Monsanto hace negocio en Haití tras el terremoto

QUEMA DE SEMILLAS HÍBRIDAS. Acto simbólico de rechazo del campesinado.
Esta corporación y USAID, apoyados por el Foro Económico Mundial de Davos, han ‘donado’ al Gobierno haitiano 475 toneladas de semillas híbridas para distribuir entre el campesinado.

En enero de 2010 un terremoto asoló Haití, dejando tras de sí más de 300.000 muertos, medio millón de heridos y en torno a un millón de personas sin techo. Seis meses después, la multinacional Monsanto, junto a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, en sus siglas en inglés) y algunos grupos nacionales de poder pretenden controlar la recuperación de Haití dirigiendo sus políticas agrícolas hacia sus intereses particulares.

Con ventas por valor de 11.700 millones de dólares en 2009, Monsanto es la compañía más grande de semillas a nivel mundial; controla un 20 % del mercado propietario de simientes y un 90% de las patentes biotecnológicas en agricultura. En mayo, donó 60 toneladas de semillas híbridas de maíz y hortalizas a Haití, cantidad que quieren ampliar hasta las 400 toneladas a lo largo de 2010.

El negocio de las semillas

Haití manifiesta contra el seísmo Monsanto.
Según la propuesta, también la multinacional UPS proveerá la logística en cuanto a transporte, mientras que el programa WINNER, financiado por USAID, se encargará de distribuir las semillas y aportar servicios técnicos y otros insumos con el objetivo de “aumentar la productividad agrícola”. Según declara Monsanto, la decisión de donar semillas fue tomada en el Foro Económico Mundial de Davos, al que acudieron su gerente general, Hugh Grant, y su vicepresidente ejecutivo, Jerry Steiner, los cuales mantuvieron conversaciones con otros participantes del foro sobre “qué podría hacerse para ayudar a Haití”.

De acuerdo con Chavannes Jean-Baptiste, coordinador del Movimiento Campesino Papaye (MPP, por sus siglas en francés) y miembro de la Vía Campesina, en la actualidad existe escasez de semillas en Haití debido a que “muchas familias rurales utilizaron su semilla de maíz para alimentar a los refugiados”. Sin embargo, denuncia que detrás de la donación se esconde un intento de colonización económica: “El Gobierno haitiano está utilizando el terremoto para vender el país a las multinacionales”.

A pesar de que Monsanto ha subrayado que las semillas donadas son híbridas (producidas manualmente a través de polinizaciones cruzadas) y no son transgénicas (modificadas genéticamente), las organizaciones campesinas argumentan que su introducción en Haití no incrementará la soberanía alimentaria ni la autonomía campesinas, ya que las semillas no podrán ser reutilizadas cada año sino que habría que comprar nuevas simientes cada año a Monsanto.

¿Son un simple regalo?

La estrategia de la multinacional es la siguiente: distribuyen las semillas de manera gratuita a tiendas gestionadas por asociaciones de agricultores, las cuales venden a un precio reducido las semillas al campesinado. Según Monsanto, los ingresos de estas ventas serán reinvertidos en la agricultura local por las asociaciones campesinas, pero la propia empresa reconoce que los agricultores no podrán reutilizar estas semillas en el futuro debiendo comprarlas año tras año.

Además, desde Vía Campesina afirman que la contaminación del maíz haitiano con polen del híbrido de Monsanto “también ocurrirá y podría resultar que las variedades haitianas ya no sirvieran para guardar y resembrar, obligando a los campesinos y campesinas a depender de esa compañía”. Señalan que este tipo de cultivo necesita de insumos adicionales como fertilizantes y herbicidas (que también produce Monsanto), por lo que el destino de los beneficios recaería finalmente en la propia multinacional, bien por la compra de semillas o por la de productos fitosanitarios, y sumirá a la agricultura haitiana en una grave dependencia de las multinacionales semilleras y de productos agrícolas, como Monsanto, uno de sus mayores exponentes internacionales.

Tomado de: Nodo50
Por: Diagonal

La realidad del desempleo y la informalidad en Colombia.

Por: desdeabajo.info
Tomado de: periodicodesdeabajo

El 'eje del mal' del software libre

A la industria cultural de EEUU no le gusta el software libre. La misma Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) que ha incluido a España entre los países piratas, también pide a su Gobierno que vigile a varios países por promover el uso de software libre. Los acusados podrán ser escuchados la semana que viene por la Oficina del Representantepara el Comercio de EEUU, el organismo federal que elabora la temida "Lista 301 ".

