Denuncia Pública: Señalamientos y estigmaticación de integrantes del MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su profunda preocupación frente al incremento en los últimos meses de los señalamientos y la estigmatización de la labor de integrantes del MOVICE por parte de organizaciones supuestamente no-gubernamentales como UnoAmerica, la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana y la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y algunos periodistas como Fernando Londoño y José Obdulio Gaviria; a través de plantones, grafitis, páginas web, artículos de opinión y comunicados públicos.

Las detenciones de los integrantes del MOVICE Carmelo Agámez Berrio y David Ravelo Crespo, como también el montaje judicial en contra de las organizaciones defensores de derechos humanos en la ciudad de Medellín muestran como el desprestigio y los señalamientos en muchos casos son un primer paso hacia los montajes judiciales y las detenciones arbitrarias.

Hechos
En octubre de 2010 el MOVICE fue informado sobre la existencia de un periódico virtual “B1” que estaba colgado en la página web de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que es presidente el ex-asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En el periódico aparecen varios testimonios y fotografías del montaje judicial que tiene su génesis en la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante el DAS y la RIME y en el que más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones estudiantiles que hacen trabajo en Antioquia son señalados de pertenecer al PC3 (Partido Comunista Clandestino). En este proceso la prueba testimonial incriminatoria que se acreditó era falaz y estaba estructurada por los organismos de seguridad del Estado que, valiéndose de guerrilleros conversos interesados en acceder a dádivas jurídicas y económicas, se prestaron a verter declaraciones en contra de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, en el propósito perverso de vincularlos a organizaciones insurgentes.

En el periódico B1, se hace un claro señalamiento a integrantes del MOVICE como Winston Gallego Pamplona de la Fundación Sumapaz, Elkin Jesús Ramirez de la Corporación Juridica Libertad y el integrante del Comité de Impulso y Secretario General del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Diego Martinez quienes aparecen en diferentes fotos. En el mismo periódico se hacen señalamientos contra el Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista (JUCO), ambos miembros del Comité de Impulso del MOVICE, la comunidad de Paz de San José de Apartadó, Gloria Cuartas, integrantes de CJL, el Padre Javier Giraldo y el profesor Miguel Angel Beltran.

Antecedentes
- La Organización UnoAmerica desde su creación ha señalado de forma sistemática y en reiteradas oportunidades a las organizaciones defensores de derechos humanos, varios de ellos integrantes del MOVICE de pertenecer a las FARC-EP y/o ELN. El 11 de octubre de 2010 UnoAmerica publicó un articulo en que acusa al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CJL y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de difundir falsas denuncias en relación al Oriente Antioqueño.
- En las operaciones del DAS, como “Transmilenio”, “Arauca”, “Intercambio” y “Europa” se subraya la necesidad de deslegitimar la labor de defensores de derechos humanos a través de montajes judiciales, la creación de páginas web y comunicados públicos.

Exigimos
- A la Fiscalía que investigue como elementos probatorios de una investigación pueden ser utilizados por terceros para señalar y amenazar a las personas investigadas en la misma. Y a la vez, que garantice el debido proceso de la investigación y la presunción de inocencia.

- Que el Estado Colombiano brinde las medidas de protección necesarias para proteger la vida y la integridad física de las personas vinculadas al proceso 686, adelantado por la Fiscal 74, seccional destacada ante el CTI.

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
26 de Octubre de 2010


Tomado de: movimientodevictimas.org

Arde Medellín

Uno de los peores legados del gobierno que está a punto de terminar ha sido la inseguridad urbana.

En ciudades como Medellín, históricamente azotada por distintas violencias, la incertidumbre y desazón se han vuelto pan cotidiano entre sus habitantes, debido a la omnipresencia de bandas, a las disputas territoriales y a la redistribución de poder de los nuevos capos de las mafias del narcotráfico.

Medellín, ciudad de altos contrastes, de “metra y metro”, es, de nuevo, centro de la criminalidad. Y mientras algún actor está recitando a Shakespeare en alguno de los teatros de la urbe, en otro espacio pueden estar asesinando a alguien, robándole el celular a una chica, despojando de sus pertenencias a una anciana, en fin. En los barrios suenan violines pero también disparos. Medellín es hoy una ciudad de bonita infraestructura y de miedos permanentes.

A veces da la impresión de que la avalancha de inseguridades quisiera ser disimulada por ferias y bengalas. O, como ocurrió en marzo pasado, por los festones y competencias de los juegos suramericanos. Todavía hay ecos en torno a los gastos (¿despilfarro?) de más de dos mil millones de pesos en las celebraciones del Bicentenario. Y los polvoreros de La Estrella y Caldas todavía no entienden por qué no se los utilizó a ellos para tales efectos, si, según dicen, son tan buenos como los extranjeros que contrataron.

Y si alguien va a barrios como el histórico de La Toma, oirá de sus moradores quejas en torno a cómo para construir allí el Parque Bicentenario, a ellos se les ha humillado de parte de las autoridades. O se les ha intimidado con la presencia de antimotines para no permitirles expresar sus protestas en torno a lo que consideran maltratos de parte de la administración local.

De otra parte, a principios de 2010, se conocieron cifras de espanto. Según Medicina Legal, en 2008 se presentaron en Medellín 1.044 asesinatos mientras al año siguiente hubo 2.178. Los focos de conflicto, ubicados en distintas comunas, se han extendido y las bandas de delincuentes, en general al servicio del paramilitarismo y las mafias, han “evolucionado”. Ahora son como una suerte de ejércitos con armamento pesado, fusiles y subametralladoras.

Además de ser “ley” en sus fracciones territoriales, muchas de esas bandas delictivas acuden, para su financiación, a las vacunas a comerciantes y habitantes. Y quien no pague está en situación de alto riesgo: o lo matan o se tiene que ir del sector. Según un estudio del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, este tipo de delito ha aumentado en Medellín y “las víctimas del mismo deben soportar el asedio de dos y hasta tres grupos armados quienes imponen “vacunas” cuyos montos están poniendo en jaque la economía de las comunidades”.

Hay barrio de Medellín en los cuales las vacunas se las cobran hasta a las empleadas domésticas y a los vendedores de confites. El transporte público, según las mismas denuncias, es uno de los más afectados por las extorsiones. La ciudad es escenario de distintas trifulcas entre grupos armados, y los comerciantes, formales e informales del centro de la ciudad, también son vacunados por las bandas armadas y de “vigilancia”.

La espantosa herencia del Cartel de Medellín se manifiesta rediviva en las nuevas generaciones de grupos criminales. Y como se sabe, en la ciudad las que imponen la paz (una suerte de pax romana, según la hegemonía y los intereses en juego) o la guerra, son las organizaciones de delincuentes, tal como sucedió en los tiempos de “Don Berna”.

Medellín, ciudad de músicos y festivales poéticos, vuelve a estar en crisis. Y no sólo por la explosión de bandas criminales, sino, además, porque desde hace tiempos ha habido actitudes permisivas con clases emergentes y sus métodos non sanctos, con la privatización de la justicia y con modelos mafiosos de gobierno. Medellín suena a veces a serenatas de nostalgia, y en otras a la ordinariez de burdas cabalgatas y a balazos de ranchera.

Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: elespectador.com

El Parque Arví en Medellín: ¿Ecoturismo o Ecocidio?

Doña Rosa nació en la vereda el Mazo, toda la vida ha vivido en la casa heredada de sus padres; recuerda que allí hubo tranquilidad hasta que los primeros síntomas del “desarrollo” trajeron la carretera hace 14 años y los carros empezaron a matar sus animales domésticos. Antes las casas se podían dejar solas y las puertas abiertas, pero ahora los forasteros entran sin permiso a las casas y huertos, dejan basuras y roban; con la construcción del Parque Arví las cosas están empeorando. “Desconozco las bondades que traerá la construcción del parque, eso no es progreso, pues el desarrollo se construye en armonía con la naturaleza. Sólo pretenden sacarnos de nuestro territorio; los que vienen ofreciendo plata para comprar nuestras casas y construir el parque son muy poderosos. El turismo trae gente que no sabemos quiénes son”, comenta doña Rosa.

Para los nativos de la región, declarada reserva forestal desde 1970 por su exuberancia natural y belleza paisajística, no es fácil aceptar que desde hace más o menos cinco años vengan tumbando montaña y escarbando sus propiedades, al punto de demoler sus salones de reunión y sus casas de bareque, para remplazarlas por pesadas construcciones y equipamientos de hoteles, metrocables y parqueaderos.

“El metro cable que construyeron, supuestamente, para servir a la comunidad, la gente de la zona no lo utiliza, porque el servicio se inicia desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m.- continúa doña Rosa-. La gente que trabaja en Medellín ingresa a las 8 de la mañana y salen a las 6 de la tarde; es evidente que el servicio es sólo turístico. Como van las cosas, con las construcciones modernas ya ni reconoceremos nuestro territorio. Construirán cabañas de madera con techos de flores, en lugar de casas de bahareque con techo de paja, como ha sido la tradición. Además, están controlando nuestra movilidad, siempre habíamos transitado libremente estos lugares que preservaron nuestros abuelos, pero ahora nos lo impiden alegando pisar zonas de reserva con daño a la naturaleza, cuando verdaderamente los depredadores son ellos”.

