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jueves, 4 de noviembre de 2010

Entre nubes de gases - Reconstrucción de los hechos del 15 de septiembre en la Universidad de Antioquia


Asamblea en el Camilo, mitin en el 16. Corre por aquí, arenga por allá.
Policías de negro acorazado, estudiantes y docentes desconcertados, miedo
en la Administración… aquí la reconstrucción de lo sucedido el miércoles
15 de septiembre, un día que está marcando un antes y un después de
incertidumbres en la Universidad de Antioquia


Un instante antes del impacto, Esteban lo vio venir con el ojo izquierdo. En el patio del bloque 16, bajo un Cristo Redentor y en medio de una multitud de manifestantes y decenas de policías, el muchacho vio llegar volando la granada con gas que lo rompió arriba de sus cejas. Cayó al piso.
¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! Caras pálidas, corridas, gritos. La policía persigue a los civiles por el campus universitario lanzando gases y gomas contra sus cuerpos. Con la ayuda de personal de Derechos Humanos, logran salir en grupos y, en la calle, los comandos antidisturbios atacan con chorros de agua y gases a los estudiantes que, corriendo con la mochila alzada, se protegen la cabeza. Ese miércoles 15 de septiembre
la Universidad de Antioquia conoció el pánico.
Por cuatro horas, una nube de humo de bromuro de bencilio se expandió unos 50 mil metros en el centro oriente de Medellín, desde el río Medellín hasta la Estación Hospital. El químico, que atrofia la respiración, corta la capacidad sensorial temporalmente, irrita la nariz, la boca y puede dejarte ciego, comenzó su recorrido antes de las cuatro de la tarde, cuando el primer grupo de comandos antidisturbios entró a la
Universidad.
¡Tun, tun, tun, tun! Retumban los pasos de sus botas negras, duras como sus protectores de pecho, testículos, piernas y cabeza. “No sabes lo que es ver un grupo de hombres armados avanzar lentamente, formados ordenadamente, en dirección a un mitin que estaba calmado”, dice pensativa Sara Fernández. Muchos lo supieron ese día.
Daniela, de la carrera de Bioingeniería, creyó que ese día encontraría la muerte. Los ojos de Hernán, verdes y grandes, se cierran por la fuerza del gas pimienta y, aturdido, también cae al suelo. En otra parte de patio, del lado del parqueadero, a Mildelia, defensora de Derechos Humanos, le corre sangre por la frente. No sabe qué la golpeó. Luquegi Gil, el Secretario General del Alma Máter, se esconde detrás de un carro.
Acaba de entrar el tercer grupo de escuadrones antimotines a la ciudadela universitaria. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Según declaró a De La Urbe, el Coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, comandante de la Policía Metropolitana: “La orden era ingresar para proteger la rectoría. Por eso entra el ESMAD”. El rector, Alberto Uribe, quien al principio dijo sentirse secuestrado, en la noche se retractó y fue a su casa a dormir.
“La Fuerza Pública entrará una y las veces que sea necesario a la Universidad de Antioquia porque ese no es un territorio de despeje”, dijo previo a los fuertes disturbios de ese miércoles, el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, aludiendo a la crisis de seguridad del Alma Máter: micro tráfico de drogas, robos, muertes, violaciones y otras prácticas criminales tienen alarmada a la ciudad que, al mismo tiempo, vive una época de mafias, paramilitarismo, guerrilla y delincuencia.

Dos días antes

El lunes 13 de septiembre se estrena la Tarjeta de Identificación Personal (TIP). Funcionarios de la Universidad exhiben petos nuevos y limpios que informan que, desde hoy, no sirven para nada los tradicionales carnés. Invitan, amablemente, a visitar la Facultad de Medicina donde te toman la foto, los datos y te imprimen la tarjeta que además puede usarse para viajar en el Metro. En las afueras, se ven tanquetas blindadas y agentes antidisturbios; también policías con motos y revólveres, y Ejército. Nadie sin Tip podrá ingresar a las instalaciones, a menos que consiga un permiso especial. La asamblea de estudiantes, por meses, ha manifestado su desacuerdo.
El profesor Eufrasio Guzmán, Director del Instituto de Filosofía, se pone el peto y va a la portería. Son las 11 de la mañana. Un grupo de estudiantes recorre las entradas a la U a manera de mitin, por momentos violento, en señal de rechazo a la medida. El Departamento de Vigilancia le informa a Guzmán que están rompiendo y quemando material publicitario y arrebatando las nuevas tarjetas plásticas. La turba llega al costado oriental, portería del Ferrocarril.
A la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, más tarde, Eufrasio le cuenta: “Estaba con el peto, que era emblemático para la campaña, y trataron de arrancármelo (…) Incrementaron su nivel de protestas, pasaron a los gestos intentando quitármelo, empujando, y un estudiante me lanzó una patada”. Camilo Durango, estudiante de Antropología, estaba presente y cuenta que el profesor señaló, también enérgicamente, que quienes rechazan la Tip apoyan el paramilitarismo dentro de la Universidad. Entonces, la patada. “En ese momento, otros estudiantes en tónica muy diferente se acercaron, me rodearon, me acompañaron, y disuadieron a los agresores para que no continuaran con el maltrato”, dice el docente.
Para la vigilante Gallo, una mujer joven, tierna y corpulenta, es el primer día de trabajo en la empresa privada de vigilancia Miro Seguridad que, contratada por 7 mil millones de pesos, vigila esta Universidad. Cuando ve que los estudiantes furiosos entran a su puesto y rompen un computador, se acuerda de sus hijas. Para no salir corriendo aterrorizada, piensa en la necesidad económica que pasaría si llega a perder el empleo. Algunos de sus compañeros sí que salen en fuga ahuyentados por los coros que los señalan de paramilitares, hijueputas, asesinos.

El día previo

Asamblea de estudiantes. Atardece. Bajo el cielo nublado, en la plaza Barrientos, Gabriel Bocanument Rollo -líder estudiantil por décadas- grita: “¡Compañeros, periodistas del canal Cosmovisión preguntan si pueden grabar”. Entre unos doscientos, la mayoría levanta la mano y gritan sí. La reunión continúa pero la U empieza a vaciarse. Nadie puede entrar. A un costado, en la portería de la calle Barranquilla, se forma un alboroto. Dos policías intentan entrar. Lo impide el Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, Álvaro Cardona. Fue enviado hasta allí como delegado de la administración para dialogar sobre la Tip.
“Luego de sesionar desde las dos de la tarde hasta las 5:50 pm, recibir el informe del profesor Álvaro Cardona, observar todavía la presencia de Esmad en las porterías, notar cómo el administrativo y Miro Seguridad mediante tintas especiales marcan a los que a conciencia no ingresan con TIP, observar algunos malintencionados tirando explosivos buscando la confrontación en la plaza Barrientos, la Asamblea Extraordinaria del 14 de septiembre define: “Reanudar la Asamblea Extraordinaria el día miércoles 15 de septiembre en el Teatro Popular Camilo Torres desde las 10:00 am”, se lee esa noche en el blog de los estudiantes.

