La Proclama - Palabra del Congreso de los Pueblos de Colombia

“Propuesta de país para una vida digna”

Hermanos. Hermanas. Nuestra palabra, que camina y teje razones y sueños, ahora se levanta para compartirles a todos y todas, habitantes del territorio colombiano, pero también a todos los pueblos hermanos, que hombres y mujeres de la más variada procedencia y diversidad de edades nos dimos cita en Bogotá, entre el 8 y el 12 de octubre de 2010, para asumir en nuestras manos la responsabilidad histórica de nuestras vidas y motivar a nuestro pueblo para que haga lo propio con la suya.



Somos los trabajadores y las trabajadoras,
somos los corteros de caña y sus compañeras,
somos los campesinos y las campesinas, jornaleros y cosecheras,
somos la gente hija de la tierra,
somos los pueblos indígenas,
somos los descendientes de africanos que nos estamos liberando,
somos las mujeres dignas y libres,
somos gente pescadora de mares y ríos,
somos los moto-trabajadores, los taxistas, las camioneras,
somos los estudiantes, las maestras, los educadores populares,
somos las experiencias de resistencia al capital, al Estado y a la guerra,
somos los pobres, las marginadas, los excluidos,
somos las artistas y los artesanos,
somos la gente desplazada por las balas, la amenaza, las motosierras, el latifundio, los grandes proyectos,
somos los otros, las otras, quienes desde la diversidad sexual hacemos democracia,
somos los habitantes de la calle, de los barrios, de los cerros de las grandes ciudades,
somos los detenidos y detenidas en las cárceles,
somos las defensoras de los derechos humanos,
somos los comunicadores y las comunicadoras populares,
somos los creyentes en nuestros dioses y sobre todo los creyentes en la justicia,
somos los ausentes y las víctimas,
somos las niñas y los niños, la risa y la imaginación sin límites,
somos los jóvenes, que resistimos la opresión de un sistema policíaco,
somos el país y los pueblos,
Somos el Congreso de los Pueblos.


¿Por qué nos constituimos en Congreso de los Pueblos?

Este Congreso fue convocado con un propósito fundamental: que el país de abajo legisle, que los pueblos manden, que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse.

Así de sencillo. Estamos recuperando para el pueblo y los pueblos de Colombia nuestro carácter soberano, o como dicen, de constituyentes primarios.

Porque a pesar de la euforia de los poderosos, estamos convencidos que el sistema político y económico colombiano está agotado, casi muerto de corrupción y crimen. No esperamos gran cosa de los congresistas y los gobernantes. Lo que hemos confirmado en esta sesión de instalación es que en muchos lugares del país la gente no esperó más y se puso a legislar por su cuenta, a organizar el territorio y a darse su propia forma de mandar. Asambleas constituyentes municipales, pactos de convivencia barriales y regionales, territorios autónomos indígenas y afros, territorios de paz, experiencias de presupuestos participativos, redes de soberanía alimentaria, mesas de concertación de sectores populares, asambleas territoriales en los barrios, movimientos para consolidar reservas campesinas, ¡todos!, han encontrado en sus propios ejercicios legislativos más democracia, bienestar y justicia que toda la que puedan ofrecer y no han garantizado en 200 años de vida republicana.

Este Congreso de los Pueblos ha empezado a juntar esas dinámicas de autonomía popular. Y ha llamado a todos los sectores sociales alternativos a que nos juntemos para pensar un nuevo país, iniciar una deliberación nacional e ir elaborando un Mandato de los Pueblos, o un Mandato País, o una Agenda Alternativa, o una Constitución Popular. La discusión que hemos empezado dirá qué nombre le ponemos. Con ese espíritu, más de 17.000 delegados y delegadas de unas 220 organizaciones con sus procesos sociales populares hemos aceptado sumarnos al Congreso de los Pueblos en su primera sesión; pero el Congreso de los Pueblos tendrá el quórum decisorio cuando otros cientos de procesos de base, dispersos por toda la geografía nacional, se sumen de manera activa, y con todo el espacio para deliberar y decidir, a esta tarea de legislar y hacer de nuevo al país, o mejor, cuando todo el país real se reúna para discutir y decidir cómo es que quiere vivir y trabajar.

El Congreso de los Pueblos no es una reunión. Este primer encuentro fue solo su Sesión de Instalación. Lo que hicimos estos cuatro 4 días ha sido principalmente definir nuestra Agenda Legislativa Popular. Cada una de las organizaciones y sectores sociales que aquí participamos, aportamos alguna experiencia de haber aprobado un Mandato general o puntual, de haber elaborado un Programa o Propuesta sectorial, de haber adoptado Leyes en ejercicio de nuestras autonomías, de haber presentado un Pliego político. Hemos puesto en común esa experiencia de autonomía. Y hemos adoptado las líneas gruesas de una Agenda Legislativa Popular y la Ruta de Trabajo Legislativo de todos los sectores, actores, sujetos y organizaciones populares del país para el próximo período.

***

Hemos decidido hacer de nuevo a Colombia. En realidad, somos nosotros y nosotras, cada cual por su lado, quienes la construimos todos los días. Pero esta vez la edificaremos con nuestra mirada, a nuestro modo, hablando diariamente entre todas las organizaciones populares. Nuestra vocación de unidad popular es irreductible. El Congreso ha decidido que iniciamos un proceso de deliberación y acción conjunta en todos los rincones del país, abordando lo que nos parece que son los temas fundamentales. Aquí algunos de estos asuntos:

Pensar y adoptar un nuevo sistema político basado en los gobiernos autónomos y democráticos de las comunidades locales y los pueblos. Un Estado soberano e independiente. Seremos nosotros y nosotras quienes lo construiremos.

Ordenar de nuevo el territorio del país para que las comunidades puedan mandar sobre sus recursos estratégicos, y para fundar una nueva forma de relacionarnos con la Madre Tierra. El Congreso manda que se libere la Madre Tierra. Y manda que se devuelva a la población el derecho a decidir tanto sus formas de gobierno como el aprovechamiento de los bienes de la naturaleza.

Construir una economía para el buen vivir. En la lucha contra el modelo económico neoliberal que expropia y roba y destierra, la recuperación para los pueblos de los recursos naturales y estratégicos que hoy se encuentran en manos de las transnacionales, es un imperativo.

Consolidar unas rutas propias de las organizaciones de base, populares, para encontrar una solución política del conflicto, y unas rutas de movilización que nos permitan abrir los caminos de la justicia y la paz. Mientras llegan estos momentos, rechazamos la guerra del capital, y demandamos redistribuir el presupuesto destinado para la guerra, de modo que éste se invierta en suplir las múltiples necesidades que agobian a los siempre excluidos y negados.

Potenciar los valores más queridos por la gente que carga con el peso del país real, dándole cuerpo a una ética que respeta y potencia la vida y rechaza la muerte. Cultura que rompa con la opresión patriarcal, cultura de la equidad de género, del respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por una vida libre de violencias. Valores y ética que se oponen a aquellas decisiones del poder que privilegian el lucro sobre el bien común, la especulación sobre la producción real, el logro individual sobre la realización colectiva, el amasar de mercancías sobre su redistribución, la homogenización sobre la diversidad. Cultura de la solidaridad, del complemento, de la producción limpia, de la armonía con la naturaleza, que sabe y entiende que “los más” urgimos de un sistema de comunicación nacional independiente para que nuestras reflexiones y decisiones lleguen a todo el país, para que se hagan cuerpo y movimiento cotidiano.

Nuestra apuesta es sumarnos al torrente de los pueblos de América que se deciden por la libertad, por la libre determinación y el ejercicio de la soberanía.

***
Es obvio que nuestro propósito de hacer un nuevo país y hacer realidad los derechos de la gente, nos ponen en clara oposición con el gobierno de Juan Manuel Santos, que se reclama heredero de la “seguridad democrática”, pero que sobre todo mantiene intacta su intención de seguir entregando el país al capital financiero y a las transnacionales. Entendemos que las diferencias entre el nuevo gobierno y las mafias con que gobernaron los ocho años anteriores, puede llevar incluso a conflictos entre ellos. Será un período peligroso. Intentarán que a cambio de que ellos se distancien de las mafias, nosotros aceptemos la continuidad del saqueo y la invasión de nuestros territorios. Entre tanto seguirá la judicialización de las luchas populares, el recorte de los derechos sociales, la desterritorializacion del país, la transformación de Colombia en una inmensa zona franca donde vale más la ley comercial que el interés público y la dignidad.

El nuevo gobierno dice ser de “unidad nacional”. Es claro que se trata de unir a todos los sectores de las viejas oligarquías para tratar de restablecer en parte el desastre dejado por el uribismo en materia de polarización interna y aislamiento internacional. De paso quieren cooptar a algunos líderes populares para detener la movilización social. Nada dicen de cumplir sus obligaciones como Estado en materia de los derechos sociales, económicos, culturales, ni de los miles de acuerdos firmados con el movimiento popular, los campesinos, los indígenas y afrodescendientes, los sindicatos y los pobladores de las ciudades, incumplidos año tras año.

