testimonios de 9 de las víctimas de una Estrategia de muerte a sindicalistas, que busca acallar la reivindicación social: II Encuentro Nacional de Víctimas de la Violencia Antisindical, febrero 2010
A continuación se presentan los testimonios de nueve de las víctimas que en los últimos años ha dejado la violencia contra sindicalistas en Colombia, los cuales fueron escuchados en una de las sesiones del II Encuentro Nacional de Víctimas de la Violencia Antisindical en Colombia, organizado por la CUT y la ENS en Medellín los días 4 y 5 de febrero pasado.
9 de cada 10 militantes sindicales que son asesinad@s en el mundo son de Colombia y caen a manos de la patronal, ya sea a través de su herramienta paramilitar o del Estado a su servicio
Aidé Moreno
En los últimos 16 años vio caer asesinados a manos de sicarios paramilitares a su esposo (Evaristo Amaya), a su madre y a un hermano. Los tres eran miembros del Sindicato Agrario del Meta.
“Yo nací y me crié en el campo, lo mismo que mi esposo Evaristo Amaya, un hombre que fue ejemplar durante toda su vida, pero desafortunadamente los enemigos de la paz lo asesinaron. Yo quedé viuda con un hijo de 5 años y con 4 meses de embarazo. Cuando empezaron los asesinatos de dirigentes sindicales en el Meta yo pensé que no nos iba a tocar a nosotros, pero cuando empezamos a ver motos rodeando la casa con hombres armados, ya sí vimos la muerte cercana. Mi esposo tuvo la valentía de decirme un día: Negra, a mi me van a matar, tiene que ser conciente de eso porque sino a usted también la matan. Cuando lo asesinaron, en 1994, yo pensé que de ese golpe no iba a levantarme, pero me levanté y ahí empezó mi pelea con la Fiscalía y el DAS para que esclarecieran el crimen. Fue inútil.
No sólo no lo investigaron sino que se nos vino otra tragedia encima: el 30 de septiembre del 2000 asesinan a mi mamá, que era líder en la vereda, defensora de los campesinos, miembro de la Unidad de Mujeres Demócratas y militante del Partido Comunista y del Sindicato Agrario. La mataron por denunciar los atropellos que nos hizo la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, que nos mataron un cerdo, tirotearon la casa y se llevaron unas motosierras. La mataron dos paramilitares en la sala de su casa, en presencia de mi hijo de 4 años, hecho en el que también murió el esposo de una sobrina mía. Por eso el Gobierno no puede decir, como lo ha dicho, que el crimen fue una equivocación, que no iban por ella. Cuatro años después, todavía sin reponernos de la muerte de mamá, asesinan a mi hermano Oscar, estudiante universitario y también miembro del sindicato agrario del Meta. Dos hombres llegaron a su casa y lo asesinan frente a su esposa, que por eso quedó afectada sicológicamente. Este crimen lo denunciamos a la OIT, pero perdimos el caso porque, según la justicia, mi hermano nunca denunció que lo iban a matar y por tanto no había cómo adelantar el proceso. Sin embargo nosotros seguimos en la lucha por esclarecer los crímenes contra mi familia, por lo que fuimos amenazados tuvimos que salir desplazados para Bogotá. Pero allá también recibimos amenazas y nos tocó cambiar varias veces de casa. Esta lucha mía por tratar de que estos crímenes no queden impunes, me ha llevado a denunciar los hechos en muchos estrados nacionales e internacionales, e incluso en el Senado de la República. Porque no nos podemos callar, ya que somos muchos los que vivimos la misma tragedia”.
Margarita Escobar
Esposa de Eliécer Valencia Oviedo, docente y presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, asesinado en Tulúa el 21 de agosto de 2004. Le sobreviven 3 hijos.
“Mi esposo era un hombre de prestigio y muy querido por la gente, porque le ayudaba mucho a la comunidad. Tenía 47 años cuando lo asesinaron, 26 de ellos como educador en el Gimnasio del Pacífico de Tulúa. También era profesor de cátedra en la Universidad del Valle. Había sido declarado objetivo militar por los paramilitares por no comulgar ni estar de acuerdo con los atropellos y las injusticias, por luchas que había liderado en el pueblo por mejores servicios públicos, salud y en el tema de los desplazados, y por las denuncias que hacía en los medios locales por hechos de corrupción en el municipio. Justo el día en que lo asesinaron había hecho su última denuncia. Fue acribillado por sicarios en la puerta del apartamento donde vivíamos. El caso lo investigó un fiscal de Derechos Humanos y pasó luego al Juzgado 56 de Bogotá, que a mediados del año pasado dicto sentencia condenatoria contra los paramilitares Elkin Casarrubio y Ever Velosa, que confesaron el crimen. También obligó a indemnizar a la familia, pero hasta ahora yo no he reclamado nada porque no sé cómo es el proceso de indemnización, por eso busqué la ayuda de la CUT. Yo sé que no hay plata en el mundo con que reparar el dolor y el daño que nos causaron, pero me parece injusto que si ya se esclareció el crimen el gobierno lo repare, aunque sea con plata. También estoy promoviendo un acto por la memoria de mi esposo en la plaza de Tulúa, para reivindicar y limpiar su nombre, porque por mucho tiempo se mantuvo la versión de que fue asesinado por lío de faldas, y ya se sabe que lo mataron los paramilitares por ser sindicalista y líder social”.
