Como despedida del gobierno uribista, el nivel de pobreza es el mismo desde 2008. Afecta al 46 por ciento de la población, y la pobreza extrema llega a un 17,8. Una muestra apenas de que en los ocho años de Uribe el social fue el sector más afectado. La situación de los hospitales y la crisis estructural de la salud son lo más grave. El desempleo alcanza el 12,8 por ciento y la Corte Constitucional declaró en peligro de extinción a 32 de los 102 pueblos aborígenes. La posibilidad de que un joven muera asesinado en Colombia es cinco veces más alta que el promedio de América Latina.Son 29 millones de personas las que viven en extrema pobreza y que conforman los niveles 1 y 2 del Sisben. En consecuencia, dos de cada tres colombianos padecen esta crítica situación. Y cuatro de cada cinco trabajadores devengan menos de dos salarios mínimos legales. Dado el caro valor de la canasta familiar, para los estratos socio-económicos bajos, la capacidad de compra del salario mínimo legal en Colombia es de tan solo un 47 por ciento. Ni con dos salarios mínimos, el trabajador puede satisfacer los requerimientos básicos de su familia.
El despojo de reivindicaciones, con deterioro en el mercado de trabajo, y los problemas derivados de la pobreza y la indigencia, resumen la problemática social. La violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es de carácter estructural y está generalizado en Colombia.
Los 29 millones de pobres, de los cuales nueve son indigentes, no tienen garantizados sus derechos a trabajo digno, vivienda, educación, alimentación, recreación y seguridad social. En contraste, las transnacionales, los grandes empresarios y banqueros son beneficiados con exenciones y subsidios. La iniquidad y la exclusión se constituyen en los principales obstáculos para sembrar en el país una cultura de derechos humanos, democracia, justicia y desarrollo sustentable que posibilite poner fin a un conflicto ya crónico.
Los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, la población rural y los trabajadores constituyen las principales víctimas de la exclusión y la violencia de este régimen. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país mantiene la misma pobreza desde 2008, y eso, gracias a la caída de los precios de los alimentos –por la sobreoferta interna que ocasionó la ruptura de relaciones con Venezuela. Los dos gobiernos de Uribe apoyaron la concentración de la riqueza como nunca antes.
Según la reciente medición de la concentración del ingreso por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el valor del Gini para Colombia es de 59,2 (estadística que mide la desigualdad, entre 0 y 100, y el 0 significa la igualdad absoluta –todos los habitantes del país tienen una riqueza similar–, y el 100 la desigualdad absoluta). Es decir, andamos como el país de mayor iniquidad en el continente americano. Por encima de los Estados Unidos (40,8), México (46,1), Venezuela (48,2), Costa Rica (49,8) y Guatemala (55,1).
A comienzos de la década de 1980, el porcentaje del valor agregado apropiado por los trabajadores en el PIB era del 44 por ciento. Un porcentaje que viene en caída acelerada. En el 2000, esta participación fue de 36,5 y en 2009 tuvo su nivel más bajo: 32 por ciento. De este modo, en las tres últimas décadas, los asalariados perdieron 12 puntos en la apropiación de la riqueza que el país produce.
Elocuentes cifras
Según las cifras del Dane, la tasa de desempleo es de 12,8 por ciento. En febrero de 2010, la población ocupada fue 18,9 millones; la desocupada 2,7 millones, y la inactiva 13 millones de personas. La posición ocupacional que registró mayor participación durante el trimestre móvil diciembre 2009-febrero 2010 fue el trabajador por cuenta propia (43,5%). El empleo se concentra en las actividades más precarias e inestables: comercio, restaurante y hoteles cubren el 27,1 por ciento del total de puestos de trabajo. La combinación de estos dos factores explica la actual tendencia a la precarización del mercado de trabajo colombiano:–según el Dane, de cada 100 trabajadores ocupados, 58 son informales, esto es, cerca de 11 millones. En resumen, un relativo 63,4 por ciento de la población económicamente activa, 13,7 millones de quienes viven de vender su fuerza de trabajo, sufren la exclusión o la mala calidad laboral.
A su vez, ninguna institución o sector social quedó por fuera de la voracidad, intereses y propiedad del capitalismo: la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, la energía, el agua, el saneamiento básico y el medio ambiente. A contrapelo de la Constitución, durante la última década, el sector social es objeto de la más implacable privatización. De la transformación en la lógica de su funcionamiento y colonización por parte del capital nacional y transnacional. La perspectiva de derechos es reemplazada por el de mercancías y riesgo, y la prestación de los servicios sociales se desvaneció en el ilusorio sistema de “aseguramiento”.
