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lunes, 11 de octubre de 2010

La Vacatón


SE DEBIÓ BRINDAR, CADA VEZ QUE un obsequioso propietario levantaba la mano y gritaba "yo también", y a renglón seguido, el estruendoso aplauso de los invitados, todos del gremio, todos de corbata, todos conocidos.

Un acto social de trascendencia, sobre todo en estos días que se habla de Ley de Tierras y de justa reparación. Acto social se llama en los clubes a esas reuniones que se hacen para elogiarse mutuamente en público y criticarse en privado. Y, además, donde se hacen negocios, se adquieren compromisos, se definen políticas. Esta reunión fue especialísima por el significado, por la concurrencia, por la calidad de los manteles de las mesas en que se sentaron los ganaderos a compartir sus hatos con el pueblo. Digamos que la generosidad fue mucho menor que la altisonancia y que, en conjunto, los costos del evento –champagne, whisky, vino, “carne, frutas, tortas, huevos, pan y pez”– debieron ser mucho mayores que las graciosas donaciones, que al final pudieron quedarse en las venias y en las angustias del día después. Porque en la pesa, como se dice, pocas de las aplaudidas reses debieron llegar a los corrales campesinos. Novecientas cuarenta vacas preñadas –con certificación– podrían haber salido de los inventarios –o mejor, bases de datos– de los duros que se atrevieron a dar un paso adelante para transferir, a título de propiedad, una vaca con el noble propósito de contribuir a la paz de este país. A la hora de los quihubos, sólo los mayordomos sabrán cuántas arriaron y qué clase de churrientas o gurres entregaron a la ingeniosa dama que tuvo a bien cranearse el ágape y recibir las glorias. La original idea fue inspirada, sin duda, en la fábula de Samaniego La Lechera: “con esta leche compraré un ternero, que cuando crezca lo cambiaré por dos; que cuando crezcan los cambiaré por cuatro. Así, en pocos años, tendré un hato, y así todos seremos iguales, y así no habrá envidias ni guerras. Amén”.

La mala conciencia, opino, no les dio a los ganaderos para mucho. Tampoco se trataba de nada distinto a un acto lleno de significado. Que lo tuvo, sin duda, 900 vacas preñadas de un hato nacional, no digamos de 40 millones, sino de la mitad, de 20 millones, pesan. Y valen. Digo yo, algo menos que las reses con las que algunos de los grandes ganaderos –los de zamarros y mulera– financian campañas políticas, cam pañas de limpieza social, campañas de autodefensa, campañas de soborno y campañas de defensa. Baste recordar que la masacre del Salado, donde mataron a un centenar de campesinos, fue una retaliación por el robo de 400 reses que tenía La Gata en su hacienda de Yeguas. Algunos –los de corbata, que no son los mismos– están preocupados, muy preocupados, porque la Ley de Tierras anunciada una y otra vez invierta la carga de la prueba y terminen ellos, los hacendados, teniendo que probar que las tierras compradas lo han sido de buena fe. “No faltaba más, dirán. El mundo al revés. Nuestra sola presencia en un futuro tribunal de tierras es, de por sí, prueba de nuestra buena fe. La evidencia habla por sí misma: prometimos muchas vacas preñadas en banquete de ‘Una vaca por la paz de Colombia’, y ahí están pastando con sus crías en las mangas de los parceleros. Así se pagan las deudas morales: con equidad y oportunidad. Aplausos.

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El Ministro de la Defensa anda metido en un laberinto. De un lado, su peluquero busca mejorarle la foto; de otro lado, los generales le miden el aceite: lo pusieron a defender un artículo dentro del nuevo Estatuto de Seguridad Ciudadana que penalizaría la apología del terrorismo, un concepto tan cauchoso, que podría servir para cualquier cosa. Por ejemplo, para meter a la cárcel todo aquel que hable mal de las Fuerzas Armadas. El embuchado recuerda el chigüiro que le soltaron a Rafael Pardo la primera noche que pasó en un cuartel como primer ministro de la defensa y que lo hizo saltar de la cama creyendo que los terroristas se habían tomado la base.


Por: Alfredo Molano Bravo
Tomado de: elespectador.com

miércoles, 29 de septiembre de 2010

LA MUERTE Y LA INJUSTICIA SIGUEN IGUAL DE LATENTES - SIGUEN ATENTADO CONTRA LA VIDA

LA MUERTE Y LA INJUSTICIA SIGUEN IGUAL DE LATENTES



Lamentablemente los hechos siguen siendo supremamente graves, por lo que nuestro deber histórico y ético es dejar constancia nuevamente de estos sucesos. Las estructuras paramilitares continúan actuando bajo el amparo de la Fuerza Pública, su actuar de muerte cada vez se extiende más en la zona y las amenazas que anteceden dichas acciones siempre vienen del estado, que no ahorra esfuerzos por acabarnos, uniéndose para ello desde las diversas instancias de la justicia. Los organismos de control solo son correos que se despachan y escuchan entre sí, sin hacer absolutamente nada ante la situación, mostrando indudablemente la complicidad y la ineficacia ante todo esto.

Los hechos que ponemos a la memoria de la humanidad para que juzgue es:

- El 18 de septiembre de 2010 a las 10 horas, miembros del ejército entraron al caserío de la Resbalosa de la Comunidad de Paz, allí comenzaron a tomar fotos a la gente y a los animales de la comunidad, comenzaron a decir que las vacas que estaban allí y que pertenecían a gente de la comunidad que eran de la guerrilla, que esa comunidad era una h.p comunidad guerrillera que no descansarían hasta acabar con esa h.p. comunidad y con esos h.p líderes guerrilleros, además se burlaban diciendo que no les pasaba nada que ahí quedaba como ejemplo lo de la Masacre del 21 de febrero de 2005.

- El 14 de agosto de 2010 hacia las 9:30 a.m. Félix Guzmán estaba en su finca cortando arroz, en la vereda Murmullo Alto cerca a la vereda Alto Joaquín espacio perteneciente a nuestra comunidad. Félix estaba trabajando sin camisa y la tenía colgado en un árbol con el agua y el almuerzo, al momento se vieron los paramilitares, que venían de Guadual contigua al corregimiento de Batata donde tienen la base. Los paramilitares llegaron a la finca lo vieron hablando con ellos y no se volvió a ver, se encuentra desaparecido, estaba en su lugar de trabajo la camisa, el almuerzo y el arroz que había cortado. Su compañera y un niño de 8 años fueron a donde los paramilitares al otro día y ellos solo se reían sin contestarle nada sobre el paradero de Félix. Después de buscarlo toda la semana ella se fue para Tierra Alta. Félix había sido presionado por los paramilitares para que trabajaran con ellos y le pagarían $ 300.000, las presiones y amenazas venían porque lo acusaban de apoyar a la guerrilla y que por ello tenía que apoyarlos si no se moriría.



Estos hechos evidencian el actuar de muerte que busca acabarnos, no se ahorran esfuerzos por hacer reinar la injusticia y la muerte en la zona, saben que pueden hacer lo que quieran sin que puedan ser detenidos, ni existir mínimos de justicia. La impunidad del caso del 21 de febrero de 2005 (donde fueron asesinadas ocho personas) solo es uno más de los casos de impunidad en toda esta cadena de crimenes de lesa humanidad contra la comunidad, que vale para seguir actuando con esa lógica de exterminio. Pese a ello la coherencia moral de nuestra búsqueda alternativa nos lleva a decir no a esta conciencia de la muerte, y a pesar de todo ello seguir con más firmeza caminando en la coherencia de la vida, exigencia ética para una sociedad que busca la justicia. Acudimos a esa solidaridad nacional e internacional y que ha permitido que sigamos resintiendo civilmente en nuestro caminar.



COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Septiembre 22 de 2010





SIGUEN ATENTADO CONTRA LA VIDA


Lamentablemente después de dejar constancia de amenazas por parte del ejército contra la comunidad y la desaparición de Félix Guzmán por parte de los paramilitares, nuevamente tenemos que dejar constancia de nuevos hechos supremamente graves y que exigen urgentemente acciones para frenar el accionar de muerte que se viene dando en la zona.

- El 22 de septiembre de 2010, hacia las 17:50 horas, en el sitio Tierra Amarilla venían caminando JOSE DAVID GRACIANO Y ALONSO VALLE GUERRA cuando fueron abordados por dos paramilitares en una moto, uno de los paramilitares reconocido en la zona. Los paramilitares comenzaron a dispararles desde la moto, ellos corrieron y lograron esconderse quedando herido en una pierna Alonso Valle, el otro salió ileso. Ellos venían de una audiencia en la que se habían presentado, acusados injustamente y con falsos testimonios de ser milicianos. Como habían salido ya tarde de dicha citación no alcanzaron el carro de servicio público y venían caminado.

La comunidad dió aviso de estos hechos a la defensoría quienes dijeron que se habían comunicado con la Brigada y la respuesta de ellos era que todo estaba tranquilo y era mentira que estuviera sucediendo algo. Es de anotar que en la vía San José Apartado habían cinco retenes Militares, uno de ellos a tan solo 5 minutos de donde ocurrieron los hechos, además en tierra Amarilla ha existido un control militar últimamente, para el día de los hechos no había ninguna presencia militar. Estas dos personas habían solicitado a la Defensoría del Pueblo dos días antes de los hechos para que les acompañaran para bajar y subir de la audiencia porque temían por sus vidas al ser estigmatizados a través de las acusaciones y señalamientos en contra de ellos, la petición fue negada por la Defensoría.



