Actualidad Griega

Ocupación del restaurante en la "Universidad de Creta"

No queremos un trozo de pan
Queremos la panaderia entera

En un sistema social donde todo es comercio y nuestras necesidades, hasta las más vitales, se convierten en dinero, la alimentación es un terreno más de especulación. Las universidades por desgracia no son ninguna expcepción, donde empresarios se hacen ricos aprovechando las necesidades de miles de estudiantes. Ofreciendo una comida de mala calidad, muchas veces precalentada e.t.c, estas empresas no se diferencian en ningún aspecto de otros restaurantes de comida rapida del estilo McDonald.

En estos mismos restaurantes trabaja gente bajo condiciones muy duras y exhaustas, pecarios, con contratos temporales y con el fantasma del paro siempre encima de sus cabezas.

Hoy hemos ocupado el restaurante de la Universida de Creta, para repartir comida gratuita a todes les estudiantes. Nuestro acto es una propuesta activa, contra la estructura de este sistema, proponiendo en el lugar del individualismo e ignorancia, la accion colectiva y la solidaridad.

Durante la rebelión de Diciembre, más de 250 personas han sido arrestadas. Quien mueva su cabeza como si no hubiera pasado nada es cómplice.

La ocupación la realizó la "Asamblea de Insurrectos de Iráklio"

Ataque fascista en Atenas

Anoche, sobre las 22,00, mientras estaba en pleno proceso una charla del grupo "Objetores de Conciencia" en el "Local de Inmigrantes" (barrio de Eksárjia), un desconocido tiró una granada hacia el local. Por suerte, la ventana de cristal doble, impidió que la granada traspasara la ventana, algo que provocaría la muerte a muchas personas ya que en aquellos momentos dentro del local había unas 40 personas.

En el "Local de Inmigrantes", tienen su lugar varios colectivos y organizaciones de la izquierda, grupos feministas, grupos homosexuales y varias asociacones de inmigrantes.

Hoy sobre las 18,00 se realizó manifetsación solidaria y contra los ataques paramilitaristas. Más de 1.000 personas participaron en a manifestación que salió de la misma plaza de Eksárjia y se dirigió hacia el parlamento, en la plaza de Síntagma.

En el edificio del Consejo de Territorio Nacional, un grupo de encapuchados entró en el patio destrozando los coches que estaban aparcados. En la calle Zoodóju Pigís, se rompieron coches de lujo, mientas otro grupo atacó en la sede del diario burgues "El Diaro". Los antidisturbios contestaron con gases lacrimogenos mientras los disturbios se continuaron hacia el barrio de Eksárjia con barricadas y contenedores quemados.


http://grecia-libertaria.blogspot.com/

El Gobierno utiliza la Ley Antiterrorista de Pinochet contra el pueblo mapuche

"Llegaron aquí apuntándonos con la metralleta. Lo encontraron en el pasillo, lo tomaron del pelo, lo botaron al suelo, lo golpearon" relató a IPS Ida Huenulef sobre la detención de su hijo Miguel, el primer mapuche que el gobierno chileno de Michelle Bachelet busca condenar apelando a la ley antiterrorista.
Según los testimonios de la familia, la noche del 11 de febrero, sin previa identificación ni orden de allanamiento, la policía uniformada de Carabineros y fuerzas especiales ingresaron a su vivienda en la comuna de Lo Prado, en el sector oeste de Santiago.

Miguel Tapia Huenulef, de 45 años, fue detenido en presencia de toda su familia, que también sufrió la violencia del operativo.

"Voy a buscar a mi guagüita (hijita) y la apuntaron con la metralleta y cuando ella tomó a su guagüita, viene otro carabinero y la apunta en su cabecita a la guagüita", dijo Ida Huenulef describiendo el momento en que un uniformado encañonó a su nieta de sólo 20 días de nacida.

La policía buscaba a Miguel Tapia Huenulef por su supuesta vinculación en un atentado incendiario cometido en enero en la propiedad rural de San Leandro, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, que es parte del territorio reivindicado por el pueblo indígena mapuche, y por su presunta responsabilidad en un ataque al edificio de la Defensoría Penal Pública en diciembre de 2008.

Según la policía, en el domicilio se encontraron armas, como una subametralladora nueve milímetros con dos cargadores, y elementos para la fabricación de explosivos, además de plantas de marihuana.

La familia Tapia Huenulef y organizaciones mapuches sostienen que se trata de una persecución y un montaje para incriminarlo sólo por ser indígena.

