COMUNICANDO NUESTRO DOLOR

Andrés Felipe Medina

“Cómo hacer de nuestra vida una canción, si no conoces entre negros y blancos cuál es la relación… Cómo hacer de nuestro un mundo un paraíso, cómo saber de dónde venimos… Teorías van, teorías vienen y no sabes dónde vas cuándo morimos, quién es el bueno, quién es el malo, mira, piensa, ¡hey quién es tú hermano!... cómo es la vida si no queremos lo que tenemos, cómo es el mundo si ahora somos nosotros los que perdemos, cómo entender el planeta entero, como comprenderás lo que te digo Hip Hop, papel, esfero es lo único que os quiero… Lo siento pero es mi realidad y ahora sigo sin resolver… Las líneas, nuestro camino, todo lo escrito y lo dicho nuestro destino”.

Poema escrito por Andrés Medina, Noviembre de 2009.

COMUNICANDO NUESTRO DOLOR

(Medellín 6 de julio de 2010).

La violencia de una ciudad como Medellín ha llevado a que muchos jóvenes hombres y mujeres nos preguntemos por la posibilidad de construir un lugar de vida diferente a la frialdad de un cañón y el permanente miedo a la muerte violenta. En esta ciudad, no todos optaron por tomar un arma, no todas queremos seguir perpetuando valores como la eliminación al opuesto, al “equivocado”. En esta ciudad existimos invisibles e inmensas/os jóvenes, que soñamos y hacemos de nuestros sueños una pregunta vivible, una realidad. Existimos jóvenes que no queremos domesticar el poder a nuestro antojo, que no sólo buscamos acabar con las grandes y tangibles estructuras de poder, sino que buscamos con nuestra música, con nuestra danza, con nuestros gritos, con nuestra indignación, una vida cercana a la sociedad que a paso vamos construyendo.

¿Cómo hacer de nuestras vidas una canción?, eso se preguntó uno de esos jóvenes, uno con el que bailamos y reímos al son de la resistencia. Cómo cantar a quienes no reconocen que existen los negros y las negras, que existen la pobreza, que existe el desplazamiento y que existió la operación Orión, como cantar que queremos vivir, como ser escuchados y entendidos.

No solo mataron un hombre joven, mataron una historia, hecho que se repite y ningún medio de comunicación se atreve a cuestionar, mataron la historia de un artista que con su música transportaba y comunicaba su situación. No es el hijo de un gran empresario, ni de un hacendoso terrateniente, o de un presidente, o de un alcalde, NO, Andrés Felipe no es nada de eso mataron a un joven un negro, rapero, un invisible más de la ciudad céntrica y turística.

Manifestamos nuestro rechazo y profunda tristeza por el asesinato de Andrés Felipe, y seguiremos exigiendo con nuestros cuerpos, el reconocimiento del valor de la vida. Ningún asesinato es un caso aislado, ninguna muerte violenta se da porque tenía que ser así, nada justifica el robo de una vida, nada justifica nuestro silencio. Estamos para seguir gritándole a esta ciudad nuestro rechazo a políticas que cubren con tarimas y cemento las situaciones que día a día habitan nuestros barrios.

A la familia de Andrés, a sus amigos y a los parceros de Son Batá manifestamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento.



Red Juvenil de Medellín.

Conflicto armado tenía “ardiendo” Altos de la Virgen mucho antes que el fuego se lo consumiera

Para Beatriz*, líder barrial de la comuna 13 de Medellín, pensar que la mano criminal estaría detrás del incendio que arrasó con más de 200 viviendas en el sector de Altos de la Virgen y que dejó más de 700 damnificados, no es algo descabellado ni alejado de la realidad.

El 30 de diciembre de 2006, este mismo sector había padecido un incendio de grandes proporciones.

Los graves hechos de violencia que se estaban presentando en aquel sector de la populosa comuna, sumado a la experiencia que tuvo que vivir horas después de ocurrida la conflagración, le dan los suficientes argumentos para pensar así.

Beatriz hace parte de los comités barriales de emergencia, grupos creados por el Sistema Municipal para la Atención y Prevención de Desastres (Simpad) para que sirvan de primer apoyo en situaciones de este tipo. Por ello fue de las primeras personas en llegar al lugar de la tragedia con el firme propósito de socorrer a los damnificados.

Sin embargo, sus intenciones humanitarias se vieron obstaculizadas por el accionar de las bandas criminales que operan allí y que se han convertido en los verdugos de la comunidad.

“Me llamaron como a las 3:00 de la mañana y de inmediato, nos dirigimos al lugar. Como vivimos cerca, nos fuimos a pie. Pero en el (barrio) Socorro nos pararon los ‘muchachos’ y nos preguntaron que para donde íbamos. Ellos vieron nuestros uniformes del Simpad, el incendio era un par de cuadras más allá. Nosotros les dijimos que íbamos a ayudar a la gente y ni así nos dejaron pasar. Nos tocó llamar a la Policía para que nos llevaran hasta donde estaba la gente”, relata Beatriz.

