LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA HACE LA VISTA CIEGA AL PARAMILITARISMO QUE DESDE HACE RATO PENETRÓ LA INSTITUCIÓN

En los últimos días, algunas instituciones gubernamentales y diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como locales, han registrado varios artículos, posiciones y declaraciones frente a la problemática que se vive en la Universidad de Antioquia.

Los ejes que se plantean como problemáticas, son: el expendio y consumo de drogas, los atracos a mano armada, supuestas violaciones sexuales al interior de los baños de mujeres, presencia de los venteros informales y las acciones de protesta de algunos estudiantes. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones sobre este tema evaden o pretenden ocultar el problema real que afronta la Universidad: la expansión del proyecto paramilitar que desde hace rato penetró al interior de este centro educativo, y no sólo de ésta, sino de la mayoría de las universidades públicas del país.

La Universidad de Antioquia tiene en su historial diferentes episodios relacionados con la interferencia paramilitar en el Alma Mater. Para sustentar lo anterior, están las amenazas, los acosos, las agresiones, los encarcelamientos y los asesinatos de que son víctimas estudiantes, profesores, trabajadores sindicalizados y defensores de derechos humanos que hacen parte de la institución, como son los casos del profesor asesinado Hernán Henao, el asesinato del estudiante y reconocido líder estudiantil, Gustavo Marulanda y la arbitraria privación de la libertad de Wiston Gallego Pamplona, abierto defensor de los derechos humanos en Medellín.

Igualmente, está la aparición de listas y sufragios que amenazan la vida de algunos profesores y estudiantes, que son obra de grupos paramilitares que ya penetraron el claustro universitario, como la del segundo semestre del 2005, cuando empezó a circular una lista negra con el nombre de 15 personas a las que las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, amenazaban con asesinar; o como la de marzo de 2009, que esta vez amenazaba a 30 estudiantes, muchos de ellos activistas estudiantiles, y estaba firmada por el Bloque Antioqueño de las Autodefensas.

Y ahora, en lo que va del año, aparecen dentro de la institución atracadores, los cuales robaron un computador portátil del Instituto de Estudios Políticos y a un
estudiante que trabaja en las burbujas de café y que al parecer llevaba 2.JPGconsigo el dinero de las ventas, ambos asaltos fueron cometidos a mano armada y los autores llevaban la indumentaria que suelen llevar los estudiantes que se encapuchan cuando van a realizar una protesta; lo preocupante del asunto es que la administración universitaria, por medio de sus comunicados, enviados a los correos electrónicos de toda la comunidad universitaria, dejó la sensación que estos actos de vandalismo eran cometidos por los mismo “encapuchados” que desde hace décadas y generación tras generación, hacen presencia en la universidad pública para protestar o pronunciarse. Sin prueba alguna y de manera tácita se culparon a estos estudiantes, sólo con el fin de agudizar la estigmatización que se ha levantado sobre el uso de la capucha.

Sin embargo, una vez fue desarticulada la banda de 10 atracadores, tal como lo informó el periódico El Mundo, el pasado 11 de abril (Ver artículo), y que de acuerdo con las declaraciones de Martiniano Jaime Contreras, vicerrector general de la Universidad de Antioquia, “eran personas al interior de la universidad que actuaban como una organización. Se hizo un trabajo interno de vigilancia, de seguimiento y de control y se logró capturar a estas personas que eran contratistas”, esto no se informó de igual manera a toda la comunidad universitaria y, hasta ahora, la Vicerrectoría General de la institución no ha revelado el nombre de la empresa contratista a la que pertenecían los asaltantes, ni se ha pronunciado acerca de las medidas que se adoptaron frente a ésta, y aún se desconoce si se le inició un proceso penal o si por lo menos se la abrió algún proceso disciplinario. Inclusive, siendo conocedores de quiénes son los atracadores, siguen haciendo públicas cartas abiertas a nombre de estudiantes, como la que reposa a un costado de la biblioteca central, donde se trata con ambigüedad el tema y sólo pretenden reproducir el ambiente de inseguridad en la universidad.

La administración de la universidad, de manera poco objetiva, pretende reunir todas las problemáticas de la universidad en un solo nivel, como si el el consumo de drogas tuviera algo que ver con una protesta política, con una empresa contratista que en su interior tenía una banda de atracadores o con una agresión sexual.

Las agudización de los problemas de orden público que ha vivido el Alma Mater, casualmente se han presentado en los mismos momentos en que la universidad ha vivido coyunturas políticas: la amenaza de las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, coincidió con la movilización del segundo semestre del año 2005 que estaba realizando la comunidad estudiantil para lograr la libertad de los estudiantes que estaban arbitrariamente detenidos en la cárcel de Bellavista, que fueron capturados luego del incidente del 10 de febrero del mismo año: la explosión al interior de la institución durante una protesta de los estudiantes; cuando surge el Bloque Antioqueño de las Autodefensas, los estudiantes de la UdeA marchaban y se movilizaban en contra del Plan Nacional de Desarrollo y del poco presupuesto para la educación pública; y ahora la inseguridad que se ha propiciado en la universidad coincide con la nueva carnetización que se quería implementar, la cual no fue consultada con la comunidad de la institución y que al parecer es abiertamente rechazada. Los carnet electromagnéticos, así como las cámaras de seguridad, no son más que medidas de control social para mantener bajo vigilancia el actuar y la locomoción del estudiantado en general, como si al interior del Alma Mater se quisiera imponer un Estado policivo, no se explica de otra forma las declaraciones del rector Alberto Uribe que recogió Colprensa el pasado 3 de mayo (ver artículo), donde éste anunciaba: “Se está estudiando la posibilidad de retirar la malla que rodea al plantel para así facilitar el acceso y control de las autoridades”.

Ahora bien, si el problema es la venta y consumo de alucinógenos, es inexplicable que gran parte de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, la mayoría de ellos no consumidores, reconozcan a los expendedores de drogas, es decir, a los “jibaros” que suelen ubicarse en “El Aeropuerto”, pero nadie de la seguridad privada, que incluso permanecen en una portería frente a la zona, ha logrado identificar a alguno.

El asunto de las drogas no es nuevo y no se les ha salido de las manos a la administración universitaria, lo que pasa es que “El Aeropuerto” se ha convertido en la plaza más grande y más cómoda para la venta y el consumo de drogas, y como bien es sabido, todas las plazas de la ciudad son controladas por paramilitares, y la de la Universidad de Antioquia no es la excepción, por esta razón no hay un serio interés de acabar con esta problemática, porque obedece a estructuras más grandes y complejas del paramilitarismo.


La problemática de la Universidad de Antioquia parece más una puesta en escena para justificar una militarización de la institución, el control policial y el afianzamiento del proyecto paramilitar en la misma. Se supone que la universidad cuenta con su esquema de seguridad, tiene una vigilancia privada a cargo de la empresa Miro Seguridad, pero el actuar de ésta ha sido ineficiente, y muchas veces ha quedado la sensación que esa ineficiencia es programada, obedeciendo a algún interés.

Y para terminar, por qué la administración de la universidad no se ha pronunciado ante el artículo que publicó El Espectador el pasado 17 de abril, que hacía referencia a los hermanos Carlos Mauricio y Juan Rodrigo, ambos jefes paramilitares, donde se informaba que este último, el cual fue “asesor de Carlos Castaño Gil, en las postrimerías de su comandancia, y de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, durante el proceso de desmovilización del bloque Élmer Cárdenas”, también fue coordinador de un seminario de democracia y paz de la Universidad de Antioquia, que fue dirigido por Alfonso Monsalve Solórzano, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas desde noviembre 1989 hasta enero 1991 y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de enero 1991 a febrero 1994.

Según la confesión de Juan Rodrigo García, el ex director del DAS, señalado como el cerebro detrás de las “chuzadas” de este organismo, José Narváez, a través de una fundación que lideraba, le giró a Monsalve 2.000 dólares mensuales durante su estadía en España y desde entonces, tal como lo dice El Espectador, Juan Rodrigo García “sospechaba que actividades académicas de la Universidad de Antioquia podían ser parte de actividades de inteligencia del Ejército”.

Así mismo, García también confesó que en una reunión que sostuvo con Narváez y Carlos Castaño, en una finca de este último, días después del asesinato de Jaime Garzón, se analizó una lista de personas a asesinar en dado caso que la guerrilla reaccionara, lista en la que figuraba la investigadora y docente de la U. de A., María Teresa Uribe

Por qué la administración universitaria no se ha manifestado al respecto, teniendo en cuenta que Monsalve ha ocupado altos cargos directivos durante la actual administración, fue director del Instituto de Filosofía de la Universidad desde diciembre de 2003 a diciembre de 2005 y vicerrector de Investigación de la institución desde enero de 2006 hasta febrero de 2009. Por lo tanto, qué pretende encubrir la Universidad de Antioquia con el silencio que está guardando. Cuándo se va a iniciar una investigación seria sobre la penetración paramilitar en dicha institución.

Aparentemente, no existe una voluntad real de parte de la administración de la Universidad de Antioquia para pronunciarse sobre la verdadera problemática que es la penetración paramilitar en este centro educativo, tampoco para solicitar que se investiguen las posibles vinculaciones que puedan tener miembros de la comunidad universitaria con el paramilitarismo, ni para iniciar las debidas investigaciones disciplinarias que den a lugar en el mismo sentido, quedando todo en la impunidad tal como ocurrió con el actual rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho, del cual se conoció una conversación que sostuvo con alias “Felix” en donde el rector le aseguraba al paramilitar que le conseguiría una lista de trabajadores y líderes estudiantiles, los cuales serían asesinados bajo el “plan pistola” (Escuchar conversación).

La Corporación Jurídica Libertad hace una llamado a la administración de la Universidad de Antioquia para que se pronuncie sobre los hechos aquí detallados, a que inicie una investigación que permita tomar las decisiones y medidas para desmantelar el proyecto paramilitar en el Alma Mater, a que revele el nombre de la empresa contratista involucrada con los atracos al interior de la institución y, finalmente, hace un llamado general a que se respete la vida, la integridad y la libertad de los estudiantes, profesores y trabajadores que ejercen la crítica y hacen uso de su derecho a la disidencia política.

Comunicaciones CJL
2 de junio de 2010


Tomado de: cjlibertad.org

Los paramilitares también tenían hornos crematorios de víctimas en Antioquia

Los paramilitares pusieron en práctica la sistematicidad del horror en diversas regiones del país.

“(…)Lo echaron vivo ahí(…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.

Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros paramilitares aporten más información.

La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.

De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias ‘el iguano’, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.

En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y “la quemaban” para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.

No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.

Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.

Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.

“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", le confesó el ex paramilitar a los investigadores.

Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos”.

A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: “La idea del horno la dio ‘Doblecero’ y la materializó Daniel Mejía”.

Para esos años, Mauricio García, alias ‘Doblecero’, era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, se había integrado al bloques Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.

“De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado”, dijo el ex paramilitar. “Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos ‘palos’ (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.

Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. “Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca”.

Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: “la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial”.

Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: “la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno".

Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: “cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran”.

Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. “A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince”.

Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para “personalidades solamente”.

Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante Julio Cesar Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.

“De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno”.

Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias ‘Danielito’, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.

“Él fue víctima de su propio invento”, dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. “A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno”. Una noche me llamó un amigo y me dijo ‘se tragaron a Daniel, el patrón’, y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno”.

Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.

Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.

La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.

Por: verdadabierta.com
Tomado de: prensarural.org

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Los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander [2009]



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Informe Especial: CAMBIO conoció los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander.