Llegó el día

Las porterías continúan militarizadas. Unas 500 personas llegan hasta el Teatro Camilo Torres. Los líderes dan informes y comienzan las intervenciones. Por radio, los vigilantes se piden estar atentos. Al mediodía, un estudiante molesto, vestido de camisa verde, se toma el micrófono. Cuenta que el día anterior los vigilantes de Miro lo golpearon en la portería del Metro por negarse a mostrar la Tip. Pudo al fin entrar con defensores de derechos humanos de la Personería de Medellín y el colectivo Gustavo Marulanda.
Hoy, antes de llegar a la asamblea, pasó de nuevo por esa portería. “Niño mimado, ¿por qué no venís hoy con tus papás? ¡Malparidito! Aquí sos alguien pero espérate que te cojamos en la calle”, relata en el Teatro. Narra que lo agarran y le toman una foto. “¡Ya te tenemos reseñado, hijueputa!”, cuenta. La masa se altera. “Como nos están retratando, vamos a hacer lo mismo”, pide uno de los muchachos. Acuerdan que a las dos de la tarde saldrán en mitin por las porterías y terminarán con un plantón en el Bloque Administrativo. “No vamos a desalojar a nadie violentamente. Vamos a arengar para que nos escuchen”, dice otra voz y la mayoría asiente.
2:30 p. m. Cecilia Plested, profesora de la Escuela de Idiomas, escucha el mitin desde la carrera Carabobo, apura el paso, ve la puerta peatonal cerrada, pide permiso, los Esmad están adentro y ella, sorprendida pero clara, empieza a gritar a los estudiantes: “¡No se dejen provocar!, ¡no se dejen provocar!”. Llama a una jovencita para pedirle que, por favor, le diga al encapuchado que está bajo un árbol que se aleje del lugar. “¡Ustedes no saben lo que es una universidad militarizada! ¡No se dejen provocar!”, grita Cecilia meneando la cabeza y alborotándose el pelo.
Cecilia corre al Bloque 16, sube a la oficina del Rector, le cuenta lo que vio. “Tengo cinco minutos, cuéntame rápido”, le dice a la profesora que no para de gritar. Otros funcionarios llegan. Se forma una discusión. Martiniano Contreras, Vicerrector General, no se sorprende con la denuncia de la profesora. “Si a mí me preguntan si yo sabía que iba a entrar el Esmad ese día, yo digo: ‘Yo suponía que iba a entrar el Esmad después de lo que estaba pasando, de lo que dijo el Gobernador’ ”, explica un mes después a De La Urbe.
3:10 p. m. Un coro se acerca al Cristo Redentor. “¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Alberto Uribe, ¿dónde está?”, cantan y saltan los estudiantes. No hay encapuchados ni gente armada visiblemente. El Rector cancela su cita. No sale del bloque. La multitud llegó hasta el patio y la profesora Cecilia se asoma. Les pide calma, que vayan al Teatro Camilo Torres para dialogar.
Le responden con chiflas. La creen vocera de la administración y ella, aireada, pide respeto, además de que no pisen las matas. “¡No pisen las maaaaaaaaatas!”, grita, grita y grita.
Ricardo Toro, de la Unidad de Derechos Humanos de la Personería, tiene un radio en la mano que levanta una y otra vez, ansioso. Está parado junto a la entrada del Bloque Administrativo comunicándose con Jesús Sánchez, quien está en la portería del Ferrocarril. “¿Cómo está la situación allá adentro?, ¿es cierto que hay un secuestro de los directivos?”, le pregunta Jesús a Ricardo.
“A lo sumo, Ricardo manifiesta que no es cierto, que eso es una medida de seguridad (las puertas cerradas), que custodia el Administrativo cuando se presentan este tipo de sucesos”, relata Jesús. “Entonces, el Mayor Hernández, al mando de la policía en ese momento, nos escucha la comunicación y nos dice: ‘Bueno, yo estoy tranquilo entonces’.
Cuando de un momento a otro, ingresamos a la Universidad verificando cómo se encontraba la situación y nos encontramos con que a nuestras espaldas entran uno o dos escuadrones del Esmad -por ahí de 20 a 30 hombres- sin mediar palabra, haciendo sus disparos de gases lacrimógenos y de granadas aturdidoras”, declara Jesús Sánchez.
-¿Qué pasó, Mayor? ¿Por qué ingresan los ESMAD si hace cinco minutos usted y nosotros estábamos escuchando la comunicación de que esto era una protesta, pero pacífica?- increpa Jesús al policía.
El comandante de los antimotines dice que está recibiendo órdenes.
-¿Y que quién le da esas órdenes?
-La dan el Gobernador de Antioquia y el Rector de la Universidad. Que cuando a él le cambien esa orden esas dos personas, él retira sus hombres de allá”, recuerda el Coordinador Administrativo de la Unidad de DDHH de la Personería de Medellín.
Marco y Sara, de la Asociación de Profesores, caminan en dirección a la salida de Ferrocarril. Ven la reunión en los bajos del Bloque 16 y solo los sorprende lo numerosa que es. “Un mitin normal, con arengas, organizados, pidiendo la palabra”, recuerda Sara. En la acera del bloque 18, de frente a la portería y de espaldas al 16, se detienen. “Veo a los de Miro abriendo las puertas a un grupo numeroso del ESMAD. En la malla están los de Personería alzando las manos. ¡No, no, no! ¡No entren, no entren! Les piden y pido yo”. ¡Booom! Explota una granada de gas lanzado por los policías desde el parqueadero.
El escuadrón avanza hasta el costado oriental del bloque. Daniela y todos corren. Junto a la fuente del Hombre creador de energía, la pequeña se derrumba, entra en shock, no puede parar de llorar. “Llamo a mi casa y me despido de todos”, cuenta. A unos pocos metros, por la Biblioteca, Julián Henao, estudiante de Derecho regresa al Bloque 16. Quiere saber si alguien está herido, averiguar qué pasó. Un centenar, como él, regresa asustado y enojado.
Sara y Marco se apuran a mediar. Líderes de oficinas estudiantiles, que andaban reunidos en el bloque 9 paralelo a la Asamblea, llegan al lugar para lo mismo. Nadie, entre los representantes profesorales y estudiantes, quiere el tropel. Todos hablan con todos y llaman por celular, buscan soluciones. Llegan los periodistas y las cámaras de tv. Casi la mitad de la unidad de Derechos Humanos de esta ciudad se concentra a esta hora en la Universidad de Antioquia. También hay funcionarios de la Defensoría del Pueblo y, según el Rector, gente armada entre la multitud.
Arriba, en las oficinas, la gente ruega por sus vidas. Rocío se aferra a un rosario. Está escondida en la oficina de Presupuesto. Los insultos que se escuchan abajo y el intento de estudiantes de llegar -con una escalera y una mesa- hasta el segundo piso, le disparan los nervios. Ella, Auxiliar de Presupuesto, imagina que se está repitiendo la toma del Palacio de Justicia, cuando el Ejército ingresó al edificio público tomado por guerrilleros asesinando y desapareciendo civiles. “Si alguna cosa me pasa, demanden la Universidad. ¡Para qué nos encierran aquí!”, dice enojada y triste a sus familiares por teléfono.
Algunos se esconden en los baños, otros, como Eufrasio Guzmán observan desde adentro; el Secretario General, Luquegi Gil, es enviado a dialogar. La propuesta es que los estudiantes vayan al Teatro Universitario y, en otras condiciones, continúen la asamblea. El comandante del operativo, otro vestido de negro al estilo RoboCop, acepta dialogar con los profesores. “Yo recibo órdenes”, les dice a Marco Antonio Vélez, Presidente de la Asociación de Profesores, y a Sara Fernández, Vicepresidenta. “Que baje el Rector para ver que está bien, que salga o me den una orden”. Marco saca el celular, marca el número de Alberto Uribe, como lo hizo cuando vio entrar el primer grupo. Policía y Rector hablan pocos minutos. El Policía cuelga, le devuelve el celular al profesor. “No tengo órdenes de retirarme”, explica y regresa al frente de su escuadrón.
El Rector, según cuenta, llama al Gobernador y le informan que éste se encuentra en Bogotá. “Lo que me decía el Secretario de Gobierno, para acabar de ajustar, era que la orden del Coronel era que ni yo ni los demás funcionarios nos fuéramos a mover hasta que él personalmente viniera por mí, porque no me garantizaban nada ante la información que tenían. Yo no pregunté qué información había, guardé mucha calma. María Eugenia (su secretaria) entraba, los Vicerrectores entraban, pero yo decía: ‘Guardemos la calma, que lo peor que nos puede pasar es que la perdamos’ ”, explica.
Mientras tanto, Cecilia orienta la cadena humana para proteger la salida de los funcionarios administrativos que, por decisión del gobierno de la Universidad, quedaron encerrados en el edificio. Desde el segundo piso, agarra la mano de Rocío, quien hasta ahora respira y siente la esperanza de salir sana. “¡Despacio, no corran, por favor, no corran!”, les pide la profesora de la Escuela de Idiomas a los empleados que, poco a poco, terminan de salir. Quedan pocos adentro, sólo los que quisieron, y abajo están, cara a cara, los estudiantes que le cantan a los Esmad: ‘¿Qué se necesita para ser un policía? Ser un hijueputa de noche y de día’.
4:00 p. m. Ya el paisaje es de hombres de negro, escudos marcados con Policía en letra blanca, y estudiantes con palos y piedras en la mano. Ingresa un tercer escuadrón por la portería del Ferrocarril. Desde los bloques de Ingeniería y entre los carros, la gente silba. ¡Fueraaaaaaaaaaaa!, piden a gritos. ¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! ¡Taque! Hernán Pineda, quien estaba en el Laboratorio de Electrónica cuando oyó la primera explosión, ahora se codea con un agente del Esmad que, sin saber por qué, le exprime un gas pimienta de frente a la cara, por un ladito del escudo que tiene frente al pecho y con el que lo empujó y lo tumbó al piso. ¡Jueputa! ¡Corramos!, se escucha.
La Universidad hierve. Policías se pasean por el campus intentando allanar salones, empujando estudiantes, disparando gases, retirando la gente y, al mismo tiempo, bloqueando las salidas. Los vigilantes de Miro, desde la portería del Río, salen corriendo. Dan la vuelta a la Universidad y desde el Bar de Ciro, a dos cuadras, David Roldán los ve correr juntos y quitarse el uniforme. En el Parque E, donde también hay vigilancia de Miro, pudieron entrar y cambiarse la ropa. En Barraquilla, Julián Henao ve como un policía vestido de verde dispara un revólver para ahuyentar una turba que golpea a dos agentes del ESMAD. Nuevamente, todos corren. Al salir del campus, las tanquetas siguen a los estudiantes con chorros y más gases. Los vecinos sacan bolsas de leche y vinagre para que los que respiraron gases lacrimógenos se recuperen.
En el Parque de los Deseos, los niños están espantados, también se asfixian y lloran por los gases que allá mismo están lanzando los policías. La Estación Hospital del Metro es cerrada por quince minutos, casi anocheciendo, porque las agresiones del Esmad se extienden hasta acá. Frente a Policlínica, uno de ellos lleva un muchacho agarrado por la camisa. Aunque no pueden detener, esa noche 8 estudiantes resultaron en estaciones de policía; siete fueron los heridos que recibieron atención médica -Esteban el más grave con coágulos de sangre y un tumor en la cabeza-; y cero secuestrados.
8:00 p. m. Apenas una decena de personas queda en la Universidad. Sara, Cecilia, Camilo, Santiago, Ricardo y otros conforman una comisión verificadora. Con megáfono, Sara, morena,
alta, pesada, de rasgos bruscos y voz delicada, informa que la Fuerza Pública ya no está en el
campus, que pueden salir, que si alguien necesita ayuda salga ahora. Encuentran profesores en oficinas con cerrojo, estudiantes en los rincones de pasillos de los pisos altos de los bloques de Biología y Matemáticas.
El Rector, un par de horas antes, salió por la puerta que tiene acceso al río. A unos 100 metros
de la puerta, dentro de la Universidad, funciona el expendio de cocaína, marihuana, heroína y licores, según algunos, más movido de Medellín. Esa zona deportiva, El Aeropuerto, se salvó de los gases lacrimógenos. No hay noticia de jíbaros heridos o detenidos. Pero sí versiones de que, a pesar de la vigencia de la Tip, estaban ahí con un tendal de sustancias ilegales mientras la policía reprimía la protesta estudiantil.