Esta dirigente barrial sabe, por conocimiento propio, que este sector de la comuna venía siendo escenario de fuertes confrontaciones entre bandas criminales, quizás las más cruentas de toda la zona, y que los actores de este conflicto no se estaban midiendo en consideraciones para acabar con el enemigo declarado.

“Aquí es donde se concentra el conflicto armado de la comuna 13. Hay sectores de la comuna que son relativamente tranquilos, pero aquí, hay muchas bandas en guerra, controlan la movilidad de la gente, hay muchas balaceras. Aquí se vive una situación complicada”, afirma la líder.

Las estadísticas le dan la razón. De acuerdo con Medicina Legal, la comuna 13 es la zona más violenta de la ciudad con cerca de 110 homicidios. De ellos, más del 60% se cometieron en el sector comprendido entre San Javier No 1, El Socorro, Juan XXIII, La Divisa y La Quiebra, curiosamente los barrios aledaños a la zona del incendio.

Al examinar el comportamiento de los homicidios en esta comuna se observa que el promedio de personas asesinadas no superaba la cifra de 18, pero en el mes de mayo la media se disparó de manera alarmante. Sólo hasta el 20 de ese mes ya se contabilizaban 30 decesos violentos.

La explicación de dicho incremento radicaría en el recrudecimiento de las confrontaciones entre las bandas “La Agonía”, “La Divisa” y “Los del Alto”, quienes se disputan un corredor comprendido por los barrios El Socorro, La Divisa, Juan XXIII, La Quiebra y Altos de la Virgen, territorio donde paradójicamente predomina la miseria, el desempleo y la falta de oportunidades para los más jóvenes.

Las cifras de desplazamientos forzados intraurbanos también dan cuenta de que allí se estaba viviendo un conflicto armado de alta intensidad. Sólo hasta las primeras semanas de mayo la Personería de Medellín había recepcionado 859 declaraciones de víctimas de este flagelo. La comuna 13, con 552 casos, figura como la segunda zona de la ciudad más expulsora. De estos, 111 corresponden al barrio Belencito, 107 al sector de San Javier No 1 y 79 a Juan XXIII – La Quiebra.

Uno de los casos más dramáticos de este tipo ocurrió a mediados del mes de abril en el sector La Quiebra, cuando miembros de la banda “La Divisa” amenazaron de muerte a por lo menos cuatro líderes barriales, quienes debieron abandonar el barrio con sus familias. En total, fueron seis núcleos familiares, alrededor de 25 personas, las que fueron desplazadas.

Lo grave es que en este caso el desplazamiento estuvo acompañado de despojo de viviendas. De acuerdo con la Personería, del total de declaraciones recepcionadas hasta la fecha, en por lo menos siete casos se ha documentado despojo de bienes, de las cuales cuatro corresponden al sector de Juan XXIII – La Quiebra.

Múltiples actores, múltiples conflictos

“Algunas de las personas que entrevisté en ese momento me dijeron que el incendio fue provocado por un artefacto explosivo que lanzaron desde el lado del (barrio) Socorro. Otros dijeron que fue por un corto circuito. Todo fue muy confuso. Lo cierto del caso es que la tragedia fue mucho mayor que en el incendio de diciembre de 2007”, expresa Beatriz.

Declaraciones de buena parte de los damnificados apuntan a que el incendio fue producto de una acción criminal. Foto AFP PHOTO Raúl Arboleda

Ese 30 de diciembre de 2006, cerca de 80 viviendas fueron consumidas por las llamas y por lo menos unas 350 personas resultaron damnificadas. Muchas de ellas reconstruyeron sus viviendas en el sector, a pesar de la declaratoria de Calamidad Pública que decretó la Alcaldía de Medellín.

Si bien aún faltan muchos elementos que permitan esclarecer las causas del incendio, la pregunta que todos se hacen es si los damnificados querrán reconstruir sus vidas en este territorio, pues a diferencia de aquella ocasión, sobre la comunidad pesaba una amenaza permanente de desplazamiento forzado por parte de las bandas criminales que operan allí.

Así lo advierte una habitante de la zona consultada por la Agencia de Prensa IPC, quien manifiesta que el hecho de convivir en un sector donde el hacinamiento es factor común y donde la interacción con los miembros de las bandas es situación obligada, convirtió a la comunidad en un actor más de esta nueva fase del conflicto armado.

“Los de la Agonía, por ejemplo, intentan portarse bien con la gente, tratan de ganársela. En parte, para que los cuiden y les avise cuando viene la policía o los enemigos. Y de alguna forma lo han logrado. En cambio, los de la Divisa, que son del sector de La Quiebra, maltratan mucho a la gente. Le piden que dejen las puertas abiertas para ellos poder resguardarse si hay balaceras. Obligan a la gente a que les guarden las armas, y no estamos hablando de revólveres ‘chichipatos’, hablamos de fusiles y granadas. Han echado gente simplemente porque la casa les sirve para vigilar”, cuenta la pobladora, que pidió se omitiera su nombre.