Tomado de: cambio.com.co

Voces de la violencia Antisindical en Colombia: 9 testimonios de víctimas de la Estrategia Estatal y multinacional

testimonios de 9 de las víctimas de una Estrategia de muerte a sindicalistas, que busca acallar la reivindicación social: II Encuentro Nacional de Víctimas de la Violencia Antisindical, febrero 2010
A continuación se presentan los testimonios de nueve de las víctimas que en los últimos años ha dejado la violencia contra sindicalistas en Colombia, los cuales fueron escuchados en una de las sesiones del II Encuentro Nacional de Víctimas de la Violencia Antisindical en Colombia, organizado por la CUT y la ENS en Medellín los días 4 y 5 de febrero pasado.

9 de cada 10 militantes sindicales que son asesinad@s en el mundo son de Colombia y caen a manos de la patronal, ya sea a través de su herramienta paramilitar o del Estado a su servicio

Aidé Moreno

En los últimos 16 años vio caer asesinados a manos de sicarios paramilitares a su esposo (Evaristo Amaya), a su madre y a un hermano. Los tres eran miembros del Sindicato Agrario del Meta.

“Yo nací y me crié en el campo, lo mismo que mi esposo Evaristo Amaya, un hombre que fue ejemplar durante toda su vida, pero desafortunadamente los enemigos de la paz lo asesinaron. Yo quedé viuda con un hijo de 5 años y con 4 meses de embarazo. Cuando empezaron los asesinatos de dirigentes sindicales en el Meta yo pensé que no nos iba a tocar a nosotros, pero cuando empezamos a ver motos rodeando la casa con hombres armados, ya sí vimos la muerte cercana. Mi esposo tuvo la valentía de decirme un día: Negra, a mi me van a matar, tiene que ser conciente de eso porque sino a usted también la matan. Cuando lo asesinaron, en 1994, yo pensé que de ese golpe no iba a levantarme, pero me levanté y ahí empezó mi pelea con la Fiscalía y el DAS para que esclarecieran el crimen. Fue inútil.

No sólo no lo investigaron sino que se nos vino otra tragedia encima: el 30 de septiembre del 2000 asesinan a mi mamá, que era líder en la vereda, defensora de los campesinos, miembro de la Unidad de Mujeres Demócratas y militante del Partido Comunista y del Sindicato Agrario. La mataron por denunciar los atropellos que nos hizo la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, que nos mataron un cerdo, tirotearon la casa y se llevaron unas motosierras. La mataron dos paramilitares en la sala de su casa, en presencia de mi hijo de 4 años, hecho en el que también murió el esposo de una sobrina mía. Por eso el Gobierno no puede decir, como lo ha dicho, que el crimen fue una equivocación, que no iban por ella. Cuatro años después, todavía sin reponernos de la muerte de mamá, asesinan a mi hermano Oscar, estudiante universitario y también miembro del sindicato agrario del Meta. Dos hombres llegaron a su casa y lo asesinan frente a su esposa, que por eso quedó afectada sicológicamente. Este crimen lo denunciamos a la OIT, pero perdimos el caso porque, según la justicia, mi hermano nunca denunció que lo iban a matar y por tanto no había cómo adelantar el proceso. Sin embargo nosotros seguimos en la lucha por esclarecer los crímenes contra mi familia, por lo que fuimos amenazados tuvimos que salir desplazados para Bogotá. Pero allá también recibimos amenazas y nos tocó cambiar varias veces de casa. Esta lucha mía por tratar de que estos crímenes no queden impunes, me ha llevado a denunciar los hechos en muchos estrados nacionales e internacionales, e incluso en el Senado de la República. Porque no nos podemos callar, ya que somos muchos los que vivimos la misma tragedia”.

Margarita Escobar

Esposa de Eliécer Valencia Oviedo, docente y presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, asesinado en Tulúa el 21 de agosto de 2004. Le sobreviven 3 hijos.

“Mi esposo era un hombre de prestigio y muy querido por la gente, porque le ayudaba mucho a la comunidad. Tenía 47 años cuando lo asesinaron, 26 de ellos como educador en el Gimnasio del Pacífico de Tulúa. También era profesor de cátedra en la Universidad del Valle. Había sido declarado objetivo militar por los paramilitares por no comulgar ni estar de acuerdo con los atropellos y las injusticias, por luchas que había liderado en el pueblo por mejores servicios públicos, salud y en el tema de los desplazados, y por las denuncias que hacía en los medios locales por hechos de corrupción en el municipio. Justo el día en que lo asesinaron había hecho su última denuncia. Fue acribillado por sicarios en la puerta del apartamento donde vivíamos. El caso lo investigó un fiscal de Derechos Humanos y pasó luego al Juzgado 56 de Bogotá, que a mediados del año pasado dicto sentencia condenatoria contra los paramilitares Elkin Casarrubio y Ever Velosa, que confesaron el crimen. También obligó a indemnizar a la familia, pero hasta ahora yo no he reclamado nada porque no sé cómo es el proceso de indemnización, por eso busqué la ayuda de la CUT. Yo sé que no hay plata en el mundo con que reparar el dolor y el daño que nos causaron, pero me parece injusto que si ya se esclareció el crimen el gobierno lo repare, aunque sea con plata. También estoy promoviendo un acto por la memoria de mi esposo en la plaza de Tulúa, para reivindicar y limpiar su nombre, porque por mucho tiempo se mantuvo la versión de que fue asesinado por lío de faldas, y ya se sabe que lo mataron los paramilitares por ser sindicalista y líder social”.

Ulises Rengifo

Miembro de Sintraestatales en el departamento de Cauca. Fue víctima de secuestro con fines homicidas por parte de un grupo paramilitar. La movilización de sus compañeros le salvó la vida.

“El 24 de noviembre de 2004, siendo funcionario en los talleres editoriales de la Gobernación del Cauca, fui abordado por tres hombres con distintivos del CTI. Llegaron a mi oficina y me dijeron que necesitaban aclarar una querella que había contra mí. Ya dentro del carro en el que me llevaron, un auto rojo con vidrios polarizados, se quitaron los distintivos y me dijeron que no eran del CTI sino paramilitares. Usted es un jefe guerrillero y lo vamos a matar, me dijeron. Mi intención inmediata fue volarme, pero me doblegaron, me esposaron y me taparon la cabeza con un trapo. No había avanzado el carro tres cuadras cuando, no sé por qué, se devolvió en contravía, paró un momento y uno de los hombres salió. Eso me salvó la vida porque un compañero de la oficina me alcanzó a ver adentro con la cabeza tapada, y de inmediato lanzó la alerta. Los hombres me llevaron a una casa en las afueras de Popayán y durante cuatro horas me torturaron dizque para que confesara, mientras por un radio hablaban con un jefe. Como yo no les respondía nada porque no tenía idea de lo que me preguntaban, escuché que le reportaron al jefe que yo era un guerrillero de verdad, que prefería morirme antes que soltar la lengua. Al rato el jefe llamó por el radio y ordenó que no me hicieran nada, que me soltaran, porque me habían reclamado. De no ser por la bulla que hicieron mis compañeros de oficina, que me buscaron por todas partes, hoy exactamente hubiera cumplido 64 meses de muerto. Sin embargo, a los pocos días me detuvo la Fiscalía arbitrariamente, y para justificar mi detención los agentes pusieron balas de fusil en mi casa, y por ese montaje me vincularon y procesaron. Estuve detenido más de 3 años. Perdí mi trabajo en la Gobernación y ahora estoy desempleado”.

Marta Cecilia Socha Quiroga

Esposa de Benjamín Ramos Rangel, profesor del colegio de Guamal, en el departamento de Magdalena, y presidente del sindicato del municipio. Fue asesinado 19 de febrero de 2005.

“Un antecedente fue que al hermano de mi esposo le asesinaron a su compañera, y a mi esposo lo amenazaron. El tomó muy en serio esas amenazas y por eso le solicitó al rector del colegio de Guamal un permiso especial para no asistir a dictar clases mientras se calmaba el asunto. El rector no aceptó y lo obligó a seguir dictando sus clases. En vista de esto mi esposo puso un denuncio en la Fiscalía 16 del Banco Magdalena, que se demoró 3 meses para responderle que ese delito no era de su competencia, y reenvió el denuncio a la policía de Guamal, que era la competente para atender el caso. Entre los municipios del Banco y Guamal hay apenas una hora por carretera, pero Adpostal se demoró un mes para entregar ese correo. Cuando la denuncia llegó al comando de policía de Guamal, éste la desapareció, o al parecer se la entregaron a los paramilitares, porque 8 días después lo asesinaron. La Fiscalía se sacó en limpio diciendo que mi esposo había tenido la culpa de su muerte, porque cuando presentó la denuncia por las amenazas que le habían hecho debió haber llenado un formulario en el que solicitara protección. Él no lo llenó porque el funcionario que lo atendió no se lo dio a llenar. Posteriormente la Procuraduría Regional dio un fallo diciendo que la Fiscalía sí tenía la culpa, pero el juez no fue de esa opinión y fallo desfavorable contra la denuncia. Así que el crimen sigue en la impunidad”.

Ana Cecilia Pineda

Hija de José Rogelio Pineda, directivo de Sintraelecol de Caldas, asesinado el 12 de abril de 2002 en el interior de un hotel del municipio de Aranzazu, hecho en el que también fue acribillado Hernán de Jesús Ortiz, vicepresidente del sindicato de educadores de Caldas, Educal.

“Mi papá tenía 42 años cuando lo mataron. No tengo palabras para describir cómo era él, pero sí sé que fue una persona que luchó incansablemente por la causa sindical y supo formar a sus tres hijos. Fue un ejemplo para todos nosotros, y más que padre fue mi amigo. Él había viajado a Aranzazu para participar en un encuentro sindical y se alojó en un hotel, en una pieza vecina a la de Hernán de Jesús Ortiz. Y hasta ese hotel, a bordo de una camioneta y dos motos, llegaron los sicarios que los mataron a los dos. El proceso judicial en Manizales prácticamente se cerró, porque la Fiscalía dijo que no había pruebas. Hay sí un detenido, una persona que algunos testigos vieron acompañando a los sicarios que cometieron el crimen. Pero el hombre, que está detenido por otros crímenes que ha cometido, no quiere hablar del caso de mi papá, dice que fue obra de los paramilitares y que él nada tuvo que ver. Por eso pusimos una demanda internacionalmente, asesorados por abogados de Derechos Humanos. Quiero decir que con la muerte de mi papá la familia se traumatizó por completo. Mi hermano mayor cayó un tiempo en las drogas, pero gracias a Dios se recuperó y ahora estudia en la Universidad de Caldas. Somos tres hermanos y yo soy la mayor, la mano derecha de mi mamá, y soy la que está al frente del proceso judicial y a la espera de que por fin se haga justicia. Porque yo digo que uno tiene un día para nacer y otro para morir, pero no de la forma como me arrebataron a mi papá”.

John Hernán Calderón

Hijo de Dionisio Hernán Calderón, presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Yumbo, asesinado en 1985.