- El 22 de septiembre de 2010, hacia las 8 horas fue abordado un miembro de nuestra comunidad en Dabeiba por el paramilitar conocido como Berardo Tuberquia, el manifestó que hacia parte de las águilas negras que hacen presencia en Córdoba y Uraba, la interrogó por varios miembros de la comunidad y le dijo que tenían una lista larga de la comunidad para asesinar y comenzó a decir que quienes encabezaban dicha lista estaban varios líderes, acompañantes y miembros de la comunidad al igual que gente de la zona del corregimiento de San José de Apartado.



Se evidencia la difícil situación en la zona por el actuar paramilitar y la complacencia ante ello de la fuerza pública, se atenta contra la vida sin que se haga absolutamente nada. Como siempre ante los hechos reales y contundentes se miente, se dice que no pasa nada. Ya estamos acostumbrados a ello, durante trece años hemos dejado constancia del paramilitarismo y solo dicen que mentimos, hemos dejado constancia de más de 800 violaciones de derechos humanos contra la comunidad y todo en la impunidad, la masacre del 21 de febrero dijimos como había sucedió con el accionar conjunto de paramilitares y militares corroborado esto por confesiones de los mismos militares, sin embargo todo en la impunidad, de ahí que se siga y se siga atentando contra la vida, queriendo exterminar a la comunidad.



Pedimos con urgencia la solidaridad nacional e internacional exigiéndole al Estado el cese de dicho accionar de muerte y exterminio contra la comunidad.



COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

SEPTIEMBRE 24 DE 2010



Tomado de: cdpsanjose.org/172
cdpsanjose.org/173

martes, 3 de agosto de 2010

Arde Medellín

Uno de los peores legados del gobierno que está a punto de terminar ha sido la inseguridad urbana.

En ciudades como Medellín, históricamente azotada por distintas violencias, la incertidumbre y desazón se han vuelto pan cotidiano entre sus habitantes, debido a la omnipresencia de bandas, a las disputas territoriales y a la redistribución de poder de los nuevos capos de las mafias del narcotráfico.

Medellín, ciudad de altos contrastes, de “metra y metro”, es, de nuevo, centro de la criminalidad. Y mientras algún actor está recitando a Shakespeare en alguno de los teatros de la urbe, en otro espacio pueden estar asesinando a alguien, robándole el celular a una chica, despojando de sus pertenencias a una anciana, en fin. En los barrios suenan violines pero también disparos. Medellín es hoy una ciudad de bonita infraestructura y de miedos permanentes.

A veces da la impresión de que la avalancha de inseguridades quisiera ser disimulada por ferias y bengalas. O, como ocurrió en marzo pasado, por los festones y competencias de los juegos suramericanos. Todavía hay ecos en torno a los gastos (¿despilfarro?) de más de dos mil millones de pesos en las celebraciones del Bicentenario. Y los polvoreros de La Estrella y Caldas todavía no entienden por qué no se los utilizó a ellos para tales efectos, si, según dicen, son tan buenos como los extranjeros que contrataron.

Y si alguien va a barrios como el histórico de La Toma, oirá de sus moradores quejas en torno a cómo para construir allí el Parque Bicentenario, a ellos se les ha humillado de parte de las autoridades. O se les ha intimidado con la presencia de antimotines para no permitirles expresar sus protestas en torno a lo que consideran maltratos de parte de la administración local.

De otra parte, a principios de 2010, se conocieron cifras de espanto. Según Medicina Legal, en 2008 se presentaron en Medellín 1.044 asesinatos mientras al año siguiente hubo 2.178. Los focos de conflicto, ubicados en distintas comunas, se han extendido y las bandas de delincuentes, en general al servicio del paramilitarismo y las mafias, han “evolucionado”. Ahora son como una suerte de ejércitos con armamento pesado, fusiles y subametralladoras.

Además de ser “ley” en sus fracciones territoriales, muchas de esas bandas delictivas acuden, para su financiación, a las vacunas a comerciantes y habitantes. Y quien no pague está en situación de alto riesgo: o lo matan o se tiene que ir del sector. Según un estudio del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, este tipo de delito ha aumentado en Medellín y “las víctimas del mismo deben soportar el asedio de dos y hasta tres grupos armados quienes imponen “vacunas” cuyos montos están poniendo en jaque la economía de las comunidades”.

Hay barrio de Medellín en los cuales las vacunas se las cobran hasta a las empleadas domésticas y a los vendedores de confites. El transporte público, según las mismas denuncias, es uno de los más afectados por las extorsiones. La ciudad es escenario de distintas trifulcas entre grupos armados, y los comerciantes, formales e informales del centro de la ciudad, también son vacunados por las bandas armadas y de “vigilancia”.

La espantosa herencia del Cartel de Medellín se manifiesta rediviva en las nuevas generaciones de grupos criminales. Y como se sabe, en la ciudad las que imponen la paz (una suerte de pax romana, según la hegemonía y los intereses en juego) o la guerra, son las organizaciones de delincuentes, tal como sucedió en los tiempos de “Don Berna”.

Medellín, ciudad de músicos y festivales poéticos, vuelve a estar en crisis. Y no sólo por la explosión de bandas criminales, sino, además, porque desde hace tiempos ha habido actitudes permisivas con clases emergentes y sus métodos non sanctos, con la privatización de la justicia y con modelos mafiosos de gobierno. Medellín suena a veces a serenatas de nostalgia, y en otras a la ordinariez de burdas cabalgatas y a balazos de ranchera.

Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: elespectador.com

domingo, 6 de junio de 2010

Conflicto armado tenía “ardiendo” Altos de la Virgen mucho antes que el fuego se lo consumiera

Para Beatriz*, líder barrial de la comuna 13 de Medellín, pensar que la mano criminal estaría detrás del incendio que arrasó con más de 200 viviendas en el sector de Altos de la Virgen y que dejó más de 700 damnificados, no es algo descabellado ni alejado de la realidad.


El 30 de diciembre de 2006, este mismo sector había padecido un incendio de grandes proporciones.


Los graves hechos de violencia que se estaban presentando en aquel sector de la populosa comuna, sumado a la experiencia que tuvo que vivir horas después de ocurrida la conflagración, le dan los suficientes argumentos para pensar así.

Beatriz hace parte de los comités barriales de emergencia, grupos creados por el Sistema Municipal para la Atención y Prevención de Desastres (Simpad) para que sirvan de primer apoyo en situaciones de este tipo. Por ello fue de las primeras personas en llegar al lugar de la tragedia con el firme propósito de socorrer a los damnificados.

Sin embargo, sus intenciones humanitarias se vieron obstaculizadas por el accionar de las bandas criminales que operan allí y que se han convertido en los verdugos de la comunidad.

“Me llamaron como a las 3:00 de la mañana y de inmediato, nos dirigimos al lugar. Como vivimos cerca, nos fuimos a pie. Pero en el (barrio) Socorro nos pararon los ‘muchachos’ y nos preguntaron que para donde íbamos. Ellos vieron nuestros uniformes del Simpad, el incendio era un par de cuadras más allá. Nosotros les dijimos que íbamos a ayudar a la gente y ni así nos dejaron pasar. Nos tocó llamar a la Policía para que nos llevaran hasta donde estaba la gente”, relata Beatriz.

Esta dirigente barrial sabe, por conocimiento propio, que este sector de la comuna venía siendo escenario de fuertes confrontaciones entre bandas criminales, quizás las más cruentas de toda la zona, y que los actores de este conflicto no se estaban midiendo en consideraciones para acabar con el enemigo declarado.

“Aquí es donde se concentra el conflicto armado de la comuna 13. Hay sectores de la comuna que son relativamente tranquilos, pero aquí, hay muchas bandas en guerra, controlan la movilidad de la gente, hay muchas balaceras. Aquí se vive una situación complicada”, afirma la líder.

Las estadísticas le dan la razón. De acuerdo con Medicina Legal, la comuna 13 es la zona más violenta de la ciudad con cerca de 110 homicidios. De ellos, más del 60% se cometieron en el sector comprendido entre San Javier No 1, El Socorro, Juan XXIII, La Divisa y La Quiebra, curiosamente los barrios aledaños a la zona del incendio.

Al examinar el comportamiento de los homicidios en esta comuna se observa que el promedio de personas asesinadas no superaba la cifra de 18, pero en el mes de mayo la media se disparó de manera alarmante. Sólo hasta el 20 de ese mes ya se contabilizaban 30 decesos violentos.

La explicación de dicho incremento radicaría en el recrudecimiento de las confrontaciones entre las bandas “La Agonía”, “La Divisa” y “Los del Alto”, quienes se disputan un corredor comprendido por los barrios El Socorro, La Divisa, Juan XXIII, La Quiebra y Altos de la Virgen, territorio donde paradójicamente predomina la miseria, el desempleo y la falta de oportunidades para los más jóvenes.

Las cifras de desplazamientos forzados intraurbanos también dan cuenta de que allí se estaba viviendo un conflicto armado de alta intensidad. Sólo hasta las primeras semanas de mayo la Personería de Medellín había recepcionado 859 declaraciones de víctimas de este flagelo. La comuna 13, con 552 casos, figura como la segunda zona de la ciudad más expulsora. De estos, 111 corresponden al barrio Belencito, 107 al sector de San Javier No 1 y 79 a Juan XXIII – La Quiebra.