"No, nada, ninguna cosa. Ellos dicen que mis hijos tenían armamento de guerra, dígame usted, a quién se le pude ocurrir viviendo con su familia, habiendo niños en la casa, van a tener armamento en su casa", enfatizó la madre del detenido, agregando que los policías no encontraron nada en su habitación, "…porque salieron, los carabineros salieron y no encontraron nada. Y después yo vi pasar a personas con bolsos".

El portavoz de la organización Meli Wixán Mapu (Los Cuatro Puntos de la Tierra), Enrique Antileo, también dijo a IPS que el allanamiento es una muestra de la política represiva de las autoridades.

"Hay un montaje, implantación de armas, y damos toda la fe, apoyamos a la familia en todo momento. Esto es la continuidad de una política represiva al movimiento social mapuche", señaló Antileo.

LEY ANTITERRORISTA

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, declaró a la prensa que en este caso se configuraban los antecedentes de una organización terrorista, "…por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la ley antiterrorista".

Una semana después, la familia Tapia Huenulef todavía no había visto a Miguel, incomunicado y trasladado a la Región de la Araucanía, casi 700 kilómetros al sur de Santiago, según les informaron las autoridades. Tampoco sabían que las afirmaciones del ministro del Interior se habían concretado en una acusación formal.

La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional de la Araucanía confirmaron a IPS que fue presentada ante la justicia una querella criminal por la ley antiterrorista, firmada por el subsecretario Patricio Rosende. Pero se negaron a dar declaraciones.

Ésta es la primera vez que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet utiliza contra un mapuche esta norma, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La ley, decretada por el régimen militar para perseguir opositores políticos, otorga mayores atribuciones a las policías y a la justicia.

"En campaña electoral (Bachelet) prometió que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en causas en que estuvieran involucrados miembros del pueblo mapuche", recordó Rodolfo Valdivia, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

No se configura una acción de terrorismo en la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, dijo Valdivia a IPS. "No hay en los hechos una organización que tenga por finalidad generar cierta sensación de temor en la población, no hay una organización que vaya a llevar a cabo esos delitos, que señala la ley como delitos terroristas", aseveró.

"Para nosotros no es extraño que el gobierno de Bachelet..., en complicidad con los grupos económicos, aplique leyes arbitrarias para contener la movilización social mapuche", señaló Antileo.

La ley antiterrorista es una de las herencias dictatoriales más cuestionadas por organizaciones indígenas y de derechos humanos.

En los últimos años, el Estado chileno ha recibido varias recomendaciones para revisar su legislación y las políticas con que enfrenta las demandas del pueblo mapuche, de entidades como Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Indígenas y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, entre otros.

PERSECUCIÓN

"Hay una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche en general. El pueblo mapuche, cuando protesta, históricamente ha sido callado de las maneras más violentas posibles", dijo Valdivia.

El gobierno niega que exista persecución ni presos políticos mapuches, como denuncian las organizaciones indígenas. Los observadores de derechos humanos creen lo contrario.

"Desde la perspectiva de derechos humanos, claro que sí. Por la forma de pensar, por querer la autonomía, que se reconozca la autonomía del pueblo mapuche", explicó Valdivia.

Los activistas reconocen y valoran las acciones de Bachelet para delinear una política hacia el reconocimiento constitucional de la multiculturalidad y numerosas iniciativas en materia de educación y salud de los pueblos originarios.

Pero la respuesta a las demandas históricas de esta etnia (mapuche significa "gente de la tierra", en la lengua mapuzungun) como la recuperación de tierras, todavía es muy tímida. El reclamo de autonomía --reconocimiento no sólo como una expresión cultural dentro del país, sino como nación mapuche con derechos políticos y territoriales-- es ignorado o llevado como conflicto a un plano judicial.

Según la organización Meli Wixán Mapu, más de 40 indígenas están en prisión condenados o procesados por causas relacionadas a sus reivindicaciones. Alrededor de 500 personas de este pueblo habrían sido procesadas desde el retorno a la democracia en 1990. Para ellos son presos políticos.

"No son delincuentes, no son asaltantes, ni violadores, ni nada por el estilo, sino que lo único que han hecho es realizar acciones dentro del marco de movilizaciones de nuestro pueblo para reivindicar sus derechos", dijo Antileo.
En opinión de Valdivia, la reciente absolución otorgada por la justicia al lonko (autoridad tradicional) Avelino Meñaco, de la comunidad Pascual Koña, da luces sobre la validez de los cuestionamientos a la aplicación de figuras penales contra las protestas.

Luego de ocho meses en la cárcel, Meñaco fue absuelto de los cargos de atentado incendiario a una cabaña, gracias a la defensa del reconocido jurista y ex juez Juan Guzmán, recordado por haber sido el primero que procesó a Pinochet.