En general, la política social durante el dominio Uribe se caracterizó por el asistencialismo y el populismo, a fin de cooptar políticamente a la población más vulnerable, hacerla depender de los intereses del gobierno, sin intentar una superación de los problemas de exclusión e injusticia que campean en Colombia.
En relación con el enfoque poblacional, Uribe desestimó la perspectiva de derechos. Contrario a la justicia básica de la política social, prefirió beneficiar a los más ricos (por ejemplo, a través de Agro Ingreso Seguro). En este largo período de la vida nacional, se profundizó la brecha entre varones y mujeres en cuanto a la incidencia de la pobreza y la indigencia. La desigualdad en el ingreso percibido por unos y otros también se incrementó. Con igual nivel educativo, las mujeres ganan menos que los hombres.
La perspectiva de represión que reemplazó a la de derechos durante los gobiernos de Uribe ha representado el encarcelamiento de una alta cantidad de jóvenes: de los 78.000 presos actuales (población que se duplicó en estos últimos ocho años), un 80 por ciento tiene edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. Pero los adolescentes no escapan de esta situación; debido al nuevo Código de la Infancia, que criminaliza a los pobres. En 2009, según la Dirección de Protección y Servicios Espaciales de la Policía Nacional, el número de menores de edad (entre 14 y 17 años) capturados por la comisión de delitos fue de 22.000.
Finalmente, en el período 2002-2010, la prioridad del régimen uribista fue el gasto militar para incrementar la guerra y reprimir la sociedad: en 2002, estos gastos representaban un 4,8 por ciento del PIB y aumentaron al 5,6 en 2010, sin incluir los recursos estadounidenses para el ‘plan Colombia’. Su objetivo, por tanto, no era acabar con la pobreza sino con los pobres. Cómo no, si el gasto social registró un exiguo crecimiento en relación con su participación en el Producto Interno Bruto: de 10,1 por ciento pasó a 11,9 por ciento (en 1996 había alcanzado el 16 por ciento). En América Latina, este promedio es de 17 por ciento.
* Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Consultor, investigador y escritor independiente. Catedrático de la maestría en Derechos Humanos de la UPTC; Consultor de Unicef para la Política de Juventud de Colombia; Asesor de la Política Pública Departamental de Juventud de la Gobernación de Cundinamarca; Consultor del IGAC-MinAmbiente en la Zonificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.
La educación quedó en camilla
En educación, la cobertura neta de básica llegó a 92,4 por ciento, en tanto que a la educación básica y media asisten 11 millones de estudiantes. Sin embargo, mientras en el rango de edad de 13-17 años, la proporción de adolescentes incorporada a la educación llega a un 80 por ciento, entre los 18 y los 22 años desciende a 55, y sólo a 50 entre los 23 y 26 años.
Si bien la cobertura en educación superior aumentó, de un 20,6 por ciento en 2002 a un 33,3 incluidos los estudios técnicos, tecnológicos y profesionales; en 2008, la deserción hacia el final de los programas de estudio alcanzó el 50 por ciento. En otras palabras, sólo uno de cada tres colombianos inicia algún estudio después de terminar el bachillerato. Y apenas, el 16 por ciento logra culminarlo. Varias razones explican esta deserción: la primera, y más grave, es el bajo nivel académico de la educación básica y media. Las otras causas se asocian con temas económicos: hogares con ausencia de ingresos para pagar los costos o los programas de financiamiento (becas y créditos).
Los problemas de calidad y pertinencia de la educación son de índole estructural. En pruebas internacionales como PISA, que mide la capacidad para analizar, razonar, comunicarse, examinar, interpretar y resolver problemas, Colombia ocupó en 2007 el puesto 53 entre 57 países. Respecto al Sena, la universidad de los pobres, aumentó los cursos y cupos de 50.000 a 200.000, pero no en educación formal, ya que la mayoría es de cursitos de corta duración.
El colapso del sistema de salud
En el marco de esta crítica situación que viven trabajadores y sectores populares, el sistema de salud se encuentra colapsado financieramente debido a las altas tasas de ganancia de las EPS (intermediarias de los servicios de salud), la baja participación de quienes pertenecen al régimen contributivo y el no pago de los seis billones de pesos que el Gobierno adeuda al sistema, y deja por fuera a un 15 por ciento de la población.
De los 40 millones cubiertos, en el régimen subsidiado se encuentran 22,8 millones de personas y en el contributivo 17 millones (de los cuales sólo ocho aporta; el resto es de familiares). Un reflejo del desempleo, la precariedad del empleo y los bajos ingresos de la mayoría de los trabajadores. El aumento en la cobertura de salud se logró a costa de la calidad del servicio. Los usuarios deben recurrir a las acciones de tutela para lograr medicinas y tratamientos que el Plan Obligatorio de Salud les niega. En 2008 se interpusieron 142.957 tutelas.
