LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA HACE LA VISTA CIEGA AL PARAMILITARISMO QUE DESDE HACE RATO PENETRÓ LA INSTITUCIÓN

En los últimos días, algunas instituciones gubernamentales y diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como locales, han registrado varios artículos, posiciones y declaraciones frente a la problemática que se vive en la Universidad de Antioquia.

Los ejes que se plantean como problemáticas, son: el expendio y consumo de drogas, los atracos a mano armada, supuestas violaciones sexuales al interior de los baños de mujeres, presencia de los venteros informales y las acciones de protesta de algunos estudiantes. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones sobre este tema evaden o pretenden ocultar el problema real que afronta la Universidad: la expansión del proyecto paramilitar que desde hace rato penetró al interior de este centro educativo, y no sólo de ésta, sino de la mayoría de las universidades públicas del país.

La Universidad de Antioquia tiene en su historial diferentes episodios relacionados con la interferencia paramilitar en el Alma Mater. Para sustentar lo anterior, están las amenazas, los acosos, las agresiones, los encarcelamientos y los asesinatos de que son víctimas estudiantes, profesores, trabajadores sindicalizados y defensores de derechos humanos que hacen parte de la institución, como son los casos del profesor asesinado Hernán Henao, el asesinato del estudiante y reconocido líder estudiantil, Gustavo Marulanda y la arbitraria privación de la libertad de Wiston Gallego Pamplona, abierto defensor de los derechos humanos en Medellín.

Igualmente, está la aparición de listas y sufragios que amenazan la vida de algunos profesores y estudiantes, que son obra de grupos paramilitares que ya penetraron el claustro universitario, como la del segundo semestre del 2005, cuando empezó a circular una lista negra con el nombre de 15 personas a las que las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, amenazaban con asesinar; o como la de marzo de 2009, que esta vez amenazaba a 30 estudiantes, muchos de ellos activistas estudiantiles, y estaba firmada por el Bloque Antioqueño de las Autodefensas.

Y ahora, en lo que va del año, aparecen dentro de la institución atracadores, los cuales robaron un computador portátil del Instituto de Estudios Políticos y a un
estudiante que trabaja en las burbujas de café y que al parecer llevaba 2.JPGconsigo el dinero de las ventas, ambos asaltos fueron cometidos a mano armada y los autores llevaban la indumentaria que suelen llevar los estudiantes que se encapuchan cuando van a realizar una protesta; lo preocupante del asunto es que la administración universitaria, por medio de sus comunicados, enviados a los correos electrónicos de toda la comunidad universitaria, dejó la sensación que estos actos de vandalismo eran cometidos por los mismo “encapuchados” que desde hace décadas y generación tras generación, hacen presencia en la universidad pública para protestar o pronunciarse. Sin prueba alguna y de manera tácita se culparon a estos estudiantes, sólo con el fin de agudizar la estigmatización que se ha levantado sobre el uso de la capucha.

Sin embargo, una vez fue desarticulada la banda de 10 atracadores, tal como lo informó el periódico El Mundo, el pasado 11 de abril (Ver artículo), y que de acuerdo con las declaraciones de Martiniano Jaime Contreras, vicerrector general de la Universidad de Antioquia, “eran personas al interior de la universidad que actuaban como una organización. Se hizo un trabajo interno de vigilancia, de seguimiento y de control y se logró capturar a estas personas que eran contratistas”, esto no se informó de igual manera a toda la comunidad universitaria y, hasta ahora, la Vicerrectoría General de la institución no ha revelado el nombre de la empresa contratista a la que pertenecían los asaltantes, ni se ha pronunciado acerca de las medidas que se adoptaron frente a ésta, y aún se desconoce si se le inició un proceso penal o si por lo menos se la abrió algún proceso disciplinario. Inclusive, siendo conocedores de quiénes son los atracadores, siguen haciendo públicas cartas abiertas a nombre de estudiantes, como la que reposa a un costado de la biblioteca central, donde se trata con ambigüedad el tema y sólo pretenden reproducir el ambiente de inseguridad en la universidad.

La administración de la universidad, de manera poco objetiva, pretende reunir todas las problemáticas de la universidad en un solo nivel, como si el el consumo de drogas tuviera algo que ver con una protesta política, con una empresa contratista que en su interior tenía una banda de atracadores o con una agresión sexual.