"Eso viene a confirmar que existe cierta persecución, por intentar tener condenas contra personas mapuches, como lonkos y dirigentes. Pero en el momento del debate netamente jurídico penal, se acredita que no existen antecedentes para condenarlos y han sido declarados inocentes en varias causas", argumentó Valdivia.

Según la Encuesta de Caracterización Económica, 1.060.786 personas, 6,6 por ciento de los habitantes de Chile, se identificaban en 2006 como indígenas. El 19 por ciento de ellas son pobres o indigentes. Los mapuches representan 87 por ciento de la población aborigen de este país sudamericano.

Pamela Sepúlveda
IPS

Campaña contra el Banco Interamericano de Desarrollo

Cincuenta años financiando la desigualdad ¡Basta ya!

Los cincuenta años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ponen en evidencia el fracaso de la institución en cumplir con sus objetivos, y sus consecuencias para los pueblos y el medio ambiente de la región. La Quincuagésima Asamblea Anual de Gobernadores del BID -a realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia, del 27 al 31 de marzo de 2009- es ocasión de celebración para el Banco, y de honda preocupación y rechazo para un conjunto de movimientos populares y organizaciones sociales en toda la región que harán frente a dicha asamblea en una serie de eventos alternos.

Declaración de campaña

A finales de la década de 1950, los gobiernos de América Latina y el Caribe se aprestaban a iniciar un ciclo de reformas que le permitieran a la región avanzar por el camino del desarrollo. Dentro de las instituciones que se crearon para encargarse de tal cometido, se destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959 mediante un convenio entre los países interamericanos. El Convenio Constitutivo (CC) del BID entró en vigencia el 30 de diciembre de 1959. El primer artículo de dicho documento señala el objeto de la institución: “Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo”.

Luego de una trayectoria de 50 años, buena parte de las políticas sociales y económicas promovidas y apalancadas con préstamos y condicionalidades del BID han mostrado su fracaso para lograr una América Latina “equitativa y desarrollada”. Los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes. Según las últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina, en el año 2007 un 34,1% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 12,6% de la población. De manera que el total de personas sobreviviendo en situación de pobreza alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran indigentes1. Además, y por si fuera poco, la desigualdad en América Latina presenta también índices muy preocupantes, siendo los niveles más altos de desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. El ingreso per cápita del 10% más rico supera, en muchos países, en cerca de 20 veces el del 40% más pobre2.

Adicionalmente, vemos un creciente deterioro ambiental, en gran medida como consecuencia del modelo de desarrollo que el BID ha impulsado, basado en la extracción de recursos no renovables de forma intensiva y contaminante, que atenta contra los derechos de las poblaciones donde se desarrollan estas actividades. Se promociona también un modelo agrícola que favorece los monocultivos, la concentración de tierras, la pérdida de los suelos, el acaparamiento del agua y la desaparición de las economías campesinas. Estos y otros proyectos están en mayor medida orientados hacia la exportación y muchos de ellos apoyados por créditos del BID, haciendo de esta institución financiera responsable de una gigantesca deuda social y ecológica con los pueblos de América Latina y el Caribe, entre las que se encuentra la deuda por el cambio climático.

Por otro lado, el proceso de integración regional que el BID también reconoce como uno de sus objetivos, sigue en marcha de manera desigual. La integración que los pueblos de América Latina y el Caribe queremos no es la promovida desde instituciones multilaterales como el BID, ni tampoco desde la mayor parte de los gobiernos nacionales. Siempre apoyándose en iniciativas de integración de infraestructura como la IIRSA, que ahondarán los impactos socio-ambientales de los pueblos en donde se planifica su desarrollo, se privilegia una modalidad de integración en la que se favorece la apertura al capital financiero e industrial estadounidense, europeo y japonés, así como el fortalecimiento de los enclaves de la región, por encima de una integración social, económica, financiera y comercial emanada de los derechos, las necesidades y de la diversidad cultural de Latinoamérica y el Caribe, encaminada a fortalecer a los pueblos y los países que la impulsan.

Los procesos de endeudamiento con el BID se han multiplicado a partir de los intereses de los prestadores y en algunos casos, se ha favorecido por situaciones de déficit fiscal crónico. Lo anterior fue especialmente evidente a mediados de la década de 1990. Con la Octava Reposición de Recursos, el BID diseñó una estrategia de préstamos con un promedio anual de US$7.000 millones, haciendo énfasis en proyectos que contribuyeran a temas relacionados con las transformaciones tecnológicas y productivas, la llamada modernización del Estado y el fortalecimiento del sector privado. Su objetivo no era exactamente el de reducir las inequidades de la región, sino el de avanzar decididamente en el proceso de privatización de derechos humanos y sociales básicos, como la educación, la salud, el agua, así como favorecer la expansión de intereses privados en la extracción y expoliación de la riqueza de la región.