Dos potencias emergentes, como India y Brasil aparecen en el informe que ha elaborado la IIPA para el Gobierno de EEUU. El lobby cultural (que incluye a la Business Software Alliance, BSA) les acusa de promover el uso del software libre en sus administraciones públicas.

Cuatro países del sudeste asiático (desde la musulmana Indonesia a la cristiana Filipinas, pasando por la capitalista Tailandia y el comunista Vietnam) también están en la lista.

En el caso de Brasil, que lleva años impulsando su industria informática, la IIPA solicita a su Gobierno que use su influencia para "evitar las leyes sobre el uso obligatorio de software de código abierto por parte de las agencias gubernamentales y las empresas públicas".

Con India, la industria pide actuar antes de que ocurra una desgracia. Aunque no hay ningún tipo de legislación para promover programas basados en GNU/Linux, tanto la IIPA como la BSA se muestran preocupadas por que el Gobierno indio estaría considerando apostar por el software local y libre.

Sin embargo, con quien más se ceba el informe es con los gobiernos del sudeste asiático, en especial con Tailandia . En diciembre pasado, el primer ministro de ese país ordenó a su ministro de Tecnología que diseñara un plan para promover el software libre. Menciona el informe un plan para la compra de 1,4 millones de portátiles para las escuelas que, para ahorrar costes, deberán llevar GNU/Linux.

Vietnam e Indonesia llevan años sustituyendo copias pirata de software privativo por programas libres. Lo justifican como una medida realista para reducir la pirateria informática y, así, evitarse la presión de EEUU o posibles sanciones. Para la IIPA, lo que deben hacer es campañas educativas o una efectiva persecución de las infracciones.

En cuanto a Filipinas, el informe denuncia que el Gobierno estudia una ley para favorecer al software libre en la administración pública. Según la IIPA, "la aprobación de esta ley podría cuestionar la libertad de uso del software y, en última instancia, podría hundir a la industria informática filipina".

Por: Público.es
Tomado de: desdeabajo.info

Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín

Dos desmovilizados que hacían parte de la Corporación Democracia, una ong que formaron ex combatientes de las Auc, aceptaron ser miembros de nuevas bandas paramilitares que delinquen en la comuna 8.

El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó el 25 de noviembre de 2003, en la ciudad de Medellín, con 868 miembros y entregó 497 armas.

Por el IPC especial para VerdadAbierta.com

En audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia, Edwin Tapias y Julio Perdomo, aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías, los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intra-urbano y homicidio, constreñimiento y extorsión.

Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, comuna 8 de la ciudad, por miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con las versiones oficiales, la acción de la Fuerza Pública permitió desarticular una banda al servicio de Eric Vargas, alias 'Sebastián'.

Lo curioso es que los relatos del Ente Acusador y la aceptación de cargos por parte de los imputados terminan por darle la razón a las denuncias de habitantes de los barrios Villa Turbay, Villa Liliam, Enciso, Caicedo, La Sierra, entre otros, que en su momento fueron desestimadas por entidades del orden municipal.

Desde 2005, organismos de control y organizaciones no gubernamentales han denunciado cómo Tapias y Perdomo, valiéndose de su condición de reinsertados, se apropiaron de dineros públicos a través del programa de Presupuesto Participativo y, por esa vía, amenazaron y desplazaron a varios líderes comunitarios y continuaron liderando poderosas estructuras criminales mientras fungían como gestores de paz.

Gracias a esta condición, Edwin Tapias y Julio Perdomo atendieron visitas de delegaciones nacionales e internacionales interesadas en conocer el trabajo de resocialización y de apoyo a la comunidad que adelantaban los desmovilizados bajo el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín.

De hecho, el pasado 24 de octubre de 2009, Tapias fue mediador en representación de la banda delincuencial de La Sierra, y suscribió un pacto de no agresión con Yeisón Velázquez, alias 'El Rolo', para detener una disputa que sostenían las dos bandas. El acto contó con la presencia del entonces secretario de Gobierno de Medellín, Juan Diego Vélez; y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Luis Eduardo Martínez.

Líderes acorralados
A finales de 2005, Héctor* tuvo que abandonar su barrio luego de recibir sendas amenazas por parte de un grupo de desmovilizados que controlaban la comuna 8. Esto ocurrió luego del asesinato de su amigo y compañero Augusto Henao, ocurrido en agosto del mismo año, y quien era el presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas.

