El Señor Alcalde de Apartadó, en una intervención difundida ampliamente por los medios regionales de información, así como otros funcionarios, comentaristas, miembros de la Agencia Presidencial para la Acción Social y de las juntas de acción comunal vinculadas a sus proyectos, han atacado con virulencia las denuncias hechas por la ex Alcaldesa de Apartadó, Doctora Gloria Cuartas, sobre la violencia que continúa afectando a San José de Apartadó y especialmente a los integrantes de nuestra Comunidad de Paz. Todos estos funcionarios y sus beneficiarios afirman que en San José de Apartadó se goza de plena paz y que sólo se percibe progreso. Dicen que la Comunidad de Paz miente cuando denuncia hechos de violencia oficial que se realizan contra sus miembros. Apoyan irrestrictamente las operaciones militares y policiales y anuncian que a mediados de este año van a convocar un evento internacional en el caserío de San José, para que se presenten las denuncias contra la fuerza pública, si es que las hay y que, según ellos, “son falsas”.
No vale la pena entrar a polemizar con todos esos funcionarios y con quienes les sirven de altavoces, pues ellos siempre utilizan discursos abstractos para defender lo indefendible, mientras nuestra Comunidad ha tenido siempre por principio denunciar los hechos con fechas, horas, sitios, nombres y circunstancias concretas. Durante muchos años estos dos lenguajes se han confrontado y es evidente que la verdad está del lado de quien presenta los hechos concretos y verificables con transparencia, lo que no puede ser negado por un discurso político vacío de datos, que siempre ha querido legitimar el crimen con el ocultamiento, el silencio, el desvío, las “cortinas de humo”, el recurso a publicidad política comprada con altas sumas de dinero o la manipulación inconfesable de versiones falsas fundadas en testigos que mienten por dinero. Afortunadamente la mentira, una vez cesan los intereses mercantiles y cambian los contextos políticos, se desvanece y deja en pública vergüenza a sus autores. Los millares de confesiones que el país está escuchando ahora, revelan la mentira que fue avalada durante años o décadas por todas las instituciones del Estado, por los medios masivos de comunicación y por todas las llamadas “gentes de bien” de la sociedad.
Las autoridades siempre nos han llamado “mentirosos” cuando denunciamos los crímenes que ellas cometen contra nosotros. Cuando denunciamos la presencia de bloques paramilitares que actúan en unidad de acción con el Ejército, asesinando a muchos de nuestros compañeros y vecinos, dicen que todo es falso; que esas víctimas no existen, mientras nosotros tenemos que recoger nuestros muertos y sepultarlos sin que haya siquiera, la mayoría de las veces, un levantamiento de cadáver. Militares y paramilitares asaltaron los carros donde transportábamos los productos de nuestros trabajos comunitarios y se los robaron, pero cuando denunciamos esos hechos, dijeron que pretendíamos desprestigiar a las fuerzas armadas. Cuando pedimos que se haga justicia a nuestros muertos, siguen diciendo que todos eran “guerrilleros muertos en combate”. A pesar de tanta infamia, hemos guardado la memoria de los crímenes y se la hemos ido entregando a la humanidad para que la historia juzgue con rectitud.
Mientras el Gobierno recurre a un discurso político abstracto y masivamente difundido con el dinero de nuestros impuestos, con el fin de esconder la responsabilidad de los criminales, nosotros recurrimos a una demanda de verdad, de justicia y de reparación basados en los sufrimientos concretos, fechados y situados, que nos han causado.