No podemos desconocer la complicidad del BID, así como de las otras Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), en la financiación de las dictaduras militares que asolaron nuestra región en las décadas de 1970 y 1980. Ni tampoco el rol que ha cumplido con relación al desarrollo de la corrupción, ya casi endémica en algunos países, y la apropiación de parte de muchos funcionarios, políticos y militares de los créditos otorgados a los gobiernos.

La urgencia de la lucha contra la impunidad con la cual actúa el Banco en nuestros países, frente a las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes económicos y ambientales, es una conclusión necesaria de cualquier balance de estos primeros 50 años. Es por eso que buena parte de los proyectos impulsados por el BID han sido ampliamente cuestionados por sus consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales para los pueblos de América latina y el Caribe, y las deudas resultantes rechazadas por ilegítimas. Dichos cuestionamientos se refieren al modelo de desarrollo al que responden, al debilitamiento de la estructura social y ambiental, a los deficientes procesos de evaluación integral de los costos y beneficios de los proyectos en los que participa, a las ambiguas salvaguardas sociales y ambientales, a la deficiente supervisión y fiscalización de las distintas etapas de los proyectos, a la limitada transparencia en la provisión de información y acceso a la participación, entre otros.

El 50 aniversario del BID es una ocasión inmejorable para ampliar y profundizar las iniciativas que desde hace mucho tiempo se impulsan en la región frente a las consecuencias de su gestión y del impacto económico, social y ambiental de sus proyectos. La campaña que hemos iniciado tiene por objeto evidenciar el fracaso del BID durante sus 50 años de existencia al financiar un modelo de desarrollo que amplía las desigualdades, destruye la naturaleza, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.


Sobre todo en la actual coyuntura, marcada por la crisis global económica, alimentaria, energética y climática, en gran medida reflejo de las políticas impulsadas por el BID y demás instituciones financieras multilaterales, es urgente evitar una nueva etapa de endeudamiento ilegítimo en nuestra región. No queremos ni necesitamos en la región un banco que financie la desigualdad, el cambio climático, las políticas represivas y la integración subordinada a un modelo hegemónico de desarrollo que, hoy más que nunca, muestra al mundo su fracaso.

Por este motivo, y con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento y la articulación de acciones de resistencia y construcción de alternativas, hemos organizado un encuentro popular de 3 días, paralelo a la Asamblea Anual de Gobernadores 2009 para sumarnos y dar seguimiento a las múltiples maneras en que se ha expresado el rechazo a las políticas del BID, a lo largo de sus 50 años.

El trabajo examinará tres ejes temáticos:

La crisis financiera. Para la banca multilateral, la actual crisis financiera constituye una oportunidad para aumentar la deuda con nuestros países. Un análisis detallado nos permitirá realizar un balance sobre los procesos de liberalización económica, integración comercial y privatización; sobre la ilegitimidad de las deudas reclamadas por el BID;

Los retos de la sustentabilidad. A pesar de las salvaguardias ambientales adoptadas para su ciclo de proyectos, el BID todavía no incluye la utilización de herramientas de planificación y de ordenamiento territorial, previas a las decisiones sobre los grandes proyectos de infraestructura; la falta de un Plan Maestro que enmarque las acciones tomadas para enfrentar las consecuencias del cambio climático y el reconocimiento de la deuda ecológica;

Los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales. Debatiremos sobre la poca efectividad de los mecanismos de participación para la sociedad civil; sobre los efectos de la flexibilización laboral y la generación de empleo informal; el no acatamiento al derecho de los pueblos indígenas a solicitar la consulta previa que incluya el derecho a veto sobre los proyectos; sobre el alto costo y mala calidad de los servicios públicos que han sido privatizados, lo cual ha generado movimientos de usuarios (“desconectados”) por no poder pagarlos; sobre la falta de inclusión de temas de género; sobre la atención a la población migrante, no sólo medida por la cantidad de las remesa que llegan y que se deben canalizar, entre otros.

