El fútbol hecho tragedia

Iba a ser un hermoso y colorido cuento de hadas. Fue una oscura y sangrienta pesadilla que terminó de sellarse el 2 de julio de 1994 con el asesinato en Medellín de Andrés Escobar. Iba a ser la victoria prevista por Pelé, el canto al fútbol lírico, la confirmación de aquel histórico triunfo contra Argentina en Buenos Aires.

Fue el dolor, la cuchillada infinita a cientos de miles de ilusos que vendieron hasta la inteligencia para presenciar la victoria, por fin, de una Selección Colombia en una Copa del Mundo. Nunc a antes un grupo colombiano de lo que fuera había concitado tanta pasión. La discusión no era cómo va a hacer Colombia para obtener la Copa, sino cómo iban a hacer los colombianos para no matarse cuando llegara el triunfo, como lo hicieron después del 5-0 a Argentina.

Jamás hubo análisis futbolísticos ni críticas. Quien se atreviera siquiera a dudar era señalado como apátrida, como si el fútbol fuera la patria. Cada uno de los 22 partidos de cartón que ganó el equipo de Francisco Maturana fue celebrado a rabiar, con profusos elogios en los noticieros de televisión y portadas a todo color de los periódicos. Los goles se repetían una y otra vez, con el “ay qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano” de fondo. Banderas por todos lados, pelucas de Carlos Valderrama por doquier, camisetas amarillas en cada esquina. El fútbol, Maturana, Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Andrés Escobar, Leonel Álvarez, Óscar Córdoba y Cía eran el tema del día todos los días y a toda hora, y el negocio del siglo, por supuesto.

Por eso, por todo aquello, y por las apuestas a favor de Colombia, y por los comentarios de los expertos en el mismo tono, y los titulares de los diarios en el mundo, y el voz a voz que, incluso, se tomó los círculos futboleros de Estados Unidos, la primera derrota colombiana en el Mundial fue mucho más que un simple bofetón. Los goles de Georghes Hagi y Raducioiu (2) en el Rose Bowl desnudaron a Colombia, pero no sólo en su fútbol. La desnudaron en su esencia, porque apenas se terminó aquel partido los rumores gritaban que varios jugadores habían apostado en contra de su propia selección, que los líderes, Valderrama, Asprilla, Rincón, ni se hablaban, que Maturana había estado a punto de agarrarse a trompadas con uno de ellos, que Rincón tenía pánico porque una bruja en el Chocó le había vaticinado una fractura en la Copa que acabaría con su carrera.

Los rumores aún no mataban. Sin embargo, cuarenta y ocho horas después del revés frente a los rumanos, los recién estrenados rumores, más las mafias que hacía 15 años manejaban al fútbol colombiano, más los apostadores, más los comentarios desmedidos de los periodistas, muchos pagados por carteles de la droga, llevaron a un sujeto o a un grupo de sujetos a quienes nunca se investigó a amenazar de muerte a Francisco Maturana si decidía que Gabriel Jaime Gómez jugaba ante Estados Unidos el 22 de junio. En medio de aquel infierno, Colombia salió a enfrentar al conjunto estadounidense. No hubo charla técnica. No hubo indicaciones. Mucho menos, arengas motivadoras. Los colombianos que salieron al campo del Rose Bowl para disputar su segundo partido en la Copa eran cadáveres andantes.

Así jugaron y así perdieron. Así fueron eliminados de la Copa. Los periodistas y los hinchas analizaron el juego desde los errores tácticos y técnicos, desde lo que vieron que ocurrió en la cancha. ¿Cómo podían jugar un partido de fútbol unos tipos a los que acababan de amenazar de muerte en un país en el que la vida no vale nada? ¿Qué concentración podían tener? ¿Qué tranquilidad? De alguna manera, guardando ciertas proporciones, y poniendo el énfasis en el posterior asesinato de Andrés Escobar, aquel partido fue como el que disputaron el Dínamo de Kiev y sus carceleros nazis durante la segunda Guerra Mundial, un juego de muerte que terminó con el asesinato de los jugadores rusos, que habían vencido a los nazis y tenían que pagar con su vida semejante afrenta.

La última escala de Colombia en USA 94 fue contra Suiza en San Francisco. Una victoria 2-0, un frío y nulo triunfo adosado por los treinta y tantos grados centígrados de aquel verano acabaron con el cuento de hadas. Las noticias reseñaron luego la sanción a Diego Maradona por doping, los distintos partidos, la final entre Italia y Brasil, el tiro penal fallado por Roberto Baggio que le dio el título al Scracht y una que otra columna que recordaba el fracaso de los colombianos. La más grave y triste de todas, no obstante, tuvo que ver poco con el fútbol. Fue fechada en la madrugada del 2 de julio. Un pistolero identificado como Humberto Muñoz Castro asesinó en la ciudad de Medellín al futbolista Andrés Escobar Saldarriaga. Nunca antes, nunca después la Copa fue tan trágica.

