuyo hermano fue asesinado como un falso positivo por sus camaradas de armas para tomarse unos días de descanso para el Día de la Madre, han erizado la piel de todo el país.
Y todo esto en un contexto de profunda crisis económica que golpeará con toda fuerza el próximo año, pero cuyos efectos ya se sienten con toda severidad, enviando un lúgubre presagio de las dificultades que se avecinan para los sectores populares. No es por nada que el gobierno, tomando por excusa el tema de las “pirámides” (el cual se ha vuelto en un nuevo conflicto declarado para el gobierno), se haya decretado la emergencia económica.
El Pueblo irrumpe como un actor protagónico en la crisis colombiana
Pero no sólo la profundización de la crisis colombiana a nivel político y económico representa un cambio significativo. El factor decisivo que ha cambiado completamente la coyuntura colombiana es la irrupción del pueblo como un actor decisivo en el escenario de la lucha social.[1] Las huelgas impulsadas por trabajadores afiliados a la CUT, en la Registraduría, en los juzgados y en los ingenios azucareros, han significado un importante despertar en la conciencia de los trabajadores que han retomado la iniciativa y la capacidad de responder ante las agresiones constantes en contra de los intereses y las condiciones de vida de la clase trabajadora. El día 17 de Octubre un paro nacional convocado por la CUT vio a más de medio millón de trabajadores movilizarse en todo el país, y a varios gremios sumarse al paro de actividades, como una manera de expresar solidaridad con sectores en lucha como los corteros de caña, en huelga desde el 15 de Septiembre, así como con los indígenas que se movilizan desde el 12 de Octubre. No deja de ser de la mayor relevancia la masividad de una movilización de carácter solidario, lo cual indica que muchos sectores comienzan a entender la identidad entre quienes luchan y se movilizan por una vida digna.
El movimiento indígena representa un factor trascendental de este despertar del pueblo colombiano. Desde el 12 de Octubre, diversas movilizaciones nacionales de los pueblos originarios, plantearon una serie de demandas expresadas en términos claros y sencillos:
1. Alto a las violaciones a los pueblos originarios (que incluye la solución negociada y política del conflicto);
2. Basta de agresiones a su territorio (incluida la militarización);
3. Que el gobierno adopte la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU;
4. Un alto a los tratados y leyes de despojo a los pueblos (incluidos los TLC);
5. Que el Estado cumpla de una vez todos sus compromisos incumplidos[2].
En base a estas demandas se constituyó un potente movimiento popular que ha hermanado a las diversas luchas sociales y que ha dado una proyección colectiva a protestas que parecían estar condenadas al aislamiento.
Represión, única respuesta a las demandas populares
Como era de esperar, la represión a todas estas movilizaciones ha sido feroz: mal que mal, la represión se ha naturalizado y “legitimado” en seis décadas de conflicto en Colombia, y el Estado tiene a su disposición poderosos aparatos ideológicos cuyo rol es sancionar la fuerza como respuesta privilegiada a la demanda popular. El ESMAD se dejó caer bestialmente sobre indígenas en el Cauca y en el Eje Cafetero, así como sobre los corteros en los ingenios del Valle. El saldo fueron decenas de heridos y solamente en Cauca, tres muertos, más otros tres asesinados por paramilitares en los días previos a las manifestaciones. Es de notar que en esta represión se utilizaron garrotes, machetes, granadas y lacrimógenas recalzadas con tachuelas, vidrio, puntilla, etc. para generar esquirlas. Esto, aparte de la utilización de fusiles para disparar a los manifestantes, como el mismo Uribe lo reconoció luego de que CNN diera a conocer videos donde se apreciaba la barbarie represiva por parte de uniformados encapuchados[3]. Esta represión fue acompañada de la satanización de la protesta social por parte de los medios de comunicación, siempre serviles al gobierno y a los intereses de las clases dominantes, y por las acusaciones tan temerarias como falaces del mismo gobierno que acusaba a estas manifestaciones de estar infiltradas por guerrilleros de las FARC-EP. Al menos en el caso de los indígenas del Cauca, la única forma de infiltración que se descubrió fue la de un soldado enviado por el ejército, Jairo Danilo Chaparral Santiago, quien llevaba en su bolso explosivos, radios, mapas y propaganda guerrillera –y quien recibiera nueve azotes por parte de los indígenas que aplicaron “justicia comunitaria”.