Sobre esta desaparición existe una denuncia en Fiscalía en la que se sindica a Tapias como responsable. En ella se advierte que semanas antes de su asesinato, Henao sostuvo una acalorada discusión con Tapias, en aquel entonces líder comunal del barrio La Sierra. El cruce de palabras tuvo lugar un sábado de junio en uno de los consejos consultivos del programa Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.

Ese día, y en presencia del entonces secretario de Gobierno Municipal, Alonso Salazar Jaramillo, Tapias se opuso a la entrega de 108 millones a la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas, los cuales iban a ser invertidos en mejoras de infraestructura vial y programas para la comunidad, según consta en el expediente de la investigación que adelanta la Fiscalía en Medellín.

“Edwin, que se encontraba en esa reunión, se opuso rotundamente a eso y decía que la plata la necesitaba para un centro de computadores en el barrio. La Alcaldía decidió dividir ese recurso a la mitad para los dos barrios. La reunión se acabó y cuando íbamos a coger la buseta Edwin dijo que ese 'hijueputa' no se iban a salir con la suya, que eso no se quedaba así”, relató Héctor a las autoridades, quien aún no puede retornar a su barrio.

“Intenté volver en el 2008, pero todo estaba igual. Tapias seguía con el mismo poder, rodeado de los asesinos que siempre lo cuidan y cobrándole la vacuna a las tiendas”, contó el líder.

Pero esta no fue la única denuncia contra los desmovilizados. En octubre de 2006, varios habitantes de la comuna 8 denunciaron ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín cómo los desmovilizados, en cabeza otra vez de Edwin Tapias, Julio Perdomo y John William López, extorsionaban a los locales comerciales, imponían controles sociales y presionaban a los líderes tradicionales.

Gustavo Villegas, para la fecha secretario de Gobierno de la ciudad, desestimó en su momento las denuncias pues señaló que no había denuncia concreta contra ninguno de los integrantes del proceso de reinserción, según reposa en un informe de la Personería de Medellín del 2006.

Hoy día, los tres ex combatientes se encuentras detenidos y, como en el caso de López, ya pesa una condena ratificada en segunda instancia de 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y desplazamiento forzado intraurbano.

Jugando a la legalidad
Una de las situaciones más complejas que debieron enfrentar las autoridades municipales durante todo el proceso de reinserción de los ex combatientes de las Auc fueron las trampas que, desde la legalidad, le hicieron a la ciudad.

Gracias a la conformación de pequeñas corporaciones sin ánimo de grupo, los desmovilizados se apropiaron de recursos públicos mediante la modalidad de contratación, que luego fueron desviados para fortalecer actividades ilegales.

Ejemplo de ello fue la ampliación del Colegio Villa Turbay, ubicado en el barrio del mismo nombre, en la comuna 8 de la ciudad. Las obras fueron entregadas oficialmente en septiembre de 2009, cuando debieron culminarse en diciembre de 2008.

Las demoras obedecieron a que la firma bogotana Telval S.A, a quien la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín le adjudicó el contrato para la ampliación del colegio el 22 de enero de 2008, y algunas fuentes de la empresa que pidieron el anonimato confirmaron que fueron obligados a contratar personal no calificado y el servicio de vigilancia de la obra con la Corporación La Sierra Con Futuro, creada por Edwin Tapias.

La demora hubiera pasado desapercibida de no ser por las denuncias de intimidaciones a la empresa constructora para que sólo escogiera al personal que le señalara Edwin Tapias.

Según la empresa, el personal que contrataron con la Ong de los desmovilizados permitió robos por 50 millones de pesos durante el proceso de construcción. El caso adquirió mayor complejidad debido a las amenazas de muerte contra el interventor de la obra cuando intentó parar la situación.

En este caso, los correctivos de la Administración Municipal se limitaron a suspender los contratos con La Sierra con Futuro y a emitir unas directrices sobre los procesos de contratación de mano de obra no calificada, según aseguraron fuentes de Telval.

Otro caso parecido ocurrió con la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega, que agrupaba desmovilizados del bloque Héroes de Granada y cuyo representante legal era Julio Perdomo, el otro desmovilizado capturado y que aceptó los cargos de la Fiscalía. La Cooperativa contrataba legalmente servicios de vigilancia y aseo de algunas colegios oficiales de la comuna 8.