Uno de los casos más dramáticos de este tipo ocurrió a mediados del mes de abril en el sector La Quiebra, cuando miembros de la banda “La Divisa” amenazaron de muerte a por lo menos cuatro líderes barriales, quienes debieron abandonar el barrio con sus familias. En total, fueron seis núcleos familiares, alrededor de 25 personas, las que fueron desplazadas.

Lo grave es que en este caso el desplazamiento estuvo acompañado de despojo de viviendas. De acuerdo con la Personería, del total de declaraciones recepcionadas hasta la fecha, en por lo menos siete casos se ha documentado despojo de bienes, de las cuales cuatro corresponden al sector de Juan XXIII – La Quiebra.

Múltiples actores, múltiples conflictos

“Algunas de las personas que entrevisté en ese momento me dijeron que el incendio fue provocado por un artefacto explosivo que lanzaron desde el lado del (barrio) Socorro. Otros dijeron que fue por un corto circuito. Todo fue muy confuso. Lo cierto del caso es que la tragedia fue mucho mayor que en el incendio de diciembre de 2007”, expresa Beatriz.

Declaraciones de buena parte de los damnificados apuntan a que el incendio fue producto de una acción criminal. Foto AFP PHOTO Raúl Arboleda


Ese 30 de diciembre de 2006, cerca de 80 viviendas fueron consumidas por las llamas y por lo menos unas 350 personas resultaron damnificadas. Muchas de ellas reconstruyeron sus viviendas en el sector, a pesar de la declaratoria de Calamidad Pública que decretó la Alcaldía de Medellín.

Si bien aún faltan muchos elementos que permitan esclarecer las causas del incendio, la pregunta que todos se hacen es si los damnificados querrán reconstruir sus vidas en este territorio, pues a diferencia de aquella ocasión, sobre la comunidad pesaba una amenaza permanente de desplazamiento forzado por parte de las bandas criminales que operan allí.

Así lo advierte una habitante de la zona consultada por la Agencia de Prensa IPC, quien manifiesta que el hecho de convivir en un sector donde el hacinamiento es factor común y donde la interacción con los miembros de las bandas es situación obligada, convirtió a la comunidad en un actor más de esta nueva fase del conflicto armado.

“Los de la Agonía, por ejemplo, intentan portarse bien con la gente, tratan de ganársela. En parte, para que los cuiden y les avise cuando viene la policía o los enemigos. Y de alguna forma lo han logrado. En cambio, los de la Divisa, que son del sector de La Quiebra, maltratan mucho a la gente. Le piden que dejen las puertas abiertas para ellos poder resguardarse si hay balaceras. Obligan a la gente a que les guarden las armas, y no estamos hablando de revólveres ‘chichipatos’, hablamos de fusiles y granadas. Han echado gente simplemente porque la casa les sirve para vigilar”, cuenta la pobladora, que pidió se omitiera su nombre.

Dinámicas tan complejas como estas han generado que la comunidad hay perdido su carácter neutral y terminen siendo amenazadas personas que nada tienen que ver en con el conflicto. Para uno y otro bando, las madres, los hermanos, las compañeras sentimentales y hasta los vecinos relacionados con sus enemigos se convirtieron en un objetivo más.

Por esta razón, decenas de familias han decidido abandonar estos barrios, incluso, hasta de los mismos líderes de las bandas, como fue el caso de los allegados de alias “Chicharrón”, sindicado de ser uno de los líderes de la “Agonía” y quien fuera capturado por la Policía Nacional el pasado 27 de mayo.

“Chicarrón era del combo de aquí del Socorro, pero se torció para la Agonía porque, cuenta, allá le pagaban más. Sus antiguos compañeros quedaron muy ofendidos y fueron donde la familia, que vivía por los lados de la Quiebra y la amenazaron: les dijeron que si no aparecían los mataban a todos. Les tocó irse del barrio. Eso fue día antes de que la Policía lo capturara”, cuenta una fuente cercana al sindicado.

De hecho, cuenta la fuente, en barrios como El Socorro y Antonio Nariño ya circulaban rumores fuertes según las cuales, los de La Divisa planeaban una acción criminal de grandes proporciones contra La Agonía. “En días pasados a los de la Agonía ya les habían tirado una granada y los de la Divisa decían que si les tocaba encenderse a punta de granadas, lo harían”.

Lo anterior también da cuenta de la atomización que viven las bandas criminales en la comuna 13 y que recrudece el nivel de confrontaciones en el sector. No en vano, los rastreos de la Personería de Medellín señalan a la comuna 13 como la zona donde más se han detectado organizaciones delincuenciales: 30 en total. Algunas al servicio de alias Sebastián, otras leales a alias Valenciano y otras simplemente se dedican a actividades ilícitas por “cuenta propia”.

“Hay un recambio generacional muy fuerte en estas bandas. A unos los han matado, otros han sido capturados y otros se han tenido que ir del barrio. Entonces, hay una gran cantidad de adolescentes que están involucrándose en el conflicto. Allá, no hay un ‘actor hegemónico’ y, fuera de eso, las disputas son de cuadra a cuadra”, explica Jairo Herrán Vargas, personero de la ciudad.

Si a ello se suma que la intervención estatal, representada en incremento de fuerza pública y ejecución de programas sociales como Fuerza Joven no han logrado frenar los ríos de dinero del narcotráfico, el tráfico de armas y el reclutamiento de jóvenes, bien pudiera afirmarse que este sector de la comuna 13 se convirtió en una bomba de tiempo.

Por ello, no es descabella la versión de Beatriz, que también es compartida por muchos de los damnificados, según la cual, esta nueva tragedia que conmueve a toda la ciudad fue un acto más de un cruento conflicto armado que involucra a desmovilizados de las autodefensas, jóvenes y redes mafiosas con el poder suficiente de hasta quemar todo un barrio.



*Nombres cambiados o suprimidos por petición expresa de las fuentes

Por: IPC
Tomado de: ipc.org.co

jueves, 3 de junio de 2010

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA HACE LA VISTA CIEGA AL PARAMILITARISMO QUE DESDE HACE RATO PENETRÓ LA INSTITUCIÓN

En los últimos días, algunas instituciones gubernamentales y diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como locales, han registrado varios artículos, posiciones y declaraciones frente a la problemática que se vive en la Universidad de Antioquia.

Los ejes que se plantean como problemáticas, son: el expendio y consumo de drogas, los atracos a mano armada, supuestas violaciones sexuales al interior de los baños de mujeres, presencia de los venteros informales y las acciones de protesta de algunos estudiantes. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones sobre este tema evaden o pretenden ocultar el problema real que afronta la Universidad: la expansión del proyecto paramilitar que desde hace rato penetró al interior de este centro educativo, y no sólo de ésta, sino de la mayoría de las universidades públicas del país.

La Universidad de Antioquia tiene en su historial diferentes episodios relacionados con la interferencia paramilitar en el Alma Mater. Para sustentar lo anterior, están las amenazas, los acosos, las agresiones, los encarcelamientos y los asesinatos de que son víctimas estudiantes, profesores, trabajadores sindicalizados y defensores de derechos humanos que hacen parte de la institución, como son los casos del profesor asesinado Hernán Henao, el asesinato del estudiante y reconocido líder estudiantil, Gustavo Marulanda y la arbitraria privación de la libertad de Wiston Gallego Pamplona, abierto defensor de los derechos humanos en Medellín.

Igualmente, está la aparición de listas y sufragios que amenazan la vida de algunos profesores y estudiantes, que son obra de grupos paramilitares que ya penetraron el claustro universitario, como la del segundo semestre del 2005, cuando empezó a circular una lista negra con el nombre de 15 personas a las que las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, amenazaban con asesinar; o como la de marzo de 2009, que esta vez amenazaba a 30 estudiantes, muchos de ellos activistas estudiantiles, y estaba firmada por el Bloque Antioqueño de las Autodefensas.

Y ahora, en lo que va del año, aparecen dentro de la institución atracadores, los cuales robaron un computador portátil del Instituto de Estudios Políticos y a un
estudiante que trabaja en las burbujas de café y que al parecer llevaba 2.JPGconsigo el dinero de las ventas, ambos asaltos fueron cometidos a mano armada y los autores llevaban la indumentaria que suelen llevar los estudiantes que se encapuchan cuando van a realizar una protesta; lo preocupante del asunto es que la administración universitaria, por medio de sus comunicados, enviados a los correos electrónicos de toda la comunidad universitaria, dejó la sensación que estos actos de vandalismo eran cometidos por los mismo “encapuchados” que desde hace décadas y generación tras generación, hacen presencia en la universidad pública para protestar o pronunciarse. Sin prueba alguna y de manera tácita se culparon a estos estudiantes, sólo con el fin de agudizar la estigmatización que se ha levantado sobre el uso de la capucha.

Sin embargo, una vez fue desarticulada la banda de 10 atracadores, tal como lo informó el periódico El Mundo, el pasado 11 de abril (Ver artículo), y que de acuerdo con las declaraciones de Martiniano Jaime Contreras, vicerrector general de la Universidad de Antioquia, “eran personas al interior de la universidad que actuaban como una organización. Se hizo un trabajo interno de vigilancia, de seguimiento y de control y se logró capturar a estas personas que eran contratistas”, esto no se informó de igual manera a toda la comunidad universitaria y, hasta ahora, la Vicerrectoría General de la institución no ha revelado el nombre de la empresa contratista a la que pertenecían los asaltantes, ni se ha pronunciado acerca de las medidas que se adoptaron frente a ésta, y aún se desconoce si se le inició un proceso penal o si por lo menos se la abrió algún proceso disciplinario. Inclusive, siendo conocedores de quiénes son los atracadores, siguen haciendo públicas cartas abiertas a nombre de estudiantes, como la que reposa a un costado de la biblioteca central, donde se trata con ambigüedad el tema y sólo pretenden reproducir el ambiente de inseguridad en la universidad.