Dinámicas tan complejas como estas han generado que la comunidad hay perdido su carácter neutral y terminen siendo amenazadas personas que nada tienen que ver en con el conflicto. Para uno y otro bando, las madres, los hermanos, las compañeras sentimentales y hasta los vecinos relacionados con sus enemigos se convirtieron en un objetivo más.

Por esta razón, decenas de familias han decidido abandonar estos barrios, incluso, hasta de los mismos líderes de las bandas, como fue el caso de los allegados de alias “Chicharrón”, sindicado de ser uno de los líderes de la “Agonía” y quien fuera capturado por la Policía Nacional el pasado 27 de mayo.

“Chicarrón era del combo de aquí del Socorro, pero se torció para la Agonía porque, cuenta, allá le pagaban más. Sus antiguos compañeros quedaron muy ofendidos y fueron donde la familia, que vivía por los lados de la Quiebra y la amenazaron: les dijeron que si no aparecían los mataban a todos. Les tocó irse del barrio. Eso fue día antes de que la Policía lo capturara”, cuenta una fuente cercana al sindicado.

De hecho, cuenta la fuente, en barrios como El Socorro y Antonio Nariño ya circulaban rumores fuertes según las cuales, los de La Divisa planeaban una acción criminal de grandes proporciones contra La Agonía. “En días pasados a los de la Agonía ya les habían tirado una granada y los de la Divisa decían que si les tocaba encenderse a punta de granadas, lo harían”.

Lo anterior también da cuenta de la atomización que viven las bandas criminales en la comuna 13 y que recrudece el nivel de confrontaciones en el sector. No en vano, los rastreos de la Personería de Medellín señalan a la comuna 13 como la zona donde más se han detectado organizaciones delincuenciales: 30 en total. Algunas al servicio de alias Sebastián, otras leales a alias Valenciano y otras simplemente se dedican a actividades ilícitas por “cuenta propia”.

“Hay un recambio generacional muy fuerte en estas bandas. A unos los han matado, otros han sido capturados y otros se han tenido que ir del barrio. Entonces, hay una gran cantidad de adolescentes que están involucrándose en el conflicto. Allá, no hay un ‘actor hegemónico’ y, fuera de eso, las disputas son de cuadra a cuadra”, explica Jairo Herrán Vargas, personero de la ciudad.

Si a ello se suma que la intervención estatal, representada en incremento de fuerza pública y ejecución de programas sociales como Fuerza Joven no han logrado frenar los ríos de dinero del narcotráfico, el tráfico de armas y el reclutamiento de jóvenes, bien pudiera afirmarse que este sector de la comuna 13 se convirtió en una bomba de tiempo.

Por ello, no es descabella la versión de Beatriz, que también es compartida por muchos de los damnificados, según la cual, esta nueva tragedia que conmueve a toda la ciudad fue un acto más de un cruento conflicto armado que involucra a desmovilizados de las autodefensas, jóvenes y redes mafiosas con el poder suficiente de hasta quemar todo un barrio.



*Nombres cambiados o suprimidos por petición expresa de las fuentes

Por: IPC
Tomado de: ipc.org.co

Se fortalece el paramilitarismo en la comuna 13

El paramilitarismo sigue tomando fuerza en la Comuna 13. Desde hace meses, los habitantes de este sector vienen denunciando crímenes y acciones violentas que están siendo cometidas por “desmovilizados” de los bloques paramilitares, actos con los que pretenden consolidar el poder y expandir el control territorial y social de la zona.

Debido al fortalecimiento de este régimen paramilitar, es preocupante el estado de vulnerabilidad en el que están quedando los menores de edad de esta comuna, ya que están siendo víctimas de crímenes atroces como es el caso de Javier Fernando Osorio Bedoya, de 13 años, quien fue encontrado el pasado 7 de mayo, amarrado a un asta, degollado y con señas de tortura, en La Loma, San Javier. Igualmente, Jonathan Montoya, de 14 años, también fue asesinado en La Loma el 1 de mayo; es alarmante el asesinato de estos dos niños en tan sólo una semana y en el mismo sector.

Algunos medios de comunicación y las versiones oficiales indican que estos crímenes obedecen a un ajuste de cuentas entre bandas, pero ¿cuál es el ajuste de cuentas existente en el caso de Javier Osorio Bedoya, pues él y su familia llevaban escasos dos meses viviendo en La Loma y al niño pocas veces se le veía en la calle?, ¿qué había hecho este niño para ser asesinado con tanta crueldad?

El asesinato de estos niños deja muchas interrogantes y la sensación que a la versión oficial de los hechos les falta algo, lo cierto es que no dejan de ser medidas que aumentan el control social de la población y la sumisión de ésta por medio de mecanismos de horror, los cuales se vienen implementando en la Comuna 13 desde el 2002, luego de ponerse en marcha la operación Orión.