*Con investigación de los egresados y estudiantes del programa
de Periodismo: Javier Bergaño, Daniela Gómez,
María Flórez, Jorge Caraballo, Róbinson Úsuga y Andrea
Aldana.

Por: Katalina Vásquez Guzmán
Tomado de: delaurbedigital.udea.edu.co

martes, 3 de agosto de 2010

Arde Medellín

Uno de los peores legados del gobierno que está a punto de terminar ha sido la inseguridad urbana.

En ciudades como Medellín, históricamente azotada por distintas violencias, la incertidumbre y desazón se han vuelto pan cotidiano entre sus habitantes, debido a la omnipresencia de bandas, a las disputas territoriales y a la redistribución de poder de los nuevos capos de las mafias del narcotráfico.

Medellín, ciudad de altos contrastes, de “metra y metro”, es, de nuevo, centro de la criminalidad. Y mientras algún actor está recitando a Shakespeare en alguno de los teatros de la urbe, en otro espacio pueden estar asesinando a alguien, robándole el celular a una chica, despojando de sus pertenencias a una anciana, en fin. En los barrios suenan violines pero también disparos. Medellín es hoy una ciudad de bonita infraestructura y de miedos permanentes.

A veces da la impresión de que la avalancha de inseguridades quisiera ser disimulada por ferias y bengalas. O, como ocurrió en marzo pasado, por los festones y competencias de los juegos suramericanos. Todavía hay ecos en torno a los gastos (¿despilfarro?) de más de dos mil millones de pesos en las celebraciones del Bicentenario. Y los polvoreros de La Estrella y Caldas todavía no entienden por qué no se los utilizó a ellos para tales efectos, si, según dicen, son tan buenos como los extranjeros que contrataron.

Y si alguien va a barrios como el histórico de La Toma, oirá de sus moradores quejas en torno a cómo para construir allí el Parque Bicentenario, a ellos se les ha humillado de parte de las autoridades. O se les ha intimidado con la presencia de antimotines para no permitirles expresar sus protestas en torno a lo que consideran maltratos de parte de la administración local.

De otra parte, a principios de 2010, se conocieron cifras de espanto. Según Medicina Legal, en 2008 se presentaron en Medellín 1.044 asesinatos mientras al año siguiente hubo 2.178. Los focos de conflicto, ubicados en distintas comunas, se han extendido y las bandas de delincuentes, en general al servicio del paramilitarismo y las mafias, han “evolucionado”. Ahora son como una suerte de ejércitos con armamento pesado, fusiles y subametralladoras.

Además de ser “ley” en sus fracciones territoriales, muchas de esas bandas delictivas acuden, para su financiación, a las vacunas a comerciantes y habitantes. Y quien no pague está en situación de alto riesgo: o lo matan o se tiene que ir del sector. Según un estudio del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, este tipo de delito ha aumentado en Medellín y “las víctimas del mismo deben soportar el asedio de dos y hasta tres grupos armados quienes imponen “vacunas” cuyos montos están poniendo en jaque la economía de las comunidades”.

Hay barrio de Medellín en los cuales las vacunas se las cobran hasta a las empleadas domésticas y a los vendedores de confites. El transporte público, según las mismas denuncias, es uno de los más afectados por las extorsiones. La ciudad es escenario de distintas trifulcas entre grupos armados, y los comerciantes, formales e informales del centro de la ciudad, también son vacunados por las bandas armadas y de “vigilancia”.

La espantosa herencia del Cartel de Medellín se manifiesta rediviva en las nuevas generaciones de grupos criminales. Y como se sabe, en la ciudad las que imponen la paz (una suerte de pax romana, según la hegemonía y los intereses en juego) o la guerra, son las organizaciones de delincuentes, tal como sucedió en los tiempos de “Don Berna”.

Medellín, ciudad de músicos y festivales poéticos, vuelve a estar en crisis. Y no sólo por la explosión de bandas criminales, sino, además, porque desde hace tiempos ha habido actitudes permisivas con clases emergentes y sus métodos non sanctos, con la privatización de la justicia y con modelos mafiosos de gobierno. Medellín suena a veces a serenatas de nostalgia, y en otras a la ordinariez de burdas cabalgatas y a balazos de ranchera.

Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: elespectador.com

martes, 25 de mayo de 2010

Los paramilitares también tenían hornos crematorios de víctimas en Antioquia

Los paramilitares pusieron en práctica la sistematicidad del horror en diversas regiones del país.


“(…)Lo echaron vivo ahí(…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.


Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros paramilitares aporten más información.

La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.

De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias ‘el iguano’, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.

En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y “la quemaban” para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.

No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.

Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.

Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.

“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", le confesó el ex paramilitar a los investigadores.

Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos”.

A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: “La idea del horno la dio ‘Doblecero’ y la materializó Daniel Mejía”.

Para esos años, Mauricio García, alias ‘Doblecero’, era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, se había integrado al bloques Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.

“De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado”, dijo el ex paramilitar. “Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos ‘palos’ (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.

Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. “Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca”.

Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: “la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial”.

Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: “la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno".

Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: “cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran”.

Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. “A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince”.

Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para “personalidades solamente”.

Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante Julio Cesar Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.

“De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno”.

Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias ‘Danielito’, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.

“Él fue víctima de su propio invento”, dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. “A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno”. Una noche me llamó un amigo y me dijo ‘se tragaron a Daniel, el patrón’, y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno”.

Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.

Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.

La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.

Por: verdadabierta.com
Tomado de: prensarural.org



Los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander [2009]


<br />Los Hornos crematorios de las AUC

-Click en la imagen-




Informe Especial: CAMBIO conoció los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander.


Tomado de: cambio.com.co

Se fortalece el paramilitarismo en la comuna 13



El paramilitarismo sigue tomando fuerza en la Comuna 13. Desde hace meses, los habitantes de este sector vienen denunciando crímenes y acciones violentas que están siendo cometidas por “desmovilizados” de los bloques paramilitares, actos con los que pretenden consolidar el poder y expandir el control territorial y social de la zona.

Debido al fortalecimiento de este régimen paramilitar, es preocupante el estado de vulnerabilidad en el que están quedando los menores de edad de esta comuna, ya que están siendo víctimas de crímenes atroces como es el caso de Javier Fernando Osorio Bedoya, de 13 años, quien fue encontrado el pasado 7 de mayo, amarrado a un asta, degollado y con señas de tortura, en La Loma, San Javier. Igualmente, Jonathan Montoya, de 14 años, también fue asesinado en La Loma el 1 de mayo; es alarmante el asesinato de estos dos niños en tan sólo una semana y en el mismo sector.

Algunos medios de comunicación y las versiones oficiales indican que estos crímenes obedecen a un ajuste de cuentas entre bandas, pero ¿cuál es el ajuste de cuentas existente en el caso de Javier Osorio Bedoya, pues él y su familia llevaban escasos dos meses viviendo en La Loma y al niño pocas veces se le veía en la calle?, ¿qué había hecho este niño para ser asesinado con tanta crueldad?

