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domingo, 16 de mayo de 2010

Carta al Ministerio del Interior y de Justicia por Javier Giraldo Moreno

Carta al Ministerio del Interior y de Justicia


"Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos".




Bogotá, mayo 12 de 2010



Dr. FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Ciudad



De toda consideración.

Le agradezco mucho su carta del pasado 4 de mayo en la que se refiere a las amenazas contra mi vida que han aparecido escritas en muros de la ciudad y propone activar en mi favor los mecanismos previstos en el Programa de Protección de Derechos Humanos que lidera su despacho.

A la vez que le agradezco su oferta, la rechazo respetuosamente, por las mismas razones que lo hice en 1996, en 1998 y en 2006, tal como se lo expresé por escrito a los diversos organismos de seguridad del Estado que me insistieron en aceptar dichos esquemas, razones que le vuelvo a transcribir en gracia de la transparencia:

1. La única razón por la cual mi vida o seguridad pueden estar en riesgo, es la de denunciar violaciones graves de los derechos humanos fundamentales por parte de agentes directos o indirectos del Estado contra personas y comunidades en desprotección, dado que mi trabajo ha estado centrado en este tipo de acompañamiento desde hace varias décadas. No tendría lógica ser protegido por aquellas mismas instituciones que han perpetrado esas violaciones.

2. Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos.

3. No puedo, en conciencia, permitir o tolerar que se compre, se utilice o se justifique el uso de algún arma por mi causa, ni mucho menos que se arme a un ser humano por lo mismo. Estoy convencido de que la dinámica que lleva a armar a unos para defender a otros conduce a una espiral de violencia cada vez mayor, haciendo progresivamente más difícil soluciones civilizadas.

4. Personalmente no puedo soportar que alguien, por defenderme, hiera o mate a otro ser humano. Si existe un riesgo de muerte, la muerte que me parecería más perturbadora para mi conciencia sería la del que sea eliminado por alguien que busque defenderme, así sea un agresor.

5. He experimentado en otras personas que han aceptado esquemas de protección de órganos del Estado, que el uso de dichos esquemas aleja progresivamente a quienes más nos necesitan, que son las víctimas, en su mayoría traumatizados por el uso de armas contra ellos mismos o contra sus seres queridos.

Estas razones reposan textualmente desde hace 14 años en los archivos de los diversos organismos de seguridad del Estado y las vuelvo a refrendar ahora.

La coyuntura actual ha puesto en conocimiento de la opinión pública niveles profundos de corrupción y perversidad del organismo de seguridad más importante adscrito a la Presidencia de la República. Si bien todos mis esfuerzos por que se respete el artículo 15 de la Constitución, que da derecho a conocer los informes que sobre uno se guardan en bases de datos oficiales, han sido bloqueados incluso por magistrados de altos tribunales, algunos periodistas me han enviado paquetes de información que demuestran un seguimiento de 20 años a mi persona y actividades por parte del DAS y un plan elaborado de “inteligencia ofensiva” que al parecer tenía como objetivo bloquear todas mis actividades, desprestigiarlas ante la sociedad y construir piezas artificiales que facilitaran montajes judiciales. Usted comprenderá, Señor Ministro, que mal podría yo acogerme a la protección del Estado luego de descubrir estas realidades, aunque no existieran las razones de mayor peso ético antes expuestas.

Permita, pues, Señor Ministro, que al agradecerle su oferta y sus buenas intenciones, le manifieste al mismo tiempo con sinceridad mi rechazo. Ya he firmado los documentos pertinentes de renuncia a la protección estatal ante los oficiales de la Policía Nacional que me han visitado, asumiendo toda la responsabilidad que me corresponda por dicha renuncia.

Respetuosamente,





Javier Giraldo Moreno, S. J.


Tomdo de: cdpsanjose.org

lunes, 3 de mayo de 2010

Sentenciado a muerte

Fuerzas oscuras amenazan al padre Javier Giraldo. ¿Quién es este religioso que no cree en la justicia y desconfía de la fuerza pública?
El sacerdote jesuita Javier Giraldo asegura que no dejará de documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos por los grafitos amenazantes que aparecieron en varias partes de Bogotá.

En las calles de Bogotá se puede leer una sentencia de muerte contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno. No es la primera vez que se conoce una amenaza contra este religioso, defensor de los derechos humanos, pero nunca antes sus enemigos le habían notificado su 'muerte' a través de una decena de grafitos que aparecieron en la capital desde el pasado 23 de abril.

Las intimidaciones públicas están firmadas por un grupo que se autodenomina 'nacionalista' y se identifica como 'AN RN'. Las autoridades no han determinado quiénes están tras esta sigla, pero el padre Giraldo supone que las amenazas provienen de quienes ha incomodado con sus denuncias.

Giraldo se ha dedicado por más de 30 años a documentar y denunciar atrocidades sufridas por distintas comunidades remotas del país. Su labor ha sido riesgosa y solitaria. Ese compromiso lo ha puesto como un testigo de excepción en varios de los episodios más luctuosos del país.

A finales de los 80, Giraldo intentó, con el abogado Eduardo Umaña Mendoza, que fuera esclarecido el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por el M-19, y luego retomado a la fuerza por el Ejército. Umaña fue asesinado y valiosas pruebas que ambos aportaron al proceso durmieron el sueño de los justos hasta hace un par de años cuando la Fiscalía reactivó el proceso. Varios militares de alto rango están siendo juzgados por este caso y está a punto de producirse la primera sentencia, 25 años después.

Algo similar ocurrió con la masacre de Trujillo, en Valle del Cauca. Giraldo, junto con el párroco de la comunidad, Tiberio Fernández, recopiló amplia información sobre los crímenes que sufrieron los habitantes de este municipio entre 1988 y 1994, que dejaron más de 300 víctimas. En medio de esta labor, el padre Tiberio fue descuartizado y lanzado al río Cauca. La impunidad reinó por años, hasta que en 2008 el Grupo de Memoria Histórica publicó un detallado informe que rememora lo denunciado por Giraldo en su momento, lo que le dio un nuevo impulso a este proceso en la justicia.

También ha documentado centenares de crímenes en zonas como El Carmen del Chucurí, Santander; Magdalena Medio, Chocó y Meta. Su labor con la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en el Urabá antioqueño, ha sido más que minuciosa: Giraldo ha activado todo tipo de recursos legales, dentro y fuera del país, para que la justicia esclarezca 201 homicidios perpetrados entre 1996 y 2009. Y en especial la masacre ocurrida en 2005, por la que hay en la cárcel más de 20 militares.

El jesuita trabaja con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), donde sistematiza la información y semestralmente la publica bajo el título Informe Noche y Niebla, un documento que paradójicamente está siendo usado por los fiscales de Justicia y Paz para esclarecer los crímenes de los paramilitares.

Desconfía profundamente de la justicia, y los militares lo consideran su adversario por las acusaciones que ha hecho sobre violaciones de derechos humanos. Lo acusan de ser el corazón de la llamada guerra jurídica.

Nunca ha aceptado tampoco protección del Estado. "No puedo admitir que una persona armada esté conmigo y en un momento vaya a agredir a alguien por defenderme. Por otra parte, no son buenos los antecedentes de cómo actúa la fuerza pública frente a críticos como yo", le dijo a SEMANA.

Aunque no cree en la justicia colombiana, Giraldo conoce como nadie los recursos que le da la ley para combatir la impunidad en cada caso. La única respuesta que dice haber obtenido es comprobar una y otra vez "la podredumbre de nuestra justicia". Su conclusión, luego de 30 años en ese empeño, es simplemente lapidaria: "En Colombia la impunidad es la medida de todos los crímenes". Por eso no tiene ninguna fe en que se descubra quién ha pintado una sentencia de muerte en su contra, en los muros de Bogotá.

Por: Semana
Tomado de: semana.com

sábado, 3 de abril de 2010

Estado Colombiano, Paramilitares y Coca cola Atacan a Sinaltrainal


En los procesos penales 12490, 12495 y 12754 que lleva la Fiscalía de Colombia, por el denominado caso de las chuzadas o seguimiento ilegal y secreto que realizó el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, contra muchas personas de oposición y del movimiento social entre ellos contra integrantes de Sinaltrainal, que trabajan en Coca cola y Nestlé, como es el caso de Luis Javier Correa, Edgar Páez y Alfonso Barón, entre otros, por las actividades Sindicales de denuncia que se realizan contra la política de la multinacional Coca cola, son considerados en el análisis de la inteligencia del Estado colombiano G3, como enemigos de la seguridad nacional, apoyos de lo que denominan grupos terroristas y del gobierno Venezolano de Hugo Chávez, pero más insólito, es la evidencia del seguimiento sobre el caso Coca cola, que relacionan en coordinación con la Embajada de Estados Unidos.

Llama la atención que las fechas, las actividades sindicales y personas que fueron objeto de seguimiento, coinciden con las amenazas de muerte de que han sido víctimas dirigentes de Sinaltrainal y es curiosa la similitud de textos de la inteligencia del Estado, con apartes de los procesos penales instaurados por Coca cola contra integrantes de Sinaltrainal.

Simultáneamente, representantes de las embotelladoras de Coca cola, expresaron su desacuerdo con la candidatura al Senado de la república de Colombia del presidente de Sinaltrainal Luis Javier Correa y la participación en política, como forma de contra campaña e intimidación de los trabajadores, situación que coincidió con las presiones recibidas en panfletos públicos en regiones que señalan a Sinaltrainal y al Polo Democrático Alternativo como Terroristas.

En medio de este ataque, Coca cola lanzó su ofensiva contra el derecho de asociación y Libertad Sindical, quitándole unilateralmente la cartelera que tenía Sinaltrainal en las instalaciones de la embotelladora de Bucaramanga, armó un montaje y violando el debido proceso suspendió el contrato de trabajo a varios dirigentes de Sinaltrainal por los días 15 al 31 de marzo y 1 y 2 de abril de 2010.

En Cali la administración de Coca cola viola el convenio colectivo y niega los permisos Sindicales a varios dirigentes de Sinaltrainal para impedirles participar en la redacción del pliego de peticiones que estamos preparando para presentar a Coca cola.