Como medidas de solución ante esta problemática, el secretario de Gobierno de Medellín, Felipe Palau, despachó la semana pasada desde la Comuna 13, y desde allí se realizó un acto en el que más de 40 jóvenes relacionados con la banda “La Agonía”, ingresaron al programa Fuerza Joven de la Alcaldía. De acuerdo con este programa, los jóvenes recibirán una remuneración mensual a cambio de que éstos se vinculen a actividades educativas y tareas de servicio social. Sin embargo, estas medidas no son nuevas y se han destacado porque no pasan de ser paños de agua tibia para un problema que requiere mayor atención.

Este tipo de soluciones no desarticula las organizaciones y mucho menos las somete a la justicia, lo que conlleva a que más tarde surja la reorganización y la retoma del control, quedando así crímenes en la impunidad ya que nunca se esclarecerán. La verdad es que este tipo de acuerdos, programas y respuestas no llevarán a un proceso de disminución de la violencia, ya que ninguno de éstos a garantizado el derecho a la vida, salvo por un corto tiempo mientras se simula su efectividad, sólo son estrategias que mantienen a la sociedad en el círculo vicioso que agrava el conflicto armado y lo sustentan, para evadir su solución política removiendo las causas estructurales que le han dado origen.

Estas bandas, integradas en su mayoría por los supuestos desmovilizados del paramilitarismo, no están aisladas y hacen parte de estructuras solidas paramilitares y narcotraficantes, las cuales manejan las mafias locales y nacionales por lo cual necesitan de estos jóvenes para su supervivencia. Por esta razón, urge la exploración de caminos jurídicos y políticos que tengan por resultado la desactivación real de dichas estructuras y los andamiajes que las sostienen, incluidos aquellos que están instaurados en las esferas del poder.

La Corporación Jurídica Libertad hace un llamado a cimentar como fundamento del Estado la vigencia del respeto de los derechos humanos y a respetar la vida de la población, especialmente la infantil, ya que es la más vulnerable del conflicto armado.


Comunicaciones CJL
18 de mayo de 2010

Tomado de: cjlibertad.org

NUEVAS AMENAZAS CONTRA LA CORPORACION JURIDICA LIBERTAD

La sistemática persecución de la cual ha sido objeto la Corporación Jurídica Libertad por su trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado se ha incrementado en los últimos días.

Las acciones judiciales emprendidas por la Corporación Jurídica Libertad para buscar el esclarecimiento y determinar la responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejercito Nacional, generaron en su momento airadas declaraciones del presidente de la república, quien pretendió banalizar esta práctica criminal y descalificar a las organizaciones no gubernamentales que han documentado cerca de 836 muertes ocasionadas bajo esta modalidad de terror estatal en los últimos siete años en el Departamento de Antioquia.

A través de informes de inteligencia elaborados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (RIME), se ha pretendido tendenciosamente asimilar la actividad que desarrolla la Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones sociales a labores propias de grupos alzados en armas contra el Estado.

En el propósito de criminalizar el ejercicio del derecho de defender los derechos humanos de la población, organismos de inteligencia del Estado se han valido de informantes, que a cambio de dadivas económicas y jurídicas han vertido testimonios incriminatorios en contra de abogados integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, los mismos que han servido de fundamento para iniciar actuaciones penales en su contra, investigaciones que han sido clausuradas con resoluciones de preclusión, toda vez que con amplio acervo probatorio se han logrado desvirtuar los montajes estructurados por la fuerza pública.

Igualmente como expresión de la “inteligencia ofensiva” desplegada en contra de la Corporación Jurídica Libertad, el año pasado circuló en internet un documento apócrifo, supuestamente suscrito por abogados de la Corporación, en el cual se señalaba a varios integrantes de organizaciones sociales y populares como integrantes de facciones insurgentes, pretendiéndose con este falso pronunciamiento respaldar los temerarios informes de inteligencia de la RIME y generar confusión en las distintas expresiones defensoras de derechos humanos.

En los últimos días se ha tenido información del pago de dinero a un grupo armado ilegal, asentado en el Barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín para que atente contra la vida e integridad física del abogado Bayron Ricardo Góngora Arango, integrante de la Corporación Jurídica Libertad. De acuerdo con los estudios sobre bandas criminales en la ciudad de Medellín, efectivamente, en este sector existen varias de esas agrupaciones con alta capacidad de operatividad, medios y personal para perpetrar el hecho para el cual fueron “contratados”.
Es de resaltar que el Abogado Góngora Arango, ha asumido la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar la conducta delictual en la que pudieron haber incurrido los Generales Mario Montoya, del Ejército y Leonardo Gallego, de la Policía, referenciados por confesos paramilitares como los responsables de la coordinación de la fuerza pública y los paramilitares en el desarrollo de la Operación Orión, con la cual se inauguró la implementación de la política de la seguridad democrática en el país, confirmándose de esta manera lo denunciado de tiempo atrás por los habitantes de la Comuna Trece y organismos de derechos humanos.