El asesinato de estos niños deja muchas interrogantes y la sensación que a la versión oficial de los hechos les falta algo, lo cierto es que no dejan de ser medidas que aumentan el control social de la población y la sumisión de ésta por medio de mecanismos de horror, los cuales se vienen implementando en la Comuna 13 desde el 2002, luego de ponerse en marcha la operación Orión.

Como medidas de solución ante esta problemática, el secretario de Gobierno de Medellín, Felipe Palau, despachó la semana pasada desde la Comuna 13, y desde allí se realizó un acto en el que más de 40 jóvenes relacionados con la banda “La Agonía”, ingresaron al programa Fuerza Joven de la Alcaldía. De acuerdo con este programa, los jóvenes recibirán una remuneración mensual a cambio de que éstos se vinculen a actividades educativas y tareas de servicio social. Sin embargo, estas medidas no son nuevas y se han destacado porque no pasan de ser paños de agua tibia para un problema que requiere mayor atención.

Este tipo de soluciones no desarticula las organizaciones y mucho menos las somete a la justicia, lo que conlleva a que más tarde surja la reorganización y la retoma del control, quedando así crímenes en la impunidad ya que nunca se esclarecerán. La verdad es que este tipo de acuerdos, programas y respuestas no llevarán a un proceso de disminución de la violencia, ya que ninguno de éstos a garantizado el derecho a la vida, salvo por un corto tiempo mientras se simula su efectividad, sólo son estrategias que mantienen a la sociedad en el círculo vicioso que agrava el conflicto armado y lo sustentan, para evadir su solución política removiendo las causas estructurales que le han dado origen.

Estas bandas, integradas en su mayoría por los supuestos desmovilizados del paramilitarismo, no están aisladas y hacen parte de estructuras solidas paramilitares y narcotraficantes, las cuales manejan las mafias locales y nacionales por lo cual necesitan de estos jóvenes para su supervivencia. Por esta razón, urge la exploración de caminos jurídicos y políticos que tengan por resultado la desactivación real de dichas estructuras y los andamiajes que las sostienen, incluidos aquellos que están instaurados en las esferas del poder.

La Corporación Jurídica Libertad hace un llamado a cimentar como fundamento del Estado la vigencia del respeto de los derechos humanos y a respetar la vida de la población, especialmente la infantil, ya que es la más vulnerable del conflicto armado.


Comunicaciones CJL
18 de mayo de 2010

Tomado de: cjlibertad.org

lunes, 22 de marzo de 2010

Una Comunidad de Paz en zona de guerra

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en sus 13 años de existencia, ha sido un referente obligado en el complejo panorama que azota al Urabá antioqueño, una Comunidad de Paz inmersa en un verdadero laboratorio de guerra, una experiencia que permite dimensionar las consecuencias del conflicto en la población civil que se niega a involucrarse en él.


UNA COMUNIDAD DE PAZ EN UNA ZONA DE GUERRA

Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia


Ellos siempre han visto en los que han entregado sus vidas en el proceso de la Comunidad de Paz, una fuerza que los mantiene adelante y no los deja echar para atrás. Incluso en momentos muy difíciles, de mucha represión, en los que ellos han estado pensando en desplazarse definitivamente para otro lugar, lo que los ha amarrado a quedarse aquí ha sido la memoria de sus víctimas, han dicho: ´hemos pagado precios tan altos por este proceso que ya estamos en la otra orilla, donde ya no se puede echar para atrás´".
Así define el sacerdote jesuita Javier Giraldo, acompañante honesto y sincero de este proceso organizativo, los pilares que mantienen a un grupo de familias campesinas vinculadas a una propuesta de comunidad autónoma y pacífica en el Urabá antioqueño, una de las regiones más violentas del país. Una iniciativa que en el 2010 cumple trece años de existencia y que se ha visto enfrentada a toda clase de atropellos y presiones por parte de los poderes más oscuros y criminales que persiguen el dominio del territorio.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó declaró sus principios el 23 de marzo de 1997, en aquella época se incrementaba una violencia de tipo paramilitar ejercida en toda la región para diezmar el avance político y social de la guerrilla. Los civiles siempre fueron involucrados en una guerra que no les pertenece pero que los afecta de manera directa, porque los intereses armados se centran especialmente en el territorio que ocupan los campesinos y del cual producen su sustento desde hace décadas. Esta región fue poblada
por colonos, expulsados de otras zonas por la violencia o por la falta de tierras para cultivar, ellos abrieron la selva de los límites invisibles que separan a los departamentos de Antioquia y de Córdoba. Son las últimas estribaciones de la serranía de Abibe, territorios ricos en biodiversidad, apetecidos por los voraces intereses de las empresas trasnacionales. Las masacres, desapariciones, bloqueos económicos, bombardeos indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias, han sido las armas utilizadas en contra de los pobladores de esta región.

San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.

Muchos de los sobrevivientes de la barbarie y el exterminio tuvieron que salir desplazados de sus tierras, otros se escondieron en la montaña y de a poco se fueron juntando. Varias organizaciones humanitarias, eclesiales y de derechos humanos acompañaron el éxodo de los campesinos que se asentaron en los cascos urbanos de los municipios o en las cabeceras de los corregimientos. La Diócesis de Apartadó promovió la organización en Comunidades de Paz, neutrales ante la guerra y decididas a no colaborar con ninguno de los actores armados. Varias familias desplazadas de la región del Urabá antioqueño y chocoano retornaron a sus territorios y se establecieron como Comunidades de Paz, juntándose en fincas o predios comunitarios y demarcando los lugares con letreros y carteles alusivos a su condición de civiles en medio de la guerra, exigiendo respeto por su decisión de no participar en ella.

Aunque algunas de estas experiencias de resistencia civil persisten en la región, muchas de ellas fueron atacadas nuevamente, otras fueron cooptadas por los actores armados o desvirtuadas en sus principios por la mezcla entre líderes corruptos y presiones poderosas. Pero sin lugar a dudas, ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en sus 13 años de existencia, un referente obligado en el complejo panorama que azota al Urabá antioqueño, una Comunidad de Paz en un verdadero laboratorio de guerra, una experiencia que permite dimensionar las consecuencias del conflicto en la población civil que se niega a involucrarse en él.

Aunque algunas de estas experiencias de resistencia civil persisten en la región, muchas de ellas fueron atacadas nuevamente, otras fueron cooptadas por los actores armados o desvirtuadas en sus principios por la mezcla entre líderes corruptos y presiones poderosas. Pero sin lugar a dudas, ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en sus 13 años de existencia, un referente obligado en el complejo panorama que azota al Urabá antioqueño, una Comunidad de Paz en un verdadero laboratorio de guerra, una experiencia que permite dimensionar las consecuencias del conflicto en la población civil que se niega a involucrarse en él.
El trabajo comunitario es fundamental para las familias campesinas que hacen parte del proceso. La producción agroecológica, la educación para la resistencia, la dignificación de la memoria y la recuperación del territorio; son ejes fundamentales en la construcción colectiva que propone y desarrolla la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Sus
líderes históricos recuerdan con nostalgia las luchas sociales que se vivieron en la región, las organizaciones sindicales, los colectivos de trabajo, las cooperativas, la participación política y social de las comunidades. La Unión Nacional de Oposición - UNO, la Unión Patriótica - UP, son referentes políticos en la conciencia de quienes han sobrevivido al terror que se implantó en la región. Es el legado y la memoria de los sueños construidos que han plantado la semilla que hoy germina en el corazón y en las palabras de quienes componen este esfuerzo organizativo:
“Yo pienso que la Comunidad de Paz de San José es como un árbol que se cuida mucho, se pone frondoso y le salen sus retoños. Yo creo que cada retorno es un retoño de este árbol, este árbol que día a día está dando vida para todos y ejemplo para el mundo”.

San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.