En el 2008 varias instituciones donde Omega prestaba sus servicios registraron robos y además según algunos profesores en algunos colegios se encontraron caletas para armas y, en otras, los maestros aseguran que fueron presionados por los desmovilizados a imponer su propio código de conducta. Ante estas denuncias la Secretaría de Educación solo modificó los términos de contratación para este tipo de servicios.

Acción tardía
Algunos habitantes de la comuna 8 se preguntan ahora sí con las capturas realizadas en la madrugada del viernes 5 de febrero regresará la calma a este sector de la ciudad, escenario de una confrontación entre bandas de delincuencia organizada integradas en su mayoría por desmovilizados de las Auc.

También hay expectativas entre defensores de derechos humanos sobre lo que puedan revelar ambos desmovilizados sobre el asesinato de Alexander Pulgarín, ocurrido el 21 de diciembre de 2009. Pulgarín, conocido entre sus amigos como Pipa, era integrante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y sobre el pesaban amenazas de muerte proferidas por miembros del proceso de reinserción, entre ellos John William López y Edwin Tapias.

Mientras se despejan estas dudas, lo que queda claro es que el modelo de reinserción implementado por la Alcaldía de Medellín no logró contener a tiempo la intrincada red que se fue tejiendo entre legalidad e ilegalidad y que permitió que personas como Tapias y Perdomo posaran de hombres de paz en el día y señores de la guerra en las noches.

Algunos integrantes de estas ongs que conformaron desmovilizados y que se establecieron en la comuna 8 siguieron delinquiendo como fueron los casos de Antonio López, alias Job y John Jairo Hidalgo, ambos asesinados en el 2008, y a John William López, condenado a 23 años de prisión.

De otro lado, la preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la comuna 8 la criminalidad pareciera que tuviera un dicho: “a rey muerto, rey puesto”.

“Hay personajes con mucho poder en ese sector sobre los que las autoridades tienen poca información. Tampoco creo que se haya debilitado la estructura de Sebastián”, conceptuó.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente

El Instituto Popular de Capacitación es una ong que hace monitoreo sobre la situación de Violencia y Derechos Humanos en Medellín y Antioquia


Por: IPC
Tomado de: www.verdadabierta.com

¿Ni el derecho a la basura?

"La Ley 1259 de 2008, conocida como Ley de comparendo ambiental, beneficia a grandes empresas en el tratamiento de las basuras, en detrimento de los recicladores ‘de a pie’ que vienen desarrollando esta actividad desde hace años. Entre estas empresas se encuentra la de Tomás Uribe Moreno, hijo del presidente de la República. Tomás es representante legal de la empresa Ecoeficiencia de la cual es igualmente socio su hermano Jerónimo. Los basuriegos lo llaman ‘el reciclador mayor’ y lo acusan de dejar a miles de familias sin sustento, al monopolizar el manejo de residuos sólidos en Colombia".


Al igual que la pobre viejecita quien no tenía nada que comer, dos pobres muchachos -hijos del presidente de la República- decidieron acudir a grandes empresas para que les regalaran o les vendieran la basura. “¿Y quién va a negarles basura a los hijos de un presidente?”, se pregunta José Velásquez, de la Asociación de recicladores Arambiental, una de las tres organizaciones a cargo del parque piloto de reciclaje del Distrito Capital. Según Velásquez “a ellos inclusive les mandan los residuos a sus bodegas, en cambio a nosotros nos tocaba recoger los materiales reciclables y hasta barrer. Hoy en día no nos venden nada, todo se lo entregan a ellos”.

La basura no era de nadie antes de diciembre pasado, o mejor, era de todos. Ahora le pertenece al Estado. Con la nueva Ley de comparendo ambiental, abrir las bolsas para extraer material recuperable en la calle es penalizado, así como transportar dicho material en vehículos no aptos -entiéndase zorras, carros de balineras u otro medio artesanal de transporte. Según escribió el columnista Daniel Samper Ospina, “… no es la primera vez que a través de una ley tratan de empobrecer aún más a los pobres y convertirlos en criminales. Hace no mucho, Gloria Stella Ramírez, congresista del MIRA, trató de sacar una para castigar a los vendedores y limosneros de los semáforos; ahora el representante Juan Carlos Valencia se inventó esta, la 1259, en la sospechosa fecha del 19 de diciembre, con todo el beneplácito del presidente Uribe, que no la objetó… ninguno como este gobierno ha combatido a la guerrilla, pero tampoco ninguno ha estimulado tanto las condiciones de desigualdad social para que exista…”.