Los pueblos indígenas en la mira
Los pueblos indígenas han padecido de igual manera el terrorismo del Estado. Entre 2002 y 2009 sufrieron el asesinato de más de 1.200 integrantes, 176 desapariciones forzadas, 187 violaciones sexuales y torturas, 633 detenciones arbitrarias, más de 5.000 amenazas y 84 ejecuciones extrajudiciales, según reportes y pronunciamientos oficiales como el de Esta persecución tiene su origen principalmente en el interés de despojar a estos grupos étnicos de sus territorios; objetivo de las transnacionales mineras para instalar allí sus macroproyectos bajo la complacencia del Gobierno.
La juventud y el odio del Gobierno
Los jóvenes han sido los más odiados por el régimen uribista. En 2010, la situación juvenil atraviesa su peor crisis desde la década de 1960, cuando se iniciaron las políticas de juventud en Colombia.
Ante la desinstitucionalidad social y política que vive el país, los jóvenes son gravemente afectados: son las principales víctimas de la violencia y el conflicto armado, pero también resultan excluidos de los sistemas de protección social, de la educación y de los procesos de desarrollo. En el país, sólo un 56,7 por ciento de los jóvenes de 14 a 26 años está afiliado al sistema de seguridad social; en consecuencia, cuatro de cada 10 jóvenes no cuentan con esta protección. De otra parte, el contrato informal prevalece en los vínculos laborales de los jóvenes: a la tercera parte de los trabajadores de le violan sus derechos laborales. Según el Dane, la tasa de desocupación de los jóvenes entre 14 y 26 años, a febrero de 2010, es del 22,7 por ciento. La crisis se origina y se manifiesta con mayor fuerza en el nivel nacional.
El prometido “Plan Decenal de Juventud 2005-2015 nunca se llevó a la práctica. Tampoco, concretó el Documento Conpes, que buscaba coordinar y dar directrices sobre el Sistema Nacional y la Política de Juventud. Peor aún, la grave recesión económica golpea con mayor fuerza a los jóvenes, tanto por el lado del desempleo como con la caída de ingresos y la precarización en los puestos de trabajo.
Violencia y “falsos positivos”. Uno de los más graves problemas que afectan a la población juvenil es la violencia. En 2009, de los 17.565 homicidios reportados por Medicina Legal (aumentaron en 15,2 por ciento respecto a 2008), el 60 por ciento tuvo como víctimas a los jóvenes. Otro de los graves problemas que afrontan, es el de los mal llamados “falsos positivos”. Philip Alston, relator de las Naciones Unidas que recientemente recabó testimonios sobre la matanza de jóvenes, presentó un informe en el cual concluye que “los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate suman los 1.800” (ver mapa).
Represión penal. A todo lo anterior se le suma la serie de proyectos de ley que impulsa el Congreso contra la juventud colombiana y que tienen el mismo espíritu de restricción de libertades y castigo, que inspiró la creación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en el marco del nuevo Código de la Infancia y Adolescencia1 y la Ley de Pequeñas Causas Penales2. Como resultado, se castiga con cárcel el hurto en sus diversas formas, conducta que se incrementa en la población joven mayor de 18 años, perteneciente a estratos socio-económicos bajos. El más protuberante proyecto de ley es el que prohíbe la circulación de jóvenes a partir de una hora determinada (“toque de queda para menores”), que se tramita en el Congreso de la República como Proyecto de Ley 145 de 2008 Senado. Otra iniciativa se dirige a las llamadas “barras bravas” (Ley 1270 de 2009). Finalmente, tenemos el Acto Legislativo número 2 del 17 de diciembre de 2009, que sin alternativa médica y de un nuevo contexto sicológico y social prohíbe la dosis personal.
En el Congreso cursa el Proyecto de Ley por el cual “se expide el Estatuto de Juventud y se dictan otras disposiciones”, resultado de acuerdos parlamentarios sin consulta ni participación juvenil. Este Estatuto de la Juventud reedita la cosmovisión que sobre el sector mantienen los grupos de poder en Colombia: asistencialismo, cooptación política, fuerza de trabajo funcional a las nuevas condiciones de explotación laboral e involucramiento en el conflicto armado. Peor aún, en el artículo 57 se desmontan los escasos avances concretos de la legislación que favorece a la juventud colombiana: “La presente Ley (Estatuto) rige a partir de su sanción y publicación, y deroga en su totalidad la Ley 375 de 1997”.
1 Ley 1098 de 2006.
2 Ley 1153 de 2007, considerada inexequible por la Corte Constitucional.
Por: Libardo Sarmiento Anzola
Tomado de: desdeabajo.info