Activistas, intelectuales, artistas y funcionarios de gobiernos afines harán parte de esta gran manifestación que pretende contribuir a la articulación de una plataforma social frente al BID e incidir de forma directa en las actuaciones de la institución, cuestionando los 50 años de financiación de la desigualdad económica, el deterioro ambiental y social que se evidencian en:


Un modelo de desarrollo enfocado en la extracción, expropiación y exportación de productos primarios y en la liberalización salvaje que aumentó la desigualdad, la injusticia en término de derechos humanos y una mayor inequidad entre la región y el resto del mundo;

La desigualdad de poder entre grupos empresariales transnacionales y las poblaciones afectadas y la imposición de los planes las políticas y los proyectos promovidos y financiados por el BID;

La desigualdad y no satisfacción a los derechos económicos, sociales y culturales esenciales para la población latinoamericana, incluyendo el agua;

La exclusión en la toma de decisiones, perpetuando la desigualdad entre clases, géneros, etnias y razas;

La ausencia de un plan maestro para enfrentar las causas del cambio climático y otros daños ambientales y sociales.

El fracaso de las políticas y proyectos de reforma agraria para cambiar el esquema de expropiación, desplazamiento, concentración de la tierra;

Sus discursos populistas (Verbi gratia: “oportunidades para la mayoría”), que no han tenido efecto alguno en la exclusión persistente y discriminación de importantes poblaciones, incluyendo las mujeres, los pueblos indígenas y afro descendientes, entre otras;

La existencia de 20 millones de latinoamericanos que ya no viven en sus lugares de origen, pues han sido desplazados, expulsados, teniendo que buscar seguridad ciudadana y bienestar en otras tierras, muchos viviendo como refugiados o en condiciones de mayor pobreza e inseguridad;

La violación permanente y sistemática de los Derechos Humanos.

Los hechos son contundentes. No es posible afirmar que los objetivos fundacionales del BID se hayan cumplido. Resulta indispensable repensar el desarrollo que queremos como pueblos y países de América Latina y el Caribe, que garantice un medio ambiente sano y el buen vivir de los pueblos en la región. Esperamos contar con su apoyo para alcanzar éste propósito políticamente ineludible.

Notas:

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama social de América Latina, CEPAL-Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008, p. 5.

2 Ídem.

Para mayor información, contáctenos en: http://www.frenteBID2009.org

E-mail: info@frenteBID2009.org

Organizaciones participantes:

Bank Information Center - BIC (Estados Unidos);

Bloque Popular y Coordinadora de Resistencia Popular (Honduras):

Campaña colombiana En deuda con los derechos (Colombia);

Censat Agua Viva. Amigos de la tierra internacional (Colombia);

Centro de Derechos Humanos y Ambiente - CEDHA (Argentina);

Centro Latinoamericano de Ecología Social - CLAES (Uruguay);

Colectivo Litigio e Investigación en Derechos Humanos - LIDH (Ecuador):

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE (Ecuador);

Consorcio por la Semana de Acción Global: REPEM, Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, Viva la Ciudadanía - (Colombia);

Corporación de Gestión y Derecho Ambiental - ECOLEX (Ecuador);

Diálogo 2000 (Argentina)

Frente Social y Popular de Paraguay

Fundación Esperanza (Ecuador);

Fundación Pachamama (Ecuador);

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos - INREDH (Ecuador);

Grupo FARO (Ecuador);

Grupo Semillas (Colombia);

Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA (Colombia);

Instituto Popular de Capacitación - IPC (Colombia);

Instituto del Tercer Mundo - ITeM (Uruguay);

Jubileo Sur/Américas

Jubileo Sur/México

M´Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental (Argentina);

National Alliance Latin American Caribbean Communities - NALACC (Estados Unidos);

Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif - PAPDA (Haití);

Productividad, Biósfera y Medio Ambiente - PROBIOMA (Bolivia);

Red de Educación Popular entre Mujeres - REPEM (Latinoamérica y Caribe);

Rede Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales;

Rede Jubileo Sur Brasil;

Red Jubileo Perú;

Seminario permanente por la educación a lo largo de toda la vida (Colombia);

Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (Ecuador);

Sobrevivencia, Amigos de la Tierra (Paraguay);

Unión Nacional de Empleados Bancarios - UNEB (Colombia).

Resistencia indígena Wayúu. Despertando sueños.

Segunda Caravana por Wounmainkat

"Porque los Únicos Gigantes Somos los Wayuu"

 Saludos a todos y todas.