En el caso de la huelga de ASONAL (judiciales), el gobierno llegó al extremo de decretar el Estado de Conmoción Interior, una forma de Estado de Emergencia, que le permite intervenir en los juzgados y despedir a voluntad trabajadores, para poder quebrar la huelga. Después de esto, la huelga se resolvió por la presión aplicada desde arriba, pero aún los trabajadores lograron sacar un aumento, aunque ni siquiera fuera la cuarta parte de lo originalmente demandado. En el caso de los corteros, la huelga desde los primeros días sufrió una represión enorme, con el ESMAD frecuentemente agrediendo y acosando a los manifestantes, con despidos de trabajadores con contrato directo para generar la división de aquellos trabajadores contratados indirectamente, con señalamientos del propio gobierno sobre “infiltración” de las FARC-EP en la huelga, con la misma satanización por parte de los medios, con provocaciones de transportistas y comerciantes para dividir la comunidad y con los arrestos de tres dirigentes de la huelga, y dos asesores políticos de un senador de oposición que fueron acusados de incitar a la violencia, sin ningún fundamento[4].
Uribe y la politización de la protesta social
Un factor relevante, ligado a la represión no solamente física, sino ante todo ideológica del régimen, es que Uribe ha politizado como nadie la protesta por sus frecuentes intervenciones para desacreditar cualquier movilización. Uribe, como buen representante de lo más retardatario de la clase dominante colombiana, no puede sino tomar furioso partido por la oligarquía y sentir un instintivo desprecio hacia todo lo que huela a derechos populares, particularmente, a derechos de la clase trabajadora. Con el mesianismo que le caracteriza, hace apariciones televisivas para descalificar a la protesta, para atacar a los dirigentes y las organizaciones, para acusar de infiltración de las “FARC”, para hablar de fuerzas “obscuras” detrás de las manifestaciones, para insistir en que no hay razones para reclamar (siempre desmiente los legítimos reclamos del pueblo con verdades a medias y con mentiras abiertas), que toda protesta es “política” (como si esto las hiciera menos válidas)... Pero en realidad es el propio intervencionismo de Uribe el que politiza como nada a todo el movimiento popular y de trabajadores, que empezando con sencillas reivindicaciones, termina enfrentado directamente a todo el aparato de Estado y al gobierno.
Eso es un elemento notable de las recientes huelgas y movilizaciones: todas han tenido un contenido político muy claro. Todas han evolucionado hasta ser movimiento de oposición al régimen, pues éste mismo se ha identificado con la cerrada oposición a la más mínima concesión a las demandas populares. Así, los movimientos han superado los límites impuestos por el gremialismo y el economicismo, y se han proyectado como expresiones de algo más grande, de una clase, de un pueblo que se refleja a sí mismo en sus demandas.
Esta cada vez más claro que la capacidad de negociar con Uribe es extremadamente reducida, como quedó en evidencia después de los dos encuentros frustrados entre el movimiento indígena y Uribe (Cali y La María Piendamó). Y también es cada vez más claro que los acuerdos con él jamás son cumplidos: el pueblo colombiano comienza a entender que detrás de la protesta social debe haber una necesidad de transformar las relaciones de poder en las que hoy se sustenta el uribismo y en las que reposa la hegemonía de la oligarquía. Está claro para un sector mucho más amplio del pueblo que no bastan, a esta altura, reformas puramente reivindicativas, sino que es necesario acompañarlas de transformaciones de fondo y del empoderamiento del propio pueblo, que construye espacios autónomos y de convergencia en la base.