Regalo de navidad

“La Ley 1259 fue el regalo de navidad del señor presidente a los recicladores, en diciembre de 2008. Ya las personas no van a poder trabajar en la calle, con sus carretas, con sus zorrillos y con sus carritos”, explica José Velásquez, quien lleva 45 años recuperando lo recuperable, entre las más de 6.000 toneladas que los bogotanos arrojan a la basura cada día.

“La reglamentación tal y como lo prevé la ley deja sin trabajo a la totalidad de recicladores del país, no estamos hablando sólo de Bogotá”, explica Nohra Padilla, directora ejecutiva de la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, y presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores. Es por esto que la ARB interpuso una acción de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 1259 que son los que van directamente a afectar el trabajo de los recicladores. “Nuestra idea es que se tiene que reglamentar la ley, pero sin afectar el trabajo de las más de 50 mil familias que viven del reciclaje en Colombia”.

En el Concejo de Bogotá salieron ya tres textos de acuerdo de concejales, reglamentando el comparendo ambiental, en la ciudad. “Ese acuerdo lo que hace es decir que en Bogotá también es penalizable la actividad de los recicladores, porque traen de la ley nacional las actividades que dan origen al comparendo ambiental. Ese proyecto de acuerdo ya pasó el primer debate. El trabajo que estamos haciendo con la Asociación de Recicladores de Bogotá es hablar con todos los concejales, para que el proyecto de acuerdo se devuelva a comisión y se eliminen los artículos lesivos para la actividad del reciclaje. Tenemos como base un proyecto de acuerdo en Cali, en donde se respetó la actividad de los recicladores. En el mes de mayo se citará el segundo debate de ese proyecto de acuerdo”, según Raquel Velasco, asesora del concejal del PDA Carlos Vicente de Roux.

Nohra Padilla complementa, “le entregamos a cada uno de los 45 concejales una copia de la demanda, explicándoles en una carta las afectaciones sociales, ambientales y económicas que tendría la aplicación de la ley tal y como quedó establecida. Todos los concejales del PDA y algunos de Cambio Radical, del Partido Liberal y del Partido de la U nos han apoyado”.

Una acción de tutela interpuesta por la Asociación de Recicladores de Bogotá fue un antecedente importante para la causa de los recicladores. “En 2003 la Corte Constitucional obligó al Distrito a “establecer acciones afirmativas a favor de los recicladores en las licitaciones y contrataciones del Servicio Público de Aseo”. Se dispuso entonces que el Distrito Capital, a través de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos -o quien haga sus veces-, no podía dejar por fuera de los procesos de aseo a los recicladores”, explica Nohra Padilla. Aunque la aplicación de dicha tutela ha sido de difícil cumplimiento, ya que los recicladores no están en condiciones económicas de competir en igualad de condiciones con las grandes empresas en las licitaciones, el Distrito incluyó a recicladores en el primer parque piloto de reciclaje de Bogotá, ubicado en el barrio la Alquería. Éste genera empleo a 38 operarios y a ocho personas más en la parte administrativa. Pero en Bogotá hay más de 12 mil recicladores y muchos de ellos trabajan por su cuenta en las calles. Son ellos los principales afectados si se reglamenta la nueva ley sin modificaciones.

Un capricho y un gran negocio

“Los hijos del presidente están dedicados a una parte muy importante de manejo de residuos; esta legislación los favorece, pero no son los únicos favorecidos. Detrás de esa ley están las empresas de servicios públicos y las grandes empresas recolectoras de residuos. Detrás de la ley están las siete grandes empresas de servicio de aseo que monopolizan este millonario mercado en el país”, asegura Padilla.

El problema de esas empresas de aseo, asegura un experto consultado por POLO, es que son muy poderosas y financian campañas políticas. En Bogotá han sido las mismas empresas las que desde la administración de Mockus vienen quedándose, cada siete años, con la licitación. Para otros analistas, no es casual, sin embargo, que una vez más sean los hijos del Primer Mandatario quienes se vean favorecidos por la legislación y las decisiones que adopta el actual gobierno. Entre los recicladores existe un gran malestar por leyes que en lugar de ayudar al 10 por ciento de la población más pobre, a la cual hacen parte los recicladores, los perjudica. Marysol Espinosa, de la ARB, manifiesta: “no es justo que los recicladores tengan que pagar por un capricho de los hijos del presidente. Ellos ya tienen plata y son gente pudiente, entonces es más que todo un capricho que está dejando a los recicladores en la calle, sin nada. Tanta lucha, tanto esfuerzo que hemos hecho para conseguir fuentes, para que ellos vengan y nos quiten todo. “Con esa ley quedarán más de ochocientos mil recicladores en la calle, que pueden volverse indigentes o rateros, ya que día por día los hermanos Uribe están monopolizando la industria de los residuos”, agrega.