 En esta oportunidad nos dirijimos a todos ustedes amigos, amigas, compañeros y compañeras de lucha, para presentarles y solicitarles su colaboración y participación en la Campaña por la Eliminación de todas las formas de Violencia en contra de la Mujer y la Tierra, que se realizará como la 2da Caravana por Wounmainkat – Caravana por Nuestra tierra*, desde la Casa de la Fuerza de Mujeres Wayuu hasta el estado Zulia, del 5 al 8 de Marzo de 2009, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

 

El Objetivo principal de la caravana es hacer un documento en colectivo, donde quedarán plasmadas las problemáticas que afecten al pueblo Indígena Wayuu, con particular diferenciación en las mujeres Wayuu, en donde las demandas políticas abordan tres temas específicos: Los impactos de la presencia de actores armados, que ha dejado más de 250 Wayuu entre ultimados y desaparecidos así como un número indeterminado de desplazamiento forzoso tranfronterizo, y cómo este fenómeno se ve replicado en el vecino país de Venezuela; los megaproyectos en territorios indígenas y sus consecuencias, las cuales han quebrantado a las comunidades Wayuu, por último, impulsar el fortalecimiento de alianzas organizacionales entre el pueblo Wayuu y otros pueblos indígenas y no indígenas con el ánimo de trascender fronteras binacionales e internacionales, en aras de consolidar la autonomía entre las naciones indígenas dentro de sus territorios.

 

Además de transmitir información adecuada a nuestras realidades, la Campaña lleva el mensaje: "Porque los únicos Gigantes Somos los Wayuu", entendiendo que: Los únicos gigantes dentro de nuestros territorios somos sus habitantes originarios y no los intereses ajenos internacionales, intervencionistas que invaden y desplazan.

 

Las Dinámica de las actividades estarán comprendidas de la siguiente manera: Derechos Humanos, Territorios, Megaproyectos, Situaciones particulares de las comunidades Wayuu presentes, Video foros con ejercicios de lectura y análisis.

 

El tema de los derechos humanos y territorio de los pueblos Indígenas y cómo sus problemáticas afectan en particular a las mujeres indígenas, no es ajeno a los asuntos políticos, por ser la sociedad compuesta por individuos, la sociedad implica personas, las personas se rigen por dinámicas sociales, y lo social comprende lo político. Por lo tanto la Segunda Caravana por Wounmainkat, no es ajena a la política, más si desdeña categóricamente a la mala praxis del clientelismo mismo. Una característica muy importante de esta 2da Caravana, es que esta sostenida por la autogestión de las comunidades.

 

El recorrido de la Caravana será:

5 de marzo
8:00 a.m.
Casa de la Fuerza de Mujeres Wayuu – 4 Vías, Colombia a Paraguaipoa, Municipio Páez, Venezuela

6 de marzo
6:00 a.m.
Paraguaipoa, Municipio Páez, Venezuela a Aldea Nueva Lucha Municipio Mara

7 de Marzo
6:00 a.m.
Aldea Municipio Mara a Wayuumanaa, El Socuy – Municipio Mara

8 de Marzo
Wayuumanaa, El Socuy – Municipio Mara a El Mamón Municipio Maracaibo.

Esta caravana no busca apoyar partido político alguno, y es necesario reafirmar que el uso del color ROJO dentro de la Caravana, no hace alusión a color político dentro del contexto político electoral ni de Colombia ni de Venezuela, El color rojo representa para la Gran Nación Wayuu una gran carga semántica, así como para otros pueblos de Abya Yala.

 

Rojo es el color de nuestra sangre,

Rojo nuestro clamor,

Rojo el manto que nos encierra,

Rojo el fruto de la tierra que nos protege

Rojo es el color que alimenta nuestro espíritu

Rojo es el color de nuestra esperanza

Rojo es el color que exige dignidad para Wounmainkat

 

Agradecemos su apoyo y si inmediata confirmación para adelantar las gestiones correspondientes al permiso de visado. Su acompañamiento y aporte serán de vital importancia.

"Porque los Únicos Gigantes somos los Wayuu"

Watta pa'alii (Lo agradecemos altamente)

http://www.alasbarricadas.org

[Colombia] ONIC: Ni la guerrilla ni el gobierno nos consideran como un actor político

“Ni la guerrilla ni el gobierno nos consideran como un actor político”

Presentación de Anarkismo.net

El día miércoles 18 de febrero, sostuvimos una conversación telefónica con el Secretario General de la ONIC, el compañero Luis Fernando Arias sobre la masacre en que murió un número indeterminado de indígenas Awá en Nariño, al Sudoeste de Colombia, la cual se adjudicaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP). Este nuevo acto de violencia en contra de la población indígena, viene a atestiguar una vez más el grado de degradación al que ha llegado el conflicto social y armado en Colombia. Con brutal autoritarismo, han masacrado a quienes denunciaron como “informantes”, que no eran sino miembros indefensos de una población que días antes había sido violentada por el Ejército colombiano, forzando a esta comunidad a dar informaciones sobre el área y sobre la presencia de insurgentes. El pueblo Awá es de tal manera incorporado a la “brava” por los actores armados en su territorio a un conflicto del cual no se sienten parte, violando así el principio de la autonomía indígena.