El Estado colombiano criminaliza la solidaridad y la protesta
Uribe, dentro de su estrategia de desacreditar y atacar la movilización popular, ha criminalizado la protesta, la solidaridad y la opinión disidente. Uribe trata a toda la oposición como “terrorista”, toda forma de disenso ha sido criminalizada. Esto ha sido expresado con meridiana claridad por un comunicado del movimiento indígena de Cauca durante las jornadas de movilización de Octubre:
“Aseveran que los indígenas son FARC y actúan con las FARC y tienen pruebas. Pero además, que la Minga es política, para hacerle oposición al Gobierno. Lo primero es falso, lo segundo es cierto y no es delito. O no debería serlo. O no lo sería si en este país hubiera un Gobierno democrático y no un régimen del terror.”[5]
No es necesario entrar a hacer idealizaciones de las democracias burguesas, pero ciertamente, Colombia no califica para tener credenciales democráticas, como bien lo indica el movimiento indígena del Cauca. Pero el pueblo, gracias al efecto generado en gran medida por las propias intervenciones atarantadas y torpes de Uribe, ha perdido el miedo a pensarse a sí mismos y a sus reivindicaciones de manera política.
También en la huelga de los corteros la oposición ha sido criminalizada: el senador opositor Alexander López fue acusado de ser “instigador” de la huelga, sencillamente, por dar su apoyo a los corteros. Con estas afirmaciones, veladamente, se dice que no hay razones legítimas tras la protesta (la cual no existiría de no ser por los agitadores), pero también se envía una clara amenaza de que el respaldo político a cualquier movimiento que no sea del agrado de Su Majestad Uribe, puede ser criminalizada. Y efectivamente, como ya habíamos mencionado, dos de los asesores del senador fueron arrestados por dos semanas, junto a tres dirigentes de SINALCORTEROS (sindicato de los corteros), sin ninguna prueba contundente. De igual manera, tres extranjeros, de organizaciones solidarias, que estaban dando su respaldo a los corteros, también fueron expulsados del país bajo cargos de agitación.
Cuando Uribe habla de supuestas “fuerzas obscuras” tras las movilizaciones no se refiere a otra cosa que la solidaridad del pueblo. Uribe condena al envío de dineros por parte de organizaciones populares y sindicales extranjeras a los corteros o a los pueblos originarios, algo que es práctica común en toda América Latina y que sería muy raro que no se diera precisamente en el país donde el sindicalismo ha sido más golpeado. Pero lo más sorprendente de estas acusaciones, es que provienen de un presidente hipócrita que él mismo es financiado de manera bastante generosa por la Unión Europea, y principalmente por los EEUU que le han donado al menos 6 mil millones de dólares solamente en asistencia militar...
La Minga, el liderazgo colectivo y desde abajo
En este contexto de amplia politización de la protesta, de su criminalización y señalamiento por parte del gobierno, y de aguda represión, la Minga popular adquiere proporciones titánicas. Minga viene del vocablo Quechua Mink’a, que quiere decir “trabajo colectivo” y en ese sentido se utiliza en las comunidades de todos los Andes. Según el diccionario Quechua-Castellano de Angel Herbas Sandoval (1998) en el término también se implica el sentido de un “acuerdo” o “pacto”. Y también debemos considerar el sentido del “trabajo colectivo” en los pueblos indios: este trabajo es de beneficio para la comunidad y se realiza en un ambiente festivo, frecuentemente con música. Por ello la Minga ha sido un hecho alegre y colorido, pese a las tragedias y la violencia que ha enfrentado.
Fiel a este espíritu, la Minga ha sido más que una simple marcha de Cauca a Cali, y de ahí a Bogotá: ha sido un auténtico instrumento para canalizar la unidad de todos los sectores populares. Es parte de un despertar profundo del pueblo colombiano que se vuelve a levantar, dignamente, dejando atrás el silencio impuesto por el terror. Pero a su vez la Minga indica una manera distinta de hacer política, de organizarse y de luchar. Una forma incluyente y participativa, “con verdadera democracia para que los de abajo ejerzan colectivamente su derecho a proponer, decidir y orientar a quienes les representan”[6].
En palabras de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN): “con una dignidad conmovedora y dura, los nadie, los ninguno, han recordado al mundo, a los malos Gobiernos y a los líderes que la autoridad no se delega. Solamente se delega la representación, porque la autoridad únicamente está en la voluntad de los pueblos concientes y movilizados en Minga por la Vida y la Dignidad. Quienes no son capaces de recoger y de respetar la palabra del pueblo, la que ha caminado con tanto sufrimiento y amargura, no pueden representarlo. Ni oportunistas ni autoritarios tienen espacio ante la Minga: esa es su palabra.”[7]
La Minga es germen de una nueva sociedad, de una nueva forma de horizontalizar el poder, de un mundo posible fundado sobre la democracia directa, el respeto a la diversidad y la unidad de los de abajo.
