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viernes, 12 de noviembre de 2010

Estudiantes expulsan al Esmad de la U de A


Para las 10 de la mañana del jueves la Rectoría, el Comité Rectoral, el Consejo Académico y la organización “Universitarios por la casa de todos” citaron a los estudiantes para un acto simbólico en rechazo a los “actos violentos” cometidos por un grupo de encapuchados el pasado nueve de noviembre, pues éstos se subieron hasta el techo de la edificación a tumbar una cámara de seguridad instalada durante el cierre de la Universidad entre el 15 de septiembre y el 11 de octubre.

Centenares de estudiantes se encontraban rodeando la Biblioteca prestos a participar de la manifestación, incluso entre pétalos de flores que querían dar cuenta de la voluntad pacífica de la misma. Pero a las 10 y media sonó una explosión que alertó a los escuadrones del Esmad, que desde el primer día del cierre vigilan todas las entradas al campus universitario.

Esto provocó que cerca de 15 hombres de este ejército entraran a la Universidad por la portería de Barranquilla y otros 15 por la de Ferrocarril, formándose en torno a los estudiantes. A la vez se escuchó por los micrófonos instalados para el acto simbólico a la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Luz Stella Correa, advirtiendo que en el Bloque uno se encontraban unos estudiantes retenidos.

“Cuando llegaron vieron a unos estudiantes que no estaban encapuchados con papas bombas. Los directivos intercedieron para que dejaran ir a los retenidos” afirmó una de las empleadas de aseo del Bloque nueve, mientras advertía a sus compañeras del bloque uno y siete para que estuvieran atentas ante cualquier anormalidad.

"En una conferencia nos dijeron que si entraba la Policía nos fuéramos, porque ellos entraban y no distinguían a nadie", concluyó.

Por su parte el Esmad, tras su ingreso y unos minutos de espera en los que se vio al personal de la Personería tratar de dialogar con su comandante, desfiló por la cadena de corredores paralela a la Plazoleta Barrientos, para luego atravesar todo el conglomerado de estudiantes que se encontraba en las afueras de la de la Biblioteca Central. Luego llegaron hasta la entrada del Teatro Camilo Torres, lo que provocó rechazos mucho más airados de los estudiantes.

Su desfile regresó por el mismo sendero, mientras centeneras de estudiantes los perseguían para cuidar cuál sería su ruta y ahuyentarlos de la Universidad: "¡En Colombia el que no estudie es Policía Nacional!, ¡Fuera, queremos estudiar!" decía el contraflujo de personas que presionaban a los hombres del Esmad para que abandonaran las instalaciones. En los márgenes se encontraban otros estudiantes gritando arengas: "¡váyanse de la U! ¡Cerrémosle las entradas, no los dejemos pasar!"

La actitud de los policías era impasible. No estaba claro cuál era su objetivo. Lo cierto es que su ruta pasó por lugares estratégicos de la Universidad, lo que alteraba aún más a los estudiantes y los profesores. Los gritos continuaban mientras las tanquetas daban vueltas en círculo alrededor del campus sin emprender ninguna acción.

Finalmente la Policía se retiró, y regresó a sus puestos de vigilancia en las porterías. Los estudiantes permanecieron reunidos en algunos círculos de discusión.


[+ Fotografias en: delaurbedigital]


Por: Redacción De la Urbe
Tomado de: delaurbedigital.udea.edu.co




VIDEOS






jueves, 11 de noviembre de 2010

CONTRAVÍA: El alto gobierno en el escándalo del DAS






Emisión: 229 - Noviembre 7 de 2010

Para este inicio de temporada, hemos realizado un especial sobre el escándalo más grande de los últimos años y que viene afectando fuertemente la democracia Colombiana: la cacería del DAS.

"Si el gobierno ordenara el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel empezando por el presidente de la república": esto respondió el ex presidente Uribe a un estudiante que preocupado le preguntaba por su responsabilidad en el escándalo del organismo de inteligencia.

Sin embargo, meses más tarde sería el propio Procurador General de la Nación, el que sancionaría, nada más y nada menos, que al ex secretario general de la Presidencia de la República con 18 años de inhabilidad por "extralimitación de sus funciones" en el caso de las interceptaciones ilegales. Igual suerte corrieron funcionarios del más alto nivel del DAS, departamento de seguridad que depende directamente del ejecutivo.

Luego de semejante fallo, la pregunta que la sociedad colombiana se hace es ¿quién desde el alto gobierno pudo generar semejante situación? ¿Pudo esto suceder a espaldas del presidente, el hombre de la seguridad?

Para responder a esta pregunta, CONTRAVÍA elabora un reportaje detallado de los hechos, pruebas y testimonios que llevaron a esta situación.

NUEVO HORARIO
DOMINGOS 2:30 PM - CANAL UNO



Por: Contravia
Tomado de: youtube.com/morrisproducciones

jueves, 4 de noviembre de 2010

Entre nubes de gases - Reconstrucción de los hechos del 15 de septiembre en la Universidad de Antioquia


Asamblea en el Camilo, mitin en el 16. Corre por aquí, arenga por allá.
Policías de negro acorazado, estudiantes y docentes desconcertados, miedo
en la Administración… aquí la reconstrucción de lo sucedido el miércoles
15 de septiembre, un día que está marcando un antes y un después de
incertidumbres en la Universidad de Antioquia


Un instante antes del impacto, Esteban lo vio venir con el ojo izquierdo. En el patio del bloque 16, bajo un Cristo Redentor y en medio de una multitud de manifestantes y decenas de policías, el muchacho vio llegar volando la granada con gas que lo rompió arriba de sus cejas. Cayó al piso.
¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! Caras pálidas, corridas, gritos. La policía persigue a los civiles por el campus universitario lanzando gases y gomas contra sus cuerpos. Con la ayuda de personal de Derechos Humanos, logran salir en grupos y, en la calle, los comandos antidisturbios atacan con chorros de agua y gases a los estudiantes que, corriendo con la mochila alzada, se protegen la cabeza. Ese miércoles 15 de septiembre
la Universidad de Antioquia conoció el pánico.
Por cuatro horas, una nube de humo de bromuro de bencilio se expandió unos 50 mil metros en el centro oriente de Medellín, desde el río Medellín hasta la Estación Hospital. El químico, que atrofia la respiración, corta la capacidad sensorial temporalmente, irrita la nariz, la boca y puede dejarte ciego, comenzó su recorrido antes de las cuatro de la tarde, cuando el primer grupo de comandos antidisturbios entró a la
Universidad.
¡Tun, tun, tun, tun! Retumban los pasos de sus botas negras, duras como sus protectores de pecho, testículos, piernas y cabeza. “No sabes lo que es ver un grupo de hombres armados avanzar lentamente, formados ordenadamente, en dirección a un mitin que estaba calmado”, dice pensativa Sara Fernández. Muchos lo supieron ese día.
Daniela, de la carrera de Bioingeniería, creyó que ese día encontraría la muerte. Los ojos de Hernán, verdes y grandes, se cierran por la fuerza del gas pimienta y, aturdido, también cae al suelo. En otra parte de patio, del lado del parqueadero, a Mildelia, defensora de Derechos Humanos, le corre sangre por la frente. No sabe qué la golpeó. Luquegi Gil, el Secretario General del Alma Máter, se esconde detrás de un carro.
Acaba de entrar el tercer grupo de escuadrones antimotines a la ciudadela universitaria. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Según declaró a De La Urbe, el Coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, comandante de la Policía Metropolitana: “La orden era ingresar para proteger la rectoría. Por eso entra el ESMAD”. El rector, Alberto Uribe, quien al principio dijo sentirse secuestrado, en la noche se retractó y fue a su casa a dormir.
“La Fuerza Pública entrará una y las veces que sea necesario a la Universidad de Antioquia porque ese no es un territorio de despeje”, dijo previo a los fuertes disturbios de ese miércoles, el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, aludiendo a la crisis de seguridad del Alma Máter: micro tráfico de drogas, robos, muertes, violaciones y otras prácticas criminales tienen alarmada a la ciudad que, al mismo tiempo, vive una época de mafias, paramilitarismo, guerrilla y delincuencia.

Dos días antes

El lunes 13 de septiembre se estrena la Tarjeta de Identificación Personal (TIP). Funcionarios de la Universidad exhiben petos nuevos y limpios que informan que, desde hoy, no sirven para nada los tradicionales carnés. Invitan, amablemente, a visitar la Facultad de Medicina donde te toman la foto, los datos y te imprimen la tarjeta que además puede usarse para viajar en el Metro. En las afueras, se ven tanquetas blindadas y agentes antidisturbios; también policías con motos y revólveres, y Ejército. Nadie sin Tip podrá ingresar a las instalaciones, a menos que consiga un permiso especial. La asamblea de estudiantes, por meses, ha manifestado su desacuerdo.
El profesor Eufrasio Guzmán, Director del Instituto de Filosofía, se pone el peto y va a la portería. Son las 11 de la mañana. Un grupo de estudiantes recorre las entradas a la U a manera de mitin, por momentos violento, en señal de rechazo a la medida. El Departamento de Vigilancia le informa a Guzmán que están rompiendo y quemando material publicitario y arrebatando las nuevas tarjetas plásticas. La turba llega al costado oriental, portería del Ferrocarril.
A la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, más tarde, Eufrasio le cuenta: “Estaba con el peto, que era emblemático para la campaña, y trataron de arrancármelo (…) Incrementaron su nivel de protestas, pasaron a los gestos intentando quitármelo, empujando, y un estudiante me lanzó una patada”. Camilo Durango, estudiante de Antropología, estaba presente y cuenta que el profesor señaló, también enérgicamente, que quienes rechazan la Tip apoyan el paramilitarismo dentro de la Universidad. Entonces, la patada. “En ese momento, otros estudiantes en tónica muy diferente se acercaron, me rodearon, me acompañaron, y disuadieron a los agresores para que no continuaran con el maltrato”, dice el docente.
Para la vigilante Gallo, una mujer joven, tierna y corpulenta, es el primer día de trabajo en la empresa privada de vigilancia Miro Seguridad que, contratada por 7 mil millones de pesos, vigila esta Universidad. Cuando ve que los estudiantes furiosos entran a su puesto y rompen un computador, se acuerda de sus hijas. Para no salir corriendo aterrorizada, piensa en la necesidad económica que pasaría si llega a perder el empleo. Algunos de sus compañeros sí que salen en fuga ahuyentados por los coros que los señalan de paramilitares, hijueputas, asesinos.