La historia del parque Arví
Ante los reclamos de la comunidad y las reacciones en contra de la construcción del Parque Arví, nos cuenta doña Nubia Alzate, edil del corregimiento de Santa Elena: “Acá hay una historia muy particular, según dijo Jorge Melguizo, secretario de Cultura y Desarrollo Social, el Parque Arví no era un cuento nuevo; según él había sido planeado hace 40 años y por eso dice no entender por qué la gente se alborota. Nos preguntamos entonces ¿Por qué no llamaron a la comunidad a participar en ese proyecto? Después de 35 años de estar engavetado, nos vienen a vender la idea como un cuento maravilloso, engañándonos, utilizando un lenguaje técnico para que la comunidad dijera ‘esto es muy bonito’. A esas reuniones, que llamaron socializaciones, a la gente que asistía le recogían las firmas y las utilizaron a su conveniencia como si fueran la aprobación del proyecto, utilizaron el fraude, y asaltaron la fé popular”.

“Esta conducta socialmente desviada- insiste la edil-, la utilizaron de vereda en vereda. Cuando presentamos una tutela por la defensa de lo público, de nuestra cultura, idiosincrasia y todo lo que tiene que ver con nuestros derechos colectivos, afectados por la construcción del parque, ellos mostraron esas firmas alegando que habíamos estado de acuerdo. También engañaron a la gente diciendo que el proyecto generaría empleo para todos; la verdad es que de 250 comerciantes a los que se les dijo que tendrían negocios, tan solo a 14 se les va a dar la oportunidad y está por averiguar quiénes son y porqué fueron escogidos. También dijeron que los equipamientos estarían en armonía con la naturaleza y ya estamos viendo que no es así”.

Según la edil, si el parque Arví está en una zona de reserva forestal, cuyo objetivo es la protección del medio ambiente, no se entiende porqué la administración de la ciudad trae semejante equipamiento para devastar agresivamente el ecosistema y, a parte de eso, sin permisos legales, aunque estos jamás serán morales, ni éticos ni ambientales. “Según ellos, nosotros no somos parte del medio ambiente y carecemos de derechos. Nuestros árboles, oxígeno y la protección que le hemos dado a la zona toda la vida, eso no vale. La cosa es más grave de lo que se piensa, porque el territorio que se afectará es mucho más grande de lo que la gente cree. El proyecto habla de un territorio Arví, que no es sólo las tres veredas afectadas del corregimiento de Santa Elena, sino que impacta negativamente zonas de los municipios de Guarne, Envigado, El Retiro, Copacabana y Rionegro”.

El problema mayor, según lo concibe doña Nubia Alzate, es que no existe en la población una reflexión ni sensibilidad frente al ecoturismo y la preservación del medio ambiente y el concepto de desarrollo. “La gente sólo piensa en lo bonito y agradable para pasear, pero no valora a fondo los perjuicios del supuesto desarrollo” Así enuncia la edil estos perjuicios:

En lo económico: La gente de Santa Elena estaba acostumbrada a producir papa, maíz, flores y pequeños cultivos de hortalizas y verduras, pero esa producción se fue desestimulando a medida que el supuesto desarrollo fue llegando a la zona, primero por la creación de plazas de mercado satélites. Los intermediarios pagaban muy barato el producto agrícola, por tal motivo el campesino no volvió a cultivar. El problema se agudizó por la siembra masiva desplanificada de pinos con fines comerciales madereros, que secaron la tierra. Paradójicamente, Empresas Públicas de Medellín es una de las mayores accionistas que explota esas pineras maderables. El agua se redujo y los cultivos también. La mano de obra agrícola se trasladó al sector de los servicios, obras públicas, o se desplazó hacia Medellín. Sólo los campesinos nativos y algunos habitantes mantienen la producción agrícola para su consumo y pequeños excedentes para la venta. El proyecto Arví sepulta cualquier intensión de recuperar la tierra para la producción agrícola y promueve las actividades turísticas que afectan el medio ambiente.

Titulación de las tierras: En Santa Elena han nacido tres o cuatro generaciones; las tierras se han heredado desde los tatarabuelos y de nosotros a nuestros hijos. En épocas anteriores no era tan común realizar papeleos y registros en notarias, lo que se convirtió en serio problema del cual se quieren aprovechar los poderosos accionistas del parque Arví. En noviembre 20 de 1970, el acuerdo 031 del Inderena declaró reserva forestal toda esta zona y este acuerdo fue ratificado por el Ministerio de Agricultura mediante resolución ejecutiva 024 de 1971. Las implicaciones que esto tiene es que cientos de construcciones serían ilegales; hoy a 430 familias de la zona les están poniendo en tela de juicio la legalidad de sus propiedades porque fueron construidas después del año 70 y la Administración los chantajea con el pago de multimillonarias multas; obviamente tratan de asustar para que la gente termine entregando sus propiedades. Esto es el colmo, cualquiera se preguntaría, ¿por qué durante 40 años nadie realizó controles legales a las construcciones de la zona, a quien le correspondía?.

El problema para los perjudicados es que quien debió controlar y emitir los respectivos permisos para construir es la misma Administración, que hoy es parte interesada en el proyecto y sus ganancias. Por esta razón, el señor Leonardo Muñoz Cardona adelantó una acción popular, por irrespeto a la reserva forestal nacional protectora del Río Nare. Se alega que los responsables de haber protegido la zona deben responder por sus acciones y sus omisiones al respecto, y no venir después de 40 años a perjudicar a pequeños propietarios que construyeron de buena fe.

Pero para probar que la ley es para los de ruana en el Concejo de Medellín se denunció que el concejal Luís Bernardo Vélez obtuvo licencia para construir en Santa Elena a pesar que la resolución 021 ordena a las curadurías no permitir cambios ni expedir licencias de construcción y así se lo han hecho saber a todos los nativos y habitantes a quienes les han negado los permisos y les han dicho que solo puede construir el que tenga mínimo 38 hectáreas. Sin embargo, y para demostrar que el problema y la protección a la naturaleza tan cacareada por el pulpo que es la Corporación Parque regional Ecoturístico Arvi- CPREA no cobija sino a los más humildes, se emitió la resolución 1859 de septiembre de 2009 que le concede todo el permiso al CPREA para enajenar, extinguir y sustraer los recursos y terrenos necesarios para echar adelante el proyecto del Parque Arví.

La CPREA fue conformada hace poco más de un año con el fin de construir el proyecto, por tanto no es tan cierto que hace 40 años eso ya estuviera pensado. O tal vez sí, pero a la comunidad nunca le preguntaron sobre el futuro de su territorio. Hacen parte de CPREA la gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín, la Universidad de Antioquia, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología EAFIT, Comfenalco, Comfama, Corantioquia, Cornare, la Cámara de Comercio de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Actuar Famiempresas. La inversión es gigante, como seguramente serán las ganancias. Al solo metrocable, que a ningún nativo de Santa Elena beneficia, se le han invertido 2 500 millones de pesos.

En lo ambiental: Son 11.248 hectáreas las que afectará el proyecto que contendrá hoteles, zonas para acampar, senderos para caminantes, parqueaderos gigantes y mucho concreto que seguramente afectará la vida de especies y contaminará el medio ambiente. Normalmente en la zona habitan 3000 personas, pero con la construcción del parque se espera que semanalmente asistan entre 1500 y 5000 personas. ¿A dónde irán a parar sus desechos orgánicos y los residuos sólidos? A la gente de Medellín le van a caer los residuos de aguas negras que el turismo va a generar en esta zona, ya los desagües están cayendo a las quebradas, porque las casas que hasta ahora existen tienen sus propios pozos sépticos; entonces ya está claro que el turismo que asistirá a los equipamientos como Comfama, Comfenalco, Puente Carabineros y demás lugares de descanso turístico contaminarán especialmente las quebradas la Honda, el Chiquero y Piedras Blancas, que son de agua pura y surten la represa de piedras blancas que bombea agua potable a Medellín.

La recreación, la sana diversión y la libre movilidad: La gente de Santa Elena normalmente se beneficiaba de la naturaleza de manera normal, estamos seguros que después tendrán problemas hasta para transitar por las inmediaciones del parque; también en Piedras Blancas y Mazo nos van a colocar unas porterías que van a imposibilitar la libre movilidad y habrá un control para todos nuestros familiares y amigos que nos vienen a visitar y hasta el cura tiene que dar la lista de los que vienen a misa procedentes de otro lado. Seguramente nos van a carnetizar. Lo que le han dicho a la gente para convencerla de estas acciones arbitrarias es que la seguridad va a mejorar.

Represión a la protesta pacífica: La comunidad adelantó una marcha para protestar contra las medidas arbitrarias de la Administración y el 11 de junio de 2010 se presentó un grave problema entre la fuerza pública y la comunidad. La gente en principio tenía la esperanza que el salón social y comunal de la mutual, en el que se reunían hasta 600 socios, construido con aportes de la comunidad en 1932, con un capital de 50 centavos, y que tomó fuerza con bingos, con fiestas y con recursos de las gentes, no fuera demolido. La gente se reunió alrededor del centro comunal y amaneció allí para suplicar por la conservación del lugar en donde el parque planea la construcción de un Centro Empresarial y Comercial – CEDEZO.