Por: Fernando Araújo Vélez
Tomado de: blogs.elespectador.com

Salpican al general Mario Montoya Uribe en masacre de San José de Apartado

Medellin, febrero 4 2009. Con una nutrida participación de delegaciones internacionales, nacionales y regionales continúa a esta hora la audiencia de juicio en contra de 10 militares implicado en masacre en Comunidad de Paz el 21 de febrero 2005.

Delegados y delegadas de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Embajada de Suecia, Embajada de España, un delegado de la Unión Europea, Brigadas Internacionales de Paz y Fellowship Of Reconciliation Colombia Program, se hicieron presentes en calidad de observadores en la sala de audiencias No. 10 de los Juzgados Especializados de Antioquia.

La diligencia se inicio a las 8:00 a.m. con el interrogatorio al Capitán del Ejército Nacional ARMANDO GORDILLO quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de la Compañía Ansuategui en cumplimiento de la Operación Fénix que terminó con la masacre de 8 personas, entre ellas 3 niños, en la Comunidad de Paz el 21 de febrero 2005.

El Capitán Gordillo se ratificó ante la Juez Segunda Especializada de Antioquia de todo lo dicho ante Fiscalía General de la Nación.

Como hecho relevante, entre otros, se conocieron las declaraciones de tres coroneles de la brigada 17 del Ejército Nacional quienes afirmaron que la planeación de la Operación Fénix participó al General Mario Montoya Uribe, quien para la fecha de la masacre se desempeñaba como comandante de la I División del Ejército de Colombia. En el mismo sentido los coroneles coinciden en afirmar que fue el propio General Motoya quien ordenó que en dicha operación militar se utilizaran guías.

El Capitán Gordillo afirmó en la audiencia que los mencionados guías terminaron siendo aproximadamente 60 paramilitares del Bloque Héroes de Tolová.

Por: DH Colombia
Tomado de: www.dhcolombia.info

¿Quién mató a Argenito?

No cesa el asesinato de líderes chocoanos que insisten en enfrentarse al destierro producido por la guerra y la ambición terrateniente.

Foto: Gabriel Aponte-El Espectador

Esta imagen fue captada en Domingodó, uno de los poblados chocoanos más afectados por el desplazamiento forzado.

Argenito Díaz era un hombre de 42 años, cabeza de una familia de 11 miembros, que viajaba hacia Pavarandó, un pueblo que ha tenido la desgracia de ser, desde la Conquista, un puente entre el río Atrato y el río Sinú. Un pueblo pobre que desde los años 90 se oye nombrar porque en sus dos calles y una plaza de camino se han refugiado cientos de campesinos e indígenas perseguidos a bala, motosierra y machete desde otra tierra, una tierra en litigio ubicada más al sur y más al occidente, y que no pertenece al departamento de Antioquia sino a Chocó: Curvaradó y Jiguamiandó.

Iba pues Argenito, el 13 de enero pasado —hace 10 días—, llegando a Pavarandó en un camioncito colectivo, de esos en que a los pasajeros se les balancea la cabeza amodorrados por el calor y al ritmo de los baches de la carretera. Es un entresueño delicioso que se suda y se transmite. A veces, el conductor cae seducido por la modorra y los carros se encunetan. Eso debió pensar Argenito cuando el vehículo fue detenido bruscamente por un grupo vestido de tigre —es decir, camuflado— y boina azul.

Quien parecía mandar la cuadrilla miró cara por cara, y con la punta de su fusil, un galil, señaló a Argenito y le dijo: “Bajate pues, que vamos a conversar”. Argenito sabía que de ese tuteo no salía vivo. Conocía desde tiempo atrás los modales de los asesinos. El resto de los pasajeros temblaban. Habían oído, desde hacía días, que por ahí andaban otra vez los Mochacabezas, o las Águilas Negras, o las Autodefensas Gaitanistas, o Los Rastrojos, Los Convivir, o simplemente Los Paisas. Oficialmente se llaman hoy día Bacrim, o sea Bandas Criminales, con lo que borran el prefijo “para”, que quiere decir ‘al lado de’. Algunos de los mandos eran conocidos porque habían sido hombres de El Alemán, Freddy Rendón, comandante del bloque Élmer Cárdenas de las Auc.