El día previo

Asamblea de estudiantes. Atardece. Bajo el cielo nublado, en la plaza Barrientos, Gabriel Bocanument Rollo -líder estudiantil por décadas- grita: “¡Compañeros, periodistas del canal Cosmovisión preguntan si pueden grabar”. Entre unos doscientos, la mayoría levanta la mano y gritan sí. La reunión continúa pero la U empieza a vaciarse. Nadie puede entrar. A un costado, en la portería de la calle Barranquilla, se forma un alboroto. Dos policías intentan entrar. Lo impide el Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, Álvaro Cardona. Fue enviado hasta allí como delegado de la administración para dialogar sobre la Tip.
“Luego de sesionar desde las dos de la tarde hasta las 5:50 pm, recibir el informe del profesor Álvaro Cardona, observar todavía la presencia de Esmad en las porterías, notar cómo el administrativo y Miro Seguridad mediante tintas especiales marcan a los que a conciencia no ingresan con TIP, observar algunos malintencionados tirando explosivos buscando la confrontación en la plaza Barrientos, la Asamblea Extraordinaria del 14 de septiembre define: “Reanudar la Asamblea Extraordinaria el día miércoles 15 de septiembre en el Teatro Popular Camilo Torres desde las 10:00 am”, se lee esa noche en el blog de los estudiantes.

Llegó el día

Las porterías continúan militarizadas. Unas 500 personas llegan hasta el Teatro Camilo Torres. Los líderes dan informes y comienzan las intervenciones. Por radio, los vigilantes se piden estar atentos. Al mediodía, un estudiante molesto, vestido de camisa verde, se toma el micrófono. Cuenta que el día anterior los vigilantes de Miro lo golpearon en la portería del Metro por negarse a mostrar la Tip. Pudo al fin entrar con defensores de derechos humanos de la Personería de Medellín y el colectivo Gustavo Marulanda.
Hoy, antes de llegar a la asamblea, pasó de nuevo por esa portería. “Niño mimado, ¿por qué no venís hoy con tus papás? ¡Malparidito! Aquí sos alguien pero espérate que te cojamos en la calle”, relata en el Teatro. Narra que lo agarran y le toman una foto. “¡Ya te tenemos reseñado, hijueputa!”, cuenta. La masa se altera. “Como nos están retratando, vamos a hacer lo mismo”, pide uno de los muchachos. Acuerdan que a las dos de la tarde saldrán en mitin por las porterías y terminarán con un plantón en el Bloque Administrativo. “No vamos a desalojar a nadie violentamente. Vamos a arengar para que nos escuchen”, dice otra voz y la mayoría asiente.
2:30 p. m. Cecilia Plested, profesora de la Escuela de Idiomas, escucha el mitin desde la carrera Carabobo, apura el paso, ve la puerta peatonal cerrada, pide permiso, los Esmad están adentro y ella, sorprendida pero clara, empieza a gritar a los estudiantes: “¡No se dejen provocar!, ¡no se dejen provocar!”. Llama a una jovencita para pedirle que, por favor, le diga al encapuchado que está bajo un árbol que se aleje del lugar. “¡Ustedes no saben lo que es una universidad militarizada! ¡No se dejen provocar!”, grita Cecilia meneando la cabeza y alborotándose el pelo.
Cecilia corre al Bloque 16, sube a la oficina del Rector, le cuenta lo que vio. “Tengo cinco minutos, cuéntame rápido”, le dice a la profesora que no para de gritar. Otros funcionarios llegan. Se forma una discusión. Martiniano Contreras, Vicerrector General, no se sorprende con la denuncia de la profesora. “Si a mí me preguntan si yo sabía que iba a entrar el Esmad ese día, yo digo: ‘Yo suponía que iba a entrar el Esmad después de lo que estaba pasando, de lo que dijo el Gobernador’ ”, explica un mes después a De La Urbe.
3:10 p. m. Un coro se acerca al Cristo Redentor. “¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Alberto Uribe, ¿dónde está?”, cantan y saltan los estudiantes. No hay encapuchados ni gente armada visiblemente. El Rector cancela su cita. No sale del bloque. La multitud llegó hasta el patio y la profesora Cecilia se asoma. Les pide calma, que vayan al Teatro Camilo Torres para dialogar.
Le responden con chiflas. La creen vocera de la administración y ella, aireada, pide respeto, además de que no pisen las matas. “¡No pisen las maaaaaaaaatas!”, grita, grita y grita.
Ricardo Toro, de la Unidad de Derechos Humanos de la Personería, tiene un radio en la mano que levanta una y otra vez, ansioso. Está parado junto a la entrada del Bloque Administrativo comunicándose con Jesús Sánchez, quien está en la portería del Ferrocarril. “¿Cómo está la situación allá adentro?, ¿es cierto que hay un secuestro de los directivos?”, le pregunta Jesús a Ricardo.
“A lo sumo, Ricardo manifiesta que no es cierto, que eso es una medida de seguridad (las puertas cerradas), que custodia el Administrativo cuando se presentan este tipo de sucesos”, relata Jesús. “Entonces, el Mayor Hernández, al mando de la policía en ese momento, nos escucha la comunicación y nos dice: ‘Bueno, yo estoy tranquilo entonces’.
Cuando de un momento a otro, ingresamos a la Universidad verificando cómo se encontraba la situación y nos encontramos con que a nuestras espaldas entran uno o dos escuadrones del Esmad -por ahí de 20 a 30 hombres- sin mediar palabra, haciendo sus disparos de gases lacrimógenos y de granadas aturdidoras”, declara Jesús Sánchez.
-¿Qué pasó, Mayor? ¿Por qué ingresan los ESMAD si hace cinco minutos usted y nosotros estábamos escuchando la comunicación de que esto era una protesta, pero pacífica?- increpa Jesús al policía.
El comandante de los antimotines dice que está recibiendo órdenes.
-¿Y que quién le da esas órdenes?
-La dan el Gobernador de Antioquia y el Rector de la Universidad. Que cuando a él le cambien esa orden esas dos personas, él retira sus hombres de allá”, recuerda el Coordinador Administrativo de la Unidad de DDHH de la Personería de Medellín.
Marco y Sara, de la Asociación de Profesores, caminan en dirección a la salida de Ferrocarril. Ven la reunión en los bajos del Bloque 16 y solo los sorprende lo numerosa que es. “Un mitin normal, con arengas, organizados, pidiendo la palabra”, recuerda Sara. En la acera del bloque 18, de frente a la portería y de espaldas al 16, se detienen. “Veo a los de Miro abriendo las puertas a un grupo numeroso del ESMAD. En la malla están los de Personería alzando las manos. ¡No, no, no! ¡No entren, no entren! Les piden y pido yo”. ¡Booom! Explota una granada de gas lanzado por los policías desde el parqueadero.
El escuadrón avanza hasta el costado oriental del bloque. Daniela y todos corren. Junto a la fuente del Hombre creador de energía, la pequeña se derrumba, entra en shock, no puede parar de llorar. “Llamo a mi casa y me despido de todos”, cuenta. A unos pocos metros, por la Biblioteca, Julián Henao, estudiante de Derecho regresa al Bloque 16. Quiere saber si alguien está herido, averiguar qué pasó. Un centenar, como él, regresa asustado y enojado.
Sara y Marco se apuran a mediar. Líderes de oficinas estudiantiles, que andaban reunidos en el bloque 9 paralelo a la Asamblea, llegan al lugar para lo mismo. Nadie, entre los representantes profesorales y estudiantes, quiere el tropel. Todos hablan con todos y llaman por celular, buscan soluciones. Llegan los periodistas y las cámaras de tv. Casi la mitad de la unidad de Derechos Humanos de esta ciudad se concentra a esta hora en la Universidad de Antioquia. También hay funcionarios de la Defensoría del Pueblo y, según el Rector, gente armada entre la multitud.
Arriba, en las oficinas, la gente ruega por sus vidas. Rocío se aferra a un rosario. Está escondida en la oficina de Presupuesto. Los insultos que se escuchan abajo y el intento de estudiantes de llegar -con una escalera y una mesa- hasta el segundo piso, le disparan los nervios. Ella, Auxiliar de Presupuesto, imagina que se está repitiendo la toma del Palacio de Justicia, cuando el Ejército ingresó al edificio público tomado por guerrilleros asesinando y desapareciendo civiles. “Si alguna cosa me pasa, demanden la Universidad. ¡Para qué nos encierran aquí!”, dice enojada y triste a sus familiares por teléfono.
Algunos se esconden en los baños, otros, como Eufrasio Guzmán observan desde adentro; el Secretario General, Luquegi Gil, es enviado a dialogar. La propuesta es que los estudiantes vayan al Teatro Universitario y, en otras condiciones, continúen la asamblea. El comandante del operativo, otro vestido de negro al estilo RoboCop, acepta dialogar con los profesores. “Yo recibo órdenes”, les dice a Marco Antonio Vélez, Presidente de la Asociación de Profesores, y a Sara Fernández, Vicepresidenta. “Que baje el Rector para ver que está bien, que salga o me den una orden”. Marco saca el celular, marca el número de Alberto Uribe, como lo hizo cuando vio entrar el primer grupo. Policía y Rector hablan pocos minutos. El Policía cuelga, le devuelve el celular al profesor. “No tengo órdenes de retirarme”, explica y regresa al frente de su escuadrón.
El Rector, según cuenta, llama al Gobernador y le informan que éste se encuentra en Bogotá. “Lo que me decía el Secretario de Gobierno, para acabar de ajustar, era que la orden del Coronel era que ni yo ni los demás funcionarios nos fuéramos a mover hasta que él personalmente viniera por mí, porque no me garantizaban nada ante la información que tenían. Yo no pregunté qué información había, guardé mucha calma. María Eugenia (su secretaria) entraba, los Vicerrectores entraban, pero yo decía: ‘Guardemos la calma, que lo peor que nos puede pasar es que la perdamos’ ”, explica.
Mientras tanto, Cecilia orienta la cadena humana para proteger la salida de los funcionarios administrativos que, por decisión del gobierno de la Universidad, quedaron encerrados en el edificio. Desde el segundo piso, agarra la mano de Rocío, quien hasta ahora respira y siente la esperanza de salir sana. “¡Despacio, no corran, por favor, no corran!”, les pide la profesora de la Escuela de Idiomas a los empleados que, poco a poco, terminan de salir. Quedan pocos adentro, sólo los que quisieron, y abajo están, cara a cara, los estudiantes que le cantan a los Esmad: ‘¿Qué se necesita para ser un policía? Ser un hijueputa de noche y de día’.
4:00 p. m. Ya el paisaje es de hombres de negro, escudos marcados con Policía en letra blanca, y estudiantes con palos y piedras en la mano. Ingresa un tercer escuadrón por la portería del Ferrocarril. Desde los bloques de Ingeniería y entre los carros, la gente silba. ¡Fueraaaaaaaaaaaa!, piden a gritos. ¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! Hernán Pineda, quien estaba en el Laboratorio de Electrónica cuando oyó la primera explosión, ahora se codea con un agente del Esmad que, sin saber por qué, le exprime un gas pimienta de frente a la cara, por un ladito del escudo que tiene frente al pecho y con el que lo empujó y lo tumbó al piso. ¡Jueputa! ¡Corramos!, se escucha.
La Universidad hierve. Policías se pasean por el campus intentando allanar salones, empujando estudiantes, disparando gases, retirando la gente y, al mismo tiempo, bloqueando las salidas. Los vigilantes de Miro, desde la portería del Río, salen corriendo. Dan la vuelta a la Universidad y desde el Bar de Ciro, a dos cuadras, David Roldán los ve correr juntos y quitarse el uniforme. En el Parque E, donde también hay vigilancia de Miro, pudieron entrar y cambiarse la ropa. En Barraquilla, Julián Henao ve como un policía vestido de verde dispara un revólver para ahuyentar una turba que golpea a dos agentes del ESMAD. Nuevamente, todos corren. Al salir del campus, las tanquetas siguen a los estudiantes con chorros y más gases. Los vecinos sacan bolsas de leche y vinagre para que los que respiraron gases lacrimógenos se recuperen.
En el Parque de los Deseos, los niños están espantados, también se asfixian y lloran por los gases que allá mismo están lanzando los policías. La Estación Hospital del Metro es cerrada por quince minutos, casi anocheciendo, porque las agresiones del Esmad se extienden hasta acá. Frente a Policlínica, uno de ellos lleva un muchacho agarrado por la camisa. Aunque no pueden detener, esa noche 8 estudiantes resultaron en estaciones de policía; siete fueron los heridos que recibieron atención médica -Esteban el más grave con coágulos de sangre y un tumor en la cabeza-; y cero secuestrados.
8:00 p. m. Apenas una decena de personas queda en la Universidad. Sara, Cecilia, Camilo, Santiago, Ricardo y otros conforman una comisión verificadora. Con megáfono, Sara, morena,
alta, pesada, de rasgos bruscos y voz delicada, informa que la Fuerza Pública ya no está en el
campus, que pueden salir, que si alguien necesita ayuda salga ahora. Encuentran profesores en oficinas con cerrojo, estudiantes en los rincones de pasillos de los pisos altos de los bloques de Biología y Matemáticas.
El Rector, un par de horas antes, salió por la puerta que tiene acceso al río. A unos 100 metros
de la puerta, dentro de la Universidad, funciona el expendio de cocaína, marihuana, heroína y licores, según algunos, más movido de Medellín. Esa zona deportiva, El Aeropuerto, se salvó de los gases lacrimógenos. No hay noticia de jíbaros heridos o detenidos. Pero sí versiones de que, a pesar de la vigencia de la Tip, estaban ahí con un tendal de sustancias ilegales mientras la policía reprimía la protesta estudiantil.