Reconocemos que el clima de intolerancia cotidiana que había impuesto Uribe Vélez ha mermado en el nuevo gobierno. Vemos que mientras tanto mantiene la misma agenda económica contra las regiones, contra la soberanía nacional y contra las clases trabajadoras: raponazo a las regalías, ley de ordenamiento territorial sin consulta con los indígenas y afrodescendientes, tratados de libre comercio como pan de cada día, privatización acelerada de los servicios públicos, persecución a las economías campesinas y a los pequeños mineros. Los proyectos de las transnacionales en minería, energéticos y de infraestructura, siguen invadiendo nuestros territorios, sustento de nuestras culturas y de nuestra soberanía alimentaria.

El Congreso de los Pueblos ha determinado que es urgente concentrar nuestros esfuerzos en darle cuerpo a una intensa acción social, política, cultural, espiritual. Nos convocamos a movilizarnos en torno de los grandes desafíos del momento, entre los cuales resaltamos los siguientes:

Por la defensa de los territorios, los recursos naturales, el medio ambiente y la vida digna, contra el despojo.

Por el derecho a la tierra y la reparación a las víctimas.

Por la solución política del conflicto, contra la militarización de la vida y los territorios.

Por el ordenamiento democrático del espacio urbano, contra el sometimiento de las ciudades a las lógicas de acumulación privada.

***
Sobre estos y otros variados temas, el Congreso de los Pueblos empieza a deliberar. Su sesión de instalación organizó el trabajo que realizaremos por todo el país, en todas las organizaciones y comunidades, en el país pleno, para darle forma durante los próximos años a ese Mandato. El país es de los de abajo, y entre todos y todas iremos tejiéndolo. Con la persistencia de todas y todos los concitados por el ánimo de una Colombia diferente de la que hoy tenemos, llevaremos adelante las deliberaciones aquí iniciadas a todos los rincones, para escuchar y retomar los anhelos de los nunca escuchados y siempre negados, esforzándonos en hacer ley y poder lo que hoy apenas es un sueño.

Entre tanto, sesionaremos por líneas sectoriales y temáticas. Convocamos a los Congresos regionales de los Pueblos para iniciar las discusiones y la acción conjunta. Superaremos la dispersión que hoy caracteriza las luchas de resistencia, con nuestras manos siempre dispuestas a anudar esfuerzos y proyectar en forma conjunta el quehacer con otras experiencias sociales alternativas.

Para hacerse realidad, y sabiendo que es proceso, este Congreso de los Pueblos constituye una mesa de trabajo integrada por todas las organizaciones y procesos que hicieron presencia en su primera sesión de instalación que hoy termina, dejando el espacio abierto para todas las dinámicas organizadas que resuelvan llegar. Y cita a unas y otras a encontrarse en no más de 30 días en Bogotá, con el propósito de estructurar ordenada y puntualmente las decisiones tomadas en su primera sesión.

Al mismo tiempo, estimula a la diversidad que lo ha constituido, para que se despliegue por todo el país con ánimo deliberativo y de acción. Seguiremos aplicando nuestros principios de trabajo: desde abajo, entre todos y todas, alrededor del fogón, dialogando y buscando que la palabra transparente y justa sea la que lleve nuestro mensaje y nuestra decisión. Diagnosticar, reflexionar, unir, hacer, transformar, son algunos de los verbos llenos de contenido que deben orientar el esfuerzo de todas y todos los congresistas.

Mientras este momento llega, y por ahora, lo más importante es que salimos de esta primera sesión del Congreso con el convencimiento de que estamos legislando, que estamos construyendo nuestro propio sistema político desde las comunidades y organizaciones de base. Que lo haremos porque es nuestra tarea, y porque los ricos y poderosos no lo harán. Somos los pueblos, las comunidades, las organizaciones populares, quienes sacaremos al país de este lugar terrible al que lo han llevado los líderes históricos y nuevos del establecimiento.

Proponemos al país poner de nuevo en la agenda nacional la urgencia de superar el conflicto. Respaldamos a las personas, comunidades y organizaciones que día a día realizan hechos de paz, y rechazamos su criminalización. De nuevo exigimos a los actores armados el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Mostraremos en los hechos que estamos por la democracia popular, la soberanía, la lucha contra el capital, por la vida digna, la paz y la justicia. Que los pueblos de Colombia somos el país; que la unidad es posible y que la estamos tejiendo.

Que el país de abajo legisle.
Que los pueblos manden.
Que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse.
Que camine la palabra.








Por: Palabra del Congreso de los Pueblos de Colombia
Tomado de: congresodelospueblos.org

Libertad de Feliciano: Triunfó la Jurisdicción Especial Indígena, Tejido de Comunicación - ACIN].

La jurisdicción especial indígena, una vez más se legitima ante la detención y posterior liberación de Feliciano Valencia, quien tan solo a las 11:00 de la noche del domingo 11 de abril, fue dejado en libertad en las instalaciones de la Fiscalía Sexta de Popayán.

A las 2 de la tarde del día domingo 11 de abril en la fiscalía de Popayán, al dirigente Nasa, vocero de la Minga Social, le hacen la imputación de los cargos, donde lo acusan como autor del supuesto secuestro de un soldado indígena y de supuestas lesiones personales agravadas, por haber sometido al soldado a nueve latigazos. Castigo que para las comunidades indígenas, es el remedio normalmente aplicado por las autoridades propias para armonizar el territorio. Ante esta situación la ley ordinaria no está facultada para contradecir un reconocimiento constitucional que ampara la jurisdicción indígena.

La jurisdicción especial indígena, una vez más se legitima ante la detención y posterior liberación de Feliciano Valencia, quien tan solo a las 11:00 de la noche del domingo 11 de abril, fue dejado en libertad en las instalaciones de la Fiscalía Sexta de Popayán.

"¿Qué hay detrás de todo esto?, nada más y nada menos que un ataque a la Jurisdicción Especial Indígena, porque la Constitución del 91 reconoció y protegió la diversidad étnica, y el artículo 246 reconoce que las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer jurisdicción especial indígena. El problema es el desconocimiento y la no coordinación entre las dos jurisdicciones: la propia y la occidental, por eso estamos sometidos a las interpretaciones que hacen los jueces quienes desconocen la ley indígena", manifestó Jorge Triviño, abogado de la ACIN.

La captura fue ilegal porque no había una orden escrita de un juez, lo detuvieron y se demoraron en decirle el porqué de su captura, le mostraron una orden impresa de computador, no fue claro el trato que se le hizo porque lo interrogó la Personería de Cali y el operador judicial del DAS. Esto no se debe hacer sin la presencia de un abogado, pues no legalizaron su orden de captura. Cuando llegaron a Popayán, la comunidad observa que Feliciano es tratado como un terrorista al llegar custodiado de numerosa fuerza pública y además instalan un carro tanque a las afueras de la Fiscalía.

A las 2 de la tarde del día domingo 11 de abril en la fiscalía de Popayán, al dirigente Nasa, vocero de la Minga Social, le hacen la imputación de los cargos, donde lo acusan como autor del supuesto secuestro de un soldado indígena y de supuestas lesiones personales agravadas, por haber sometido al soldado a nueve latigazos. Castigo que para las comunidades indígenas, es el remedio normalmente aplicado por las autoridades propias para armonizar el territorio. Ante esta situación la ley ordinaria no esta facultada para contradecir un reconocimiento constitucional que ampara la jurisdicción indígena.

Los abogados defensores de Feliciano Valencia, solicitaron la nulidad del caso por ser mal formulada la acusación y sobretodo por la inexistencia del delito. Pues la jurisdicción especial indígena, actuó bajo los parámetros establecidos por las facultades que le otorga la Constitución Nacional, sobre legislación propia, lo que le permite sancionar a un militar indígena que se infiltró en la Minga Social ,realizada en la María Piendamó en el año 2008, donde a este joven se le incautó material bélico, radios de comunicación y prendas militares. Sin embargo ante estas evidencias, los fiscales y los jueces no reconocieron la agresión al proceso y a la comunidad indígena. Para la ley occidental la aplicación de justicia propia a través de la legislación indígena es un acto repudiable, mas no se repudia ni rechazan todas las violaciones de derechos humanos en contra de los pueblos y procesos del país.

El fiscal con términos despectivos calificó a Feliciano Valencia como un peligro para la humanidad y advirtió ante el juez que si quedaba libre estaría evadiendo la acción de la justicia o podría adulterar cualquier elemento material probatorio de su delito. El juez rechazó tal afirmación y al no poder ser demostrada la supuesta peligrosidad y la culpabilidad ante el delito, Feliciano Valencia quedó en libertad.

A las afueras de la Fiscalía de Popayán, centenas de personas integrantes de diversas comunidades del Cauca y representantes de organizaciones sociales, aguardaban el resultado de la audiencia y al conocer la decisión de libertad de Feliciano, lo recibieron con aplausos y vivas al movimiento indígena, resaltando la labor de quienes defendieron el derecho de la aplicación de la jurisdicción indígena. Feliciano agradeció el apoyo y acompañamiento de las organizaciones y los invitó a continuar resistiendo con diginidad y fortaleciendo la autonomía.

Una vez más las comunidades indígenas demuestran la fuerza de la unidad, la efectividad de la jurisdicción especial indígena, con lo que se ratifica la autonomía de los pueblo.