“El mayor pecado que cometió mi papá fue haber defendido a su pueblo, a la clase obrera, ya que en esa época, por acción de los políticos de turno, reinaba la incertidumbre por todas partes, tanto en el pueblo como en la organización sindical. Mi padre libró una dura batallas al interior del sindicato para poder quitar el dominio patronal y convertirlo en un sindicato de clase, independiente. Eso se consiguió porque contaba con una base de trabajadores beligerantes, y de ahí en adelante se convirtió en la piedra en el zapato para las administraciones municipales de Yumbo, y logró conquistas importantes. La ola de violencia y terror que se dio entre los años 1982 y 1985 fue impresionante: asesinatos selectivos de líderes sociales, en algunos de los cuales se comprobó la mano de la policía. A raíz de esto mi padre, como presidente del sindicato del Municipio, en asocio de las juntas de acción comunal de Yumbo, convocó a un cabildo abierto, donde denunciaron con nombre propio a los agentes del Estado involucrados en los asesinatos. Eso le costó la vida: a las siete de la noche del 28 de septiembre de 1985, dentro de nuestra propia casa y en presencia de sus hijos, varios hombres entraron y le propinaron 9 balazos. Nosotros quedamos consternados, no sabíamos qué hacer en ese momento, pues todos estábamos muy pequeños. No pudimos poner demanda por el crimen porque nos amenazaron y nos hicieron seguimientos, tanto que nos vimos forzados a irnos de Yumbo y a estar lejos durante dos años. Volvimos a intentar poner la demanda pero otra vez nos volvieron a amenazar. Ahora el caso está en manos de la Fiscalía y de la justicia internacional, pues hace 6 años lo denunciamos asesorados por Reiniciar, que es una organización de Derechos Humanos”.

Rosa Elena Bernal

Hermana de Olga Ester Bernal, educadora sindicalista desaparecida hace 22 años en el Valle del Cauca, donde en los últimos 10 años han sido asesinados otros 38 educadores. Su cadáver no ha sido encontrado.

“Mi hermana era una mujer íntegra, valiente, comprometida con la lucha sindical, y por eso fue detenida y desaparecida en enero de 1988. Muchos dirán que eso fue hace mucho tiempo, pero es que la memoria no la podemos dejar quieta. Es necesario que nos llenemos de motivos para seguir luchando. Lo que busca el gobierno y este sistema asesino es que nos volvamos insensibles frente a lo que le pasa a cada uno de los seres humanos que luchamos y nos comprometemos con la vida. Si tenemos la piel arrozuda y las lágrimas al borde, es porque todavía tenemos la capacidad de movernos y seguir luchando. Por la connotación que tiene el caso de mi hermana, después de 10 años de lucha a nivel nacional e internacional logramos que la Corte Interamericana sacara una resolución condenando al Estado Colombiano por este crimen. Producto de esta denuncia, del caso se ocupó un fiscal sin rostro que logró demostrar que los autores materiales de la detención y desaparición de mi hermana fueron tres agentes del F-2, e implicó también a Guillermo Julio Chávez Ocaña, comandante en ese momento de la policía de Buenaventura, un personaje que por donde pasó dejó estelas de sangre, como la masacre de Trujillo, Valle. Y aún así llegó a ser el director de inteligencia de la Policía Nacional, responsable de las chuzadas a dirigentes populares y defensores de Derechos humanos. El fiscal sin rostro que investigó el caso logró convencer a uno de los autores materiales del crimen para que denunciara a los autores intelectuales. ¿Pero qué pasó? Le pusieron una bomba en al cárcel de Palmira donde estaba detenido, para que no denunciara. El año pasado se volvió a retomar la investigación del caso, buscando que los autores intelectuales paguen por el crimen, y a raíz de eso en noviembre del año pasado allanaron la casa de mi hermana y la acusaron de ser subversiva. Es lo mismo de siempre: cada vez que se hace una denuncia, inmediatamente dicen que es porque es guerrillero, o auxiliar o por lío de faldas”.

María Victoria Jiménez Salazar

Bacterióloga del Hospital de Santafé de Antioquia, dirigente del sindicato Anthoc en este municipio, y también integrante de la Junta Directiva del hospital en representación del cuerpo médico. Sobrevivió a un ataque de dos hombres que la apuñalearon.

“Yo nunca he tenido enemigos, en el pueblo me quieren igual que los compañeros del trabajo. Pero empecé a padecer acosos laborales en mi contra a raíz de una denuncia que hice sobre irregularidades que encontré en la compra de algunos insumos para el hospital que fueron a parar a manos de funcionarios de la dirección del hospital. Un día, cerca de mi casa que queda en una finca cercana al pueblo, vi a dos hombres sospechosos en una moto. Al día siguiente, a eso de la una y media de la tarde, cuando regresaba del hospital y pesé por un parque cercano a mi casa, volví a ver la misma moto con los dos hombres, y esta vez sí alcancé a verles la cara, por lo que arrancaron a toda velocidad. Esa misma tarde me tocó volver al hospital porque me llamaron para que revisara unas pruebas de laboratorio, y eso me ocupó hasta las siete y meda de la noche, hora en que salí y me dirigí hacia mi casa. Pero cuando estaba abriendo el portón de la finca inmediatamente dos tipos se me abalanzaron, seguramente los mismos de la moto porque no alcancé a reconocerlos. Uno me tapó la boca mientras el otro me propinaba lo que yo pensaba que eran golpes. Yo medio me les zafé y empecé a gritar y entonces en la casa, que queda a una media cuadra del portón, los perros ladraron y de la finca vecina también salió gente. Eso me salvó, pero quedé muy herida porque lo que yo creí que eran golpes eran puñaladas que me estaban dando, y además me golpearon muy duro en la cara. Me llevaron de urgencia al hospital, me revisaron y vieron que tenía 7 puñaladas y fracturas en la nariz y en una costilla. Después me mandaron a Medellín a un cirujano plástico porque quedé muy mal. Afortunadamente diez días antes de este suceso había puesto una demanda de acoso laboral en la oficina del trabajo, y eso quedó como antecedente, porque la idea es que eso que me hicieron no quede impune”.

Jorge Sará Marrugo

Hijo de Aury Sará, presidente de la USO en Cartagena, secuestrado, torturado y asesinado en diciembre de 2001 por sicarios de las Autodefensas Unidad de Colombia. Públicamente Salvatore Mancuso y Jorge “40” reconocieron ser los autores materiales e intelectuales del crimen.

“Mi padre era una persona muy querida entre la familia y la gente del barrio en Cartagena, donde, en el momento en el que lo mataron, era presidente del sindicato de ECOPETROL. Era un hombre muy amable y bastante trabajador. Tenía la capacidad de estar metido en muchas actividades a la vez, sin descuidar sus obligaciones con la familia ni en su trabajo ni con el sindicato. Él sabía que lo iban a matar, según se lo contó a mi abuela, o sea la mamá de él, pero trataba de tranquilizarnos a todos. En una ocasión le dijo a mi abuela que él ya se había retirado del sindicato, para que no se preocupara, pero no era verdad. Quizá lo pensó, pero nunca dejó el sindicato, porque él nació para eso, para luchar por los trabajadores. Incluso le molestaba la diferencia de clase que hay en nuestra propia familia, donde los parientes que tienen buenos recursos no ayudan para nada a los que están mal económicamente. Su muerte nos afectó muchísimo a sus hijos, que somos tres: mi persona, que en ese momento tenía 13 años; Catalina, que tenía 8 años y Estefanía, la más pequeña. Por eso sé que un asesinato no sólo puede destrozar una persona sino también una familia, porque después de que a él lo asesinan la familia se dividió más. Por el crimen de mi padre en Cartagena se les abrió juicio a los paramilitares Mancuso y Jorge “40”, pero con la extradición de ellos a Estados Unidos ese crimen va camino de quedar en la impunidad”.

Tomado de: alasbarricadas.org

Recordemos lo sucedido en febrero del 2000 en El Salado, Bolívar.

El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas

En El Salado, durante tres días de febrero de 2000, los paramilitares se dedicaron a arrancar orejas con cuchillos, a ahorcar a las mujeres, a matar con martillos, disparos, puñales, y a degollar a sus víctimas a ritmo de gaitas y tambores. Alberto Salcedo Ramos, nueve años después, visitó este pueblo, "el pueblo de la masacre".

Sucede que los asesinos —advierto de pronto, mientras camino frente al árbol donde fue colgada una de las 66 víctimas— nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos ni en los libros de texto ni en los catálogos de turismo. Porque, dígame usted, y perdone que sea tan crudo, si no fuera por esa masacre ¿cuántos bogotanos o pastusos sabrían siquiera que en el departamento de Bolívar, en la Costa Caribe de Colombia, hay un pueblo llamado El Salado? Los habitantes de estos sitios pobres y apartados solo son visibles cuando padecen una tragedia. Mueren, luego existen.

José Manuel Montes, mi guía, un campesino rollizo y taciturno que se ha pasado la vida sembrando tabaco, asiente con la cabeza. Cae la tarde del sábado, empieza la sonata de las cigarras. El sol ya se ocultó pero su fogaje permanece concentrado en el aire. Mi acompañante cuenta entonces que en este punto en el que estamos ahora, más o menos aquí, en la mitad de la cancha, los paramilitares torturaron a Eduardo Novoa Alvis, la primera de sus víctimas. Le arrancaron las orejas con un cuchillo de carnicería y después le embutieron la cabeza en un costal. Lo apuñalaron en el vientre, le descerrajaron un tiro de fusil en la nuca. Al final, para celebrar su muerte, hicieron sonar los tambores y gaitas que habían sustraído previamente de la Casa de la Cultura. En los alrededores desolados de este campo de microfútbol apenas hay un par de burros lánguidos que se rascan entre sí las pulgas del espinazo. Sin embargo, es posible imaginar cómo se veían esos espacios aquella mañana del viernes 18 de febrero del año 2000, cuando los indefensos habitantes se encontraban apostados allí por orden de los verdugos.

—Casi toda la gente estaba sentada en ese costado —dice Montes, mientras señala un montículo de arena parda que se encuentra perpendicular a la iglesia, a unos veinte metros de distancia.

Hoy por la mañana, al despuntar el día, Édita Garrido me había mostrado esa misma lomita de tierra. Ella, una aldeana enjuta de tez cetrina, también sobrevivió para echar el cuento. Los paramilitares, dijo, llegaron al pueblo un poco antes de las nueve, disparando en ráfagas y profiriendo insultos. Debajo de su cama, en el piso, donde se hallaba escondida, Édita oyó la algarabía de los bárbaros:

—¡Partida de malparidos: párense firmes, que somos los paracos y vamos a acabar con este pueblo de mierda!

—¡Eso les pasa por ser sapos de la guerrilla!

En seguida arrancaron a los pobladores de sus casas y los condujeron como borregos de sacrificio hacia la cancha. Allí —aquí— los obligaron a sentarse en el suelo. En el centro del rectángulo donde normalmente es situado el balón cuando va a empezar el partido, se plantaron tres de los criminales. Uno de ellos blandió un papel en el que estaban anotados los nombres de los lugareños a quienes acusaban de colaborarle a la guerrilla. En la lista, después de Novoa Alvis, seguía Nayibis Osorio. La arrastraron prendida por el pelo desde su casa hasta el templo, acusada de ser amante de un comandante guerrillero. La sometieron al escarnio público, la fusilaron. Y a continuación, en el colmo de la sevicia, le clavaron en la vagina una de esas estacas filosas que utilizan los campesinos para ensartar las hojas de tabaco antes de extenderlas al sol. "¿A quién le toca el turno?", preguntó en tono burlón uno de los asesinos, mientras miraba a los aterrados espectadores. El compañero que manejaba la lista le entregó el dato solicitado: Rosmira Torres Gamarra. Separaron a la señora del grupo, le amarraron al cuello una soga y comenzaron a jalarla de un lado al otro, al tiempo que imitaban los gritos de monte característicos de la arriería de ganado en la región. La ahorcaron en medio de un nuevo estrépito de tambores y gaitas. Luego ametrallaron, sucesivamente, a Pedro Torres Montes, a Marcos Caro Torres, a José Urueta Guzmán y a un burro vagabundo que tuvo la desgracia de asomar su hocico por aquel inesperado recodo del infierno. Uno de los paramilitares amenazó a la muchedumbre: el que llore será desfigurado a tiros. Otro levantó su arma por el aire como una bandera y prometió que no se iría de El Salado sin volarle los sesos a alguien. "Díganme cuál es el que me toca a mí, díganme cuál es el que me toca a mí", repetía, mientras caminaba por entre el gentío con las ínfulas de un guapetón de cine. Hubo más muertes, más humillaciones, más redobles de tambores. Varios tramos de la cancha se encontraban alfombrados por el reguero de cadáveres y órganos tronchados que había dejado la carnicería. Entonces, como al parecer no quedaban más nombres pendientes en la lista, los paramilitares se inventaron un juego de azar perverso para prolongar la pesadilla: pusieron a los habitantes en fila para contarlos en voz alta. La persona a la cual le correspondiera el número 30 —advirtió uno de los verdugos— estiraría la pata. Así mataron a Hermides Cohen Redondo y a Enrique Medina Rico. Después llevaron su crueldad, convertida ya en un divertimento, hasta el extremo más delirante: de una casa sacaron un loro y de otra un gallo de riña, y los echaron a pelear en medio de un círculo frenético. Cuando, finalmente, el gallo descuartizó al loro a punta de picotazos, estalló una tremenda ovación.