Pero no hubo lugar a diálogo, ni a súplicas ni a las lágrimas; la corregidora Claudia Mercedes Castro fue de piedra cuando la gente intentó impedir la acción de las retroexcavadoras, entraron los Esmad en acción, entonces se presentó una verdadera batalla campal en la que mujeres, ancianas, jóvenes, campesinos y niños se enfrentaron contra el escuadrón antidisturbios y, por supuesto hubo lesionados de lado y lado; las pancartas y los avisos que hacen propaganda al Parque Arví fueron destruidos como señal del inconformismo de la gente. Las noticias de los grandes medios como siempre señalaron a la comunidad de violenta y responsable de los choques.

Ángela María Ramírez, habitante de la zona cuenta también que “hoy están expropiando parcelas a 9 mil pesos el metro cuadrado, perjudicando a los más humildes. Para construir el complejo “El CEDEZO”, expropiaron 25 mil M2, alegando que el predio era del municipio y no de la curia y la comunidad; aunque los documentos legales muestren lo contrario. En el 2004, un funcionario de Catastro Municipal descargó el predio a la curia pero lo cargó a espacio público; es decir, siendo de la curia y valorado patrimonialmente por la comunidad se lo entregaron fraudulentamente al Municipio”. Esto confirma lo que ya se había dicho, que la Administración es juez y parte en esta pelea y en ese sentido los argumentos, la razón y la justicia que le asiste a la comunidad no valen. La construcción del metro cable, (que aún figura sin permiso y sin licencia ambiental), implicó la tala indiscriminada de árboles, comprometiendo el desplazamiento y pérdida de hábitat de especies salvajes.

Un bosque primitivo de roble de más de 200 años de antigüedad, donde los animales salvajes tenían sus áreas de procreación y protección en su etapa de desarrollo y crecimiento, fue indiscriminadamente talado e incendiado para dar paso al cable; la conflagración avivada por el viento se extendió en un amplio radio devastador, arrasando bosques originarios, aves y reptiles; especies endémicas de anfibios, mariposas y arácnidos fueron arrasados. “Somos víctimas del despojo- insiste Ángela Ramírez-, del arrebato de nuestro entorno y del patrimonio construido durante años de trabajo creador”.

Por: Olimpo Cárdenas Delgado
Tomado de: periferiaprensa.org

Conflicto armado tenía “ardiendo” Altos de la Virgen mucho antes que el fuego se lo consumiera

Para Beatriz*, líder barrial de la comuna 13 de Medellín, pensar que la mano criminal estaría detrás del incendio que arrasó con más de 200 viviendas en el sector de Altos de la Virgen y que dejó más de 700 damnificados, no es algo descabellado ni alejado de la realidad.

El 30 de diciembre de 2006, este mismo sector había padecido un incendio de grandes proporciones.

Los graves hechos de violencia que se estaban presentando en aquel sector de la populosa comuna, sumado a la experiencia que tuvo que vivir horas después de ocurrida la conflagración, le dan los suficientes argumentos para pensar así.

Beatriz hace parte de los comités barriales de emergencia, grupos creados por el Sistema Municipal para la Atención y Prevención de Desastres (Simpad) para que sirvan de primer apoyo en situaciones de este tipo. Por ello fue de las primeras personas en llegar al lugar de la tragedia con el firme propósito de socorrer a los damnificados.

Sin embargo, sus intenciones humanitarias se vieron obstaculizadas por el accionar de las bandas criminales que operan allí y que se han convertido en los verdugos de la comunidad.

“Me llamaron como a las 3:00 de la mañana y de inmediato, nos dirigimos al lugar. Como vivimos cerca, nos fuimos a pie. Pero en el (barrio) Socorro nos pararon los ‘muchachos’ y nos preguntaron que para donde íbamos. Ellos vieron nuestros uniformes del Simpad, el incendio era un par de cuadras más allá. Nosotros les dijimos que íbamos a ayudar a la gente y ni así nos dejaron pasar. Nos tocó llamar a la Policía para que nos llevaran hasta donde estaba la gente”, relata Beatriz.

Esta dirigente barrial sabe, por conocimiento propio, que este sector de la comuna venía siendo escenario de fuertes confrontaciones entre bandas criminales, quizás las más cruentas de toda la zona, y que los actores de este conflicto no se estaban midiendo en consideraciones para acabar con el enemigo declarado.

“Aquí es donde se concentra el conflicto armado de la comuna 13. Hay sectores de la comuna que son relativamente tranquilos, pero aquí, hay muchas bandas en guerra, controlan la movilidad de la gente, hay muchas balaceras. Aquí se vive una situación complicada”, afirma la líder.

Las estadísticas le dan la razón. De acuerdo con Medicina Legal, la comuna 13 es la zona más violenta de la ciudad con cerca de 110 homicidios. De ellos, más del 60% se cometieron en el sector comprendido entre San Javier No 1, El Socorro, Juan XXIII, La Divisa y La Quiebra, curiosamente los barrios aledaños a la zona del incendio.

Al examinar el comportamiento de los homicidios en esta comuna se observa que el promedio de personas asesinadas no superaba la cifra de 18, pero en el mes de mayo la media se disparó de manera alarmante. Sólo hasta el 20 de ese mes ya se contabilizaban 30 decesos violentos.

La explicación de dicho incremento radicaría en el recrudecimiento de las confrontaciones entre las bandas “La Agonía”, “La Divisa” y “Los del Alto”, quienes se disputan un corredor comprendido por los barrios El Socorro, La Divisa, Juan XXIII, La Quiebra y Altos de la Virgen, territorio donde paradójicamente predomina la miseria, el desempleo y la falta de oportunidades para los más jóvenes.

Las cifras de desplazamientos forzados intraurbanos también dan cuenta de que allí se estaba viviendo un conflicto armado de alta intensidad. Sólo hasta las primeras semanas de mayo la Personería de Medellín había recepcionado 859 declaraciones de víctimas de este flagelo. La comuna 13, con 552 casos, figura como la segunda zona de la ciudad más expulsora. De estos, 111 corresponden al barrio Belencito, 107 al sector de San Javier No 1 y 79 a Juan XXIII – La Quiebra.

Uno de los casos más dramáticos de este tipo ocurrió a mediados del mes de abril en el sector La Quiebra, cuando miembros de la banda “La Divisa” amenazaron de muerte a por lo menos cuatro líderes barriales, quienes debieron abandonar el barrio con sus familias. En total, fueron seis núcleos familiares, alrededor de 25 personas, las que fueron desplazadas.

Lo grave es que en este caso el desplazamiento estuvo acompañado de despojo de viviendas. De acuerdo con la Personería, del total de declaraciones recepcionadas hasta la fecha, en por lo menos siete casos se ha documentado despojo de bienes, de las cuales cuatro corresponden al sector de Juan XXIII – La Quiebra.

Múltiples actores, múltiples conflictos

“Algunas de las personas que entrevisté en ese momento me dijeron que el incendio fue provocado por un artefacto explosivo que lanzaron desde el lado del (barrio) Socorro. Otros dijeron que fue por un corto circuito. Todo fue muy confuso. Lo cierto del caso es que la tragedia fue mucho mayor que en el incendio de diciembre de 2007”, expresa Beatriz.

Declaraciones de buena parte de los damnificados apuntan a que el incendio fue producto de una acción criminal. Foto AFP PHOTO Raúl Arboleda

Ese 30 de diciembre de 2006, cerca de 80 viviendas fueron consumidas por las llamas y por lo menos unas 350 personas resultaron damnificadas. Muchas de ellas reconstruyeron sus viviendas en el sector, a pesar de la declaratoria de Calamidad Pública que decretó la Alcaldía de Medellín.

Si bien aún faltan muchos elementos que permitan esclarecer las causas del incendio, la pregunta que todos se hacen es si los damnificados querrán reconstruir sus vidas en este territorio, pues a diferencia de aquella ocasión, sobre la comunidad pesaba una amenaza permanente de desplazamiento forzado por parte de las bandas criminales que operan allí.

Así lo advierte una habitante de la zona consultada por la Agencia de Prensa IPC, quien manifiesta que el hecho de convivir en un sector donde el hacinamiento es factor común y donde la interacción con los miembros de las bandas es situación obligada, convirtió a la comunidad en un actor más de esta nueva fase del conflicto armado.

“Los de la Agonía, por ejemplo, intentan portarse bien con la gente, tratan de ganársela. En parte, para que los cuiden y les avise cuando viene la policía o los enemigos. Y de alguna forma lo han logrado. En cambio, los de la Divisa, que son del sector de La Quiebra, maltratan mucho a la gente. Le piden que dejen las puertas abiertas para ellos poder resguardarse si hay balaceras. Obligan a la gente a que les guarden las armas, y no estamos hablando de revólveres ‘chichipatos’, hablamos de fusiles y granadas. Han echado gente simplemente porque la casa les sirve para vigilar”, cuenta la pobladora, que pidió se omitiera su nombre.