Ulises Rengifo
Miembro de Sintraestatales en el departamento de Cauca. Fue víctima de secuestro con fines homicidas por parte de un grupo paramilitar. La movilización de sus compañeros le salvó la vida.
“El 24 de noviembre de 2004, siendo funcionario en los talleres editoriales de la Gobernación del Cauca, fui abordado por tres hombres con distintivos del CTI. Llegaron a mi oficina y me dijeron que necesitaban aclarar una querella que había contra mí. Ya dentro del carro en el que me llevaron, un auto rojo con vidrios polarizados, se quitaron los distintivos y me dijeron que no eran del CTI sino paramilitares. Usted es un jefe guerrillero y lo vamos a matar, me dijeron. Mi intención inmediata fue volarme, pero me doblegaron, me esposaron y me taparon la cabeza con un trapo. No había avanzado el carro tres cuadras cuando, no sé por qué, se devolvió en contravía, paró un momento y uno de los hombres salió. Eso me salvó la vida porque un compañero de la oficina me alcanzó a ver adentro con la cabeza tapada, y de inmediato lanzó la alerta. Los hombres me llevaron a una casa en las afueras de Popayán y durante cuatro horas me torturaron dizque para que confesara, mientras por un radio hablaban con un jefe. Como yo no les respondía nada porque no tenía idea de lo que me preguntaban, escuché que le reportaron al jefe que yo era un guerrillero de verdad, que prefería morirme antes que soltar la lengua. Al rato el jefe llamó por el radio y ordenó que no me hicieran nada, que me soltaran, porque me habían reclamado. De no ser por la bulla que hicieron mis compañeros de oficina, que me buscaron por todas partes, hoy exactamente hubiera cumplido 64 meses de muerto. Sin embargo, a los pocos días me detuvo la Fiscalía arbitrariamente, y para justificar mi detención los agentes pusieron balas de fusil en mi casa, y por ese montaje me vincularon y procesaron. Estuve detenido más de 3 años. Perdí mi trabajo en la Gobernación y ahora estoy desempleado”.
Marta Cecilia Socha Quiroga
Esposa de Benjamín Ramos Rangel, profesor del colegio de Guamal, en el departamento de Magdalena, y presidente del sindicato del municipio. Fue asesinado 19 de febrero de 2005.
“Un antecedente fue que al hermano de mi esposo le asesinaron a su compañera, y a mi esposo lo amenazaron. El tomó muy en serio esas amenazas y por eso le solicitó al rector del colegio de Guamal un permiso especial para no asistir a dictar clases mientras se calmaba el asunto. El rector no aceptó y lo obligó a seguir dictando sus clases. En vista de esto mi esposo puso un denuncio en la Fiscalía 16 del Banco Magdalena, que se demoró 3 meses para responderle que ese delito no era de su competencia, y reenvió el denuncio a la policía de Guamal, que era la competente para atender el caso. Entre los municipios del Banco y Guamal hay apenas una hora por carretera, pero Adpostal se demoró un mes para entregar ese correo. Cuando la denuncia llegó al comando de policía de Guamal, éste la desapareció, o al parecer se la entregaron a los paramilitares, porque 8 días después lo asesinaron. La Fiscalía se sacó en limpio diciendo que mi esposo había tenido la culpa de su muerte, porque cuando presentó la denuncia por las amenazas que le habían hecho debió haber llenado un formulario en el que solicitara protección. Él no lo llenó porque el funcionario que lo atendió no se lo dio a llenar. Posteriormente la Procuraduría Regional dio un fallo diciendo que la Fiscalía sí tenía la culpa, pero el juez no fue de esa opinión y fallo desfavorable contra la denuncia. Así que el crimen sigue en la impunidad”.
Ana Cecilia Pineda
Hija de José Rogelio Pineda, directivo de Sintraelecol de Caldas, asesinado el 12 de abril de 2002 en el interior de un hotel del municipio de Aranzazu, hecho en el que también fue acribillado Hernán de Jesús Ortiz, vicepresidente del sindicato de educadores de Caldas, Educal.
