The Coca-Cola Case

Dos abogados y activistas de los derechos laborales ', Daniel Kovalik del Sindicato de Trabajadores del Acero de América y Terry Collingsworth del Organismo Internacional de Defensores de los Derechos, y el socio de Ray Rogers, de la Campaña Corporativa firmemente convencidos de que las corporaciones multinacionales EE.UU. deben rendir cuentas por las prácticas de miserable de sus socios comerciales en todo el mundo. Para llevar su batalla, recurren a una ley que data del origen de la Constitución de Estados Unidos - The Alien Tort Claims Act "- que permite a los extranjeros a presentar una demanda en los EE.UU. contra los estadounidenses que violan las leyes internacionales. La película cuenta la historia de su lucha contra uno de los iconos estelares de Estados Unidos: la empresa Coca-Cola.


Los cineastas hacen un seguimiento al trabajo de los abogados Daniel Kovalik y Terry Collingsworth, y del militante Ray Rogers, director de la Campaña Stop Killer-Coke, quienes levantan un acta de acusaciones contra el imperio de Coca-Cola por los delitos de secuestro, tortura y asesinato de dirigentes sindicales que luchan por el mejoramiento de las condiciones de trabajo en países como Colombia, Guatemala y Turquía. Con ello, los abogados buscan obligar al gigante norteamericano de la industria de bebidas gaseosas a responder por sus actos en una lucha jurídica por los derechos humanos.
























Por: The Coca-Cola Case - Sinaltrainal - Killer Coke

El bandido y el profeta

Ahora, cuando el bandido ha muerto, las palabras del profeta Gonzalo Arango vuelven a circular como la sangre, en un país que el poeta nicaragüense Rubén Darío, en un hiperbólico poema, denominó como “una tierra de leones”. Y más bien podría afirmarse que Colombia es una tierra de bandidos y mercaderes de la muerte, de mafiosos y alzados en armas, de muchas tribulaciones y riquezas y pobrezas al por mayor.

Y nos llega otra vez la voz del nadaísta, con su vaticinio de fuego, en la pertinente “Elegía a Desquite”, cuando acribillaron de ocho tiros a otro bandido y su cadáver salió en todos los periódicos como un botín de guerra, en exposición para nuevos escarmientos: “¿Estoy contento de que lo hayan matado? Sí. Y también estoy muy triste”.

El canto de Gonzalo Arango, de hace casi cincuenta años (y la guerra en Colombia lleva muchos años más), vuelve hoy a resonar con la muerte de alias el Mono Jojoy, alias Jorge Briceño, y cuyo nombre de pila desapareció como el de Desquite, que se llamaba José William Ángel Aranguren y que “de tanto huir había olvidado su verdadero nombre”.

Colombia tiene padres, hijos y nietos de la Violencia. Una violencia que de liberal-conservadora fue pasando a la guerrillera, a la paramilitar, a las de autodefensas, a la de los capos de las mafias de narcotraficantes, y así. ¿Qué clase de país es este que es capaz de crear a Tirofijo, a Pablo Escobar, a Sangrenegra, a los Castaño, a bandidos de toda índole, muchos de los cuales mueren en su ley? ¿Qué tipo de “patria” es ésta en la que tantos se vuelven bandidos no sólo para matar sino para que a ellos no los maten?
Algo así proclamaba en su elegía el profeta nadaísta cuando se refería a Desquite, un producto de la violencia, cuyas primeras letras fueron machetes y escopetas. “Su patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino, le dan una psicología de asesino. Seguirá matando hasta el fin porque es lo único que sabe: matar para vivir (no vivir para matar)”. Algo similar le pasó al Mono Jojoy, a cuyo padre “lo mataron durante la guerra con Rojas Pinilla”, según le contó él mismo al sociólogo Alfredo Molano.

Ahora, cuando el bandido ha muerto, cuando su equivocado camino se ha terminado, las palabras del poeta antioqueño vuelven como flechas a clavarse en la conciencia de todos. “¿Qué le dirá Dios a este bandido?”, se pregunta Arango. Y su respuesta es de escalofrío: “Nada que Dios no sepa: que los hombres no matan porque nacieron asesinos, sino que son asesinos porque la sociedad en que nacieron les negó el derecho a ser hombres”.

Y ahora que hablamos de poetas, qué pensar de aquel inglés, John Donne, gran metafísico, cuando decía que “la muerte de cualquier hombre me disminuye”. ¿Acaso esto puede acaecer con las muertes, por ejemplo, de Pablo Escobar, de Castaño, del Mono Jojoy…? Y entonces debemos volver a la “Elegía a Desquite”, cuando el poeta se pregunta a dónde irá el bandido: “Pues a la tierra que manchó con su sangre y la de sus víctimas. La tierra, que no es vengativa, lo cubrirá de cieno, silencio y olvido”.

Casi siempre los poetas son los mejores “retratistas” de la sociedad. Y también, como lo decía alguien, la “mala conciencia” de su tiempo. Arango lo sabía y así lo expresa en su elegía: “Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. Merecía morir sin duda, pero no más que los bandidos del poder”.

Colombia, habría que decirlo sin poesía alguna, es una tierra de bandidos. De los de arriba y de los de abajo. Y en este punto las palabras de Gonzalo Arango siguen lacerando, cuando se pregunta si “¿no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?”. Esta pregunta no ha tenido respuesta tras tantos años de la muerte de Desquite. Tal vez por eso el bandido sigue resucitando.

Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: elespectador.com

La CGT del lado del gobierno y en contra de los trabajadores

Durante la 99º Conferencia de la OIT, realizada este mes en Ginebra – Suiza, el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, manifestó su apoyo a la candidatura de Juan Manuel Santos, quien fue ministro de defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, caracterizado por perseguir, estigmatizar e impedir el desarrollo de la organización sindical y que convirtió al país en el lugar más peligroso del mundo para ejercer esta actividad gremial.

Además, según lo manifestaron los dirigentes que conformaron la delegación de la Conferencia de la OIT, a pesar de que el documento que presentó la CGT en Suiza pedía la inclusión de Colombia en la lista de los 25 países cuestionados por las violaciones a los derechos laborales, en sus intervenciones públicas Gómez defendió fue el esfuerzo del gobierno y la mejoría en la situación de los trabajadores.

La decisión final de la OIT fue retirar a Colombia de esta lista, desconociendo la grave situación de seguridad y las precarias condiciones laborales que sufren los trabajadores colombianos. Éste se convertirá en el principal argumento que esgrimirá el gobierno colombiano ante el mundo para buscar que los congresos y parlamentos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea aprueben los Tratados de Libre Comercio, que justamente estaban congelados por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y laborales.

La razón principal de la adhesión de Julio Roberto Gómez a la candidatura de Santos es que su vicepresidente es “el compañero Angelino Garzón, caracterizado dirigente sindical y quien como Ministro de Trabajo, como Gobernador del Valle del Cauca y como Embajador de Colombia ante Naciones Unidas con sede en Ginebra Suiza, siempre fue leal al sindicalismo”, según lo afirmó el propio dirigente sindical. Angelino Garzón, al servicio del gobierno de Álvaro Uribe, ha trabajado por la aprobación de los TLC, poniéndose en contra de los intereses de los trabajadores colombianos, y del lado de las transnacionales y del sector financiero global.

Lamentamos esta decisión del presidente de la CGT, quien a comienzos de este año, sin explicación alguna, retiró a la Central de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, RECALCA, espacio amplio, democrático y plural de lucha contra los TLC. Ahora se pone del lado de Juan Manuel Santos y Angelino Garzón, quienes han prometido respaldar la instalación de al menos siete bases militares gringas en Colombia y aprobar los TLC que terminarán de sumir al país en el atraso y el subdesarrollo.

Hacemos un llamado a las bases sindicales del país y a todas las organizaciones sociales y de oposición, a redoblar esfuerzos frente a la sociedad colombiana y la comunidad mundial, para que se sepa que Colombia es el país con la mayor tasa de desempleo en América Latina, con la mayor tasa de informalidad, con condiciones de trabajo indignas y donde sus líderes sindicales sufren persecución y asesinatos como en ninguna otra nación en la tierra. Denunciamos que, usando un pequeño sector del sindicalismo, la clase dirigente colombiana quiere engañar a los congresos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, para que aprueben los TLC aún cuando la situación de derechos humanos y laborales en Colombia es cada día peor.

Por: Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio
Tomado de: prensarural.org

El fútbol hecho tragedia

Iba a ser un hermoso y colorido cuento de hadas. Fue una oscura y sangrienta pesadilla que terminó de sellarse el 2 de julio de 1994 con el asesinato en Medellín de Andrés Escobar. Iba a ser la victoria prevista por Pelé, el canto al fútbol lírico, la confirmación de aquel histórico triunfo contra Argentina en Buenos Aires.

Fue el dolor, la cuchillada infinita a cientos de miles de ilusos que vendieron hasta la inteligencia para presenciar la victoria, por fin, de una Selección Colombia en una Copa del Mundo. Nunc a antes un grupo colombiano de lo que fuera había concitado tanta pasión. La discusión no era cómo va a hacer Colombia para obtener la Copa, sino cómo iban a hacer los colombianos para no matarse cuando llegara el triunfo, como lo hicieron después del 5-0 a Argentina.