Ahora, José Manuel Montes me explica que la mortandad de la cancha era apenas una parte del desastre. El país ha conocido después —gracias a los familiares de las víctimas, a las confesiones de los verdugos y al copioso archivo de la prensa— los pormenores de la masacre. Fue consumada por 300 hombres armados que portaban brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los paramilitares comenzaron a acordonar el área desde el miércoles 16 de febrero de 2000. Mientras estrechaban el cerco sobre El Salado, se dedicaron a asesinar a los campesinos que transitaban inermes por las veredas. No los mataban a bala sino a golpes de martillo en la cabeza, para evitar ruidos que alertaran a los desprevenidos habitantes que se encontraban aún en el pueblo. El viernes 18, ya durante la invasión, forzaron las casas que permanecían cerradas y ametrallaron a sus ocupantes. Cometieron abusos sexuales contra varias adolescentes, obligaron a algunas mujeres adultas a bailar desnudas una cumbiamba. Por la noche les ordenaron a los sobrevivientes regresar a sus moradas. Pero eso sí: les exigieron que durmieran con las puertas abiertas si no querían amanecer con la piel agujereada. Entre tanto ellos, los bárbaros, se quedaron montando guardia por las calles: bebieron licor, cantaron, aporrearon otra vez los tambores, hicieron aullar las gaitas. Se marcharon el sábado 19 de febrero, casi a las cinco de la tarde. A esa hora los lugareños corrieron en busca de sus muertos. El panorama con el cual se toparon era lo más horrendo que hubiesen visto jamás: la cancha que con tanto esfuerzo les habían construido a sus hijos cinco años atrás, estaba convertida en una cloaca de matadero público: manchones de sangre seca, enjambres de moscas, atmósfera pestilente. Y, para rematar, los cerdos callejeros les caían a dentelladas a los cadáveres, corrompidos ya por el sol.

—Mi marido —dijo Édita Garrido esta mañana— ayudó a cargar uno de esos cadáveres, y cuando terminó tenía las manos llenas de pellejo podrido.

Le reitero a José Manuel Montes que mi visita se debe a la matazón cometida por los paramilitares. Si no se hubiese presentado ese hecho infame, seguramente yo andaría ahora perdiendo el tiempo frente a las vitrinas de un centro comercial en Bogotá, o extraviado en una siesta indolente. El terrorismo, fíjese usted, hace que algunos de quienes todavía seguimos vivos, pongamos los ojos más allá del mundillo que nos tocó en suerte. Por eso nos conocemos usted y yo. Y aquí vamos juntos, recorriendo a pie los 150 metros que separan la cancha del panteón donde reposan los mártires. Mientras avanzamos, digo que acaso lo peor de estos atropellos es que dejan una marca indeleble en la memoria colectiva. Así, la relación que la psiquis establece entre el lugar afectado y la tragedia es tan indisoluble como la que existe entre la herida y la cicatriz. No nos engañemos: El Salado es "el pueblo de la masacre", así como San Jacinto es el de las hamacas, Tuchín el de los sombreros vueltiaos y Soledad el de las butifarras. Hemos llegado por fin al monumento erigido en honor a las personas acribilladas. En el centro del redondel donde yacen las osamentas, se levanta una enorme cruz de cemento. La pusieron allí como el típico símbolo de la misericordia cristiana, pero en la práctica, como no hay a la entrada de El Salado ningún cartel de bienvenida, esta cruz es la señal que le indica al forastero dónde se encuentra el mojón que demarca el territorio del pueblo. Porque en muchas regiones olvidadas de Colombia, fíjese usted, los límites geográficos no son trazados por la cartografía sino por la barbarie. Al distinguir los nombres labrados en las lápidas con caligrafía primorosa, soy consciente de que camino por entre las tumbas de compatriotas a quienes ya no podré ver vivos. Habitantes de un país terriblemente injusto que solo reconoce a su gente humilde cuando está enterrada en una fosa. ?

***

Domingo de rutina en El Salado: Nubia Urueta hierve el café en una hornilla de barro. Vitaliano Cárdenas les echa maíz a las gallinas. Eneida Narváez amasa las arepas del desayuno. Miguel Torres hiende la leña con un hacha. Juan Arias se apresta a sacrificar una novilla. Juan Antonio Ramírez cuelga la angarilla de su burro en una horqueta. Hugo Montes viaja hacia su parcela con un talego de semillas de tabaco. Édita Garrido pela yucas con un cuchillo de punta roma. Eusebia Castro machaca panela con un martillo. Jamilton Cárdenas compra aceite al menudeo en la tienda de David Montes. Y Oswaldo Torres, quien me acompaña en este recorrido matinal, fuma su tercer cigarrillo del día. Los demás lugareños seguramente están dentro de sus moradas haciendo oficios domésticos, o en sus cultivos agrandando los surcos de la tierra. A las ocho de la mañana el sol flamea sobre los techos de las casas. Cualquier visitante desprevenido pensaría que se encuentra en un pueblo donde la gente vive su vida cotidiana de manera normal. Y hasta cierto punto es así. Sin embargo —me advierte Oswaldo Torres— tanto él como sus paisanos saben que, después de la masacre, nada ha vuelto a ser como en el pasado. Antes había más de 6000 habitantes. Ahora, menos de 900. Los que se negaron a regresar, por tristeza o por miedo, dejaron un vacío que todavía duele.

Le digo a Oswaldo Torres que el sobreviviente de una masacre carga su tragedia a cuestas como el camello a la joroba, la lleva consigo adondequiera que va. Lo que se encorva bajo el pesado bulto, en este caso, no es el lomo sino el alma, usted lo sabe mejor que yo. Torres expulsa una bocanada de humo larga y parsimoniosa. Luego admite que, en efecto, hay traumas que perduran. Algunos de ellos atacan a la víctima a través de los sentidos: un olor que permite evocar la desgracia, una imagen que renueva la humillación. Durante mucho tiempo, los habitantes de El Salado esquivaron la música como quien se aparta de un garrotazo. Como vieron agonizar a sus paisanos entre ramalazos de cumbiamba improvisados por los verdugos sentían, quizá, que oír música equivalía a disparar otra vez los fusiles asesinos. Por eso evitaban cualquier actividad que pudiese derivar en fiesta: nada de reuniones sociales en los patios, nada de carreras de caballo. Pero en cierta ocasión, un psicólogo social que escuchó sus testimonios en una terapia de grupo les aconsejó exorcizar el demonio. Resultaba injusto que los tambores y gaitas de los ancestros, símbolos de emancipación y deleite, permanecieran encadenados al terror. Así que esa misma noche bailaron un fandango apoteósico en la cancha de la matanza. Fue como renacer bajo aquel firmamento tachonado de velas prendidas que anunciaban un sol resplandeciente.

En este momento, paradójicamente, el sol se ha escondido. El cielo encapotado amenaza con desgajarse en un aguacero. Torres recuerda que cuando ocurrió la masacre, en febrero de 2000, todos los habitantes se marcharon de El Salado. No se quedaron ni los perros, dice. Pues, bien: él, Torres, fue una de las 120 personas —100 hombres y 20 mujeres— que encabezaron el retorno a su tierra, en noviembre del año 2002. Cuando llegaron —cuenta— El Salado se hallaba extraviado bajo un boscaje de más de dos metros de alto. Uno de los paisanos se encaramó en el tanque elevado del acueducto para precisar dónde quedaba la casa de cada quien. En seguida se entregaron a la causa de rescatar al pueblo de las garras del caos. Un día, tres días, una semana, enfrascados en una lucha primitiva contra el entorno agresivo, como en los tiempos de las cavernas, corte un bejuco por aquí, queme un panal de avispas furiosas por allá, mate una serpiente cascabel por el otro lado. La proliferación de bichos era desesperante.

—Si uno bostezaba —dice Torres— se tragaba un puñado de mosquitos.

Para defenderse de las oleadas de insectos, todos, inclusive los no fumadores, mantenían un tabaco encendido entre los labios. Además, fumigaban el suelo con querosene, armaban fogatas al anochecer.

Dormían apretujados en cinco casas contiguas del Barrio Arriba, pues temían que los bárbaros regresaran. Reunidos —decían— serían menos vulnerables. Su consigna era que quien quisiera matarlos, tendría que matarlos juntos. Tan grande era el miedo en aquellos primeros días del retorno que algunos dormían con los zapatos puestos, listos para correr de madrugada en caso de que fuera necesario. Al principio subsistieron gracias a la caridad de los pueblos vecinos —Canutal, Canutalito, El Carmen de Bolívar y Guaimaral— cuyos moradores les regalaban víveres, frazadas y pesticidas. Cuando terminaron de segar la maraña, cuando quemaron el último montón de ramas secas, se dedicaron a poner en su sitio, otra vez, los elementos perdidos del universo: el caney del patio, el establo, la burra baya, el garabato, la alacena de las hojas de tabaco, el canto del gallo, el ladrido de los perros, los juegos de los niños, los amores furtivos en los callejones oscuros, la ollita tiznada del café, la visita del compadre. Entonces volvieron los sobresaltos: la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) los acusó de ser colaboradores clandestinos de los paramilitares. ¿Habrase visto ironía más grande? ¡Si los masacraron, precisamente, porque se les consideraba compinches de los guerrilleros!

Oswaldo Torres advierte, mientras chupa su eterno cigarrillo, que los problemas de orden público en El Salado se debían al simple hecho de pertenecer geográficamente a los Montes de María, una región agrícola y ganadera disputada durante años por guerrilleros y paramilitares. En los periodos más críticos de la confrontación, los habitantes vivían atrapados entre el fuego cruzado, hicieran lo que hicieran. Y siempre parecían sospechosos aunque no movieran ni un dedo. Ciertamente, algunos paisanos —bajo intimidación o por voluntad propia— le cooperaron a un bando o al otro. Tal circunstancia resultaba inevitable dentro de un conflicto corrompido en el cual los combatientes tomaban como escudo a la población civil. Hugo Montes, un campesino que ni siquiera terminó la educación primaria, me explicó el asunto, anoche, con un brochazo del sentido común que les heredó a sus antepasados indígenas.

—Es que donde hay tanta gente, nunca falta el que mete la pata.

En seguida encogió los hombros, me miró a los ojos y me retó con una pregunta:

—¿Y qué podíamos hacer los demás, compa, qué podíamos hacer?

—Lo único que podíamos hacer —responde Torres ahora— era pagar los platos rotos.