Los señalamientos proferidos en contra de las organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos desde el alto gobierno y los organismos de inteligencia del Estado han incrementado la situación de riesgo de quienes cotidianamente en medio del conflicto social y armado que se vive en el país, nos proponemos el ejercicio legitimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, expresión y participación política.



Medellín, doce de febrero de 2010.


CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD

Igual que al conjunto del movimiento social, nos ha correspondido afrontar el estigma y la persecución por oponernos a muchas políticas oficiales y por estar incondicionalmente con las víctimas del terrorismo estatal en la lucha contra la impunidad y en la exigencia de verdad, justicia y reparación integral.



Tomado de: www.cjlibertad.org

COMIENZA EL FORO SOCIAL 2009‏

Diversas personas, comunidades, organizaciones, colectivos, redes y movimientos sociales, nos hemos articulado para visibilizar las problemáticas causadas por el neoliberalismo, el autoritarismo y la privatización; con el propósito de buscar alternativas y propuestas para transformar la situación de pobreza y exclusión social que se presenta en la ciudad de Medellín, Antioquia y Colombia.

En esta oportunidad invitamos a todos y todas a reivindicar el derecho al territorio, reflexionar sobre la dignidad y la identidad popular, avanzar en la lucha por los derechos humanos y la vida digna, así como articularnos frente a las propuestas de movilización comunitaria y popular.

Las y los invitamos a conocer y divulgar la programación y los contenidos del
Foro Social por la Vida, la Dignidad y la Identidad Popular
3 al 11 de octubre de 2009 ¡Nuestros Territorios son Posibles, Sin Miseria Ni Exclusión!

Programación e información en el Link:

www.forosocialmedellin.org

o contactar en esta dirección:

info@forosocialmedellin.org



Para mejor visualización Mozilla Firefox.




Por: Foro Social Medellín 2009

La Guerra en Medellín es un hecho Comuna 13

“no mijo, apenas nos dejaron bajar no ve que toda la mañana se dieron bala, hoy madrugaron a enfrentarse por ahí desde las ocho de la mañana y quien sale pues con esas balaceras”.. El pasado viernes 3 de julio pudimos evidenciar la dura guerra que hoy se libra en la comuna trece de Medellín, en el marco de la tercera jornada de Atención de Victimas del Conflicto.

Eran las 8:00de la mañana del día viernes 3 de julio del presente año y nos encontrábamos en la comuna 13 realizando nuestra tercera jornada del proyecto de la FundaciónForjandoFuturos, y la investigación Victimas Violencia y Despojo que se adelanta con la Universidad San Buenaventura, Universidad Autónoma Latinoamericana y el IPC, bajo el proyecto de Mejoramiento del Acceso a la Verdad, Justicia y Reparación de Victimas del Conflicto Armado, en Medellín.

Por los grandes índices de violencia que se registraron años atrás antes, después y en el transcurso de la tan mencionada y controvertida “operación Orión”, esperábamos una afluencia de victimas mucho mayor de la que atendimos en el corregimiento de San Cristóbal y en el barrio Santo Domingo, pero vaya sorpresa nos llevamos cuando a las 9 de la mañana solo habíamos hecho clasificación de 100 victimas, de las 500 o 600 que esperábamos a lo largo de la jornada.

Todos nos preguntábamos ante la preocupación de algunos organizadores de la jornada, ¿qué pasó?, ¿sería por la falta de información de los medios?, ¿por que el sector era de difícil acceso?, muchas preguntas surgían y sólo una era la respuesta, de la que nos enteramos en el desarrollo de la jornada mucho tiempo después.

A eso de las 12 y 30 p.m., se empezó a ver mucho más afluencia de Víctimas, empezaron a llegar las madres, padres, niñas, niños así la jornada iba tomando el color que todos esperábamos. Y entonces surgió la respuesta la cual obtuve en medio de una conversación con una victima del conflicto en el Salado Comuna 13, quien ante mi pregunta del por qué tan tarde habían bajado, me responde textualmente: “no mijo, apenas nos dejaron bajar no ve que toda la mañana se dieron bala, hoy madrugaron a enfrentarse por ahí desde las ocho de la mañana y quien sale pues con esas balaceras”.

Pues sí, esta era la respuesta, las personas ansiosas de asistir a la jornada no lo habían podido hacer debido a los constantes y cotidianos enfrentamientos que se dan casi todos los días y hasta varias veces en un mis mi día.

Según las victimas consultadas, cuando dos camiones del ejército arribaron, se pudo calmar la balacera y todas las personas lograron bajar a la jornada un poco tensionadas, y es que todos los días tienen que esperar a que llegue la fuerza pública para que se calme el conflicto y salir de sus casas a donde tengan que ir, o a veces hasta no salir pues estos nunca llegan.