Jamás hubo análisis futbolísticos ni críticas. Quien se atreviera siquiera a dudar era señalado como apátrida, como si el fútbol fuera la patria. Cada uno de los 22 partidos de cartón que ganó el equipo de Francisco Maturana fue celebrado a rabiar, con profusos elogios en los noticieros de televisión y portadas a todo color de los periódicos. Los goles se repetían una y otra vez, con el “ay qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano” de fondo. Banderas por todos lados, pelucas de Carlos Valderrama por doquier, camisetas amarillas en cada esquina. El fútbol, Maturana, Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Andrés Escobar, Leonel Álvarez, Óscar Córdoba y Cía eran el tema del día todos los días y a toda hora, y el negocio del siglo, por supuesto.

Por eso, por todo aquello, y por las apuestas a favor de Colombia, y por los comentarios de los expertos en el mismo tono, y los titulares de los diarios en el mundo, y el voz a voz que, incluso, se tomó los círculos futboleros de Estados Unidos, la primera derrota colombiana en el Mundial fue mucho más que un simple bofetón. Los goles de Georghes Hagi y Raducioiu (2) en el Rose Bowl desnudaron a Colombia, pero no sólo en su fútbol. La desnudaron en su esencia, porque apenas se terminó aquel partido los rumores gritaban que varios jugadores habían apostado en contra de su propia selección, que los líderes, Valderrama, Asprilla, Rincón, ni se hablaban, que Maturana había estado a punto de agarrarse a trompadas con uno de ellos, que Rincón tenía pánico porque una bruja en el Chocó le había vaticinado una fractura en la Copa que acabaría con su carrera.

Los rumores aún no mataban. Sin embargo, cuarenta y ocho horas después del revés frente a los rumanos, los recién estrenados rumores, más las mafias que hacía 15 años manejaban al fútbol colombiano, más los apostadores, más los comentarios desmedidos de los periodistas, muchos pagados por carteles de la droga, llevaron a un sujeto o a un grupo de sujetos a quienes nunca se investigó a amenazar de muerte a Francisco Maturana si decidía que Gabriel Jaime Gómez jugaba ante Estados Unidos el 22 de junio. En medio de aquel infierno, Colombia salió a enfrentar al conjunto estadounidense. No hubo charla técnica. No hubo indicaciones. Mucho menos, arengas motivadoras. Los colombianos que salieron al campo del Rose Bowl para disputar su segundo partido en la Copa eran cadáveres andantes.

Así jugaron y así perdieron. Así fueron eliminados de la Copa. Los periodistas y los hinchas analizaron el juego desde los errores tácticos y técnicos, desde lo que vieron que ocurrió en la cancha. ¿Cómo podían jugar un partido de fútbol unos tipos a los que acababan de amenazar de muerte en un país en el que la vida no vale nada? ¿Qué concentración podían tener? ¿Qué tranquilidad? De alguna manera, guardando ciertas proporciones, y poniendo el énfasis en el posterior asesinato de Andrés Escobar, aquel partido fue como el que disputaron el Dínamo de Kiev y sus carceleros nazis durante la segunda Guerra Mundial, un juego de muerte que terminó con el asesinato de los jugadores rusos, que habían vencido a los nazis y tenían que pagar con su vida semejante afrenta.

La última escala de Colombia en USA 94 fue contra Suiza en San Francisco. Una victoria 2-0, un frío y nulo triunfo adosado por los treinta y tantos grados centígrados de aquel verano acabaron con el cuento de hadas. Las noticias reseñaron luego la sanción a Diego Maradona por doping, los distintos partidos, la final entre Italia y Brasil, el tiro penal fallado por Roberto Baggio que le dio el título al Scracht y una que otra columna que recordaba el fracaso de los colombianos. La más grave y triste de todas, no obstante, tuvo que ver poco con el fútbol. Fue fechada en la madrugada del 2 de julio. Un pistolero identificado como Humberto Muñoz Castro asesinó en la ciudad de Medellín al futbolista Andrés Escobar Saldarriaga. Nunca antes, nunca después la Copa fue tan trágica.

Por: Fernando Araújo Vélez
Tomado de: blogs.elespectador.com

Uribe 2002-2010, hecatombe social

Como despedida del gobierno uribista, el nivel de pobreza es el mismo desde 2008. Afecta al 46 por ciento de la población, y la pobreza extrema llega a un 17,8. Una muestra apenas de que en los ocho años de Uribe el social fue el sector más afectado. La situación de los hospitales y la crisis estructural de la salud son lo más grave. El desempleo alcanza el 12,8 por ciento y la Corte Constitucional declaró en peligro de extinción a 32 de los 102 pueblos aborígenes. La posibilidad de que un joven muera asesinado en Colombia es cinco veces más alta que el promedio de América Latina.

Son 29 millones de personas las que viven en extrema pobreza y que conforman los niveles 1 y 2 del Sisben. En consecuencia, dos de cada tres colombianos padecen esta crítica situación. Y cuatro de cada cinco trabajadores devengan menos de dos salarios mínimos legales. Dado el caro valor de la canasta familiar, para los estratos socio-económicos bajos, la capacidad de compra del salario mínimo legal en Colombia es de tan solo un 47 por ciento. Ni con dos salarios mínimos, el trabajador puede satisfacer los requerimientos básicos de su familia.

El despojo de reivindicaciones, con deterioro en el mercado de trabajo, y los problemas derivados de la pobreza y la indigencia, resumen la problemática social. La violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es de carácter estructural y está generalizado en Colombia.

Los 29 millones de pobres, de los cuales nueve son indigentes, no tienen garantizados sus derechos a trabajo digno, vivienda, educación, alimentación, recreación y seguridad social. En contraste, las transnacionales, los grandes empresarios y banqueros son beneficiados con exenciones y subsidios. La iniquidad y la exclusión se constituyen en los principales obstáculos para sembrar en el país una cultura de derechos humanos, democracia, justicia y desarrollo sustentable que posibilite poner fin a un conflicto ya crónico.

Los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, la población rural y los trabajadores constituyen las principales víctimas de la exclusión y la violencia de este régimen. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país mantiene la misma pobreza desde 2008, y eso, gracias a la caída de los precios de los alimentos –por la sobreoferta interna que ocasionó la ruptura de relaciones con Venezuela. Los dos gobiernos de Uribe apoyaron la concentración de la riqueza como nunca antes.

Según la reciente medición de la concentración del ingreso por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el valor del Gini para Colombia es de 59,2 (estadística que mide la desigualdad, entre 0 y 100, y el 0 significa la igualdad absoluta –todos los habitantes del país tienen una riqueza similar–, y el 100 la desigualdad absoluta). Es decir, andamos como el país de mayor iniquidad en el continente americano. Por encima de los Estados Unidos (40,8), México (46,1), Venezuela (48,2), Costa Rica (49,8) y Guatemala (55,1).

A comienzos de la década de 1980, el porcentaje del valor agregado apropiado por los trabajadores en el PIB era del 44 por ciento. Un porcentaje que viene en caída acelerada. En el 2000, esta participación fue de 36,5 y en 2009 tuvo su nivel más bajo: 32 por ciento. De este modo, en las tres últimas décadas, los asalariados perdieron 12 puntos en la apropiación de la riqueza que el país produce.

Elocuentes cifras

Según las cifras del Dane, la tasa de desempleo es de 12,8 por ciento. En febrero de 2010, la población ocupada fue 18,9 millones; la desocupada 2,7 millones, y la inactiva 13 millones de personas. La posición ocupacional que registró mayor participación durante el trimestre móvil diciembre 2009-febrero 2010 fue el trabajador por cuenta propia (43,5%). El empleo se concentra en las actividades más precarias e inestables: comercio, restaurante y hoteles cubren el 27,1 por ciento del total de puestos de trabajo. La combinación de estos dos factores explica la actual tendencia a la precarización del mercado de trabajo colombiano:–según el Dane, de cada 100 trabajadores ocupados, 58 son informales, esto es, cerca de 11 millones. En resumen, un relativo 63,4 por ciento de la población económicamente activa, 13,7 millones de quienes viven de vender su fuerza de trabajo, sufren la exclusión o la mala calidad laboral.

A su vez, ninguna institución o sector social quedó por fuera de la voracidad, intereses y propiedad del capitalismo: la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, la energía, el agua, el saneamiento básico y el medio ambiente. A contrapelo de la Constitución, durante la última década, el sector social es objeto de la más implacable privatización. De la transformación en la lógica de su funcionamiento y colonización por parte del capital nacional y transnacional. La perspectiva de derechos es reemplazada por el de mercancías y riesgo, y la prestación de los servicios sociales se desvaneció en el ilusorio sistema de “aseguramiento”.

En general, la política social durante el dominio Uribe se caracterizó por el asistencialismo y el populismo, a fin de cooptar políticamente a la población más vulnerable, hacerla depender de los intereses del gobierno, sin intentar una superación de los problemas de exclusión e injusticia que campean en Colombia.

En relación con el enfoque poblacional, Uribe desestimó la perspectiva de derechos. Contrario a la justicia básica de la política social, prefirió beneficiar a los más ricos (por ejemplo, a través de Agro Ingreso Seguro). En este largo período de la vida nacional, se profundizó la brecha entre varones y mujeres en cuanto a la incidencia de la pobreza y la indigencia. La desigualdad en el ingreso percibido por unos y otros también se incrementó. Con igual nivel educativo, las mujeres ganan menos que los hombres.