Su respiración es afanosa porque vamos subiendo una senda empinada. De pronto, mira hacia el cielo como si suplicara clemencia, pero en realidad —según me dice, jadeante— está inquieto por un nubarrón que parece a punto de romperse encima de nuestras cabezas. Torres retoma una idea que planteamos al principio de nuestra caminata: en este momento, cualquier visitante desprevenido pensaría que los pobladores de El Salado viven otra vez, venturosamente, su vida diaria. Y hasta cierto punto es así —repite— porque ellos han retornado al terruño que aman. Mal que bien, hoy cuentan con la opción de disfrutar en forma tranquila los actos más entrañables de la cotidianidad, como se percibe en esta calle por la cual avanzamos: una niña escruta el horizonte con su monóculo de juguete, un niño retoza en el piso con sus bolitas de cristal, una muchacha peina a un anciano plácido. Sin embargo, ya nada será tan bueno como en la época de los abuelos, cuando ningún hombre levantaba la mano contra el prójimo, y los seres humanos se morían de puro viejos, acostados en sus camas. La violencia les produjo muchos daños irreparables. Espantó, a punta de bombazos y extorsiones, a las dos grandes empresas que compraban las cosechas de tabaco en la región. Enraizó el pánico, la muerte y la destrucción. Provocó un éxodo pavoroso que dejó el pueblo vaciado, para que lo desmantelaran las alimañas de toda índole. Cuando los habitantes regresaron, casi dos años después de la masacre, descubrieron con sorpresa que la mayor parte de la tierra en la que antes sembraban tenía otros dueños. Ya no había ni maestros ni médicos de planta, y ni siquiera un sacerdote dispuesto a abrir la iglesia cada domingo.

El nubarrón suelta, por fin, una catarata de lluvia que rebota enardecida contra el suelo arenoso.

***

Los dos únicos centros educativos que quedan en el pueblo funcionan en una casa esquinera de paredes descoloridas. Uno es la Escuela Mixta de El Salado, dueña de este inmueble, y otro, el Colegio de Bachillerato Alfredo Vega. Varios chiquillos contentos corretean por el patio esta mañana de lunes. En el primer salón que uno encuentra tras el portón, los niños se aplican a la tarea de elaborar un cuadro sinóptico sobre las bacterias y otro sobre las algas. El número de alumnos ni siquiera sobrepasa el centenar, pero el problema mayor es otro: el bachillerato apenas está aprobado hasta noveno grado. Los estudiantes interesados en cursar los dos grados restantes deben mudarse para El Carmen de Bolívar, lo que demanda unos gastos que no se compadecen con la pobreza de casi todos los pobladores. En consecuencia, muchos jóvenes renuncian a concluir su educación y se convierten en jornaleros como sus padres.

Tal es el caso de María Magdalena Padilla, 20 años, quien a esta hora hierve leche en una olla vetusta. En 2002, cuando se produjo el retorno de los habitantes tras la masacre, María Magdalena fue noticia nacional de primera página. En cierta ocasión, una mujer que debía ausentarse de El Salado dejó a su hija de cinco años bajo la custodia de María Magdalena. Para matar el tiempo, las dos criaturas se pusieron a jugar a las clases: María Magdalena era la maestra. Y la niña más pequeña, la alumna. Una vecina que vio la escena también envió a su hijo chiquito, y luego otra señora le siguió los pasos, y así se alargó la cadena hasta llegar a 38 niños. Como no había escuelas, el divertimento se fue tornando cada vez más serio. En esas apareció una periodista que quedó maravillada con la historia, una periodista que, folclóricamente, le estampilló a la protagonista el mote de "Seño Mayito", dizque porque María Magdalena sonaba demasiado formal. El novelón caló en el alma de los colombianos. A María Magdalena la retrataron al lado del Presidente de la República, la ensalzaron en la radio y en la televisión, la pasearon por las playas de Cartagena y por los cerros de Bogotá. Le concedieron —vaya, vaya— el Premio Portafolio Empresarial, un trofeo que hoy es un trasto inútil arrinconado en su habitación paupérrima. Los industriales le mandaron telegramas, los gobernadores exaltaron su ejemplo. Pero en este momento, María Magdalena se encuentra triste porque, después de todo, no ha podido estudiar para ser profesora, como lo soñó desde la infancia. "No tenemos dinero", dice con resignación. Lejos de los reflectores y las cámaras, no resulta atractiva para los falsos mecenas que la saturaron de promesas en el pasado. Pienso —pero no me atrevo a decírselo a la muchacha— que ahí está pintado nuestro país: nos distraemos con el símbolo para sacarle el cuerpo al problema real, que es la falta de oportunidades para la gente pobre. Les damos alas a los personajes ilusorios como "la Seño Mayito", para después arrancárselas a los seres humanos de carne y hueso como María Magdalena. En el fondo, creamos a estos héroes efímeros, simplemente, porque necesitamos montar una parodia de solidaridad que alivie nuestras conciencias.

Eso sí: los problemas persisten, se agrandan. La vecina de María Magdalena se llama Mayolis Mena Palencia y tiene 23 años. Está sentada, adolorida, en un taburete de cuero. Ayer, después del tremendo aguacero que cayó en El Salado, resbaló en el patio fangoso de la casa y cayó de bruces contra un peñasco. Perdió el bebé de tres meses que tenía en el vientre. Y ahora dice que todavía sangra, pero que en el pueblo, desde los tiempos de la masacre, no hay ni puesto de salud ni médico permanente. Yo la miro en silencio, cierro mi libreta de notas, me despido de ella y me alejo, procurando pisar con cuidado para no patinar en la bajada de la cuesta. Veo las calles barrosas, veo un perro sarnoso, veo una casucha con agujeros de bala en las paredes. Y me digo que los paramilitares y guerrilleros, pese a que son un par de manadas de asesinos, no son los únicos que han atropellado a esta pobre gente.

Por: ALBERTO SALCEDO RAMOS
Tomado de: soho.com.co

Audiencia contra implicados en la masacre de San José de Apartado

El pasado 4 y 5 de febrero, en las instalaciones del Palacio de Justicia en la ciudad de Medellín, se celebró una de las audiencias públicas a 10 de los militares del ejército nacional implicados en la última masacre a la comunidad de Paz de San José de Apartado, perpetrada el 21 y 22 de febrero de 2005 en el Urabá Antioqueño. En estos hechos los militares de las compañías Anzoategui 1, 2, 3 y Bolívar 1, en complicidad con paramilitares del bloque “Héroes de Tolová” asesinaron, descuartizaron y abandonaron en fosas a medio tapar al líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Bellanira Areiza Guzmán y su hijo de 11 años, Deiner Andrés Guerra; también a Alejandro Pérez Castaño, y al líder Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano con su compañera Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia Andrea y Santiago, de 5 años y 18 meses de nacido, quienes fueron degollados.

En el Urabá Antioqueño desde el 23 de marzo de 1997 los habitantes del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó se declararon “Comunidad de Paz”, pese al desplazamiento forzado de la mayoría sus comuneros; esto a raíz de las dos masacres perpetradas por los militares y paramilitares en septiembre de 1996 y en febrero de 1997, las cuales arrasaron con los líderes de la población. Las y los que decidieron permanecer en su territorio y vencer el miedo pretendían ser respetados con la declaratoria de paz, pero como respuesta del Estado recibieron operativos, hostigamientos, estigmatización, prácticas de tiro contra las viviendas, explosivos en los cultivos, asesinatos selectivos, sumado a los bloqueos económicos por causa de retenes paramilitares y militares que habían impedido el ingreso de alimentos y el transporte a la comunidad, colocándola en situación de hambre y aislamiento.

Entre 2003 y 2004 hubo siete desplazamientos de familias de las veredas Mulatos y La Resbalosa, tres mujeres fueron violadas por militares, la escuela fue quemada junto con varias casas en la vereda de Mulatos. Para esta comunidad han sido doce años del trasegar de la esperanza, construyendo bases sólidas sobre proyectos de vida reales que han sido cegados por el terror de los asesinos. Por ello la memoria de las 185 personas asesinadas de la comunidad sigue más viva que nunca.

Para esclarecer el caso fueron llamados a juicio algunos miembros de la Fuerza Pública, quienes deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir; son ellos el teniente Coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento segundo Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el sargento Jorge Humberto Milanés Vega, el sargento segundo Henrry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia y los sargentos Édgar García Estupiñán y Darío Brango Agámez.
La audiencia comenzó con la declaración del Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien se a acogió a sentencia anticipada el 7 de octubre de 2008; para la fecha de la masacre era el oficial encargado de la operación militar Fénix. El capitán testificó que el día de la masacre los miembros de la Brigada XVII patrullaron al lado de al menos 60 paramilitares del bloque Héroes de Tolová.

En su declaración, el capitán Gordillo acepta haberse entrevistado el 18 de febrero con 11 personajes de las autodefensa del bloque héroes de Tolová para acordar ejes de avance de la operación Fénix, en compañía del sargento Padilla Petro y el cabo primero Cruz Reina; después de ese día, dice Gordillo, “cambucharon” junto con los paramilitares. Dijo que estos paramilitares hacía más de 3 meses habían asumido el control de la zona que anteriormente estaba a disposición del bloque bananeros; nombró también la existencia de 3 bases paramilitares llamadas Miguelayo, La Castañeda y de La Oz. Estos eran pasos obligados para llegar al objetivo, los Cerros de Cooperativa y Bogotá. Además, reiteró el capitán Gordillo que antes de la operación había presencia de la brigada XVII y de tropas del batallón Bejarano a cargo del teniente coronel Duque.

Gordillo dice que él llegó el 17 de febrero en horas de la tarde al Batallón Vélez, donde recibió instrucciones de sus superiores, teniente coronel Orlando Espinoza y el mayor José Fernando Castaño, sobre la operación que se realizaría en el cerro la Cooperativa y Bogotá. Antes de su llegada ya se habían hecho las coordinaciones pertinentes para subir al cerro.

También mencionó que en noviembre de 2007, estando en el batallón contra guerrilla No. 002 Guajiros, recibió un informe por radio donde le indicaban que debía asistir a una reunión con el General Héctor Fandiño en la cuidad de Bogotá. Y allí el Comandante de la brigada XVII le mostró la declaración de alias 'Melaza' y dijo que lo más probable era que lo detendrían; pero Fandiño le dijo que no se preocupara, ya todo estaba cuadrado: tenían dos testigos, unos reinsertados de las Farc que declararon en el Juzgado Penal 94 y en La Fiscalía General de la Nación, testificando que eran integrantes de las Farc y que las Farc habían sido responsables de la masacre. Según ellos, contaban con pruebas contundentes.

El abogado de las víctimas, Jorge Molano, en su intervención, notificó que en las declaraciones del paramilitar Ever Veloza, alias H.H., expediente que se trasladó para este juicio, afirmo que él le había dado la suma de $ 1.500.000 al coronel del Batallón Bejarano, Héctor Iván Duque, para que pagara testimonios para atribuirle a las Farc la responsabilidad de los hechos.

El abogado Jorge Molano preguntó al interrogado, capitán Gordillo, si es normal que en una operación a nivel de brigada participen en la planeación mandos de división del Ejército Nacional. Esta pregunta está respaldada con elementos probatorios del cuaderno 26 de la Fiscalía, que fue trasladado para este caso y donde reposan las indagatorias a Néstor Iván Duque, Acosta Célis y el Teniente Coronel José Fernando Castro, quienes indicaron que en la preparación de la operación Fénix participaron los comandantes de las unidades batallones militares, o sea todas las unidades menores, pero que también participó el general Mario Montoya, quien ordenó la operación y el acompañamiento de guías. Según el capitán Gordillo, a esa planeación pueden asistir los mandos de las divisiones, pero no es normal que lo hagan, y tampoco es legal llevar guías. Además, aseguró que conocía de la injerencia que el comandante de la División tenía sobre las operaciones.