El Uribismo: la política del resentimiento y de los chivos expiatorios
Al mensaje sereno pero decidido de la Minga, a su movilización perseverante, se ha opuesto la mentira oficial, propagada y repetida por todos los medios informativos: acá nadie tiene por qué reclamar, no hay razones, si los indios son “grandes terratenientes”, tienen más “beneficios” que el resto de los colombianos, etc. El propio Uribe se encargó de decir verdades a medias (y sabemos que verdades a medias son mentiras completas las más de las veces), como que los pueblos originarios poseen el ¡27% del territorio colombiano! Según Uribe, el problema de la concentración de la tierra es creado por el sector más empobrecido de la sociedad colombiana (las comunidades indígenas) y no por los 3.000 terratenientes que concentran el 53% de la tierra cultivable –entre los cuales, por cierto, está el propio presidente[8]. Claro, también se cuidaba Uribe de no mencionar que mucha de esa tierra se encuentra en manos de paramilitares y parapolíticos, habiendo sido sus legítimos dueños desplazados de manera violenta para abrir paso a la palma africana, o que la inmensa mayoría de esta tierra no es cultivable por hallarse en selvas, páramos, el desierto guajiro, la orinoquía o en reservas nacionales.
Cabe señalar que esto no ha sido algo exclusivo hacia la movilización indígena, sino que es una constante hacia todos los movimientos que protestan: no solamente negar las causas de la protesta, sino que convertir, súbitamente, a quienes protestan en supuestos “privilegiados”, para aislarlos de la solidaridad de sus compañeros de condición, de sus hermanos de clase. El uribismo siembra hábilmente la división apoyándose de una política del resentimiento, en donde se canaliza la rabia popular hacia los “vecinos”, para así desviar la atención de los verdaderos responsables de las miserias del pueblo. En el caso de ASONAL ocurrió algo parecido: se comparaba los sueldos de los trabajadores del sector judicial con los trabajadores que ganan el sueldo mínimo, tratando de restarles la solidaridad de estos últimos por resentimiento, a la vez que se ocultan los sueldos que reciben las altas esferas de la burocracia estatal y toda la “rosca” atornillada en el poder detrás de Uribe. La única alternativa de nivelación aceptable a Uribe, es la nivelación hacia abajo... pero la política del resentimiento pierde terreno ante la creciente conciencia del pueblo, y la unidad de los sectores oprimidos y explotados se consolida a pasos agigantados.
A decir verdad, la política del resentimiento y de los chivos expiatorios es un rasgo característico de los regímenes totalitarios, y particularmente, de los fascismos. Hemos señalado con anterioridad que se ha experimentado un proceso de fascistización agudo por parte de la sociedad colombiana, principalmente de las clases medias urbanas, el cual ha ido de la mano del proyecto autoritario de Uribe desde el Estado. En el Estado fascista por excelencia, la Alemania de los ’30, el Gran Capital, y sobretodo la Gran Banca, habían apoyado irrestrictamente a Hitler; así entonces “la imagen del ‘judío rico y explotador’ (...) conviene al gran capital, (...) porque desplaza el anticapitalismo de las masas pequeño-burguesas hacia los ‘judíos’”[9]. Los “judíos” en Colombia, como hemos visto, sobran y los paralelos con los regímenes fascistas son aterradores.
Un pueblo en marcha...
Hoy la Minga llegó a Bogotá -Bacatá según la lengua de los Muiscas- tras una larga marcha, dos encuentros fracasados con Uribe y muchísima sangre y represión. Su llegada marca un hito en la historia reciente de Colombia y no es una exageración decir que esta movilización esta gestando cambios muy profundos en el país. La Minga marca claramente un punto de inflexión en el largo período de reflujo del movimiento popular. Ahora los sectores explotados y oprimidos van nuevamente a la conquista de la iniciativa perdida.