Dinámicas tan complejas como estas han generado que la comunidad hay perdido su carácter neutral y terminen siendo amenazadas personas que nada tienen que ver en con el conflicto. Para uno y otro bando, las madres, los hermanos, las compañeras sentimentales y hasta los vecinos relacionados con sus enemigos se convirtieron en un objetivo más.

Por esta razón, decenas de familias han decidido abandonar estos barrios, incluso, hasta de los mismos líderes de las bandas, como fue el caso de los allegados de alias “Chicharrón”, sindicado de ser uno de los líderes de la “Agonía” y quien fuera capturado por la Policía Nacional el pasado 27 de mayo.

“Chicarrón era del combo de aquí del Socorro, pero se torció para la Agonía porque, cuenta, allá le pagaban más. Sus antiguos compañeros quedaron muy ofendidos y fueron donde la familia, que vivía por los lados de la Quiebra y la amenazaron: les dijeron que si no aparecían los mataban a todos. Les tocó irse del barrio. Eso fue día antes de que la Policía lo capturara”, cuenta una fuente cercana al sindicado.

De hecho, cuenta la fuente, en barrios como El Socorro y Antonio Nariño ya circulaban rumores fuertes según las cuales, los de La Divisa planeaban una acción criminal de grandes proporciones contra La Agonía. “En días pasados a los de la Agonía ya les habían tirado una granada y los de la Divisa decían que si les tocaba encenderse a punta de granadas, lo harían”.

Lo anterior también da cuenta de la atomización que viven las bandas criminales en la comuna 13 y que recrudece el nivel de confrontaciones en el sector. No en vano, los rastreos de la Personería de Medellín señalan a la comuna 13 como la zona donde más se han detectado organizaciones delincuenciales: 30 en total. Algunas al servicio de alias Sebastián, otras leales a alias Valenciano y otras simplemente se dedican a actividades ilícitas por “cuenta propia”.

“Hay un recambio generacional muy fuerte en estas bandas. A unos los han matado, otros han sido capturados y otros se han tenido que ir del barrio. Entonces, hay una gran cantidad de adolescentes que están involucrándose en el conflicto. Allá, no hay un ‘actor hegemónico’ y, fuera de eso, las disputas son de cuadra a cuadra”, explica Jairo Herrán Vargas, personero de la ciudad.

Si a ello se suma que la intervención estatal, representada en incremento de fuerza pública y ejecución de programas sociales como Fuerza Joven no han logrado frenar los ríos de dinero del narcotráfico, el tráfico de armas y el reclutamiento de jóvenes, bien pudiera afirmarse que este sector de la comuna 13 se convirtió en una bomba de tiempo.

Por ello, no es descabella la versión de Beatriz, que también es compartida por muchos de los damnificados, según la cual, esta nueva tragedia que conmueve a toda la ciudad fue un acto más de un cruento conflicto armado que involucra a desmovilizados de las autodefensas, jóvenes y redes mafiosas con el poder suficiente de hasta quemar todo un barrio.



*Nombres cambiados o suprimidos por petición expresa de las fuentes

Por: IPC
Tomado de: ipc.org.co

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA HACE LA VISTA CIEGA AL PARAMILITARISMO QUE DESDE HACE RATO PENETRÓ LA INSTITUCIÓN

En los últimos días, algunas instituciones gubernamentales y diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como locales, han registrado varios artículos, posiciones y declaraciones frente a la problemática que se vive en la Universidad de Antioquia.

Los ejes que se plantean como problemáticas, son: el expendio y consumo de drogas, los atracos a mano armada, supuestas violaciones sexuales al interior de los baños de mujeres, presencia de los venteros informales y las acciones de protesta de algunos estudiantes. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones sobre este tema evaden o pretenden ocultar el problema real que afronta la Universidad: la expansión del proyecto paramilitar que desde hace rato penetró al interior de este centro educativo, y no sólo de ésta, sino de la mayoría de las universidades públicas del país.

La Universidad de Antioquia tiene en su historial diferentes episodios relacionados con la interferencia paramilitar en el Alma Mater. Para sustentar lo anterior, están las amenazas, los acosos, las agresiones, los encarcelamientos y los asesinatos de que son víctimas estudiantes, profesores, trabajadores sindicalizados y defensores de derechos humanos que hacen parte de la institución, como son los casos del profesor asesinado Hernán Henao, el asesinato del estudiante y reconocido líder estudiantil, Gustavo Marulanda y la arbitraria privación de la libertad de Wiston Gallego Pamplona, abierto defensor de los derechos humanos en Medellín.

Igualmente, está la aparición de listas y sufragios que amenazan la vida de algunos profesores y estudiantes, que son obra de grupos paramilitares que ya penetraron el claustro universitario, como la del segundo semestre del 2005, cuando empezó a circular una lista negra con el nombre de 15 personas a las que las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, amenazaban con asesinar; o como la de marzo de 2009, que esta vez amenazaba a 30 estudiantes, muchos de ellos activistas estudiantiles, y estaba firmada por el Bloque Antioqueño de las Autodefensas.

Y ahora, en lo que va del año, aparecen dentro de la institución atracadores, los cuales robaron un computador portátil del Instituto de Estudios Políticos y a un
estudiante que trabaja en las burbujas de café y que al parecer llevaba 2.JPGconsigo el dinero de las ventas, ambos asaltos fueron cometidos a mano armada y los autores llevaban la indumentaria que suelen llevar los estudiantes que se encapuchan cuando van a realizar una protesta; lo preocupante del asunto es que la administración universitaria, por medio de sus comunicados, enviados a los correos electrónicos de toda la comunidad universitaria, dejó la sensación que estos actos de vandalismo eran cometidos por los mismo “encapuchados” que desde hace décadas y generación tras generación, hacen presencia en la universidad pública para protestar o pronunciarse. Sin prueba alguna y de manera tácita se culparon a estos estudiantes, sólo con el fin de agudizar la estigmatización que se ha levantado sobre el uso de la capucha.

Sin embargo, una vez fue desarticulada la banda de 10 atracadores, tal como lo informó el periódico El Mundo, el pasado 11 de abril (Ver artículo), y que de acuerdo con las declaraciones de Martiniano Jaime Contreras, vicerrector general de la Universidad de Antioquia, “eran personas al interior de la universidad que actuaban como una organización. Se hizo un trabajo interno de vigilancia, de seguimiento y de control y se logró capturar a estas personas que eran contratistas”, esto no se informó de igual manera a toda la comunidad universitaria y, hasta ahora, la Vicerrectoría General de la institución no ha revelado el nombre de la empresa contratista a la que pertenecían los asaltantes, ni se ha pronunciado acerca de las medidas que se adoptaron frente a ésta, y aún se desconoce si se le inició un proceso penal o si por lo menos se la abrió algún proceso disciplinario. Inclusive, siendo conocedores de quiénes son los atracadores, siguen haciendo públicas cartas abiertas a nombre de estudiantes, como la que reposa a un costado de la biblioteca central, donde se trata con ambigüedad el tema y sólo pretenden reproducir el ambiente de inseguridad en la universidad.

La administración de la universidad, de manera poco objetiva, pretende reunir todas las problemáticas de la universidad en un solo nivel, como si el el consumo de drogas tuviera algo que ver con una protesta política, con una empresa contratista que en su interior tenía una banda de atracadores o con una agresión sexual.

Las agudización de los problemas de orden público que ha vivido el Alma Mater, casualmente se han presentado en los mismos momentos en que la universidad ha vivido coyunturas políticas: la amenaza de las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, coincidió con la movilización del segundo semestre del año 2005 que estaba realizando la comunidad estudiantil para lograr la libertad de los estudiantes que estaban arbitrariamente detenidos en la cárcel de Bellavista, que fueron capturados luego del incidente del 10 de febrero del mismo año: la explosión al interior de la institución durante una protesta de los estudiantes; cuando surge el Bloque Antioqueño de las Autodefensas, los estudiantes de la UdeA marchaban y se movilizaban en contra del Plan Nacional de Desarrollo y del poco presupuesto para la educación pública; y ahora la inseguridad que se ha propiciado en la universidad coincide con la nueva carnetización que se quería implementar, la cual no fue consultada con la comunidad de la institución y que al parecer es abiertamente rechazada. Los carnet electromagnéticos, así como las cámaras de seguridad, no son más que medidas de control social para mantener bajo vigilancia el actuar y la locomoción del estudiantado en general, como si al interior del Alma Mater se quisiera imponer un Estado policivo, no se explica de otra forma las declaraciones del rector Alberto Uribe que recogió Colprensa el pasado 3 de mayo (ver artículo), donde éste anunciaba: “Se está estudiando la posibilidad de retirar la malla que rodea al plantel para así facilitar el acceso y control de las autoridades”.

Ahora bien, si el problema es la venta y consumo de alucinógenos, es inexplicable que gran parte de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, la mayoría de ellos no consumidores, reconozcan a los expendedores de drogas, es decir, a los “jibaros” que suelen ubicarse en “El Aeropuerto”, pero nadie de la seguridad privada, que incluso permanecen en una portería frente a la zona, ha logrado identificar a alguno.