“Mi papá tenía 42 años cuando lo mataron. No tengo palabras para describir cómo era él, pero sí sé que fue una persona que luchó incansablemente por la causa sindical y supo formar a sus tres hijos. Fue un ejemplo para todos nosotros, y más que padre fue mi amigo. Él había viajado a Aranzazu para participar en un encuentro sindical y se alojó en un hotel, en una pieza vecina a la de Hernán de Jesús Ortiz. Y hasta ese hotel, a bordo de una camioneta y dos motos, llegaron los sicarios que los mataron a los dos. El proceso judicial en Manizales prácticamente se cerró, porque la Fiscalía dijo que no había pruebas. Hay sí un detenido, una persona que algunos testigos vieron acompañando a los sicarios que cometieron el crimen. Pero el hombre, que está detenido por otros crímenes que ha cometido, no quiere hablar del caso de mi papá, dice que fue obra de los paramilitares y que él nada tuvo que ver. Por eso pusimos una demanda internacionalmente, asesorados por abogados de Derechos Humanos. Quiero decir que con la muerte de mi papá la familia se traumatizó por completo. Mi hermano mayor cayó un tiempo en las drogas, pero gracias a Dios se recuperó y ahora estudia en la Universidad de Caldas. Somos tres hermanos y yo soy la mayor, la mano derecha de mi mamá, y soy la que está al frente del proceso judicial y a la espera de que por fin se haga justicia. Porque yo digo que uno tiene un día para nacer y otro para morir, pero no de la forma como me arrebataron a mi papá”.
John Hernán Calderón
Hijo de Dionisio Hernán Calderón, presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Yumbo, asesinado en 1985.
“El mayor pecado que cometió mi papá fue haber defendido a su pueblo, a la clase obrera, ya que en esa época, por acción de los políticos de turno, reinaba la incertidumbre por todas partes, tanto en el pueblo como en la organización sindical. Mi padre libró una dura batallas al interior del sindicato para poder quitar el dominio patronal y convertirlo en un sindicato de clase, independiente. Eso se consiguió porque contaba con una base de trabajadores beligerantes, y de ahí en adelante se convirtió en la piedra en el zapato para las administraciones municipales de Yumbo, y logró conquistas importantes. La ola de violencia y terror que se dio entre los años 1982 y 1985 fue impresionante: asesinatos selectivos de líderes sociales, en algunos de los cuales se comprobó la mano de la policía. A raíz de esto mi padre, como presidente del sindicato del Municipio, en asocio de las juntas de acción comunal de Yumbo, convocó a un cabildo abierto, donde denunciaron con nombre propio a los agentes del Estado involucrados en los asesinatos. Eso le costó la vida: a las siete de la noche del 28 de septiembre de 1985, dentro de nuestra propia casa y en presencia de sus hijos, varios hombres entraron y le propinaron 9 balazos. Nosotros quedamos consternados, no sabíamos qué hacer en ese momento, pues todos estábamos muy pequeños. No pudimos poner demanda por el crimen porque nos amenazaron y nos hicieron seguimientos, tanto que nos vimos forzados a irnos de Yumbo y a estar lejos durante dos años. Volvimos a intentar poner la demanda pero otra vez nos volvieron a amenazar. Ahora el caso está en manos de la Fiscalía y de la justicia internacional, pues hace 6 años lo denunciamos asesorados por Reiniciar, que es una organización de Derechos Humanos”.
Rosa Elena Bernal
Hermana de Olga Ester Bernal, educadora sindicalista desaparecida hace 22 años en el Valle del Cauca, donde en los últimos 10 años han sido asesinados otros 38 educadores. Su cadáver no ha sido encontrado.
“Mi hermana era una mujer íntegra, valiente, comprometida con la lucha sindical, y por eso fue detenida y desaparecida en enero de 1988. Muchos dirán que eso fue hace mucho tiempo, pero es que la memoria no la podemos dejar quieta. Es necesario que nos llenemos de motivos para seguir luchando. Lo que busca el gobierno y este sistema asesino es que nos volvamos insensibles frente a lo que le pasa a cada uno de los seres humanos que luchamos y nos comprometemos con la vida. Si tenemos la piel arrozuda y las lágrimas al borde, es porque todavía tenemos la capacidad de movernos y seguir luchando. Por la connotación que tiene el caso de mi hermana, después de 10 años de lucha a nivel nacional e internacional logramos que la Corte Interamericana sacara una resolución condenando al Estado Colombiano por este crimen. Producto de esta denuncia, del caso se ocupó un fiscal sin rostro que logró demostrar que los autores materiales de la detención y desaparición de mi hermana fueron tres agentes del F-2, e implicó también a Guillermo Julio Chávez Ocaña, comandante en ese momento de la policía de Buenaventura, un personaje que por donde pasó dejó estelas de sangre, como la masacre de Trujillo, Valle. Y aún así llegó a ser el director de inteligencia de la Policía Nacional, responsable de las chuzadas a dirigentes populares y defensores de Derechos humanos. El fiscal sin rostro que investigó el caso logró convencer a uno de los autores materiales del crimen para que denunciara a los autores intelectuales. ¿Pero qué pasó? Le pusieron una bomba en al cárcel de Palmira donde estaba detenido, para que no denunciara. El año pasado se volvió a retomar la investigación del caso, buscando que los autores intelectuales paguen por el crimen, y a raíz de eso en noviembre del año pasado allanaron la casa de mi hermana y la acusaron de ser subversiva. Es lo mismo de siempre: cada vez que se hace una denuncia, inmediatamente dicen que es porque es guerrillero, o auxiliar o por lío de faldas”.