Justamente el retorno a Mulatos, realizado en febrero de 2008, es una semilla de Comunidad de Paz que hoy florece en la misma vereda donde fue asesinado el líder Luis Eduardo Guerra, su esposa Bellanira y su hijo Deiner. La masacre, cometida por un comando del Ejército Nacional guiado por paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, fue realizada el 21 de febrero del año 2005 y en ella también fueron asesinados Alfonso Tuberquia, su esposa Sandra Muñoz y sus hijos Natalia y Santiago, de 6 y 2 años de edad. Alfonso y su familia fueron sorprendidos por la muerte en su humilde vivienda de la vereda La Resbalosa, a dos horas de camino del lugar donde fue asesinado Luis Eduardo, Bellanira y el niño. Todas las víctimas fueron descuartizadas y enterradas en fosas comunes. Los militares siempre han negado cualquier participación en los hechos, como lo han hecho desde antes en otras masacres y en otras agresiones contra los campesinos de
la región, en especial aquellos que están organizados en la propuesta de Comunidad de Paz.
Cinco años después de los hechos, los familiares de las víctimas regresaron a la vereda Mulatos, acompañados de personas de diversos países y de representantes de comunidades organizadas en varias regiones de Colombia. Con la guía espiritual de las palabras pausadas y acordes del sacerdote Javier Giraldo, quien acompaña el peregrinar de la comunidad desde sus inicios, la delegación partió el sábado 20 de febrero desde el casco urbano de San José de Apartadó hasta las mismas veredas que fueron recorridas por el comando de hombres armados que sembraron la muerte en donde hoy germina la vida.
Luis Eduardo Guerra sintió sobrevuelos de helicópteros y bombardeos el 20 de febrero y prefirió no ir hasta Mulatos a recoger el cacao. Al día siguiente decidió no esperar más y enfrentarse con la palabra a cualquier actor armado que se encontrara en el camino. En la inhumación de los restos de las víctimas, el viernes 19 de febrero de 2010, en el caserío principal de la Comunidad de Paz, el padre Javier Giraldo se refiere a la vida y memoria de Luis Eduardo Guerra: “Nos hemos preguntado, tal vez muchas veces, si Luis Eduardo sería acaso un hombre que despreciaba la vida, pero no, si alguien defendía la vida buscando siempre estrategias nuevas de defensa era Luis Eduardo. Más bien tenía la convicción de que la vida no se podía destruir, ni siquiera con la muerte… Hoy vemos su vida como la de un verdadero líder, un líder que encarnaba lo que es la Comunidad de Paz, su muerte como una presencia viva en la comunidad, su memoria es una energía que nos infunde fuerza a todos”.
San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Documental Amarillo.

Es que si no fuera por la fuerza de la memoria, los niños y jóvenes de la Comunidad no asumirían con tanta dignidad el proceso que sus padres y familiares han empezado hace más de una década. Por dolorosa que parezca, la historia de la Comunidad de Paz está llena de esperanza en cada uno de los rostros, los pasos y las palabras de quienes asumen este esfuerzo como una propuesta de vida, de quienes apelan a la memoria como antídoto en contra del progreso amnésico que se pretende imponer en la región.
El domingo 21 de febrero de 2010 se realizaron actos litúrgicos y de memoria en la vereda Mulatos y La Resbalosa, un caminar solemne que permitió recordar los gestos de ternura y las manifestaciones de vida que desafiaron las más macabras expresiones de muerte:
“Las confesiones progresivas de los victimarios nos han ido descorriendo el telón para mostrarnos las escenas más conmovedoras que sucedieron en la Resbalosa en aquella tarde del 21 de febrero de 2005. Desde el campo de los amigos nadie pudo contarnos realmente lo que paso allí, ni narrarnos los últimos momentos de Alfonso, de Natalia o de Santiago, han sido los mismos victimarios desde sus remordimientos y tormentos de conciencia que nos han dado acceso a lo más horrendo de aquel drama.
Nos estremece pensar en los sentimientos de Alfonso cuando regresa a su hogar con el propósito de salvar la vida de los suyos ó correr su misma suerte y encuentra su casa invadida por gente sin alma que se dedican a una macabra orgia de sangre, tiene que contemplar de lejos el cadáver de su esposa, Sandra, tendida en la cocina, mientras sus niños se le abalanzan a abrazarlo en medio de su estupor, de un estupor que su inocencia les impide valorar en sus verdaderas dimensiones. Alfonso le suplica a los victimarios, que discuten en ese momento sobre la inminente ejecución de los niños, que no vayan a cometer ese crimen y que más bien lo maten a él, entre tanto le dice a sus niños que deben prepararse para un viaje muy largo, allí se produce el último rasgo de las más fina y delicada ternura, cuando Natalia empaca algo de ropa para que su hermanito Santiago la lleve en ese misterioso viaje que ella no alcanza a comprender, con ese precioso gesto de inocente ternura se cierra la vida de Natalia, de Santiago y de Alfonso. Segundos después sus cuerpos serian desmembrados y sepultados en pedazos en aquellas dos estrechas fosas, medio escondidas en el cacaotal. Varios de aquellos esclavos de la muerte confesarían después que sintieron revolverse su conciencia y comprendieron que jamás podrían alejar de sí el tormento de esa macabra memoria”.
San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.

Este relato resume los hechos que se recordaron con profundo dolor en los mismos lugares donde fueron asesinados los miembros de la Comunidad, luego de cinco años de impunidad, tras demorados procesos judiciales que hoy revelan la verdad de los hechos y establecen la identidad de los responsables.
Desde hace varios años, y ante la ineficacia y estrecha relación de la justicia con los poderes que pretenden acabar el proceso organizativo, la Comunidad de Paz entró en ruptura con el sistema judicial colombiano. Han preferido trabajar en colectivo en la construcción de una manera distinta de relacionarse con la vida, con la tierra y con el pasado. Exigen respeto por su proceso, estrechan lazos de solidaridad con comunidades y personas en diversas latitudes del planeta.
Eligieron asumirse como civiles cuando pudieron haber sido parte de la guerra que se ofrece como única opción, prefirieron sembrar la tierra que disparar los fusiles.
San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.

El viernes 19 de febrero se realizó una marcha fúnebre desde el corregimiento de San José de Apartadó hasta el nuevo caserío donde se desplazó la Comunidad de Paz hace cinco años, después de la instalación de un puesto policial como respuesta gubernamental a la masacre. En el corto y sentido recorrido se trasladaron los restos de las ocho víctimas de la masacre, y en la noche, en una ceremonia litúrgica, las palabras del padre Javier Giraldo resumieron lo que significan, en el pasado y en el presente, estos hechos para la Comunidad de Paz:
“Hoy nuestra memoria de estos hechos llega a un umbral de esclarecimiento, de reflexión, de significados y sentidos, y acoge físicamente los despojos de estas hermanas y hermanos nuestros horriblemente sacrificados en este proceso como compañeras y compañeros cercanos, cuya presencia física va a estar recordándonos, reforzando los valores en los cuales ellas y ellos invirtieron lo mejor de sus energías vitales”.

Por: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia
Tomado de: comunicaciones.acantioquia.org - cdpsanjose.org

jueves, 25 de febrero de 2010

En el 6 de marzo el MOVICE objeta y se opone a la reelección de la política de Seguridad Democrática


El MOVICE objeta y se opone a la reelección del actual presidente y con ella, la de su política de Seguridad Democrática y Estado Comunitario convocando el 6 de marzo de 2010 a actos simbólicos en Colombia y el mundo.

Desde el 2002 persiste el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, la criminalización y persecución de la oposición política, el exilio, el desplazamiento forzado y la imposición de un modelo económico que profundiza la pobreza, la destrucción de la biodiversidad y la posibilidad de garantías y satisfacción para los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

En los meses de enero y febrero de 2010, el presidente Uribe y su Ministro de Defensa han reiterado en varias oportunidades que ocho años de “Seguridad Democrática” no han sido suficientes para recuperar la seguridad en el país y que tienen sus dudas sobre las intenciones y capacidades de los precandidatos presidenciales frente a continuar esta política. Así, lo que se pretende reelegir es un ejercicio del poder, un modo de enfrentar la crisis de derechos humanos, del conflicto social armado y de la disminución de la pobreza y la miseria.

En los últimos ocho años la política de Seguridad Democrática se ha expresado en:

- Una “Ley de Justicia y Paz” que se ha caracterizado por su alto grado de impunidad. De los 35.353 paramilitares que se han desmovilizado, solo 698, o sea un 1.98%, están siendo procesados por los delitos cometidos y solo uno ha sido condenado, condena que fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

- Una infiltración paramilitar en todas las esferas del gobierno, siendo hasta el momento más de 133 congresistas y ex-congresistas quienes han sido investigados por sus presuntos nexos con paramilitares, un gobernador tres alcaldes y seis concejales, elegidos todos para el periodo 2007-2011 se encuentran también bajo investigación, igual que 14 ex gobernadores, 7 ex diputados y 35 ex alcaldes, la gran mayoría de estos perteneciendo a la bancada Uribista.1

- La legalización y mimetización del paramilitarismo en la sociedad y la profundización del control paramilitar en las grandes ciudades. Los “nuevos” grupos paramilitares a finales de 2009 alcanzaron a tener alrededor de 11.000 miembros armados.2

- Una constante infracción al Derecho Internacional Humanitario con la utilización de la población civil en el conflicto armado bajo diferentes modalidades como “la red de informantes”, “soldados por un día”, “familias guardabosques”, “estudiantes informantes” (Medellín), “taxistas informantes” (Cali), entre otros.