El día 1 de Marzo de 2010, en la ciudad de Bucaramanga, Coca cola sacó a la fuerza de sus puestos de trabajo a los operadores de montacargas y los mantiene sin laborar en el área de producción, tercerizando las labores de cargue y descargue entregándolo a las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado, que son una fachada para simular el contrato de trabajo y negar los derechos laborales de los subcontratados.

En la ciudad de Bogotá al Dirigente de Sinaltrainal, Andrés Olivar, Coca cola le negó el permiso sindical, lo llamó a descargos y como no se presentó por estar incapacitado le suspendió el contrato de trabajo por los días 24 al 26 de Marzo de 2010.

El día 16 de Marzo de 2010, en la ciudad de Bucaramanga, llegó una amenaza de muerte de los paramilitares denominados los Rastrojos y las Águilas Negras contra varios dirigentes sindicales entre ellos Luis Eduardo García, Trabajador de Coca cola y presidente de Sinaltrainal en esa ciudad

En los procesos de la denominada ley de Justicia y Paz, varios paramilitares que se encuentran en las cárceles, intentan desviar la verdad, las investigaciones y con el fin de obtener beneficios, falsamente acusan a varios integrantes de Sinaltrainal con el fin de que sean judicializados.

Igual que ocurrió en Marzo de 1996, cuando injustamente fueron detenidos los trabajadores de Coca Cola Luis Eduardo García, Álvaro González, Domingo Flórez y ordenada la captura de Luis Javier Correa y Sergio Alexander López, en el mismo mes del año 2010, como si tratarán de lastimarnos la memoria sobre esos dolorosos hechos, la empresa Coca cola en la ciudad de Bucaramanga, llama a descargos a Luis Eduardo García, Álvaro González, Domingo Flórez, Efraín Guerrero y notifica su decisión de despedirlos, que se hará efectivo si un juez de la república, encuentra merito para levantar el fuero sindical, que consideramos como justo respetarles el debido proceso, los términos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo y se les demuestre la responsabilidad que les sindican sobre las incapacidades médicas.

A los trabajadores subcontratados como sucede con quienes utilizan por coopnumil, les están cobrando los daños de las montacargas, envase y otros implementos, situación que es completamente ilegal e injusta por parte de la empresa Coca cola

A los concesionarios en Coca cola, no les pagan comisión por venta de agua, siendo absurdo y criminal que les toque pagar de su bolsillo a la empresa, el agua que no logran vender.

Pedimos la intervención de la comunidad internacional, ya que la historia ha demostrado, que siempre que Sinaltrainal se encuentra en los preparativos y negociación colectiva del pliego de peticiones en Coca cola, se incrementan las amenazas de muerte, las presiones y los abusos de la empresa aumentan y hasta asesinatos dirigentes de Sinaltrainal se han presentado.

Exigimos a la empresa Heineken que adquirió una de las empresas del grupo Fomento Económico Mexicano S.A. , propietario de las embotelladoras de Coca cola, igual que Coca Cola Estados Unidos para que cese esta persecución.

CONTRA LA IMPUNIDAD
SINALTRAINAL CLAMA JUSTICIA


Tomado de: www.sinaltrainal.org





Acusada Coca Cola por Contaminación en La India


Coca-Cola contaminó el agua y el medio ambiente con una de sus embotelladoras de la zona sur de la India y debe pagar 47 millones de dólares como compensación, así lo establecieron las autoridades este 21 de Marzo de 2010.

El gobierno de Kerala confirmó la existencia de la investigación contra la multinacional y la determinación de una multa de 2,16 billones de rupias, que cubre las pérdidas en agricultura, la polución del agua y perjuicios no especificados causados a la salud entre 1999 y 2004, como era de esperarse Coca Cola rechazó las acusaciones, argumentando que cualquier reclamo debe ser llevado ante la justicia.

Los investigadores estatales responsablizaron a la fábrica embotelladora de Coca cola de Palakkad, que había sido cerrada en el año 2005, como resultado de las protestas de la población, por graves daños al medio ambiente al contaminar las aguas subterráneas y el vertido de desechos sólidos.

Según las investigaciones realizadas, la embotelladora contaminó el agua y la tierra de la zona, lo indicó el ministro estatal del Agua,N.K. Premachandran.


Tomado de: www.sinaltrainal.org
Caricatura: Latuff

domingo, 14 de febrero de 2010

NUEVAS AMENAZAS CONTRA LA CORPORACION JURIDICA LIBERTAD


La sistemática persecución de la cual ha sido objeto la Corporación Jurídica Libertad por su trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado se ha incrementado en los últimos días.

Las acciones judiciales emprendidas por la Corporación Jurídica Libertad para buscar el esclarecimiento y determinar la responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejercito Nacional, generaron en su momento airadas declaraciones del presidente de la república, quien pretendió banalizar esta práctica criminal y descalificar a las organizaciones no gubernamentales que han documentado cerca de 836 muertes ocasionadas bajo esta modalidad de terror estatal en los últimos siete años en el Departamento de Antioquia.

A través de informes de inteligencia elaborados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (RIME), se ha pretendido tendenciosamente asimilar la actividad que desarrolla la Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones sociales a labores propias de grupos alzados en armas contra el Estado.

En el propósito de criminalizar el ejercicio del derecho de defender los derechos humanos de la población, organismos de inteligencia del Estado se han valido de informantes, que a cambio de dadivas económicas y jurídicas han vertido testimonios incriminatorios en contra de abogados integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, los mismos que han servido de fundamento para iniciar actuaciones penales en su contra, investigaciones que han sido clausuradas con resoluciones de preclusión, toda vez que con amplio acervo probatorio se han logrado desvirtuar los montajes estructurados por la fuerza pública.

Igualmente como expresión de la “inteligencia ofensiva” desplegada en contra de la Corporación Jurídica Libertad, el año pasado circuló en internet un documento apócrifo, supuestamente suscrito por abogados de la Corporación, en el cual se señalaba a varios integrantes de organizaciones sociales y populares como integrantes de facciones insurgentes, pretendiéndose con este falso pronunciamiento respaldar los temerarios informes de inteligencia de la RIME y generar confusión en las distintas expresiones defensoras de derechos humanos.

En los últimos días se ha tenido información del pago de dinero a un grupo armado ilegal, asentado en el Barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín para que atente contra la vida e integridad física del abogado Bayron Ricardo Góngora Arango, integrante de la Corporación Jurídica Libertad. De acuerdo con los estudios sobre bandas criminales en la ciudad de Medellín, efectivamente, en este sector existen varias de esas agrupaciones con alta capacidad de operatividad, medios y personal para perpetrar el hecho para el cual fueron “contratados”.
Es de resaltar que el Abogado Góngora Arango, ha asumido la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar la conducta delictual en la que pudieron haber incurrido los Generales Mario Montoya, del Ejército y Leonardo Gallego, de la Policía, referenciados por confesos paramilitares como los responsables de la coordinación de la fuerza pública y los paramilitares en el desarrollo de la Operación Orión, con la cual se inauguró la implementación de la política de la seguridad democrática en el país, confirmándose de esta manera lo denunciado de tiempo atrás por los habitantes de la Comuna Trece y organismos de derechos humanos.

Los señalamientos proferidos en contra de las organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos desde el alto gobierno y los organismos de inteligencia del Estado han incrementado la situación de riesgo de quienes cotidianamente en medio del conflicto social y armado que se vive en el país, nos proponemos el ejercicio legitimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, expresión y participación política.



Medellín, doce de febrero de 2010.


CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD


Igual que al conjunto del movimiento social, nos ha correspondido afrontar el estigma y la persecución por oponernos a muchas políticas oficiales y por estar incondicionalmente con las víctimas del terrorismo estatal en la lucha contra la impunidad y en la exigencia de verdad, justicia y reparación integral.



Tomado de: www.cjlibertad.org

lunes, 6 de julio de 2009

Continuidades de un plan de exterminio, Comunidad de Paz de San José de Apartadó

CONTINUIDADES DE UN PLAN DE EXTERMINIO

En las últimas semanas se ha continuado evidenciando el empeño del Gobierno por destruir nuestra Comunidad de Paz. Dentro de esa estrategia, el ex Ministro Fernando Londoño, cuya unidad de propósitos con el Presidente es inocultable, se sirvió de un ex comandante de la guerrilla de las FARC, alias “Samir”, preparado durante 6 meses en la Brigada XVII, donde se han preparado innumerables montajes y calumnias contra nosotros, para venderle al país y al mundo un paquete difamatorio lleno de falsedades, y sin embargo difundido ampliamente por medios masivos de “información”, nacionales e internacionales, que no tienen ética alguna. Al mismo tiempo se destapó lo que desde hacía años realizaba el Departamento Administrativo de Seguridad, órgano de la Presidencia de la República, a través de un comité ilegal –el G-3- que rastreaba la vida completa de 10 miembros de nuestra Comunidad de Paz, investigando exhaustivamente sus propiedades, sus teléfonos, sus conversaciones y correos, sus tierras, sus cuentas, sus familias, sus maneras de pensar, sus relaciones y amistades. El mismo sentido común nos dice que todo eso no se investiga simplemente para saber qué se piensa o si se está en relación con la insurgencia, sino para realizar actos criminales, como quedó claro en lo registrado por el CTI: bloquear nuestros proyectos; judicializarnos a todo costa, hacer planes ofensivos contra nosotros.

Los planes criminales de la Brigada XVII contra nuestro proceso de Comunidad de Paz, no sólo han quedado al descubierto a través de nuestras víctimas, de los testigos, de las realidades que vivimos, de la visible presencia paramilitar en nuestra zona, de montajes tan infames como el que han hecho y siguen haciendo a través de alias “Samir”. La misma Procuraduría había solicitado que a este personaje lo retiraran del proceso de reinserción, dada su capacidad de mentir, de la cual hizo demostración en sus falsas versiones sobre la masacre perpetrada por militares y paramilitares contra 8 personas, siete de ellas de nuestra Comunidad de Paz, el 21 de febrero de 2005.