Esta triste y cotidiana realidad la pudimos reconfirmar a la llegada del compañero encargado del perifoneo animando a las víctimas a asistir a la jornada, quien nos manifestó que en un sector de la comuna trece que visitaba, presencio como unos hombres asesinaban un joven en una esquina con toda la tranquilidad del mundo y como mas abajo dos “tipos” armados se le acercaron diciéndole: “¡¡Cucho!! hágale de ahí pa’ bajo con esa maricada, no se vaya a hacer dar piso por acá”.

Pues así es, asesinatos, enfrentamientos, balaceras, tiempos de tensión y de angustia, son las que están viviendo constantemente los habitantes de la Comuna Trece, en un sector donde supuestamente la tranquilidad había llegado después de la tan documentada y popular Operación Orión y donde el “orden” estaba imperando por la constante presencia de las autoridades.

Diferentes actos violentos tuvieron lugar en la noche del jueves y el medio día del viernes (día de la Jornada) en los barrios El Socorro, 20 de julio y Nuevos Conquistadores y que dejaron, según los vecinos, varias personas muertas y heridas.

Entonces ahora finalmente me pregunto: ¿por qué no se mencionó nada de esto en los medios de comunicación? Tan sólo el Mundo (sábado 4 de julio) publicó algo al respeto:¿Qué pasa en esta zona?, ¿qué paso con la totalidad de grupos que se habían desmovilizado?, ¿quienes se enfrentan?, ¿no que Medellín está tranquila según nos venden los medios? Y la ¿Seguridad Democrática depuse de ocho largos años de aplicación?

Y así son muchas las preguntas sin respuesta que nos hacemos muchos habitantes de Medellín; interrogantes mas que respuestas urgen por una pronta solución por parte de las autoridades, eso si, esperemos que sean soluciones sin ayudas de nadie extrañamente ILEGAL.

ALGUNOS RELATOS:

Algunos de los relatos que en la Jornada escuchamos resaltamos las cuales fueron publicadas en el periódico El Mundo (sábado 4 de julio):

A Sinforosa Álvarez Yépez le mataron dos hijos entre 1991 y 1994, esta mujer menuda y aparentemente frágil cuenta con dureza en sus ojos cómo sacaron a sus muchachos de 17 y 19 años de la casa y nunca más volvieron, aún después de tantos años dice que los extraña y puede verlos en la cara de sus nietos “yo soy nacida y criada en el barrio El Salado y por 66 años he podido ver como la violencia ha estado siempre fuera de mi casa, cuando uno siente el silbido de las balas, lo único que puede hacer es buscar el techito y pedirle a Dios que no sea la hora de uno” dice, sin embargo ve esta posible reparación como un alivio en parte a su dolor y su pobreza. 274 personas más acudieron a esta jornada buscando orientación y respuestas.

Sigifredo Gómez ya no recuerda hace cuanto llegó desplazado por la violencia desde Apartadó, pero lo que recuerda vívidamente es el día de hace 13 años en que mataron a su hijo y el letrero que dejaron sus victimarios fuera de la casa, decía “por sapo”. Sigifredo se acercó a Acción Social el año pasado y ayer llegó a la Institución Educativa Samuel Barrientos para ver cómo va su proceso “me demoré para denunciar pero luego entendí que yo también tengo derecho a reclamar por el sufrimiento que me causaron”.

María Arenas también perdió a su hijo de 26 años “un muchacho como ya no hay” recuerda, él le informó a varios jóvenes de la zona que estaban en peligro y por eso lo sacaron a la fuerza de la casa, en la que vivía con cuatro hijos, y apareció muerto dos horas después.

Ahora ésta abatida madre por fin puede reclamar reparación, ya sabe que los perpetradores fueron militantes del Bloque Héroes de Granada que delinquían en la zona en 2004.

Otros casos de victimas en esta nueva ola de violencia no pueden acceder a estos beneficios pues la ley los excluye considerándolos victimas de delitos comunes y no del conflicto armado pues este según el gobierno ya terminó.


Por: Walter Rivera - Kavilando
Tomado de: www.redjuvenil.org

Mientras la muerte en la escombrera de la comuna 13 arrecia, nuestro reclamo por la vida se mantiene

MIENTRAS LA MUERTE EN LA ESCOMBRERA DE LA COMUNA 13 ARRECIA, NUESTRO RECLAMO POR LA VIDA SE MANTIENE


Esta vez en el barrio el Salado.

Desde las operaciones militares en la COMUNA 13, sus barrios se sumen en la confrontación armada entre pequeños combos que ejercen el control financiados por las estructuras paramilitares y mafiosas que hacen presencia en toda la ciudad. Sus integrantes son jóvenes también, que sin discriminación atentan en contra la dignidad de mujeres, hombres, niños, niñas, lideres sociales y comunitarios; personas inocentes que su único reclamo ha sido en derecho a la vida.