*Con investigación de los egresados y estudiantes del programa
de Periodismo: Javier Bergaño, Daniela Gómez,
María Flórez, Jorge Caraballo, Róbinson Úsuga y Andrea
Aldana.

Por: Katalina Vásquez Guzmán
Tomado de: delaurbedigital.udea.edu.co

martes, 2 de noviembre de 2010

The Coca-Cola Case


Dos abogados y activistas de los derechos laborales ', Daniel Kovalik del Sindicato de Trabajadores del Acero de América y Terry Collingsworth del Organismo Internacional de Defensores de los Derechos, y el socio de Ray Rogers, de la Campaña Corporativa firmemente convencidos de que las corporaciones multinacionales EE.UU. deben rendir cuentas por las prácticas de miserable de sus socios comerciales en todo el mundo. Para llevar su batalla, recurren a una ley que data del origen de la Constitución de Estados Unidos - The Alien Tort Claims Act "- que permite a los extranjeros a presentar una demanda en los EE.UU. contra los estadounidenses que violan las leyes internacionales. La película cuenta la historia de su lucha contra uno de los iconos estelares de Estados Unidos: la empresa Coca-Cola.


Los cineastas hacen un seguimiento al trabajo de los abogados Daniel Kovalik y Terry Collingsworth, y del militante Ray Rogers, director de la Campaña Stop Killer-Coke, quienes levantan un acta de acusaciones contra el imperio de Coca-Cola por los delitos de secuestro, tortura y asesinato de dirigentes sindicales que luchan por el mejoramiento de las condiciones de trabajo en países como Colombia, Guatemala y Turquía. Con ello, los abogados buscan obligar al gigante norteamericano de la industria de bebidas gaseosas a responder por sus actos en una lucha jurídica por los derechos humanos.
























Por: The Coca-Cola Case - Sinaltrainal - Killer Coke

miércoles, 27 de octubre de 2010

Denuncia Pública: Señalamientos y estigmaticación de integrantes del MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su profunda preocupación frente al incremento en los últimos meses de los señalamientos y la estigmatización de la labor de integrantes del MOVICE por parte de organizaciones supuestamente no-gubernamentales como UnoAmerica, la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana y la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y algunos periodistas como Fernando Londoño y José Obdulio Gaviria; a través de plantones, grafitis, páginas web, artículos de opinión y comunicados públicos.

Las detenciones de los integrantes del MOVICE Carmelo Agámez Berrio y David Ravelo Crespo, como también el montaje judicial en contra de las organizaciones defensores de derechos humanos en la ciudad de Medellín muestran como el desprestigio y los señalamientos en muchos casos son un primer paso hacia los montajes judiciales y las detenciones arbitrarias.

Hechos
En octubre de 2010 el MOVICE fue informado sobre la existencia de un periódico virtual “B1” que estaba colgado en la página web de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que es presidente el ex-asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En el periódico aparecen varios testimonios y fotografías del montaje judicial que tiene su génesis en la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante el DAS y la RIME y en el que más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones estudiantiles que hacen trabajo en Antioquia son señalados de pertenecer al PC3 (Partido Comunista Clandestino). En este proceso la prueba testimonial incriminatoria que se acreditó era falaz y estaba estructurada por los organismos de seguridad del Estado que, valiéndose de guerrilleros conversos interesados en acceder a dádivas jurídicas y económicas, se prestaron a verter declaraciones en contra de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, en el propósito perverso de vincularlos a organizaciones insurgentes.

En el periódico B1, se hace un claro señalamiento a integrantes del MOVICE como Winston Gallego Pamplona de la Fundación Sumapaz, Elkin Jesús Ramirez de la Corporación Juridica Libertad y el integrante del Comité de Impulso y Secretario General del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Diego Martinez quienes aparecen en diferentes fotos. En el mismo periódico se hacen señalamientos contra el Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista (JUCO), ambos miembros del Comité de Impulso del MOVICE, la comunidad de Paz de San José de Apartadó, Gloria Cuartas, integrantes de CJL, el Padre Javier Giraldo y el profesor Miguel Angel Beltran.

Antecedentes
- La Organización UnoAmerica desde su creación ha señalado de forma sistemática y en reiteradas oportunidades a las organizaciones defensores de derechos humanos, varios de ellos integrantes del MOVICE de pertenecer a las FARC-EP y/o ELN. El 11 de octubre de 2010 UnoAmerica publicó un articulo en que acusa al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CJL y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de difundir falsas denuncias en relación al Oriente Antioqueño.
- En las operaciones del DAS, como “Transmilenio”, “Arauca”, “Intercambio” y “Europa” se subraya la necesidad de deslegitimar la labor de defensores de derechos humanos a través de montajes judiciales, la creación de páginas web y comunicados públicos.