María Victoria Jiménez Salazar
Bacterióloga del Hospital de Santafé de Antioquia, dirigente del sindicato Anthoc en este municipio, y también integrante de la Junta Directiva del hospital en representación del cuerpo médico. Sobrevivió a un ataque de dos hombres que la apuñalearon.
“Yo nunca he tenido enemigos, en el pueblo me quieren igual que los compañeros del trabajo. Pero empecé a padecer acosos laborales en mi contra a raíz de una denuncia que hice sobre irregularidades que encontré en la compra de algunos insumos para el hospital que fueron a parar a manos de funcionarios de la dirección del hospital. Un día, cerca de mi casa que queda en una finca cercana al pueblo, vi a dos hombres sospechosos en una moto. Al día siguiente, a eso de la una y media de la tarde, cuando regresaba del hospital y pesé por un parque cercano a mi casa, volví a ver la misma moto con los dos hombres, y esta vez sí alcancé a verles la cara, por lo que arrancaron a toda velocidad. Esa misma tarde me tocó volver al hospital porque me llamaron para que revisara unas pruebas de laboratorio, y eso me ocupó hasta las siete y meda de la noche, hora en que salí y me dirigí hacia mi casa. Pero cuando estaba abriendo el portón de la finca inmediatamente dos tipos se me abalanzaron, seguramente los mismos de la moto porque no alcancé a reconocerlos. Uno me tapó la boca mientras el otro me propinaba lo que yo pensaba que eran golpes. Yo medio me les zafé y empecé a gritar y entonces en la casa, que queda a una media cuadra del portón, los perros ladraron y de la finca vecina también salió gente. Eso me salvó, pero quedé muy herida porque lo que yo creí que eran golpes eran puñaladas que me estaban dando, y además me golpearon muy duro en la cara. Me llevaron de urgencia al hospital, me revisaron y vieron que tenía 7 puñaladas y fracturas en la nariz y en una costilla. Después me mandaron a Medellín a un cirujano plástico porque quedé muy mal. Afortunadamente diez días antes de este suceso había puesto una demanda de acoso laboral en la oficina del trabajo, y eso quedó como antecedente, porque la idea es que eso que me hicieron no quede impune”.
Jorge Sará Marrugo
Hijo de Aury Sará, presidente de la USO en Cartagena, secuestrado, torturado y asesinado en diciembre de 2001 por sicarios de las Autodefensas Unidad de Colombia. Públicamente Salvatore Mancuso y Jorge “40” reconocieron ser los autores materiales e intelectuales del crimen.
“Mi padre era una persona muy querida entre la familia y la gente del barrio en Cartagena, donde, en el momento en el que lo mataron, era presidente del sindicato de ECOPETROL. Era un hombre muy amable y bastante trabajador. Tenía la capacidad de estar metido en muchas actividades a la vez, sin descuidar sus obligaciones con la familia ni en su trabajo ni con el sindicato. Él sabía que lo iban a matar, según se lo contó a mi abuela, o sea la mamá de él, pero trataba de tranquilizarnos a todos. En una ocasión le dijo a mi abuela que él ya se había retirado del sindicato, para que no se preocupara, pero no era verdad. Quizá lo pensó, pero nunca dejó el sindicato, porque él nació para eso, para luchar por los trabajadores. Incluso le molestaba la diferencia de clase que hay en nuestra propia familia, donde los parientes que tienen buenos recursos no ayudan para nada a los que están mal económicamente. Su muerte nos afectó muchísimo a sus hijos, que somos tres: mi persona, que en ese momento tenía 13 años; Catalina, que tenía 8 años y Estefanía, la más pequeña. Por eso sé que un asesinato no sólo puede destrozar una persona sino también una familia, porque después de que a él lo asesinan la familia se dividió más. Por el crimen de mi padre en Cartagena se les abrió juicio a los paramilitares Mancuso y Jorge “40”, pero con la extradición de ellos a Estados Unidos ese crimen va camino de quedar en la impunidad”.