Nuevamente dejamos constancia de hechos criminales recientes, que siguen demostrando el empeño del Gobierno en exterminarnos y bloquear nuestro proceso de Comunidad de Paz:

* El domingo 10 de mayo de 2009, hacia las 14 horas, en la vereda Playa Larga, en medio de un partido de fútbol que estaban jugando varios campesinos, entre ellos varios integrantes de nuestra Comunidad de Paz, llegaron doce paramilitares con armas largas y vestidos de camuflado; se presentaron como “Autodefensas Gaitanistas” y dijeron que en el filo de Playa Larga había más de doscientos de ellos que estaban allí para controlar la zona; que a las personas que llegaran a decir algo o a estar en contra de ellos, las aniquilarían. Después de esto se fueron y efectivamente se ha visto gran cantidad de paramilitares que recorren las veredas.

* El sábado 23 de mayo de 2009, en la vereda El Porvenir se presentaron combates entre los paramilitares y guerrilleros. Estos se dieron entre las 6:30 y las 8 horas. Una familia de El Porvenir quedó en medio del fuego cruzado.

* El viernes 12 de junio de 2009, hacia las 8:30 horas, el Ejército llegó a la casa de ORLANDO GUISAO, en la vereda La Resbalosa. Los militares comenzaron a insultarlo diciéndole que tenía que saber dónde estaba la guerrilla; que él era uno de ellos y que lo tenían en la mira para matarlo.

* El domingo 14 de junio de 2009, hacia las 10 horas, un grupo de más de 100 paramilitares llegaron hasta la vereda La Esperanza, con armas largas, uniformados y portando brazaletes que decían “Autodefensas Gaitanistas”. Dijeron a las familias que estarían patrullando en la zona y que la gente tenía que acogerse a lo que ellos decían; que el que no estuviera de acuerdo, o se iba o se moría.

* El lunes 22 de junio de 2009, hacia las 10 horas, mientras JAIRO TUBERQUIA estaba trabajando en su parcela, en la vereda La Resbalosa, llegó el Ejército y comenzó a insultarlo diciéndole que era un guerrillero y que tenía que irse si no quería que le fuera mal. Como Jairo estaba con su compañera, a ella también la insultaron y amenazaron. Les dijeron que los iban a sacar de la zona como fuera

* El viernes 26 de junio de 2009, hacia las 6 horas, fue allanada la casa de JESÚS URREGO por parte del Ejército, en la vereda La Resbalosa. Los militares llegaron y entraron a su casa, sin llevar orden judicial alguna, revolcaron todos los enseres de la familia y le dijeron a Jesús que él y su familia eran guerrilleros. Les decían que mejor se fueran de la zona antes que tuvieran que acabarlos, porque las cosas ahora sí se iban a agravar; que las cosas ya les estaban saliendo a ellos bien y que esa Comunidad de Paz no iba a durar mucho. Le dijeron que tenía que guardar silencio sobre lo ocurrido si no quería que volvieran por él y se arrepintiera de abrir la boca. Después de insultarlo un buen rato, se fueron.

* El martes 30 de junio de 2009, a las 11: 40 horas, ingresaron a San Josesito, por espacio de 45 minutos, 3 personas en trajes civiles, una mujer y dos hombres, quienes se identificaron en un primer momento como personal de la SIJIN; luego como del CTI de la Fiscalía; más tarde, como de la “Policía Judicial”, pero no suministraron ningún nombre ni carné. Sólo dijeron que cumplían órdenes de un supuesto Fiscal PEDRO DUARTE RINCÓN. Dos miembros de la Comunidad les solicitaron que se retiraran del caserío, el cual es propiedad privada, mostrándoles la valla donde se indica de manera muy visible, al borde de la carretera, que es una PROPIEDAD PRIVADA, pero ellos, en forma airada y con agresiones verbales, manifestaron que podían estar en cualquier parte del territorio nacional y que, además, ¿quién era la comunidad para no permitirles el ingreso? Los dos miembros de la Comunidad les informaron nuevamente que no los podían atender, y mucho menos dejarlos entrar al caserío. Exigían que se les firmara unos documentos y que se presentaran algunos miembros de la Comunidad para rendir declaraciones sobre constancias públicas que hemos dejado. Al respecto, ellos, de forma altanera y grosera y con tono airado, calificaron de “ineficaces” las denuncias de la Comunidad, diciendo que eso no tiene sentido; que para qué los ponemos a trabajar si la Comunidad no va a declarar; que no hagamos más denuncias públicas. Inmediatamente procedieron a fotografiarnos y a filmarnos diciendo que ellos podían tomar las fotos que quisieran y que no le temían a nadie. Amenazaron que podían traer la fuerza pública y hacer lo que quisieran.


La Comunidad ya hace tiempo que se cansó de hacer denuncias formales ante órganos de la justicia colombiana, luego de comprobar durante más de una década que no servían para nada, o solamente para que las víctimas, sus familias y los testigos fueran asesinados, amenazados u obligados a desplazarse, mientras los expedientes permanecían inactivos dejando en absoluta impunidad más de 700 crímenes de lesa humanidad. Pero lo que es peor, la Comunidad le ha presentado a todas las Altas Cortes del Estado una petición apremiante para que declare un “estado de cosas inconstitucional en Urabá” dada la podredumbre y corrupción extrema de la administración de justicia, demostrándoles minuciosamente a través de casi 20 expedientes, cómo se viola la Constitución, los códigos procesales, el Derecho Internacional, las normas del debido proceso y los principios éticos más básicos implicados en la administración de justicia. Allí están señalados, con nombres propios, los fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores que han recurrido a tan bajos procedimientos de corrupción, los cuales continúan en sus cargos y no han sido sancionados en absoluto. Colaborar con tal podredumbre es un imposible ético. Hemos suplicado al menos, a la Fiscalía y otras autoridades del Estado, que se acepte una Comisión de Evaluación de la Justicia, pero nunca ha habido respuesta alguna.

.

Todos estos hechos revelan de manera contundente la gravedad de la persecución a que sigue sometida nuestra Comunidad de Paz y el empeño del Gobierno por exterminarnos. Sabemos que estas constancias le muestran al mundo y a la historia una realidad que no dejará pasar y que juzgará en algún momento. La impunidad reinante hace, por ahora, que toda esta situación de muerte siga siendo objeto de manipulación por los victimarios que gozan de poder, en el Estado y en los medios masivos de “información”. Nosotros seguiremos convencidos de que debemos continuar dejando constancias, de esas que los fiscales prepotentes y altaneros del 30 de junio califican como “ineficaces”. Sí, ciertamente todo esto ha sido ineficaz ante un aparato de justicia putrefacto, pero no ante la conciencia de la humanidad que todavía tiene principios éticos. Entre tanto, todos los funcionarios de Urabá, avezados en la mentira y el engaño, continuarán diciendo: “Aquí no pasa nada”.

Agradecemos el apoyo y la solidaridad nacional e internacional que constantemente recibimos. El caminar hombro a hombro con nosotros ha sido un claro testimonio de la realidad y la transparencia con que hemos avanzado y es esta acción de apoyo la que nos reafirma en nuestro empeño por seguir caminando con estos esfuerzos por generar espacios de vida en medio de la muerte.


Por:

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Julio 04 de 2009


Tomado de: cdpsanjose.org

viernes, 8 de mayo de 2009

[Colombia] Para Nicolás Neira. A cuatro años de tu muerte, segunda carta con destino a donde estés.

El día de hoy, 6 de mayo, hace cuatro años las fuerzas de su orden te arrebataron la vida, después de 6 días de intensa agonía cerraste los ojos para abrir conciencias, para recordarnos lo ruin que es el poder… creo que es justo escribirte unas cuantas letras.
Aun continua la impunidad, eso nada de raro tiene en este paraje de tristes contraste donde el asesinato a manos del Estado no es un engendro novedoso, mas bien es una hidra multicefálica que hace parte de la idiosincrasia del mismo, de un Estado asesino.

Nico desde tu muerte algunas cosas han cambiado y otras no tanto, tu padre se encuentra en tierras lejanas a causa de la represión, el Estado no conforme con tu muerte lo quiso condenar al exilio, aquel pesado deambular por parajes lejanos a nuestros afectos. Te cuento que desde tu trágica muerte yo también he tenido que sortear el peso asfixiante del exilio en 3 oportunidades... Por fortuna otra vez estoy entre los míos y con ganas de seguir trasegando en esta senda de la revolución social.

No escribo esto para mitificarte, como algunos incluso desde el oportunismo lo han hecho, te escribo estas palabras que en ultimas son parte de la memoria vida, de nuestra memoria ya que un día nos unió trágicamente la muerte, hubiera podido ser cualquiera de nosotros pero lamentablemente te toca a ti el fuerte golpe del régimen sobre tu joven humanidad.

No voy a callar frente a la ley que se llama violencia y se escuda en toda su normatividad para asesinar impunemente, para destrozar sueños, para aniquilar vidas; aquellos miserables que descerebraron a golpes aquel primero de mayo de 2005, de seguro estaban 4 años después de nuevo en la calle golpeando a jóvenes como tu de corazón rebelde y sueños indomables.

Sin embargo no perdonamos, no olvidamos, no pedimos limosnas a cambio de tu muerte por el contrario te vindicamos en actos rebeldes, en gestos insurrectos, cada día somos mas. Recordándote como lo que eres no un mártir, sino uno de los tantos que este régimen fascista ha cercenado su existir.

LA VINDICACIÓN ES ETERNA QUERIDO COMPAÑERO.
LIBERTAD O MUERTE.
NICOLAS NEIRA VIVE / ESMAD ASESINO.

Para ti con cariño
Un anarquista
Atarka Rebel.

6 de Mayo de 2009.




Nota: Nicolás Neira fue asesinado a golpes por la policía colombiana el 1 de mayo de 2005, tenia 15 años.