Exigimos
- A la Fiscalía que investigue como elementos probatorios de una investigación pueden ser utilizados por terceros para señalar y amenazar a las personas investigadas en la misma. Y a la vez, que garantice el debido proceso de la investigación y la presunción de inocencia.

- Que el Estado Colombiano brinde las medidas de protección necesarias para proteger la vida y la integridad física de las personas vinculadas al proceso 686, adelantado por la Fiscal 74, seccional destacada ante el CTI.

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
26 de Octubre de 2010


Tomado de: movimientodevictimas.org

miércoles, 29 de septiembre de 2010

Rito Alejo del Río pretende desviar la atención y responsabilidad en crímenes



Gloria Cuartas Montoya, ha rechazado abiertamente las declaraciones de Elda Neyis Mosquera, alias “Karina” y Daniel Sierra, alias ’Samir’, rendidas ante el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá, a través de las cuales se pretende vincularla con las FARC. Estas declaraciones se producen tan solo siete (7) días después de que la ex alcaldesa de Apartadó, vinculara al General en retiro Rito Alejo del Rió con grupos paramilitares. Sospechosamente, alias “Karina” y alias ’Samir’, comparecieron por petición de la defensa del General.

La Ex Senadora señaló que estas declaraciones aparecen después de ser “testigo ante el caso que compromete al General del Rió en crímenes de lesa humanidad, caso Marino López en el caserío de Bijao-Cacarica, Chocó y este caso visto en el contexto de la región del Urabá 1995-1997 muestra la responsabilidad del acusado Señor Rito Alejo del Rió en la consolidación de grupos paramilitares y de una estrategia de exterminio de la oposición política en la zona, me refiero en especial al Municipio de Apartado”.

Gloria Cuartas preciso que “el General(r) del Rió pretende desviar la investigación y estas declaraciones se enmarcan en la campaña de desprestigio, chuzadas y seguimientos que desde 1997 se vienen realizando contra mí”.

Durante 12 años he denunciado los hechos en la Región del Urabá, las diferentes declaraciones ante la fiscalía, los registros en los medios de comunicación, mi intervención en el senado el 25 de mayo del 2005 que dio cuenta de mis intervenciones públicas en la zona desde 1992 siendo Gobernador Juan Gómez Martínez y yo trabajadora de la empresa Antioqueña de Energía y en las consecutivas responsabilidades regionales, desvirtuando las reiteradas acusaciones y montajes que pretenden deslegitimar mi palabra y mi testimonio ante uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Antioquia siendo Álvaro Uribe Gobernador y el General del Rió comandante de la XVII Brigada.

Por su parte del abogado Jorge Molano, apoderado de Gloria Cuartas en procesos contra altos oficiales del Ejército, entre ellos el General Rito Alejo del Rió, precisó que: “esta es una de tantas infamias y falsedades, que buscan atacar el buen nombre y dignidad de Gloria Cuartas. Formularemos las denuncias pertinentes en contra de estas personas, solicitando a las autoridades judiciales sean excluidos de los beneficios de Justicia y Paz. Estas personas deben responder por sus crímenes en la región y contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado”.

Bogotá, septiembre 29 de 2010


Por: dhColombia
Tomado de: dhcolombia.info

LA MUERTE Y LA INJUSTICIA SIGUEN IGUAL DE LATENTES - SIGUEN ATENTADO CONTRA LA VIDA

LA MUERTE Y LA INJUSTICIA SIGUEN IGUAL DE LATENTES



Lamentablemente los hechos siguen siendo supremamente graves, por lo que nuestro deber histórico y ético es dejar constancia nuevamente de estos sucesos. Las estructuras paramilitares continúan actuando bajo el amparo de la Fuerza Pública, su actuar de muerte cada vez se extiende más en la zona y las amenazas que anteceden dichas acciones siempre vienen del estado, que no ahorra esfuerzos por acabarnos, uniéndose para ello desde las diversas instancias de la justicia. Los organismos de control solo son correos que se despachan y escuchan entre sí, sin hacer absolutamente nada ante la situación, mostrando indudablemente la complicidad y la ineficacia ante todo esto.

Los hechos que ponemos a la memoria de la humanidad para que juzgue es:

- El 18 de septiembre de 2010 a las 10 horas, miembros del ejército entraron al caserío de la Resbalosa de la Comunidad de Paz, allí comenzaron a tomar fotos a la gente y a los animales de la comunidad, comenzaron a decir que las vacas que estaban allí y que pertenecían a gente de la comunidad que eran de la guerrilla, que esa comunidad era una h.p comunidad guerrillera que no descansarían hasta acabar con esa h.p. comunidad y con esos h.p líderes guerrilleros, además se burlaban diciendo que no les pasaba nada que ahí quedaba como ejemplo lo de la Masacre del 21 de febrero de 2005.

- El 14 de agosto de 2010 hacia las 9:30 a.m. Félix Guzmán estaba en su finca cortando arroz, en la vereda Murmullo Alto cerca a la vereda Alto Joaquín espacio perteneciente a nuestra comunidad. Félix estaba trabajando sin camisa y la tenía colgado en un árbol con el agua y el almuerzo, al momento se vieron los paramilitares, que venían de Guadual contigua al corregimiento de Batata donde tienen la base. Los paramilitares llegaron a la finca lo vieron hablando con ellos y no se volvió a ver, se encuentra desaparecido, estaba en su lugar de trabajo la camisa, el almuerzo y el arroz que había cortado. Su compañera y un niño de 8 años fueron a donde los paramilitares al otro día y ellos solo se reían sin contestarle nada sobre el paradero de Félix. Después de buscarlo toda la semana ella se fue para Tierra Alta. Félix había sido presionado por los paramilitares para que trabajaran con ellos y le pagarían $ 300.000, las presiones y amenazas venían porque lo acusaban de apoyar a la guerrilla y que por ello tenía que apoyarlos si no se moriría.



Estos hechos evidencian el actuar de muerte que busca acabarnos, no se ahorran esfuerzos por hacer reinar la injusticia y la muerte en la zona, saben que pueden hacer lo que quieran sin que puedan ser detenidos, ni existir mínimos de justicia. La impunidad del caso del 21 de febrero de 2005 (donde fueron asesinadas ocho personas) solo es uno más de los casos de impunidad en toda esta cadena de crimenes de lesa humanidad contra la comunidad, que vale para seguir actuando con esa lógica de exterminio. Pese a ello la coherencia moral de nuestra búsqueda alternativa nos lleva a decir no a esta conciencia de la muerte, y a pesar de todo ello seguir con más firmeza caminando en la coherencia de la vida, exigencia ética para una sociedad que busca la justicia. Acudimos a esa solidaridad nacional e internacional y que ha permitido que sigamos resintiendo civilmente en nuestro caminar.



COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Septiembre 22 de 2010





SIGUEN ATENTADO CONTRA LA VIDA


Lamentablemente después de dejar constancia de amenazas por parte del ejército contra la comunidad y la desaparición de Félix Guzmán por parte de los paramilitares, nuevamente tenemos que dejar constancia de nuevos hechos supremamente graves y que exigen urgentemente acciones para frenar el accionar de muerte que se viene dando en la zona.

- El 22 de septiembre de 2010, hacia las 17:50 horas, en el sitio Tierra Amarilla venían caminando JOSE DAVID GRACIANO Y ALONSO VALLE GUERRA cuando fueron abordados por dos paramilitares en una moto, uno de los paramilitares reconocido en la zona. Los paramilitares comenzaron a dispararles desde la moto, ellos corrieron y lograron esconderse quedando herido en una pierna Alonso Valle, el otro salió ileso. Ellos venían de una audiencia en la que se habían presentado, acusados injustamente y con falsos testimonios de ser milicianos. Como habían salido ya tarde de dicha citación no alcanzaron el carro de servicio público y venían caminado.

La comunidad dió aviso de estos hechos a la defensoría quienes dijeron que se habían comunicado con la Brigada y la respuesta de ellos era que todo estaba tranquilo y era mentira que estuviera sucediendo algo. Es de anotar que en la vía San José Apartado habían cinco retenes Militares, uno de ellos a tan solo 5 minutos de donde ocurrieron los hechos, además en tierra Amarilla ha existido un control militar últimamente, para el día de los hechos no había ninguna presencia militar. Estas dos personas habían solicitado a la Defensoría del Pueblo dos días antes de los hechos para que les acompañaran para bajar y subir de la audiencia porque temían por sus vidas al ser estigmatizados a través de las acusaciones y señalamientos en contra de ellos, la petición fue negada por la Defensoría.



- El 22 de septiembre de 2010, hacia las 8 horas fue abordado un miembro de nuestra comunidad en Dabeiba por el paramilitar conocido como Berardo Tuberquia, el manifestó que hacia parte de las águilas negras que hacen presencia en Córdoba y Uraba, la interrogó por varios miembros de la comunidad y le dijo que tenían una lista larga de la comunidad para asesinar y comenzó a decir que quienes encabezaban dicha lista estaban varios líderes, acompañantes y miembros de la comunidad al igual que gente de la zona del corregimiento de San José de Apartado.



Se evidencia la difícil situación en la zona por el actuar paramilitar y la complacencia ante ello de la fuerza pública, se atenta contra la vida sin que se haga absolutamente nada. Como siempre ante los hechos reales y contundentes se miente, se dice que no pasa nada. Ya estamos acostumbrados a ello, durante trece años hemos dejado constancia del paramilitarismo y solo dicen que mentimos, hemos dejado constancia de más de 800 violaciones de derechos humanos contra la comunidad y todo en la impunidad, la masacre del 21 de febrero dijimos como había sucedió con el accionar conjunto de paramilitares y militares corroborado esto por confesiones de los mismos militares, sin embargo todo en la impunidad, de ahí que se siga y se siga atentando contra la vida, queriendo exterminar a la comunidad.