Tomado de: alasbarricadas.org
A continuación se presentan los testimonios de nueve de las víctimas que en los últimos años ha dejado la violencia contra sindicalistas en Colombia, los cuales fueron escuchados en una de las sesiones del II Encuentro Nacional de Víctimas de la Violencia Antisindical en Colombia, organizado por la CUT y la ENS en Medellín los días 4 y 5 de febrero pasado.
9 de cada 10 militantes sindicales que son asesinad@s en el mundo son de Colombia y caen a manos de la patronal, ya sea a través de su herramienta paramilitar o del Estado a su servicio
Aidé Moreno
En los últimos 16 años vio caer asesinados a manos de sicarios paramilitares a su esposo (Evaristo Amaya), a su madre y a un hermano. Los tres eran miembros del Sindicato Agrario del Meta.
“Yo nací y me crié en el campo, lo mismo que mi esposo Evaristo Amaya, un hombre que fue ejemplar durante toda su vida, pero desafortunadamente los enemigos de la paz lo asesinaron. Yo quedé viuda con un hijo de 5 años y con 4 meses de embarazo. Cuando empezaron los asesinatos de dirigentes sindicales en el Meta yo pensé que no nos iba a tocar a nosotros, pero cuando empezamos a ver motos rodeando la casa con hombres armados, ya sí vimos la muerte cercana. Mi esposo tuvo la valentía de decirme un día: Negra, a mi me van a matar, tiene que ser conciente de eso porque sino a usted también la matan. Cuando lo asesinaron, en 1994, yo pensé que de ese golpe no iba a levantarme, pero me levanté y ahí empezó mi pelea con la Fiscalía y el DAS para que esclarecieran el crimen. Fue inútil.
No sólo no lo investigaron sino que se nos vino otra tragedia encima: el 30 de septiembre del 2000 asesinan a mi mamá, que era líder en la vereda, defensora de los campesinos, miembro de la Unidad de Mujeres Demócratas y militante del Partido Comunista y del Sindicato Agrario. La mataron por denunciar los atropellos que nos hizo la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, que nos mataron un cerdo, tirotearon la casa y se llevaron unas motosierras. La mataron dos paramilitares en la sala de su casa, en presencia de mi hijo de 4 años, hecho en el que también murió el esposo de una sobrina mía. Por eso el Gobierno no puede decir, como lo ha dicho, que el crimen fue una equivocación, que no iban por ella. Cuatro años después, todavía sin reponernos de la muerte de mamá, asesinan a mi hermano Oscar, estudiante universitario y también miembro del sindicato agrario del Meta. Dos hombres llegaron a su casa y lo asesinan frente a su esposa, que por eso quedó afectada sicológicamente. Este crimen lo denunciamos a la OIT, pero perdimos el caso porque, según la justicia, mi hermano nunca denunció que lo iban a matar y por tanto no había cómo adelantar el proceso. Sin embargo nosotros seguimos en la lucha por esclarecer los crímenes contra mi familia, por lo que fuimos amenazados tuvimos que salir desplazados para Bogotá. Pero allá también recibimos amenazas y nos tocó cambiar varias veces de casa. Esta lucha mía por tratar de que estos crímenes no queden impunes, me ha llevado a denunciar los hechos en muchos estrados nacionales e internacionales, e incluso en el Senado de la República. Porque no nos podemos callar, ya que somos muchos los que vivimos la misma tragedia”.
Margarita Escobar
Esposa de Eliécer Valencia Oviedo, docente y presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, asesinado en Tulúa el 21 de agosto de 2004. Le sobreviven 3 hijos.
“Mi esposo era un hombre de prestigio y muy querido por la gente, porque le ayudaba mucho a la comunidad. Tenía 47 años cuando lo asesinaron, 26 de ellos como educador en el Gimnasio del Pacífico de Tulúa. También era profesor de cátedra en la Universidad del Valle. Había sido declarado objetivo militar por los paramilitares por no comulgar ni estar de acuerdo con los atropellos y las injusticias, por luchas que había liderado en el pueblo por mejores servicios públicos, salud y en el tema de los desplazados, y por las denuncias que hacía en los medios locales por hechos de corrupción en el municipio. Justo el día en que lo asesinaron había hecho su última denuncia. Fue acribillado por sicarios en la puerta del apartamento donde vivíamos. El caso lo investigó un fiscal de Derechos Humanos y pasó luego al Juzgado 56 de Bogotá, que a mediados del año pasado dicto sentencia condenatoria contra los paramilitares Elkin Casarrubio y Ever Velosa, que confesaron el crimen. También obligó a indemnizar a la familia, pero hasta ahora yo no he reclamado nada porque no sé cómo es el proceso de indemnización, por eso busqué la ayuda de la CUT. Yo sé que no hay plata en el mundo con que reparar el dolor y el daño que nos causaron, pero me parece injusto que si ya se esclareció el crimen el gobierno lo repare, aunque sea con plata. También estoy promoviendo un acto por la memoria de mi esposo en la plaza de Tulúa, para reivindicar y limpiar su nombre, porque por mucho tiempo se mantuvo la versión de que fue asesinado por lío de faldas, y ya se sabe que lo mataron los paramilitares por ser sindicalista y líder social”.