El asunto de las drogas no es nuevo y no se les ha salido de las manos a la administración universitaria, lo que pasa es que “El Aeropuerto” se ha convertido en la plaza más grande y más cómoda para la venta y el consumo de drogas, y como bien es sabido, todas las plazas de la ciudad son controladas por paramilitares, y la de la Universidad de Antioquia no es la excepción, por esta razón no hay un serio interés de acabar con esta problemática, porque obedece a estructuras más grandes y complejas del paramilitarismo.


La problemática de la Universidad de Antioquia parece más una puesta en escena para justificar una militarización de la institución, el control policial y el afianzamiento del proyecto paramilitar en la misma. Se supone que la universidad cuenta con su esquema de seguridad, tiene una vigilancia privada a cargo de la empresa Miro Seguridad, pero el actuar de ésta ha sido ineficiente, y muchas veces ha quedado la sensación que esa ineficiencia es programada, obedeciendo a algún interés.

Y para terminar, por qué la administración de la universidad no se ha pronunciado ante el artículo que publicó El Espectador el pasado 17 de abril, que hacía referencia a los hermanos Carlos Mauricio y Juan Rodrigo, ambos jefes paramilitares, donde se informaba que este último, el cual fue “asesor de Carlos Castaño Gil, en las postrimerías de su comandancia, y de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, durante el proceso de desmovilización del bloque Élmer Cárdenas”, también fue coordinador de un seminario de democracia y paz de la Universidad de Antioquia, que fue dirigido por Alfonso Monsalve Solórzano, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas desde noviembre 1989 hasta enero 1991 y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de enero 1991 a febrero 1994.

Según la confesión de Juan Rodrigo García, el ex director del DAS, señalado como el cerebro detrás de las “chuzadas” de este organismo, José Narváez, a través de una fundación que lideraba, le giró a Monsalve 2.000 dólares mensuales durante su estadía en España y desde entonces, tal como lo dice El Espectador, Juan Rodrigo García “sospechaba que actividades académicas de la Universidad de Antioquia podían ser parte de actividades de inteligencia del Ejército”.

Así mismo, García también confesó que en una reunión que sostuvo con Narváez y Carlos Castaño, en una finca de este último, días después del asesinato de Jaime Garzón, se analizó una lista de personas a asesinar en dado caso que la guerrilla reaccionara, lista en la que figuraba la investigadora y docente de la U. de A., María Teresa Uribe

Por qué la administración universitaria no se ha manifestado al respecto, teniendo en cuenta que Monsalve ha ocupado altos cargos directivos durante la actual administración, fue director del Instituto de Filosofía de la Universidad desde diciembre de 2003 a diciembre de 2005 y vicerrector de Investigación de la institución desde enero de 2006 hasta febrero de 2009. Por lo tanto, qué pretende encubrir la Universidad de Antioquia con el silencio que está guardando. Cuándo se va a iniciar una investigación seria sobre la penetración paramilitar en dicha institución.

Aparentemente, no existe una voluntad real de parte de la administración de la Universidad de Antioquia para pronunciarse sobre la verdadera problemática que es la penetración paramilitar en este centro educativo, tampoco para solicitar que se investiguen las posibles vinculaciones que puedan tener miembros de la comunidad universitaria con el paramilitarismo, ni para iniciar las debidas investigaciones disciplinarias que den a lugar en el mismo sentido, quedando todo en la impunidad tal como ocurrió con el actual rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho, del cual se conoció una conversación que sostuvo con alias “Felix” en donde el rector le aseguraba al paramilitar que le conseguiría una lista de trabajadores y líderes estudiantiles, los cuales serían asesinados bajo el “plan pistola” (Escuchar conversación).

La Corporación Jurídica Libertad hace una llamado a la administración de la Universidad de Antioquia para que se pronuncie sobre los hechos aquí detallados, a que inicie una investigación que permita tomar las decisiones y medidas para desmantelar el proyecto paramilitar en el Alma Mater, a que revele el nombre de la empresa contratista involucrada con los atracos al interior de la institución y, finalmente, hace un llamado general a que se respete la vida, la integridad y la libertad de los estudiantes, profesores y trabajadores que ejercen la crítica y hacen uso de su derecho a la disidencia política.

Comunicaciones CJL
2 de junio de 2010


Tomado de: cjlibertad.org

Se fortalece el paramilitarismo en la comuna 13

El paramilitarismo sigue tomando fuerza en la Comuna 13. Desde hace meses, los habitantes de este sector vienen denunciando crímenes y acciones violentas que están siendo cometidas por “desmovilizados” de los bloques paramilitares, actos con los que pretenden consolidar el poder y expandir el control territorial y social de la zona.

Debido al fortalecimiento de este régimen paramilitar, es preocupante el estado de vulnerabilidad en el que están quedando los menores de edad de esta comuna, ya que están siendo víctimas de crímenes atroces como es el caso de Javier Fernando Osorio Bedoya, de 13 años, quien fue encontrado el pasado 7 de mayo, amarrado a un asta, degollado y con señas de tortura, en La Loma, San Javier. Igualmente, Jonathan Montoya, de 14 años, también fue asesinado en La Loma el 1 de mayo; es alarmante el asesinato de estos dos niños en tan sólo una semana y en el mismo sector.

Algunos medios de comunicación y las versiones oficiales indican que estos crímenes obedecen a un ajuste de cuentas entre bandas, pero ¿cuál es el ajuste de cuentas existente en el caso de Javier Osorio Bedoya, pues él y su familia llevaban escasos dos meses viviendo en La Loma y al niño pocas veces se le veía en la calle?, ¿qué había hecho este niño para ser asesinado con tanta crueldad?

El asesinato de estos niños deja muchas interrogantes y la sensación que a la versión oficial de los hechos les falta algo, lo cierto es que no dejan de ser medidas que aumentan el control social de la población y la sumisión de ésta por medio de mecanismos de horror, los cuales se vienen implementando en la Comuna 13 desde el 2002, luego de ponerse en marcha la operación Orión.

Como medidas de solución ante esta problemática, el secretario de Gobierno de Medellín, Felipe Palau, despachó la semana pasada desde la Comuna 13, y desde allí se realizó un acto en el que más de 40 jóvenes relacionados con la banda “La Agonía”, ingresaron al programa Fuerza Joven de la Alcaldía. De acuerdo con este programa, los jóvenes recibirán una remuneración mensual a cambio de que éstos se vinculen a actividades educativas y tareas de servicio social. Sin embargo, estas medidas no son nuevas y se han destacado porque no pasan de ser paños de agua tibia para un problema que requiere mayor atención.

Este tipo de soluciones no desarticula las organizaciones y mucho menos las somete a la justicia, lo que conlleva a que más tarde surja la reorganización y la retoma del control, quedando así crímenes en la impunidad ya que nunca se esclarecerán. La verdad es que este tipo de acuerdos, programas y respuestas no llevarán a un proceso de disminución de la violencia, ya que ninguno de éstos a garantizado el derecho a la vida, salvo por un corto tiempo mientras se simula su efectividad, sólo son estrategias que mantienen a la sociedad en el círculo vicioso que agrava el conflicto armado y lo sustentan, para evadir su solución política removiendo las causas estructurales que le han dado origen.

Estas bandas, integradas en su mayoría por los supuestos desmovilizados del paramilitarismo, no están aisladas y hacen parte de estructuras solidas paramilitares y narcotraficantes, las cuales manejan las mafias locales y nacionales por lo cual necesitan de estos jóvenes para su supervivencia. Por esta razón, urge la exploración de caminos jurídicos y políticos que tengan por resultado la desactivación real de dichas estructuras y los andamiajes que las sostienen, incluidos aquellos que están instaurados en las esferas del poder.

La Corporación Jurídica Libertad hace un llamado a cimentar como fundamento del Estado la vigencia del respeto de los derechos humanos y a respetar la vida de la población, especialmente la infantil, ya que es la más vulnerable del conflicto armado.


Comunicaciones CJL
18 de mayo de 2010

Tomado de: cjlibertad.org

Fajardo en busca de la presidencia judicializa a la juventud en disidencia.

FAJARDO EN BUSCA DE LA PRESIDENCIA JUDICIALIZA A LA JUVENTUD EN DISIDENCIA.

AUDIENCIA DE ACUSACIÓN EN CONTRA DE JOVEN DEL MUNICIPIO DE LA CEJA POR ESCUPIR A FAJARDO

El lunes 8 de mayo a las 9 de la mañana se adelantó audiencia de acusación ante el juzgado SEGUNDO PROMISCUO de conocimiento del Municipio de LA CEJA, Departamento de Antioquia; en la cual se libró Acusación formal por la fiscalía 78 de este mismo Municipio, en contra del Joven CARLOS ANDRÉS PERÉZ MORENO quien es procesado por el delito de Injuria en contra de la persona de SERGIO FAJARDO actual Candidato Presidencial para los próximos comicios en Colombia a realizarse en el mes de Mayo de este año.