La perspectiva de represión que reemplazó a la de derechos durante los gobiernos de Uribe ha representado el encarcelamiento de una alta cantidad de jóvenes: de los 78.000 presos actuales (población que se duplicó en estos últimos ocho años), un 80 por ciento tiene edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. Pero los adolescentes no escapan de esta situación; debido al nuevo Código de la Infancia, que criminaliza a los pobres. En 2009, según la Dirección de Protección y Servicios Espaciales de la Policía Nacional, el número de menores de edad (entre 14 y 17 años) capturados por la comisión de delitos fue de 22.000.

Finalmente, en el período 2002-2010, la prioridad del régimen uribista fue el gasto militar para incrementar la guerra y reprimir la sociedad: en 2002, estos gastos representaban un 4,8 por ciento del PIB y aumentaron al 5,6 en 2010, sin incluir los recursos estadounidenses para el ‘plan Colombia’. Su objetivo, por tanto, no era acabar con la pobreza sino con los pobres. Cómo no, si el gasto social registró un exiguo crecimiento en relación con su participación en el Producto Interno Bruto: de 10,1 por ciento pasó a 11,9 por ciento (en 1996 había alcanzado el 16 por ciento). En América Latina, este promedio es de 17 por ciento.

* Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Consultor, investigador y escritor independiente. Catedrático de la maestría en Derechos Humanos de la UPTC; Consultor de Unicef para la Política de Juventud de Colombia; Asesor de la Política Pública Departamental de Juventud de la Gobernación de Cundinamarca; Consultor del IGAC-MinAmbiente en la Zonificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.

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La educación quedó en camilla

En educación, la cobertura neta de básica llegó a 92,4 por ciento, en tanto que a la educación básica y media asisten 11 millones de estudiantes. Sin embargo, mientras en el rango de edad de 13-17 años, la proporción de adolescentes incorporada a la educación llega a un 80 por ciento, entre los 18 y los 22 años desciende a 55, y sólo a 50 entre los 23 y 26 años.

Si bien la cobertura en educación superior aumentó, de un 20,6 por ciento en 2002 a un 33,3 incluidos los estudios técnicos, tecnológicos y profesionales; en 2008, la deserción hacia el final de los programas de estudio alcanzó el 50 por ciento. En otras palabras, sólo uno de cada tres colombianos inicia algún estudio después de terminar el bachillerato. Y apenas, el 16 por ciento logra culminarlo. Varias razones explican esta deserción: la primera, y más grave, es el bajo nivel académico de la educación básica y media. Las otras causas se asocian con temas económicos: hogares con ausencia de ingresos para pagar los costos o los programas de financiamiento (becas y créditos).

Los problemas de calidad y pertinencia de la educación son de índole estructural. En pruebas internacionales como PISA, que mide la capacidad para analizar, razonar, comunicarse, examinar, interpretar y resolver problemas, Colombia ocupó en 2007 el puesto 53 entre 57 países. Respecto al Sena, la universidad de los pobres, aumentó los cursos y cupos de 50.000 a 200.000, pero no en educación formal, ya que la mayoría es de cursitos de corta duración.

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El colapso del sistema de salud

En el marco de esta crítica situación que viven trabajadores y sectores populares, el sistema de salud se encuentra colapsado financieramente debido a las altas tasas de ganancia de las EPS (intermediarias de los servicios de salud), la baja participación de quienes pertenecen al régimen contributivo y el no pago de los seis billones de pesos que el Gobierno adeuda al sistema, y deja por fuera a un 15 por ciento de la población.

De los 40 millones cubiertos, en el régimen subsidiado se encuentran 22,8 millones de personas y en el contributivo 17 millones (de los cuales sólo ocho aporta; el resto es de familiares). Un reflejo del desempleo, la precariedad del empleo y los bajos ingresos de la mayoría de los trabajadores. El aumento en la cobertura de salud se logró a costa de la calidad del servicio. Los usuarios deben recurrir a las acciones de tutela para lograr medicinas y tratamientos que el Plan Obligatorio de Salud les niega. En 2008 se interpusieron 142.957 tutelas.

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Los pueblos indígenas en la mira

Los pueblos indígenas han padecido de igual manera el terrorismo del Estado. Entre 2002 y 2009 sufrieron el asesinato de más de 1.200 integrantes, 176 desapariciones forzadas, 187 violaciones sexuales y torturas, 633 detenciones arbitrarias, más de 5.000 amenazas y 84 ejecuciones extrajudiciales, según reportes y pronunciamientos oficiales como el de Esta persecución tiene su origen principalmente en el interés de despojar a estos grupos étnicos de sus territorios; objetivo de las transnacionales mineras para instalar allí sus macroproyectos bajo la complacencia del Gobierno.

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La juventud y el odio del Gobierno

Los jóvenes han sido los más odiados por el régimen uribista. En 2010, la situación juvenil atraviesa su peor crisis desde la década de 1960, cuando se iniciaron las políticas de juventud en Colombia.

Ante la desinstitucionalidad social y política que vive el país, los jóvenes son gravemente afectados: son las principales víctimas de la violencia y el conflicto armado, pero también resultan excluidos de los sistemas de protección social, de la educación y de los procesos de desarrollo. En el país, sólo un 56,7 por ciento de los jóvenes de 14 a 26 años está afiliado al sistema de seguridad social; en consecuencia, cuatro de cada 10 jóvenes no cuentan con esta protección. De otra parte, el contrato informal prevalece en los vínculos laborales de los jóvenes: a la tercera parte de los trabajadores de le violan sus derechos laborales. Según el Dane, la tasa de desocupación de los jóvenes entre 14 y 26 años, a febrero de 2010, es del 22,7 por ciento. La crisis se origina y se manifiesta con mayor fuerza en el nivel nacional.

El prometido “Plan Decenal de Juventud 2005-2015 nunca se llevó a la práctica. Tampoco, concretó el Documento Conpes, que buscaba coordinar y dar directrices sobre el Sistema Nacional y la Política de Juventud. Peor aún, la grave recesión económica golpea con mayor fuerza a los jóvenes, tanto por el lado del desempleo como con la caída de ingresos y la precarización en los puestos de trabajo.

Violencia y “falsos positivos”. Uno de los más graves problemas que afectan a la población juvenil es la violencia. En 2009, de los 17.565 homicidios reportados por Medicina Legal (aumentaron en 15,2 por ciento respecto a 2008), el 60 por ciento tuvo como víctimas a los jóvenes. Otro de los graves problemas que afrontan, es el de los mal llamados “falsos positivos”. Philip Alston, relator de las Naciones Unidas que recientemente recabó testimonios sobre la matanza de jóvenes, presentó un informe en el cual concluye que “los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate suman los 1.800” (ver mapa).

Represión penal. A todo lo anterior se le suma la serie de proyectos de ley que impulsa el Congreso contra la juventud colombiana y que tienen el mismo espíritu de restricción de libertades y castigo, que inspiró la creación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en el marco del nuevo Código de la Infancia y Adolescencia1 y la Ley de Pequeñas Causas Penales2. Como resultado, se castiga con cárcel el hurto en sus diversas formas, conducta que se incrementa en la población joven mayor de 18 años, perteneciente a estratos socio-económicos bajos. El más protuberante proyecto de ley es el que prohíbe la circulación de jóvenes a partir de una hora determinada (“toque de queda para menores”), que se tramita en el Congreso de la República como Proyecto de Ley 145 de 2008 Senado. Otra iniciativa se dirige a las llamadas “barras bravas” (Ley 1270 de 2009). Finalmente, tenemos el Acto Legislativo número 2 del 17 de diciembre de 2009, que sin alternativa médica y de un nuevo contexto sicológico y social prohíbe la dosis personal.

En el Congreso cursa el Proyecto de Ley por el cual “se expide el Estatuto de Juventud y se dictan otras disposiciones”, resultado de acuerdos parlamentarios sin consulta ni participación juvenil. Este Estatuto de la Juventud reedita la cosmovisión que sobre el sector mantienen los grupos de poder en Colombia: asistencialismo, cooptación política, fuerza de trabajo funcional a las nuevas condiciones de explotación laboral e involucramiento en el conflicto armado. Peor aún, en el artículo 57 se desmontan los escasos avances concretos de la legislación que favorece a la juventud colombiana: “La presente Ley (Estatuto) rige a partir de su sanción y publicación, y deroga en su totalidad la Ley 375 de 1997”.

1 Ley 1098 de 2006.
2 Ley 1153 de 2007, considerada inexequible por la Corte Constitucional.


Por: Libardo Sarmiento Anzola
Tomado de: desdeabajo.info

Colombia 2010

Colombia 2010 from Nacho Salgado on Vimeo.

Desde hace 45 años Colombia está inmersa en un grave conflicto político, social y armado.
Esta crisis se expresa con una de las más altas tasas de desplazamiento interno del mundo, con ejecuciones extrajudiciales, ataques indiscriminados detenciones masivas, hostigamiento, amenazas y múltiples transgresiones al derecho internacional humanitario.

Entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 2010 una delegacion asturiana visitó diferentes departamentos del país con el objeto de verificar, por sexto año, la situación de los derechos humanos en Colombia.
En este documental quedan recogidas gran parte de sus conclusiones… (Ángela López)


DOCUMENTO VI INFORME(castellano)


DOCUMENTO VI INFORME (asturianu)


Tomado de: vimeo.com

Carta abierta a la comunidad universitaria

Escrito por MIGUEL ANGEL BELTRAN desde el pabellón de “Alta Seguridad” cárcel “la Picota” febrero 1 de 2010.

Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales,
que lavándose las manos se desentiende y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido,
partido hasta mancharse.

Paco Ibañez.

Estimados (as) estudiantes, trabajadores (As) y colegas de las universidades públicas y estatales del país.
Desde mi nuevo sitio de reclusión en el pabellón de alta seguridad del complejo carcelario “La Picota” les hago llegar un cálido saludo , acompañado de renovadas esperanzas de éxito en las luchas universitarias que vislumbran el horizonte del 2010, año consagrado por la tradición oficial a la celebración del bicentenario de la independencia.

Son más de ocho meses que llevo privado de mi libertad en un juicio que se adelanta por los supuestos delitos de “rebelión” y “concierto para delinquir con fines terroristas”, en el cual ha brillado la flagrante violación de mis garantías procesales, admitiendo pruebas ilícitas e legales como el computador del abatido jefe de las FARC, “Raúl Reyes” e incorporando como intervinientes especiales víctimas de esa organización guerrillera que no han recibido daño concreto, real y especifico por parte mía.

No siendo suficiente estas arbitrariedades, el pasado 23 de diciembre fui sacado sorpresivamente de las instalaciones de la cárcel nacional “Modelo”, bajo extremas medidas de seguridad, sin que se me informara el sitio de remisión. Durante dos días, tanto familiares como abogados y amigos desconocieron por completo mi paradero, al punto que se vieron precisados a alertar sobre esta situación a algunos medios de comunicación y ONGs Nacionales e internacionales. Mi traslado se produjo el mismo día en que obtuve –tras numerosas trabas institucionales- la autorización para la visita de mi hijo, a quien no veía desde hace dos años y “coincidió” con las denuncias que días atrás había formulado contra un funcionario de la cárcel nacional “modelo” por hechos de corrupción.


El próximo 17 de febrero se adelantara mi “juicio oral” que constituye el paso previo a la promulgación de sentencia, en un proceso revestido de tintes claramente políticos donde se juzgará el pensamiento crítico y la libertad de cátedra, principios que consagraran el movimiento estudiantil de Córdoba (Argentina) hace ya cerca de un siglo. Lo anterior en el marco de una cadena de ataques sistemáticos a la universidad pública, evidenciando no solo en el creciente recorte de recursos financieros que la vienen sometiendo a la implacable lógica del mercado del conocimiento y de los servicios, sino también de la violación de los principios fundamentales –que constituyen su esencia- como la libertad del pensamiento su autonomía institucional.


Así lo demuestran las detenciones arbitrarias, la intromisión de la fuerza púbica en el campus universitario, el asesinato y desaparición de estudiantes, las amenazas a profesores críticos, la solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación de los estudiantes pertenecientes a universidades públicas de Bogotá y la proliferación de acusaciones por rebelión a miembros de la comunidad universitaria, en juicios rápidos con restricción de acceso al material probatorio, como lo ilustra mi situación, la del profesor Fredy Julián Cortés y la del artista Luis Eduardo Sarmiento.


Esta situación que nos retrotrae a los oscuros años de las dictaduras militares en el cono sur , se torna aun más preocupante con a reciente propuesta del ejecutivo de vincular a mil estudiantes de Medellín como informantes de la fuerza pública, instrumentalizando para sus interés guerreristas las necesidades económicas de esta importante granja social, pretendiendo convertir a Colombia en un país de delatores y avivando, aun mas el conflicto armado y social que el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez pretende ocultar.


La incorporación con cave de estudiantes a estas labores de inteligencia militar no solo denota una ausencia de proyecto educativo para sectores estratégicos en el desarrollo culturas y social de la nación, sino que conlleva altos riesgos para la integridad de los mismos, transformando el campus universitario en un campo de guerra.


Cabe recordar que la red de informante, como uno de los pilares fundamentales de la mal llamada política de “seguridad democrática” ha servido para sustentar “falsos positivos” y con ellos, la persecución a numerosos intelectuales, estudiantes, docentes, líderes sociales, populares, indígenas que actualmente inundaron las cárceles del país, no en vano se habla hoy de más de 7.000 presos (as) políticos (As) sometidos (as) a condiciones inhumanas y de hacinamiento, y que el Estado colombiano trata de ignorar con el sofisma e estar librando una batalla frontal contra el terrorismo.


Frente a estos hechos, la universidad no puede evadir su responsabilidad esgrimiendo una supuesta “neutralidad” debe, por el contrario, asumir el compromiso social de liderar, desde la académica, la generación de propuestas que coadyuven a dar salidas a la problemática social. Es a través del debate abierto y pluralista de ideas-no del silencio y la consagración del pensamiento único- que la universidad puede garantizar el cumplimiento de su función social y erigirse en un verdadero medio de construcción y transformación social, en el contexto de un mundo cada vez más cambiante.


Esto se hace aun más necesario en un país como e l nuestro donde –como nos lo recordaba un colega de la Universidad de Antioquia- la gente “se amordaza, se tapona y se venda para no hablar nada, no oír nada y no ver nada “, porque –en una sociedad atravesada por el conflicto interno resulta conveniente guardar silencio para no equivocarse y mucho más cómodo hablar el lenguaje de lo que en detentan el poder, para no convertirnos en objeto de sus represalias.


Mi vida académica ha estado estrechamente ligada a la lucha por los ideales democráticos, primero como estudiante, luego como docente y ahora como preso político de un stablichmentque criminaliza el trabajo docente e investigativo comprometido. Agradezco a todos y todas los (as) estudiantes, trabajadores (as) y colegas de la universidad pública y de algunas universidades privadas que con sus palabras y acciones –ya sea de manera abierta o silenciosa- me han brindado su valiosa solidaridad. Así mismo agradezco a la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), a la Asociación de profesores de la Universidad de Antioquia (ASPRUDEA),a, a las organizaciones y grupos de trabajo estudiantiles, así como a sus medios alternativos de información por su incansable compromiso en pro de mi libertad, que no es otro que el compromiso con la libertad de pensamiento y opinión y el respeto por el que hacer científico e intelectual.


Tengan la certeza de que la labor que ustedes han desarrollado no ha sido en vano, y aunque estos barrotes y guardia armados pretenden atemorizarme y debilitar mis convicciones democráticas, pueden estar seguros (as) de que mantendré incólume mi voz crítica, mi compromiso con la defensa de la universidad pública y la búsqueda de salidas políticas al conflicto armado y social que vive Colombia.



Fraternalmente,

Miguel Ángel Beltrán Villegas

Profesor Asociado Sociología, Universidad Nacional de Colombia

Desde el pabellón de “Alta Seguridad” cárcel “la Picota” febrero 1 de 2010.



Por: Miguel Ángel Beltrán Villegas
Tomado de: libertadmiguelangelbeltran.com

Muertes anunciadas y responsabilidades del Gobierno y del Estado

Lamentablemente tenemos que dejar nuevas constancias ante el país, ante la humanidad y ante la historia, de hechos aberrantes contra la vida. La muerte y el terror, accionados por el Estado y sus brazos ya no tan clandestinos, continúan ensañados contra nuestra Comunidad de Paz y la población de nuestro entorno, y la impunidad sigue cubriéndolo todo. Los organismos de control brillan por su ausencia. Los victimarios del poder ejecutivo se atrincheran en cinismos cada vez más audaces. La Defensoría ni se entera de lo que pasa, a pesar de haber recibido el encargo de la Corte Constitucional de evaluar permanentemente las medidas de protección.

• El martes 9 de febrero de 2010, a las 5:30 horas de la madrugada, fue ejecutado en su propia casa, ubicada a 10 minutos del caserío de San José, en el camino que conduce hacia La Unión, Don FABIO MANCO por dos Paramilitares que llegaron a su vivienda encapuchados, mientras otros dos los esperaban en las afueras de la vivienda, horas mas tarde fueron vistos en el lugar llamado Tierraamarilla entre San Jose y Apartado. Su muerte había sido anunciada nominalmente el pasado 16 de noviembre (2009) cuando el paramilitar ampliamente conocido, WILFER HIGUITA, acompañado de otro personaje en traje civil, abordó a un poblador del caserío de san José y le mostraron una lista de personas para ejecutar, entre las cuales estaba el nombre de Don Fabio Manco, como también los de LUIS ARNELIO ZAPATA, ejecutado el 29 de noviembre (13 días después del anuncio), REINALDO AREIZA, MARIO ARIAS, JESÚS QUINERO, WILMER TUBERQUIA y otros. Según el paramilitar, por cada una de estas personas se estaba ofreciendo una suma de siete millones de pesos. Es plenamente confirmado que Wilfer Higuita trabaja con el Ejército y fue él justamente el que le sirvió de mediador al CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, el 17 de enero de 2009, para chantajear a Reinaldo Areiza, pidiéndole que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz ganándose enormes sumas de dinero, y si no aceptaba sería judicializado como narcotraficante y financista de las FARC. Todas estos y hechos y amenazas se pusieron inmediatamente en conocimiento del Señor Presidente, superior y nominador del Coronel Rojas Díaz y por tanto con evidente responsabilidad de mando sobre sus actuaciones; se pusieron también en conocimiento del Ministerio de Defensa, y circularon desde allí a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y muchas otras dependencias. ¿Seguirán esperando impasibles el Señor Presidente y todos los organismos de control a que terminen de ejecutar a todos los de la lista? ¿Le seguirán dejando las manos libres al Coronel Rojas, al paramilitar Wilfer Higuita y a todos los que actúan junto a ellos? ¿Hasta cuándo?