Ulises Rengifo
Miembro de Sintraestatales en el departamento de Cauca. Fue víctima de secuestro con fines homicidas por parte de un grupo paramilitar. La movilización de sus compañeros le salvó la vida.
“El 24 de noviembre de 2004, siendo funcionario en los talleres editoriales de la Gobernación del Cauca, fui abordado por tres hombres con distintivos del CTI. Llegaron a mi oficina y me dijeron que necesitaban aclarar una querella que había contra mí. Ya dentro del carro en el que me llevaron, un auto rojo con vidrios polarizados, se quitaron los distintivos y me dijeron que no eran del CTI sino paramilitares. Usted es un jefe guerrillero y lo vamos a matar, me dijeron. Mi intención inmediata fue volarme, pero me doblegaron, me esposaron y me taparon la cabeza con un trapo. No había avanzado el carro tres cuadras cuando, no sé por qué, se devolvió en contravía, paró un momento y uno de los hombres salió. Eso me salvó la vida porque un compañero de la oficina me alcanzó a ver adentro con la cabeza tapada, y de inmediato lanzó la alerta. Los hombres me llevaron a una casa en las afueras de Popayán y durante cuatro horas me torturaron dizque para que confesara, mientras por un radio hablaban con un jefe. Como yo no les respondía nada porque no tenía idea de lo que me preguntaban, escuché que le reportaron al jefe que yo era un guerrillero de verdad, que prefería morirme antes que soltar la lengua. Al rato el jefe llamó por el radio y ordenó que no me hicieran nada, que me soltaran, porque me habían reclamado. De no ser por la bulla que hicieron mis compañeros de oficina, que me buscaron por todas partes, hoy exactamente hubiera cumplido 64 meses de muerto. Sin embargo, a los pocos días me detuvo la Fiscalía arbitrariamente, y para justificar mi detención los agentes pusieron balas de fusil en mi casa, y por ese montaje me vincularon y procesaron. Estuve detenido más de 3 años. Perdí mi trabajo en la Gobernación y ahora estoy desempleado”.
Marta Cecilia Socha Quiroga
Esposa de Benjamín Ramos Rangel, profesor del colegio de Guamal, en el departamento de Magdalena, y presidente del sindicato del municipio. Fue asesinado 19 de febrero de 2005.
“Un antecedente fue que al hermano de mi esposo le asesinaron a su compañera, y a mi esposo lo amenazaron. El tomó muy en serio esas amenazas y por eso le solicitó al rector del colegio de Guamal un permiso especial para no asistir a dictar clases mientras se calmaba el asunto. El rector no aceptó y lo obligó a seguir dictando sus clases. En vista de esto mi esposo puso un denuncio en la Fiscalía 16 del Banco Magdalena, que se demoró 3 meses para responderle que ese delito no era de su competencia, y reenvió el denuncio a la policía de Guamal, que era la competente para atender el caso. Entre los municipios del Banco y Guamal hay apenas una hora por carretera, pero Adpostal se demoró un mes para entregar ese correo. Cuando la denuncia llegó al comando de policía de Guamal, éste la desapareció, o al parecer se la entregaron a los paramilitares, porque 8 días después lo asesinaron. La Fiscalía se sacó en limpio diciendo que mi esposo había tenido la culpa de su muerte, porque cuando presentó la denuncia por las amenazas que le habían hecho debió haber llenado un formulario en el que solicitara protección. Él no lo llenó porque el funcionario que lo atendió no se lo dio a llenar. Posteriormente la Procuraduría Regional dio un fallo diciendo que la Fiscalía sí tenía la culpa, pero el juez no fue de esa opinión y fallo desfavorable contra la denuncia. Así que el crimen sigue en la impunidad”.
Ana Cecilia Pineda
Hija de José Rogelio Pineda, directivo de Sintraelecol de Caldas, asesinado el 12 de abril de 2002 en el interior de un hotel del municipio de Aranzazu, hecho en el que también fue acribillado Hernán de Jesús Ortiz, vicepresidente del sindicato de educadores de Caldas, Educal.