Agradecemos a todas las personas, organizaciones de DH, defensorías del pueblo y sobre todo a la comunidad que ha estado pendiente de esta situación desde el momento de la detención del compañero Feliciano Valencia hasta lograr su libertad.

Por: Cric
Tomado de: www.cric-colombia.org

Riesgo de impunidad en masacre de indígenas

PROBLEMAS SOCIALESEl temor a ser asesinados tiene callados a algunos testigos. El indígena capturado después de la matanza no tiene nada que ver con el hecho.

Foto: Michael von Bergen, cortesía Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic)Algunos testigos de la masacre donde murieron seis niños y seis adultos tienen temor de contar lo que pasó.

Todos los hechos que han pasado antes y después de la masacre de 12 awá en Nariño están haciendo temer que el caso quede impune.

El pasado 26 de agosto, un grupo de entre cuatro y diez hombres, según el CTI de la Fiscalía, llegaron a la casa de Sixta Tulia García en el resguardo Gran Rosario, en Tumaco. Ellos estaban vestidos de camuflado y botas y llevaban pistolas nueve milímetros. Dispararon contra 12 personas, entre las que había siete niños, la mayoría eran integrantes de una misma familia de apellido García.

Ese mismo día, se hizo pública una terrible coincidencia. Sixta Tulia, una de las víctimas y propietaria de la vivienda donde ocurrió la matanza, era la esposa de Gonzalo Rodríguez, un hombre que había sido muerto el pasado 23 de mayo por el Ejército. Los militares lo presentaron como un guerrillero caído en combate, pero la mujer denunció ante las autoridades que se trató de una ejecución extrajudicial.

En medio de la confusión, a los pocos días se dio la captura del indígena Jairo Miguel Paí Nastacuás, que tenía orden de arresto desde hacía rato y fue presentado a los medios como posible responsable de la masacre en Gran Rosario. Con esto quedó en el olvido la coincidencia entre el falso positivo que denunciaba Sixta Tulia y la matanza.

Desde entonces, Semana.com les ha seguido la pista a ambos casos y esto es lo que encontró:

Caso Jairo Miguel

Jairo Miguel Paí Nastacuás es un indígena awá que en algún momento fue líder, pero se alejó de la legalidad e ingresó a las Farc. Años más tarde, salió de esa guerrilla y se puso a trabajar con los paramiliares, hasta cuando su grupo se desmovilizó en 2005. Él no quiso acogerse al proceso y prefirió seguir delinquiendo.

Sobre sus andanzas desde entonces existen dos versiones. Una, que se puso a trabajar con Los Rastrojos y otra, que organizó un grupo de mercenarios que vendían sus servicios como sicarios y cobradores de dinero y también robaba y extorsionaba. Pero ambas hipótesis coinciden en que tenía bajo su mando a unos 18 hombres. Su trabajo se ha concentrado en el corregimiento El Diviso, del municipio de Barbacoas, y sus alrededores. (Ver mapa)

En efecto, los mismos indígenas venían denunciándolo desde 2007. A comienzos de este año, lo sindicaron de la muerte de Guillermo Paí. Y después, se supo que había secuestrado a cuatro personas de una familia de apellido García, en la zona donde solía moverse, para extorsionarlos. Quería que le dieran 10 millones de pesos que habían recibido de negocio de madera que acababan de hacer. Ambos hechos fueron denunciados y de ahí la orden de captura en su contra.

El día que lo pusieron preso, se interpretó que la familia García que había extorsionado este indígena era la misma de Sixta Tulia, la esposa de la presunta víctima de la ejecución ilegal del Ejército que murió junto con 11 parientes.

Semana.com pudo constatar que entre ambas familias García no hay ningún parentesco, como se dijo recién ocurrida la masacre. Cuando capturaron a Jairo Miguel, la interpretación que se hizo fue que él hizo la masacre porque no le habían pagado los 10 millones que pedía. Pero no fue más que una conclusión apresurada, y los investigadoes judiciales ya lo saben.

Además, la zona donde delinquía este indígena queda bien alejada de donde fue la matanza. Los separa media hora en carro más una caminando por trochas. (Ver mapa) Por eso, los indígenas desde un principio insistieron en que la investigación no debía desviarse hacia el caso de Jairo Miguel.

En otro lugar

El resguardo Gran Rosario, donde ocurrió la matanza, tiene su propio karma. Por allí anda un grupo que se conoce con varios nombres. Algunos les dicen ‘los muchachos de Miguelito’, otros, ‘los muchachos de Fredy’, porque así se llaman los dos líderes de la banda. También hay partes donde les dicen los ‘Nietos de Zamba’ o ‘Los Cucarachos’.

Se calcula que este grupo tiene entre siete y 15 integrantes afrocolombianos e indígenas. Ellos tiene en jaque a los nativos porque su modo de operar es vender sus servicios de sicarios y cobradores de cuentas a cualquiera que se los pague en esa zona, donde hay paramilitares, guerrillas y fuerza pública. Esa aparente cercanía con todos les da licencia para moverse por donde quieran sin ser atacados.

Aunque tienen el mismo modo de operar que el grupo de Jairo Miguel Paí, entre las bandas no hay relación.

En su informe preliminar, el CTI tiene identificados a cuatro posibles integrantes de este grupo que supuestamente serían los que llegaron encapuchados a matar a los 12 indígenas. Semana.com conoció el informe, pero se abstiene de publicar sus nombres, toda vez que aún no hay pruebas contundentes que sustenten su participación en la matanza.

El riesgo de que no haya justicia en el caso es alto. Los testigos que podrían dar las declaraciones que permitan establecer si ellos fueron los responsables de la masacre tienen miedo.

La experiencia de Sixta Tulia tras denunciar la posible ejecución de su esposo les genera pánico. Todos temen que sus familiares puedan terminar como ella, sus hijos y sus parientes.

De acuerdo con los informes forenses de Medicina Legal, todos los cuerpos fueron baleados a corta distancia y en la cabeza. Los encapuchados entraron a la casa, mataron a siete personas en la sala, dos en un cuarto y otros dos en la cocina. Entre los muertos había un niño de apenas seis meses de nacido que recibió dos disparos en la cara. Lea la crítica que hace la concejala Gilma Jiménez sobre la violencia contra menores.

Según Christian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las informaciones recogidas indican que las personas fueron asesinadas una a una, con disparos a corta distancia, y sin ninguna consideración hacia las mujeres y los niños. El crimen es especialmente grave por el alto número de niños asesinados, y la sevicia demostrada evidencia una nueva dimensión de la violencia ejercida contra el pueblo Awá”.

En consecuencia, hay temor de que quien hable, corra con la misma suerte. Así las cosas, quedarían sin esclarecerse la masacre y la muerte de Gonzalo Rodríguez, el esposo de Sixta Tulia presentado como guerrillero por el Ejército, pues todos los testigos de este caso murieron en la matanza.

De los encapuchados se sabe que estuvieron de nuevo en el sector una semana más tarde. La gente los vio y las autoridades indígenas pidieron presencia de la fuerza pública. Sin embargo, la Policía tardó en llegar y los soldados que había en los retenes alrededor dijeron no haber visto a nadie.

Por eso, quienes conocen la verdad no se atreven a contarla. Piensan que si estos hombres vuelven a aparecer, los soldados dirán que no los vieron o la policía llegará tarde y sus vecinos y parientes quedarán a su merced.


Por: SEMANA
Tomado de: www.semana.com

Más de 200 indígenas Awá se desplazan en Tumaco

Como era de esperarse una vez ocurrida la tragedia, hace ocho días donde fueron masacrados 12 hermanos Awá, las comunidades del Resguardo El Gran Rosario y comunidades vecinas desde ayer empezaron el desplazamiento masivo y hoy contamos con más de 300 personas desplazadas.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.


La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC y la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, manifiestan su preocupación por el continuo asedio y amenazas contra nuestras comunidades indígena del pueblo Awá.

Como era de esperarse una vez ocurrida la tragedia, hace ocho días donde fueron masacrados 12 hermanos Awá, las comunidades del Resguardo El Gran Rosario y comunidades vecinas desde ayer empezaron el desplazamiento masivo y hoy contamos con más de 200 personas desplazadas; no obstante otras 100 personas se encuentran sobre la vía Pasto –Tumaco entre los kilómetros 78 a 80.

Las continuas amenazas que han venido recibiendo las comunidades en las cuales -recientemente se les intimida con una nueva masacre -y sabiendo que se han materializado en algunos casos, pasado una semana y al escuchar nueva amenaza se han visto obligados a salir de sus casas hacia el corregimiento de la Guayacana, municipio de Tumaco, en busca de protección, pero es preocupante saber que estas familias Awá en esta vereda tan sólo cuentan con una vivienda construido con sus propios esfuerzos, por esta razón las condiciones humanitarias son críticas: hacinamiento, falta de alimento, dotación de utensilios de cocina, útiles de aseo, agua, baños, cobijas, pañales desechables y ropa, cabe aclarar que por parte de Acción Social y la Alcaldía de Tumaco ha realizado entrega de algunas colchonetas y alimentos.

En atención psicológica que hasta ahora han recibido no son adecuadas a nuestra cultura y no responden a la magnitud del drama que están viviendo. En materia de salud fue designado un médico del municipio de Tumaco, pero sólo alcanza a entregar la formula médica y hace falta la entrega de medicamentos.