Las agudización de los problemas de orden público que ha vivido el Alma Mater, casualmente se han presentado en los mismos momentos en que la universidad ha vivido coyunturas políticas: la amenaza de las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, coincidió con la movilización del segundo semestre del año 2005 que estaba realizando la comunidad estudiantil para lograr la libertad de los estudiantes que estaban arbitrariamente detenidos en la cárcel de Bellavista, que fueron capturados luego del incidente del 10 de febrero del mismo año: la explosión al interior de la institución durante una protesta de los estudiantes; cuando surge el Bloque Antioqueño de las Autodefensas, los estudiantes de la UdeA marchaban y se movilizaban en contra del Plan Nacional de Desarrollo y del poco presupuesto para la educación pública; y ahora la inseguridad que se ha propiciado en la universidad coincide con la nueva carnetización que se quería implementar, la cual no fue consultada con la comunidad de la institución y que al parecer es abiertamente rechazada. Los carnet electromagnéticos, así como las cámaras de seguridad, no son más que medidas de control social para mantener bajo vigilancia el actuar y la locomoción del estudiantado en general, como si al interior del Alma Mater se quisiera imponer un Estado policivo, no se explica de otra forma las declaraciones del rector Alberto Uribe que recogió Colprensa el pasado 3 de mayo (ver artículo), donde éste anunciaba: “Se está estudiando la posibilidad de retirar la malla que rodea al plantel para así facilitar el acceso y control de las autoridades”.

Ahora bien, si el problema es la venta y consumo de alucinógenos, es inexplicable que gran parte de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, la mayoría de ellos no consumidores, reconozcan a los expendedores de drogas, es decir, a los “jibaros” que suelen ubicarse en “El Aeropuerto”, pero nadie de la seguridad privada, que incluso permanecen en una portería frente a la zona, ha logrado identificar a alguno.

El asunto de las drogas no es nuevo y no se les ha salido de las manos a la administración universitaria, lo que pasa es que “El Aeropuerto” se ha convertido en la plaza más grande y más cómoda para la venta y el consumo de drogas, y como bien es sabido, todas las plazas de la ciudad son controladas por paramilitares, y la de la Universidad de Antioquia no es la excepción, por esta razón no hay un serio interés de acabar con esta problemática, porque obedece a estructuras más grandes y complejas del paramilitarismo.


La problemática de la Universidad de Antioquia parece más una puesta en escena para justificar una militarización de la institución, el control policial y el afianzamiento del proyecto paramilitar en la misma. Se supone que la universidad cuenta con su esquema de seguridad, tiene una vigilancia privada a cargo de la empresa Miro Seguridad, pero el actuar de ésta ha sido ineficiente, y muchas veces ha quedado la sensación que esa ineficiencia es programada, obedeciendo a algún interés.

Y para terminar, por qué la administración de la universidad no se ha pronunciado ante el artículo que publicó El Espectador el pasado 17 de abril, que hacía referencia a los hermanos Carlos Mauricio y Juan Rodrigo, ambos jefes paramilitares, donde se informaba que este último, el cual fue “asesor de Carlos Castaño Gil, en las postrimerías de su comandancia, y de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, durante el proceso de desmovilización del bloque Élmer Cárdenas”, también fue coordinador de un seminario de democracia y paz de la Universidad de Antioquia, que fue dirigido por Alfonso Monsalve Solórzano, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas desde noviembre 1989 hasta enero 1991 y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de enero 1991 a febrero 1994.

Según la confesión de Juan Rodrigo García, el ex director del DAS, señalado como el cerebro detrás de las “chuzadas” de este organismo, José Narváez, a través de una fundación que lideraba, le giró a Monsalve 2.000 dólares mensuales durante su estadía en España y desde entonces, tal como lo dice El Espectador, Juan Rodrigo García “sospechaba que actividades académicas de la Universidad de Antioquia podían ser parte de actividades de inteligencia del Ejército”.

Así mismo, García también confesó que en una reunión que sostuvo con Narváez y Carlos Castaño, en una finca de este último, días después del asesinato de Jaime Garzón, se analizó una lista de personas a asesinar en dado caso que la guerrilla reaccionara, lista en la que figuraba la investigadora y docente de la U. de A., María Teresa Uribe

Por qué la administración universitaria no se ha manifestado al respecto, teniendo en cuenta que Monsalve ha ocupado altos cargos directivos durante la actual administración, fue director del Instituto de Filosofía de la Universidad desde diciembre de 2003 a diciembre de 2005 y vicerrector de Investigación de la institución desde enero de 2006 hasta febrero de 2009. Por lo tanto, qué pretende encubrir la Universidad de Antioquia con el silencio que está guardando. Cuándo se va a iniciar una investigación seria sobre la penetración paramilitar en dicha institución.

Aparentemente, no existe una voluntad real de parte de la administración de la Universidad de Antioquia para pronunciarse sobre la verdadera problemática que es la penetración paramilitar en este centro educativo, tampoco para solicitar que se investiguen las posibles vinculaciones que puedan tener miembros de la comunidad universitaria con el paramilitarismo, ni para iniciar las debidas investigaciones disciplinarias que den a lugar en el mismo sentido, quedando todo en la impunidad tal como ocurrió con el actual rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho, del cual se conoció una conversación que sostuvo con alias “Felix” en donde el rector le aseguraba al paramilitar que le conseguiría una lista de trabajadores y líderes estudiantiles, los cuales serían asesinados bajo el “plan pistola” (Escuchar conversación).