El día 21 DE ENERO el candidato presidencial se encontraba en el parque principal de este Municipio en una intervención publica, cuando se acerco CARLOS ANDRÉS quien sin intermediar palabra procedió a escupirlo; en ese momento fue retenido violentamente por personal de la policía nacional y escoltas del candidato y trasladado a la estación de policía, posteriormente puesto a disposición de un fiscal quien lo llevo ante el juez de garantías.

El joven CARLOS ANDRÉS, tiene 20 años de edad; es oriundo del mismo municipio y quien se dedica a la artesanía desde hace años, ha venido participando de manera activa desde hace algunos meses en procesos organizativos de jóvenes.

La RED JUVENIL DE MEDELLÍN, como organización que promueve, vela y exige los derechos humanos de la población juvenil acompaña este caso, y espera que las garantías procesales y los derechos fundamentales sean respetadas para este joven, e igualmente quiere dejar mención especial de lo siguiente:

* Casos como estos llaman especial atención al mostrar como la administración de justicia desgasta todo su aparato judicial en casos que realmente no tienen mayor importancia; cuando las verdaderas problemáticas y ejercicios de delincuencia que rodean de manera permanente a la mayoría de la población no son atendidas. Como puede ser posible que la administración de justicia se desgaste en un caso como estos?, mientras la impunidad y el vencimiento de los términos procesales se presentan con frecuencia en casos realmente graves.

* Llama especial atención este caso cuando da muestra de una absoluta celeridad y eficiencia de la administración de justicia; ¿cómo es posible que casos como estos cuenten con la mayor disposición de tiempo?; que la audiencia de juicio se presente en el menor tiempo posible, pues de unos hechos ocurridos 25 de enero del 2010 se cita para audiencia de acusación el 8 de marzo.

* Como puede ser posible que un candidato presidencial sea capaz de iniciar un proceso penal y judicializar a una persona simplemente porque manifiesta su disidencia de su proyecto político; tal vez no lo hace de la manera mas diplomática, pero no queda bien visto, que promueva la judicialización de esta manera; menos cuando en la misma audiencia la fiscal manifestó que no había intención de conciliar y que el mismo Fajardo fue enfático en su interés de continuar con el proceso.

* Carlos Andrés, no sabía que la pena que le podrían imponer fuera a ser hasta de siete años. Este joven actuó impulsivamente y no con la premeditación con que se efectúan toda clase de delitos en Colombia. Si bien es cierto, hubo un agravio en la honra de una persona, es el hecho de que ésta sea una figura pública la que superó la trascendencia del hecho e hizo que la sanción a la conducta de Carlos no fuera solo un reproche de tipo moral o social, sino la imposición de una pena privativa de la libertad.

Creemos que estos hechos no son equiparables y que con la imposición de la pena no se logra una retribución justa: Las penas deben ser moderadas y proporcionadas y en este caso, la pena máxima que se podría imponer no se justifica por la conducta acelerada e inconsciente de este joven disidente.

Qué va a resocializar la cárcel a una persona que sobrevive como artesano y apenas cumple los 19 años, que no tiene una carrera delictiva ni hace parte de ninguna banda criminal, no es la prisión el lugar para redimir las culpas de delitos tan banales. Además, la cárcel tampoco reeduca, más bien es la más avanzada universidad del crimen y la delincuencia.

Sin embargo, bajo irresponsables argumentos de fiscales como “es mejor castigarlo ahora para evitar que lo maten más tarde”, se desarrolla un proceso penal que finaliza en el encierro de personas que no son propensas al crimen y que por el contrario, allá adentro aprenden conductas ilegales que nunca en la calle las hubieran podido aprender con tanta proximidad.

Este sistema penal colombiano parece más un procedimiento que como con “la ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente” se funda en desproporcionadas venganzas que no reflejan intereses humanistas que busquen rehabilitar a delincuentes y prevenir delitos.

Por último, consideramos que aquí no hay necesidad de imponer una pena, en primer lugar porque no consideramos ésta una conducta peligrosa, y en segundo lugar, porque Carlos no solo ha sido objeto del derecho penal, sino que ha sido víctima de persecuciones, y señalamientos, además de que los policías que lo aprehendieron ese día lo torturaron, ocasionándole traumas en la cabeza, oreja derecha, manos, pecho, muslos y piernas. ¿Será que aun es necesario castigarlo?, ¿acaso ya no es suficiente para este joven todas las consecuencias que ha tenido que asumir por su actuar vehemente?

Condénanos y repudiamos los procesos de judicialización en contra de la población juvenil, así como la estigmatización de la que son objeto permanentemente por parte de las instituciones del Estado.


RED JUVENIL DE MEDELLÍN.

Tomado de: www.redjuvenil.org

Audiencia contra implicados en la masacre de San José de Apartado

El pasado 4 y 5 de febrero, en las instalaciones del Palacio de Justicia en la ciudad de Medellín, se celebró una de las audiencias públicas a 10 de los militares del ejército nacional implicados en la última masacre a la comunidad de Paz de San José de Apartado, perpetrada el 21 y 22 de febrero de 2005 en el Urabá Antioqueño. En estos hechos los militares de las compañías Anzoategui 1, 2, 3 y Bolívar 1, en complicidad con paramilitares del bloque “Héroes de Tolová” asesinaron, descuartizaron y abandonaron en fosas a medio tapar al líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Bellanira Areiza Guzmán y su hijo de 11 años, Deiner Andrés Guerra; también a Alejandro Pérez Castaño, y al líder Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano con su compañera Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia Andrea y Santiago, de 5 años y 18 meses de nacido, quienes fueron degollados.

En el Urabá Antioqueño desde el 23 de marzo de 1997 los habitantes del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó se declararon “Comunidad de Paz”, pese al desplazamiento forzado de la mayoría sus comuneros; esto a raíz de las dos masacres perpetradas por los militares y paramilitares en septiembre de 1996 y en febrero de 1997, las cuales arrasaron con los líderes de la población. Las y los que decidieron permanecer en su territorio y vencer el miedo pretendían ser respetados con la declaratoria de paz, pero como respuesta del Estado recibieron operativos, hostigamientos, estigmatización, prácticas de tiro contra las viviendas, explosivos en los cultivos, asesinatos selectivos, sumado a los bloqueos económicos por causa de retenes paramilitares y militares que habían impedido el ingreso de alimentos y el transporte a la comunidad, colocándola en situación de hambre y aislamiento.

Entre 2003 y 2004 hubo siete desplazamientos de familias de las veredas Mulatos y La Resbalosa, tres mujeres fueron violadas por militares, la escuela fue quemada junto con varias casas en la vereda de Mulatos. Para esta comunidad han sido doce años del trasegar de la esperanza, construyendo bases sólidas sobre proyectos de vida reales que han sido cegados por el terror de los asesinos. Por ello la memoria de las 185 personas asesinadas de la comunidad sigue más viva que nunca.

Para esclarecer el caso fueron llamados a juicio algunos miembros de la Fuerza Pública, quienes deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir; son ellos el teniente Coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento segundo Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el sargento Jorge Humberto Milanés Vega, el sargento segundo Henrry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia y los sargentos Édgar García Estupiñán y Darío Brango Agámez.
La audiencia comenzó con la declaración del Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien se a acogió a sentencia anticipada el 7 de octubre de 2008; para la fecha de la masacre era el oficial encargado de la operación militar Fénix. El capitán testificó que el día de la masacre los miembros de la Brigada XVII patrullaron al lado de al menos 60 paramilitares del bloque Héroes de Tolová.

En su declaración, el capitán Gordillo acepta haberse entrevistado el 18 de febrero con 11 personajes de las autodefensa del bloque héroes de Tolová para acordar ejes de avance de la operación Fénix, en compañía del sargento Padilla Petro y el cabo primero Cruz Reina; después de ese día, dice Gordillo, “cambucharon” junto con los paramilitares. Dijo que estos paramilitares hacía más de 3 meses habían asumido el control de la zona que anteriormente estaba a disposición del bloque bananeros; nombró también la existencia de 3 bases paramilitares llamadas Miguelayo, La Castañeda y de La Oz. Estos eran pasos obligados para llegar al objetivo, los Cerros de Cooperativa y Bogotá. Además, reiteró el capitán Gordillo que antes de la operación había presencia de la brigada XVII y de tropas del batallón Bejarano a cargo del teniente coronel Duque.

Gordillo dice que él llegó el 17 de febrero en horas de la tarde al Batallón Vélez, donde recibió instrucciones de sus superiores, teniente coronel Orlando Espinoza y el mayor José Fernando Castaño, sobre la operación que se realizaría en el cerro la Cooperativa y Bogotá. Antes de su llegada ya se habían hecho las coordinaciones pertinentes para subir al cerro.

También mencionó que en noviembre de 2007, estando en el batallón contra guerrilla No. 002 Guajiros, recibió un informe por radio donde le indicaban que debía asistir a una reunión con el General Héctor Fandiño en la cuidad de Bogotá. Y allí el Comandante de la brigada XVII le mostró la declaración de alias 'Melaza' y dijo que lo más probable era que lo detendrían; pero Fandiño le dijo que no se preocupara, ya todo estaba cuadrado: tenían dos testigos, unos reinsertados de las Farc que declararon en el Juzgado Penal 94 y en La Fiscalía General de la Nación, testificando que eran integrantes de las Farc y que las Farc habían sido responsables de la masacre. Según ellos, contaban con pruebas contundentes.