- Una práctica sistemática de persecución y criminalización de la oposición política, con señalamientos detenciones masivas e individuales de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos.

- La falta de garantías para las víctimas. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado desde su nacimiento en junio de 2005 ha sido víctima de una política sistemática de agresión, muestra de ella las alrededor de 170 agresiones documentados, entre ellos asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, detenciones, amenazas, intimidaciones y estigmatizaciones por parte de funcionarios del gobierno. La Procuraduría General de la Nación recibió 800 solicitudes de protección por parte de víctimas en el año 2008.3

- La extradición de 23 jefes paramilitares a los Estados Unidos, silenciando a perpetradores de crímenes de Lesa Humanidad que estaban dispuestos a compartir con la sociedad sobre sus nexos con políticos, sectores económicos y el actual gobierno.

- La falta de garantías para paramilitares en procesos de desmovilización, lo que se traduce en los más de 2000 reinsertados asesinados en cárceles y en las calles de diferentes ciudades, sin que hasta la fecha haya un preso por estos crímenes.

- Un incremento en el desplazamiento forzado. Según la consultoría CODHES el desplazamiento forzado bajo la política de Seguridad Democrática ha sido de 2.4 millones de personas, constituyendo casi la mitad de los 4.9 millones de personas que se han tenido que desplazar en los últimos 25 años. La mayor parte de estos desplazamientos ha estado ligado a proyectos económicos como la palma aceitera, la minería y la extracción del petroleo.

- La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 1200 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública, lo que demuestra el carácter sistemática de una practica que se considera por el Derecho Internacional como Crimen de Lesa Humanidad. Los llamados “falsos positivos” son un resultado directo de una política que incentiva con el dinero las bajas de integrantes de los grupos al margen de la ley. Estos falsos positivos se tienen que entender de una forma más amplia como son también falsos positivos montajes judiciales y desmovilizaciones forzadas.

- Incremento del gasto del 5.2% del PIB para Defensa en 20024 en 2010 el presupuesto para defensa es de 14.2% del PIB (11.057 millones de dolares), superando por primera vez el presupuesto para la educación (13.9% del PIB).

- Liberalización del mercado. Las nuevas leyes de zonas francas, hidrocarburos, minería y las propuestas para aguas y la ley forestal han buscado poner un precio a todo recurso existente en el país y ha ido acompañado con la privatización de sectores públicos, despedidas masivas y la precarización de la situación laboral.

- El Departamento de Seguridad (DAS), órgano que depende directamente del presidente de la República, ha pasado de un escandalo a otro, entre otros por nexos con paramilitares, interceptaciones ilegales de las comunicaciones de la oposición política, la creación de un órgano ilegal (G3) que tenía como fin hacer seguimiento e intimidar a magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.

- La excarcelación de militares implicados en ejecuciones extrajudiciales por supuestos vencimientos de términos y que está excarcelando parapolíticos, involucrados en crímenes de Lesa Humanidad por haberse acogido a sentencia anticipada, mostrando la incapacidad de la justicia colombiana a defender los derechos de las víctimas y la necesidad de una intervención de la Corte Penal Internacional en el país.


El MOVICE invita a la sociedad colombiana a participar en esta jornada de expresión contra la reeelección de la seguridad democrática y estado comunitario, llama a los diferentes precandidatos presidenciales a distanciarse públicamente de la política de Seguridad Democrática, y a comprometerse en una política que propicie la verdad, la justicia, la reparación integral, la paz con justicia y el cese de la mercantilización de la salud y de los territorios.

16 de febrero de 2009

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1 Verdad Abierta 13/05/2009
2 “El declive de la Seguridad Democrática” Corporación Nuevo Arco Iris Noviembre 2009
3 Revista Cambio en su edición del 29 de enero de 2009
4 “El gasto en Seguridad y Defensa en Colombia: de la contención a la ofensiva” Fundación Seguridad y Democracia 17/11/2004


Por: MOVICE
Tomado de: movimientodevictimas.org

miércoles, 10 de febrero de 2010

Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín

Dos desmovilizados que hacían parte de la Corporación Democracia, una ong que formaron ex combatientes de las Auc, aceptaron ser miembros de nuevas bandas paramilitares que delinquen en la comuna 8.


El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó el 25 de noviembre de 2003, en la ciudad de Medellín, con 868 miembros y entregó 497 armas.


Por el IPC especial para VerdadAbierta.com

En audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia, Edwin Tapias y Julio Perdomo, aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías, los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intra-urbano y homicidio, constreñimiento y extorsión.

Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, comuna 8 de la ciudad, por miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con las versiones oficiales, la acción de la Fuerza Pública permitió desarticular una banda al servicio de Eric Vargas, alias 'Sebastián'.

Lo curioso es que los relatos del Ente Acusador y la aceptación de cargos por parte de los imputados terminan por darle la razón a las denuncias de habitantes de los barrios Villa Turbay, Villa Liliam, Enciso, Caicedo, La Sierra, entre otros, que en su momento fueron desestimadas por entidades del orden municipal.

Desde 2005, organismos de control y organizaciones no gubernamentales han denunciado cómo Tapias y Perdomo, valiéndose de su condición de reinsertados, se apropiaron de dineros públicos a través del programa de Presupuesto Participativo y, por esa vía, amenazaron y desplazaron a varios líderes comunitarios y continuaron liderando poderosas estructuras criminales mientras fungían como gestores de paz.

Gracias a esta condición, Edwin Tapias y Julio Perdomo atendieron visitas de delegaciones nacionales e internacionales interesadas en conocer el trabajo de resocialización y de apoyo a la comunidad que adelantaban los desmovilizados bajo el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín.

De hecho, el pasado 24 de octubre de 2009, Tapias fue mediador en representación de la banda delincuencial de La Sierra, y suscribió un pacto de no agresión con Yeisón Velázquez, alias 'El Rolo', para detener una disputa que sostenían las dos bandas. El acto contó con la presencia del entonces secretario de Gobierno de Medellín, Juan Diego Vélez; y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Luis Eduardo Martínez.

Líderes acorralados
A finales de 2005, Héctor* tuvo que abandonar su barrio luego de recibir sendas amenazas por parte de un grupo de desmovilizados que controlaban la comuna 8. Esto ocurrió luego del asesinato de su amigo y compañero Augusto Henao, ocurrido en agosto del mismo año, y quien era el presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas.

Sobre esta desaparición existe una denuncia en Fiscalía en la que se sindica a Tapias como responsable. En ella se advierte que semanas antes de su asesinato, Henao sostuvo una acalorada discusión con Tapias, en aquel entonces líder comunal del barrio La Sierra. El cruce de palabras tuvo lugar un sábado de junio en uno de los consejos consultivos del programa Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.

Ese día, y en presencia del entonces secretario de Gobierno Municipal, Alonso Salazar Jaramillo, Tapias se opuso a la entrega de 108 millones a la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas, los cuales iban a ser invertidos en mejoras de infraestructura vial y programas para la comunidad, según consta en el expediente de la investigación que adelanta la Fiscalía en Medellín.

“Edwin, que se encontraba en esa reunión, se opuso rotundamente a eso y decía que la plata la necesitaba para un centro de computadores en el barrio. La Alcaldía decidió dividir ese recurso a la mitad para los dos barrios. La reunión se acabó y cuando íbamos a coger la buseta Edwin dijo que ese 'hijueputa' no se iban a salir con la suya, que eso no se quedaba así”, relató Héctor a las autoridades, quien aún no puede retornar a su barrio.

“Intenté volver en el 2008, pero todo estaba igual. Tapias seguía con el mismo poder, rodeado de los asesinos que siempre lo cuidan y cobrándole la vacuna a las tiendas”, contó el líder.

Pero esta no fue la única denuncia contra los desmovilizados. En octubre de 2006, varios habitantes de la comuna 8 denunciaron ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín cómo los desmovilizados, en cabeza otra vez de Edwin Tapias, Julio Perdomo y John William López, extorsionaban a los locales comerciales, imponían controles sociales y presionaban a los líderes tradicionales.

Gustavo Villegas, para la fecha secretario de Gobierno de la ciudad, desestimó en su momento las denuncias pues señaló que no había denuncia concreta contra ninguno de los integrantes del proceso de reinserción, según reposa en un informe de la Personería de Medellín del 2006.

Hoy día, los tres ex combatientes se encuentras detenidos y, como en el caso de López, ya pesa una condena ratificada en segunda instancia de 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y desplazamiento forzado intraurbano.

Jugando a la legalidad
Una de las situaciones más complejas que debieron enfrentar las autoridades municipales durante todo el proceso de reinserción de los ex combatientes de las Auc fueron las trampas que, desde la legalidad, le hicieron a la ciudad.