La administración de la universidad, de manera poco objetiva, pretende reunir todas las problemáticas de la universidad en un solo nivel, como si el el consumo de drogas tuviera algo que ver con una protesta política, con una empresa contratista que en su interior tenía una banda de atracadores o con una agresión sexual.

Las agudización de los problemas de orden público que ha vivido el Alma Mater, casualmente se han presentado en los mismos momentos en que la universidad ha vivido coyunturas políticas: la amenaza de las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, Audea, coincidió con la movilización del segundo semestre del año 2005 que estaba realizando la comunidad estudiantil para lograr la libertad de los estudiantes que estaban arbitrariamente detenidos en la cárcel de Bellavista, que fueron capturados luego del incidente del 10 de febrero del mismo año: la explosión al interior de la institución durante una protesta de los estudiantes; cuando surge el Bloque Antioqueño de las Autodefensas, los estudiantes de la UdeA marchaban y se movilizaban en contra del Plan Nacional de Desarrollo y del poco presupuesto para la educación pública; y ahora la inseguridad que se ha propiciado en la universidad coincide con la nueva carnetización que se quería implementar, la cual no fue consultada con la comunidad de la institución y que al parecer es abiertamente rechazada. Los carnet electromagnéticos, así como las cámaras de seguridad, no son más que medidas de control social para mantener bajo vigilancia el actuar y la locomoción del estudiantado en general, como si al interior del Alma Mater se quisiera imponer un Estado policivo, no se explica de otra forma las declaraciones del rector Alberto Uribe que recogió Colprensa el pasado 3 de mayo (ver artículo), donde éste anunciaba: “Se está estudiando la posibilidad de retirar la malla que rodea al plantel para así facilitar el acceso y control de las autoridades”.

Ahora bien, si el problema es la venta y consumo de alucinógenos, es inexplicable que gran parte de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, la mayoría de ellos no consumidores, reconozcan a los expendedores de drogas, es decir, a los “jibaros” que suelen ubicarse en “El Aeropuerto”, pero nadie de la seguridad privada, que incluso permanecen en una portería frente a la zona, ha logrado identificar a alguno.

El asunto de las drogas no es nuevo y no se les ha salido de las manos a la administración universitaria, lo que pasa es que “El Aeropuerto” se ha convertido en la plaza más grande y más cómoda para la venta y el consumo de drogas, y como bien es sabido, todas las plazas de la ciudad son controladas por paramilitares, y la de la Universidad de Antioquia no es la excepción, por esta razón no hay un serio interés de acabar con esta problemática, porque obedece a estructuras más grandes y complejas del paramilitarismo.


La problemática de la Universidad de Antioquia parece más una puesta en escena para justificar una militarización de la institución, el control policial y el afianzamiento del proyecto paramilitar en la misma. Se supone que la universidad cuenta con su esquema de seguridad, tiene una vigilancia privada a cargo de la empresa Miro Seguridad, pero el actuar de ésta ha sido ineficiente, y muchas veces ha quedado la sensación que esa ineficiencia es programada, obedeciendo a algún interés.

Y para terminar, por qué la administración de la universidad no se ha pronunciado ante el artículo que publicó El Espectador el pasado 17 de abril, que hacía referencia a los hermanos Carlos Mauricio y Juan Rodrigo, ambos jefes paramilitares, donde se informaba que este último, el cual fue “asesor de Carlos Castaño Gil, en las postrimerías de su comandancia, y de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, durante el proceso de desmovilización del bloque Élmer Cárdenas”, también fue coordinador de un seminario de democracia y paz de la Universidad de Antioquia, que fue dirigido por Alfonso Monsalve Solórzano, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas desde noviembre 1989 hasta enero 1991 y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de enero 1991 a febrero 1994.

Según la confesión de Juan Rodrigo García, el ex director del DAS, señalado como el cerebro detrás de las “chuzadas” de este organismo, José Narváez, a través de una fundación que lideraba, le giró a Monsalve 2.000 dólares mensuales durante su estadía en España y desde entonces, tal como lo dice El Espectador, Juan Rodrigo García “sospechaba que actividades académicas de la Universidad de Antioquia podían ser parte de actividades de inteligencia del Ejército”.

Así mismo, García también confesó que en una reunión que sostuvo con Narváez y Carlos Castaño, en una finca de este último, días después del asesinato de Jaime Garzón, se analizó una lista de personas a asesinar en dado caso que la guerrilla reaccionara, lista en la que figuraba la investigadora y docente de la U. de A., María Teresa Uribe

Por qué la administración universitaria no se ha manifestado al respecto, teniendo en cuenta que Monsalve ha ocupado altos cargos directivos durante la actual administración, fue director del Instituto de Filosofía de la Universidad desde diciembre de 2003 a diciembre de 2005 y vicerrector de Investigación de la institución desde enero de 2006 hasta febrero de 2009. Por lo tanto, qué pretende encubrir la Universidad de Antioquia con el silencio que está guardando. Cuándo se va a iniciar una investigación seria sobre la penetración paramilitar en dicha institución.

Aparentemente, no existe una voluntad real de parte de la administración de la Universidad de Antioquia para pronunciarse sobre la verdadera problemática que es la penetración paramilitar en este centro educativo, tampoco para solicitar que se investiguen las posibles vinculaciones que puedan tener miembros de la comunidad universitaria con el paramilitarismo, ni para iniciar las debidas investigaciones disciplinarias que den a lugar en el mismo sentido, quedando todo en la impunidad tal como ocurrió con el actual rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho, del cual se conoció una conversación que sostuvo con alias “Felix” en donde el rector le aseguraba al paramilitar que le conseguiría una lista de trabajadores y líderes estudiantiles, los cuales serían asesinados bajo el “plan pistola” (Escuchar conversación).

La Corporación Jurídica Libertad hace una llamado a la administración de la Universidad de Antioquia para que se pronuncie sobre los hechos aquí detallados, a que inicie una investigación que permita tomar las decisiones y medidas para desmantelar el proyecto paramilitar en el Alma Mater, a que revele el nombre de la empresa contratista involucrada con los atracos al interior de la institución y, finalmente, hace un llamado general a que se respete la vida, la integridad y la libertad de los estudiantes, profesores y trabajadores que ejercen la crítica y hacen uso de su derecho a la disidencia política.

Comunicaciones CJL
2 de junio de 2010


Tomado de: cjlibertad.org

martes, 25 de mayo de 2010

Los paramilitares también tenían hornos crematorios de víctimas en Antioquia

Los paramilitares pusieron en práctica la sistematicidad del horror en diversas regiones del país.


“(…)Lo echaron vivo ahí(…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.


Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros paramilitares aporten más información.

La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.

De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias ‘el iguano’, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.

En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y “la quemaban” para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.

No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.

Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.

Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.

“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", le confesó el ex paramilitar a los investigadores.

Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos”.

A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: “La idea del horno la dio ‘Doblecero’ y la materializó Daniel Mejía”.

Para esos años, Mauricio García, alias ‘Doblecero’, era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, se había integrado al bloques Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.

“De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado”, dijo el ex paramilitar. “Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos ‘palos’ (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.

Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. “Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca”.

Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: “la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial”.

Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: “la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno".

Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: “cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran”.

Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. “A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince”.

Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para “personalidades solamente”.

Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante Julio Cesar Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.

“De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno”.

Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias ‘Danielito’, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.

“Él fue víctima de su propio invento”, dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. “A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno”. Una noche me llamó un amigo y me dijo ‘se tragaron a Daniel, el patrón’, y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno”.

Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.

Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.

La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.

Por: verdadabierta.com
Tomado de: prensarural.org



Los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander [2009]


<br />Los Hornos crematorios de las AUC

-Click en la imagen-




Informe Especial: CAMBIO conoció los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander.


Tomado de: cambio.com.co

Se fortalece el paramilitarismo en la comuna 13



El paramilitarismo sigue tomando fuerza en la Comuna 13. Desde hace meses, los habitantes de este sector vienen denunciando crímenes y acciones violentas que están siendo cometidas por “desmovilizados” de los bloques paramilitares, actos con los que pretenden consolidar el poder y expandir el control territorial y social de la zona.

Debido al fortalecimiento de este régimen paramilitar, es preocupante el estado de vulnerabilidad en el que están quedando los menores de edad de esta comuna, ya que están siendo víctimas de crímenes atroces como es el caso de Javier Fernando Osorio Bedoya, de 13 años, quien fue encontrado el pasado 7 de mayo, amarrado a un asta, degollado y con señas de tortura, en La Loma, San Javier. Igualmente, Jonathan Montoya, de 14 años, también fue asesinado en La Loma el 1 de mayo; es alarmante el asesinato de estos dos niños en tan sólo una semana y en el mismo sector.