La Corporación Jurídica Libertad hace una llamado a la administración de la Universidad de Antioquia para que se pronuncie sobre los hechos aquí detallados, a que inicie una investigación que permita tomar las decisiones y medidas para desmantelar el proyecto paramilitar en el Alma Mater, a que revele el nombre de la empresa contratista involucrada con los atracos al interior de la institución y, finalmente, hace un llamado general a que se respete la vida, la integridad y la libertad de los estudiantes, profesores y trabajadores que ejercen la crítica y hacen uso de su derecho a la disidencia política.

Comunicaciones CJL
2 de junio de 2010


Tomado de: cjlibertad.org

NUEVAS AMENAZAS CONTRA LA CORPORACION JURIDICA LIBERTAD

La sistemática persecución de la cual ha sido objeto la Corporación Jurídica Libertad por su trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado se ha incrementado en los últimos días.

Las acciones judiciales emprendidas por la Corporación Jurídica Libertad para buscar el esclarecimiento y determinar la responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejercito Nacional, generaron en su momento airadas declaraciones del presidente de la república, quien pretendió banalizar esta práctica criminal y descalificar a las organizaciones no gubernamentales que han documentado cerca de 836 muertes ocasionadas bajo esta modalidad de terror estatal en los últimos siete años en el Departamento de Antioquia.

A través de informes de inteligencia elaborados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (RIME), se ha pretendido tendenciosamente asimilar la actividad que desarrolla la Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones sociales a labores propias de grupos alzados en armas contra el Estado.

En el propósito de criminalizar el ejercicio del derecho de defender los derechos humanos de la población, organismos de inteligencia del Estado se han valido de informantes, que a cambio de dadivas económicas y jurídicas han vertido testimonios incriminatorios en contra de abogados integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, los mismos que han servido de fundamento para iniciar actuaciones penales en su contra, investigaciones que han sido clausuradas con resoluciones de preclusión, toda vez que con amplio acervo probatorio se han logrado desvirtuar los montajes estructurados por la fuerza pública.

Igualmente como expresión de la “inteligencia ofensiva” desplegada en contra de la Corporación Jurídica Libertad, el año pasado circuló en internet un documento apócrifo, supuestamente suscrito por abogados de la Corporación, en el cual se señalaba a varios integrantes de organizaciones sociales y populares como integrantes de facciones insurgentes, pretendiéndose con este falso pronunciamiento respaldar los temerarios informes de inteligencia de la RIME y generar confusión en las distintas expresiones defensoras de derechos humanos.

En los últimos días se ha tenido información del pago de dinero a un grupo armado ilegal, asentado en el Barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín para que atente contra la vida e integridad física del abogado Bayron Ricardo Góngora Arango, integrante de la Corporación Jurídica Libertad. De acuerdo con los estudios sobre bandas criminales en la ciudad de Medellín, efectivamente, en este sector existen varias de esas agrupaciones con alta capacidad de operatividad, medios y personal para perpetrar el hecho para el cual fueron “contratados”.
Es de resaltar que el Abogado Góngora Arango, ha asumido la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar la conducta delictual en la que pudieron haber incurrido los Generales Mario Montoya, del Ejército y Leonardo Gallego, de la Policía, referenciados por confesos paramilitares como los responsables de la coordinación de la fuerza pública y los paramilitares en el desarrollo de la Operación Orión, con la cual se inauguró la implementación de la política de la seguridad democrática en el país, confirmándose de esta manera lo denunciado de tiempo atrás por los habitantes de la Comuna Trece y organismos de derechos humanos.

Los señalamientos proferidos en contra de las organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos desde el alto gobierno y los organismos de inteligencia del Estado han incrementado la situación de riesgo de quienes cotidianamente en medio del conflicto social y armado que se vive en el país, nos proponemos el ejercicio legitimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, expresión y participación política.



Medellín, doce de febrero de 2010.


CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD

Igual que al conjunto del movimiento social, nos ha correspondido afrontar el estigma y la persecución por oponernos a muchas políticas oficiales y por estar incondicionalmente con las víctimas del terrorismo estatal en la lucha contra la impunidad y en la exigencia de verdad, justicia y reparación integral.



Tomado de: www.cjlibertad.org

VIII JORNADA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y CONTRA LA IMPUNIDAD

Con el lema “Por el derecho a defender los derechos humanos”, durante la semana del 7 al 12 de septiembre se celebrará en Medellín la VIII Jornada de los Derechos Humanos y contra la impunidad.