• El domingo 24 de enero de 2010, dos paramilitares con armas cortas ingresaron a la vivienda de un integrante de la Comunidad de Paz en la vereda Las Claras, conminándolo a abandonar su parcela o de lo contrario será ejecutado.

• El martes 26 de enero de 2010, el coordinador de nuestra Comunidad en la vereda Las Claras recibió una llamada a las 7:00 horas, de personas que se identificaron como paramilitares, quienes le dijeron que lo iban a ejecutar por ser guerrillero integrante de esa h.p. comunidad de paz, pero que si quería arreglar las cosas, tenía que presentarse ante ellos a una cita.

Estos hechos continúan revelando una ensañada persecución contra nuestra Comunidad de Paz. Todas las tropas militares y paramilitares que recorren nuestras veredas han estado anunciando permanentemente el exterminio de nuestra Comunidad y en estos hechos demuestran que cuentan con el respaldo más alto para llevarla a cabo. Al dejar esta nueva constancia histórica expresamos nuestra más enérgica censura moral a un Gobierno que en lugar de acatar la Constitución y la Ley, quebranta sus más esenciales y sagrados principios, con escalofriante desparpajo criminal. En medio de tanta pesadumbre, nos alienta el acompañamiento de numerosas grupos dispersos por el mundo, que comparten nuestro amor a la vida y nuestra decisión inquebrantarle de no doblegarnos ante la muerte y la ignominia.


Comunidad de Paz de San José de Apartadó
21 de febrero de 2010


Por: Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Tomado de: cdpsanjose.org

Denuncia: Continua exterminio contra Fedeagromisbol Asesinados dos Agromineros en el Sur de Bolivar

Comunicado a la Opinión Publica Nacional e Internacional
Escrito por Federación Agrominera del Sur de Bollivar
sábado, 13 de febrero de 2010

Continua exterminio contra Fedeagromisbol: Asesinados dos Agromineros en el Sur de Bolivar

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos y rechazamos ante la opinión pública los siguientes hechos:

1. El día 10 de febrero de 2010 hacia las 7 de la mañana los hermanos OMAR ALONSO RESTREPO OSPINA Y JOSE DE JESUS RESTREPO de 26 y 40 años respectivamente de profesión agromineros y socios de FEDEAGROMISBOL y OMAR ALONSO presidente de la Junta de acción comunal del corregimiento el Dorado y fiscal de la Asociación agrominera del corregimiento el Dorado ; salieron del municipio de Montecristo hacia Caucasia Antioquia, con el fin de comprar unos repuestos para un vehículo de su propiedad. Llegaron a Nechi hacia las 10 de la mañana del mismo día y continuaron el viaje hacia Caucasia.

2. Según versiones de pobladores de la región los hermanos fueron abordados por un grupo armado a 20 minutos del municipio de Nechi y llevados con rumbo desconocido. Algunas versiones señalaron como responsables a paramilitares que operan en la región.

3. Pobladores del Dorado se trasladaron hacia el municipio de Nechi con el fin de Indagar sobre el paradero y la suerte de los hermanos Restrepo la policía les informe que conocían de la presencia de dos cadáveres en el sitio conocido como Parcela de Londres pero que el sitio era muy extenso para ubicarlos.


4. Ayer 12 de febrero en las horas de la noche en el rio Cauca a la altura del municipio de Achi fue hallado sin vida el cuerpo de OMAR ALONSO RESTREPO OSPINA y hoy en las horas de la mañana en el río cauca a la altura del municipio de Guaranda fue hallado sin vida el cuerpo de JOSE DE JESUS RESTREPO RESTREPO. Ambos cuerpos fueron encontrados con visibles signos de tortura.
5. Estos asesinatos hacen parte de una larga cadena de hechos de agresión contra los pobladores del sur de Bolívar como lo fue el asesinato de ALEJANDRO URIBE CHACON el 19 de septiembre del 2006 y otros tantos que se vienen presentando en el marco de lo que consideramos una estrategia integral para el despojo del territorio por parte de una alianza macabra entre el gobierno nacional y las multinacionales del oro como la ANGLO GOLD ASHANTI y palmicultoras como el Grupo Dabon que pretenden apoderarse de los recursos naturales del sur de Bolívar.
6. Responsabilizamos de estos hechos al estado colombiano que se ha negado a continuar dialogando con las comunidades del sur de Bolívar en el marco de la Mesa de Interlocución y al contrario continua militarizando la región y permitiendo abiertamente la acción de los grupos paramilitares.
Rechazamos rotundamente estos asesinatos y todas las acciones tendientes a despojar a los pobladores del sur de Bolívar de su territorio.
Llamamos a las organizaciones hermanas a que se pronuncien ante las autoridades exigiendo acciones firmes de esclarecimiento de los asesinatos ocurridos y que cesen inmediatamente las agresiones contra los pobladores de la región.
A los organismos de control del estado a ejercer los mecanismos necesarios para que estos crímenes sean esclarecidos y los responsables castigados.

FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR
COMISION DE INTERLOCUCION SUR DE BOLIVAR
MOVICE – CAPITULO SUR DE BOLIVAR – SUR DEL CESAR
CORPORACION SEMBRAR
REDHER – COLOMBIA
ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO-CNA
ORGANIZACIÓN INDIGENA DE COLOMBIA – ONIC
RED FRENTE A LA GRAN MINERIA
CORPORACION AURY SARA MARRUGO
INSTITUTO NACIONAL SINDICAL – INS
NOMADESC
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
RECALCA
COMISION INTERCLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
AIDA
RED ANTORCHA
RED REVUELTA
CENSAT- AGUA VIVA
ASOCIACION MINGA
CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PEREZ
OBSERVATORIO DE TRANSNACIONALES
ECOTIERRA
CORPORACION COMPROMISO
CONCIENCIA CAMPESINA
OBSERVATORIO SOCIAL Y AMBIENTAL


Por: Fedeagromisbol / Red frente la Gran Minería
Tomado de: censat.org

A Yurtier lo mató la ley 100

A Yurtier lo mataron. Lo asesinó el Estado. Lo mataron los rentistas. O, más precisa y simplemente: a Yurtier lo dejaron morir para que la “nuevaepese” pudiera ahorrarse varios millones de pesos… Mejor dicho: Yurtier se murió de Ley 100… o, para decirlo con todas las letras: lo mató la ley 100.

Yurtier fue el mejor bachiller de la primera promoción de La Institución Educativa Juan de la Cruz Posada, del barrio Villa Hermosa Eso queda en el barrio Villa Hermosa de Medellín, como a tres cuadras por la carrera Giraldo, subiendo desde el Parque Obrero hasta la calle Urabá. Desde ese parque, muchas veces, lo que va quedando de los sindicatos en esta ciudad, junto a las gentes de dolor y de pena de las comunas, es decir junto a los damnificados de la impudicia de los poderosos, salimos los primero de Mayo a decir, bien alto, que todavía resistimos y que algún día cambiaremos el miedo por abrazos y las carencias por la apropiación social de todo eso que nuestros brazos producen y nuestros sueños definen.

Yurtier era, sigue siendo (para quienes amábamos su figura de hombre entero, de muchacho solidario), el mejor entre muchos de los buenos. Yurtier era del combo de los que saben abrazar al prójimo próximo y quieren unir unas manos a otras manos y a otras manos y a otras manos, construyendo otro mundo soñado desde el estercolero en el que estamos.

Aprendió. Dudó. Preguntó todo lo que a su edad hay que preguntar. Afirmó, con certeza adolescente, lo que tuvo que afirmar. No se arredraba. Ante el ojo del gran hermano que por entonces ya era la prueba “externa”, el “examen del ICFES”, pasó raudo y airoso: obtuvo también el mejor puntaje. Y se matriculó con esos honores en el “Poli”. Quería ser maestro. Como sabía de herencias necesarias y de herencias que deben repudiarse, asumió la de Prometeo: tenía que entregarle el fuego a los otros seres humanos. Su imperativo más hondo era ese: compartirlo todo, incluido el conocimiento. Quería contribuir a formar a la muchachada de la que había salido a tropezones desde el barro y en el barrio; sabía que tenía que hacerlo contra las malas pasadas de la vida que, sabemos, no es tan fácil. Por eso estaba estudiando para maestro de Educación física, mientras llegaba el tiempo del compromiso más alto en otras tierras donde aspiraba a servir como misionero de un mejor mundo.

Y, como la vida no es fácil, apareció la enfermedad: le descubrieron una leucemia que ya venía tragándose, a pedazos, su sangre; pero que, según vimos, nunca pudo apagar su aliento fraterno, comunero y formidable. Por entonces, tenía un cobijo: existía el Seguro Social, los “Seguros Sociales”, y en el Seguro había sindicato. Pero el galope de los rentistas ya había hecho lo que ellos tenían que hacer: el derecho a la vida y a la salud debía ejercerse apelando a las tutelas. Y, así, tras la pírrica victoria jurídica, se inició un tratamiento que avanzó haciendo retroceder a la enfermedad.