Yo no puedo hacer nada, mi señora

Mary Luz se quedó esperando. Esperó en vano la respuesta a una carta que le escribió al presidente de la República. En ella le decía: “usted creerá que somos unos ignorantes que no entendemos nada de lo que está pasando, pero le pedimos que nos dé una oportunidad, que nos tenga más en cuenta para que de una u otra manera podamos tener una vida digna”. Y añade que actualmente hay mucha gente aguantando hambre, porque ya no se encuentra el reciclaje igual. “A nosotros nos tocó vivir un proceso de sacar a los recicladores de las calles y venir a trabajar al parque del Distrito. Pero la gente que no se ha organizado está aguantando hambre. Nosotros podemos mostrar que somos mejores recicladores que los hijos del presidente, o que cualquier otra entidad”.

Para esta madre cabeza de familia, “los señores Uribe nos han venido excluyendo de esta actividad. Somos familias enteras que de una u otra manera estamos siendo desplazadas del reciclaje, cuando vieron que esto era lucrativo. En el caso de mi familia, muchas empresas nos generaban sustento. Lógicamente nada nos era donado, todo era vendido. Pero nos fueron quitando esas entidades, nuestras fuentes, y nos fueron dejando sin la oportunidad de trabajar”. Mary Luz recuerda que los gerentes de las empresas le dijeron “no tenemos nada en su contra. Usted nos ha venido prestando su servicio muy bien, pero el hijo del presidente nos trae una carta donde nos dice que le generemos esa fuente, que es para entregárselas a entidades sin ánimo de lucro”. Y agrega: “un día yo me acerqué a Tomás Uribe. Él tenía la planta de reciclaje en la localidad de Kennedy y siempre estaba muy custodiado por ser el hijo del presidente, pues temen que después de haber dejado a tanta gente con hambre, algo le suceda. Me acerqué a él con el certificado de la Cámara de Comercio en la mano que mostraba que nosotros éramos una entidad sin ánimo de lucro, que generaba empleo a 27 madres cabeza de familia y le pregunté, ¿dígame qué voy a hacer con ellas ahora que no tenemos empleo? Su respuesta fue esta: “mi señora, yo no puedo hacer nada, yo estoy en medio de un sándwich”.

Una vida reciclando

El reciclaje es un trabajo que se comparte en familia y que se transmite de generación en generación. Para Mary Luz, “el reciclaje era una oportunidad de vida diferente. En la calle podíamos trabajar sin horario, no teníamos patrones, reciclábamos una o dos horas y llevábamos lo que nos servía para nuestras casas. Anteriormente el reciclaje no era tan competido como lo es hoy. En mi época reciclé en costales. Mi abuela, mi mamá y mis hermanos menores organizaban el material. Yo empecé a reciclar a la edad de ocho años. Mis hijos también trabajan en el reciclaje. Con lo producido pude darles la primaria y el bachillerato. Pero cada día es más difícil”.

Con el parque la Alquería, afirma el presidente de Arambiental, “queremos demostrar que sabemos manejar el reciclaje. Aparte de eso ayudamos a industrializar al país. De las 6.000 toneladas diarias de residuos que produce Bogotá, nosotros aprovechamos 400, eso es lo que recogemos los recicladores. Si esas 400 toneladas de material recuperado las tuvieran que importar, tendrían un costo alto para la industria. También ayudamos a manejar el medio ambiente y le damos más vida al botadero Doña Juana, al disminuir el volumen de residuos que le llegan. Hay materiales que duran para destruirse hasta 300 años, en cambio nosotros volvemos y los trabajamos, hasta que se va desperdigando la materia prima”. Y concluye, diciendo: “queremos mostrar que este es un trabajo, una empresa, que no es como nos miran a nosotros por la calle, por encima del hombro. Queremos que nuestro trabajo sea reconocido como el de cualquier profesional, como un médico, un abogado, un conductor, un ingeniero, un constructor. Que la actividad del reciclaje sea reconocida como un trabajo digno”.


Por: Paola Vernot - POLO