Entre los desplazados se encuentran no menos de 100 niños, 1 mujer embarazada y algunos ancianos quienes están durmiendo a la intemperie, pues no hay condiciones de vivienda en la zona.

En este sentido exigimos que las entidades de gobierno a quienes corresponde atender esta emergencia cumplan con su obligación constitucional de atender de manera integral y con enfoque diferencial a estas familias durante el desplazamiento.

Reiteramos nuestra solicitud de proteger a los testigos de la reciente masacre, lo mismo que a las autoridades y líderes indígenas del pueblo Awá contra quienes se han intensificado las amenazas y persecuciones.

La ONIC y la UNIPA exigen que se agilice el reconocimiento a los indígenas desplazados no solamente de quienes salen desde las comunidades que habitan cerca de la masacre, sino también de quienes habitan las familias Awá cerca de población de la Guayacana, quienes están confinados y no tienen como acceder a traer sus productos de sus tierras que están a 30 minutos de donde ocurrieron los hechos.

Hacemos un llamado urgente exigiendo al gobierno tomar medidas urgentes para proteger a la población y prevenir más desplazamientos.

De manera rápida y efectiva exigimos

- Atención integral con enfoque integral
- Que presten atención a la situación de salud
- Ayuda humanitaria acorde a la cultura del Pueblo indígena Awá
- Elementos indispensables para atender a la población desplazada, lo mismo que medicamentos y agua potable.


Que se reconozca la condición de desplazados de estas comunidades y no se dilate las medidas urgentes para su atención y protección.


POR LA VIDA, LA DIGNIDAD, Y LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO AWÁ

Por:
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA, ONIC
UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ- UNIPA

Tomado de: www.onic.org.co

¿Qué hay detrás de la masacre del Pueblo Awá?...

Invitamos al Mundo entero para que condenemos ética, moral y políticamente a los responsables de la masacre contra el pueblo Awá; hacemos un llamado a los entes de justicia para que establezcan quiénes fueron y qué móviles hay detrás del etnocidio contra la pervivencia de este pueblo ancestral.

El Sistema de Información e Investigación Indígena de la Onic, Sico, se une al repudió que ha generado este acto demencial y espeluznante cometido contra el Pueblo Awá. Saludamos fraternalmente a los familiares y amigos de los 12 hermanos asesinados e invocamos a los espíritus ancestrales para que cese la horrible noche de violencia que se ha desatado contra nuestros pueblos y particularmente contra los Awá.

Quizá los espíritus ancestrales sean los únicos que ayuden a proteger la vida y el territorio ancestral, pues las instituciones y autoridades del Estado colombiano, incluyendo su gobierno no muestran ningún interés en hacerlo. Sentamos nuestra voz de rechazo contra quienes hayan cometido tan atroz Crimen de Lesa Humanidad y pedimos que haya una condena ejemplar. A todo el Pueblo Awá nuestra solidaridad y nuestros votos de paz y fortaleza.

Invitamos al Mundo entero para que juntos condenemos ética, moral y políticamente a los responsables de esta masacre; esperamos y le hacemos un llamado a los entes de justicia a que establezcan quiénes fueron y qué móviles hay detrás de este etnocidio para que se juzgue y no quede en la impunidad este atentado contra la pervivencia de este pueblo ancestral. Con este propósito la ONIC aporta algunos antecedentes y datos que evidencian por sí mismos hacia dónde orientar la investigación y quiénes pueden ser los responsables.

Nueva masacre contra el pueblo awa: crónica de un etnocidio

Hoy en el marco del conflicto armado que flagela y devasta al país el Pueblo Awá del departamento de Nariño vive una profunda crisis humanitaria de proporciones inimaginables. Ello evidencia la política de exterminio social, político, económico, cultural y territorial que propician los actores armados en disputa en esa región de frontera.

El país debe hacer memoria de los hechos acaecidos el día 04 de febrero de 2009, fecha en la cual se perpetró una masacre por parte de la guerrilla de las FARC la cual fueron asesinados 12 indígenas del pueblo Awà.

Esto acentúa en toda su dimensión la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo Awá debido a diferentes factores de orden público que se desarrollan en esta región: disputas territoriales por parte de grupos armados legales e ilegales; incremento de campos minados, por esta causa han muerto varias personas y otros han quedado mutilados; otro de los impactos tiene que ver con los megaproyectos; cultivos de uso ilícito, acompañados de fumigaciones indiscriminadas y erradicaciones manuales acrecentando con ello los desplazamientos masivos, la crisis alimentaria y de salud y, son aspectos que evidencian el recrudecimiento del conflicto armado contra este pueblo originario.

Una segunda masacre se originó esta semana, el día 26 de agosto de 2009, en la que fueron asesinados 12 indígenas de pueblo Awá y tres más resultaron heridos por manos criminales; un grupo armado que vestía prendas militares llegó a las 5:00 a.m bajo la figura de encapuchados hasta la comunidad Calbi, Resguardo Indígena El Gran Rosario, municipio de Tumaco y asesinaron a cinco niños, una niña y seis adultos. A raíz de este hecho 15 familias del pueblo tomaron la decisión de desplazarse.

Hechos que precedieron la masacre

La cadena de actos violatorios contra la humanidad sobre los derechos, el territorio y la autonomía de los miembros del pueblo Awá, particularmente contra la familia de Sixta Tulia García, una de las víctimas de la masacre, que comenzó hace justo tres meses y tres día antes de este abrupto episodio, cuando el pasado 23 de mayo fue asesinado Gonzalo Rodríguez Guanga su esposo.

Ese día ella fue separada de su compañero a la fuerza según contó en vida, que unos hombres armados que vestían prendas militares con el rostro cubierto le abordaron a ella y su esposos; a su esposos lo detuvieron y se lo llevaron, a ella le indicaron que se desplazara hacia el kilómetro 80, donde se encontraría con su marido, Luego escuchó unos disparos y seguidamente vio a su marido muerto.

Los hechos sucedieron en el kilómetro 80 de la carretera que del corregimiento de la Guacayana conduce al municipio de Tumaco. El cadáver no fue recuperado al instante, sino tiempo después.

Posteriormente miembros del Batallón de Contraguerrilla No. 23 del ejército nacional presentaron informe en el que señalaban que al llevar a cabo operación táctica llamada “Mosquetero”, en el Km. 80 de la Guacayana, un “guía” que los acompañaba señaló al señor Gonzalo Rodríguez, como miembro de las FARC, al ser “capturado”, “intento huir y fue dado de “baja” por la tropa del ejército nacional”, según documento del Batallón.

Según el documento, los hechos sucedieron en horas de la mañana preparada previamente:

“Esperaron que amaneciera luego el guía indicó a la persona llamada Gonzalo Rodríguez quien es cabecilla del frente 29 de las FARC. De inmediato se da la captura y este emprende la huida tirando el arma hacia la maraña. Los militares logran su captura de nuevo y le ponen en conocimiento los derechos del capturado, junto con la señora y luego los separan; ubican el arma que portaba y lo retienen. En un descuido de los militares el sujeto emprende la huida hacia el sitio donde se hallaba el arma tirada, la coge sale corriendo y empieza a disparar siendo dado de baja por la tropa".

Esta versión del ejército “es incongruente” así lo consideró la ONIC, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras personas consultadas; “es absurdo pensar que una sola persona se le haya escapado a una compañía completamente armada”… De todas formas esto evidencia que el ejército reportó al señor Gonzalo Rodríguez como un muerto legítimo y “dado de baja” por los militares.

Sixta Tulia denunció el crimen ante las autoridades; en el momento de ocurrida la masacre del 26 de agosto, ella era la única testigo ante la Fiscalía.


La investigación inicial por estos hechos fue adelantada por la Fiscalía 31 Seccional de Tumaco, que mediante oficio 504 del 28 de mayo del 2009, remitió el proceso penal al teniente de Fragata Carlos Roberto Arango, juez 107 de instrucción penal militar de Tumaco para que prosiguiera la investigación.

Los familiares de la víctima presentaron denuncia ante las autoridades indígenas y la Defensoría del Pueblo regional Nariño, que de conformidad con los Art. 15 y 17 de la ley 24 de 1992, solicitó información a varias autoridades entre ellas al comandante del departamento de policía de Nariño, comandante del Grupo Cabal Mecanizado de Ipiales Nariño, director Seccional de Fiscalías y otras que en varios oficios dieron respuesta a algunos de los requerimientos.

En algunas respuestas de los mandos militares indicaban, que por los días de la masacre, según su información no tenían conocimiento de que hubiera presencia de tropa en la zona y remitían la solicitud a otra dependencia, Lo anterior contrasta con el documento presentado por el Batallón de Contraguerrilla No. 23 y, coincide con la versión actual donde los militares afirman que el día 26 de agosto, según sus informaciones, no había militares en la zona. (ver documentos Onic evidencia: http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/Documentos_Juridicos_Masacre_Awa_Ago_2009.pdf).

Una publicación improcedente

Como antesala a los hechos de la masacre del día 26 de agosto del año en curso queremos dejar constancia que un día antes de los hechos -25 de agosto- llegó al correo electrónico de la Organización Nacional Indígena de Colombia un comunicado de la Fundación Decide en la cual manifiestan los fines y objetivos de dicha organización...