“Mi papá tenía 42 años cuando lo mataron. No tengo palabras para describir cómo era él, pero sí sé que fue una persona que luchó incansablemente por la causa sindical y supo formar a sus tres hijos. Fue un ejemplo para todos nosotros, y más que padre fue mi amigo. Él había viajado a Aranzazu para participar en un encuentro sindical y se alojó en un hotel, en una pieza vecina a la de Hernán de Jesús Ortiz. Y hasta ese hotel, a bordo de una camioneta y dos motos, llegaron los sicarios que los mataron a los dos. El proceso judicial en Manizales prácticamente se cerró, porque la Fiscalía dijo que no había pruebas. Hay sí un detenido, una persona que algunos testigos vieron acompañando a los sicarios que cometieron el crimen. Pero el hombre, que está detenido por otros crímenes que ha cometido, no quiere hablar del caso de mi papá, dice que fue obra de los paramilitares y que él nada tuvo que ver. Por eso pusimos una demanda internacionalmente, asesorados por abogados de Derechos Humanos. Quiero decir que con la muerte de mi papá la familia se traumatizó por completo. Mi hermano mayor cayó un tiempo en las drogas, pero gracias a Dios se recuperó y ahora estudia en la Universidad de Caldas. Somos tres hermanos y yo soy la mayor, la mano derecha de mi mamá, y soy la que está al frente del proceso judicial y a la espera de que por fin se haga justicia. Porque yo digo que uno tiene un día para nacer y otro para morir, pero no de la forma como me arrebataron a mi papá”.
John Hernán Calderón
Hijo de Dionisio Hernán Calderón, presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Yumbo, asesinado en 1985.
“El mayor pecado que cometió mi papá fue haber defendido a su pueblo, a la clase obrera, ya que en esa época, por acción de los políticos de turno, reinaba la incertidumbre por todas partes, tanto en el pueblo como en la organización sindical. Mi padre libró una dura batallas al interior del sindicato para poder quitar el dominio patronal y convertirlo en un sindicato de clase, independiente. Eso se consiguió porque contaba con una base de trabajadores beligerantes, y de ahí en adelante se convirtió en la piedra en el zapato para las administraciones municipales de Yumbo, y logró conquistas importantes. La ola de violencia y terror que se dio entre los años 1982 y 1985 fue impresionante: asesinatos selectivos de líderes sociales, en algunos de los cuales se comprobó la mano de la policía. A raíz de esto mi padre, como presidente del sindicato del Municipio, en asocio de las juntas de acción comunal de Yumbo, convocó a un cabildo abierto, donde denunciaron con nombre propio a los agentes del Estado involucrados en los asesinatos. Eso le costó la vida: a las siete de la noche del 28 de septiembre de 1985, dentro de nuestra propia casa y en presencia de sus hijos, varios hombres entraron y le propinaron 9 balazos. Nosotros quedamos consternados, no sabíamos qué hacer en ese momento, pues todos estábamos muy pequeños. No pudimos poner demanda por el crimen porque nos amenazaron y nos hicieron seguimientos, tanto que nos vimos forzados a irnos de Yumbo y a estar lejos durante dos años. Volvimos a intentar poner la demanda pero otra vez nos volvieron a amenazar. Ahora el caso está en manos de la Fiscalía y de la justicia internacional, pues hace 6 años lo denunciamos asesorados por Reiniciar, que es una organización de Derechos Humanos”.
Rosa Elena Bernal
Hermana de Olga Ester Bernal, educadora sindicalista desaparecida hace 22 años en el Valle del Cauca, donde en los últimos 10 años han sido asesinados otros 38 educadores. Su cadáver no ha sido encontrado.
“Mi hermana era una mujer íntegra, valiente, comprometida con la lucha sindical, y por eso fue detenida y desaparecida en enero de 1988. Muchos dirán que eso fue hace mucho tiempo, pero es que la memoria no la podemos dejar quieta. Es necesario que nos llenemos de motivos para seguir luchando. Lo que busca el gobierno y este sistema asesino es que nos volvamos insensibles frente a lo que le pasa a cada uno de los seres humanos que luchamos y nos comprometemos con la vida. Si tenemos la piel arrozuda y las lágrimas al borde, es porque todavía tenemos la capacidad de movernos y seguir luchando. Por la connotación que tiene el caso de mi hermana, después de 10 años de lucha a nivel nacional e internacional logramos que la Corte Interamericana sacara una resolución condenando al Estado Colombiano por este crimen. Producto de esta denuncia, del caso se ocupó un fiscal sin rostro que logró demostrar que los autores materiales de la detención y desaparición de mi hermana fueron tres agentes del F-2, e implicó también a Guillermo Julio Chávez Ocaña, comandante en ese momento de la policía de Buenaventura, un personaje que por donde pasó dejó estelas de sangre, como la masacre de Trujillo, Valle. Y aún así llegó a ser el director de inteligencia de la Policía Nacional, responsable de las chuzadas a dirigentes populares y defensores de Derechos humanos. El fiscal sin rostro que investigó el caso logró convencer a uno de los autores materiales del crimen para que denunciara a los autores intelectuales. ¿Pero qué pasó? Le pusieron una bomba en al cárcel de Palmira donde estaba detenido, para que no denunciara. El año pasado se volvió a retomar la investigación del caso, buscando que los autores intelectuales paguen por el crimen, y a raíz de eso en noviembre del año pasado allanaron la casa de mi hermana y la acusaron de ser subversiva. Es lo mismo de siempre: cada vez que se hace una denuncia, inmediatamente dicen que es porque es guerrillero, o auxiliar o por lío de faldas”.