La Minga se ha encontrado con un país en estado de emergencia, con un estado de conmoción interior y un estado de emergencia económica ya declarados, que amplían las enormes facultades de que ya goza el Ejecutivo, el cual sigue acumulando poder con cada vez menos mecanismos de contrapeso. Decíamos hace un par de meses que la crisis política-institucional que atraviesa Colombia, sumado al proceso de fascistización del Estado y de la clase media urbana enardecida, podía perfectamente llevar a la consolidación de una dictadura en el estricto sentido de la palabra[10]. Tal escenario parece estarse consolidando, pese a que las bases de esta proto-dictadura se revelen cada vez más endebles.
El principal factor de debilitamiento (no el único) que enfrenta el actual régimen, está, precisamente, en la extensión y profundidad de la protesta social. La crisis institucional colombiana, la cual ha sido catapultada por las contradicciones exacerbadas por el proyecto intrínsecamente autoritario de Álvaro Uribe, no había visto al pueblo organizado y en las calles convertirse en un actor estelar sino hasta ahora. Por tanto, los resultados de la Minga no deben medirse en términos inmediatistas (pues se sabe no será mucho lo que se avance en las demandas concretas) sino que en la medida en que se sienta la base para ganar fuerzas sociales que permitan dar una lucha de largo aliento. Esta lucha debe permitir invertir una correlación de fuerzas de momento desfavorable a los sectores populares y así garantizar las condiciones “sociales” para futuras victorias.
La hora es de canalizar todas esas fuerzas que han empezado a converger en torno a la Minga y convertirlas en alternativa social. Una alternativa que recoja lo mejor que se ha consolidado en la lucha, que supere las formas tradicionales de la política, que se convierta en proyecto de poder popular. La Minga tendrá que reunirse, una vez más con los mentirosos compulsivos que se encuentran en el gobierno, y lo más probable es que esas reuniones no lleguen a nada, o en el mejor de los casos, a nuevas promesas que seguirán incumplidas. La Minga debe cuidarse de no desgastarse en ese proceso, ya que no puede descuidar su principal tarea que es ser instrumento para facilitar la unidad, desde abajo y en movimiento, para este pueblo en la larga marcha hacia la conquista de su destino.
José Antonio Gutiérrez D.
21 de Noviembre del 2008
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[1] Mencionábamos, a finales de Junio que “el continuismo uribista no es otra cosa que la prolongación de un sistema en crisis aguda de legitimidad. Lo que si es indiscutible, es que, de momento, todas las soluciones al conflicto, se están barajando por arriba: el gran ausente en la crisis colombiana es el pueblo organizado.” http://www.anarkismo.net/article/9243
[2] http://www.anarkismo.net/article/10462
[3] http://www.anarkismo.net/article/10450
[4] La huelga de los corteros y su desenlace parcial lo hemos analizado en más detalle en www.anarkismo.net/article/10668
[5] http://www.anarkismo.net/article/10338
[6] http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=9001
[7] http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=9001
[8] Ver artículo de Mauricio García V. http://www.elespectador.com/columna86008-mucha-tierra
[9] Poulantzas, Nico “Fascismo y Dictadura”, Ed. Siglo XXI, 2005, p.298. Sobre el apoyo del Gran Capital Industrial y Financiero al nazismo, ver la op. cit. pp. 101-102. Este libro, pese a algunos sesgos dogmáticos, a algunas exageraciones y algunas categorías dudosas, sigue siendo un punto de referencia obligado para el estudio del nazi-fascismo, junto con el libro de Daniel Guérin “Fascismo y Gran Capital”. Pese a las diferencias propias del período y de la condición dependiente de la economía colombiana, no dejan de ser sorprendentes ciertos paralelos notables entre el uribismo y la “época dorada” de los fascismos europeos.
[10] Ver “Pasos de animal grande, crujidos institucionales, ecos de lucha” http://www.anarkismo.net/article/9731 “Colombia: el cálculo político disfrazado de ‘humanitarismo’” http://www.anarkismo.net/article/9563 o “Yidispolítica y la re-elección de Uribe: la salida cesarista a la crisis institucional en Colombia” http://www.anarkismo.net/article/9243