Gracias a la conformación de pequeñas corporaciones sin ánimo de grupo, los desmovilizados se apropiaron de recursos públicos mediante la modalidad de contratación, que luego fueron desviados para fortalecer actividades ilegales.

Ejemplo de ello fue la ampliación del Colegio Villa Turbay, ubicado en el barrio del mismo nombre, en la comuna 8 de la ciudad. Las obras fueron entregadas oficialmente en septiembre de 2009, cuando debieron culminarse en diciembre de 2008.

Las demoras obedecieron a que la firma bogotana Telval S.A, a quien la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín le adjudicó el contrato para la ampliación del colegio el 22 de enero de 2008, y algunas fuentes de la empresa que pidieron el anonimato confirmaron que fueron obligados a contratar personal no calificado y el servicio de vigilancia de la obra con la Corporación La Sierra Con Futuro, creada por Edwin Tapias.

La demora hubiera pasado desapercibida de no ser por las denuncias de intimidaciones a la empresa constructora para que sólo escogiera al personal que le señalara Edwin Tapias.

Según la empresa, el personal que contrataron con la Ong de los desmovilizados permitió robos por 50 millones de pesos durante el proceso de construcción. El caso adquirió mayor complejidad debido a las amenazas de muerte contra el interventor de la obra cuando intentó parar la situación.

En este caso, los correctivos de la Administración Municipal se limitaron a suspender los contratos con La Sierra con Futuro y a emitir unas directrices sobre los procesos de contratación de mano de obra no calificada, según aseguraron fuentes de Telval.

Otro caso parecido ocurrió con la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega, que agrupaba desmovilizados del bloque Héroes de Granada y cuyo representante legal era Julio Perdomo, el otro desmovilizado capturado y que aceptó los cargos de la Fiscalía. La Cooperativa contrataba legalmente servicios de vigilancia y aseo de algunas colegios oficiales de la comuna 8.

En el 2008 varias instituciones donde Omega prestaba sus servicios registraron robos y además según algunos profesores en algunos colegios se encontraron caletas para armas y, en otras, los maestros aseguran que fueron presionados por los desmovilizados a imponer su propio código de conducta. Ante estas denuncias la Secretaría de Educación solo modificó los términos de contratación para este tipo de servicios.

Acción tardía
Algunos habitantes de la comuna 8 se preguntan ahora sí con las capturas realizadas en la madrugada del viernes 5 de febrero regresará la calma a este sector de la ciudad, escenario de una confrontación entre bandas de delincuencia organizada integradas en su mayoría por desmovilizados de las Auc.

También hay expectativas entre defensores de derechos humanos sobre lo que puedan revelar ambos desmovilizados sobre el asesinato de Alexander Pulgarín, ocurrido el 21 de diciembre de 2009. Pulgarín, conocido entre sus amigos como Pipa, era integrante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y sobre el pesaban amenazas de muerte proferidas por miembros del proceso de reinserción, entre ellos John William López y Edwin Tapias.

Mientras se despejan estas dudas, lo que queda claro es que el modelo de reinserción implementado por la Alcaldía de Medellín no logró contener a tiempo la intrincada red que se fue tejiendo entre legalidad e ilegalidad y que permitió que personas como Tapias y Perdomo posaran de hombres de paz en el día y señores de la guerra en las noches.

Algunos integrantes de estas ongs que conformaron desmovilizados y que se establecieron en la comuna 8 siguieron delinquiendo como fueron los casos de Antonio López, alias Job y John Jairo Hidalgo, ambos asesinados en el 2008, y a John William López, condenado a 23 años de prisión.

De otro lado, la preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la comuna 8 la criminalidad pareciera que tuviera un dicho: “a rey muerto, rey puesto”.

“Hay personajes con mucho poder en ese sector sobre los que las autoridades tienen poca información. Tampoco creo que se haya debilitado la estructura de Sebastián”, conceptuó.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente

El Instituto Popular de Capacitación es una ong que hace monitoreo sobre la situación de Violencia y Derechos Humanos en Medellín y Antioquia


Por: IPC
Tomado de: www.verdadabierta.com

viernes, 5 de febrero de 2010

Recordemos lo que sucedió el 21 de febrero 2005 en la comunidad de paz

Masacre del 21 de febrero de 2005

“...No podemos decir nada más; el dolor nos embarga tan profundamente que sólo podemos llorar. El Estado colombiano, como muestra de su increíble ilegitimidad, ha realizado otra masacre que baña de sangre nuestras tierras. El ejército ha masacrado a LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, de 35 años de edad, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno desde los inicios del proceso. A su compañera BELLANIRA AREIZA GUZMAN de 17 años, a quien hace tan sólo unos días se había unido, a su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 años y quien había sido herido el 11 de agosto de 2004 con una granada dejada por el ejército. A ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO de30 años líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos. A su compañera SANDRA MILENA MUÑOZ POZO de 24 años y a sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 2 años y a NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ de 6 años....”

Comunidad de Paz de San José de Apartadó





San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 1)



San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 2)




San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 3)









¡NI OLVIDO, NI PERDÓN!


Tomado de: Contravia - cdpsanjose.org

lunes, 1 de febrero de 2010

¿Cuál cohesión social?

EN EL OPORTUNO Y EXCELENTE LIbro de Jorge Cardona, Días de memoria, escribe que cuando comenzó el exterminio de la Unión Patriótica, y en el Congreso sus representantes denunciaron la monstruosidad que se le venía encima al país, el general de la Policía José Guillermo Medina Sánchez justificó la creación de comités de autodefensa contra la subversión.


El entonces viceministro de Asuntos Políticos, Fernando Botero Zea, aclaró que de lo que se trataba era de crear “comités de vigilancia como los que organizan las juntas de acción comunal en los barrios”. ¡Todo tan legal, todo tan limpio! Y la opinión pública se comió entero el cuento y quien ponía en duda la versión oficial era mirado con desconfianza, cuando no acusado de colaboración. Veinte años después y con 150.000 muertos a cuenta del paramilitarismo y 25.000 desaparecidos, según cifras de la Fiscalía, el señor Uribe vuelve a las andadas de siempre, creando un cuerpo de inteligencia mercenaria con estudiantes en Medellín. El argumento de Botero Zea —el Andrés Felipe de la época— es el mismo que ahora esgrimen el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y su amigo y sucesor, Silva Luján: la juventud debe abrazar a su ejército: la colaboración de la ciudadanía es obligatoria en la lucha contra el crimen. La opinión pública, que no se deja ya meter gato por liebre, sabe que se trata de un nuevo y diabólico intento de meter a la población civil —así se llamen esta vez “estudiantes con criterio”— en la guerra. Sabemos a qué condujo la política de armar civiles bajo la fórmula de las Convivir, justamente el cabezazo de Botero Zea, cuando fue ministro de Defensa, y de Uribe como gobernador de Antioquia.

El reclutamiento de estudiantes en Medellín —que será pronto extendido al resto del país— es diabólico y perverso. Se apela a un estrato social, siempre necesitado de dinero, para convertirlo en instrumento de inteligencia de unas fuerzas que no son éticamente confiables, como puede deducirse de los miles de militares empapelados por la justicia civil: asesinatos fuera de combate, torturas, desapariciones. Es perversa la medida porque pondrá a darse bala a un sector civil contra otro, a denunciarse mutuamente, a legitimar el ajuste de cuentas y, en general, a dividir a la gente. Ha sido la política de Uribe, dividir, dividir, dividir para aislar a un sector y proceder contra él. Y ese sector es, al fin de cuentas, la oposición a los interese económicos y políticos del Gobierno. Eso es lo que pomposamente llama Uribe la “Cohesión Social”, tercera pata del trípode Seguridad Democrática e Inversión Económica, con el que apalanca el Estado de Opinión.


Por: Alfredo Molano Bravo
Tomado de: www.elespectador.com
Caricatura: Vladdo

jueves, 28 de enero de 2010

¿Quién mató a Argenito?

No cesa el asesinato de líderes chocoanos que insisten en enfrentarse al destierro producido por la guerra y la ambición terrateniente.

Foto: Gabriel Aponte-El Espectador

Esta imagen fue captada en Domingodó, uno de los poblados chocoanos más afectados por el desplazamiento forzado.

Argenito Díaz era un hombre de 42 años, cabeza de una familia de 11 miembros, que viajaba hacia Pavarandó, un pueblo que ha tenido la desgracia de ser, desde la Conquista, un puente entre el río Atrato y el río Sinú. Un pueblo pobre que desde los años 90 se oye nombrar porque en sus dos calles y una plaza de camino se han refugiado cientos de campesinos e indígenas perseguidos a bala, motosierra y machete desde otra tierra, una tierra en litigio ubicada más al sur y más al occidente, y que no pertenece al departamento de Antioquia sino a Chocó: Curvaradó y Jiguamiandó.