Por su parte, los paramilitares José Joel Vargas, alias 'Pirulo', y Adriano de José Cano Arteaga, alias 'Melaza', también declararon en el proceso y confirmaron en la audiencia que trabajaron de la mano con miembros de la Brigada XVII y fueron pagados por ser guías.

Por ahora la decisión del juicio sigue en suspenso. La Juez Segunda Civil Especializada de Antioquia decidió suspender la audiencia, la cual será reanudada el 16 de Marzo a puerta cerrada, luego de que las partes argumentaran la existencia de riesgo en algunos sujetos procesales.

Por: Periferia Prensa Alternativa
Tomado de: www.periferiaprensa.org

Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín

Dos desmovilizados que hacían parte de la Corporación Democracia, una ong que formaron ex combatientes de las Auc, aceptaron ser miembros de nuevas bandas paramilitares que delinquen en la comuna 8.

El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó el 25 de noviembre de 2003, en la ciudad de Medellín, con 868 miembros y entregó 497 armas.

Por el IPC especial para VerdadAbierta.com

En audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia, Edwin Tapias y Julio Perdomo, aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías, los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intra-urbano y homicidio, constreñimiento y extorsión.

Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, comuna 8 de la ciudad, por miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con las versiones oficiales, la acción de la Fuerza Pública permitió desarticular una banda al servicio de Eric Vargas, alias 'Sebastián'.

Lo curioso es que los relatos del Ente Acusador y la aceptación de cargos por parte de los imputados terminan por darle la razón a las denuncias de habitantes de los barrios Villa Turbay, Villa Liliam, Enciso, Caicedo, La Sierra, entre otros, que en su momento fueron desestimadas por entidades del orden municipal.

Desde 2005, organismos de control y organizaciones no gubernamentales han denunciado cómo Tapias y Perdomo, valiéndose de su condición de reinsertados, se apropiaron de dineros públicos a través del programa de Presupuesto Participativo y, por esa vía, amenazaron y desplazaron a varios líderes comunitarios y continuaron liderando poderosas estructuras criminales mientras fungían como gestores de paz.

Gracias a esta condición, Edwin Tapias y Julio Perdomo atendieron visitas de delegaciones nacionales e internacionales interesadas en conocer el trabajo de resocialización y de apoyo a la comunidad que adelantaban los desmovilizados bajo el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín.

De hecho, el pasado 24 de octubre de 2009, Tapias fue mediador en representación de la banda delincuencial de La Sierra, y suscribió un pacto de no agresión con Yeisón Velázquez, alias 'El Rolo', para detener una disputa que sostenían las dos bandas. El acto contó con la presencia del entonces secretario de Gobierno de Medellín, Juan Diego Vélez; y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Luis Eduardo Martínez.

Líderes acorralados
A finales de 2005, Héctor* tuvo que abandonar su barrio luego de recibir sendas amenazas por parte de un grupo de desmovilizados que controlaban la comuna 8. Esto ocurrió luego del asesinato de su amigo y compañero Augusto Henao, ocurrido en agosto del mismo año, y quien era el presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas.

Sobre esta desaparición existe una denuncia en Fiscalía en la que se sindica a Tapias como responsable. En ella se advierte que semanas antes de su asesinato, Henao sostuvo una acalorada discusión con Tapias, en aquel entonces líder comunal del barrio La Sierra. El cruce de palabras tuvo lugar un sábado de junio en uno de los consejos consultivos del programa Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.

Ese día, y en presencia del entonces secretario de Gobierno Municipal, Alonso Salazar Jaramillo, Tapias se opuso a la entrega de 108 millones a la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas, los cuales iban a ser invertidos en mejoras de infraestructura vial y programas para la comunidad, según consta en el expediente de la investigación que adelanta la Fiscalía en Medellín.

“Edwin, que se encontraba en esa reunión, se opuso rotundamente a eso y decía que la plata la necesitaba para un centro de computadores en el barrio. La Alcaldía decidió dividir ese recurso a la mitad para los dos barrios. La reunión se acabó y cuando íbamos a coger la buseta Edwin dijo que ese 'hijueputa' no se iban a salir con la suya, que eso no se quedaba así”, relató Héctor a las autoridades, quien aún no puede retornar a su barrio.

“Intenté volver en el 2008, pero todo estaba igual. Tapias seguía con el mismo poder, rodeado de los asesinos que siempre lo cuidan y cobrándole la vacuna a las tiendas”, contó el líder.

Pero esta no fue la única denuncia contra los desmovilizados. En octubre de 2006, varios habitantes de la comuna 8 denunciaron ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín cómo los desmovilizados, en cabeza otra vez de Edwin Tapias, Julio Perdomo y John William López, extorsionaban a los locales comerciales, imponían controles sociales y presionaban a los líderes tradicionales.

Gustavo Villegas, para la fecha secretario de Gobierno de la ciudad, desestimó en su momento las denuncias pues señaló que no había denuncia concreta contra ninguno de los integrantes del proceso de reinserción, según reposa en un informe de la Personería de Medellín del 2006.

Hoy día, los tres ex combatientes se encuentras detenidos y, como en el caso de López, ya pesa una condena ratificada en segunda instancia de 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y desplazamiento forzado intraurbano.

Jugando a la legalidad
Una de las situaciones más complejas que debieron enfrentar las autoridades municipales durante todo el proceso de reinserción de los ex combatientes de las Auc fueron las trampas que, desde la legalidad, le hicieron a la ciudad.

Gracias a la conformación de pequeñas corporaciones sin ánimo de grupo, los desmovilizados se apropiaron de recursos públicos mediante la modalidad de contratación, que luego fueron desviados para fortalecer actividades ilegales.

Ejemplo de ello fue la ampliación del Colegio Villa Turbay, ubicado en el barrio del mismo nombre, en la comuna 8 de la ciudad. Las obras fueron entregadas oficialmente en septiembre de 2009, cuando debieron culminarse en diciembre de 2008.

Las demoras obedecieron a que la firma bogotana Telval S.A, a quien la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín le adjudicó el contrato para la ampliación del colegio el 22 de enero de 2008, y algunas fuentes de la empresa que pidieron el anonimato confirmaron que fueron obligados a contratar personal no calificado y el servicio de vigilancia de la obra con la Corporación La Sierra Con Futuro, creada por Edwin Tapias.

La demora hubiera pasado desapercibida de no ser por las denuncias de intimidaciones a la empresa constructora para que sólo escogiera al personal que le señalara Edwin Tapias.

Según la empresa, el personal que contrataron con la Ong de los desmovilizados permitió robos por 50 millones de pesos durante el proceso de construcción. El caso adquirió mayor complejidad debido a las amenazas de muerte contra el interventor de la obra cuando intentó parar la situación.

En este caso, los correctivos de la Administración Municipal se limitaron a suspender los contratos con La Sierra con Futuro y a emitir unas directrices sobre los procesos de contratación de mano de obra no calificada, según aseguraron fuentes de Telval.

Otro caso parecido ocurrió con la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega, que agrupaba desmovilizados del bloque Héroes de Granada y cuyo representante legal era Julio Perdomo, el otro desmovilizado capturado y que aceptó los cargos de la Fiscalía. La Cooperativa contrataba legalmente servicios de vigilancia y aseo de algunas colegios oficiales de la comuna 8.

En el 2008 varias instituciones donde Omega prestaba sus servicios registraron robos y además según algunos profesores en algunos colegios se encontraron caletas para armas y, en otras, los maestros aseguran que fueron presionados por los desmovilizados a imponer su propio código de conducta. Ante estas denuncias la Secretaría de Educación solo modificó los términos de contratación para este tipo de servicios.

Acción tardía
Algunos habitantes de la comuna 8 se preguntan ahora sí con las capturas realizadas en la madrugada del viernes 5 de febrero regresará la calma a este sector de la ciudad, escenario de una confrontación entre bandas de delincuencia organizada integradas en su mayoría por desmovilizados de las Auc.

También hay expectativas entre defensores de derechos humanos sobre lo que puedan revelar ambos desmovilizados sobre el asesinato de Alexander Pulgarín, ocurrido el 21 de diciembre de 2009. Pulgarín, conocido entre sus amigos como Pipa, era integrante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y sobre el pesaban amenazas de muerte proferidas por miembros del proceso de reinserción, entre ellos John William López y Edwin Tapias.

Mientras se despejan estas dudas, lo que queda claro es que el modelo de reinserción implementado por la Alcaldía de Medellín no logró contener a tiempo la intrincada red que se fue tejiendo entre legalidad e ilegalidad y que permitió que personas como Tapias y Perdomo posaran de hombres de paz en el día y señores de la guerra en las noches.

Algunos integrantes de estas ongs que conformaron desmovilizados y que se establecieron en la comuna 8 siguieron delinquiendo como fueron los casos de Antonio López, alias Job y John Jairo Hidalgo, ambos asesinados en el 2008, y a John William López, condenado a 23 años de prisión.

De otro lado, la preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la comuna 8 la criminalidad pareciera que tuviera un dicho: “a rey muerto, rey puesto”.

“Hay personajes con mucho poder en ese sector sobre los que las autoridades tienen poca información. Tampoco creo que se haya debilitado la estructura de Sebastián”, conceptuó.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente

El Instituto Popular de Capacitación es una ong que hace monitoreo sobre la situación de Violencia y Derechos Humanos en Medellín y Antioquia


Por: IPC
Tomado de: www.verdadabierta.com

Recordemos lo que sucedió el 21 de febrero 2005 en la comunidad de paz

Masacre del 21 de febrero de 2005

“...No podemos decir nada más; el dolor nos embarga tan profundamente que sólo podemos llorar. El Estado colombiano, como muestra de su increíble ilegitimidad, ha realizado otra masacre que baña de sangre nuestras tierras. El ejército ha masacrado a LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, de 35 años de edad, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno desde los inicios del proceso. A su compañera BELLANIRA AREIZA GUZMAN de 17 años, a quien hace tan sólo unos días se había unido, a su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 años y quien había sido herido el 11 de agosto de 2004 con una granada dejada por el ejército. A ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO de30 años líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos. A su compañera SANDRA MILENA MUÑOZ POZO de 24 años y a sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 2 años y a NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ de 6 años....”

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 1)


San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 2)



San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 3)

¡NI OLVIDO, NI PERDÓN!

Tomado de: Contravia - cdpsanjose.org

Colombia, la vena más abierta de América Latina

Entrevista a Ricardo Ferrer Espinosa, autor de Nos matan y no es noticia. Negocios y masacres en el río Atrato

Los Horrores de la Guerra - Emisarios del Glifosato, el horror y la muerte o el Plan Colombia
(Evocación de José Guadalupe Posada y Pablo Picasso)
Jaime Garcés Molineros

Hace mucho que la realidad colombiana viene excediendo con creces el mundo onírico y el realismo mágico de la obra garcíamarquiana. Hoy quiere parecerse a una pesadilla del más crudo hiperrealismo. Anticipando todos los escenarios catastróficos, pareciera que la debacle final de la oligarquía colombiana, arrastrara al abismo a todos los sectores de la sociedad. La última operación política para salvar las grandes fortunas y el poder atesorado por los grupos dominantes a través de décadas, consiste en facilitar las bases militares al ejército norteamericano como último recurso para cautelar su espacio de dominación en el área y como plataforma “preventiva” contra procesos políticos y gobiernos insumisos de las ordenanzas del imperio.