Pedimos con urgencia la solidaridad nacional e internacional exigiéndole al Estado el cese de dicho accionar de muerte y exterminio contra la comunidad.



COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

SEPTIEMBRE 24 DE 2010



Tomado de: cdpsanjose.org/172
cdpsanjose.org/173

domingo, 20 de junio de 2010

El segundo desembarco. Multinacionales españolas en América Latina - OMAL



Quinientos años después de la Conquista de América, las empresas multinacionales españolas, con el apoyo de la diplomacia, de los organismos financieros internacionales y de los medios de comunicación, se hacen con los sectores clave de las economías de América Latina.

Es el segundo desembarco. Modernización, generación de empleo, disminución de la pobreza... fueron solo mitos. El saldo en forma de impactos de todo tipo no puede ser más negativo: daños medioambientales, desplazamientos de población, carestía y deficiencias de los servicios públicos privatizados, deterioro de los derechos laborales, violaciones de los derechos humanos y, en general, saqueo económico y de los recursos naturales.

Frente a ello, hoy, una amplísima red de organizaciones sociales del Sur y del Norte coordinan sus luchas y resistencias.

Por: OMAL
Tomado de: omal.blip.tv

jueves, 3 de junio de 2010

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA HACE LA VISTA CIEGA AL PARAMILITARISMO QUE DESDE HACE RATO PENETRÓ LA INSTITUCIÓN

En los últimos días, algunas instituciones gubernamentales y diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como locales, han registrado varios artículos, posiciones y declaraciones frente a la problemática que se vive en la Universidad de Antioquia.

Los ejes que se plantean como problemáticas, son: el expendio y consumo de drogas, los atracos a mano armada, supuestas violaciones sexuales al interior de los baños de mujeres, presencia de los venteros informales y las acciones de protesta de algunos estudiantes. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones sobre este tema evaden o pretenden ocultar el problema real que afronta la Universidad: la expansión del proyecto paramilitar que desde hace rato penetró al interior de este centro educativo, y no sólo de ésta, sino de la mayoría de las universidades públicas del país.

La Universidad de Antioquia tiene en su historial diferentes episodios relacionados con la interferencia paramilitar en el Alma Mater. Para sustentar lo anterior, están las amenazas, los acosos, las agresiones, los encarcelamientos y los asesinatos de que son víctimas estudiantes, profesores, trabajadores sindicalizados y defensores de derechos humanos que hacen parte de la institución, como son los casos del profesor asesinado Hernán Henao, el asesinato del estudiante y reconocido líder estudiantil, Gustavo Marulanda y la arbitraria privación de la libertad de Wiston Gallego Pamplona, abierto defensor de los derechos humanos en Medellín.

Igualmente, está la aparición de listas y sufragios que amenazan la vida de algunos profesores y estudiantes, que son obra de grupos paramilitares que ya penetraron el claustro universitario, como la del segundo semestre del 2005, cuando empezó a circular una lista negra con el nombre de 15 personas a las que las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, amenazaban con asesinar; o como la de marzo de 2009, que esta vez amenazaba a 30 estudiantes, muchos de ellos activistas estudiantiles, y estaba firmada por el Bloque Antioqueño de las Autodefensas.

Y ahora, en lo que va del año, aparecen dentro de la institución atracadores, los cuales robaron un computador portátil del Instituto de Estudios Políticos y a un
estudiante que trabaja en las burbujas de café y que al parecer llevaba 2.JPGconsigo el dinero de las ventas, ambos asaltos fueron cometidos a mano armada y los autores llevaban la indumentaria que suelen llevar los estudiantes que se encapuchan cuando van a realizar una protesta; lo preocupante del asunto es que la administración universitaria, por medio de sus comunicados, enviados a los correos electrónicos de toda la comunidad universitaria, dejó la sensación que estos actos de vandalismo eran cometidos por los mismo “encapuchados” que desde hace décadas y generación tras generación, hacen presencia en la universidad pública para protestar o pronunciarse. Sin prueba alguna y de manera tácita se culparon a estos estudiantes, sólo con el fin de agudizar la estigmatización que se ha levantado sobre el uso de la capucha.

Sin embargo, una vez fue desarticulada la banda de 10 atracadores, tal como lo informó el periódico El Mundo, el pasado 11 de abril (Ver artículo), y que de acuerdo con las declaraciones de Martiniano Jaime Contreras, vicerrector general de la Universidad de Antioquia, “eran personas al interior de la universidad que actuaban como una organización. Se hizo un trabajo interno de vigilancia, de seguimiento y de control y se logró capturar a estas personas que eran contratistas”, esto no se informó de igual manera a toda la comunidad universitaria y, hasta ahora, la Vicerrectoría General de la institución no ha revelado el nombre de la empresa contratista a la que pertenecían los asaltantes, ni se ha pronunciado acerca de las medidas que se adoptaron frente a ésta, y aún se desconoce si se le inició un proceso penal o si por lo menos se la abrió algún proceso disciplinario. Inclusive, siendo conocedores de quiénes son los atracadores, siguen haciendo públicas cartas abiertas a nombre de estudiantes, como la que reposa a un costado de la biblioteca central, donde se trata con ambigüedad el tema y sólo pretenden reproducir el ambiente de inseguridad en la universidad.

La administración de la universidad, de manera poco objetiva, pretende reunir todas las problemáticas de la universidad en un solo nivel, como si el el consumo de drogas tuviera algo que ver con una protesta política, con una empresa contratista que en su interior tenía una banda de atracadores o con una agresión sexual.

Las agudización de los problemas de orden público que ha vivido el Alma Mater, casualmente se han presentado en los mismos momentos en que la universidad ha vivido coyunturas políticas: la amenaza de las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, coincidió con la movilización del segundo semestre del año 2005 que estaba realizando la comunidad estudiantil para lograr la libertad de los estudiantes que estaban arbitrariamente detenidos en la cárcel de Bellavista, que fueron capturados luego del incidente del 10 de febrero del mismo año: la explosión al interior de la institución durante una protesta de los estudiantes; cuando surge el Bloque Antioqueño de las Autodefensas, los estudiantes de la UdeA marchaban y se movilizaban en contra del Plan Nacional de Desarrollo y del poco presupuesto para la educación pública; y ahora la inseguridad que se ha propiciado en la universidad coincide con la nueva carnetización que se quería implementar, la cual no fue consultada con la comunidad de la institución y que al parecer es abiertamente rechazada. Los carnet electromagnéticos, así como las cámaras de seguridad, no son más que medidas de control social para mantener bajo vigilancia el actuar y la locomoción del estudiantado en general, como si al interior del Alma Mater se quisiera imponer un Estado policivo, no se explica de otra forma las declaraciones del rector Alberto Uribe que recogió Colprensa el pasado 3 de mayo (ver artículo), donde éste anunciaba: “Se está estudiando la posibilidad de retirar la malla que rodea al plantel para así facilitar el acceso y control de las autoridades”.

Ahora bien, si el problema es la venta y consumo de alucinógenos, es inexplicable que gran parte de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, la mayoría de ellos no consumidores, reconozcan a los expendedores de drogas, es decir, a los “jibaros” que suelen ubicarse en “El Aeropuerto”, pero nadie de la seguridad privada, que incluso permanecen en una portería frente a la zona, ha logrado identificar a alguno.

El asunto de las drogas no es nuevo y no se les ha salido de las manos a la administración universitaria, lo que pasa es que “El Aeropuerto” se ha convertido en la plaza más grande y más cómoda para la venta y el consumo de drogas, y como bien es sabido, todas las plazas de la ciudad son controladas por paramilitares, y la de la Universidad de Antioquia no es la excepción, por esta razón no hay un serio interés de acabar con esta problemática, porque obedece a estructuras más grandes y complejas del paramilitarismo.


La problemática de la Universidad de Antioquia parece más una puesta en escena para justificar una militarización de la institución, el control policial y el afianzamiento del proyecto paramilitar en la misma. Se supone que la universidad cuenta con su esquema de seguridad, tiene una vigilancia privada a cargo de la empresa Miro Seguridad, pero el actuar de ésta ha sido ineficiente, y muchas veces ha quedado la sensación que esa ineficiencia es programada, obedeciendo a algún interés.

Y para terminar, por qué la administración de la universidad no se ha pronunciado ante el artículo que publicó El Espectador el pasado 17 de abril, que hacía referencia a los hermanos Carlos Mauricio y Juan Rodrigo, ambos jefes paramilitares, donde se informaba que este último, el cual fue “asesor de Carlos Castaño Gil, en las postrimerías de su comandancia, y de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, durante el proceso de desmovilización del bloque Élmer Cárdenas”, también fue coordinador de un seminario de democracia y paz de la Universidad de Antioquia, que fue dirigido por Alfonso Monsalve Solórzano, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas desde noviembre 1989 hasta enero 1991 y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de enero 1991 a febrero 1994.

Según la confesión de Juan Rodrigo García, el ex director del DAS, señalado como el cerebro detrás de las “chuzadas” de este organismo, José Narváez, a través de una fundación que lideraba, le giró a Monsalve 2.000 dólares mensuales durante su estadía en España y desde entonces, tal como lo dice El Espectador, Juan Rodrigo García “sospechaba que actividades académicas de la Universidad de Antioquia podían ser parte de actividades de inteligencia del Ejército”.