La resistencia de Caño Claro

En Chocó todo se sabe, desde Acandí hasta Murindó, y desde Paimadó hasta El Tigre. Pareciera que su gente fuera un solo organismo, y lo es, no obstante los litigios de tierra y de cultura que han ido aflorando entre resguardos indígenas, territorios colectivos negros y mejoras de cachilapos o mestizos.

Argenito había sido amenazado en agosto de 2008, así que ya sabía a qué se atenía cuando lo bajaron a fusilar. Los demás pasajeros no se mosquearon. Saben qué ley rige en esos casos. La misma que se aplica desde 2007, cuando se llevó a cabo la Operación Génesis. Las dos leyes son de silencio, pero mientras una impide la denuncia, la otra ahoga la protesta, que fue la que le invocaron los paramilitares por promover una Zona Humanitaria en Caño Claro; una comunidad que se ha declarado ajena a la guerra, donde las armas han sido anuladas, y que —por desgracia— ninguna de las fuerzas armadas que actúan en la región respeta.

Pero su falta había sido más grave. En enero del año pasado instauró una acción legal ante el Tribunal de Chocó, junto con otros miembros de la comunidad de Curvaradó y Jiguamiandó, en la que exigen la restitución de la propiedad colectiva y el cese de actividades a las empresas palmicultoras. El pecado mortal de Argenito fue haber notificado el fallo, a favor de la comunidad, a los administradores de las compañías de William López, Ramiro Quintero y la reconocida familia Zúñiga Caballero. Aquí es necesario un punto aparte.

Los terratenientes

Los Zúñiga Caballero aparecen vinculados con firmas investigadas por concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzoso de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Uno de los miembros de las empresas, María Fernanda Zúñiga Chaux, debió renunciar a la gerencia de Fiduagraria —una entidad de economía mixta— por manejos indelicados. María Fernanda es sobrina de Juan José Chaux Mosquera, conocido de autos por el escándalo de alias Job.

La Unidad Investigativa de El Tiempo informó que 25 de los empresarios asociados a esas empresas estaban enredados en la adquisición de 23.000 hectáreas y que, según testigos, lo fueron con apoyo paramilitar. Más aún, Katia Patricia Sánchez, representante legal de una de esas empresas, está casada con Hernán Gómez, íntimo amigo y consejero de Carlos Castaño.

Las tierras de Curvaradó y Jiguamiandó fueron declaradas territorios colectivos basados en la Ley 70 del 93. Pero luego resultaron invadidas a la sombra de la Operación Génesis dirigida por el general (r) Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII, hoy detenido.

Durante mucho tiempo se negó la participación de los paramilitares en la operación. Cinco días después del asesinato de Argenito, El Alemán declaró que, por orden de Castaño, varios de sus hombres participaron en heroicas operaciones conjuntas con los militares que bombardearon y ametrallaron las comunidades de Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho, donde andaba el frente 57 de las Farc.

Según El Alemán, no sólo las Accu aportaron unidades, sino que la Fuerza Pública cumplió el acuerdo de “no entorpecer el avance de las Accu en las zonas donde se estaba realizando la Operación Génesis”. Añadió el jefe paramilitar que Maderas del Darién, una filial de Pizano S.A., que durante muchos años se ha beneficiado de concesiones para la explotación de maderas y en particular del cativo —especie en extinción—, colaboraba con los paramilitares, inclusive con aportes en dinero. Las versiones de Macaco y H.H. son, asimismo, piezas sustanciales de un expediente de más de 9.500 folios sobre por lo menos 1.700 crímenes perpetrados en Jiguamiandó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, y que siguen hoy, 13 años después, en la total impunidad.

El neoparamilitarismo

De todos estos hechos no se puede hablar en pasado, sino en presente histórico. En el nivel nacional las investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris demuestran que el neoparamilitarismo está en pleno crecimiento. Si en 2008 había 250 municipios con presencia de los nuevos grupos, en 2009 eran ya 300 y el número de integrantes se aproximaba a 11.000 efectivos. “Se diferencian de la anterior generación de paramilitares en que aún no tienen una estructura nacional que los cobije a todos”.

Según la revista Semana, desde 2008 las Autodefensas Gaitanistas “instalaron hombres vestidos de civil en los territorios de propiedad de afrocolombianos e indígenas para vigilar los movimientos de los líderes, básicamente, y evitar cualquier intento de organización de la gente”.