María Victoria Jiménez Salazar
Bacterióloga del Hospital de Santafé de Antioquia, dirigente del sindicato Anthoc en este municipio, y también integrante de la Junta Directiva del hospital en representación del cuerpo médico. Sobrevivió a un ataque de dos hombres que la apuñalearon.
“Yo nunca he tenido enemigos, en el pueblo me quieren igual que los compañeros del trabajo. Pero empecé a padecer acosos laborales en mi contra a raíz de una denuncia que hice sobre irregularidades que encontré en la compra de algunos insumos para el hospital que fueron a parar a manos de funcionarios de la dirección del hospital. Un día, cerca de mi casa que queda en una finca cercana al pueblo, vi a dos hombres sospechosos en una moto. Al día siguiente, a eso de la una y media de la tarde, cuando regresaba del hospital y pesé por un parque cercano a mi casa, volví a ver la misma moto con los dos hombres, y esta vez sí alcancé a verles la cara, por lo que arrancaron a toda velocidad. Esa misma tarde me tocó volver al hospital porque me llamaron para que revisara unas pruebas de laboratorio, y eso me ocupó hasta las siete y meda de la noche, hora en que salí y me dirigí hacia mi casa. Pero cuando estaba abriendo el portón de la finca inmediatamente dos tipos se me abalanzaron, seguramente los mismos de la moto porque no alcancé a reconocerlos. Uno me tapó la boca mientras el otro me propinaba lo que yo pensaba que eran golpes. Yo medio me les zafé y empecé a gritar y entonces en la casa, que queda a una media cuadra del portón, los perros ladraron y de la finca vecina también salió gente. Eso me salvó, pero quedé muy herida porque lo que yo creí que eran golpes eran puñaladas que me estaban dando, y además me golpearon muy duro en la cara. Me llevaron de urgencia al hospital, me revisaron y vieron que tenía 7 puñaladas y fracturas en la nariz y en una costilla. Después me mandaron a Medellín a un cirujano plástico porque quedé muy mal. Afortunadamente diez días antes de este suceso había puesto una demanda de acoso laboral en la oficina del trabajo, y eso quedó como antecedente, porque la idea es que eso que me hicieron no quede impune”.
Jorge Sará Marrugo
Hijo de Aury Sará, presidente de la USO en Cartagena, secuestrado, torturado y asesinado en diciembre de 2001 por sicarios de las Autodefensas Unidad de Colombia. Públicamente Salvatore Mancuso y Jorge “40” reconocieron ser los autores materiales e intelectuales del crimen.
“Mi padre era una persona muy querida entre la familia y la gente del barrio en Cartagena, donde, en el momento en el que lo mataron, era presidente del sindicato de ECOPETROL. Era un hombre muy amable y bastante trabajador. Tenía la capacidad de estar metido en muchas actividades a la vez, sin descuidar sus obligaciones con la familia ni en su trabajo ni con el sindicato. Él sabía que lo iban a matar, según se lo contó a mi abuela, o sea la mamá de él, pero trataba de tranquilizarnos a todos. En una ocasión le dijo a mi abuela que él ya se había retirado del sindicato, para que no se preocupara, pero no era verdad. Quizá lo pensó, pero nunca dejó el sindicato, porque él nació para eso, para luchar por los trabajadores. Incluso le molestaba la diferencia de clase que hay en nuestra propia familia, donde los parientes que tienen buenos recursos no ayudan para nada a los que están mal económicamente. Su muerte nos afectó muchísimo a sus hijos, que somos tres: mi persona, que en ese momento tenía 13 años; Catalina, que tenía 8 años y Estefanía, la más pequeña. Por eso sé que un asesinato no sólo puede destrozar una persona sino también una familia, porque después de que a él lo asesinan la familia se dividió más. Por el crimen de mi padre en Cartagena se les abrió juicio a los paramilitares Mancuso y Jorge “40”, pero con la extradición de ellos a Estados Unidos ese crimen va camino de quedar en la impunidad”.
Tomado de: alasbarricadas.org