Así mismo, García también confesó que en una reunión que sostuvo con Narváez y Carlos Castaño, en una finca de este último, días después del asesinato de Jaime Garzón, se analizó una lista de personas a asesinar en dado caso que la guerrilla reaccionara, lista en la que figuraba la investigadora y docente de la U. de A., María Teresa Uribe

Por qué la administración universitaria no se ha manifestado al respecto, teniendo en cuenta que Monsalve ha ocupado altos cargos directivos durante la actual administración, fue director del Instituto de Filosofía de la Universidad desde diciembre de 2003 a diciembre de 2005 y vicerrector de Investigación de la institución desde enero de 2006 hasta febrero de 2009. Por lo tanto, qué pretende encubrir la Universidad de Antioquia con el silencio que está guardando. Cuándo se va a iniciar una investigación seria sobre la penetración paramilitar en dicha institución.

Aparentemente, no existe una voluntad real de parte de la administración de la Universidad de Antioquia para pronunciarse sobre la verdadera problemática que es la penetración paramilitar en este centro educativo, tampoco para solicitar que se investiguen las posibles vinculaciones que puedan tener miembros de la comunidad universitaria con el paramilitarismo, ni para iniciar las debidas investigaciones disciplinarias que den a lugar en el mismo sentido, quedando todo en la impunidad tal como ocurrió con el actual rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho, del cual se conoció una conversación que sostuvo con alias “Felix” en donde el rector le aseguraba al paramilitar que le conseguiría una lista de trabajadores y líderes estudiantiles, los cuales serían asesinados bajo el “plan pistola” (Escuchar conversación).

La Corporación Jurídica Libertad hace una llamado a la administración de la Universidad de Antioquia para que se pronuncie sobre los hechos aquí detallados, a que inicie una investigación que permita tomar las decisiones y medidas para desmantelar el proyecto paramilitar en el Alma Mater, a que revele el nombre de la empresa contratista involucrada con los atracos al interior de la institución y, finalmente, hace un llamado general a que se respete la vida, la integridad y la libertad de los estudiantes, profesores y trabajadores que ejercen la crítica y hacen uso de su derecho a la disidencia política.

Comunicaciones CJL
2 de junio de 2010


Tomado de: cjlibertad.org

sábado, 22 de mayo de 2010

Uribe 2002-2010, hecatombe social

Como despedida del gobierno uribista, el nivel de pobreza es el mismo desde 2008. Afecta al 46 por ciento de la población, y la pobreza extrema llega a un 17,8. Una muestra apenas de que en los ocho años de Uribe el social fue el sector más afectado. La situación de los hospitales y la crisis estructural de la salud son lo más grave. El desempleo alcanza el 12,8 por ciento y la Corte Constitucional declaró en peligro de extinción a 32 de los 102 pueblos aborígenes. La posibilidad de que un joven muera asesinado en Colombia es cinco veces más alta que el promedio de América Latina.

Son 29 millones de personas las que viven en extrema pobreza y que conforman los niveles 1 y 2 del Sisben. En consecuencia, dos de cada tres colombianos padecen esta crítica situación. Y cuatro de cada cinco trabajadores devengan menos de dos salarios mínimos legales. Dado el caro valor de la canasta familiar, para los estratos socio-económicos bajos, la capacidad de compra del salario mínimo legal en Colombia es de tan solo un 47 por ciento. Ni con dos salarios mínimos, el trabajador puede satisfacer los requerimientos básicos de su familia.

El despojo de reivindicaciones, con deterioro en el mercado de trabajo, y los problemas derivados de la pobreza y la indigencia, resumen la problemática social. La violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es de carácter estructural y está generalizado en Colombia.

Los 29 millones de pobres, de los cuales nueve son indigentes, no tienen garantizados sus derechos a trabajo digno, vivienda, educación, alimentación, recreación y seguridad social. En contraste, las transnacionales, los grandes empresarios y banqueros son beneficiados con exenciones y subsidios. La iniquidad y la exclusión se constituyen en los principales obstáculos para sembrar en el país una cultura de derechos humanos, democracia, justicia y desarrollo sustentable que posibilite poner fin a un conflicto ya crónico.

Los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, la población rural y los trabajadores constituyen las principales víctimas de la exclusión y la violencia de este régimen. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país mantiene la misma pobreza desde 2008, y eso, gracias a la caída de los precios de los alimentos –por la sobreoferta interna que ocasionó la ruptura de relaciones con Venezuela. Los dos gobiernos de Uribe apoyaron la concentración de la riqueza como nunca antes.

Según la reciente medición de la concentración del ingreso por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el valor del Gini para Colombia es de 59,2 (estadística que mide la desigualdad, entre 0 y 100, y el 0 significa la igualdad absoluta –todos los habitantes del país tienen una riqueza similar–, y el 100 la desigualdad absoluta). Es decir, andamos como el país de mayor iniquidad en el continente americano. Por encima de los Estados Unidos (40,8), México (46,1), Venezuela (48,2), Costa Rica (49,8) y Guatemala (55,1).

A comienzos de la década de 1980, el porcentaje del valor agregado apropiado por los trabajadores en el PIB era del 44 por ciento. Un porcentaje que viene en caída acelerada. En el 2000, esta participación fue de 36,5 y en 2009 tuvo su nivel más bajo: 32 por ciento. De este modo, en las tres últimas décadas, los asalariados perdieron 12 puntos en la apropiación de la riqueza que el país produce.

Elocuentes cifras

Según las cifras del Dane, la tasa de desempleo es de 12,8 por ciento. En febrero de 2010, la población ocupada fue 18,9 millones; la desocupada 2,7 millones, y la inactiva 13 millones de personas. La posición ocupacional que registró mayor participación durante el trimestre móvil diciembre 2009-febrero 2010 fue el trabajador por cuenta propia (43,5%). El empleo se concentra en las actividades más precarias e inestables: comercio, restaurante y hoteles cubren el 27,1 por ciento del total de puestos de trabajo. La combinación de estos dos factores explica la actual tendencia a la precarización del mercado de trabajo colombiano:–según el Dane, de cada 100 trabajadores ocupados, 58 son informales, esto es, cerca de 11 millones. En resumen, un relativo 63,4 por ciento de la población económicamente activa, 13,7 millones de quienes viven de vender su fuerza de trabajo, sufren la exclusión o la mala calidad laboral.

A su vez, ninguna institución o sector social quedó por fuera de la voracidad, intereses y propiedad del capitalismo: la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, la energía, el agua, el saneamiento básico y el medio ambiente. A contrapelo de la Constitución, durante la última década, el sector social es objeto de la más implacable privatización. De la transformación en la lógica de su funcionamiento y colonización por parte del capital nacional y transnacional. La perspectiva de derechos es reemplazada por el de mercancías y riesgo, y la prestación de los servicios sociales se desvaneció en el ilusorio sistema de “aseguramiento”.

En general, la política social durante el dominio Uribe se caracterizó por el asistencialismo y el populismo, a fin de cooptar políticamente a la población más vulnerable, hacerla depender de los intereses del gobierno, sin intentar una superación de los problemas de exclusión e injusticia que campean en Colombia.

En relación con el enfoque poblacional, Uribe desestimó la perspectiva de derechos. Contrario a la justicia básica de la política social, prefirió beneficiar a los más ricos (por ejemplo, a través de Agro Ingreso Seguro). En este largo período de la vida nacional, se profundizó la brecha entre varones y mujeres en cuanto a la incidencia de la pobreza y la indigencia. La desigualdad en el ingreso percibido por unos y otros también se incrementó. Con igual nivel educativo, las mujeres ganan menos que los hombres.

La perspectiva de represión que reemplazó a la de derechos durante los gobiernos de Uribe ha representado el encarcelamiento de una alta cantidad de jóvenes: de los 78.000 presos actuales (población que se duplicó en estos últimos ocho años), un 80 por ciento tiene edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. Pero los adolescentes no escapan de esta situación; debido al nuevo Código de la Infancia, que criminaliza a los pobres. En 2009, según la Dirección de Protección y Servicios Espaciales de la Policía Nacional, el número de menores de edad (entre 14 y 17 años) capturados por la comisión de delitos fue de 22.000.

Finalmente, en el período 2002-2010, la prioridad del régimen uribista fue el gasto militar para incrementar la guerra y reprimir la sociedad: en 2002, estos gastos representaban un 4,8 por ciento del PIB y aumentaron al 5,6 en 2010, sin incluir los recursos estadounidenses para el ‘plan Colombia’. Su objetivo, por tanto, no era acabar con la pobreza sino con los pobres. Cómo no, si el gasto social registró un exiguo crecimiento en relación con su participación en el Producto Interno Bruto: de 10,1 por ciento pasó a 11,9 por ciento (en 1996 había alcanzado el 16 por ciento). En América Latina, este promedio es de 17 por ciento.

* Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Consultor, investigador y escritor independiente. Catedrático de la maestría en Derechos Humanos de la UPTC; Consultor de Unicef para la Política de Juventud de Colombia; Asesor de la Política Pública Departamental de Juventud de la Gobernación de Cundinamarca; Consultor del IGAC-MinAmbiente en la Zonificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.


La educación quedó en camilla

En educación, la cobertura neta de básica llegó a 92,4 por ciento, en tanto que a la educación básica y media asisten 11 millones de estudiantes. Sin embargo, mientras en el rango de edad de 13-17 años, la proporción de adolescentes incorporada a la educación llega a un 80 por ciento, entre los 18 y los 22 años desciende a 55, y sólo a 50 entre los 23 y 26 años.