Las víctimas

A medida que la gente se organiza para defender sus derechos, las muertes ejemplarizantes han ido en aumento: Benjamín Gómez, muerto en Caño Manso; Chemita, asesinado en Cacarica; Walberto Hoyos, asesinado el 14 de octubre de 2008. Todas las víctimas han encabezado procesos jurídicos para recuperar tierras de las que habían sido desplazados en Curvaradó y Jiguamiandó. La Fiscalía está investigando 23 compañías palmicultoras por haber ocupado territorios colectivos ancestrales de manera arbitraria y violenta.

Al conflicto de tierras, que ha sido ampliamente conocido por la opinión pública, hay que sumar el proyecto de construcción del tramo de la carretera Panamericana, entre Lomas Aisladas y el Alto de Letras, que supone no sólo el atropello a zonas declaradas reservas de la biósfera y patrimonio de la humanidad —como el Parque Catíos—, sino el desplazamiento de comunidades indígenas.

Según Naciones Unidas, entre 1996 y 2002 han sido asesinados 997 indígenas de los pueblos Emberá Catío y Dobidá del municipio de Acandí, por donde atravesaría la vía; entre 2004 y 2007, los indígenas asesinados han sido 519, y los desplazados, 30.000. La valorización de las tierras de la región, gracias al anuncio del proyecto, ha tenido ese terrible efecto.

Hay que agregar que en el Urabá chocoano muy conocidos paramilitares como los Castaño y los Builes poseían haciendas, tierras que Estupefacientes e Incoder han prometido expropiar y distribuir entre las víctimas del conflicto sin que esa elemental medida se haya podido llevar a cabo. Por el contrario, dirigentes campesinas, como Yolanda Niño y Ana Isabel Gómez, que encabezaban las demandas fueron asesinadas.

Argenito fue enterrado con lágrimas secas. Llorar está prohibido, otra forma de la ley del silencio.

Los ‘paras’ y la mafia de la madera

A los litigios por tierras hay que sumar la explotación de la madera, negocio hoy controlado por el neoparamilitarismo. Sobra decir que Chocó es uno de los bosques húmedos más importantes del planeta y que su riqueza maderera proverbial ha sido explotada desde los años 50. Existen identificadas y clasificadas más de 8.000 especies vegetales, de las cuales la asociación cativo —cedro, caoba, roble, ceiba tolúa— es la más perseguida.

Hoy se sacan de la selva chocoana más de un millón y medio de metros cúbicos de todo tipo de maderas. El 75% de ese volumen corresponde a los cativales que, como se sabe, cumplen una función ambiental decisiva: mantienen el cauce de los ríos y regulan los nutrientes de la vida acuática. La madera ha sido explotada por grandes empresas como Pizano y Comercializadora de Maderas del Chocó, mediante concesiones hechas por diferentes gobiernos. Greenpeace tiene la sospecha de que muchos de los contratistas de esas empresas estuvieron asociados al paramilitarismo. Hoy no hay duda de que el neoparamilitarismo tiene en la explotación maderera una gran fuente de financiación y, en esta medida, controla el negocio. Y Codechocó continúa otorgando licencias y licencias.

Por: Alfredo Molano Bravo /
Tomado de: Especial para El Espectador

Acompañamiento victimas MINGANTIOQUIA

Por más que les pese, la memoria crece.

28 de agosto de 2009, se dan cita de nuevo las víctimas de los crímenes de estado, en esta ocasión para conmemorar el día internacional del detenido desaparecido, bajo la campaña “No lo justifiques, haz lo justo hasta encontrarlos” las fotografías y los recuerdos que en muchas ocasiones se hacen borrosos por el largo tiempo de duelo inconcluso, perturbaron el centro de medellín para demostrar que no los olvidamos, que no perdonamos que, como las voces unidas proclamaban: Si vivos se lxs llevaron, vivxs lxs queremos. A pesar del sol y de la indiferencia, lxs familiares de lxs desaparecidxs se mantenían en pie para dejar en la historia al menos sus nombres, al menos sus rostros. A lo largo de una de las calles mas transitadas de la ciudad, la memoria se paseaba susurrando nombres que el olvido se empeña en desaparecer, pero que la lucha se encargará de reivindicar,exigiendo VERDAD, JUSTICIA, REPARACION INTEGRAL Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.
Después de un largo rato sentadxs bajo el sol, se emprende una movilización amenizada por consignas y nombres de lxs desaparecidxs, que finalizó con un acto cultural bastante conmovedor: una puesta en escena sobre el olvido al que el régimen económico, social y político, a través de sus aparatos ideológicos (principalmente los medios de comunicación), somete a las víctimas, construyendo una versión de la verdad sesgada que tiene como objetivo único la defensa del “orden”, procurando silencio absoluto y sonriendo con un “aquí no pasa ni ha pasado nada”.