Algunos medios de comunicación y las versiones oficiales indican que estos crímenes obedecen a un ajuste de cuentas entre bandas, pero ¿cuál es el ajuste de cuentas existente en el caso de Javier Osorio Bedoya, pues él y su familia llevaban escasos dos meses viviendo en La Loma y al niño pocas veces se le veía en la calle?, ¿qué había hecho este niño para ser asesinado con tanta crueldad?

El asesinato de estos niños deja muchas interrogantes y la sensación que a la versión oficial de los hechos les falta algo, lo cierto es que no dejan de ser medidas que aumentan el control social de la población y la sumisión de ésta por medio de mecanismos de horror, los cuales se vienen implementando en la Comuna 13 desde el 2002, luego de ponerse en marcha la operación Orión.

Como medidas de solución ante esta problemática, el secretario de Gobierno de Medellín, Felipe Palau, despachó la semana pasada desde la Comuna 13, y desde allí se realizó un acto en el que más de 40 jóvenes relacionados con la banda “La Agonía”, ingresaron al programa Fuerza Joven de la Alcaldía. De acuerdo con este programa, los jóvenes recibirán una remuneración mensual a cambio de que éstos se vinculen a actividades educativas y tareas de servicio social. Sin embargo, estas medidas no son nuevas y se han destacado porque no pasan de ser paños de agua tibia para un problema que requiere mayor atención.

Este tipo de soluciones no desarticula las organizaciones y mucho menos las somete a la justicia, lo que conlleva a que más tarde surja la reorganización y la retoma del control, quedando así crímenes en la impunidad ya que nunca se esclarecerán. La verdad es que este tipo de acuerdos, programas y respuestas no llevarán a un proceso de disminución de la violencia, ya que ninguno de éstos a garantizado el derecho a la vida, salvo por un corto tiempo mientras se simula su efectividad, sólo son estrategias que mantienen a la sociedad en el círculo vicioso que agrava el conflicto armado y lo sustentan, para evadir su solución política removiendo las causas estructurales que le han dado origen.

Estas bandas, integradas en su mayoría por los supuestos desmovilizados del paramilitarismo, no están aisladas y hacen parte de estructuras solidas paramilitares y narcotraficantes, las cuales manejan las mafias locales y nacionales por lo cual necesitan de estos jóvenes para su supervivencia. Por esta razón, urge la exploración de caminos jurídicos y políticos que tengan por resultado la desactivación real de dichas estructuras y los andamiajes que las sostienen, incluidos aquellos que están instaurados en las esferas del poder.

La Corporación Jurídica Libertad hace un llamado a cimentar como fundamento del Estado la vigencia del respeto de los derechos humanos y a respetar la vida de la población, especialmente la infantil, ya que es la más vulnerable del conflicto armado.


Comunicaciones CJL
18 de mayo de 2010

Tomado de: cjlibertad.org

domingo, 16 de mayo de 2010

Colombia 2010

Colombia 2010 from Nacho Salgado on Vimeo.




Desde hace 45 años Colombia está inmersa en un grave conflicto político, social y armado.
Esta crisis se expresa con una de las más altas tasas de desplazamiento interno del mundo, con ejecuciones extrajudiciales, ataques indiscriminados detenciones masivas, hostigamiento, amenazas y múltiples transgresiones al derecho internacional humanitario.

Entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 2010 una delegacion asturiana visitó diferentes departamentos del país con el objeto de verificar, por sexto año, la situación de los derechos humanos en Colombia.
En este documental quedan recogidas gran parte de sus conclusiones… (Ángela López)


DOCUMENTO VI INFORME(castellano)


DOCUMENTO VI INFORME (asturianu)


Tomado de: vimeo.com

lunes, 3 de mayo de 2010

Sentenciado a muerte

Fuerzas oscuras amenazan al padre Javier Giraldo. ¿Quién es este religioso que no cree en la justicia y desconfía de la fuerza pública?
El sacerdote jesuita Javier Giraldo asegura que no dejará de documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos por los grafitos amenazantes que aparecieron en varias partes de Bogotá.

En las calles de Bogotá se puede leer una sentencia de muerte contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno. No es la primera vez que se conoce una amenaza contra este religioso, defensor de los derechos humanos, pero nunca antes sus enemigos le habían notificado su 'muerte' a través de una decena de grafitos que aparecieron en la capital desde el pasado 23 de abril.

Las intimidaciones públicas están firmadas por un grupo que se autodenomina 'nacionalista' y se identifica como 'AN RN'. Las autoridades no han determinado quiénes están tras esta sigla, pero el padre Giraldo supone que las amenazas provienen de quienes ha incomodado con sus denuncias.

Giraldo se ha dedicado por más de 30 años a documentar y denunciar atrocidades sufridas por distintas comunidades remotas del país. Su labor ha sido riesgosa y solitaria. Ese compromiso lo ha puesto como un testigo de excepción en varios de los episodios más luctuosos del país.

A finales de los 80, Giraldo intentó, con el abogado Eduardo Umaña Mendoza, que fuera esclarecido el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por el M-19, y luego retomado a la fuerza por el Ejército. Umaña fue asesinado y valiosas pruebas que ambos aportaron al proceso durmieron el sueño de los justos hasta hace un par de años cuando la Fiscalía reactivó el proceso. Varios militares de alto rango están siendo juzgados por este caso y está a punto de producirse la primera sentencia, 25 años después.

Algo similar ocurrió con la masacre de Trujillo, en Valle del Cauca. Giraldo, junto con el párroco de la comunidad, Tiberio Fernández, recopiló amplia información sobre los crímenes que sufrieron los habitantes de este municipio entre 1988 y 1994, que dejaron más de 300 víctimas. En medio de esta labor, el padre Tiberio fue descuartizado y lanzado al río Cauca. La impunidad reinó por años, hasta que en 2008 el Grupo de Memoria Histórica publicó un detallado informe que rememora lo denunciado por Giraldo en su momento, lo que le dio un nuevo impulso a este proceso en la justicia.

También ha documentado centenares de crímenes en zonas como El Carmen del Chucurí, Santander; Magdalena Medio, Chocó y Meta. Su labor con la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en el Urabá antioqueño, ha sido más que minuciosa: Giraldo ha activado todo tipo de recursos legales, dentro y fuera del país, para que la justicia esclarezca 201 homicidios perpetrados entre 1996 y 2009. Y en especial la masacre ocurrida en 2005, por la que hay en la cárcel más de 20 militares.

El jesuita trabaja con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), donde sistematiza la información y semestralmente la publica bajo el título Informe Noche y Niebla, un documento que paradójicamente está siendo usado por los fiscales de Justicia y Paz para esclarecer los crímenes de los paramilitares.

Desconfía profundamente de la justicia, y los militares lo consideran su adversario por las acusaciones que ha hecho sobre violaciones de derechos humanos. Lo acusan de ser el corazón de la llamada guerra jurídica.

Nunca ha aceptado tampoco protección del Estado. "No puedo admitir que una persona armada esté conmigo y en un momento vaya a agredir a alguien por defenderme. Por otra parte, no son buenos los antecedentes de cómo actúa la fuerza pública frente a críticos como yo", le dijo a SEMANA.

Aunque no cree en la justicia colombiana, Giraldo conoce como nadie los recursos que le da la ley para combatir la impunidad en cada caso. La única respuesta que dice haber obtenido es comprobar una y otra vez "la podredumbre de nuestra justicia". Su conclusión, luego de 30 años en ese empeño, es simplemente lapidaria: "En Colombia la impunidad es la medida de todos los crímenes". Por eso no tiene ninguna fe en que se descubra quién ha pintado una sentencia de muerte en su contra, en los muros de Bogotá.

Por: Semana
Tomado de: semana.com

sábado, 3 de abril de 2010

Estado Colombiano, Paramilitares y Coca cola Atacan a Sinaltrainal


En los procesos penales 12490, 12495 y 12754 que lleva la Fiscalía de Colombia, por el denominado caso de las chuzadas o seguimiento ilegal y secreto que realizó el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, contra muchas personas de oposición y del movimiento social entre ellos contra integrantes de Sinaltrainal, que trabajan en Coca cola y Nestlé, como es el caso de Luis Javier Correa, Edgar Páez y Alfonso Barón, entre otros, por las actividades Sindicales de denuncia que se realizan contra la política de la multinacional Coca cola, son considerados en el análisis de la inteligencia del Estado colombiano G3, como enemigos de la seguridad nacional, apoyos de lo que denominan grupos terroristas y del gobierno Venezolano de Hugo Chávez, pero más insólito, es la evidencia del seguimiento sobre el caso Coca cola, que relacionan en coordinación con la Embajada de Estados Unidos.

Llama la atención que las fechas, las actividades sindicales y personas que fueron objeto de seguimiento, coinciden con las amenazas de muerte de que han sido víctimas dirigentes de Sinaltrainal y es curiosa la similitud de textos de la inteligencia del Estado, con apartes de los procesos penales instaurados por Coca cola contra integrantes de Sinaltrainal.

Simultáneamente, representantes de las embotelladoras de Coca cola, expresaron su desacuerdo con la candidatura al Senado de la república de Colombia del presidente de Sinaltrainal Luis Javier Correa y la participación en política, como forma de contra campaña e intimidación de los trabajadores, situación que coincidió con las presiones recibidas en panfletos públicos en regiones que señalan a Sinaltrainal y al Polo Democrático Alternativo como Terroristas.