Siendo la 1:00 p.m. un hombre, quién no se identificó, llegó a las instalaciones de la Onic con tres paquetes que contenían 30 ejemplares de una Revista escrita en español e inglés titulada: Masacre Awá: Crónica de un genocidio, Denuncia contra las FARC. Acto seguido se le solicitó la carta de entrega de la publicación y respondió que después harían llegar la remisión de los tres paquetes…

Al abrir la revista nos llevamos la sorpresa que dicha publicación hace fuertes pronunciamientos contra organizaciones defensoras de Derechos Humanos, elogia las “acciones del Estado” para con los pueblos indígenas y hace una síntesis del cúmulo de derechos constitucionales –pero que en la práctica nunca se cumple, incluso hace alusión a un Convenio 167 que nunca existe y que bien podría estar hablando del 169 de la OIT; no aparece la dirección, teléfono, ni tampoco aparecen los créditos de quienes dirigen o gerencian dicha publicación. Horas después manos criminales actúan con alevosidad contra el pueblo Awá en el municipio de Tumaco.

No obstante, pudimos establecer que esta publicación se realizó en coordinación con la Oficina de Acción Integral del Ejército.

Acciones de la defensoría del pueblo
Cabe resaltar que el Sistema de Alertes Tempranas de la Defensoría del Pueblo había advertido desde el día 04 de diciembre de 2008 los factores de amenaza y vulnerabilidad en que se encontraba el pueblo Awá del Resguardo Gran Rosario por el accionar de grupos armados ilegales, informe que fue declarado Alerta Temprana el día 23 de diciembre de 2008 que coordina el Ministerio del Interior y de Justicia[1].

En este margen de hechos el Defensor del Pueblo instó a las autoridades competentes a adelantar acciones para la protección de testigos y familiares de las víctimas de la anterior -febrero, 2009-. La Defensoría Instó a la Fiscalía General de la Nación con el fin de conformar una comisión de Fiscales e investigadores especializados con el fin de esclarecer los hechos que permitan judicializar a los responsables del crimen.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Agencia Presidencial para la Acción Social con el fin de diseñar un plan de acción humanitaria con enfoque diferencial conforme a especificidades socioculturales con el fin de asistir a las víctimas del desplazamiento del Resguardo Gran Rosario y un plan de prevención y contingencia ante una posible agudización del desplazamiento forzado en el territorio.

Finalmente, solicitó al Ministerio del Interior y de justicia la implementación de medidas urgentes de protección al pueblo Awá de acuerdo a lo establecido en el Auto 004 de 2009 expedido por la Corte Constitucional para la preservación y salvaguarda del pueblo Awá.

No obstante, es preciso señalar que luego de muchos encuentros (reuniones) y, pese, a las constantes exigencias de las autoridades y organizaciones indígenas han sido pocos los compromisos del gobierno que se han cumplido. Algunos funcionarios de gobierno y el mismo presidente Uribe han expresado, en repetidas ocasiones que: “tenemos toda la voluntad para concertar con los pueblos y organizaciones indígenas y, hemos avanzado en las medidas de protección”.

El Centro administrativo de la Unidad indígena del Pueblo Awá ha sido escenario de muchos encuentros entre el gobierno y el pueblo Awá. Con seguridad podremos decir que si en realidad hay avances en materia de protección no hubiera sucedido nuevamente otra masacre como la que ha ocurrido, y ninguno de los anteriores asesinatos que se han venido presentando; pues cada día las comunidades indígenas son más vulnerables por causa del conflicto armado que se desarrolla en la región y que el gobierno se ha empecinado en negar que exista.

Amenazas y hostigamientos

Como ya se dijo entre las personas masacradas está la señora Tulia García, única testigo sobreviviente de los hechos ocurridos el día 23 de mayo de 2009, en donde fue asesinado su esposo Gonzalo Rodríguez Guanga, hecho que había denunciado responsabilizando al Ejército Nacional. A pesar de haberse advertido las serias amenazas de muerte en su contra, ella continúo denunciando la muerte de su compañero, hasta el día 26 de agosto de 2009 cuando las balas asesinas segaron su vida y con ella su testimonio.

Infracciones a los Derechos Humanos del Pueblo Awá

El Sistema Unificado de Información sobre Pueblos Indígenas de Colombia Onic-Cecoin registra que un total de 11.303 indígenas del pueblo Awá han sido víctima sistemática del conflicto armado que vive el país -Ver Anexo 1-. En todas sus modalidades la violencia política contra los pueblos indígenas se refleja en el accionar de distintos actores en el marco del conflicto quienes han desplazado a comunidades enteras, acompañado de otro aliciente como las acciones bélicas que a lo largo y ancho de la historia de este pueblo indígena el único propósito de los actores armados es su exterminio territorial mediante todas las formas de degradación de la guerra.

La creciente militarización de sus territorios en el marco de la Política de Seguridad Democrática, también ha complejizado la situación de las comunidades debido a que los grupos armados ilegales responsabilizan a los miembros del pueblo Awá de ser las facilitadores de la entrada de la Fuerza Pública al territorio indígena. Cabe señalar que en los últimos 10 años como consecuencia del conflicto armado se han registrado desplazamientos masivos, e individuales continuos y sistemáticos dentro y fuera del territorio Awá -ver Anexo 2-

Por estar ubicado en la frontera se han presentado una serie de migraciones hacia el vecino país de Ecuador, sin que hasta la fecha, el Estado colombiano u otro organismo humanitario hayan establecido las condiciones humanitarias en que se encuentran los indígenas del pueblo Awá refugiados en el vecino país.

Se destaca también en este aspecto que en lo concerniente al desplazamiento forzado, en el cual los actores estatales han desplazado en el departamento de Nariño a 6.134 indígenas del pueblo Awá, seguido de los grupos insurgentes con 3.200 y finalmente los paramilitares a 520 indígenas del pueblo Awá –Ver Anexo 3-

El año 2009 deja un saldo alarmante en lo que respecta a asesinatos políticos. De 77 asesinatos ocurridos en el año en curso, el Pueblo Awá ha sido la principal víctima con un saldo de 38 indígenas asesinados. Esto indica que el 49.35% de los indígenas asesinados en Colombia durante el 2009 corresponden al pueblo Awá.

ANEXO 1

INFRACCIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CONTRA EL PUEBLO AWÁ



ANEXO 2


ANEXO 3




[1] Informe de Riesgo número 029 de 2008. Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas –SAT


Por: CRIC
Tomado de: cric-colombia.org

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Este Día es una celebración de la Vida... los pueblos indígenas estamos vivos y vigentes: articulando sueños, compartiendo propuestas para salvar al planeta y a la humanidad.

Lima, Perú, COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS, CAOI, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

El 9 de agosto de cada año, el mundo celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instituido por las Naciones Unidas en 1994, en homenaje a las naciones originarias, aquellas que preexistimos a la constitución de los actuales Estados y que aún conservamos nuestros territorios, nuestra cultura, nuestras formas de vida. Y que hoy hemos pasado de la resistencia a la construcción de propuestas.

Durante más de quinientos años, los pueblos indígenas del Abya Yala (América) estamos resistiendo políticas de exterminio. La conquista europea fue uno de los más crueles genocidios de la historia de la Humanidad. Y el surgimiento de las repúblicas no significó un cambio para nosotros; por el contrario, las brechas de inequidad, discriminación y exclusión se profundizaron.

A fines del siglo pasado, la imposición del neoliberalismo en los países del continente, con las recetas del “Consenso de Washington”, se tradujo en políticas de arrasamiento de nuestros derechos territoriales, a la consulta, la autonomía y autodeterminación, poniendo en riesgo nuestra existencia.

Fue entonces que, simultáneamente, se imponía el libre mercado para multiplicar el saqueo de los bienes naturales por las empresas transnacionales y, ante la respuesta de los pueblos indígenas, los organismos internacionales empezaban a discutir y a emitir instrumentos de protección de nuestros Derechos. En 1989 se adoptó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU recién fue adoptada el 2007, luego de más de veinte años de debate; y la Declaración de la OEA se sigue discutiendo.

Tales instrumentos internacionales significan grandes avances, pero en la mayoría de los casos solo quedan en el papel, porque los Estados priorizan las reglas del libre mercado sobre los derechos humanos y colectivos. Y ante nuestra protesta, criminalizan el ejercicio de nuestros derechos, con leyes represivas, persecución policial y judicial, estigmatización, desplazamientos forzados, bases militares, incursiones armadas en nuestras comunidades, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos.

En el Perú, la Masacre de Bagua del 5 de junio de este año fue el punto más visible de este proceso; en Colombia hay 18 pueblos indígenas al borde de la extinción; en Chile se usan leyes de la dictadura de Augusto Pinochet para procesar a los líderes Mapuche…

Todo esto no ha logrado ni logrará desparecernos. Por el contrario, la defensa de nuestros territorios, de la Madre Tierra y sus bienes naturales, nos fortalece, porque nos hace visibles y ha logrado convocar la solidaridad de todos los movimientos sociales, que hoy se identifican con nuestra lucha.