Los medios de comunicación, que de manera cómplice silencian las sistemáticas violaciones a los pueblos indígenas por parte del Estado, y por supuesto el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual también tiene sus manos manchadas de sangre Awá, utilizaron esta masacre como un elemento más para su propaganda belicista. Juego para el cual ni los indígenas ni la ONIC se prestaron. En una clara declaración leída en rueda de prensa el 12 de Febrero, Luis Evelis Andrade, Consejero Mayor de la ONIC, afirmaba:

“Quienes asesinan a los Awá no son únicamente las FARC. También han traído el terror a este pueblo el Ejército Nacional, la policía y los paramilitares. Desde Septiembre de 2008 a lo que va corrido de 2009, han sido asesinados y masacrados 44 indígenas Awá, por determinar otros. En los 43 días de este año, han sido asesinados 58 de nuestros hermanos en el territorio nacional. En los últimos siete años han sido asesinados en Colombia 1.303 indígenas, cifra que puede aumentar, ya que muchos no son denunciados, por miedo.” Recomienda también al gobierno “no mentir más a la comunidad internacional con respecto los actos de guerra –bombardeos, fumigaciones y ametrallamientos- en territorios del Pueblo Awá. (Así, como de) abstenerse de pregonar que la Seguridad Democrática garantiza y protege la vida de los pueblos indígenas”[1].

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, quienes fueron los principales protagonistas de la heroica Minga de Resistencia Indígena y Popular, que sacudió Colombia entre Octubre y Noviembre del pasado año, se pronunciaron en una declaración titulada de manera gráfica “¿Para qué masacran a los Awá?” sobre los antecedentes de la masacre y los intereses en juego en esta región. De manera lapidaria concluyen:

“Este no es un problema de los Awá, no es un problema de los indígenas, no es un crimen contra un pueblo en Nariño. Este es un acto de terror que hace parte de la implementación acelerada de unas políticas conducentes al despojo por vía de la muerte. Este es el Plan Colombia en marcha. Un megaproyecto económico que entrega e integra nuestros territorios y nuestras vidas a la codicia del capital global.

Ante tanto horror, tan evidente, no podemos seguir mirando desde lejos o esperando nuestro turno. Es hora de saber para qué los mataron, para qué nos matan y de levantarnos para detenerlos y resistir. Es hora de rechazar de una vez por todas, el horror que cometen las FARC a nombre de los pueblos, así como rechazamos el del régimen.

También es dolorosamente evidente que de poco sirve ante este Estado tener tierras, denunciar violaciones de derechos humanos o negociar acuerdos con un Gobierno ilegítimo cuando el modelo de desarrollo con sus tratados y sus leyes se sirven del terror, venga de donde venga para masacrar, desplazar y despojar. Es indispensable e impostergable la obligación de resistir el modelo en su integralidad y como prioridad. En estas condiciones y ante estos hechos tan terribles, es necesario reconocer que todo lo demás, aún lo político-electoral, debe supeditarse con urgencia a una agenda de movilización y acción en Minga que resista y detenga el acelerado curso del despojo del que esta masacre es un evento.

Convocamos la Minga Social y Comunitaria. Pongamos a marchar la agenda para resistir el modelo de muerte que viene con el TLC, con las leyes de despojo, con el terror, con los convenios incumplidos, con la ausencia de un tejido de los pueblos por la libertad. Decidamos en Minga como detener el horror de las FARC, del Estado y de todos los grupos armados en Nariño y en Colombia. Cómo respaldar el pueblo Awá y defender con ellos su territorio y cómo defender la vida y nuestros territorios de esta muerte segura que avanza para que unos pocos sigan acumulando.”[2]

El día 20 de Febrero, la ONIC señala en un nuevo comunicado que ante la no aparición de los cuerpos de los Awá masacrados se convocará a una Minga Humanitaria que recupere los cuerpos. Dan plazo hasta el día lunes 23 de Febrero a las 18:00 para que las FARC-EP entreguen los cadáveres, exigencia que hacen extensiva al gobierno nacional, el cual tiene tropas en la zona. Concluye el comunicado exigiendo una vez más la desmilitarización del territorio Awá y el retiro de todos los actores armados, “legales e ilegales”. A su vez, insisten en que la insurgencia reconozca la autonomía indígena y al gobierno que no aproveche este infortunio para presionar a la comunidad Awá a “colaborar” como parte de su estrategia belicista[3] (Uribe en estos momentos se encuentra en Nariño y amenaza con mayor presión militar sobre la zona, lo cual tendrá por efecto agravar aún más la crisis humanitaria de los Awá).