En medio de este ataque, Coca cola lanzó su ofensiva contra el derecho de asociación y Libertad Sindical, quitándole unilateralmente la cartelera que tenía Sinaltrainal en las instalaciones de la embotelladora de Bucaramanga, armó un montaje y violando el debido proceso suspendió el contrato de trabajo a varios dirigentes de Sinaltrainal por los días 15 al 31 de marzo y 1 y 2 de abril de 2010.

En Cali la administración de Coca cola viola el convenio colectivo y niega los permisos Sindicales a varios dirigentes de Sinaltrainal para impedirles participar en la redacción del pliego de peticiones que estamos preparando para presentar a Coca cola.

El día 1 de Marzo de 2010, en la ciudad de Bucaramanga, Coca cola sacó a la fuerza de sus puestos de trabajo a los operadores de montacargas y los mantiene sin laborar en el área de producción, tercerizando las labores de cargue y descargue entregándolo a las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado, que son una fachada para simular el contrato de trabajo y negar los derechos laborales de los subcontratados.

En la ciudad de Bogotá al Dirigente de Sinaltrainal, Andrés Olivar, Coca cola le negó el permiso sindical, lo llamó a descargos y como no se presentó por estar incapacitado le suspendió el contrato de trabajo por los días 24 al 26 de Marzo de 2010.

El día 16 de Marzo de 2010, en la ciudad de Bucaramanga, llegó una amenaza de muerte de los paramilitares denominados los Rastrojos y las Águilas Negras contra varios dirigentes sindicales entre ellos Luis Eduardo García, Trabajador de Coca cola y presidente de Sinaltrainal en esa ciudad

En los procesos de la denominada ley de Justicia y Paz, varios paramilitares que se encuentran en las cárceles, intentan desviar la verdad, las investigaciones y con el fin de obtener beneficios, falsamente acusan a varios integrantes de Sinaltrainal con el fin de que sean judicializados.

Igual que ocurrió en Marzo de 1996, cuando injustamente fueron detenidos los trabajadores de Coca Cola Luis Eduardo García, Álvaro González, Domingo Flórez y ordenada la captura de Luis Javier Correa y Sergio Alexander López, en el mismo mes del año 2010, como si tratarán de lastimarnos la memoria sobre esos dolorosos hechos, la empresa Coca cola en la ciudad de Bucaramanga, llama a descargos a Luis Eduardo García, Álvaro González, Domingo Flórez, Efraín Guerrero y notifica su decisión de despedirlos, que se hará efectivo si un juez de la república, encuentra merito para levantar el fuero sindical, que consideramos como justo respetarles el debido proceso, los términos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo y se les demuestre la responsabilidad que les sindican sobre las incapacidades médicas.

A los trabajadores subcontratados como sucede con quienes utilizan por coopnumil, les están cobrando los daños de las montacargas, envase y otros implementos, situación que es completamente ilegal e injusta por parte de la empresa Coca cola

A los concesionarios en Coca cola, no les pagan comisión por venta de agua, siendo absurdo y criminal que les toque pagar de su bolsillo a la empresa, el agua que no logran vender.

Pedimos la intervención de la comunidad internacional, ya que la historia ha demostrado, que siempre que Sinaltrainal se encuentra en los preparativos y negociación colectiva del pliego de peticiones en Coca cola, se incrementan las amenazas de muerte, las presiones y los abusos de la empresa aumentan y hasta asesinatos dirigentes de Sinaltrainal se han presentado.

Exigimos a la empresa Heineken que adquirió una de las empresas del grupo Fomento Económico Mexicano S.A. , propietario de las embotelladoras de Coca cola, igual que Coca Cola Estados Unidos para que cese esta persecución.

CONTRA LA IMPUNIDAD
SINALTRAINAL CLAMA JUSTICIA


Tomado de: www.sinaltrainal.org





Acusada Coca Cola por Contaminación en La India


Coca-Cola contaminó el agua y el medio ambiente con una de sus embotelladoras de la zona sur de la India y debe pagar 47 millones de dólares como compensación, así lo establecieron las autoridades este 21 de Marzo de 2010.

El gobierno de Kerala confirmó la existencia de la investigación contra la multinacional y la determinación de una multa de 2,16 billones de rupias, que cubre las pérdidas en agricultura, la polución del agua y perjuicios no especificados causados a la salud entre 1999 y 2004, como era de esperarse Coca Cola rechazó las acusaciones, argumentando que cualquier reclamo debe ser llevado ante la justicia.

Los investigadores estatales responsablizaron a la fábrica embotelladora de Coca cola de Palakkad, que había sido cerrada en el año 2005, como resultado de las protestas de la población, por graves daños al medio ambiente al contaminar las aguas subterráneas y el vertido de desechos sólidos.

Según las investigaciones realizadas, la embotelladora contaminó el agua y la tierra de la zona, lo indicó el ministro estatal del Agua,N.K. Premachandran.


Tomado de: www.sinaltrainal.org
Caricatura: Latuff

lunes, 22 de marzo de 2010

Veinte años después: La memoria intacta de un líder de paz y justicia

El genocidio de la Unión Patriótica: fueron asesinados dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, 70 concejales y decenas de diputados, alcaldes y líderes políticos. Son más de 4 mil víctimas


Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado el 22 de marzo de 1990, era candidato presidencial por la Unión Patriótica.


Bernardo Jaramillo Ossa siempre supo que lo iban a matar. Lo advirtió públicamente muchas veces y lo ratificó en sus últimas palabras a Mariela Barragán, aquella mañana aciaga en el aeropuerto El Dorado en que un adolescente de 16 años lo acribilló con una ametralladora. Ya son 20 años desde aquel jueves 22 de marzo de 1990, y su padre Bernardo lo recuerda en su casa de Manizales, como si volviera a vivir el instante en que el periodista Yamid Amat le informó por teléfono que el candidato presidencial de la Unión Patriótica estaba herido por un atentado.

Después se supo que cuatro heridas de bala segaron su vida dos horas más tarde y ese recuerdo vuelve todos los días al hogar de Bernardo Jaramillo y Nidia Ossa. “A veces se calma el dolor, pero es mentira que el tiempo cura las heridas del alma”, y permanece intacta la memoria de su hijo, desde sus horas de colegial en la Escuela Santander en que llevaba desayunos para los amigos que pasaban hambre o los días en que asumió la dirección de la UP y “todo se volvió espinoso”, hasta la tarde en que 40.000 personas lo despidieron en el cementerio Jardines de la Esperanza.

“Ese muchacho siempre fue muy inteligente y buen estudiante. La política la heredó del abuelo Bernardo, quien siempre fue sindicalista en Caldas. Yo también lo fui de muchacho y por eso nunca nos preocupó que hubiera elegido la Juventud Comunista para expresarse”, agrega el padre desde su casa en el barrio El Sol, donde Jaramillo Ossa vio llegar su adolescencia junto a su hermana Clemencia, hasta que decidió matricularse a estudiar Derecho en la Universidad de Caldas, y con su verbo y su carisma trasladó su liderazgo hasta el Consejo Estudiantil del centro docente.

Eran dos alas antagonistas. La izquierda con Jaime Jurado, los hermanos Rubén Darío y Wálter Castaño, y por supuesto Bernardo, entre otros. Y la derecha con Iván Roberto Duque, quien después emigró al Magdalena Medio y años más tarde apareció convertido en el jefe paramilitar Ernesto Báez. Más de una vez terminaron dándose con las banderas o agarrados a piedra. Pero Jaramillo era más, “era desbordante energía, era disciplina lectora, era oratoria”, como recuerda Ana Lucía Zapata, estudiante de Biología y Química, y, cómo él, militante activa de la Juco.

Se conocieron pegando afiches o pintando grafitis en las paredes; en el cine club José Martí, donde ella atendía la taquilla y él se explayaba en citas de Marx o poemas de Benedetti y Neruda; o en las fuentes de soda donde al calor de las cervezas sacaba su vozarrón para cantar tangos. Hasta que una noche salieron juntos de la universidad y antes de llegar a El Cable, por donde ella vivía, como la brisa era intensa la abrazó amistoso y averiguó si tenía novio. La siguió llamando, se enamoraron y un sábado de abril de 1977 se casaron en la iglesia San Martín de Porres, del barrio Minitas.

Primero se fueron a vivir a unos bajos por el Hospital Infantil y después el padre de Ana Lucía les regaló una casa en San Jorge. No había mucho dinero en caja menor, pero el hogar se iluminó con la llegada de Paula Tatiana en junio de 1978 y Bernardo en diciembre de 1981. Terminaron sus carreras, su colección de gatos Garfield empezó a crecer al mismo ritmo de los copartidarios, “delgado, patilludo, de pelo crespo, un día partió hacia Urabá en busca de concretar el requisito de su judicatura, se graduó después, y retornó a Apartadó para volverse el duro de los sindicatos bananeros”.

En el furor de los años 80, con experiencias de viaje por los países socialistas, con el aliciente lejano pero intacto de sus pequeños “dientes de ratón” y “Bernardo IV”, la política de Urabá lo cogió por su cuenta, promovió varias huelgas, dos veces fue personero y concejal, hasta tuvo tiempo de volverse a enamorar. Esta vez de Alba Lucía López, ex alcaldesa. Su relación con Ana Lucía Zapata pasó al plano de una respetuosa amistad, ni un solo día dejó de llamar a sus hijos o en cada regreso buscarlos para jugar ajedrez o cargarlos en hombros. Pero la militancia lo tenía reservado para grandes y afilados retos.