Por: Cruz Negra Anarquista de Bogotá
Tomado de: www.anarkismo.net

Para leer mas artículos e informes de diversas actividades realizadas por los anarquistas colombianos, clic Aquí.

jueves, 7 de mayo de 2009

Fiscalía pretende judicializar al movimiento social de Medellín

Si un Juez de Control de Garantías considera que la investigación penal que viene adelantando la Fiscalía 74 Seccional desde diciembre 29 de 2006 es ajustado a la Ley, un número importante de organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín podría enfrentarse a un complejo proceso judicial por el delito de rebelión.

La decisión del Juez, que será tomada en una audiencia prelimar en fecha aún por definir, ha generado gran expectativa entre activistas y defensores de derechos humanos de la ciudad, quienes sienten que esta acción constituye una estrategia de criminalizar a través del movimiento social, el ejercicio de garantías constitucionales como las libertades de expresión, opinión y participación.

La discusión planteada por los activistas va mucho más allá. A juicio de varios de ellos, consultados por la Agencia de Prensa IPC, el desarrollo de esta investigación ha tenido varios elementos que a la luz del derecho evidencian irregularidades que son atentatorias de las garantías al debido proceso.

Sustentada en informes de inteligencia de las Fuerzas Militares, la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército ordenó el 29 de diciembre de 2006 la apertura de investigación previa con el propósito de constatar la comisión del delito de rebelión y la posible responsabilidad de varios ciudadanos en esta conducta.

Para tal fin, el ente acusador recabó en varios testimonios de desmovilizados de grupos guerrilleros, principalmente de las Farc, ordenó interceptar líneas telefónicas, correos electrónicos y hacer seguimientos a reconocidos líderes del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia. Meses después, esas medidas fueron extendidas contra varios miembros de organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos de Medellín.

Según sostienen los apoderados de algunas de las personas vinculadas a este proceso penal, las interceptaciones y los seguimientos se ordenaron aplicando la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal), cuando a la fecha de apertura de la investigación previa ya estaba vigente la Ley 906 de 2004, conocido como Sistema Penal Oral Acusatorio y los hechos que se presenten dilucidar tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medellín con posterioridad al primero de enero del 2006.

Lo anterior quiere decir que si el fiscal quería ordenar los seguimientos y las investigaciones debía tramitarse ante un Juez de Control de Garantías y no de manera indiscriminada como ocurrió. De acuerdo con las fuentes consultadas, en ningún momento se le había notificado a las organizaciones y personas que se estaba adelantando investigación alguna.

El 16 de diciembre de 2008, esa misma Fiscalía 74 Seccional decretó resolución inhibitoria al no encontrar méritos contra los sindicados. Pero el 26 de febrero de este año, revocó esa decisión y reabrió el proceso, vinculando a un mayor número de personas de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y del movimiento universitario.

La decisión de la Fiscalía se sustentó en declaraciones entregadas al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por Jonh Fredy y Adrián Muñoz, estudiantes de la Universidad de Antioquia, quienes en múltiples ocasiones y en espacios públicos han manifestado su malestar por las actividades adelantadas por el movimiento estudiantil y por las directivas de este centro de educación superior.

“Ellos mismos me agredieron en 2007 en la Universidad, porque dicen que nosotros (los del movimiento) somos guerrilleros”, sostuvo Víctor Tobón, uno de los líderes estudiantiles vinculado a la investigación penal que adelanta la Fiscalía Seccional con sede en la Cuarta Brigada.

Si bien a juicio de los apoderados están dadas las condiciones para que el Juez de Control de Garantías reconozca que estas diligencias debieron tramitarse bajo los parámetros de la Ley 906 del 2004, se sienta un nuevo precedente sobre el clima de persecución que al parecer cobija a las organizaciones defensoras de derechos humanos en Antioquia y, en general, en todo el país.


Ambiente enrarecido

A lo largo de 2009 se han registrado una serie de acciones que viene perturbando el trabajo de los movimientos sociales en Medellín. El pasado 17 de febrero, la Corporación Convivamos, cuyo trabajo se enfoca al fortalecimiento del tejido social de los barrios de la zona nororiental de la ciudad, fue objeto de un robo de equipos que contenían información valiosa para la institución.

Asalto que se repitió el día 17 de marzo. “Es muy sospechoso que sólo se hayan robado una CPU en la que teníamos una base de datos de líderes que se han pronunciado en contra de la ola de violencia que se ha incrementado en los últimos meses en la zona”, dijo un funcionario de Convivamos que pidió la reserva del nombre.

Días después, la obra social de las Hermanas de la Madre Laura, ubicada en el barrio Villa Laura, fue objeto de un intento de robo en sus instalaciones. La congregación religiosa es reconocida a nivel regional por la labor de denuncia de reclutamiento forzado de menores de edad que persiste en la comuna 13 de Medellín. Si bien el hecho no pasó a mayores, generó temor entre la comunidad.

El hecho más reciente se presentó el pasado 3 de mayo, cuando desconocidos atacaron con arma blanca a Yenifer Cárdenas Rueda, cuando se dirigía a su casa en el barrio El Salado, también en la comuna 13. La joven se destaca en el sector por su trabajo de prevención del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupo armados ilegales, fenómeno que viene golpeando fuertemente a la población infantil y juvenil de este sector occidental de la ciudad.

A esto se suma la presión que viene ejerciendo la Administración del Municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, sobre la Corporación Nueva Gente, que ha liderado, en los últimos meses, varias movilizaciones rechazando las medidas adoptadas por el Alcalde Municipal contra motociclistas y venteros ambulantes.

Si el Juez decide continuar con el proceso contra las organizaciones sociales, se agregaría un nuevo elemento a la persecución de sus representantes, el judicial, que, a decir de los defensores de derechos humanos, “se ha vuelto más efectivo políticamente que las amenazas y los mismos asesinatos, pues con esto se deslegitima y criminaliza toda una labor social”, tal como lo anotó Alejandro Sierra, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Antioquia.

Al respecto, Juan David Casas, director de la Red Juvenil, organización que promueve la Noviolencia y la Objeción por conciencia al militarismo, conceptuó que lo que viene ocurriendo es una estrategia de contención: “Y siento que es más riesgoso y genera más temor cuando es una política de Estado la que te está persiguiendo”.

Tanto Sierra como Casas coincidieron en afirmar que actualmente, las organizaciones que se declaran opositoras a las políticas del actual Gobierno o que vienen adelantando labores de denuncias contra el Estado y en particular, las Fuerzas Militares, son consideradas como sospechosas y frente a ellas se activan mecanismos de seguimiento, interceptación y en el caso de Sierra, vinculación a procesos judiciales.

“En los últimos meses me he percatado de seguimientos a mi familia”, indicó Sierra, mientras que el director de la Red Juvenil sostuvo que desde finales del año anterior, efectivos de la Policía Nacional realizan seguimientos continuos a miembros de esta organización que realizan trabajo comunitario en la comuna 13.

“En los últimos tres años hemos incrementado las denuncias sobre reclutamientos forzados por parte de grupos armados ilegales, pero también de reclutamientos ilegales que realiza el Ejército a los jóvenes de la comuna 13. Cuando decimos eso, a nadie le gusta, principalmente al Gobierno”, manifestó Casas.

“En mi caso particular, fui vinculado en una investigación que inició en 2006, precluyó en 2008 y se reabrió en 2009. Yo le he dicho a la justicia: ‘aquí estoy a su disposición’ y sin embargo sigue la presión. Puede que este nuevo proceso se caiga otra vez, pero ¿y a futuro qué?”, sentenció Sierra.

Lo que preocupa a ambos activistas es que estas acciones tienden a convertirse en sistemáticas y reiterativas, lo que al largo plazo, desgastaría y limitaría las intervenciones del movimiento de derechos humanos en las diversas comunas de Medellín.


Por: IPC

Inminente huelga de los trabajadores de Nestlé en Colombia

La actitud burlesca, despótica y negligente de la multinacional Nestlé de Colombia S.A., demostrada por sus agentes en Colombia Ana María Sánchez y Eduardo Recio sus fichas estratégicas en la mesa de negociación del justo pliego de peticiones que presentara la organización sindical SINALTRAINAL, sus denegaciones evidenciadas frente a las pretensiones del grueso de los trabajadores en términos de empleo decente y vida digna para ellos y sus familias han sido la constante de este proceso de negociación.

Las actuales condiciones a las que nos ha llevado la empresa, nos convoca a toda la masa trabajadora de ésta multinacional líder de alimentos en Colombia a plantear la declaratoria de Huelga, pues ante la injusticia de la patronal en temas fundamentales y vitales como la salvaguarda del derecho a la igualdad y el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, ésta persiste en continuar fomentando la desigualdad, discriminando a los trabajadores en dos regímenes salariales y convencionales que impuso en el 2004, bajo las mismas falsas justificaciones de crisis y supuestas necesidades de implementación de este modelo para la sostenibilidad del negocio, además utilizando artimañas que igual hoy implementa como la participación de actores ilegales “Paramilitares” que emiten señalamientos que atentan contra la vida de los directivos del sindicato en el ánimo de menguar su acción de lucha reivindicativa por la vía del chantaje, el terror psicológico, la desolación y la implementación de la fuerza irracional por encima del acuerdo de voluntades plasmado en la convención colectiva de trabajo.

En temas como la preservación de los derechos en casos de sustitución patronal, finalidad de la C.C.T y la aplicación de la favorabilidad de la norma, las garantías para el ejercicio de la actividad sindical, la contratación de personal natural de Bugalagrande, la asistencia en proyectos sociales del sindicato orientados para favorecer a la comunidad menos favorecida y marginada – proyecto comedor comunitario, polideportivo; la tenue política de la empresa en seguridad industrial y su inequidad en la conformación de Copasos son algunos de los aspectos denunciados y sustentados con cifras, datos demográficos, normas legales y presentaciones acordes con la realidad empresarial, que la patronal DESCONOCE continua y reiteradamente con un “NO ROTUNDO” a cada una de las anteriores exigencias.