Ricardo Ferrer fue periodista de la Red Colprensa, de diarios como El Colombiano, comunicador social de varias radioemisoras, testigo y sobreviviente de la masacre de Atrato y actualmente refugiado en España. En enero del próximo año publicará su testimonio: Nos matan y no es noticia. Negocios y Masacres en el Río Atrato. Profundo conocedor de la realidad de su país, nos describe un detallado análisis de la convulsa situación colombiana y expone con claridad lo que muchas veces es distorsionado tanto en Europa como en el resto de América Latina.

1.- Ricardo, ¿que sucedió exactamente en Atrato?
En la mañana del viernes 30 de mayo de 1997 entró un mensajero de las FARC en mi oficina para solicitarme que actuara como mediador entre la Guerrilla y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Como Jefe de prensa de METROSALUD, la red de salud de Medellín, creí mi deber intervenir en esta acción de carácter netamente humanitario. La mediación serviría para verificar el estado, entregar muestras de supervivencia de diez prisioneros, infantes de marina, en poder del Frente Nº 57 de las FARC en la zona de Murindó y sobre todo negociar su inmediata liberación.

Dado que en el Derecho Internacional los actores en conflicto interno o externo reconocen a los servicios de salud como entes neutrales, la guerrilla solicitó la mediación o buenos oficios, conscientes de que el enfrentamiento con el ejército y los paramilitares era inminente y podría ocurrir en una masacre de los prisioneros que se encontraban “Fuera de combate por detención”; definición que permite la plena aplicación del Artículo Tercero, común a los cuatro acuerdos de Ginebra. Recordé una frase del Deuteronomio que le escuché a mi padre cuando niño: “Elegirás la vida”, y me dispuse a dar lo mejor de mí para que esta operación no costara vidas humanas. Además de eso la Constitución colombiana expresamente señala en un artículo la obligación de los ciudadanos de contribuir a la paz.

Sin embargo, desde un primer momento me fui dando cuenta que el ejército no tenía ninguna intención de favorecer la mediación, ni siquiera que esta se realizara. Ya en el hangar para vuelos arrendados (Charters), fui interceptado por un individuo de raza negra que me dio su nombre y me señaló que si yo hacía el viaje a Vigía del Fuerte sería muy peligroso para mí y debía ver bien cómo iba a regresar.

Yo pensé que sería sometido a ese tipo de control a mi llegada a Murindó por parte de los mandos de los paramilitares, pero mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que ya desde Medellín agentes de no sé que servicio exactamente, conocían todos mis movimientos. Te reitero que mi función consistía exclusivamente en recoger las pruebas documentales de supervivencia de los prisioneros (cartas, fotos, identidades, etc), para entregarlas al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Se crearía una zona de despeje militar en la zona del Caguán donde la guerrilla pretendía entregar además a otros setenta militares prisioneros de guerra, provenientes de diversas regiones del país, todo ello antes del 15 de junio de 1997.

2.- ¿Que pudiste comprobar a tu llegada?
Desde que la avioneta aterrizó en Vigía del Fuerte comenzaron a suceder cosas muy extrañas que me hicieron pensar que algo anormal estaba sucediendo en la zona. Debo decirte que esa es una región selvática y montañosa, de población principalmente negra e indígena y en la cual yo llamaba inmediatamente la atención por mi tipo físico. Como conocía el lugar, esperaba a mi llegada encontrarme con gente en la pista de aterrizaje, en las calles del pueblo, ventas de fritangas en las veredas, música en el ambiente, como es en las regiones calientes, pero todo estaba desierto.

Me dirigí al embarcadero para continuar viaje en panga (lancha) hacia Murindó, pero ninguno de los lancheros quiso llevarme, aduciendo que ese día no estaban haciendo viajes a Murindó. Tampoco había niños bañándose en la ribera del río como había visto en otras oportunidades. Como pensé que los lancheros no querían llevarme por una cuestión de dinero comencé a regatear con ellos, pero me dijeron en grupo: "Entiéndanos doctor. Es que no están bajando lanchas hacia Murindó".
Fui a la alcaldía, me presenté con el alcalde Wilson Chaberra en su oficina. Había cuatro hombres a su alrededor y un ambiente tenso. Le informé que en Medellín estábamos preparando un Seminario Nacional de Empresas Sociales del Estado, el cuál incidiría en la calidad presupuestaria en los Hospitales y Centros de Salud en todo el país, todo lo cual era cierto. Le entregué unos textos educativos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, confeccionados por Metrosalud, además de trípticos y plegables. Me recibieron los documentos y procedieron a mecanografiar una nota oficial de recibo, además de una constancia de mi visita. Mientras cumplían ese trámite, me dirigí al baño y una persona a la que no puedo nombrar, ni entregar su cargo, me siguió y mientras yo estaba orinando me dijo en voz baja y sin mirarme: "Usted está en serio peligro de muerte. Aquí están pasando cosas terribles. Tiene que buscar el modo de irse lo más pronto posible. No vaya a Murindó porque toda la gente está huyendo de allá".

Salí conmovido de la alcaldía y me dirigí al hospital de Vigía del Fuerte para entrevistarme con el Médico Jefe o el director. Ninguno estaba. Sólo encontré a unas muchachas adolescentes en la oficina del segundo. Me dijeron que ellas eran Voluntarias de Salud y venían desde Murindó con los funcionarios . Les pregunté si podía hacer el viaje de regreso con ellas. Una de las chicas me dijo que tenía que presentarme con el comandante de las autodefensas, que sólo él podía autorizar el viaje. Entonces les propuse pagar yo el combustible. Una chica negra se asustó mucho y me dijo que si iba alguien no autorizado en el viaje, los podían matar a todos y echarlos en el río. Que ya lo habían hecho antes. Además, los paramilitares controlaban absolutamente todo lo que se cargaba en las lanchas, especialmente la comida, la sal y la gasolina. Controlaban hasta la última gota de gasolina que entraba o salía de Murindó. Se registraba a todos
los pasajeros que salían, y debían volver los mismos en cada lancha. Salí del hospital ya con miedo, se me acercó otra muchacha que sin más me dijo que debería hablar con el comandante de las autodefensas, que era “un amor” y que ayudaba mucho a la gente. No quería ver al sicario aquel, que llamaban “El Ovejo”.

No quise comprometerme y le pedí la referencia de un hotel donde alojarme. Me recomendó uno que estaba cerca del embarcadero; durante la comida continué escuchando historias de masacres, una anciana que valientemente se sentó a mi lado me contó que le habían muerto un familiar que era su único apoyo para su sustento, otra chica completamente enrabiada me contó que le habían asesinado un amigo de la infancia, y me dijo “¿por qué no se meten con la guerrilla esos hijueputas?”


La anciana que al principio comenzó hablando muy bajito, luego me dijo desesperada: "¡Señor, usted tiene que contar lo que está pasando aquí!".

Todas la versiones coincidían en una versión central. El día 22 de mayo llegaron los paramilitares en pangas (lanchas rápidas), y comenzaron a asesinar personas de los poblados acusándolas de colaborar con la guerrilla. Los vecinos mencionaban muchos nombres sueltos, pero lógicamente no tenían una lista oficial. Luego entró el ejército y no le pusieron problemas a “los paracos”, me decían. Nadie se metió, ni la alcaldía, ni la policía, ni el juez. ¡Ninguna autoridad intervino para proteger a la población civil! Veían cadáveres flotando en el río, piernas, brazos y miembros descuartizados y miraban para otro lado.


“Nos están matando y por la radio no sale ni una sola noticia”, me decían consternados. Estamos en poder de los mochacabezas. Pero lo peor para mí estaba por venir. Regresé a la residencial y recuerdo haber estado leyendo una novela de Guy de Maupassant Bel ami. De pronto la puerta se abrió de golpe y veo a un hombre de raza negra, joven y atlético encañonándome con una pistola. El hombre estaba acompañado de una mujer. Ambos estaban muy alterados, yo retrocedí mostrándoles que no llevaba nada en las manos. Comenzaron a registrarlo todo, mis ropas, mi bolsa de viaje.


El hombre que luego se presentó como el comandante de Vigía del Fuerte de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, me dijo que estaban en guerra a muerte con la guerrilla, sus colaboradores y “toda la basura” y que los matarían a todos. Al ver el libro que estaba leyendo me hizo relatarle de qué se trataba. Me quedo claro que no sabía nada de literatura y menos de los novelistas franceses del S. XIX. La mujer estaba fuera de sí y me miraba agresivamente con los ojos desorbitados registrándolo todo, afortunadamente no encontró el carné de periodista que estaba en un bolsillo lateral de la maleta. El hombre me preguntó que quién era yo, y qué hacía en Vigía del Fuerte. Luego me dijo que no correspondía con la descripción que le habían dado de mí. Le mostré las cartillas y los trípticos de salud y le dije lo importante que era preparar el II Seminario de Empresas Sociales del Estado. Que incidiría directamente en la atención de los
habitantes de la región. Luego me dijo que nadie le había avisado de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, ni tampoco de la Gobernación de Antioquia sobre la visita de un funcionario de Salud. Que a él le avisaban por teléfono las visitas. Ahora deduzco la estrecha relación entre los altos funcionarios de la gobernación de Antioquia y los escuadrones de la muerte. Adivina quién era el gobernador de Antioquia de la época: Álvaro Uribe Vélez, principal promotor de las cooperativas de seguridad privada “Convivir”. El paramilitar tampoco me pareció “el amor” que me había descrito la muchacha.

3.- ¿Que relación real existe entre el paramilitarismo y el Estado colombiano en el área?
Uribe y la élite colombiana han convencido a los Estados Unidos de que son la fuerza necesaria para impedir el avance de los movimientos sociales. Entre 1994 y 1998 la oligarquía colombiana pensó que podía perder el poder. Esa afirmación está recogida en diferentes documentos divulgados por analistas sociales de la derecha (por ejemplo, el Instituto Rangel). Los gobernantes optaron por la guerra sucia a mayor escala desde 1996. En ese marco se diseña el Plan Colombia. Para ese objetivo debían necesariamente producir una reingienería en las Fuerzas Armadas y subordinarlas directamente al Comando Sur del ejército de los Estados Unidos con base en Panamá, específicamente al 7º Grupo de Operaciones Especiales (los Boinas Verdes), quienes son los que han asesorado todo este proceso.

Para mí, las matanzas de Mapiripán y las mismas del Río Atrato marcan el inicio de un nuevo modelo de guerra sucia; la llevan a su máxima expresión, es decir, matanzas indiscriminadas de campesinos para lograr su desplazamiento mediante el terror, esto es en la Costa Caribe, Costa Pacífica, Pie de Monte Llanero, y las inmediaciones de las principales ciudades de la Costa.

Así se establece esta alianza de la muerte entre estado-gobierno- ejército y paramilitares. Los paramilitares no son ni más ni menos que subcontratistas que hacen el trabajo sucio y liberan al ejército de la represión atroz y descarada, preservando su imagen de institucionalidad. Luego el ejército consolida los territorios y se lleva los créditos como “garante” de la seguridad ciudadana.

Pero cuando los paramilitares se convierten en una amistad incómoda, en un incordio porque tienen memoria y conocen todo el rodaje, también pueden ser objetos de la represión. Se calcula que el gobierno ha tenido que matar a más de dos mil mandos del sicariato, capaces de demostrar sus vínculos con ellos y el narcotráfico.