Esta lucha común contra la globalización neoliberal nos ha hecho inventar otra forma de integración, desde la visión y los derechos de nuestros pueblos. Nuestras organizaciones se articulan y construyen propuestas comunes desde la riqueza de la diversidad. Cuatro cumbres continentales han consolidado esa articulación y esas propuestas.

Ya no somos invisibles: los ojos del mundo nos ven como una esperanza, la esperanza de una civilización de vida, frente a la civilización de la muerte que en solo cinco siglos ha llevado al planeta al borde la hecatombe climática; mientras que los pueblos indígenas, durantes milenios, supimos vivir en armonía con la Madre Tierra, criándola y dejándonos criar por ella.

El mundo está comprendiendo que nuestras propuestas de Buen Vivir, de Estados Plurinacionales, de integración desde y para los pueblos, no son exclusivas para los pueblos indígenas, sino que representan una real alternativa para todos aquellos comprometidos con la construcción de nuevos paradigmas civilizatorios.

Por todo ello, para los Pueblos Indígenas, este año, la celebración de nuestro Día Internacional es una celebración de la Vida. Porque pese a siglos de exclusión y políticas de exterminio, los pueblos indígenas estamos vivos y vigentes: articulando sueños, compartiendo propuestas para salvar al planeta y a la humanidad. Porque hemos vuelto y somos millones.


Por: COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS
Tomado de: www.onic.org.co

Organización de Pueblos Indígenas del Cauca (Opic)

Revisemos las diferentes versiones en torno a la presentación oficial de la Organización de Pueblos Indígenas del Cauca (Opic), que tuvo lugar en Popayán el 24 de Marzo del 2009. Esta organización manifesto su caracter independiente del Consejo Regional Indígena (CRIC) y su cercania con las políticas del Gobierno de Uribe Velez.


Tomado de: ladirekta.net

Los Nasa continúan en pie de lucha y marchan por la vida

Hoy más que nunca tienen eco las palabras del Padre Álvaro Ulcué: “Los muertos ya están descansando, pero nosotros mientras estemos vivos tenemos que hacer algo. No podemos dejar morir a los niños por desnutrición, tenemos que ayudar a los ancianos, orientar a los jóvenes, enseñarles a amar la comunidad, a valorar la cultura, a sentirse orgullosos de ser indígenas, a preocuparse por la suerte de los demás, a organizarse de verdad, a unirse para luchar por los derechos. Estemos seguros de que sí nos dormimos, nos aplastan; si nos dividimos, acaban con nosotros”.

La finca Gualanday, que hace parte del Cabildo Indígena de Munchique Los Tigres en Santander de Quilichao, fue el lugar de encuentro para las comunidades que hacen parte de esta Minga de Armonización del Territorio del Cxab Wala Kiwe. Algunos cabildos y su gente llegaron el día miércoles en horas de la tarde, otras llegaron al amanecer del jueves 23 de julio.

El colorido de las chivas, los pitos y uno que otro grupo musical, contrastaban con la alegría de los Nasa. Así inició esta marcha, a la cual se le iban sumando comunidades que llegaban de sus territorios en camiones y camionetas, en las que prodigiosamente acomodaban personas, leña, racimos de plátanos, ollas y maletas. Los transmutes miraban atónitos, como este río de indígenas en medio de consignas y cánticos, levantaban nuevamente la voz en contra de un proyecto de muerte que no sólo afecta a este sector.

Ya en Santander de Quilichao, se hizo una parada para recordar al Nasa Pal (padre nasa) Álvaro Ulcué, quien fue asesinado en noviembre de 1984. “Álvaro, decía en una de sus últimas eucaristía, estas muertes pasan porque hay mucho miedo entre nosotros, si no hubiera miedo no habrían tantas muertes. Álvaro siempre nos invitaba a no tener miedo y estar unidos en comunidad” recordó Essio Rodatino, el párroco de Toribío presente en la minga.

Acercándose al municipio de Caloto, con casi 40 grados de temperatura, se podían ver en el rostro de Anderson Rivera las primeras gotas de sudor que recorrían sus mejillas enrojecidas por el sol. Él es una de las 5000 personas que desde las 8 de la mañana de ayer, salieron de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, hacia el corregimiento del Palo.

Este niño Nasa que cursa segundo de primara, con tan sólo 9 años de edad ya hace parte de Guardia Indígena desde hace un año. Lleva en su modesto bolso tan sólo una cobija, un plato y una cuchara, pero también su bastón de mando con cintas rojas y verdes. “No se salgan de la línea amarilla, cuidado con los carros”, advierte el menor, invitando a que las personas que hacen parte de esta marcha continúen caminando por el carril derecho. Al preguntarle a Anderson con ingenuidad ¿por qué está marchando?, respondió: “pues porque nos están matando”.

Y es que “hoy en los territorios indígenas se ha incrementado la presencia de la fuerza pública, una mayor circulación de guerrillas y la amenaza constante de las águilas negras, que ha dado como resultado las continuas confrontaciones, presencia de minas antipersonas, artefactos explosivos, amenazas, señalamientos y más de 200 asesinatos entre el 2002 y 2009 sólo en la Zona Norte” dio a conocer Rafael Coicué, del Tejido Defensa a la Vida de la ACIN.

Al mismo tiempo que algunas personas en camionetas repartían en bolsas plásticas agua de panela y limonada, se podía ver a lado y lado de la vía grandes extensiones de caña de azúcar. “Esa caña no es para hacer chicha, es para echársela a la gasolina, en vez de ser para sembrar comida” decía una mayora Nasa, mientras se limpia con un trapo el sudor.

En la entrada a la comunidad de Tóez – Caloto, toda una comitiva entregó agua a los marchantes, gritó consignas, además en un sonido improvisado la gente animó y saludó a la Minga por la Vida. En ese punto del trayecto, a eso de las 2 de la tarde algunas personas iban disminuyendo el paso o buscando sombra bajo los frondosos árboles. Luego reanudaron el paso, lo que dejaba ver el compromiso y la claridad del mensaje de rechazo a los violentos.

En uno de los volantes que los indígenas Nasa iban entregando a las personas que se encontraban a su paso, se alcanzaba a leer que otra de la razones que ha impulsado esta Minga por la Vida y por la Dignidad es “la presencia de multinacionales que buscan apropiarse de los recursos naturales para explotarlos indiscriminadamente colocando en riesgo la vida.

Por esto, frente a la presencia de estos monopolios como la Anglo Gold Ashanti- AGA, Cosigo Resource, entre otras, las comunidades afros e indígenas han realizado acciones para levantar la voz de protesta contra estos gigantes económicos. Por ejemplo, los Afro de Buenos Aires y de otros sectores, han visto la necesidad fortalecerse como organización, por eso le están apostando a la realización de un Congreso Étnico donde se espera consolidar otras estrategias de resistencia.

Llegando ya al corregimiento de El Palo en Caloto, Neis Lame gobernador del Cabildo Indígena de Delicias reiteró que “esta marcha es porque los actores en conflicto están atropellando a las comunidades afro, indígenas, campesinas”. Además le ratificó a los actores armados que “no nos callaremos aunque ellos utilicen las armas y las balas. Nosotros utilizaremos las palabras y la resistencia, y seguiremos caminado”.

En el Palo, cocinas improvisadas y humeantes tenían listo el almuerzo para los mingueros y mingueras. Después de un merecido almuerzo y de armar los cambuches, algunos aprovecharon para refrescarse en el caudaloso río El Palo, mientras otros jugaron un partidito de futbol aprovechando los últimos rayos de sol.

El cansancio del cuerpo ha quedado atrás y los Nasa se preparan seguir marchando y resistiendo. Hoy más que nunca tienen eco las palabras del Padre Álvaro Ulcué: “Los muertos ya están descansando, pero nosotros mientras estemos vivos tenemos que hacer algo. No podemos dejar morir a los niños por desnutrición, tenemos que ayudar a los ancianos, orientar a los jóvenes, enseñarles a amar la comunidad, a valorar la cultura, a sentirse orgullosos de ser indígenas, a preocuparse por la suerte de los demás, a organizarse de verdad, a unirse para luchar por los derechos. Estemos seguros de que sí nos dormimos, nos aplastan; si nos dividimos, acaban con nosotros”.



Por: Tejido de Comunicación ACIN
Tomado de: www.nasaacin.org

Divide y Vencerás

Algo similar pero con menor éxito ha tratado de hacer el Gobierno con los indígenas. "Con la OPIC, el Gobierno ha querido deslegitimar el movimiento de resistencia y mobilización indígena y a sus autoridades tradicionales generando confusión entre los movimientos sociales y desviando la información de los medios de comunicación frente a los aliados nacionales e internacionales", dijo Javier Sánchez, el Consejero de Territorios y Recursos Naturales de la ONIC, a La Silla Vacía. "Se juega con la necesidad y el hambre de las comunidades indígenas. Se les toman fotos y los ponen a posar queriendo mostrar que todo está bien y que los indígenas están con Uribe".


Divide y Vencerás

Divide y vencerás. Esa ha sido la política del gobierno de Uribe frente a grupos que se resisten y oponen a temas tan importantes como la negociación del Tratado de Libre Comercio, la realización de algunos megaproyectos y la Seguridad Democrática. Para contrarrestar el poder de las autoridades tradicionales indígenas, afrocolombianas y sindicales, el gobierno ha creado o estimulado organizaciones negras, indígenas y de trabajadores afines al uribismo.