Con ganas, de corazón entero, Yurtier regresó a la Universidad y allí encendió otros fuegos: abrió el debate entre los maestros en formación sobre el tipo de sujetos que los maestros tenemos que forjar. Preguntó por la naturaleza de la evaluación que se venía imponiendo a los estudiantes de la escuela básica y media en Colombia. Armó seminarios, asistió a conferencias, investigó, generó debates, propuso, empujó, jalonó, con su figura de intelectual en ciernes y al servicio del pueblo.

Y como la vida no es fácil, y los tratamientos, cuando son ordenados por tutela, pueden no ser completos, Yurtier recayó.

La madre, el padre, todos queríamos lo mejor. Pero lo mejor no estaba a su alcance. No tenía Yurtier el respaldo de una chequera bien fondeada. Por eso no se hizo con su salud lo que se debería haber hecho para que este ser extraordinario continuara viviendo, uniendo, luchando, aportando.

El desenlace es brutal, criminal, infame. Su vida no era, objetivamente hablando, un derecho. Su salud era ya una mercancía. Ya, por entonces, no existía el precario “seguro social”, los “Seguros sociales”; ahora el tratamiento dependía de la flamante “nuevaepeese”. Lo atienden en el marco de acuerdos comerciales (establecidos en torno a la “venta de servicios”) entre la “nuevaepeese” y clínicas particulares. En ese estrechísimo marco, los médicos que lo atendieron hicieron lo mejor que pudieron.

De pronto, en el horizonte apareció una buena luz: un médico especialista, de esos que quieren aportarle a la humanidad, sabía de un nuevo tratamiento que tenía todas las posibilidades. Uno que, incluso permitiría un salto en el ya aprestigiado desarrollo científico de la medicina colombiana. Sólo había un problema: la familia de Yurtier no tenía una chequera solvente, ni disponía de la “tarjeta dorada”. Yurtier no era un cliente confiable. El tratamiento requería una preparación con una droga específica que debía importarse y luego hacer un prometedor cultivo y trasplante de células madres.

Entonces hicieron lo que hacen los pobres: pusieron la tutela.

El Juez Guerra Higuita, Octavo Civil del Circuito, ordenó que le hicieran el procedimiento.

Mientras se hacía la querella, el médico responsable del tratamiento urgía para que le fuese autorizado el proceso y los recursos; sabía que se acababa el tiempo. Pero al lado de éste y otros profesionales que, nadando a contra corriente del sistema, intentaban avanzar en la pelea con la enfermedad (una pelea que tenía todas las de ganar si se hacía a tiempo)… otros, encabezados y condensados, resumidos, en la torva figura del auditor de la “nuevaepeese”, movían sus fichas, desparramaban su infamia: aplazaban día a día la autorización, a ver si Yurtier, hecho cadáver, les ahorraba “gastos”, dando curso a los mecanismos de renta que permiten la sobre-acumulación de la nueva empresa que en Colombia vende a precios muy rentables una mercancía llamada salud.

Pero esta vez, estos canallas no sólo fueron eficientes para los intereses pecuniarios de la “nuevaepeese”. Esta vez el “auditor” se permitió ir a visitar al enfermo para pedirle que se fuera de la clínica, que se fuera para la casa a esperar hasta cuando “se le resolviera el caso” y le fueran autorizados los nuevos procedimientos… que se fuera para la casa y esperara a que lo llamaran, cuando el tratamiento fuera aprobado por las directivas de la nuevaepeese”.

Yurtier, entonces, bajo el fuego cruzado del carcinoma y del funcionario “auditor”, hizo crisis. Deliraba, pedía a gritos que no dejaran entrar otra vez a ese infame en su habitación, porque con seguridad lo iba a echar a la calle. Bajo esta tortura, la crisis se agravó. Se produjo entonces un derrame cerebral y, para fortuna de la “nuevaepeese”, entró en una etapa irreversible.

Yurtier murió. Lo asesinó la ley cien. Nada pudimos hacer, aunque se había ganado, días atrás la tutela… La estrategia, y la táctica, del funcionario auditor, fueron cumplidas y exactas. Tanto como las de los sicarios que, cuadras más arriba, hacen lo mismo, pero son presentados cotidianamente como si en realidad fuesen mucho más canallas.

Ese bello ser, que nació un domingo treinta de agosto de 1987, a las diez y treinta y cuatro de la mañana, fue obligado por los rentistas a morir el lunes festivo del 16 de noviembre de 2009, a las dos, de una tarde significativamente lluviosa.

Por: Periferia Prensa Alternativa
Tomado de: periferiaprensa.org

Emergencia mortal

Hace unos ocho años, llevé a un hombre agonizante a un hospital. Se armó una suerte de zambra verbal, porque exigieron un depósito de un millón de pesos. “De lo contrario, no lo podemos atender”. El paciente (¿el cliente?) seguía ahí, tirado, sin darse cuenta de lo que sucedía. Eran gajes de la Ley 100, que, entre muchos despropósitos, convirtió a la medicina en un negocio desalmado.

Hubo que salir con el moribundo hacia otros centros de atención, en los cuales, en esencia, dijeron lo mismo. Tal vez con una diferencia: el depósito era mayor. La “muerte por la Ley 100”, como comenzó a denominarse, se extendió como una peste. El esperpento, que privatizó la salud y convirtió en archimillonarias a muchas instituciones del ramo, volvió protagonista del “acto médico” no al paciente, sino a la factura y las chequeras.

Desde hace tiempos los atentados oficiales contra la salud en Colombia, no sólo han originado muertos y desatenciones, sino dejado por fuera del sistema a más de doce millones de personas. Ahora, con la Emergencia Social, que más que una tragedia es toda una farsa del gobierno, el recorte de derechos es brutal. Y criminal. Los decretos, calificados de chambones, mal redactados, que el Presidente dice que no leyó antes de firmar (¿quién se lo cree?), trascienden el asunto gramatical y muestran el interés gubernamental en hacer crecer las arcas de los traficantes de la salud en el país y condenan a muerte a infinidad de personas que carecen de recursos para atender sus enfermedades.

Digamos que esta situación siniestra y antidemocrática no es extraña en un gobierno que ha estado en contra de los desamparados. Sus propósitos, en el campo mencionado, es que los intermediarios de la salud ganen más y gasten menos. Nada raro, como advirtió alguien, que esas mismas empresas de salud o mercaderes de la muerte ahora tengan también servicios funerarios. Negocio redondo. Claro que a la postre también dirán que no le enterramos al muertito si no pagan con creces el funeral.

La cruel farsa uribista aumenta cuando el Presidente, haciéndose el que nada sabía, casi como si los decretos de Emergencia Social hubieran sido hechos a sus espaldas, sale a hacerse entrevistar en medios de comunicación a cacarear que lo escrito en aquéllos puede eliminarse en la reglamentación de los mismos sin modificarlos. Y en este punto es cuando hay que hacer como el famoso actor: reír llorando.

La táctica (vieja y gastada) es tirarle la pelota al ministro de Protección (?) Social, que si tuviera dignidad ya debiera haber renunciado, para que con su actitud de “yo no fui”, salga a desbarrar y tratar de confundir a los cándidos. Como ya se sabe, en la confección de los malhadados decretos participaron representantes de los intermediarios de salud, los más interesados en seguir obteniendo exorbitantes ganancias, como las logran, por ejemplo, los banqueros, a favor de los cuales se legisla en este país de desgracias sin cuento.

Los atentados contra la salud, en efecto, vienen desde hace rato, pero ahora se han perfeccionado. Por encima de la salud de los colombianos, está la salud financiera de las empresas intermediarias. En 2002 se expidió un decreto que prohibió a la industria farmacéutica colombiana la producción de nuevos medicamentos genéricos, más baratos que los de “marca”. Y todo con el fin de concederles más privilegios a los monopolios transnacionales.

Es probable que la Emergencia Social esté destinada a acabar con tanto pobre (más de 20 millones), así como lo están el desempleo (uno de los más altos de América Latina), las continuas alzas de la gasolina y de la canasta familiar. Y es que hasta razón tendrán los negociantes de la salud, que tienen en el gobierno a su máximo promotor: la abundancia de pobres no resulta rentable para ellos. Y por eso, los cuestionados decretos pueden ser otro modo de la eutanasia masiva. ¡Ah!, se me olvidaba decir que el moribundo del principio no sobrevivió: lo mató la Ley 100.


Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: Elespectador.com
Caricatura: leosatira.blogspot.com

Masacre de indígenas awá, un año de impunidad y duelo

Tras un año de la masacre, los cuerpos de ocho aborígenes que fueron asesinados con cuchillos y machetes por las Farc, no han sido enterrados.

Las Farc se llevaron a 11 indígenas awá hacia la quebrada El Hojal, en el resguardo Tortugaña-Telembí, en Nariño. Tras acusarlos de ser colaboradores del ejército, desaparecieron a tres y mataron al resto con machetes y cuchillos. En realidad, la cantidad de víctimas eran 13, porque entre los cadáveres había dos mujeres embarazadas que ya casi iban a dar a luz.