Desde hace años, los habitantes de los barrios de la comuna 13 denuncian la presencia y las atrocidades de los grupos armados; reclutan, controlan, asesinan, amenazan, se enfrentan; y todo ello se mantiene ante el silencio que parece cómplice del Estado. Lo particular de todo ello es que se trata de la comuna mas militarizada de la ciudad; pues se calcula que hay un efectivo por cada 340 habitantes, en un sector con 140 mil personas aproximadamente, de los cuales mas o menos la mitad pertenecen al estrato uno, siendo esta la comuna mas pobre de la ciudad.

Es por ello que en esta ocasión queremos hacer mención de los lamentables hechos ocurridos el pasado jueves 21 de mayo del presente año en el barrio EL SALADO, en el sector de la escombrera, zona que ha presenciado las múltiples vulneraciones de derechos humanos que ocurren en la comuna.

El jueves 21 de mayo, siendo más o menos las 4:30 de la tarde, hombres jóvenes armados del mismo barrio recorrieron las calles buscando supuestamente a varios jóvenes que se habían robado unas tejas de la escombrera.

Los encontraron y se los llevaron al sector de la escombrera en donde fueron asesinados 3 jóvenes; en ese momento YESID TORRES de 13 años y su hermano JUAN MANUEL ARBOLEDA TORRES de 9 años, que venían de hacerle un mandado a su mamá pasaron por el lugar de los hechos.

Allí fueron abordados por los que minutos antes habían asesinado los supuestos ladrones; los trataron de sapos y les dijeron que si los dejaban ir los sapiaban, de manera que los hombres armados les dijeron que corrieran, a lo que ellos obedecieron y comenzaron a dispararles.

YESID fue asesinado allí mismo, mientras su hermano JUAN MANUEL de 9 años, alcanzo a escapar herido, y trasladado luego a un hospital.

Esa tarde fueron asesinados en el Barrio el SALADO 4 jóvenes y herido un niño que alcanzo a escapar.
Las instituciones del Estado guardaron silencio frente a esto igual que los medios de comunicación; mientras que el fin de semana anterior el ALCALDE de Medellín visitaba la zona para inaugurar las dos canchas deportivas del barrio, y hablar de los logros de seguridad en esa zona.

Frente a estos hechos y tal como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores queremos manifestar lo siguiente:

La muerte violenta no se justifica por ningún motivo, no hay ninguna razón para eliminar a otro ser humano, no puede justificarse la muerte de alguien porque expende drogas, o porque es negro o marica, mucho menos porque es joven, porque se para en una esquina o porque está en la calle a altas horas de la noche. Una sociedad madura es aquella que es capaz de resolver sus conflictos sin necesidad de eliminar a las personas; el valor de cada ser humano es incalculable y por tanto, no podemos guardar silencio ante la muerte que arrecia; nada puede servir de excusa para asesinar a alguien. Por ningún motivo podemos justificar la muerte de los jóvenes en las calles; pues ha sido justamente la legitimación de la muerte violenta lo que ha servido para posicionar una tradición histórica de eliminar al otro y de mantener una cultura violenta en la ciudad. Por tanto necesitamos en cambio, rescatar el valor de la vida y su defensa.

Nos manifestamos en contra del escenario de muerte que quieren promover los actores armados que hacen presencia en esta comuna, tanto los actores legales como los ilegales, que han utilizado la población juvenil para engrosar sus filas, para armarlos, para hacerles creer que tienen un enemigo al que tienen que combatir.

Manifestamos que la muerte violenta no se justifica, sean quienes sean los muertos, vengan de donde vengan las balas; y mucho menos cuando se trata de menores de edad como es el caso de YESID Y JUAN MANUEL.

Por lo tanto y con fundamento en los hechos y las consideraciones mencionadas hacemos las siguientes exigencias:
Que las Instituciones del Estado como Fiscalía, Procuraduría y Unidad Permanente de Derechos Humanos, adelanten las actuaciones respectivas que tiendan a la protección de la población civil que se encuentra en medio de la confrontación armada, y en especial a que adelanten las investigaciones correspondientes frente a este grave hecho.

Que las organizaciones de derechos humanos como Naciones Unidas y Defensoría del Pueblo adelanten las actuaciones y seguimientos a este caso con la finalidad de que se proteja la vida de JUAN MANUEL, y en general de los niños de esta comuna.

Que la Fiscalia cumpla con la labor constitucionalmente asignada de investigar los hechos que ocurrieron en el barrio el SALADO, el pasado jueves.

Que la alcaldía de Medellín reconozca su incapacidad para controlar los grupos armados y las estructuras paramilitares que siguen haciendo presencia en los barrios.

Manifestamos públicamente que aspiramos a una sociedad en la que las personas no sean eliminadas, a que a nadie se le nieguen sus derechos, una sociedad desmilitarizada, sin ejércitos, en la que las salidas a los conflictos no sean armadas; una sociedad que vea a sus jóvenes como la posibilidad de transformación y no como un obstáculo; que entienda que la libertad y la vida son los principios mas valiosos de una comunidad y por tanto MIENTRAS LA MUERTE EN LA ESCOMBRERA COMUNA TRECE ARRECIA, NUESTRO RECLAMO POR LA VIDA SE MANTIENE.