La patronal manifiesta que los trabajadores y el sindicato tienen que entender, facilitar, cooperar y trabajar de la mano con la empresa en sus proyecciones de sostenibilidad del negocio, que la comisión de la patronal coincide en un todo con lo expuesto por la comisión del sindicato y adecuará los procesos necesarios para que no se presenten casos de violación de la C.C.T. pero no se elevará al acuerdo convencional, se firmarán un acta de acuerdo que no obliga a las partes en su cumplimiento ante la institucionalidad burguesa.

De manera extraña observamos como el panfleto de las “Águilas Negras” sale justamente al medio día del jueves 30 de Abril, cuando coincide simultáneamente con la terminación de un ciclo de negociación en la ciudad de Guadalajara de Buga y en donde el sindicato durante y dentro de los términos legales – negociación directa y prorroga - había hecho unas sustentaciones coherentes con la realidad comercial, económica y financiera de la patronal, así como de las condiciones socio económicas y culturales de la población Bugalagrandeña, en los grupos o paquetes propuestos por Sinaltrainal como son: Igualdad, Normativo, Derechos Humanos, Proyectos sociales.

A lo anterior se le debe adicionar un conjunto de acciones perversas y represivas por parte de la Nestlé de Colombia S.A., cuando procede a instalar cámaras de seguridad en las inmediaciones de la factoría una de ellas justo al frente de la carpa de solidaridad – casa de huéspedes en donde enfoca al compañero DIEGO RODRIGUEZ quien junto con otros directivos y activistas sindicales, animaba constantemente la misma, luego se inician las persecuciones y hostigamientos por parte de la fuerza pública, la prohibición del ingreso a laborar del compañero Diógenes Escobar portando una camiseta alusiva al conflicto laboral.

La pregunta que surge inmediatamente es cómo se hizo para ingresar al interior de la fábrica una gran cantidad de panfletos amenazantes, si los procedimientos de ingreso y vigilancia de la multinacional son tan exigentes y rigurosos, si los trabajadores afiliados y directivos sindicales así como sus pertenencias son objeto de requisas estrictas por parte de la empresa de vigilancia “Seguridad Andina” y ninguna de la cámaras internas se percató de quienes fueron los que entregaron a los trabajadores estos pasquines que lo único que pretenden es enlodar la negociación, implementar una nueva ola de terror en la población e incrementar el derramamiento de más sangre inocente ante la justicia social que Sinaltrainal y todos sus afiliados reclaman.

Coincidencial y extrañamente en la conmemoración del 1º de Mayo como “Día Internacional del Trabajador” simultáneamente en dos ciudades del Valle del Cauca geográficamente distantes se implementan operativos de inteligencia y represión policial en contra de la organización sindical, a saber:

En Bugalagrande se detectan miembros infiltrados de la SIJIN, que de manera abierta y descarada filmaron a los directivos sindicales en la marcha por las vías de la población, los cuales fueron denunciados ante la autoridad competente.

En Santiago de Cali el compañero DIEGO RODRIGUEZ es víctima junto con sus dos hijos menores de edad, de una acción cruel, demencial y abiertamente violatoria de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y acuerdos, convenciones y tratados internacionales sobre la materia de los cuales Colombia es miembro parte.

Lo anecdótico es que el compañero RODRIGUEZ es directivo nacional de Sinaltrainal y fue objeto en escasos tres días de acciones de seguimiento, filmación, persecución y agresión por parte de la policía nacional, denotando la intencionalidad de la fuerza pública de salvaguardar la integridad económica y ética de la multinacional Nestlé, por encima de su función constitucional y social que versa: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.”. (Art. 2 C.N.)

Los cambios en el mundo del trabajo por parte de los empresarios y el mundo globalizado, no puede ser objeto de desconocimiento de los derechos laborales tanto individuales como colectivos de los trabajadores, quienes vendemos nuestra mano de obra ya no barata sino tercerizada en la mayoría de los casos, pero seguimos generándoles la plusvalía que les permite acrecentar continuamente su capital.



DIEGO ESCOBAR CUELLAR
Director Dpto. Empresas Transnacionales
Secretario de Solidaridad
CUT – Subdirectiva Valle del Cauca



C.c.: Dr. Diego Palacio Betancourt - Ministro Protección Social
Dr. Marcelo Fox - Representante OIT en Colombia
Dr. Andrés Santamaría – Defensor Regional del Pueblo
Álvaro José Vega – Presidente CUT Valle del Cauca
Wilson Sáenz M. – Dpto. DDHH CUT Valle del Cauca
Javier Correa – Presidente Nacional – Sinaltrainal
Rafael Esquivel – Presidente Bugalagrande – Sinaltrainal.


Por: www.sinaltrainal.org

lunes, 4 de mayo de 2009

Denuncia pública

ATENTAN CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LA JOVEN YENIFER RUEDA CARDENAS EN LA COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN

Queremos expresar nuestra preocupación e indignación frente a los hechos contra la integridad y la vida de nuestra compañera YENIFER RUEDA CARDENAS ocurridos el 3 de mayo de 2008 en el Barrio El Salado de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín.

Antecedentes:

YENIFER ha vivido durante toda su vida en el Barrio EL SALADO parte alta de la Comuna Trece; desde hace varios años viene adelantando un trabajo comunitario con jóvenes y niños, incentivando el trabajo de base desde el arte y el campo sicosocial con la finalidad de hacer prevención del reclutamiento del ejercito y de los grupos armados ilegales y promoción de la noviolencia, la objeción y el antimilitarismo. Desde su valioso trabajo, se ha articulado a la CORPORACION SEMINIS de la cual es socia y fundadora; a la RED JUVENIL DE MEDELLIN, y al PERIODICO PERIFERIA; durante su recorrido ha participado de otros trabajos organizativos de la ciudad como el de la Asociación Cristiana de Jovenes.

Durante la Operación ORION desarrollada por agentes estatales, y que condujo a la consolidación del paramilitarismo en la Comuna 13, su hermano fue asesinado al resistirse a vincularse a un grupo armado; lo que ha incentivado mas el trabajo de YENIFER en la zona convirtiéndose en un testimonio de la resistencia a la violencia que por años ha asechado esta comuna de la ciudad; ese mismo trabajo la a puesto en la mira de los grupos armados legales e ilegales de tiempo atrás, dentro de los hechos mas relevantes destacamos los siguientes:

• En el mes de octubre del año pasado en el marco de desarrollo del FORO SOCIAL MEDELLIN, que tuvo como temáticas centrales las problemáticas de pobreza y desconexión de los servicios públicos domiciliarios; cuando YENIFER se encontraba con otros compañeros repartiendo publicidad en el Barrio Las Independencias de esta misma Comuna, fue abordada por varios hombres que se identificaron como paramilitares, los cuales pretendían quitarles la información y las cámaras que llevaban, ante la negativa de ella y la confrontación verbal con estos hombres fue amenzada por ellos; sin embargo, Yennifer nunca salió del sector.

• Desde todo el trabajo comunitario ha presentado varias denuncias por las violaciones a los Derechos Humanos que se cometen en esta zona por los grupos armados, lo que la ha puesto en alto riesgo.

• El día de ayer 3 de mayo del 2009, siendo las 6 y 30 de la noche cuando YENIFER se dirigía a su casa, fue abordada por tres hombres en el sector del Salado, quienes la cogieron del bolso bruscamente y comenzaron a apuñalearla, dejándole varias heridas en los brazos dado que ella trato de protegerse, por que las agresiones iban dirigidas a su rostro. Ella reaccionó diciendo que no la atacaran que era estudiante, pero los hombres no dijeron nada, la tiraron al piso y le dejaron las pertenencias; de allí fue trasladada por un vecino que la vio, a la Unidad intermedia de San Javier con heridas graves.

Ante estos hechos consideramos que:

• La vida es un valor incuestionable que no puede ser puesto en riesgo por ningún motivo, y que nada justifica un atentado como el que ha sufrido nuestra compañera YENIFER.

• Que el caso especifico de vulneración de derechos de la población femenina en este sector de la ciudad cada vez es mas grave, y los riesgos van en aumento.

• Que la impunidad que hoy se vive en la comuna 13, en donde la presencia y el control de los grupos paramilitares ha sido permanente y denunciado con frecuencia por la comunidad y los nuevos hechos que hoy se denuncian son reflejo de las condiciones de vulneración de derechos en la que se encuentran los habitantes de la comuna.

• Que el silencio y las afirmaciones de pacificación de la administración municipal sobre la comuna 13 han generado una invisibilización total de la militarización de la que ha sido objeto esta zona; por ello asombra que una comuna en la que se encuentra la mayor concentración militar de la ciudad presente al mismo tiempo los altos índices de violación de derechos humanos y pobreza.

Con fundamento en todo esto hacemos las siguientes exigencias:

• Que las Instituciones del Estado como Fiscalía, Procuraduría y Unidad Permanente de Derechos Humanos, adelanten las actuaciones respectivas que tiendan a la protección de la integridad y la vida de YENIFER CARDENAS RUEDA y su familia.

• Que las Instituciones de derechos humanos como Naciones Unidas y Defensoría del Pueblo adelanten las actuaciones y seguimientos a este caso con la finalidad de que se proteja la vida de YENIFER CARDENAS RUEDA.

• Que la Fiscalia cumpla con la labor constitucionalmente asignada de investigar los hechos de los que ha sido objeto YENIFER CARDENAS RUEDA; no como un caso aislado, sino como una vulneración sistemática de derechos humanos de la que es objeto la comuna 13 en los últimos años, y específicamente a las mujeres y a líderes comunitarios.


Firman,


RED JUVENIL DE MEDELLIN
CORPORACION SEMINIS
PERIODICO PERIFERIA
CODEHSEL

lunes, 6 de abril de 2009

[San José de Apartado] “Paz” y “Progreso”: Fachadas para ocultar los Crímenes en apartadó

El Señor Alcalde de Apartadó, en una intervención difundida ampliamente por los medios regionales de información, así como otros funcionarios, comentaristas, miembros de la Agencia Presidencial para la Acción Social y de las juntas de acción comunal vinculadas a sus proyectos, han atacado con virulencia las denuncias hechas por la ex Alcaldesa de Apartadó, Doctora Gloria Cuartas, sobre la violencia que continúa afectando a San José de Apartadó y especialmente a los integrantes de nuestra Comunidad de Paz.