Iba pues Argenito, el 13 de enero pasado —hace 10 días—, llegando a Pavarandó en un camioncito colectivo, de esos en que a los pasajeros se les balancea la cabeza amodorrados por el calor y al ritmo de los baches de la carretera. Es un entresueño delicioso que se suda y se transmite. A veces, el conductor cae seducido por la modorra y los carros se encunetan. Eso debió pensar Argenito cuando el vehículo fue detenido bruscamente por un grupo vestido de tigre —es decir, camuflado— y boina azul.

Quien parecía mandar la cuadrilla miró cara por cara, y con la punta de su fusil, un galil, señaló a Argenito y le dijo: “Bajate pues, que vamos a conversar”. Argenito sabía que de ese tuteo no salía vivo. Conocía desde tiempo atrás los modales de los asesinos. El resto de los pasajeros temblaban. Habían oído, desde hacía días, que por ahí andaban otra vez los Mochacabezas, o las Águilas Negras, o las Autodefensas Gaitanistas, o Los Rastrojos, Los Convivir, o simplemente Los Paisas. Oficialmente se llaman hoy día Bacrim, o sea Bandas Criminales, con lo que borran el prefijo “para”, que quiere decir ‘al lado de’. Algunos de los mandos eran conocidos porque habían sido hombres de El Alemán, Freddy Rendón, comandante del bloque Élmer Cárdenas de las Auc.

La resistencia de Caño Claro

En Chocó todo se sabe, desde Acandí hasta Murindó, y desde Paimadó hasta El Tigre. Pareciera que su gente fuera un solo organismo, y lo es, no obstante los litigios de tierra y de cultura que han ido aflorando entre resguardos indígenas, territorios colectivos negros y mejoras de cachilapos o mestizos.

Argenito había sido amenazado en agosto de 2008, así que ya sabía a qué se atenía cuando lo bajaron a fusilar. Los demás pasajeros no se mosquearon. Saben qué ley rige en esos casos. La misma que se aplica desde 2007, cuando se llevó a cabo la Operación Génesis. Las dos leyes son de silencio, pero mientras una impide la denuncia, la otra ahoga la protesta, que fue la que le invocaron los paramilitares por promover una Zona Humanitaria en Caño Claro; una comunidad que se ha declarado ajena a la guerra, donde las armas han sido anuladas, y que —por desgracia— ninguna de las fuerzas armadas que actúan en la región respeta.

Pero su falta había sido más grave. En enero del año pasado instauró una acción legal ante el Tribunal de Chocó, junto con otros miembros de la comunidad de Curvaradó y Jiguamiandó, en la que exigen la restitución de la propiedad colectiva y el cese de actividades a las empresas palmicultoras. El pecado mortal de Argenito fue haber notificado el fallo, a favor de la comunidad, a los administradores de las compañías de William López, Ramiro Quintero y la reconocida familia Zúñiga Caballero. Aquí es necesario un punto aparte.

Los terratenientes

Los Zúñiga Caballero aparecen vinculados con firmas investigadas por concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzoso de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Uno de los miembros de las empresas, María Fernanda Zúñiga Chaux, debió renunciar a la gerencia de Fiduagraria —una entidad de economía mixta— por manejos indelicados. María Fernanda es sobrina de Juan José Chaux Mosquera, conocido de autos por el escándalo de alias Job.

La Unidad Investigativa de El Tiempo informó que 25 de los empresarios asociados a esas empresas estaban enredados en la adquisición de 23.000 hectáreas y que, según testigos, lo fueron con apoyo paramilitar. Más aún, Katia Patricia Sánchez, representante legal de una de esas empresas, está casada con Hernán Gómez, íntimo amigo y consejero de Carlos Castaño.

Las tierras de Curvaradó y Jiguamiandó fueron declaradas territorios colectivos basados en la Ley 70 del 93. Pero luego resultaron invadidas a la sombra de la Operación Génesis dirigida por el general (r) Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII, hoy detenido.

Durante mucho tiempo se negó la participación de los paramilitares en la operación. Cinco días después del asesinato de Argenito, El Alemán declaró que, por orden de Castaño, varios de sus hombres participaron en heroicas operaciones conjuntas con los militares que bombardearon y ametrallaron las comunidades de Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho, donde andaba el frente 57 de las Farc.

Según El Alemán, no sólo las Accu aportaron unidades, sino que la Fuerza Pública cumplió el acuerdo de “no entorpecer el avance de las Accu en las zonas donde se estaba realizando la Operación Génesis”. Añadió el jefe paramilitar que Maderas del Darién, una filial de Pizano S.A., que durante muchos años se ha beneficiado de concesiones para la explotación de maderas y en particular del cativo —especie en extinción—, colaboraba con los paramilitares, inclusive con aportes en dinero. Las versiones de Macaco y H.H. son, asimismo, piezas sustanciales de un expediente de más de 9.500 folios sobre por lo menos 1.700 crímenes perpetrados en Jiguamiandó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, y que siguen hoy, 13 años después, en la total impunidad.

El neoparamilitarismo

De todos estos hechos no se puede hablar en pasado, sino en presente histórico. En el nivel nacional las investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris demuestran que el neoparamilitarismo está en pleno crecimiento. Si en 2008 había 250 municipios con presencia de los nuevos grupos, en 2009 eran ya 300 y el número de integrantes se aproximaba a 11.000 efectivos. “Se diferencian de la anterior generación de paramilitares en que aún no tienen una estructura nacional que los cobije a todos”.

Según la revista Semana, desde 2008 las Autodefensas Gaitanistas “instalaron hombres vestidos de civil en los territorios de propiedad de afrocolombianos e indígenas para vigilar los movimientos de los líderes, básicamente, y evitar cualquier intento de organización de la gente”.

Las víctimas

A medida que la gente se organiza para defender sus derechos, las muertes ejemplarizantes han ido en aumento: Benjamín Gómez, muerto en Caño Manso; Chemita, asesinado en Cacarica; Walberto Hoyos, asesinado el 14 de octubre de 2008. Todas las víctimas han encabezado procesos jurídicos para recuperar tierras de las que habían sido desplazados en Curvaradó y Jiguamiandó. La Fiscalía está investigando 23 compañías palmicultoras por haber ocupado territorios colectivos ancestrales de manera arbitraria y violenta.

Al conflicto de tierras, que ha sido ampliamente conocido por la opinión pública, hay que sumar el proyecto de construcción del tramo de la carretera Panamericana, entre Lomas Aisladas y el Alto de Letras, que supone no sólo el atropello a zonas declaradas reservas de la biósfera y patrimonio de la humanidad —como el Parque Catíos—, sino el desplazamiento de comunidades indígenas.

Según Naciones Unidas, entre 1996 y 2002 han sido asesinados 997 indígenas de los pueblos Emberá Catío y Dobidá del municipio de Acandí, por donde atravesaría la vía; entre 2004 y 2007, los indígenas asesinados han sido 519, y los desplazados, 30.000. La valorización de las tierras de la región, gracias al anuncio del proyecto, ha tenido ese terrible efecto.

Hay que agregar que en el Urabá chocoano muy conocidos paramilitares como los Castaño y los Builes poseían haciendas, tierras que Estupefacientes e Incoder han prometido expropiar y distribuir entre las víctimas del conflicto sin que esa elemental medida se haya podido llevar a cabo. Por el contrario, dirigentes campesinas, como Yolanda Niño y Ana Isabel Gómez, que encabezaban las demandas fueron asesinadas.

Argenito fue enterrado con lágrimas secas. Llorar está prohibido, otra forma de la ley del silencio.

Los ‘paras’ y la mafia de la madera

A los litigios por tierras hay que sumar la explotación de la madera, negocio hoy controlado por el neoparamilitarismo. Sobra decir que Chocó es uno de los bosques húmedos más importantes del planeta y que su riqueza maderera proverbial ha sido explotada desde los años 50. Existen identificadas y clasificadas más de 8.000 especies vegetales, de las cuales la asociación cativo —cedro, caoba, roble, ceiba tolúa— es la más perseguida.

Hoy se sacan de la selva chocoana más de un millón y medio de metros cúbicos de todo tipo de maderas. El 75% de ese volumen corresponde a los cativales que, como se sabe, cumplen una función ambiental decisiva: mantienen el cauce de los ríos y regulan los nutrientes de la vida acuática. La madera ha sido explotada por grandes empresas como Pizano y Comercializadora de Maderas del Chocó, mediante concesiones hechas por diferentes gobiernos. Greenpeace tiene la sospecha de que muchos de los contratistas de esas empresas estuvieron asociados al paramilitarismo. Hoy no hay duda de que el neoparamilitarismo tiene en la explotación maderera una gran fuente de financiación y, en esta medida, controla el negocio. Y Codechocó continúa otorgando licencias y licencias.

Por: Alfredo Molano Bravo /
Tomado de: Especial para El Espectador