En marzo de 1986 fue electo representante a la Cámara por Antioquia y 15 meses después de posesionado, cuando cumplía destacada gestión en la comisión de asuntos laborales, tras el asesinato de Jaime Pardo Leal en octubre de 1987, a sus 33 años fue designado presidente de la UP. “Sé que mi vida ha adquirido un nuevo peligro, aparte del que ya tenía por ser miembro activo de la UP. Esta posición me puede costar la muerte. Mi sangre, entonces, serán nuevas gotas al sacrificio por la causa del pueblo”, comentó aquella vez como un profeta de su destino señalado.

Fueron 29 meses históricos. En cada sepelio de sus copartidarios asesinados selectivamente o en masacres nunca se cansó de señalar al paramilitarismo y sus enlaces oficiales. Regresó a los países socialistas, palpó las huellas de la Perestroika, asumió la necesidad de distanciar a las UP del accionar violento de las Farc. Y volvió a reincidir en el amor, ahora con la mayor de tres hijas del acomodado comerciante barranquillero Salomón Barragán, presidente del Club de Caza y Pesca del Atlántico. La abogada Mariela Barragán, que se hizo más que esposa, aliada de campaña.

A sus 36 años, candidato a la Presidencia de Colombia con el pegajoso lema “Venga esa mano país”, representaba una opción de paz y tolerancia. Pero a las 8:05 de la mañana del 22 de marzo de 1990, segundos después de ingresar al aeropuerto El Dorado con el propósito de viajar a Santa Marta en compañía de su esposa, pese a su nutrida escolta de 11 agentes del DAS, dos policías y dos miembros de la UP, un joven sicario le descargó una ráfaga de ametralladora. “Los hijos de puta me mataron”, fueron sus últimas palabras a Mariela Barragán. Después perdió el conocimiento.

Hacia las diez de la mañana, un boletín del Hospital de la Policía reportó su deceso. Entre gritos, sollozos y voces de protesta estalló el dolor colectivo. “Eso fue horrible, como una punzada en el corazón”, así lo recuerda a sus 82 años Bernardo Jaramillo y lo repite su esposa Nidia Ossa. “Yo me encerré en un baño a llorar y después no dejé que Paula Tatiana prendiera la radio en el carro cuando la recogí en el colegio La Enseñanza”, señala Ana Lucía Zapata. “Lo supe cuando llegamos al apartamento en Pereira”, agrega Paula Tatiana, hoy publicista y tecnóloga química.

Bernardo, el menor, tenía ocho años y estaba enfermo de paperas. Por eso ninguno en su casa viajó a Bogotá y sólo vio el cuerpo sin vida de su padre cuando lo llevaron a la Asamblea de Caldas. Hoy es abogado y, como ayer, rememora las lecciones que dejó a sus hijos el líder ausente: “Siempre nos inculcó que nunca cediéramos al miedo, que estudiáramos mucho, que tuviéramos claras las buenas costumbres que debe tener un ser humano para transitar por la vida. La familia, los ideales, la democracia con justicia. Y 20 años después yo añadiría que la lucha contra el olvido para que no se lleve a los ejemplos”.

La gente cercana lo sabe y lo asume. Ana Lucía Zapata sigue viviendo en Pereira, pero quiere convertir su casa de Manizales, con su patio sembrado de rosas, en un museo de homenaje a Bernardo Jaramillo. Y tiene para aportar su máquina de escribir y su inventario de libros. Desde el día del asesinato, en que se escondió en un baño después de escuchar de los médicos del Hospital de la Policía la letal noticia, Mariela Barragán tampoco cede en su brega. Como hace 20 años, el lunes volverá al aeropuerto El Dorado para dejar un placa que recuerde siempre el sitio exacto en que un muchacho bien vestido portando una cédula falsa consumó el crimen.

Lo reclama Bernardo Jaramillo Zapata porque ya no quiere aclarar a muchos que le presentan que “no es que tenga el mismo nombre de un candidato presidencial que mataron, sino que lleva su identidad porque es su hijo y discípulo”. Lo exige Jael Quiroga, de la Corporación Reiniciar, impulsora de la demanda contra el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los miles de víctimas de la Unión Patriótica, porque las nuevas generaciones deben saber que Bernardo Jaramillo “fue un visionario y un demócrata que propuso el pluralismo político y democrático que poco a poco trata de abrirse paso en Colombia”.

¿En qué va el proceso en la Fiscalía?

Luego de reabierto el caso en noviembre pasado, la Fiscalía decidió declarar el homicidio del candidato Bernardo Jaramillo Ossa como un crimen de lesa humanidad. La determinación, adoptada cuatro días antes de que el asesinato prescribiera, busca establecer si detrás del homicidio hubo otros responsables además de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, sentenciados a 18 años de prisión por ese caso. Dentro de la investigación fueron ordenadas las declaraciones del ex director del DAS Miguel Maza Márquez y la ampliación de testimonio de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y del ex jefe paramilitar Ernesto Báez. Asimismo, se pidió rastrear procesos disciplinarios en contra de los agentes Jorge Pedraza y Lisandro Muñoz, que formaban parte del servicio de escoltas de Jaramillo y una inspección a la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín. En el aire pesa el comentario del padre de Bernardo Jaramillo: “Eso se sabe que fue un crimen de Estado”.

Por: Jorge Cardona Alzate
Tomado de: Elespectador.com

La Comunidad de Paz de San José de Apartado mantiene la Memoria Viva


La Comunidad de Paz de San José de Apartado mantiene la Memoria Viva

Este programa es una realización de Antimili Radio en solidaridad con las víctimas de la comunidad de Paz San José de Apartadó.
El pasado 19 de febrero la comunidad de paz de San José de Apartadó convocó a la conmemoración de las víctimas. Diferentes organizaciones sociales de Medellín y algunos medios de Comunicación Alternativa acompañamos el triste duelo donde se inauguraba en San Josecito el Parque Monumento, con el traslado de los restos de las víctimas de la masacre de febrero de 2005, que reposaban en su antiguo pueblo, San José de Apartadó. Se realizó un recorrido por las veredas de Mulatos y la Resbalosa, sitios donde ocurrió esta masacre.



Pueden descargar el audio de este programa siguiendo este enlace:

http://www.divshare.com/download/10819403-804


Esta es una invitación de AntimiliRadio y la Red Juvenil de Medellín.

Por: AntimiliRadio
Tomado de: Red Juvenil de Medellín

Una Comunidad de Paz en zona de guerra

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en sus 13 años de existencia, ha sido un referente obligado en el complejo panorama que azota al Urabá antioqueño, una Comunidad de Paz inmersa en un verdadero laboratorio de guerra, una experiencia que permite dimensionar las consecuencias del conflicto en la población civil que se niega a involucrarse en él.


UNA COMUNIDAD DE PAZ EN UNA ZONA DE GUERRA

Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia


Ellos siempre han visto en los que han entregado sus vidas en el proceso de la Comunidad de Paz, una fuerza que los mantiene adelante y no los deja echar para atrás. Incluso en momentos muy difíciles, de mucha represión, en los que ellos han estado pensando en desplazarse definitivamente para otro lugar, lo que los ha amarrado a quedarse aquí ha sido la memoria de sus víctimas, han dicho: ´hemos pagado precios tan altos por este proceso que ya estamos en la otra orilla, donde ya no se puede echar para atrás´".
Así define el sacerdote jesuita Javier Giraldo, acompañante honesto y sincero de este proceso organizativo, los pilares que mantienen a un grupo de familias campesinas vinculadas a una propuesta de comunidad autónoma y pacífica en el Urabá antioqueño, una de las regiones más violentas del país. Una iniciativa que en el 2010 cumple trece años de existencia y que se ha visto enfrentada a toda clase de atropellos y presiones por parte de los poderes más oscuros y criminales que persiguen el dominio del territorio.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó declaró sus principios el 23 de marzo de 1997, en aquella época se incrementaba una violencia de tipo paramilitar ejercida en toda la región para diezmar el avance político y social de la guerrilla. Los civiles siempre fueron involucrados en una guerra que no les pertenece pero que los afecta de manera directa, porque los intereses armados se centran especialmente en el territorio que ocupan los campesinos y del cual producen su sustento desde hace décadas. Esta región fue poblada
por colonos, expulsados de otras zonas por la violencia o por la falta de tierras para cultivar, ellos abrieron la selva de los límites invisibles que separan a los departamentos de Antioquia y de Córdoba. Son las últimas estribaciones de la serranía de Abibe, territorios ricos en biodiversidad, apetecidos por los voraces intereses de las empresas trasnacionales. Las masacres, desapariciones, bloqueos económicos, bombardeos indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias, han sido las armas utilizadas en contra de los pobladores de esta región.

San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.

Muchos de los sobrevivientes de la barbarie y el exterminio tuvieron que salir desplazados de sus tierras, otros se escondieron en la montaña y de a poco se fueron juntando. Varias organizaciones humanitarias, eclesiales y de derechos humanos acompañaron el éxodo de los campesinos que se asentaron en los cascos urbanos de los municipios o en las cabeceras de los corregimientos. La Diócesis de Apartadó promovió la organización en Comunidades de Paz, neutrales ante la guerra y decididas a no colaborar con ninguno de los actores armados. Varias familias desplazadas de la región del Urabá antioqueño y chocoano retornaron a sus territorios y se establecieron como Comunidades de Paz, juntándose en fincas o predios comunitarios y demarcando los lugares con letreros y carteles alusivos a su condición de civiles en medio de la guerra, exigiendo respeto por su decisión de no participar en ella.