MINGA ANTIOQUIA se hizo presente en el espacio. Reconocemos que las víctimas también son MINGA y que la reconstrucción de la memoria es un proceso colectivo que se va dando al calor de las luchas.
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MINGRÁFICA

SI LOS MEDIOS SON DEL GOBIERNO, LAS CALLES Y LOS MUROS SON DEL PUEBLO.


La pinta, el espacio de expresión de inconformidad y medio de comunicación masivo de lxs rebeldes. La ciudad, un paisaje gris que en los últimos días se ha llenado de colores con la campaña permanente de difusión y agitación MINGRÁFICA, un juego que se propone como ruptura con el silencio de los muros, haciéndoles hablar, gritar que TOD@S SOMOS MINGA.

Por:
MINGA ANTIOQUIA CAMINANDO LA PALABRA




Tomado de: mingantioquia.entodaspartes.net

La masacre de El Aro, 11 años después. Francisco Villalba, un testigo que sabía demasiado

Aquí estamos
y aquí estaremos siempre:
en el fragor de la lucha
o en la quietud de la muerte.
Jesús María Valle Jaramillo
(1943-1998)

El pasado 23 de abril fue asesinado el ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, quien aseguró que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en la planeación y logística de la masacre en su condición de gobernador de Antioquia, en 1997. Conocido como “Cristian Barreto” en las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), Villalba fue muerto cerca de su casa, en el barrio La Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de esposa y su hija de 4 años, por sicarios que utilizaron armas con silenciadores.

Las extrañas circunstancias de este crimen, teniendo en cuenta que Villalba estaba bajo detención domiciliaria con la teórica protección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como detenido pero también como testigo, se suman a una serie de irregularidades en torno al proceso de esclarecimiento de los responsables directos de la masacre de El Aro. El ex paramilitar fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por esta y otras masacres, y, sin embargo, y a pesar de esto, y de la importancia de las declaraciones hechas, no existían mínimas garantías de parte del Estado para el cumplimiento de su pena y la conservación de su vida, luego de sólo 23 días de abandonar la cárcel y ser trasladado a su casa como sitio de reclusión.

La justicia colombiana judicializó por la masacre de El Aro sólo a tres paramilitares: Carlos Castaño, según la Fiscalía asesinado en abril de 2004; Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos por crímenes relacionados con tráfico de drogas; y Villalba. De igual forma, únicamente se condenó a dos militares: al teniente del ejército Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Alzate Cardona, este último prófugo de la justicia. Aunque la Procuraduría abrió investigación contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada del ejército en el momento de la masacre, y contra el teniente coronel Germán Morantes Hernández, comandante en 1997 del Batallón Girardot, con jurisdicción en Ituango, ambos procesos fueron archivados. Ante la evidente impunidad y inoperancia de la justicia nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por omisión y acción de miembros de la fuerza pública de la IV Brigada en la masacre de El Aro, lo conminó a arrestar a los responsables –hoy libres o muertos en el peor de los casos–, y lo obligó a indemnizar a las víctimas.

Mas allá de la escasa justicia aplicada, el asesinato de Villalba revela la eliminación de testigos como sistemática estrategia para ocultar la verdad. En efecto, la constante durante varias décadas en nuestro país ha sido la cascada de asesinatos gracias a los cuales se elimina a los testigos de homicidios, unos que involucran políticos oficiales de diversa categoría, otros a militares, otros a paramilitares.

La denuncia

Los hechos ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de Ituango, norte de Antioquia, se extendieron durante siete días, a finales de octubre de 1997, en los que las accu torturaron, asesinaron y descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas, se robaron 1.200 reses y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas1, sin que las autoridades regionales o nacionales hicieran algo para impedir la masacre, a pesar de las reiterados pedidos de auxilio hechos desde la Alcaldía de Ituango a la gobernación de Antioquia. El mandatario seccional de la época era Álvaro Uribe Vélez.

En las declaraciones recogidas por la Fiscalía, Villalba afirmó que días antes de la masacre, esta fue coordinada en una reunión en la que asistieron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el propio Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército y de la Policía, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, este último como jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 Apóstoles”. Luego de la masacre, según Villalba, Álvaro Uribe lo habría felicitado por la exitosa ejecución del plan.
Luego de estás declaraciones, Álvaro Uribe, no ya como Gobernador sino como Presidente, negó cualquier nexo con la masacre y con los paramilitares en mención, aduciendo, entre otras cosas, la tenencia de una carta escrita por Villalba en la que se retractaba de sus declaraciones y le pedía perdón por “mancillar su nombre”. Además de esta carta, Uribe dio a conocer otra, escrita por el paramilitar Libardo Duarte, en la que éste aseguraba que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell pagaron 500 millones de pesos a Villalba para que involucrara al Presidente en la masacre. Muy por el contrario, tiempo después Villalba negó haber escrito esa carta, así como su retractación, y reafirmó sus acusaciones contra el Presidente en un noticiero nacional y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes2.