Medicina Legal de Cali logró identificar cuatro cadáveres, aún faltan otros tres. El resto están desaparecidos y se presume que fueron arrojados al río El Bravo.

La brutal masacre ocurrió el 4 de febrero de 2009, en una tupida y pantanosa selva nariñense donde llueve a diario pero hace calor todo el día y sólo hace frío al amanecer. El terreno además está lleno campos minados. Al poco tiempo, la columna Mariscal Sucre, de las Farc, reconoció su autoría del hecho mediante un comunicado y se justificó diciendo que las víctimas eran informantes de la fuerza pública.

A pesar de que se tuvieron noticias de la masacre a los pocos días, el número de víctimas y la forma como murieron sólo se pudo aclarar dos meses después. Por las dificultades del terreno y lo inseguro que es para cualquier persona, ninguna autoridad pudo llegar al sitio de la matanza.

Ante la necesidad de saber en realidad qué pasó, unos 700 indígenas de Cauca, Nariño, Huila, Valle, Putumayo, Quindío y Córdoba se fueron monte adentro. Encontraron tres cadáveres en el resguardo Tortugaña-Telembí. Para su sorpresa no eran víctimas de la masacre de febrero sino de otra ocurrida en septiembre de 2008. Luego encontraron otros cuatro en una fosa, y otro más enterrado cerca.

Pese a la odisea, ninguno de los cadáveres ha tenido sepultura. Según cuentan los indígenas, los cuerpos están todavía en Medicina Legal en Tumaco y no han sido devueltos a sus familiares. Todavía falta identificar plenamente algunos cuerpos. Ha sido una tarea difícil, pues no se sabe dónde están algunos parientes y las muestras de su sangre son fundamentales para establecer los parentescos.

Después de la matanza, se desplazaron más o menos 400 personas. De ellas, la mitad no soportó las condiciones en que tenían que vivir en el sitio donde estaban alojados y se fueron para las casas de familiares y amigos. El dato que se tiene es que todavía ninguno ha regresado a sus casas.

Si las víctimas no han sido enterradas, quiere decir que tampoco tendrán el ritual que, por tradición, se les hace a los awá un año después de muertos. Este pueblo indígena acostumbra que, durante los primeros 12 meses después de la muerte de alguno de sus miembros, la familia guarde un luto que implica no bailar y no tomar licor a lo largo este tiempo.

Gabriel Bisbicús, líder de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), explica que el día del primer aniversario, los familiares y amigos visitan la tumba y llevan un tambor. Hacen como una especie de evento social alrededor y, después, golpean el instrumento cuatro veces, como para despertar al muerto.

Uno de los asistentes lleva una estructura de madera en su espalda, algo así como una silleta. Se supone que en ella se sienta el espíritu. Caminando, van a la casa del muerto, donde previamente la familia ha preparado su llegada.

Para ese momento, han puesto la cama idéntica a como solía usarla el pariente y, sobre ella, una muda de ropa, como si la persona estuviera acostada allí. Quien lleva el espíritu en su espalda, lo ubica delicadamente encima, como si estuviera acostando a una persona dormida sin querer despertarla.

En otro sitio, han puesto una mesa con la comida favorita de quien murió hace un año y en otro lugar, sacan todas sus pertenencias, como ropa, zapatos, machete, en fin. Con la casa así organizada, se inicia una fiesta. Los asistentes toman trago, comen, bailan. También pueden hacerlo los familiares del muerto, porque ya con este rito se acaba el luto.

Al amanecer, quienes no son parientes toman las pertenencias del difunto y se las reparten para quedarse con ellas. Y la familia toma una muda de ropa, va donde un sacerdote para que celebre una misa por el difunto y, al final, le entrega las prendas. Desde ese momento, se despiden definitivamente y el espíritu se va para la selva.

Esa es la manera como los awá creen que sus muertos pueden descansar definitivamente tranquilos, cosa que no ocurrirá si permanecen en la morgue.

Quien no se sabe si está descansando tranquilo es el guerrillero Antonio Villavicencio, alias ‘Villavo’, el comandante de la Mariscal Sucre cuando ocurrió la masacre. Bajo sus órdenes, este grupo de las Farc fue el responsable de brutales muertes.

Según la Policía, ellos quemaron un bus en la vía entre Pasto y Cali el pasado 20 de noviembre. Las versiones conocidas hasta ahora dicen que los guerrilleros prendieron el fuego cuando aún estaban seis personas adentro, incluidos dos niños. Todos ellos murieron en las llamas.

Quienes conocieron de cerca de ‘Villavo’, se lo describieron en su momento a Semana.com como un hombre que se agitaba fácil y lo comparaban con “un cerdo apareándose”, porque a veces hablaba a los gritos, se inflaba su nariz, decía cosas que nadie entendía y su boca se mojaba con saliva.

Y en esos momentos de excitación llegó incluso a permitir que sus hombres cometieran atrocidades como matar con cuchillos y machetes a indígenas amarrados, incluyendo a dos mujeres embarazadas.

El secretario de gobierno de Nariño, Fabio Trujillo, le contó a Semana.com que hay información de inteligencia que dice que ‘Villavo’ podría estar muerto.

Las versiones son tres. La primera, es que el guerrillero ‘J.J’, jefe del Frente 29, ordenó relevarlo ante el gran costo político que tenían que pagar las Farc por los excesos de ‘Villavo’. “Para ello, mandaron a ‘Gustavo’, que era el comandante de la columna móvil Daniel Aldana, que opera más hacia Tumaco. Parece que hubo líos entre ellos dos y ‘Villavo’ mató a ‘Gustavo’. Entonces la guardia ‘Gustavo’ reaccionó y mató a ‘Villavo’”, según narra Trujillo.

Otra versión es que ‘Villavo’ escuchó que iban por él y se preparó para atacar sin ningún diálogo y lo mataron. Y la tercera hipótesis es que se enfrentó con el ELN y cayó en un campo minado y se murió.

“Creemos que ‘Villavo’ está muerto. Era extremadamente sanguinario y es posible que las Farc hayan querido relevarlo”, enfatiza Trujillo.

Esas versiones que da el Secretario de Gobierno están sujetas a verificaciones. Pero sea cual sea el final de los victimarios, hay un grupo de gentes que después de un año, no han podido darles a sus parientes la sepultura que merecen.


Por: Semana.com
Tomado de: www.semana.com

¿Cuál cohesión social?

EN EL OPORTUNO Y EXCELENTE LIbro de Jorge Cardona, Días de memoria, escribe que cuando comenzó el exterminio de la Unión Patriótica, y en el Congreso sus representantes denunciaron la monstruosidad que se le venía encima al país, el general de la Policía José Guillermo Medina Sánchez justificó la creación de comités de autodefensa contra la subversión.


El entonces viceministro de Asuntos Políticos, Fernando Botero Zea, aclaró que de lo que se trataba era de crear “comités de vigilancia como los que organizan las juntas de acción comunal en los barrios”. ¡Todo tan legal, todo tan limpio! Y la opinión pública se comió entero el cuento y quien ponía en duda la versión oficial era mirado con desconfianza, cuando no acusado de colaboración. Veinte años después y con 150.000 muertos a cuenta del paramilitarismo y 25.000 desaparecidos, según cifras de la Fiscalía, el señor Uribe vuelve a las andadas de siempre, creando un cuerpo de inteligencia mercenaria con estudiantes en Medellín. El argumento de Botero Zea —el Andrés Felipe de la época— es el mismo que ahora esgrimen el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y su amigo y sucesor, Silva Luján: la juventud debe abrazar a su ejército: la colaboración de la ciudadanía es obligatoria en la lucha contra el crimen. La opinión pública, que no se deja ya meter gato por liebre, sabe que se trata de un nuevo y diabólico intento de meter a la población civil —así se llamen esta vez “estudiantes con criterio”— en la guerra. Sabemos a qué condujo la política de armar civiles bajo la fórmula de las Convivir, justamente el cabezazo de Botero Zea, cuando fue ministro de Defensa, y de Uribe como gobernador de Antioquia.

El reclutamiento de estudiantes en Medellín —que será pronto extendido al resto del país— es diabólico y perverso. Se apela a un estrato social, siempre necesitado de dinero, para convertirlo en instrumento de inteligencia de unas fuerzas que no son éticamente confiables, como puede deducirse de los miles de militares empapelados por la justicia civil: asesinatos fuera de combate, torturas, desapariciones. Es perversa la medida porque pondrá a darse bala a un sector civil contra otro, a denunciarse mutuamente, a legitimar el ajuste de cuentas y, en general, a dividir a la gente. Ha sido la política de Uribe, dividir, dividir, dividir para aislar a un sector y proceder contra él. Y ese sector es, al fin de cuentas, la oposición a los interese económicos y políticos del Gobierno. Eso es lo que pomposamente llama Uribe la “Cohesión Social”, tercera pata del trípode Seguridad Democrática e Inversión Económica, con el que apalanca el Estado de Opinión.


Por: Alfredo Molano Bravo
Tomado de: www.elespectador.com
Caricatura: Vladdo

Aparece en Colombia una fosa común con 2.000 cadáveres

En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se está descubriendo la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres "NN", enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000, según diversas fuentes y los propios residentes. Desde 2005 el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.

Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión.