El abogado de las víctimas, Jorge Molano, en su intervención, notificó que en las declaraciones del paramilitar Ever Veloza, alias H.H., expediente que se trasladó para este juicio, afirmo que él le había dado la suma de $ 1.500.000 al coronel del Batallón Bejarano, Héctor Iván Duque, para que pagara testimonios para atribuirle a las Farc la responsabilidad de los hechos.

El abogado Jorge Molano preguntó al interrogado, capitán Gordillo, si es normal que en una operación a nivel de brigada participen en la planeación mandos de división del Ejército Nacional. Esta pregunta está respaldada con elementos probatorios del cuaderno 26 de la Fiscalía, que fue trasladado para este caso y donde reposan las indagatorias a Néstor Iván Duque, Acosta Célis y el Teniente Coronel José Fernando Castro, quienes indicaron que en la preparación de la operación Fénix participaron los comandantes de las unidades batallones militares, o sea todas las unidades menores, pero que también participó el general Mario Montoya, quien ordenó la operación y el acompañamiento de guías. Según el capitán Gordillo, a esa planeación pueden asistir los mandos de las divisiones, pero no es normal que lo hagan, y tampoco es legal llevar guías. Además, aseguró que conocía de la injerencia que el comandante de la División tenía sobre las operaciones.

Por su parte, los paramilitares José Joel Vargas, alias 'Pirulo', y Adriano de José Cano Arteaga, alias 'Melaza', también declararon en el proceso y confirmaron en la audiencia que trabajaron de la mano con miembros de la Brigada XVII y fueron pagados por ser guías.

Por ahora la decisión del juicio sigue en suspenso. La Juez Segunda Civil Especializada de Antioquia decidió suspender la audiencia, la cual será reanudada el 16 de Marzo a puerta cerrada, luego de que las partes argumentaran la existencia de riesgo en algunos sujetos procesales.

Por: Periferia Prensa Alternativa
Tomado de: www.periferiaprensa.org

NUEVAS AMENAZAS CONTRA LA CORPORACION JURIDICA LIBERTAD

La sistemática persecución de la cual ha sido objeto la Corporación Jurídica Libertad por su trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado se ha incrementado en los últimos días.

Las acciones judiciales emprendidas por la Corporación Jurídica Libertad para buscar el esclarecimiento y determinar la responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejercito Nacional, generaron en su momento airadas declaraciones del presidente de la república, quien pretendió banalizar esta práctica criminal y descalificar a las organizaciones no gubernamentales que han documentado cerca de 836 muertes ocasionadas bajo esta modalidad de terror estatal en los últimos siete años en el Departamento de Antioquia.

A través de informes de inteligencia elaborados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (RIME), se ha pretendido tendenciosamente asimilar la actividad que desarrolla la Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones sociales a labores propias de grupos alzados en armas contra el Estado.

En el propósito de criminalizar el ejercicio del derecho de defender los derechos humanos de la población, organismos de inteligencia del Estado se han valido de informantes, que a cambio de dadivas económicas y jurídicas han vertido testimonios incriminatorios en contra de abogados integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, los mismos que han servido de fundamento para iniciar actuaciones penales en su contra, investigaciones que han sido clausuradas con resoluciones de preclusión, toda vez que con amplio acervo probatorio se han logrado desvirtuar los montajes estructurados por la fuerza pública.

Igualmente como expresión de la “inteligencia ofensiva” desplegada en contra de la Corporación Jurídica Libertad, el año pasado circuló en internet un documento apócrifo, supuestamente suscrito por abogados de la Corporación, en el cual se señalaba a varios integrantes de organizaciones sociales y populares como integrantes de facciones insurgentes, pretendiéndose con este falso pronunciamiento respaldar los temerarios informes de inteligencia de la RIME y generar confusión en las distintas expresiones defensoras de derechos humanos.

En los últimos días se ha tenido información del pago de dinero a un grupo armado ilegal, asentado en el Barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín para que atente contra la vida e integridad física del abogado Bayron Ricardo Góngora Arango, integrante de la Corporación Jurídica Libertad. De acuerdo con los estudios sobre bandas criminales en la ciudad de Medellín, efectivamente, en este sector existen varias de esas agrupaciones con alta capacidad de operatividad, medios y personal para perpetrar el hecho para el cual fueron “contratados”.
Es de resaltar que el Abogado Góngora Arango, ha asumido la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar la conducta delictual en la que pudieron haber incurrido los Generales Mario Montoya, del Ejército y Leonardo Gallego, de la Policía, referenciados por confesos paramilitares como los responsables de la coordinación de la fuerza pública y los paramilitares en el desarrollo de la Operación Orión, con la cual se inauguró la implementación de la política de la seguridad democrática en el país, confirmándose de esta manera lo denunciado de tiempo atrás por los habitantes de la Comuna Trece y organismos de derechos humanos.

Los señalamientos proferidos en contra de las organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos desde el alto gobierno y los organismos de inteligencia del Estado han incrementado la situación de riesgo de quienes cotidianamente en medio del conflicto social y armado que se vive en el país, nos proponemos el ejercicio legitimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, expresión y participación política.



Medellín, doce de febrero de 2010.


CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD

Igual que al conjunto del movimiento social, nos ha correspondido afrontar el estigma y la persecución por oponernos a muchas políticas oficiales y por estar incondicionalmente con las víctimas del terrorismo estatal en la lucha contra la impunidad y en la exigencia de verdad, justicia y reparación integral.



Tomado de: www.cjlibertad.org

Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín

Dos desmovilizados que hacían parte de la Corporación Democracia, una ong que formaron ex combatientes de las Auc, aceptaron ser miembros de nuevas bandas paramilitares que delinquen en la comuna 8.

El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó el 25 de noviembre de 2003, en la ciudad de Medellín, con 868 miembros y entregó 497 armas.

Por el IPC especial para VerdadAbierta.com

En audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia, Edwin Tapias y Julio Perdomo, aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías, los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intra-urbano y homicidio, constreñimiento y extorsión.

Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, comuna 8 de la ciudad, por miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con las versiones oficiales, la acción de la Fuerza Pública permitió desarticular una banda al servicio de Eric Vargas, alias 'Sebastián'.

Lo curioso es que los relatos del Ente Acusador y la aceptación de cargos por parte de los imputados terminan por darle la razón a las denuncias de habitantes de los barrios Villa Turbay, Villa Liliam, Enciso, Caicedo, La Sierra, entre otros, que en su momento fueron desestimadas por entidades del orden municipal.

Desde 2005, organismos de control y organizaciones no gubernamentales han denunciado cómo Tapias y Perdomo, valiéndose de su condición de reinsertados, se apropiaron de dineros públicos a través del programa de Presupuesto Participativo y, por esa vía, amenazaron y desplazaron a varios líderes comunitarios y continuaron liderando poderosas estructuras criminales mientras fungían como gestores de paz.

Gracias a esta condición, Edwin Tapias y Julio Perdomo atendieron visitas de delegaciones nacionales e internacionales interesadas en conocer el trabajo de resocialización y de apoyo a la comunidad que adelantaban los desmovilizados bajo el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín.

De hecho, el pasado 24 de octubre de 2009, Tapias fue mediador en representación de la banda delincuencial de La Sierra, y suscribió un pacto de no agresión con Yeisón Velázquez, alias 'El Rolo', para detener una disputa que sostenían las dos bandas. El acto contó con la presencia del entonces secretario de Gobierno de Medellín, Juan Diego Vélez; y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Luis Eduardo Martínez.

Líderes acorralados
A finales de 2005, Héctor* tuvo que abandonar su barrio luego de recibir sendas amenazas por parte de un grupo de desmovilizados que controlaban la comuna 8. Esto ocurrió luego del asesinato de su amigo y compañero Augusto Henao, ocurrido en agosto del mismo año, y quien era el presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas.

Sobre esta desaparición existe una denuncia en Fiscalía en la que se sindica a Tapias como responsable. En ella se advierte que semanas antes de su asesinato, Henao sostuvo una acalorada discusión con Tapias, en aquel entonces líder comunal del barrio La Sierra. El cruce de palabras tuvo lugar un sábado de junio en uno de los consejos consultivos del programa Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.

Ese día, y en presencia del entonces secretario de Gobierno Municipal, Alonso Salazar Jaramillo, Tapias se opuso a la entrega de 108 millones a la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas, los cuales iban a ser invertidos en mejoras de infraestructura vial y programas para la comunidad, según consta en el expediente de la investigación que adelanta la Fiscalía en Medellín.

“Edwin, que se encontraba en esa reunión, se opuso rotundamente a eso y decía que la plata la necesitaba para un centro de computadores en el barrio. La Alcaldía decidió dividir ese recurso a la mitad para los dos barrios. La reunión se acabó y cuando íbamos a coger la buseta Edwin dijo que ese 'hijueputa' no se iban a salir con la suya, que eso no se quedaba así”, relató Héctor a las autoridades, quien aún no puede retornar a su barrio.