Pocos grupos han realizado una resistencia tan organizada y persistente a las políticas del Gobierno como los indígenas paeces del Cauca, liderados por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Pues bien, el Gobierno impulsó la creación de la OPIC (Organización de Pueblos Indígenas del Cauca) en la zona de resistencia y lucha indígena más tradicional y emblemática en Colombia . La OPIC, una asociación civil indígena sin ánimo de lucro, agrupa a indígenas protestantes o evángelicos sin el aval de ningún Cabildo y desconociendo la autoridad tradicional indígena y sus procedimientos de representación.


La líder indígena Ana Silvia Secue, representante de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia (Opic), junto al Presidente Álvaro Uribe.

En los últimos meses, también ha surgido una organización indígena en la Sierra Nevada que comienza a desafiar la autoridad del Cabildo Kankuamo. Este nuevo grupo considera, por ejemplo, que la realización de megaproyectos como el puerto de Dibulla en la Guajira o la represa Los Besotes son benéficas para la comunidad y obviamente, sus posiciones han fortalecido su interlocución con los gobiernos regionales y locales de la zona.

Así mismo, el gobierno creó el año pasado la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana como un espacio de interlocución entre el Gobierno y las comunidades negras. Esta figura, liderada por el Vicepresidente Francisco Santos, duplica la Comisión Consultiva de Alto Nivel y las Comisiones Consultivas Departamentales y Regionales, creadas por la Ley de Negritudes hace dos décadas para que el gobierno y los representantes de las comunidades afrocolombianas dialoguen y tomen decisiones conjuntamente sobre temas que afectan sus territorios colectivos. Por ejemplo, la construcción del puerto de Buenaventura y la autopista que conectaría al puerto con Tumaco tienen que discutirse y aprobarse en este escenario.

Por esta misma línea, el Movimiento Primero Colombia, liderado por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, creó hace un par de meses la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), una nueva central obrera cuyo presidente es Ricaurte García, director de un sindicato del Ministerio de Protección Social. Este nuevo sindicato busca contrarrestar las centrales antiuribistas en temas clave, como la negociación del TLC.


Población

Poderes y Organizaciones Tradicionales

Nuevo Poder Pro Uribe

INDÍGENAS

Las organizaciones tradicionales indígenas a nivel nacional y en el Cauca incluyen a la: ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), y la ACIN (Asociación de Cabildos del Norte del Cauca).

OPIC (Organización de Pueblos Indígenas del Cauca ) lanzada oficialmente el 24 de marzo de 2009 en Popayán.

AFROCOLOMBIANOS

La Comisión Consultiva de Alto Nivel, y las Comisiones Consultivas Departamentales y Regionales, son las instancias de interlocución entre el gobierno y la población afro creadas por la Ley 70 de 1993. Asímismo, existen movimientos de base afrocolombianos, ONG, Consejos Comunitarios, Juntas de Acción Comunal, y Palenques que representan los intereses de los afrocolombianos.. Algunos de los más importantes y que están en contral del TCL son: PCN, Cimarrón, AFRODES, ASOMUJEH, y CEPAC.

Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, creada mediante los decretos 4181 de 2007 y 4401 de 2008. Fundación Color Colombiade corte uribista y pro TLC, promocionada en la prensa y actividades del gobierno.

SINDICATOS

En Colombia existen 3 centrales obreras tradicionales e independientes al gobierno de Uribe. La Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).

Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) creada por el Movimiento Primero Colombia que representa el pensamiento uribista y es liderado por Jose Obdulio Gaviria.

¿Cuál es la estrategia?

La "cooptación" o "paralelismo" no es algo nuevo. Sin embargo, ya comienzan a verse los resultados concretos de esta estrategia que tiene varios fines.

Por un lado, afianzar la simpatía de grupos que, como en el caso de los afro e indígenas, viven en zonas de alto interés económico y que sólo se pueden explotar si las comunidades de estos territorios lo avalan a través del mecanismo de consulta creado por la Constitución de 1991.

Gran parte de la población afrocolombiana está asentada en el Pacífico, un área cada vez más estratégica para el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales, turísticos y de infraestructura. Como constitucionalmente el gobierno tiene que contar con el visto bueno de estas comunidades para hacer cualquier intervención en ese territorio, los consejos comunitarios, los palenques, y las organizaciones de base negras como PCN y Cimarrón se han vuelto una piedra en el zapato para el Presidente.

El Gobierno pretende superar este obstáculo a través de la Comisión Intersectorial, creada por recomendación del senador gringo del Black Caucus Gregory Meeks. Meeks tenía en mente la Comisión creada por Bill Clinton para superar las barreras estructurales del racismo en Estados Unidos. En la práctica, la Comisión Intersectorial suele reunirse solo cuando el Gobierno la convoca y para discutir temas de su interés, excluyendo los asuntos e iniciativas propuestos por las organizaciones de base, las autoridades locales, las ONG afro y los consejos comunitarios.

Diferentes miembros de las organizaciones afro aseguraron a la Silla Vacía que la Comisión Intersectorial se creó para facilitar la ejecución de un eventual Tratado de Libre Comercio ya que quienes participan allí asumen que la pobreza de las comunidades negras se superará a través de una mayor inversión en grandes proyectos que promuevan el desarrollo industrial de estas zonas. Sin embargo, los líderes tradicionales de las comunidades afro rechazan estas estrategias que en muchos casos van en contravía de sus imaginarios culturales y usos de la tierra.

Por otro lado, la estrategia de Uribe busca legitimar su proyecto político a nivel internacional haciendole contrapeso al lobby en el exterior de estas comunidades con miembros de los mismos grupos que lo critican afuera..

Por ejemplo, en casi todos sus últimos viajes a Washington , Uribe ha viajado acompañado de una comitiva afro integrada por la Ministra de Cultura y otros afrocolombianos prominentes de la Fundación Color. Este grupo está conformado por gran parte de la elite intelectual y política afrocolombiana y cuenta con el respaldo de la Embajada gringa, pero está lejos de representar las visiones e intereses de las comunidades afrocolombianas de base (que en todo caso están bastante divididas).

Algo similar pero con menor éxito ha tratado de hacer el Gobierno con los indígenas. "Con la OPIC, el Gobierno ha querido deslegitimar el movimiento de resistencia y mobilización indígena y a sus autoridades tradicionales generando confusión entre los movimientos sociales y desviando la información de los medios de comunicación frente a los aliados nacionales e internacionales", dijo Javier Sánchez, el Consejero de Territorios y Recursos Naturales de la ONIC, a La Silla Vacía. "Se juega con la necesidad y el hambre de las comunidades indígenas. Se les toman fotos y los ponen a posar queriendo mostrar que todo está bien y que los indígenas están con Uribe".

Diferentes opiniones sobre el lanzamiento de OPIC.

La ONIC, la CRIC, y la ACIN han manifestado públicamente que la OPIC deslegitima el poder de las organizaciones y autoridades tradicionales y que pretende invisibilizar y acallar la Minga Social y Comunitaria que ha desencadenado amenazas y muertes entre el pueblo indígena y que tanto malestar le ha causado al Gobierno.

Líderes indígenas dijeron a la Silla Vacía, pero no lo pudimos confirmar de manera independiente, que los miembros de la OPIC están teniendo un trato preferente para obtener la libreta militar y para acceder a viviendas de interés social pues sólo sus miembros son beneficiados por estas iniciativas del Gobierno.

La Silla Vacía llamó a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, a la Defensoría Delegada de Indígenas y Minorías y a la Vicepresidencia de la República para obtener la visión del gobierno sobre este tema, pero no logramos obtener una respuesta.

Por: Laura Rico Piñeres
Tomado de: nasaacin.org

Dictan orden de captura contra líderes indígenas colombianos

Aida Quilcue, Feliciano Valencia y Daniel Piñacue.

Un juez colombiano dictó una orden de captura contra Aida Quilcue, Feliciano Valencia, Daniel Piñacué y otros líderes de la Minga indígena, «en un claro caso de persecución política contra el movimiento indígena», según denunció este sábado Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN).

En su página web la ACIN, indica que la orden de captura fue proferida por un juez con funciones de control de garantías, a instancias del Fiscal Delegado de la Fiscalía General de la Nación, ambos de la ciudad de Popayán.

Según informa Asociación indígena, la acción judicial se debe a una denuncia presentada en su contra por el cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparrán Santiago adscrito a la unidad de contraguerrilla Nro 15 Libertadores.

Este militar, que «presenta todos los rasgos propios de la etnia, que aprovechando estas características permitió que fuera utilizado por el Ejército Nacional para infiltrarse dentro de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, dentro del territorio indígena del resguardo de La María Piendamó. Fue utilizado por el ejército para cometer un delito», afirma el texto.



Chaparrán fue capturado por las autoridades indígenas que gobiernan dentro del territorio indígena conocido como resguardo, y de manera pública, ante las autoridades y la comunidad indígena, se exhibió material militar, que portaba dentro del morral que le fue incautado.