Si bien la cobertura en educación superior aumentó, de un 20,6 por ciento en 2002 a un 33,3 incluidos los estudios técnicos, tecnológicos y profesionales; en 2008, la deserción hacia el final de los programas de estudio alcanzó el 50 por ciento. En otras palabras, sólo uno de cada tres colombianos inicia algún estudio después de terminar el bachillerato. Y apenas, el 16 por ciento logra culminarlo. Varias razones explican esta deserción: la primera, y más grave, es el bajo nivel académico de la educación básica y media. Las otras causas se asocian con temas económicos: hogares con ausencia de ingresos para pagar los costos o los programas de financiamiento (becas y créditos).

Los problemas de calidad y pertinencia de la educación son de índole estructural. En pruebas internacionales como PISA, que mide la capacidad para analizar, razonar, comunicarse, examinar, interpretar y resolver problemas, Colombia ocupó en 2007 el puesto 53 entre 57 países. Respecto al Sena, la universidad de los pobres, aumentó los cursos y cupos de 50.000 a 200.000, pero no en educación formal, ya que la mayoría es de cursitos de corta duración.


El colapso del sistema de salud

En el marco de esta crítica situación que viven trabajadores y sectores populares, el sistema de salud se encuentra colapsado financieramente debido a las altas tasas de ganancia de las EPS (intermediarias de los servicios de salud), la baja participación de quienes pertenecen al régimen contributivo y el no pago de los seis billones de pesos que el Gobierno adeuda al sistema, y deja por fuera a un 15 por ciento de la población.

De los 40 millones cubiertos, en el régimen subsidiado se encuentran 22,8 millones de personas y en el contributivo 17 millones (de los cuales sólo ocho aporta; el resto es de familiares). Un reflejo del desempleo, la precariedad del empleo y los bajos ingresos de la mayoría de los trabajadores. El aumento en la cobertura de salud se logró a costa de la calidad del servicio. Los usuarios deben recurrir a las acciones de tutela para lograr medicinas y tratamientos que el Plan Obligatorio de Salud les niega. En 2008 se interpusieron 142.957 tutelas.


Los pueblos indígenas en la mira

Los pueblos indígenas han padecido de igual manera el terrorismo del Estado. Entre 2002 y 2009 sufrieron el asesinato de más de 1.200 integrantes, 176 desapariciones forzadas, 187 violaciones sexuales y torturas, 633 detenciones arbitrarias, más de 5.000 amenazas y 84 ejecuciones extrajudiciales, según reportes y pronunciamientos oficiales como el de Esta persecución tiene su origen principalmente en el interés de despojar a estos grupos étnicos de sus territorios; objetivo de las transnacionales mineras para instalar allí sus macroproyectos bajo la complacencia del Gobierno.


La juventud y el odio del Gobierno

Los jóvenes han sido los más odiados por el régimen uribista. En 2010, la situación juvenil atraviesa su peor crisis desde la década de 1960, cuando se iniciaron las políticas de juventud en Colombia.

Ante la desinstitucionalidad social y política que vive el país, los jóvenes son gravemente afectados: son las principales víctimas de la violencia y el conflicto armado, pero también resultan excluidos de los sistemas de protección social, de la educación y de los procesos de desarrollo. En el país, sólo un 56,7 por ciento de los jóvenes de 14 a 26 años está afiliado al sistema de seguridad social; en consecuencia, cuatro de cada 10 jóvenes no cuentan con esta protección. De otra parte, el contrato informal prevalece en los vínculos laborales de los jóvenes: a la tercera parte de los trabajadores de le violan sus derechos laborales. Según el Dane, la tasa de desocupación de los jóvenes entre 14 y 26 años, a febrero de 2010, es del 22,7 por ciento. La crisis se origina y se manifiesta con mayor fuerza en el nivel nacional.

El prometido “Plan Decenal de Juventud 2005-2015 nunca se llevó a la práctica. Tampoco, concretó el Documento Conpes, que buscaba coordinar y dar directrices sobre el Sistema Nacional y la Política de Juventud. Peor aún, la grave recesión económica golpea con mayor fuerza a los jóvenes, tanto por el lado del desempleo como con la caída de ingresos y la precarización en los puestos de trabajo.

Violencia y “falsos positivos”. Uno de los más graves problemas que afectan a la población juvenil es la violencia. En 2009, de los 17.565 homicidios reportados por Medicina Legal (aumentaron en 15,2 por ciento respecto a 2008), el 60 por ciento tuvo como víctimas a los jóvenes. Otro de los graves problemas que afrontan, es el de los mal llamados “falsos positivos”. Philip Alston, relator de las Naciones Unidas que recientemente recabó testimonios sobre la matanza de jóvenes, presentó un informe en el cual concluye que “los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate suman los 1.800” (ver mapa).

Represión penal. A todo lo anterior se le suma la serie de proyectos de ley que impulsa el Congreso contra la juventud colombiana y que tienen el mismo espíritu de restricción de libertades y castigo, que inspiró la creación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en el marco del nuevo Código de la Infancia y Adolescencia1 y la Ley de Pequeñas Causas Penales2. Como resultado, se castiga con cárcel el hurto en sus diversas formas, conducta que se incrementa en la población joven mayor de 18 años, perteneciente a estratos socio-económicos bajos. El más protuberante proyecto de ley es el que prohíbe la circulación de jóvenes a partir de una hora determinada (“toque de queda para menores”), que se tramita en el Congreso de la República como Proyecto de Ley 145 de 2008 Senado. Otra iniciativa se dirige a las llamadas “barras bravas” (Ley 1270 de 2009). Finalmente, tenemos el Acto Legislativo número 2 del 17 de diciembre de 2009, que sin alternativa médica y de un nuevo contexto sicológico y social prohíbe la dosis personal.

En el Congreso cursa el Proyecto de Ley por el cual “se expide el Estatuto de Juventud y se dictan otras disposiciones”, resultado de acuerdos parlamentarios sin consulta ni participación juvenil. Este Estatuto de la Juventud reedita la cosmovisión que sobre el sector mantienen los grupos de poder en Colombia: asistencialismo, cooptación política, fuerza de trabajo funcional a las nuevas condiciones de explotación laboral e involucramiento en el conflicto armado. Peor aún, en el artículo 57 se desmontan los escasos avances concretos de la legislación que favorece a la juventud colombiana: “La presente Ley (Estatuto) rige a partir de su sanción y publicación, y deroga en su totalidad la Ley 375 de 1997”.

1 Ley 1098 de 2006.
2 Ley 1153 de 2007, considerada inexequible por la Corte Constitucional.


Por: Libardo Sarmiento Anzola
Tomado de: desdeabajo.info

domingo, 16 de mayo de 2010

Primero de mayo en Bogotá con MOVICE - Entrevista Yuri Neira Salamanca


Las celebraciones de este 1 de mayo en Bogota se han saldado con casi 3oo detenidos y 16 heridos graves. Mas de 12.000 policías realizando cargas, utilizando tanquetas, mangueras, gases lacrimógenos y bolillos contra los manifestantes e infiltrándose en la marcha para realizar actos de provocación, fueron los encargados de prestar seguridad al evento. En Colombia no solo no se han alcanzado las demandas que el movimiento obrero ha venido acumulando desde hace años, sino que exigirlas sigue siendo un peligro para quien se atreve a reclamar sus derechos, como lo demuestra este mero reporte o las elevadas cifras de sindicalistas asesinados en el país. Por eso el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado se sumó a la marcha del primero de mayo, y a ellos y a las demás organizaciones sociales y obreras que participaron en el evento les dedicamos este video. También muy especialmente a Nicolás, asesinado hace 5 años de forma brutal por el ESMAD en esta misma marcha y se ha convertido en un símbolo de la resistencia para el pueblo, y a Yuri Neira, incansable luchador por los derechos.


Entrevista Yuri Neira Salamanca





Por: International Peace Observatory- IPO - peaceobservatory.org - peaceobservatory.org

Colombia 2010

Colombia 2010 from Nacho Salgado on Vimeo.




Desde hace 45 años Colombia está inmersa en un grave conflicto político, social y armado.
Esta crisis se expresa con una de las más altas tasas de desplazamiento interno del mundo, con ejecuciones extrajudiciales, ataques indiscriminados detenciones masivas, hostigamiento, amenazas y múltiples transgresiones al derecho internacional humanitario.

Entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 2010 una delegacion asturiana visitó diferentes departamentos del país con el objeto de verificar, por sexto año, la situación de los derechos humanos en Colombia.
En este documental quedan recogidas gran parte de sus conclusiones… (Ángela López)


DOCUMENTO VI INFORME(castellano)


DOCUMENTO VI INFORME (asturianu)


Tomado de: vimeo.com

Un año de atropellos e injusticia, pero de mucha dignidad - Por Miguel Ángel Beltrán


"La resistencia es un deber, no una obligación.
Mantener la dignidad es un imperativo absoluto eso es:
la dignidad es lo que me queda, lo que nos queda"

Tajar Ben Jelloun


Hoy 13 de mayo de 2010 a punto de cumplir un año de estar privado arbitrariamente de mi libertad. Un año en el que se me han violado mis derechos fundamentales; un año en el que los medios oficiales de comunicación me han tratado como un peligroso terrorista; un año en el que he sido víctima de presiones físicas y psicológicas, incluyendo amenazas contra mi familia; un año en el que se me ha condenado a vivir la mayor parte del tiempo en una celda de tres por cuatro metros, con tres y hasta cuatro internos más en condiciones de hacinamiento, un año en que he padecido los maltratos de una guardia que reacciona violentamente cuando hago valer mis derechos. En una palabra, un año de inenarrables sufrimientos físicos y morales.

Pero más allá de estas difíciles circunstancias, quisiera decirles que como sociólogo, como colombiano, como ser humano, estos doce mese de prisión han sido un gran aprendizaje para mi, una “oportunidad” para ampliar mi horizonte de conocimientos y observar de cerca una realidad que los medios de comunicación y los poderes establecidos pretenden ocultar afanosamente.