“Intenté volver en el 2008, pero todo estaba igual. Tapias seguía con el mismo poder, rodeado de los asesinos que siempre lo cuidan y cobrándole la vacuna a las tiendas”, contó el líder.

Pero esta no fue la única denuncia contra los desmovilizados. En octubre de 2006, varios habitantes de la comuna 8 denunciaron ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín cómo los desmovilizados, en cabeza otra vez de Edwin Tapias, Julio Perdomo y John William López, extorsionaban a los locales comerciales, imponían controles sociales y presionaban a los líderes tradicionales.

Gustavo Villegas, para la fecha secretario de Gobierno de la ciudad, desestimó en su momento las denuncias pues señaló que no había denuncia concreta contra ninguno de los integrantes del proceso de reinserción, según reposa en un informe de la Personería de Medellín del 2006.

Hoy día, los tres ex combatientes se encuentras detenidos y, como en el caso de López, ya pesa una condena ratificada en segunda instancia de 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y desplazamiento forzado intraurbano.

Jugando a la legalidad
Una de las situaciones más complejas que debieron enfrentar las autoridades municipales durante todo el proceso de reinserción de los ex combatientes de las Auc fueron las trampas que, desde la legalidad, le hicieron a la ciudad.

Gracias a la conformación de pequeñas corporaciones sin ánimo de grupo, los desmovilizados se apropiaron de recursos públicos mediante la modalidad de contratación, que luego fueron desviados para fortalecer actividades ilegales.

Ejemplo de ello fue la ampliación del Colegio Villa Turbay, ubicado en el barrio del mismo nombre, en la comuna 8 de la ciudad. Las obras fueron entregadas oficialmente en septiembre de 2009, cuando debieron culminarse en diciembre de 2008.

Las demoras obedecieron a que la firma bogotana Telval S.A, a quien la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín le adjudicó el contrato para la ampliación del colegio el 22 de enero de 2008, y algunas fuentes de la empresa que pidieron el anonimato confirmaron que fueron obligados a contratar personal no calificado y el servicio de vigilancia de la obra con la Corporación La Sierra Con Futuro, creada por Edwin Tapias.

La demora hubiera pasado desapercibida de no ser por las denuncias de intimidaciones a la empresa constructora para que sólo escogiera al personal que le señalara Edwin Tapias.

Según la empresa, el personal que contrataron con la Ong de los desmovilizados permitió robos por 50 millones de pesos durante el proceso de construcción. El caso adquirió mayor complejidad debido a las amenazas de muerte contra el interventor de la obra cuando intentó parar la situación.

En este caso, los correctivos de la Administración Municipal se limitaron a suspender los contratos con La Sierra con Futuro y a emitir unas directrices sobre los procesos de contratación de mano de obra no calificada, según aseguraron fuentes de Telval.

Otro caso parecido ocurrió con la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega, que agrupaba desmovilizados del bloque Héroes de Granada y cuyo representante legal era Julio Perdomo, el otro desmovilizado capturado y que aceptó los cargos de la Fiscalía. La Cooperativa contrataba legalmente servicios de vigilancia y aseo de algunas colegios oficiales de la comuna 8.

En el 2008 varias instituciones donde Omega prestaba sus servicios registraron robos y además según algunos profesores en algunos colegios se encontraron caletas para armas y, en otras, los maestros aseguran que fueron presionados por los desmovilizados a imponer su propio código de conducta. Ante estas denuncias la Secretaría de Educación solo modificó los términos de contratación para este tipo de servicios.

Acción tardía
Algunos habitantes de la comuna 8 se preguntan ahora sí con las capturas realizadas en la madrugada del viernes 5 de febrero regresará la calma a este sector de la ciudad, escenario de una confrontación entre bandas de delincuencia organizada integradas en su mayoría por desmovilizados de las Auc.

También hay expectativas entre defensores de derechos humanos sobre lo que puedan revelar ambos desmovilizados sobre el asesinato de Alexander Pulgarín, ocurrido el 21 de diciembre de 2009. Pulgarín, conocido entre sus amigos como Pipa, era integrante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y sobre el pesaban amenazas de muerte proferidas por miembros del proceso de reinserción, entre ellos John William López y Edwin Tapias.

Mientras se despejan estas dudas, lo que queda claro es que el modelo de reinserción implementado por la Alcaldía de Medellín no logró contener a tiempo la intrincada red que se fue tejiendo entre legalidad e ilegalidad y que permitió que personas como Tapias y Perdomo posaran de hombres de paz en el día y señores de la guerra en las noches.

Algunos integrantes de estas ongs que conformaron desmovilizados y que se establecieron en la comuna 8 siguieron delinquiendo como fueron los casos de Antonio López, alias Job y John Jairo Hidalgo, ambos asesinados en el 2008, y a John William López, condenado a 23 años de prisión.

De otro lado, la preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la comuna 8 la criminalidad pareciera que tuviera un dicho: “a rey muerto, rey puesto”.

“Hay personajes con mucho poder en ese sector sobre los que las autoridades tienen poca información. Tampoco creo que se haya debilitado la estructura de Sebastián”, conceptuó.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente

El Instituto Popular de Capacitación es una ong que hace monitoreo sobre la situación de Violencia y Derechos Humanos en Medellín y Antioquia


Por: IPC
Tomado de: www.verdadabierta.com

Salpican al general Mario Montoya Uribe en masacre de San José de Apartado

Medellin, febrero 4 2009. Con una nutrida participación de delegaciones internacionales, nacionales y regionales continúa a esta hora la audiencia de juicio en contra de 10 militares implicado en masacre en Comunidad de Paz el 21 de febrero 2005.

Delegados y delegadas de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Embajada de Suecia, Embajada de España, un delegado de la Unión Europea, Brigadas Internacionales de Paz y Fellowship Of Reconciliation Colombia Program, se hicieron presentes en calidad de observadores en la sala de audiencias No. 10 de los Juzgados Especializados de Antioquia.

La diligencia se inicio a las 8:00 a.m. con el interrogatorio al Capitán del Ejército Nacional ARMANDO GORDILLO quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de la Compañía Ansuategui en cumplimiento de la Operación Fénix que terminó con la masacre de 8 personas, entre ellas 3 niños, en la Comunidad de Paz el 21 de febrero 2005.

El Capitán Gordillo se ratificó ante la Juez Segunda Especializada de Antioquia de todo lo dicho ante Fiscalía General de la Nación.

Como hecho relevante, entre otros, se conocieron las declaraciones de tres coroneles de la brigada 17 del Ejército Nacional quienes afirmaron que la planeación de la Operación Fénix participó al General Mario Montoya Uribe, quien para la fecha de la masacre se desempeñaba como comandante de la I División del Ejército de Colombia. En el mismo sentido los coroneles coinciden en afirmar que fue el propio General Motoya quien ordenó que en dicha operación militar se utilizaran guías.

El Capitán Gordillo afirmó en la audiencia que los mencionados guías terminaron siendo aproximadamente 60 paramilitares del Bloque Héroes de Tolová.

Por: DH Colombia
Tomado de: www.dhcolombia.info

5 años de impunidad: masacre en comunidad de paz

5 AÑOS DE IMPUNIDAD
Los victimarios a puertas de la libertad

En pocos días se cumplen los cinco años de una de las masacres más violentas y escalofriantes que ha cometido el Estado colombiano en contra de la población; hecho maquinado, dirigido por la fuerza pública y ejecutado en alianza con las autodefensas, que colmados de tal crueldad y sevicia eliminaron ocho personas (entre ellas, 4 menores).

Desde hace unos años se ha convertido en hábito de la defensa de miembros del Estado, militares, para-políticos, paramilitares, promover prácticas dilatorias y mañosas, que entorpezcan los procesos y así, lograr evadir la justicia y ganar a favor de su defendido tiempo hasta obtener la libertad. Esto tiene asidero, como era de esperarse en el Presidente de la República, quién defiende la idea de que el Estado debe defender a los militares y policías que son llevados a los tribunales para contrarrestar la acción de organizaciones no gubernamentales del exterior«según el con»falsas acusaciones«y agrega»Uno de los esfuerzos que tiene que hacer Colombia de inmediato, es organizar la defensa judicial de nuestros soldados y policías«. En ese momento, su empresa de defensa criminal ya estaba andando y su labor de lobby se fortalecía. Esta empresa»DEMIL", curiosamente es la que lleva casos de extrema barbarie cometidos por sus compañeros, sus mandos decisorios hacen parte de la cúpula del ejército que cumple otras funciones incluso sobre zonas en cuestión en los procesos.

El caso de la masacre, no estaba ajeno, después de una y otra acción dilatoria, entre ella la perdida de expedientes, el cambio de abogados, hostigamientos, prácticas difamatorias y amenazantes, estigmatizaciones y señalamientos contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, como también contra el abogado de las víctimas; estamos a puertas de un vencimiento de términos y pronta libertad de los militares que incurrieron en un crimen de lesa humanidad.

El 4 y 5 de febrero en Medellín, continuara la audiencia de juicio de 10 militares implicados en los hechos.

Por: dhcolombia
Tomado de: dhcolombia.info