«Actuando en derecho y sobre la base de Jurisprudencia Reiterada por la Honorable Corte Constitucional, las autoridades indígenas, en este caso los 60 Gobernadores de resguardos, procedieron a juzgarlo según usos y costumbres en asamblea. Quedó demostrada la flagrancia de su atentado contra la comunidad en territorio indígena. Fue sometido a una ceremonia de correción y entregado luego a Defensoría del Pueblo del Cauca», recuerda el texto divulgado este domingo en la página web de la Asociación.

Según la ACIN, los líderes indígenas a los que se les dictó orden de captura, obedecieron la decisión de los Gobernadores apegados en todo momento a derecho, y agregan que en ningún momento, éstos dictaron o ejecutaron sentencia. Por el contrario, «vigilaron el procedimiento para que respondiera al más estricto debido proceso y para garantizar los derechos del acusado».

De igual manera, la organización indígena deja claro que un Juez de la República no tiene jurisdicción sobre este caso que corresponde, según la Constitución, a las autoridades indígenas en su territorio.

«Las autoridades no cometieron delito alguno. Por lo tanto, acá se pretende condenar a autoridades judiciales indígenas por parte de quienes, desde el Estado, cometieron un delito y fueron descubierto en flagrancia. Es decir que los victimarios ahora vienen a capturar al juez que los descubrió cometiendo un delito» destaca el texto.

De igual manera, los indígenas resaltan la falta de derecho que se vive en Colombia, cuando según afirman, «los hechos demuestran la falta de garantías legales y procesales que existen en este país, de manera que los delincuentes de la fuerza pública, se atreven no solamente a cometer delitos sino que luego, se convierten en acusadores de sus propias víctimas».

«La»justicia«de bolsillo del Gobierno Colombiano sirve una vez más, para vengarse de un pueblo que se levantó pacíficamente en Minga contra el modelo económico de despojo, contra el terror, por el respeto a las obligaciones de Estado y para que los pueblos podamos tejer nuestra propia agenda en libertad. Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia» afirma el texto.

Asimismo la organización indígena calificó los hechos ocurridos en Perú y en Colombia como un anuncio de «masacres y persecusión, genocida y etnocida, sangrienta».

«Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia. Es la misma lucha, son los mismos regímenes y solamente la unidad en resistencia hará libres a nuestros pueblos» destaca la ACIN.

En el documento también envían condolencias a los familiares a las comunidades indígenas peruanas, y expresaron una profunda admiración por el valor y la dignidad de sus hermanos andinos.

«No están solas ni solos. Acá luchamos, acá lloramos y seguimos adelante. No será en vano tanto dolor. Seremos libres y el»libre comercio«será condenado un día por lo que es: terror contra los pueblos y contra la vida para alimentar la codicia enferma de unos insaciables» afirman.

Por último realizaron un llamado a la comunidad internacional para que se reconozca la justicia de la lucha indígena y se repudie el etnocidio de Estado.

Por: teleSUR - ACIN / FC
Tomado de: www.dhcolombia.info

Pronunciamiento del Parlamento Europeo respaldando la Minga Social y Comunitaria

Escrito por E.T.Movice
sábado, 21 de febrero de 2009
Parlamento europeo,
Bruselas, el 19 de febrero de 2009


Doctor Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Santa Fé de Bogotá
Colombia

cc: Doctor Mario Iguarán, Fiscal General de la República


Señor Presidente:

El miércoles, 10 de febrero de 2009, recibimos en el Parlamento europeo a la señora Aida Quilcué, mujer indígena colombiana y Consejera Mayor del CRIC, quien se dirigió a diputados europeos y diputadas europeas de diversas bancadas políticas así como a representantes de diversas organizaciones y ciudadanos.

Nos estremeció profundamente el drama de la Señora Quilcué, la persecución que sufre su pueblo indígena a manos de varios grupos armados, pero igualmente del ejército de Colombia: En este contexto, nos indignó sumamente el reciente asesinato de su marido Edwin Legarda, a manos de una escuadrilla del ejército de Colombia., el pasado 16 de diciembre de 2008, Las primeras investigaciones indican que los soldados estaban esperando a la señora Quilcué y que la orden dada por superiores a los soldados era asesinar a una temible guerrillera. El plan contemplaba por lo visto constituir un falso positivo más, ya que la patrulla tenía consigo dos uniformes de campaña y dos fusiles más, que eran de otro tipo que el de los soldados.

Le rogamos, Señor Presidente, que tome serias medidas para que los asesinatos y la persecución de la población civil terminen en Colombia. Muy en particular insistimos una vez más que la lucha de los indígenas es legítima y que de ninguna manera puede ser tildada de terrorismo. Le rogamos que acabe con la impunidad que existe en la actualidad, y es un incentivo para seguir cometiendo crímenes, puesto que beneficia a quienes los cometen.

La gravedad del asesinato del Señor Legarda, cometido además por una patrulla del ejército, cuya tarea debe consistir en imposibilitar este tipo de crímenes y brindar protección a la sociedad civil, nos hace pedir que las investigaciones y el proceso de los culpables sean acompañadas por una comisión observadora internacional, como fue el caso de la masacre de Pando en Bolivia, investigada por una comisión de la UNASUR. Por lo tanto le pedimos, Señor Presidente, autorizar la actuación de dicha comisión. Nos permitimos además subrayar que se necesita no sólo castigar a quienes ejecutaron el crimen, sino también a sus autores intelectuales.

Consideramos urgente que la señora Aida Quilcué y sus compañeros indígenas dejen de ser blanco del ejército y de la policía, y que el Gobierno reconozca públicamente que su lucha es legítima y no pueden ser tildados de terroristas. Es imprescindible poner en marcha un dispositivo de protección inmediata para ellos.

En el mismo contexto, nos urge recordar otros casos similares en su país, Señor Presidente. Así, condenamos y pedimos que se investigue cuidadosamente la reciente masacre de los indígenas Awas.

En este sentido, le pedimos también a Usted que preste la debida atención a las reivindicaciones de la reciente multitudinaria Minga Indígena y Popular, que se le dé seguimiento y que se cumpla con los acuerdos concluidos con el movimiento indígena y los movimientos sociales en general.

En particular nos parece importante que Colombia ratifique sin reserva la Declaración universal de los pueblos indígenas de Naciones Unidas.

En últimos lugar, estimamos urgente que se dé una solución pacífica y negociada al conflicto armado que sigue en Colombia y cuyas principales víctimas son los civiles.

Quisiéramos subrayar, Señor Presidente, que todos los pedidos contenidos en esta carta están basados en el respeto por el espíritu y el sentido de la Constitución de Colombia y del Derecho internacional.


Atentamente,



Vittorio Agnoletto, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento europeo,

Marie-Hélène Aubert, Diputada europea del grupo de los Verdes/ALE, Vice-presidenta del grupo de Verdes/ALE, Vice-apresidenta de la Asamblea paritaria UE-ACP,

Giusto Catania, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Vice-presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Libertades del Parlamento europeo,

Gabriele Cretu, Diputada europea del grupo PSE, Vice-presidenta de la Delegación del Parlamento europeo para las relaciones con la Comunidad Andina de Naciones,


Sergio De Sousa Pinto, Diputado europeo del grupo PSE, Presidente de la Delegación del Parlamento europeo para relaciones con MERCOSUR,


Ilda Figueiredo, Diputada europea del grupo GUE/NGL, Miembro de la Delegación del Parlamento europeo para las relaciones con MERCOSUR,


Hélène Flautre, Diputada europea del grupo de Verdes/ALE, Presidenta de la Sub-comisión del Parlamento europeo para los Derechos Humanos,


Armando França, Diputado europeo del grupo PSE, Miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento europeo,

Monica Frassoni, Diputada europea, Co-presidenta del grupo de los Verdes/ALE

Vicente Garcés, Diputado europeo del grupo PSE, Miembro de la Comisión de Presupuesto del Parlamento europeo,

Ana-Maria Gomez, Diputada europea del grupo PSE, Miembro de la Comisión de Cooperación y Desarrollo del Parlamento europeo

Jens Holm Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Miembro de la Comisión de Medio ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento europeo

Alain Lipietz, Diputado europeo del grupo de los Verdes/ALE, Presidente de la Delegación del Parlamento europeo para las relaciones con la Comunidad Andina de Naciones,

Caroline Lucas, Diputada europea del grupo de los Verdes/ALE, Miembro de la Comisión del Comercio Internacional del Parlamento europeo

Helmuth Markov, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Presidente de la Comisión del Comercio Internacional del Parlamento europeo

Willy Meyer-Pleite, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Vice-presidente de la Asamblea birregional EUROLAT y Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento europeo

Luisa Morgantini, Diputada europea del grupo GUE/NGL, Vice-presidente del Parlamento europeo,

Roberto Musacchio, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Miembro de la Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento europeo,

Miguel Portas, Diputado europeo del grupo GUE/NGL, Miembro de la Comisión de Asuntos exteriores del Parlamento europeo,

Raül Romeva i Rueda, Diputado europeo del grupo de los Verdes/ALE, Vice-Presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Vice-Presidente de la Delegación con los Países de América Central

Frithjof Schmidt, Diputado europeo del grupo de los Verdes-ALE, Miembro de la Comisión para la Cooperación, y el Desarrollo del Parlamento europeo,

Francis Wurtz, Diputado europeo, Presidente del grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica del Parlamento europeo -GUE/NGL