Silencio

Pero pese a la gravedad de sus denuncias, y además a la importancia de su testimonio para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la planeación y ejecución de la masacre de El Aro, ni la Fiscalía ni el Inpec tomaron las medidas necesarias para proteger la vida de Villalba, en evidente peligro por la magnitud de sus declaraciones. De la misma manera, a pesar de que algunas de sus denuncias fueron tomadas en cuenta para sancionar y judicializar a algunos militares, otras han sido simplemente ignoradas y no fueron valoradas con la importancia necesaria para iniciar una investigación más profunda.

Pero éste no ha sido el único testigo asesinado en relación con la masacre de El Aro. El Defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, fue asesinado el 27 de febrero de 1998, luego de haber denunciado la masacre antes de su ejecución. En julio de 1997, había declarado:

“Desde el año pasado le pedí al gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”3.

Después de la masacre, y en su condición de presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín, así como de concejal del municipio de Ituango, declaró en la Fiscalía Regional de Medellín:

“Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo, y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”4.

Resulta entonces no tan coincidencial la muerte de los denunciantes ni los métodos sicariales utilizados, ni las personalidades mismas denunciadas, como tampoco es coincidencial la desidia de los organismos de protección en guardar efectivamente la vida de estos testigos; más en un país donde el asesinato de éstos es pan de cada día.

También es evidente la relación no coincidencial entre las extradiciones de los jefes paramilitares, y las declaraciones de éstos contra los responsables de la creación y financiación de las estructuras paramilitares. En palabras de Freddy Rendón, alias “El Alemán” en las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), “nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”5. Sobre todo, en casos como el de Salvatore Mancuso, quien aseguró en versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz, antes de ser extraditado, que durante la masacre de El Aro sobrevoló un helicóptero de la Gobernación de Antioquia.

1 “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia!”. “Las cicatrices de El Aro”. verdadabierta.com.
2 Comisión Colombiana de Juristas, boletín Nº 34. “Las responsabilidades en la masacre de El Aro: Una verdad por desentrañar”.
3 Agencia de prensa IPC. “Connivencia en Antioquia entre fuerza pública y paramilitares no fue una ficción”.
4 Declaración que rindió el abogado Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998. Agencia de prensa IPC. In memoriam Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)”.
5 “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia”. “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”. verdadabierta.com.

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Recuadro

El asesinato como arma para lograr el silenciamiento de los testigos, y por tanto impunidad, se impuso en Colombia desde hace muchos años, pero en el último período de la historia nacional, con la concreción de la alianza narcotraficantes, políticos de derecha, se hizo norma. La revisión de los hechos permite constatar que entre los testigos ultimados los hay por casos de parapolítica (José Raúl Mira Vélez, 1 octubre 2008), temática en la cual el caso más emblemático son los 12 testigos asesinados que atestiguaron contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana; ‘falsos positivos’ (José Wilson Giraldo Barrera, 10 mayo 2009): desplazamiento forzado (Irma Areiza, 5 marzo 2005); narcotráfico (Carlos Nicolás González –piloto–, 30 mayo 2001); supuestos desmovilizados, activos en las ciudades –caso ‘Memín’ en Medellín (Mauricio Londoño Londoño, Juan David Zapata Mazo, Óscar Rubín Rodríguez Yépez, José de Jesús Mazo Ceballos, 1 octubre 2008 - febrero 2009).


Por: Juan Manuel Peñaranda
Tomado de: www.desdeabajo.info

Denunciamos el asesinato de una de nuestras Autoridades Indígena Zenú

La Organización Indígena de Antioquia, OIA, denuncia ante la opinión pública el asesinato del gobernador indígena Manuel Martínez Velásquez del Pueblo Zenú, ocurrido en el municipio de Caucasia, Comunidad: “El Tigre Dos”, región del Bajo Cauca Antioqueño.

Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño

La Autoridad Nacional de Gobienro Indígena, ONIC acompaña a los hermanos Zenú, quienes nuevamente son víctimas del conflicto armado, que ha dejado dolor y tragedia para familiares, amigos, para comunidades, pueblos y organizaciones indígenas. Exigimos a los actores del conflicto respetar la vida de cada uno los miembros de nuestras comunidades y no involucrar a la población civil en la guerra. De igual manera exigimos al gobierno nacional tomar medidas urgentes tendientes a garantizar la vida e integridad de todos los miembors de nuestros pueblos.

Organización Indígena de Antioquia

Denunciamos el asesinato del Gobernador Indígena Luis Manuel Martínez Velázquez

La Organización Indígena de Antioquia, OIA, denuncia ante la opinión pública el asesinato del gobernador indígena Manuel Martínez Velásquez del Pueblo Zenú, ocurrido en el municipio de Caucasia, Comunidad: “El Tigre Dos”, región del Bajo Cauca Antioqueño.

Hechos:

En la noche del 13 de mayo de 2009, siendo las 8:00 p.m. en la comunidad el Tigre Dos, un grupo armado entró a la vivienda del gobernador Luís Manuel Martínez Velásquez, solicitando hablar con él y luego fue llevado en contra de su voluntad, posteriormente el 14 de mayo fue hallado su cuerpo sin vida, en la carretera que conduce de la comunidad el Tigre Dos al municipio de Caucasia con seis tiros en diferentes partes del cuerpo.

La Organización Indígena de Antioquia denuncia y rechaza este asesinato. Exigimos a los actores del conflicto el respeto por la vida de los miembros de las comunidades indígenas de nuestros territorios. Este hecho ha infundido temor al interior de nuestras comunidades y puede conllevar a un posible desplazamiento del Pueblo Zenú.

En Caucasia y otras poblaciones del Bajo Cauca Antioqueño donde existe territorios indígenas se presenta una difícil situación de violencia, desatada por bandas emergentes del paramilitarismo que buscan el control del narcotráfico.

Requerimos a las autoridades competentes: Fiscalía, Defensoría del Pueblo realizar todas las investigaciones y tomar medidas pertinentes sobre el hecho para hacer justicia.

Solicitamos a organismos humanitarios y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, todo el apoyo y acompañamiento posible para mitigar la situación que padecen en materia de conflicto armado los territorios indígenas de nuestros hermanos del Bajo Cauca Antioqueño.

Los pueblos indígenas manifestamos que no somos ni queremos ser parte de esta guerra absurda que desangra nuestro pueblo, somos víctimas y no protagonistas de la guerra.


Consejo de Gobierno Indígena

Por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Unidad, la Cultura y la Autonomía

Por: ONIC

Continúan las violaciones a los derechos humanos en el Valle del río Cimitarra

Soldado del batallón Calibío tortura y viola a dos menores de edad en San Francisco (Yondó, Antioquia)

En la vereda San Francisco, zona rural del municipio de Yondó (Antioquia), a las cinco y media de la tarde del sábado 14 de marzo, arribó un soldado de apellido Carreras, integrante de las tropas del Batallón Calibío que operan en el lugar bajo el mando del cabo Sarabalí.

El militar Carreras se presentó encapuchado ante la comunidad y afirmó que era de las autodefensas, y se dirigió a la casa de Alix Contreras Henao, de 25 años, amarrándola junto a sus dos hijos, de 8 y 2 años respectivamente. En la misma casa también amarró y se llevó por la fuerza a Jacqueline Gutiérrez y a Rosita Henao, menores de edad que se encontraban allí en el momento de los hechos.

A las cuatro de la mañana del día siguiente, la comunidad confirmó una comisión para buscar a Jacqueline y a Rosita, de 15 y 16 años de edad respectivamente, encontrándolas en la zona boscosa de la vereda. Las niñas sufrieron maltratos físicos y fueron violadas.

Voceros de la comunidad se dirigieron a la base militar ubicada en las afueras del caserío de la vereda, pero la tropa no se encontraba en el lugar. El cabo al mando de las tropas plantea que el soldado Carreras tiene problemas sicológicos y que consume drogas, hecho por lo cual comete estas acciones.

Invitamos a las diferentes instancias y organizaciones sociales a la conformación de una comisión humanitaria que se dirija a San Francisco a verificar los hechos denunciados.

Exigimos a las autoridades competentes facilitar la realización de los exámenes médicos respectivos para constatar la violación sexual de la que fueron víctimas las menores Jacqueline y Rosita.

Responsabilizamos al Ejército Nacional por lo ocurrido. Le exigimos respetar una vez más a la población civil. Sus argumentos no justifican las violaciones a los derechos humanos que vienen cometiendo.


Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

DOS INDÍGENAS TULE ASESINADOS EN ANTIOQUIA.