Todos estos funcionarios y sus beneficiarios afirman que en San José de Apartadó se goza de plena paz y que sólo se percibe progreso. Dicen que la Comunidad de Paz miente cuando denuncia hechos de violencia oficial que se realizan contra sus miembros. Apoyan irrestrictamente las operaciones militares y policiales y anuncian que a mediados de este año van a convocar un evento internacional en el caserío de San José, para que se presenten las denuncias contra la fuerza pública, si es que las hay y que, según ellos, “son falsas”.

No vale la pena entrar a polemizar con todos esos funcionarios y con quienes les sirven de altavoces, pues ellos siempre utilizan discursos abstractos para defender lo indefendible, mientras nuestra Comunidad ha tenido siempre por principio denunciar los hechos con fechas, horas, sitios, nombres y circunstancias concretas. Durante muchos años estos dos lenguajes se han confrontado y es evidente que la verdad está del lado de quien presenta los hechos concretos y verificables con transparencia, lo que no puede ser negado por un discurso político vacío de datos, que siempre ha querido legitimar el crimen con el ocultamiento, el silencio, el desvío, las “cortinas de humo”, el recurso a publicidad política comprada con altas sumas de dinero o la manipulación inconfesable de versiones falsas fundadas en testigos que mienten por dinero. Afortunadamente la mentira, una vez cesan los intereses mercantiles y cambian los contextos políticos, se desvanece y deja en pública vergüenza a sus autores. Los millares de confesiones que el país está escuchando ahora, revelan la mentira que fue avalada durante años o décadas por todas las instituciones del Estado, por los medios masivos de comunicación y por todas las llamadas “gentes de bien” de la sociedad.

Las autoridades siempre nos han llamado “mentirosos” cuando denunciamos los crímenes que ellas cometen contra nosotros. Cuando denunciamos la presencia de bloques paramilitares que actúan en unidad de acción con el Ejército, asesinando a muchos de nuestros compañeros y vecinos, dicen que todo es falso; que esas víctimas no existen, mientras nosotros tenemos que recoger nuestros muertos y sepultarlos sin que haya siquiera, la mayoría de las veces, un levantamiento de cadáver. Militares y paramilitares asaltaron los carros donde transportábamos los productos de nuestros trabajos comunitarios y se los robaron, pero cuando denunciamos esos hechos, dijeron que pretendíamos desprestigiar a las fuerzas armadas. Cuando pedimos que se haga justicia a nuestros muertos, siguen diciendo que todos eran “guerrilleros muertos en combate”. A pesar de tanta infamia, hemos guardado la memoria de los crímenes y se la hemos ido entregando a la humanidad para que la historia juzgue con rectitud.

Mientras el Gobierno recurre a un discurso político abstracto y masivamente difundido con el dinero de nuestros impuestos, con el fin de esconder la responsabilidad de los criminales, nosotros recurrimos a una demanda de verdad, de justicia y de reparación basados en los sufrimientos concretos, fechados y situados, que nos han causado.

Pero es paradójico que el Alcalde de Apartadó, la Agencia Presidencial para la Acción Social y sus altavoces, afirmen que en la zona todo está en paz y en vías de progreso, cuando al mismo tiempo hacen alusión a los hechos de terror que han sido más visibles en los últimos días, como el atentado al Supermercado Los Ibáñez, registrado el 28 de marzo de 2009. No hacen alusión las autoridades a otros enfrentamientos que han producido muertos y heridos en las últimas semanas y días. Menos hacen alusión a la presencia paramilitar tan masiva en Nuevo Antioquia y sus incursiones violentas en las veredas de La Esperanza, La Hoz, Zabaleta, La Resbalosa, Mulatos, El Porvenir y otras. Los datos concretos con fechas, horas y actuaciones, los podrían encontrar en nuestros comunicados pero a ellos sólo les interesa ocultar todo esto. Tampoco hacen alusión a las amenazas ni a los mensajes que han estado enviando militares y paramilitares a la Comunidad de Paz, anunciando su exterminio. Dirán, quizás, que todo eso “es mentira”, como también dirán que “es mentira” el intento de asesinar al representante legal de la Comunidad de Paz el 1° de noviembre pasado. Tampoco hacen alusión a los Falsos Positivos que se han presentado en la zona. Para ellos, todos esos muertos son “guerrilleros que mueren en combate”. Es difícil, pues, comprender su discurso tan lleno de contradicciones, silencios, encubrimientos y tergiversaciones.

Es claro para nosotros que la Alcaldía de Apartadó, la Agencia Presidencial para la Acción Social, la Fuerza Pública y todos sus altavoces, han venido ocultando los hechos de violencia que ocurren en la zona, impidiendo incluso que se divulguen informaciones sobre atentados que han dejado mutilados a soldados y policías. También guardaron en secreto el Informe del DAS del 4 de diciembre de 2007 en el cual se reseñaban muchos hechos de violencia ocurridos en San José de Apartadó en 2007 y otros registros de 2008. Con todo ello se quiere evitar el tener que acatar las directrices de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206 de 2001, donde fija los criterios para la ubicación de puestos de policía en medio de la población civil, cuando hay contextos de conflicto y de riesgo, como se evidencia en San José de Apartadó. Acatar dicha Sentencia implica, a todas luces, retirar el Puesto de Policía de San José de Apartadó y ubicarlo en otra parte, tal como lo pidió la Comunidad de Paz en 2004, para lo cual hizo propuestas concretas, pero la intransigencia del Presidente Uribe que desconoció todo lo dialogado, causó el desplazamiento forzado de los integrantes de la Comunidad de Paz.

También tenemos conocimiento de que el Alcalde de Apartadó, la Agencia Presidencial para la Acción Social, la Fuerza Pública y todos sus altavoces, están disgustados con la Defensoría del Pueblo por su documento de ALERTA TEMPRANA sobre San José de Apartadó, pues ello les obligaría a enfrentar los hechos concretos de violencia que han sucedido y que ellos quieren negar, así como a examinar sus causas y a buscarles solución, haciéndolos responsables de las tragedias futuras por no haber tomado en serio la ALERTA. Todo eso es lo que ellos quieren ocultar.

Lo más triste y repugnante de toda esta política es el afán por desconocer a las víctimas y sus sufrimientos y ocultar éstos con mentiras, avalando, por el contrario, los intereses y los discursos de los victimarios. Es deplorable que el Gobierno y las instituciones del Estado se ubiquen en esta lógica.

Nuestro compromiso con las víctimas nos urge a preservar la vida en medio de la muerte y a seguir manteniéndonos allí, asumiendo los costos que eso tenga. Estamos seguros de que esa conciencia de compromiso con la verdad y la justicia no hará retroceder en sus denuncias a la Doctora Gloria Cuartas ni al Padre Javier Giraldo ni a ninguno de los integrantes de nuestra Comunidad de Paz, comunidad que el Gobierno siempre quiere ignorar reduciéndola a unas pocas familias [según el Vicepresidente Santos, somos “ocho”; ahora hablan de “cuarenta personas”], pero seamos las que seamos, nuestra identidad sigue estando en nuestros principios de autonomía, no participación en el conflicto armado, búsqueda de verdad, justicia y reparación, trabajo solidario y búsqueda de un mundo alternativo.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Abril 5 de 2009

domingo, 5 de abril de 2009

Nuevas Amenazas De Muerte Contra Las Organizaciones Estudiantiles Y Estudiantes En General De Manizales

La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU, organización no gubernamental de estudiantes, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional las nuevas amenazas contra las organizaciones estudiantiles y los estudiantes de las universidades de Manizales.

HECHOS

1. El miércoles 25 de marzo del 2009 se recibió en la Universidad de Caldas y dirigida a los directivos de la comunidad universitaria de Manizales y de la Universidad de Caldas en particular, una amenaza de muerte y la declaración de objetivo militar a partir del 1 de abril, a todos los estudiantes y particularmente a organizaciones estudiantiles, la amenaza es firmada por: ORGANIZACIÓN AGUILAS NEGRAS BLOQUE CENTRAL – OPERATIVIDAD CALDAS.


2. La amenaza es redactada de manera agresiva y señaladora contra miembros de la comunidad universitaria de Manizales, en unos de sus apartes dice:

“…Como ya es de conocimiento por todos los medios informativos, esta organización está adelantando una labor de selección de personas vinculadas con grupos de izquierda al margen de la ley mediante filiales como FEUC, JUCO, ACEU, CAMISAS ROJAS, ETC. Movimientos creados para el reclutamiento de jóvenes universitarios para las FARC Y ELN. Por tal motivo hemos decidido crear un bloque que se encargara de hacer un exterminio social de dichos elementos que están corrompiendo nuestra sociedad. SI SEÑORES LES LLEGO LA HORA DE RESPONDERLE A LA SOCIEDAD. LOS VAMOS ACABAR!”

“…Razón por la cual a partir del Abril 1 del 2009 SE DECLARAN OBJETIVOS MILITARES A:

1. ESTUDIANTES QUE SE VEAN INVOLUCRADOS CON PROMULGACION DE PROPAGANDA PARA GRUPOS Y MOVIMIENTOS ABSCRITOS A LAS FARC Y ELN

2. AQUELLOS ESTUDIANTES QUE NO SEAN LOS QUE ESTAN CUMPLIENDO CON EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO EN EL HOSPITAL Y QUE DEMUESTREN UN CONTRATO CON DICHO HOSPITAL. Hemos tenido problemas con rotantes, acompañantes o ruralitos, que enmascarados en esta posición hacen de lo suyo. YA NO LO PERMITIREMOS: SON OBJETIVO MILITAR Y LOS EXTERMINAREMOS!!!


3. AQUELLOS ESTUDIANTES QUE DEMUESTREN ACCIONES IMPROPIAS E ILEGALES RELACIONADAS CON LA CREACIO DE MOVIMIENTOS IZQUIERDISTAS COLABORADORES DE LA GUERRILLA.