Luego de doce años de guerra sucia, se ha hablado una y otra vez de desmovilizació n de los paramilitares. Siempre ha sido una farsa. Han cambiado de nombre, han muerto sus mandos, pero la guerra sigue igual. Continúa el expolio, las tierras jamás han sido devueltas, ¿por qué? Porque se trata de territorios con enormes riquezas para megaproyectos que no incluyen a los habitantes del entorno a la hora de intervenir con obras ingenieras. Se proyectan grandes centrales hidroeléctricas, oleoductos, carreteras, minas a cielo abierto, cultivos industriales con resultados catastróficos para la gente. No es mera coincidencia que ocurran las masacres en zonas cercanas a los megaproyectos no sólo en Colombia sino en México y Perú.

En el caso nuestro, una investigación adelantada por un grupo canadiense concluye que Colombia es uno de los 10 países más ricos en recursos del mundo, con yacimientos minerales de oro, cobre, manganeso, petróleo, además de recursos hídricos notables, e incluso plantas y animales sin clasificar. Por eso es que una premisa de los paramilitares cuando llegan a los campos y preguntan al propietario: "¡Me vende su tierra o le compro la vida!". Muchas veces lo que quieren es plantar palma africana para producir biodiesel. Así se han producido desplazamientos masivos a Turbo, Apartadó, Chigorodó, Medellín y Quibdó. Luego de matanzas de familias enteras.

En el caso del Río Atrato soy un convencido de que lo que está atrás de la matanza es la construcción de un canal interoceánico (Atrato-Tuandó ) de las mismas características que el Canal de Panamá. La marcha triste de los desplazados se inicia en los despachos del BID y del Banco Mundial. Hay dos siglas tenebrosas a tener en cuenta, IIRSA y PPP. Iniciativa de Integración de Infraestructuras para Sudamérica y Plan Puebla Panamá. Ganancias para las multinacionales, violencia para los naturales. En nombre del progreso , campesinos inocentes y sus familias han muerto o han sido desplazados para codicia de las empresas y sus megaproyectos. ¡Exijo que se les haga justicia!

4.- ¿Cómo se explica entonces las reelecciones sucesivas de Uribe en el gobierno colombiano?
Para comprender la realidad específica de Colombia hay que remontarse a la historia del siglo XIX. Luego de la independencia de España, el poder se atomizó, nunca se consolidó un verdadero estado nacional. La burguesía de Colombia siempre fue vendida, sumisa, dependiente de otros poderes externos al país. La oligarquía gobernante se vendió primero a los ingleses desembozadamente, y luego a los Estados Unidos cuando cambió el imperio. Siempre fueron otros los que devoraron nuestras materias primas y jamás hubo políticas de desarrollo nacional ni una reforma agraria. Se trata de familias voraces que no han vacilado en vender los intereses nacionales a potencias extranjeras.


La violencia entonces se puede resumir en pocas líneas. Intolerancia política, alergia a las reformas sociales y asesinato sistemático de la oposición que se atreva a plantear los cambios en el sistema social de Colombia. Como resultado tenemos una democracia genocida, como bien la ha descrito el sacerdote Javier Giraldo. Los colombianos nunca hemos tenido paz, hemos sobrevivido en guerras interminables donde los que cargan el fusil son siempre los pobres, en uno y otro bando. Los guerrilleros, los militares y sus sicarios paramilitares son todos de origen humilde; la burguesía colombiana no sufre de manera directa la guerra; por eso siempre afirman que en Colombia no pasa nada.


A Colombia siempre la ha gobernado una élite sanguinaria que nunca ha admitido reformas sociales. Cada propuesta política diferente ha sido recibida a tiros. Los asesinatos de Jorge Eliécer Gaitán, José Antequera, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro León-Gómez, por nombrar a los principales dirigentes que se atrevieron a esbozar un camino alternativo son la muestra más patente. Querían ser presidentes de otra Colombia. Todos proponían una manera nueva de gobernar, y todos pagaron con sus vidas el haber planteado reformas sociales.

Gaitán, que había estudiado a fondo el modelo de seguridad social aplicado en Italia luego de la segunda guerra y podía entenderse como cercano a las ideas socialdemócratas, fue calificado de comunista y asesinado. Una y otra vez los lideres y políticos del cambio son asesinados.

En este escenario, el conflicto colombiano tiene actualmente un ingrediente muy activo: una prensa vendida al proceso paramilitar, que maquilla los muertos, que alaba a los victimarios, que justifica la guerra sucia. Es de esa manera que es elegido Alvaro Uribe, con una promesa populista de acabar con la guerra, terminar con la guerrilla y modernizar el país. ¿Cómo lo hizo? Comprando conciencias, eliminando opositores, gobernadores, alcaldes, senadores…Ahí está el famoso pacto de Realito que se constituyó para refundar Colombia bajo un acuerdo de gobierno, militares, narcotráfico y paramilitares, y donde habían varios uribistas. En Colombia se habla ya de la política y la parapolítica.

5.- Una pregunta difícil: ¿Cuál es la relación entre el narcotráfico, la economía y la política en Colombia?
El tema es demasiado extenso, pero podría decirte que desde 1974 a Colombia la han gobernado presidentes muy amigos del narcotráfico. Esto tiene sus antecedentes luego de la guerra de Vietnam, cuando en Estados Unidos existía una masa de excombatientes y drogadictos que necesitaban urgentemente suministros de droga desde el exterior del país. ¿Quién podría suministrársela? Colombia. Si alguien se tomara el trabajo de revisar las “amnistías tributarias” en Colombia, el rastro del dinero delataría una huella muy marcada que va desde los grandes capos de la mafia hasta el congreso de la república. Periódicamente los gobiernos han facilitado que los dólares de la mafia ingresen a la economía formal.

Desde 1974, el presidente Alfonso López Michelsen coqueteaba con la mafia de la marimba (marihuana). Los siguientes quisieron seguir el ejemplo. En agosto de 1986, César Gaviria Trujillo era el ministro de Hacienda del nuevo presidente Virgilio Barco. Gaviria Trujillo diseñó diferentes amnistías tributarias que permitieron sanear (lavar) millones de dólares al narcotráfico. Posteriormente, en 1990, el viejo ministro de Hacienda recibió todo el apoyo del mundo mafioso para ser presidente de la república. Y Gaviria logró la presidencia. Es apenas lógico. Y así ha venido ocurriendo desde 1974, que cada presidente de Colombia se ha acercado un poco más al narcotráfico.

Con Uribe, en el 2002, llega el asalto final. ¿Para qué contentarse con las migajas del poder cuando lo podían tener todo? Eso han hecho descaradamente los empresarios llevando a un narcotraficante a la presidencia de la república. Estados Unidos conoce de sobra los orígenes del narcotraficante número 82 en las listas de la DEA. No es la primera vez que Estados Unidos se alía con narcotraficantes, ¿No fue así en el escándalo Irán-Contras? , ¿Con quien estaban aliados? Y cuando ayudaban a los Talibán en la guerra ruso-afgana, no financiaban las operaciones con el tráfico del opio? ¿Alguién ha olvidado a Noriega, el presidente narcotraficante que trabajaba para la CIA?


Un ejemplo de la influencia del narcotráfico en la economía colombiana se refleja en un informe de la CEPAL sobre la economía de Latinoamérica en la década de los ochenta. Todos coincidían en una sola frase. Los 80 fue una década perdida. Pero en Colombia no. La economía no sufrió estancamiento. Las empresas e industrias estaban plenamente financiadas. Y vuelvo a citar la razón: los narcotraficantes, con el dinero a manos llenas, aprovechaban las frecuentes amnistías tributarias para legalizar los capitales y crear empresas que realmente activaron la economía, pero sobre una base económica y política que maneja la delincuencia. ¿ Será que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y Europa no vieron esa polvareda de coca? ,¿Y los organismos económicos mundiales tampoco? Esa delincuencia se legitimó y terminó por gobernar Colombia. Se creó primero una base social de narcos vestidos de traje y corbata que al principio eran mirados con reticencia pero luego terminaron abrazándose con la élite tradicional en los grandes clubes sociales de Bogotá y Medellín.

6.- ¿Cuál es el poder y la influencia de la oposición, incluidas las organizaciones armadas?
Todas las costas (Pacífico, Atlántico y Caribe) están dominadas por los narcotraficantes, el ejército y sus escuadrones de la muerte. En el resto del territorio el conflicto sigue igual que hace cuarenta o cincuenta años. Sigue la confrontación entre la oposición armada y las fuerzas del estado y en medio, una población que merece ser escuchada. En Colombia, las más moderadas corrientes de disidencia política son acalladas y son muy exiguas sus posibilidades de expresión. Salvatore Mancuso, que fue uno de los jefes paramilitares, llegó a decir: “El 35% del Congreso es nuestro”.

7.- ¿Cuál es el balance de la Memoria Histórica en cuanto a las violaciones de los Derechos Humanos?
No existe una estadística precisa del número de organizaciones, personas y colectividades que han sido exterminadas o gravemente destruidas por los diferentes gobiernos del estado colombiano, pongo el caso de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, centenares de organizaciones sindicales, estudiantiles etc. La violencia institucional estimulada contra Gaitán en la década de 1940 dejó más de trescientos mil muertos sin investigar, y decenas de miles de campesinos desarraigados. A eso hay que agregar que en los últimos veinticinco años algunos estudios del banco de datos de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, o la Comisión Colombiana de Juristas, hablan de 350.000 muertos; cuatro millones de desplazados o refugiados políticos; 10.000 detenidos desaparecidos y personas sepultadas en fosas comunes o clandestinas; 6.000.000 de hectáreas robadas a las víctimas.


Sólo durante el año 2009 tuvimos 37 dirigentes sindicales asesinados, y los casos de los “falsos positivos”, o sea decenas de civiles muertos, especialmente jóvenes, asesinados para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, con el fin de mostrar éxitos militares y cobrar los beneficios del estado. Hay militares procesados pertenecientes a varias unidades del ejército como el Batallón Calibío, que se ha distinguido por asesinar a inocentes. Hoy en Colombia, se puede hablar con bastante prudencia de 7 a 12 desapariciones diarias de personas y esto es algo que viene sucediendo desde hace más de una década. En los últimos diez años ha habido más víctimas que en las dictaduras de Argentina y Chile juntas.

8.- ¿ Qué puede esperar el resto del mundo de la situación en Colombia, y cuál crees que será la evolución política en tu país, teniendo como base todos estos antecedentes?
Durante los últimos diez años todos los indicadores demuestran un gran deterioro de la población vulnerable: infancia, mujer, población indígena, afrodescendientes. El último informe de la FAO demuestra un incremento brutal del hambre en Colombia. Por contraste, el hambre en Venezuela se reduce a mínimos históricos.

Si el gobierno y sus sicarios asesinan a miles de campesinos, usurpa tierras y las entrega a las multinacionales productoras de agrocombustibles, el resultado es más muerte y precariedad para la población. No hay brazos, no hay cultivos diversos como los que ofrece el campesino, los agrocombustibles desplazan a los cultivos tradicionales, se
produce una gran carestía de alimentos y productos básicos. La pobreza y el abandono son el fermento para todas las guerras.

El conflicto colombiano, lejos de solucionarse, pareciera que se agudiza cada año, como lo demuestra el acuerdo para la instalación de cinco bases norteamericanas en territorio nacional. Los colombianos seguiremos resistiendo la injusticia extrema. Seguiremos buscando la salida política al conflicto. Si no se puede, seguiremos buscando la salida…


Entrevista realizada en Madrid en diciembre de 2009.
Nota: Ricardo Ferrer logró salir de Vigía del Fuerte y luego de Medellín gracias a la valiente ayuda de anónimos pobladores y ciudadanos que arriesgaron sus vidas para que pudiera salvar la suya, luego de numerosas amenazas y atentados en su contra.


Por: Gonzalo Bizama - Rebelión
Tomado de: Rebelión