Pero es paradójico que el Alcalde de Apartadó, la Agencia Presidencial para la Acción Social y sus altavoces, afirmen que en la zona todo está en paz y en vías de progreso, cuando al mismo tiempo hacen alusión a los hechos de terror que han sido más visibles en los últimos días, como el atentado al Supermercado Los Ibáñez, registrado el 28 de marzo de 2009. No hacen alusión las autoridades a otros enfrentamientos que han producido muertos y heridos en las últimas semanas y días. Menos hacen alusión a la presencia paramilitar tan masiva en Nuevo Antioquia y sus incursiones violentas en las veredas de La Esperanza, La Hoz, Zabaleta, La Resbalosa, Mulatos, El Porvenir y otras. Los datos concretos con fechas, horas y actuaciones, los podrían encontrar en nuestros comunicados pero a ellos sólo les interesa ocultar todo esto. Tampoco hacen alusión a las amenazas ni a los mensajes que han estado enviando militares y paramilitares a la Comunidad de Paz, anunciando su exterminio. Dirán, quizás, que todo eso “es mentira”, como también dirán que “es mentira” el intento de asesinar al representante legal de la Comunidad de Paz el 1° de noviembre pasado. Tampoco hacen alusión a los Falsos Positivos que se han presentado en la zona. Para ellos, todos esos muertos son “guerrilleros que mueren en combate”. Es difícil, pues, comprender su discurso tan lleno de contradicciones, silencios, encubrimientos y tergiversaciones.
Es claro para nosotros que la Alcaldía de Apartadó, la Agencia Presidencial para la Acción Social, la Fuerza Pública y todos sus altavoces, han venido ocultando los hechos de violencia que ocurren en la zona, impidiendo incluso que se divulguen informaciones sobre atentados que han dejado mutilados a soldados y policías. También guardaron en secreto el Informe del DAS del 4 de diciembre de 2007 en el cual se reseñaban muchos hechos de violencia ocurridos en San José de Apartadó en 2007 y otros registros de 2008. Con todo ello se quiere evitar el tener que acatar las directrices de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206 de 2001, donde fija los criterios para la ubicación de puestos de policía en medio de la población civil, cuando hay contextos de conflicto y de riesgo, como se evidencia en San José de Apartadó. Acatar dicha Sentencia implica, a todas luces, retirar el Puesto de Policía de San José de Apartadó y ubicarlo en otra parte, tal como lo pidió la Comunidad de Paz en 2004, para lo cual hizo propuestas concretas, pero la intransigencia del Presidente Uribe que desconoció todo lo dialogado, causó el desplazamiento forzado de los integrantes de la Comunidad de Paz.
También tenemos conocimiento de que el Alcalde de Apartadó, la Agencia Presidencial para la Acción Social, la Fuerza Pública y todos sus altavoces, están disgustados con la Defensoría del Pueblo por su documento de ALERTA TEMPRANA sobre San José de Apartadó, pues ello les obligaría a enfrentar los hechos concretos de violencia que han sucedido y que ellos quieren negar, así como a examinar sus causas y a buscarles solución, haciéndolos responsables de las tragedias futuras por no haber tomado en serio la ALERTA. Todo eso es lo que ellos quieren ocultar.
Lo más triste y repugnante de toda esta política es el afán por desconocer a las víctimas y sus sufrimientos y ocultar éstos con mentiras, avalando, por el contrario, los intereses y los discursos de los victimarios. Es deplorable que el Gobierno y las instituciones del Estado se ubiquen en esta lógica.
Nuestro compromiso con las víctimas nos urge a preservar la vida en medio de la muerte y a seguir manteniéndonos allí, asumiendo los costos que eso tenga. Estamos seguros de que esa conciencia de compromiso con la verdad y la justicia no hará retroceder en sus denuncias a la Doctora Gloria Cuartas ni al Padre Javier Giraldo ni a ninguno de los integrantes de nuestra Comunidad de Paz, comunidad que el Gobierno siempre quiere ignorar reduciéndola a unas pocas familias [según el Vicepresidente Santos, somos “ocho”; ahora hablan de “cuarenta personas”], pero seamos las que seamos, nuestra identidad sigue estando en nuestros principios de autonomía, no participación en el conflicto armado, búsqueda de verdad, justicia y reparación, trabajo solidario y búsqueda de un mundo alternativo.
Abril 5 de 2009