Nosotros somos una organización de antiguos excombatientes de las autodefensas unidas de Colombia y creemos que hay que liberar nuestras universidades, barrios y el país de gente como esta, revolucionarios hijueputas, guerrilleros de civil.”

“SEÑORES: LLEGO LA HORA, SE ACABO LA ALCAGUETERIA Y LLEGAMOS POR USTEDES, LOS VAMOS A ALCANZAR Y ANIQUILAR HASTA EN EL ULTMO RINCON EN CALDAS, ESTAMOS CANSADOS DE TANTA DELINCUENCIA ENMASCARADA Y PROMULGATORIA!!!”



3. la amenaza de muerte es contra todos los estudiantes universitarios de Manizales y sus organizaciones. Particularmente contra las organizaciones estudiantiles y políticas: Federación Estudiantil de la Universidad de Caldas –FEUC- Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –ACEU- Juventud Comunista –JUCO- Camisas Rojas.

ANTECEDENTES

El gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez mantiene una actitud hostil contra la universidad colombiana, con un constante ataque y señalamiento contra las organizaciones sindicales, profesorales y estudiantiles, todos estos señalamiento generan un estado de vulnerabilidad ante los grupos paramilitares, ya que se tiende a justificar el accionar militar y paramilitar contra los miembros de la comunidad universitaria.

La crisis de derechos humanos que vive la universidad Colombia afecta directamente a la Universidad de Caldas, debido a esto en el último año se han presentado detenciones arbitrarias contra miembros de la universidad, así como seguimiento, hostigamiento e incursiones contra el campus.

En lo que va corrido del mes de marzo, son cuatro los estudiantes universitarios asesinados en todo el país, mas de cien estudiantes amenazados y tres estudiantes heridos.

En las últimas semanas se han conocido un sin numero de panfletos en diferentes ciudades del país contra sectores específicos de la sociedad, contra gente humilde en barrios, colegios y universidades, causando así incertidumbre y un estado de miedo permanente en toda la población. Configurando así una nueva etapa del accionar paramilitar en el país.

PETICIONES

Por estos hechos, nos dirigimos a la comunidad nacional e internacional para que se comuniquen con las autoridades colombianas y se exija:

1. Garantías en el ejercicio del derecho a la organización y a la actividad política al interior de las universidades, sin que esto sea causante de persecución. Solicitamos se exija al presidente de la República se retracte de los señalamientos del alto gobierno contra las organizaciones no gubernamentales, contra los defensores de derechos humanos y particularmente contra las comunidades universitarias del país y sus organizaciones.

2. Garantías a la integridad psicológica y física de los estudiantes, de la
Universidad de Caldas y particularmente a los y las amenazados (as) en el
comunicado de las ORGANIZACIÓN AGUILAS NEGRAS BLOQUE CENTRAL ? OPERATIVIDAD
CALDAS.


3. Garantizar una investigación independiente, imparcial y eficaz de los hechos denunciados, que permita el enjuiciamiento y sanción de los responsables.

4. Respeto por la oposición política de los integrantes de la comunidad universitaria en todo el país, así como de todos los sectores sociales y políticos que abiertamente se oponen a las políticas implementadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

5. publicar todos los resultados de los procesos de investigación de los asesinatos, amenazas y desplazamientos contra miembros de la comunidad universitaria en todo el país, en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Favor enviar sus comunicados a las siguientes direcciones:

Sr. Álvaro Uribe Vélez, Presidencia de la República, carrera 8 # 7-26,
palacio de Nariño, Bogotá D.C, Fax (+57) (1) 5662071. Correo:
auribe@presidencia.gov.co

Sr. Francisco Santos, Vice-presidencia de la República, correo:
fsantos@presidencia.gov.co

Sr. Carlos Franco, Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, calle 7 # 5-54 Bogotá D.C. tel.: (+57) (1) 3360311.
Correo: cefranco@presidencia.gov.co

Sr. Volmar Antonio Pérez, Defensoría del Pueblo. Calle 55 # 10 -32 pbx: (+57)
(1) 3147300. Correo: secretaria_privada@hotmail.com

Sr. Mario Germán Iguarán Arana, Fiscalía General de la Nación, diagonal 22 b
# 52-01. Bogotá D.C. Fax: (+57) (1) 5702000. Correo: denuncie@fiscalia.gov.co


SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

sábado, 4 de abril de 2009

Amenazas contra dirigentes sindicales en Santander

Esta amenaza llega en momentos en que en diferentes ciudades y municipios del país ha estado circulando un comunicado anunciando una denominada limpieza y se han producido asesinatos de dirigentes sindicales como es el caso de Ramiro Cuadros Roballo docente afiliado al SUTEV, ocurrida el 24 de marzo de 2009 en Tulúa Valle del Cauca y cuando Sinaltrainal se encuentra en conflictos laborales por negociación de pliegos de peticiones en las empresas Coca cola, Nestle, Noel, Zenú y acabamos de salir de las negociaciones en Kraft Foods, Proveemos, Caves y la empresa Casa Luker se niega en la ciudad de Bucaramanga aceptar la afiliación a Sinaltrianal de una trabajadora y quiere despedirla ilegalmente.

Por: www.sinaltrainal.org

viernes, 13 de marzo de 2009

Asesinato sacudió la U. de A.

Asesinato en la U.de.A, 8 dias después de las amenazas.........

Indignados, los estudiantes y profesores que este jueves, pasadas las seis de la tarde, se encontraban en la primera planta del bloque 14 de la Universidad de Antioquia, no le quitaban la mirada al charco de sangre que quedó después del ataque a bala que le costó la vida al ex alumno de la Facultad de Derecho, Jorge Andrés Isaza Velásquez, de 28 años de edad.

Nunca había visto esto en la Universidad, le decía una joven a una amiga con la que observaba la escena del crimen, en un pasillo cerca a las mesas de una cafetería.

Por su parte, a pocos metros del cerco que hizo el CTI de la Fiscalía, el vicerrector, Martiniano Jaime Contreras daba a conocer lo ocurrido.

"Aquí en el primer piso de la Facultad de Derecho hubo un ataque con arma de fuego contra un joven que había salido hace un año de la Universidad por mal rendimiento. Esto nos cogió por sorpresa, porque se venían tomando las medidas de seguridad con requisas para evitar el ingreso de personas ajenas que vienen a delinquir", dijo.

Esperamos, agregó, que la comunidad nos comprenda porque vamos a exigir el carné y a pedir la identificación en el ingreso ya que tenemos que preocuparnos por nuestro propio blindaje".

Al condenar el hecho dijo que es un acto que "nos entristece y preocupa".

El directivo universitario alertó que hace ocho días hubo una amenaza de un grupo que se hizo llamar "Autodefensas de Antioquia", contra un grupo de estudiantes, pero este joven no estaba en esa lista.

Varios estudiantes que integran el Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda expresaron preocupación por las intimidaciones que hace ocho días les enviaron por internet.

"La amenaza es muy clara. Nos la enviaron a nuestros correos y con nombres propios. Se hizo para aquellas personas que conformamos grupos de tendencias políticas", dijo el estudiante.

Otro alumno testigo del ataque indicó que fue perpetrado por un hombre y una mujer encapuchados que corrieron hacia el bloque cuatro y ahí desaparecieron".

El COLOMBIANO estableció que la víctima había cursado hasta el quinto semestre de Derecho, residía en el barrio Francisco Antonio Zea, noroccidente de Medellín y estaba trabajando como mensajero.

Una estudiante se quejó ante el Vicerrector por falta de reacción para atender al herido, porque, según ella, sólo 20 minutos después de ser atacado se acercó un paramédico para brindarle atención.

El personal de seguridad de la Universidad y la Policía montaron este jueves en la noche un dispositivo con requisas a personas y carros en las porterías de la Universidad, lo cual originó congestión en las vías internas del claustro.

Contexto
El pronunciamiento de la Universidad
El siguiente es el texto del comunicado oficial que dio a conocer el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, a raíz de los hechos registrados en la tarde de ayer en el bloque de la Facultad de Derecho del Alma Máter:

"El rector de la Universidad de Antioquia lamenta informar que en la tarde del jueves 12 de marzo de 2009, el joven Jorge Andrés Isaza Velásquez, quien estuvo matriculado en años anteriores en la Universidad, fue víctima de un violento atentado que cobró su vida.

Ante situaciones como ésta, exhorta a todos los universitarios y a la sociedad a unirse en torno a la defensa de la vida y la libertad, para hacer viable la realización de la misión de la Universidad".


...


Definidas medidas especiales para la U. de A.

El anuncio lo hizo el Gobernador, Luis Alfredo Ramos, tras presidir un consejo de seguridad.
El gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, tras un análisis de la situación de seguridad en el interior de la Universidad de Antioquia, anunció este viernes un conjunto de medidas especiales.

Tras lamentar el asesinato del ex estudiante de Derecho, Jorge Andrés Isaza Velásquez, lamentó lo sucedido e informó que de acuerdo con las primeras investigaciones el caso podría estar relacionado presuntamente con la disputa de grupos delincuenciales en la Universidad.

Entre las principales medidas adoptadas están las de realizar un mayor control en la parte externa de la Universidad por parte de la Policía Metropolitana y el DAS, así como en el ingreso al claustro por parte de la Policía y la firma de seguridad privada a cargo de la vigilancia del Alma Máter.

Quedaron totalmente prohibidas las ventas ambulantes y estacionarias dentro de la Universidad y solo se permitirá el funcionamiento de las cafeterías y otros servicios de tipo comercial, autorizados por la Rectoría.

La Secretaría de Gobierno de Medellín realizará controles sobre los venteros ambulantes y estacionarios de la parte externa de la Universidad. Se acordó que la Policía Metropolitana ingresará a la Universidad cuantas veces sea necesario.

Se solicitará a la Fiscalía General de la Nación para que se delegue un fiscal especializado que investigue los casos de inseguridad que se han venido presentando en la Universidad.

Además, se instalará un sistema de cámara inalámbrico en la parte exterior y en el interior de la Universidad que contribuya a mantener la seguridad.