La VIII Jornada por los Derechos Humanos y Contra la Impunidad, realizada por las organizaciones que hacen parte del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel), la Red de Organizaciones Comunitarias (ROC), el Comité Municipal de Derechos Humanos, la Corporación Itagüí Nueva Gente, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Kavilando, Sintraisa, el Colectivo Gente de Maíz y la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida); busca nuevamente conmemorar el Día Nacional de los Derechos Humanos, prestando especial atención a “la importancia y legitimidad de la labor integral de defensa de los derechos humanos y el aporte a la consolidación de los principios democráticos por parte de las organizaciones y personas que se dedican a esta labor”.
Por el derecho a defender los Derechos Humanos

Pese a que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 9 de diciembre de 1998, el derecho los individuos, los grupos y las instituciones de promover y procurar la protección y realización de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas; “los Estados se niegan a cumplir esta obligación de protección y, por el contrario, implementan medidas represivas y de persecución a los defensores de Derechos Humanos y opositores políticos, a quienes se les da tratamiento de “enemigos públicos”, “aliados del terrorismo” o peligro para la sociedad. Este es precisamente el caso de Colombia donde se criminaliza la opinión y la libertad de expresión, dejando como resultado cientos de víctimas que incluso han pagado con su vida el pensar diferente o su compromiso con la labor de defensa de los Derechos Humanos”.

Esta política de señalamiento, persecución y represión de la disidencia política, ha alcanzado tal punto de perfeccionamiento que en la actualidad no sólo se aplica a aquellos que estén por fuera de los partidos tradicionales, sino a cualquiera que se atreva a disentir, con lo que se promueve la homogeneización del pensamiento y la ilegalidad e ilegitimidad de todo lo que se contradiga con el establecimiento.

El Estado emprende, entonces, estrategias y acciones político jurídicas que pasan por la difamación de la labor de defensa de los Derechos Humanos, la oposición política y la disidencia social con declaraciones falsas a través de los postrados medios masivos de comunicación; la adecuación de marcos institucionales y legales para penalizar la protesta social; la persecución a través de procesos judiciales fundados en hechos y pruebas falsas; el fortalecimiento de grupos privados de ajusticiamiento que operan con altos niveles de permisividad; entre otras.

“A esto se suma el poco control político de esta situación –afirmaban los miembros de la Corporación Jurídica Libertad en la sesión del Concejo sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en la ciudad y el departamento-. En el caso de Antioquia, las autoridades de la Gobernación y la Administración Municipal han guardado absoluto silencio frente a los señalamientos, persecución y amenazas hacia las organizaciones y los miembros de éstas. Silencio que puede ser considerado como cómplice cuando se conoce la posición de dichas administraciones en relación con la labor que realizan en el campo de la defensa de los Derechos Humanos y de la oposición política las organizaciones investigadas”.

El lema de la Jornada de este año, Por el derecho a defender los Derechos Humanos, “es un grito de denuncia por todos los actos de represión, es un grito de exigencia al Estado colombiano para que no se cometan más actos de violencia contra los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, es un grito que pide solidaridad para que todos y todas nos unamos a exigir que por fin se reconozcan integralmente los Derechos Humanos.

Seis días de reflexión
El próximo lunes 7 de septiembre se inaugurará, en la Plaza Botero, la VIII Jornada por los Derechos Humanos y Contra la Impunidad con un Campamento por la expresión del movimiento social y popular: Somos minga de los pueblos, donde diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos del departamento compartirán su quehacer con los transeúntes y presentarán una muestra de las actividades que desarrollan.

Se realizará, además, un plantón en el parque principal del municipio de Itagüí; una asamblea ciudadana donde se reflexionará sobre el problema de militarización en la ciudad y las alternativas de resistencia de las comunidades; un panel donde Alfredo Molano, María Victoria Fallón y Juan Diego Restrepo pondrán sobre la mesa las violaciones a la libertad de opinión en el contexto de la seguridad democrática; la presentación de un informe sobre la situación carcelaria en Medellín; y finalmente la clausura de la jornada, La ladera le habla a la ciudad, se llevará a cabo en los barrios La Cruz y La Honda, en la Comuna 3, con actividades culturales y recreativas.

Transversal a estas actividades se mostrará la Galería Itinerante de las Víctimas de Crímenes de Estado y se estrenará la Primera muestra de documentales colombianos sobre Derechos Humanos, con siete documentales que se proyectarán en diferentes puntos de la ciudad.

Esta Jornada es una oportunidad, también, para rendir un sentido homenaje a los defensores de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Jesús Puerta y Julio González, asesinados hace diez años en razón de sus actividades políticas. Y para recordar al compañero y amigo Winston Gallego Pamplona, privado de la libertad desde hace tres meses, y exigir su libertad inmediata.




Por: Corporación Jurídica Libertad
Tomado de: www.cjlibertad.org