Por: Red Juvenil

La Corporación Jurídica Libertad solicita investigación contra generales Mario Montoya Uribe y Leona

Resumen: La Operación Orión, el procedimiento militar ordenado en el 2002 por el recién posesionado Presidente Álvaro Uribe Vélez, mediante el cual se pretendía -paradójicamente- instaurar el orden y la convivencia pacífica en la Comuna 13 de Medellín, no deja de suscitar serios cuestionamientos a causa del vínculo que establecieron servidores públicos con grupos paramilitares.

Estos señalamientos han adquirido fuerza con la declaración del extraditado narcotraficante y jefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, el 26 de febrero de 2009, donde afirmó que entre Ejército y paramilitares se gestó una alianza para llevar a cabo la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, iniciada el 16 de octubre de 2002, e implicó al excomandante del Ejército y actual embajador de Colombia en República Dominicana, Mario Montoya Uribe, y al ex general retirado de la Policía Nacional, Leonardo Gallego Castrillón.

“Las Autodefensas del BCN fueron al área de la Comuna 13 como parte de una alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo al comandante General Mario Montoya y el General de la Policía Nacional Leonardo Gallego”, aseveró alias Don Berna, y agregó: “La policía de Medellín asignó su Unidad Especial Anti Secuestro(GAULA) para asistir al BCN en los esfuerzos conjuntos de la Operación Orión”.

Lo dicho por el jefe paramilitar corrobora lo manifestado desde el inicio de la operación por parte de los pobladores de los 23 barrios que conforman la Comuna 13 y organizaciones de Derechos Humanos, que denunciaron la alianza entre y el bloque paramilitar Cacique Nutibara y la IV Brigada del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el DAS y el CTI, además de la realización de procedimientos contrarios al Derecho Internacional Humanitario y la Sistema Internacional de los Derechos Humanos, tales como el uso de helicópteros artillados que disparaban indiscriminadamente, las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En medio del operativo murieron cuatro militares y once personas presentadas como milicianos muertos en combate. Además en los tres días siguientes fueron detenidas y reseñadas 450 personas, algunas de ellas torturadas y dos más desaparecidas.

Según testimonios de habitantes de la Comuna 13, la coordinación no sólo se dio durante los tres días que se supone duró la Operación Orión, sino que se prolongó hasta el día de hoy, permitiendo la consolidación de las estrategias de control social, político, económico y militar de las fuerzas del Estado y de las AUC. Prueba de ello son las denuncias de más de setenta víctimas de desaparición forzada, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y toma de viviendas, ocurridas posteriormente a la Operación Orión. La misma Fiscalía General de la Nación ha realizado la exhumación de varios cuerpos hallados en fosas comunes en la Comuna.

Así mismo los nombres de los Generales (r) Mario Montoya y Leonardo Gallego atravesaron las fronteras nacionales y llegaron hasta Los Ángeles Times, diario norteamericano que informó, el 25 de marzo de 2007, que según un documento desclasificado de la CIA, el diseño y despliegue de la Operación Orión estuvo a cargo del Ejército colombiano al mando del General Montoya en su condición de comandante de la IV Brigada, el general Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y fuerzas paramilitares, quienes pintaron los muros de los barrios con frases como “Bloque Cacique Nutibara, Compañía Orión”.

Estos señalamientos han sido probados por versiones suministradas por desmovilizados que dan cuenta del estrecho vínculo existente entre los mandos de la fuerza pública y los grupos paramilitares, dirigido a lograr el éxito en la toma de la Comuna 13. A mediados de 2003 el comandante paramilitar del Bloque Metro, Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, denunció toda serie de alianzas entre paramilitares, policía y ejército en el propósito de toma de la ciudad de Medellín.

Por su parte, el Presidentede la República, el Ministerio de Defensa y el gobierno local han mantenido la estrategia de impunidad y tergiversación al hablar de que la Comuna 13 es el laboratorio de paz más exitoso con que se da inicio a la seguridad democrática, e insisten en negar los vínculos con los paramilitares pese a la evidencia de los hechos. Además pretenden replicar dicha estrategia en otros lugares del país como lo propuso recientemente el senador uribista Jorge Enrique Vélez.

Teniendo en cuenta los hechos reseñados, la Corporación Jurídica Libertad le ha solicitado al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, ordenar la apertura formal de investigación preliminar contra los Generales retirados Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón, con el fin de clarificar su responsabilidad en los hechos ilícitos que se les atribuye. Además que se reconozca el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a que se haga justicia, a ser reparadas integralmente y que Nunca Más se cometan estos crímenes que comprometen la responsabilidad del Estado colombiano.

Por: CJL