En la reunión de seguridad que presidió el Gobernador también estuvieron presentes el rector de la Universidad, Alberto Uribe Correa; el Secretario de Gobierno de Medellín, Jesús Ramírez, y el comandante de la Policía Metropolitana, general Dagoberto García, entre otras autoridades.


El colombiano

miércoles, 11 de marzo de 2009

No olvidar 10 años de impunidad 10 años de resistencia



El 7 de agosto de 1999 fue asesinado el líder estudiantil de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), Gustavo Marulanda. El crimen fue reconocido por los grupos paramilitares quienes habían publicado una lista en Internet, donde acusaban a los miembros del Movimiento Estudiantil de pertenecer a grupos insurgentes y los amenazaban de muerte.


EL COMPAÑERO GUSTAVO MARULANDA LUCHO POR UN IDEAL,Y POR EL LUCHO HASTA EL FINAL.
HOY CASI 10 AÑOS DESPUES SU ASESINATO SIGUE IMPUNE ANTE EL ESTADO PERO EN NUESTROS CORAZONES EL SIGUE VIVO Y POR EL Y MUCHOS OTROS COMPAÑEROS NO ESTAMOS DISPUESTOS A RENDIRNOS Y SEGUIREMOS CON EL PUÑO EN ALTO SIN DEJARNOS ASUSTAR POR EL ESPIRITU DE GUSTAVO Y DE NUESTR@S COMPAÑER@S ASESINAD@S TORTURAD@S Y DESAPARECID@S NUESTRA LUCHA SIGUE EN PIE


GUSTAVO MARULANDA
1999- HASTA SIEMPRE PRESENTE!!!

LUCHA POPULAR POR EL CAMINO A LA GLORIOSA LIBERTAD!!

martes, 10 de marzo de 2009

Amenazas en la UdeA

El 6 de marzo varios estudiantes recibieron amenzas de dasaparicion y asesinato por parte de AUC del bloque Antioqueño.

En pleno gobierno de seguridad democratica.

El día viernes 6 de marzo en horas de la tarde, varios activistas políticos y lideres estudiantiles de la U de A, recibieron un correo electrónico; en el cual explícitamente se les dice que son declarados objetivo militar, y que tienen el plazo de una semana para desaparecerse o si no serán desaparecidos o asesinados.

Además el panfleto lanza acusaciones y estigmatizaciones en contra de las oficinas de asuntos estudiantiles, muy de la mano de las acusaciones que han lanzado varias directivas e incluso profesores que se suman a la ola terrorista, en contra de compañeros y compañeras, sin ninguna sustentación jurídica.

Es preocupante la situación puesto que la historia a demostrado que detrás del discurso de “limpieza social” se esconde el asesinato selectivo de activistas políticos, es por eso que a estas amenazas, se le suman las amenazas en todos los barrios de nuestras comunas, de los famosos panfletos que las autoridades han llamado “bromas”, los cuales milagrosamente han aparecido en casi todos los barrios de Medellín y que ahora han aparecido en varios municipios de Antioquia. No son gratis los crecientes robos a las ONG’s criticas al gobierno, robos muy particulares, en los que los delincuentes se han llevado solo la información.

Es por eso que hacemos la denuncia internacional de que los Delincuentes al servicio del estado, han anunciado su reactivación; teniendo presente que todos los que vivimos en los barrios sabemos que la “Desmovilización” fue un teatro y la guerra nunca ha cesado.

La crisis al interior del gobierno, los escándalos de corrupción e infiltración de las AUC en las altas esferas de la política, el creciente desempleo y descontento social por la miserable situación de nuestro pueblo, coinciden con la reactivación de estos grupos del terror; que masacran la vida, la cultura y la libertad.

Las organizaciones sociales y poblaciones, quedan invitados a que no permitan que el miedo los calle y que la autocensura no nos impida decir la verdad.



Panfletos difundidos en los barrios de Medellín.





La lista continua en el pais más democratico de latinoamerica.

Indymedia Colombia

domingo, 8 de marzo de 2009

Persecución y exterminio: Plan ´cantado` del gobierno contra nosotrxs

Hemos venido dejando constancias de los diversos atropellos y atentados contra nuestra Comunidad de Paz, que en los últimos meses se han convertido en una cierta obsesión por exterminarnos definitivamente, si se toman en cuenta los numerosos mensajes que las patrullas militares y paramilitares que recorren la zona nos envían permanentemente y los esfuerzos que se hacen en la Brigada XVII por chantajear a pobladores e incluso a miembros de nuestra misma Comunidad para que colaboren en nuestra destrucción y se ganen por ello jugosas recompensas monetarias.

En nuestros anteriores comunicados denunciamos el hostigamiento de que viene siendo víctima nuestro compañero REINALDO AREIZA, quien fue miembro de nuestro Consejo Interno en años pasados, ahora acosado de manera insistente por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, Comandante del Batallón Voltígeros, quien le ha anunciado que si no colabora en la destrucción definitiva de la Comunidad de Paz, será judicializado como “financista del Frente 58 de las FARC” y como “traficante de droga”, para lo cual ya ha conseguido “testigos”, como lo ha venido haciendo la Brigada desde hace décadas, remunerando delincuentes para lograr sus objetivos criminales. Desde que Reinaldo y la Comunidad pusieron este chantaje en conocimiento de muchas autoridades y de la comunidad internacional, miembros del Ejército y paramilitares buscan a Reinaldo desesperadamente por la zona y le han manifestado su enorme enojo por haber denunciado el chantaje. No se trata de tácticas nuevas ni aisladas del Ejército: en estos mismos días, los militares acantonados en zona rural de Dabeiba vienen acosando a una joven campesina, anunciándole que si se niega a acostarse con ellos la van a judicializar como “guerrillera” o “miliciana”. También en 2003 chantajearon de igual manera a otro joven de nuestra Comunidad, diciéndole que si no declaraba en la Fiscalía que todos los líderes de la Comunidad de Paz eran guerrilleros, lo iban a judicializar a él como “miliciano”, para lo cual le mostraron una “lista” elaborada por ellos mismos y le aseguraron que ya tenían “testigos” para acusarlo. Numerosos casos similares hemos denunciado sin que las autoridades hagan algo para sancionar a quienes así proceden. Hasta donde sabemos, el Coronel Rojas continúa en su puesto, y aún más, se sabe que está preparando un montaje de mayores proporciones contra la Comunidad de Paz, aprovechándose de la desmovilización de alias “Samir”, comandante de una compañía de las FARC, a quien han mantenido más de tres meses ilegalmente en la Brigada “negociando” beneficios jurídicos a cambio de “contribuciones” para destruir la Comunidad de Paz.

* El martes 17 de febrero de 2009, hacia las 3 p.m., cuatro paramilitares que se presentaron como “Águilas Negras” y que venían de Nuevo Antioquia, vestidos de civil y con armas cortas, hicieron presencia en la vereda Naín, en las viviendas de dos familias de nuestra Comunidad de Paz. Allí estuvieron preguntando por los lugares de la comunidad y sobre cómo se mueven los líderes. Afirmaron que necesitan exterminar la comunidad como sea y conminaron a dichas familias a retirarse de la comunidad. Al no recibir respuestas de las familias amenazadas, se mostraron furiosos y se alejaron reconfirmando que acabarán con nuestra comunidad a toda costa.

* El domingo 22 de febrero de 2009, en la vereda Mulatos – Cabecera, hacia las 7 p.m. hombres armados preguntaron por un acompañante de nuestra Comunidad de Paz, insistiendo en que se les dijera dónde estaba, cómo se movilizaba y cuáles eran sus movimientos en esos días. El lunes 23 de febrero, en el filo conocido como Chontalito, varios hombres armados abordaron a los diversos grupos de personas que regresaban de las ceremonias de aniversario de la masacre del 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa, haciendo las mismas preguntas sobre el acompañante de nuestra Comunidad. Muy cerca de la zona por donde se movilizaban dichos hombres armados, había patrullas del Ejército.

* El lunes 23 de febrero de 2009, hacia las 8 :30 a.m., en la vereda la Resbalosa fue detenido en su propia casa, por espacio de una hora, un miembro de nuestra Comunidad de Paz e integrante de nuestro Consejo Interno. Los militares le decían que él era un guerrillero, como lo eran los integrantes de esa h.p. comunidad de paz, la cual tenía que ser exterminada. Los miembros del Ejército que ocuparon su finca le dañaron los sembrados de caña y fríjol que tenía.

* El martes 24 de febrero de 2009, hacia las 10 a.m., en la vereda las Nieves fue detenido ilegal y arbitrariamente por el Ejército un miembro de nuestra comunidad que se dirigía de la vereda la Esperanza a la vereda La Unión. El Ejército le preguntó por Reinaldo Areiza, a lo cual él respondió que no sabía dónde estaba. Ellos le dijeron que Reinaldo ya se había ganado la muerte; que le iba a ocurrir lo que le ocurrió a Arturo David, pues se había puesto a “abrir la boca” cuando se le había dado la oportunidad de vivir bien. El miembro de nuestra Comunidad les respondió que se trataba de casos distintos, pues Arturo David, quien había pertenecido a nuestra Comunidad y se había retirado, había muerto en un combate, mientras que Reinaldo era un campesino que nada tenía que ver con grupos armados. Los militares le contestaron que en la zona todos los campesinos son guerrilleros y que así Reinaldo sea campesino, ya se ganó la muerte con ellos. Más tarde lo dejaron seguir su camino.

Nuevamente solicitamos a quienes siempre han sido solidarios con nuestra Comunidad de Paz exigir al Gobierno colombiano cesar tan cruel persecución y renunciar al plan criminal de exterminarnos.

Por nuestra parte. Continuamos firmes en nuestros principios y convencidos de que no debe imperar la estrategia del terror que el actual Gobierno ha impuesto. Nos anima siempre saber que los amantes de la Vida y de la Dignidad nos acompañan en nuestra lucha y están a nuestro lado para enfrentar planes tan criminales.



COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ



Marzo 3 de 2009