SIGUE LA OLA DE EXTERMINIO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
• A esta hora reunión en Pasto, entre autoridades indígenas y de la gobernación de Nariño.
• En Antioquia este 7 de febrero asesinaron a un Tule y un Chami.
• Robaron portátil del tejido de comunicación de la ACIN.
• Siguen Amenazas a comunicadores Indígenas por todo tipo de Águilas.

NARIÑO: A esta hora se lleva a cabo una reunión entre autoridades indígenas del pueblo Awá y la gobernación del departamento de Nariño, de la cual se espera detalles de los hechos y los pasos a seguir para abordar la triste y lamentable tragedia que padecen también los hermanos Awá de UNIPA. Con la atenuante que el avión comercial donde viajaba la comisión de la ONIC, no pudo despejar en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto, pero sí en de Rionegro Antioquía.

ANTIOQUIA: La Organización Indígena de Antioquia, OIA, en comunicado público denunció hoy el asesinato de dos indígenas en su jurisdicción, ocurrido en la noche del 7 de febrero en los municipios de Necoclí y Andes.

Se trata del indígena del pueblo Tule (Kunas), Reinaldo Martínez, perteneciente al resguardo Caimán ubicado en la vía que comunica a Turbo y Necoclí, quien según autoridades de la OIA, “salió en horas de la tarde del 7 de febrero al corregimiento del Totumo con un sobrino, a su regreso a la casa en una mototaxi, fueron alcanzados por dos hombres que transitaban en moto, quienes los obligaron a tirarse al suelo. Mientras el conductor de la mototaxi estaba en el suelo, el sobrino corrió en la oscuridad pese a que le dispararon tras él y el indígena Reinaldo Martínez forcejeo con los dos hombres, quien fue asesinado a machetazos, puñaladas y dos tiros. Según versiones de las personas que departieron con él, Reinaldo no tenía problema con los lugareños, además que no habían recibido amenazas”.

La misma suerte le tocó al indígena Chamí Álvaro González Baquiaza, “quien fue asesinado a tiros, en la vía que comunica al municipio de Andes con Jardín, donde cerca del área urbana, fue hallado el cuerpo sin vida del indígena. Este comunero también había salido el sábado 7 de febrero en la tarde del resguardo de Cristianía al área urbana del municipio Andes. Fue asesinado cuando regresaba a su comunidad entre las 7 y 8 de la noche”, indicó la OIA.

Quienes a su vez, dieron fe de que “los dos hermanos indígenas del departamento de Antioquia eran comuneros que se dedicaban a labores agrícolas en sus comunidades, no tenían problemas al interior de sus comunidades y con los vecinos, por lo que solicitamos a las autoridades competentes como la Fiscalía realizar las investigaciones respectivas para aclarar y hacer justicia por estos asesinatos que enluta nuestras comunidades”.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA – ONIC.

Contacto ONIC: +(57) 315-8572995 / +(57) 311-5042055. UNIPA: +(57) 312-7574187, OIA: +(57) (4) 2844845 / "> indigena@une.net.co
ComunicaONIC: 312-6394123 / 314-3597016.

www.onic.org.co

PARAMILITARES HOSTIGAN A COMUNIDADES CAMPESINAS DE REMEDIOS (ANTIOQUIA)

Paramilitares hostigan a comunidades campesinas de Remedios (Antioquia)

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denuncia ante las autoridades civiles, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, el hostigamiento del que viene siendo victima la población campesina del Nordeste Antioqueño.
Hechos:

1. El viernes 16 de enero de 2009, en la vereda Alto Tamar del municipio de Remedios (Antioquia) se presentó ante la comunidad campesina un grupo de hombres armados que se identificó como perteneciente a las “Águilas Negras”, quienes procedieron a hostigar y retener al señor Boris León, identificado con cédula de ciudadanía 75.537.475, campesino de esta región.

2. El sábado 17 de enero de 2009, en la vereda Carrizal del municipio de Remedios (Antioquia), dos encapuchados vestidos de negro hicieron presencia ante la comunidad.

Estos hechos generan intranquilidad en la comunidad campesina de esta zona, que ha sido víctima durante los últimos años de hostigamientos, amenazas, desplazamientos forzados y muertes selectivas.

Exigimos:

Se investiguen estos hechos por las entidades estatales correspondientes, se brinde la protección necesaria a las comunidades y se garantice la libre movilidad de los campesinos dentro de la región.

Solicitamos:

A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, su solidaridad y estar atentas a hechos que puedan poner en riesgo la vida de las comunidades campesinas del Nordeste Antioqueño.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1831