Para empezar he apreciado el auténtico rostro autoritario de regímenes que como México y Colombia exaltan en sus constituciones y en sus discursos oficiales la primacía de los valores democráticos, pero que no vacilan en recurrir a mecanismos tan repudiables como el secuestro, la desaparición forzada, la tortura y la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos con el pretexto de combatir una supuesta “amenaza terrorista”. Y es que debo decirles –porque los medios de comunicación al servicio del stablishment lo han ocultado- que no fui capturado sino secuestrado y torturado por las autoridades mexicanas –en una operación coordinada con la DIJIN colombiana- cuando creyendo en las instituciones democráticas de estos países, me presenté voluntariamente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración a solicitar una prórroga de mi estancia legal, con el fin de concluirá mi investigación posdoctoral que adelantaba por una invitación del Centro de estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese 22 de mayo de 2009 el presidente Felipe Calderón, contrariando la voluntad del pueblo mexicano, cortó de tajo una larga tradición democrática que en décadas anteriores hizo de este país un lugar de refugio para numerosos intelectuales, políticos y líderes populares perseguidos por los regímenes autoritarios del continente y del mundo entero. Con esta infame acción, el gobierno del mandatario mexicano reafirma su pretensión de aplicar para México los lineamientos de la mal llamada “seguridad democrática”, que en Colombia ha arrojado como resultado el crecimiento del número de desplazados, la legalización de las organizaciones paramilitares, el incremento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sin contar con el profundo desangre presupuestal que lejos de resolver el problema de la violencia no hace más que agudizarlo.

Este doloroso capítulo de mi vida me ha permitido conocer los engranajes de una justicia viciada en la que primero se juzga y luego se investiga, una justicia que se sustenta en procedimientos encaminados a obtener un fallo condenatorio; un sistema penal acusatorio donde lo verdaderamente importante para el estado es que el sindicado esté dispuesto a reconocer su delito; un ente fiscal que se apoya en metodologías probatorias que no satisfacen las exigencias mínimas del proceso legal, un sistema procesal que no garantiza los principios del Estado real de derecho. Todo lo cual quedó claro en la audiencia de legalización de mi captura, donde un juez de garantías legitimó una captura ilegal, ignorando deliberadamente mi delicado estado de salud; una imputación donde no se aclaran los supuestos hechos delictivos (el cómo, cuándo y dónde ocurrieron); una inculpación donde se afirma que crear grupos de investigación científica es “concierto para delinquir” y que hablar de en espacios académicos del conflicto social y armado configura un delito de “rebelión”. Un juicio que se sustenta en una prueba ilícita e ilegal como el supuesto computador de “Raúl Reyes”.

Mientras efectivos del ejército acusados de ser autores materiales de “falsos positivos” (léase asesinatos a sangre fría) eran dejados en libertad por “vencimiento de términos” a mí se me convocaba a juicio oral para el 30 de diciembre de 2009, advirtiendo falazmente que mi defensa estaba recurriendo a maniobras dilatorias con el fin de obtener mi libertad amparado en esta misma figura jurídica. Cinco meses después de instalado el juicio oral no se ha dado inicio al mismo y a la espera de que esto suceda ya he cumplido un año de condena en este pabellón de máxima seguridad.

Para quienes no han tenido el infortunio de estar aquí –y espero que jamás lo tengan- el Pabellón de alta Seguridad de “La Cárcel la Picota” alberga internos considerados de un alto perfil delincuencial, por eso estamos sometidos a un régimen penitenciario especial –copiado del modelo norteamericano- que propicia la violación de nuestros derechos fundamentales, la restricción de visitas, la prohibición de usar espacios físicos recreativos y de trabajo (vb.gr. talleres); y el permanente monitoreo de cámaras de video, entre muchas otras medidas represivas que parten de negar nuestra condición humana porque se nos ha clasificado como peligroso para la sociedad. Contrasta esta situación con el tratamiento que reciben los jefes paramilitares, narcotraficantes y parapolíticos incriminados en masacres y delitos de lesa humanidad, quienes habitan en cómodos pabellones, con toda clase de lujos y prebendas por parte de las Directivas del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario de Colombia), cuando no gozan del beneficio de la detención domiciliaria, derecho que me fue negado pese a ser un servidor público y carecer de antecedentes penales.

Estos doce meses de presidio político no han podido, sin embargo, doblegar mi voluntad de lucha, porque para un espíritu libre no pueden haber barreras que impidan su acción. He impartido cursos de sociología, historia de América Latina, gramática y ortografía, hemos impulsado jornadas deportivo-culturales; he escrito y llevado a escena una obra de teatro (“El señor presidente apesta”); hemos fundado la Biblioteca “Jairo Antonio Sánchez”, primero en la cárcel Modelo y ahora en la Picota; y el pasado primero de mayo, día internacional de la clase obrera, lanzamos a la luz pública el primer número de boletín de presos políticos “la Fuga a viva voz” que pretende ser una valiente fuga de denuncias para re-encontrarnos con ese mundo externo que no nos es ajeno y que por el contrario es aliento para nuestra lucha.

Sin la fuerza solidaria que ustedes me han comunicado, todo esto hubiese sido imposible. Desde el momento mismo de mi detención la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (ASOPRUDEA), junto con mi familia, amigos, amigas, estudiantes y colegas de Colombia y el mundo entero, han asumido de manera activa el liderazgo de una campaña por la defensa del pensamiento crítico. A ellos, a las organizaciones y grupos de trabajo estudiantil, a los medios alternativos de comunicación, a las ONG’s defensoras de derechos humanos, a los intelectuales y académicos críticos, quisiera agradecer su decidida solidaridad, que en este momento constituye el mejor aliciente para seguir adelante y un escudo invencible para hacer frente a esta injusta situación.

Lamento sí que las altas directivas de la universidad, y particularmente su máxima cabeza visible, el Dr. Moisés Wasserman, tan enfático a la hora de condenar legitimas expresiones de protesta de los estudiantes, calle frente a los atropellos de un gobierno ilegitimo que recurre a la violencia física y simbólica para silenciar a la comunidad universitaria: ¿Qué podemos pensar de un rector que se apresura a calificar de “secuestradores” a estudiantes que no le permiten salir de su carro mientras calla frente al secuestro de un docente de su planta profesoral que adelanta estudios postdoctorales en un país vecino y, de un momento a otro es presentado ante la opinión pública nacional e internacional como uno peligroso terrorista sin el más mínimo respeto a su presunción de inocencia? ¿Será posible que esta delicada situación no suscite entre los directivos de nuestra magna casa de estudios la más elemental reflexión sobre el papel crítico de la academia en una sociedad atravesada por un agudo conflicto social y armado? ¿O es que la relevancia social de la universidad solo puede medirse a través de indicadores cuantitativos de productividad?

Tal parece que en la universidad pública bien abriéndose paso una tecnocracia académica con vocación burocrática que ve en el Alma Mater una fuente de legitimización de su poder, que privilegia la eficiencia, edificando sobre ella un sistema único de valores y concepciones acerca de las formas de gestión universitaria; una burocracia que resulta incapaz de adelantar reformas académicas con pertinencia social, porque se halla a espaldas de la comunidad universitaria; un gobierno universitario más comprometido con la reproducción de los grupos dominantes de poder que con un gobierno verdaderamente académico. Esto explica su negativa a asumir y debatir, de cara al país, los problemas nacionales.

Decía alguna vez el escritor español Miguel de Unamuno que: “hay momentos en que callar es mentir” y este silencio institucional de la Universidad es otra manera de conceder la razón a los tiranos. Y es que en ocasiones el miedo nos hace crear fantasmas y peor aún, creer en ellos.

Mi hoja de vida ha sido transparente, está a la vista de todos y todas ustedes. Son más de dos décadas de labor docente e investigación en que he enseñado a mis estudiantes no a disparar armas sino ideas; a indagar, explorar y comprender los fenómenos sociales que supone considerar todos los puntos de vista y explicaciones, así como descubrir hechos incómodos que más temprano que tarde chocarán con los saberes y poderes establecidos.

Por esos los convoco a que venzan sus temores, se despojen de su mordaza y hagan presencia masiva en el juicio oral que se iniciará el próximo lunes 24 de mayo de 2010, porque allí no se Juzgara al profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, allí se enjuiciará el pensamiento crítico, la libertad de cátedra, el trabajo académico comprometido.

En una palabra la esencia misma de la universidad pública, violentada por aquellos que pretenden coartar las ideas y convertir el Alma mater en un espacio para el pensamiento único y hegemónico.

quiero que comprendan que el haber optado por esta opción de vida, hoy me mantiene tras estas rejas y ad portas de un juicio oral que podría concluir en una condena de hasta 30 años, puedo decirles que no me arrepentiré de mis convicciones porque creo en el hombre y creer en el hombre significa creer en su libertad de pensamiento, de palabra, de crítica, de oposición, todo lo que este Estado persigue y criminaliza para garantizar los intereses de una minoría, por eso concluyo con el escritor marroquí Tajar Ben Jelloun que: “Nunca condenaré a los que no soportan a los que les hacen sufrir ya acaban sucumbiendo a la tortura y se dejan morir. He aprendido a no juzgar a los hombres. Solo soy un hombre semejante a todos los demás, con la voluntad de no ceder”.

Un abrazo fraterno
Miguel Ángel Beltrán Villegas,
Preso político, Pabellón “Alta Seguridad” (2Piso), Cárcel La Picota


Tomado de: todossomosmiguelangelbeltranvillegas.blogspot.com