Aunque algunas de estas experiencias de resistencia civil persisten en la región, muchas de ellas fueron atacadas nuevamente, otras fueron cooptadas por los actores armados o desvirtuadas en sus principios por la mezcla entre líderes corruptos y presiones poderosas. Pero sin lugar a dudas, ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en sus 13 años de existencia, un referente obligado en el complejo panorama que azota al Urabá antioqueño, una Comunidad de Paz en un verdadero laboratorio de guerra, una experiencia que permite dimensionar las consecuencias del conflicto en la población civil que se niega a involucrarse en él.

Aunque algunas de estas experiencias de resistencia civil persisten en la región, muchas de ellas fueron atacadas nuevamente, otras fueron cooptadas por los actores armados o desvirtuadas en sus principios por la mezcla entre líderes corruptos y presiones poderosas. Pero sin lugar a dudas, ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en sus 13 años de existencia, un referente obligado en el complejo panorama que azota al Urabá antioqueño, una Comunidad de Paz en un verdadero laboratorio de guerra, una experiencia que permite dimensionar las consecuencias del conflicto en la población civil que se niega a involucrarse en él.
El trabajo comunitario es fundamental para las familias campesinas que hacen parte del proceso. La producción agroecológica, la educación para la resistencia, la dignificación de la memoria y la recuperación del territorio; son ejes fundamentales en la construcción colectiva que propone y desarrolla la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Sus
líderes históricos recuerdan con nostalgia las luchas sociales que se vivieron en la región, las organizaciones sindicales, los colectivos de trabajo, las cooperativas, la participación política y social de las comunidades. La Unión Nacional de Oposición - UNO, la Unión Patriótica - UP, son referentes políticos en la conciencia de quienes han sobrevivido al terror que se implantó en la región. Es el legado y la memoria de los sueños construidos que han plantado la semilla que hoy germina en el corazón y en las palabras de quienes componen este esfuerzo organizativo:
“Yo pienso que la Comunidad de Paz de San José es como un árbol que se cuida mucho, se pone frondoso y le salen sus retoños. Yo creo que cada retorno es un retoño de este árbol, este árbol que día a día está dando vida para todos y ejemplo para el mundo”.

San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.


Justamente el retorno a Mulatos, realizado en febrero de 2008, es una semilla de Comunidad de Paz que hoy florece en la misma vereda donde fue asesinado el líder Luis Eduardo Guerra, su esposa Bellanira y su hijo Deiner. La masacre, cometida por un comando del Ejército Nacional guiado por paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, fue realizada el 21 de febrero del año 2005 y en ella también fueron asesinados Alfonso Tuberquia, su esposa Sandra Muñoz y sus hijos Natalia y Santiago, de 6 y 2 años de edad. Alfonso y su familia fueron sorprendidos por la muerte en su humilde vivienda de la vereda La Resbalosa, a dos horas de camino del lugar donde fue asesinado Luis Eduardo, Bellanira y el niño. Todas las víctimas fueron descuartizadas y enterradas en fosas comunes. Los militares siempre han negado cualquier participación en los hechos, como lo han hecho desde antes en otras masacres y en otras agresiones contra los campesinos de
la región, en especial aquellos que están organizados en la propuesta de Comunidad de Paz.
Cinco años después de los hechos, los familiares de las víctimas regresaron a la vereda Mulatos, acompañados de personas de diversos países y de representantes de comunidades organizadas en varias regiones de Colombia. Con la guía espiritual de las palabras pausadas y acordes del sacerdote Javier Giraldo, quien acompaña el peregrinar de la comunidad desde sus inicios, la delegación partió el sábado 20 de febrero desde el casco urbano de San José de Apartadó hasta las mismas veredas que fueron recorridas por el comando de hombres armados que sembraron la muerte en donde hoy germina la vida.
Luis Eduardo Guerra sintió sobrevuelos de helicópteros y bombardeos el 20 de febrero y prefirió no ir hasta Mulatos a recoger el cacao. Al día siguiente decidió no esperar más y enfrentarse con la palabra a cualquier actor armado que se encontrara en el camino. En la inhumación de los restos de las víctimas, el viernes 19 de febrero de 2010, en el caserío principal de la Comunidad de Paz, el padre Javier Giraldo se refiere a la vida y memoria de Luis Eduardo Guerra: “Nos hemos preguntado, tal vez muchas veces, si Luis Eduardo sería acaso un hombre que despreciaba la vida, pero no, si alguien defendía la vida buscando siempre estrategias nuevas de defensa era Luis Eduardo. Más bien tenía la convicción de que la vida no se podía destruir, ni siquiera con la muerte… Hoy vemos su vida como la de un verdadero líder, un líder que encarnaba lo que es la Comunidad de Paz, su muerte como una presencia viva en la comunidad, su memoria es una energía que nos infunde fuerza a todos”.
San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Documental Amarillo.

Es que si no fuera por la fuerza de la memoria, los niños y jóvenes de la Comunidad no asumirían con tanta dignidad el proceso que sus padres y familiares han empezado hace más de una década. Por dolorosa que parezca, la historia de la Comunidad de Paz está llena de esperanza en cada uno de los rostros, los pasos y las palabras de quienes asumen este esfuerzo como una propuesta de vida, de quienes apelan a la memoria como antídoto en contra del progreso amnésico que se pretende imponer en la región.
El domingo 21 de febrero de 2010 se realizaron actos litúrgicos y de memoria en la vereda Mulatos y La Resbalosa, un caminar solemne que permitió recordar los gestos de ternura y las manifestaciones de vida que desafiaron las más macabras expresiones de muerte:
“Las confesiones progresivas de los victimarios nos han ido descorriendo el telón para mostrarnos las escenas más conmovedoras que sucedieron en la Resbalosa en aquella tarde del 21 de febrero de 2005. Desde el campo de los amigos nadie pudo contarnos realmente lo que paso allí, ni narrarnos los últimos momentos de Alfonso, de Natalia o de Santiago, han sido los mismos victimarios desde sus remordimientos y tormentos de conciencia que nos han dado acceso a lo más horrendo de aquel drama.
Nos estremece pensar en los sentimientos de Alfonso cuando regresa a su hogar con el propósito de salvar la vida de los suyos ó correr su misma suerte y encuentra su casa invadida por gente sin alma que se dedican a una macabra orgia de sangre, tiene que contemplar de lejos el cadáver de su esposa, Sandra, tendida en la cocina, mientras sus niños se le abalanzan a abrazarlo en medio de su estupor, de un estupor que su inocencia les impide valorar en sus verdaderas dimensiones. Alfonso le suplica a los victimarios, que discuten en ese momento sobre la inminente ejecución de los niños, que no vayan a cometer ese crimen y que más bien lo maten a él, entre tanto le dice a sus niños que deben prepararse para un viaje muy largo, allí se produce el último rasgo de las más fina y delicada ternura, cuando Natalia empaca algo de ropa para que su hermanito Santiago la lleve en ese misterioso viaje que ella no alcanza a comprender, con ese precioso gesto de inocente ternura se cierra la vida de Natalia, de Santiago y de Alfonso. Segundos después sus cuerpos serian desmembrados y sepultados en pedazos en aquellas dos estrechas fosas, medio escondidas en el cacaotal. Varios de aquellos esclavos de la muerte confesarían después que sintieron revolverse su conciencia y comprendieron que jamás podrían alejar de sí el tormento de esa macabra memoria”.
San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.

Este relato resume los hechos que se recordaron con profundo dolor en los mismos lugares donde fueron asesinados los miembros de la Comunidad, luego de cinco años de impunidad, tras demorados procesos judiciales que hoy revelan la verdad de los hechos y establecen la identidad de los responsables.
Desde hace varios años, y ante la ineficacia y estrecha relación de la justicia con los poderes que pretenden acabar el proceso organizativo, la Comunidad de Paz entró en ruptura con el sistema judicial colombiano. Han preferido trabajar en colectivo en la construcción de una manera distinta de relacionarse con la vida, con la tierra y con el pasado. Exigen respeto por su proceso, estrechan lazos de solidaridad con comunidades y personas en diversas latitudes del planeta.
Eligieron asumirse como civiles cuando pudieron haber sido parte de la guerra que se ofrece como única opción, prefirieron sembrar la tierra que disparar los fusiles.
San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.

El viernes 19 de febrero se realizó una marcha fúnebre desde el corregimiento de San José de Apartadó hasta el nuevo caserío donde se desplazó la Comunidad de Paz hace cinco años, después de la instalación de un puesto policial como respuesta gubernamental a la masacre. En el corto y sentido recorrido se trasladaron los restos de las ocho víctimas de la masacre, y en la noche, en una ceremonia litúrgica, las palabras del padre Javier Giraldo resumieron lo que significan, en el pasado y en el presente, estos hechos para la Comunidad de Paz:
“Hoy nuestra memoria de estos hechos llega a un umbral de esclarecimiento, de reflexión, de significados y sentidos, y acoge físicamente los despojos de estas hermanas y hermanos nuestros horriblemente sacrificados en este proceso como compañeras y compañeros cercanos, cuya presencia física va a estar recordándonos, reforzando los valores en los cuales ellas y ellos invirtieron lo mejor de sus energías vitales”.

Por: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia
Tomado de: comunicaciones.acantioquia.org - cdpsanjose.org