Los cuerpos sin identificar ha sido depositados por el Ejército a partir de 2005

El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".

Desaparecidos

Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".

Mientras la Fiscalía anuncia investigaciones "a partir de marzo", tras las elecciones legislativas y presidenciales, una delegación parlamentaria española integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví) llegó ayer a Colombia para estudiar el caso y hacer un informe para el Congreso y la Eurocámara. La situación de la mujer como primera víctima del conflicto y la de los sindicalistas (solo en 2009 fueron asesinados 41) centrarán también su trabajo en diferentes zonas del país.

Más de mil fosas en el país

El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.

La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.

La última de estas declaraciones ha sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien acaba de revelar ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron "al menos a 800 personas" en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. "Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva", ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz.
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"El Gobierno no quiere investigar"
Alfredo Molano. Sociólogo y escritor


Alfredo Molano, uno de los columnistas más influyentes de Colombia, ha recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y paramilitares.


¿Cuál es la situación de las fosas en Colombia?
La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo.

¿Estas fosas tienen que ver con los llamados ‘“falsos positivos”?
Sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” [colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”]. El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes.

¿Cuál puede ser la magnitud de estos hallazgos de fosas?
Terrible. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos son larguísimos y las dificultades técnicas para las identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes.

Por: ANTONIO ALBIÑANA
Tomado de: www.publico.es
Caricatura: Bacteria

La pobreza un "Crimen" que se paga con la Muerte

A través de este documental Felipe Zuleta Lleras periodista colombiano demuestra como, a pesar de las evidencias, mas de 1.000 asesinatos de jóvenes inocentes cometidos por parte de estado quedan impunes frente a la mirada de una sociedad a la cual ya nada le aterra.


La pobreza un "Crimen" que se paga con la Muerte - Parte 1


La pobreza un "Crimen" que se paga con la Muerte - Parte 2



Por: Felipe Zuleta Lleras
Tomado de: www.youtube.com/FelipeZuletaLleras

Dios y la reelección

Dios, que es una invención humana (para otros, el hombre es una invención divina), sirve para todo. Para lo bueno y lo malo, según el maniqueísmo.
Su utilización en la política es de antigua data. En el nombre de Dios se han cometido las peores barbaridades y también, en su nombre, han aparecido hermosas literaturas.

Tal vez todos recordamos un perturbador artículo de José Saramago (El factor Dios), en el cual el Nobel portugués plantea, entre otros asuntos, que las religiones jamás han servido para aproximar y congraciar a los hombres, sino, por el contrario, para la perpetración de las más horrendas matanzas y violencias físicas y espirituales.

A Dios (pobrecito él) se le invoca, por ejemplo, no sólo en las constituciones políticas, sino en la comisión de crímenes, en la aplicación de censuras, en la persecución de los "infieles". O para que salve a la reina, o al rey. Se le nombra en los dólares para que bendiga a América, la gringa, no a la que está a sus pies. Los emperadores romanos eran ellos mismos dioses.

La Inquisición, autora de innumerables crímenes y arbitrariedades, fue una suerte de organización terrorista diseñada para oponerla a la libertad de conciencia, contra el derecho a la libre elección, contra los que decían no. Y todo en nombre de un Dios, al que el poder (alianza Estado-Religión) amañaba a sus intereses. Es sabido desde tiempos remotos que quienes están en el poder temporal utilizan la religión para investirse de autoridad. Y también para imponer obediencia.

A Dios lo invoca el sicario antes de ir a cumplir su macabra labor; el soldado cuando va a la guerra; el paramilitar antes de emplear su motosierra, no para tumbar árboles sino cabezas; el mendigo cuando solicita caridades; el banquero cuando obtiene sus astronómicas ganancias; el invasor yanqui cuando hizo llover napalm en Vietnam; seguramente lo invocó el tripulante del Enola Gay antes de descargar su bomba atómica sobre Hiroshima y también los que hicieron estrellar aviones contra las Torres Gemelas.

Tal vez todos recordamos las "Preguntitas sobre Dios" de Atahualpa Yupanqui: "Que Dios vela por los hombres, / tal vez sí y tal vez no, / pero es seguro que almuerza / en la mesa del patrón". Y también el Destino Manifiesto, doctrina según la cual los Estados Unidos fueron designados por la Providencia para expandirse por el continente y luego por el mundo. Bush, que se creía un elegido, la cumplió a cabalidad.

En Colombia, país en el que existen diversos dioses: el de los mafiosos y el de los pobres y el de los plutócratas, en fin, el Presidente advierte que su reelección está en manos de la Corte Constitucional, el pueblo (otro concepto manoseado y envilecido) y de "Dios, nuestro Señor". Y él, Uribe o el Mesías, sabe del poder político de Dios, del partido que se le puede sacar a la religión y la religiosidad. Sus constantes invocaciones al "Señor" son parte de una estrategia electoral. Un modo de la seducción del poder.

Tal invocación también es una manera de enviar mensajes "subliminales" a la Corte para que dé paso al referendo reeleccionista, lleno de vicios y financiado por las pirámides que dejaron en la ruina a millares de colombianos. A Dios (también al pueblo) se le pueden sacar muchos réditos políticos. Y eso lo conoce de sobra el poder y, en particular, su cabeza visible, el Presidente.

De una forma hábil y con cizaña, Uribe quiere hacer aparecer a Dios (el factor Dios) de su parte; lo mismo a un pueblo, objeto de todas las desgracias, desinformaciones y manipulaciones politiqueras. A la Corte Constitucional, claro, ya la tiene cooptada, como tiene en sus bolsillos la Procuraduría, la Fiscalía y otros organismos, en un país en el cual el Presidente no ha respetado la independencia de los poderes.

El pobre Dios a lo mejor es inocente de todos los usos y abusos que hacen de su nombre, pero, al fin de cuentas, como la canción citada "hay un asunto en la tierra / más importante que Dios / y es que nadie escupa sangre / pa´ que otro viva mejor".


Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: El Espectador

Divertimento político y falsos positivos

MIENTRAS LA OPINIÓN PÚBLICA SE embelesa con la reelección, lloran las madres de Soacha. En tiempos de hegemonía personalista, crujen las instituciones.
El Procurador amasa su concepto con lecturas parciales de fallos de la Corte Constitucional. Simultáneamente otros seis militares —van veinticuatro y vienen muchos más— quedan en libertad por vencimiento de términos en los casos de asesinatos de jóvenes inocentes a manos de la Fuerza Pública para hacerlos pasar por guerrilleros. La constante histórica de dar prioridad a la picaresca política sobre la justicia permite comprender la debilidad de un Estado de derecho para cuya posible existencia es medular una justicia pronta e imparcial. Algunas afirmaciones del más alto Magistrado de la Patria sirven para entender la mascarada en que vivimos.

Hace cuatro meses el Presidente de la República exhortaba a su recién posesionado ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján —ahijado político del semicandidato Juan Manuel Santos— a implementar mecanismos encaminados a la defensa jurídica de los militares acusados de participar en los “falsos positivos”. Lo hacía ante lo que llamó las “falsas denuncias de homicidios cometidos por integrantes de las Fuerzas Militares”. Advertía en esa oportunidad el presidente Uribe que acusar a la Fuerza Pública y enseguida no probar los hechos era una “falsa acusación” que buscaba hacer daño a la Fuerza Pública, finalmente la responsable de la política de seguridad democrática.

La defensa de los acusados hizo eficazmente su trabajo. Los acusados recobraron su libertad provisional al no probarse en el término de ley su responsabilidad penal ante los jueces. La reacción internacional no se hizo esperar. Se prendieron las alarmas por la posible impunidad de graves crímenes, sistemáticos y continuados, cometidos por agentes del Estado. La espada de Damocles de la Corte Penal Internacional volvió a blandir sobre las cabezas de los responsables. Rápidamente, en su primera declaración sobre el tema, el presidente Uribe expresó su inconformismo por las decisiones judiciales. En comunicado a la opinión pública formuló la doctrina que los jueces deberían seguir en estos casos: “Dar libertad por vencimiento de términos en casos de crímenes graves afecta tanto a la democracia, como dar libertad en delitos de lesa humanidad con base en la figura de la prescripción. Hoy las democracias niegan la prescripción frente a delitos atroces. En la misma forma se debe negar el vencimiento de términos”. Además de la intromisión en asuntos de competencia de la rama judicial, de la errónea analogía penal (que iguala la excepción a la prescripción con la excepción a la libertad provisional) y del desconocimiento de las garantías legales para los militares, el presidente Uribe sale en defensa del “honor” de los liberados que, a su juicio, vale más que su libertad.

El debate sobre el referendo en época electoral sirve para ocultar el costo de la seguridad democrática: la política de tierra arrasada apoyada en el paramilitarismo, con su estela de cuatro millones de desplazados forzados y de miles de asesinados de jóvenes inocentes. Es hora de quitarse la máscara y aceptar que para el Presidente y el ex ministro Santos el desplazamiento forzado y los falsos positivos son la cuota de sangre, sudor y lágrimas exigible a los colombianos para “pacificar” al país. Y mientras muchos se divierten con los juegos jurídico-político-electorales, los menos pero cada vez más seguiremos esperando que la justicia internacional rescate un mínimo de humanidad en un país de asesinos e indolentes.n/a



Por: Rodolfo Arango
Tomado de: El Espectador

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