Reproducimos a continuación la entrevista con el Secretario General de la ONIC, Luis Fernando Arias, sobre la grave problemática del pueblo Awá. Conversamos también respecto a la actual coyuntura en Colombia desde la perspectiva del movimiento indígena, la cual está marcada por la agudización del conflicto en las zonas de resguardo y la intensificación de la estrategia de despojo mediante el desplazamiento masivo, así como del rol del movimiento indígena ante ésta coyuntura.

José Antonio Gutiérrez D.
21 de Febrero 2009

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Estimado Luis Fernando, cuéntenos ¿qué es lo que ha ocurrido con los Awá en Nariño?

Lo que ha ocurrido no es algo coyuntural, es algo que viene desde hace rato. Diríamos que es la Crónica de una Muerta Anunciada. Lo veníamos denunciando hace mucho, la Defensoría, la ONIC, UNIPA, el sistema de Alertas Tempranas, que había mucho riesgo en esta zona. Aún así, no se adoptaron las medidas urgentes de protección individual y colectiva.

Acá, hay una estrategia, por parte de los actores armados, de involucrar a la población civil en el conflicto. Por una parte, está el Ejército que nos acusa de no colaborar y por otra parte, están las FARC que nos acusan de informantes. Esto, ya que los Awá han permanecido en una actitud firme de defensa de su territorio, de su autonomía, basada en los convenios, tratados y leyes de origen.

La deshumanización propia del conflicto, ha llevado a que hoy ocurriera esta masacre contra el pueblo Awá. Hemos leído las justificaciones de las FARC pero las rechazamos. Hemos llamado a todos los actores a que se abstengan de involucrar a nuestros pueblos en el conflicto y a que desmilitaricen los territorios. La respuesta que hemos recibido ha sido de carácter militar, también señalamientos, amenazas, desplazamiento.

Este crimen atroz debe ser visto de manera integral, histórica, como el resultado de una serie de violaciones que se vienen sucediendo de manera sistemática. Una Fiscal dice que están tratando de que los Awá nos colaboren, pero nosotros llevamos cinco años tratando de que nos escuchen.

¿Cuál es la razón para que esta zona sea un espacio de conflicto tan agudo?

Esta zona es un corredor estratégico, ya que se encuentra en la frontera del Ecuador y tiene un paso al mar. Entonces, es fundamental su control para dos tipos de tráfico, el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Por eso hay presencia de los paramilitares, de los insurgentes y del Ejército. Las condiciones geográficas además son muy inhóspitas y todo eso alimenta la situación de guerra.

Leímos el comunicado de la Columna Mariscal Sucre de las FARC-EP y ellos reconocen tan sólo 8 muertos, en circunstancias que a través de los medios se venía manejando una cifra de 27 muertos... ¿a qué se debe esta divergencia tan importante?

El día 6 de Febrero, los hermanos Awá denunciaron inicialmente 17 muertes. Luego un cabildo indígena informó de 10 muertos más posteriormente. Estos datos no han podido ser verificados por las condiciones propias de la zona. Nuestra información, lo que hemos podido constatar por el momento, da cuenta de que la segunda masacre no habría ocurrido. Aún no se ha podido ingresar, pero informaciones preliminares parecieran confirmar que la segunda masacre no ha ocurrido.

El comunicado de las FARC deja fuera a dos mujeres que fueron asesinadas dentro de este grupo. O sea, serían entonces 10 los muertos que se han confirmado hasta ahora. Pero hay siete desaparecidos que fueron llevados con el grupo, los cuales no sabemos dónde están, o si están ejecutados. Por eso les exigimos que los devuelvan, aquellos que fueron llevados con los otros. Esa es la información que hay de momento.

Vemos que el gobierno se ha apresurado a hacer manejos políticos de esta tragedia... a insistir en que las comunidades “cooperen” con las fuerzas armadas y con la “seguridad democrática”, a presionar por mayor militarización de los resguardos... ¿qué posición observa el movimiento indígena sobre esta situación?

El movimiento indígena colombiano ha sido consistente en denunciar la política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez. Esto no ha sido más que una política de muerte y de terror. Hemos tenido, durante su período en el gobierno, 1.300 indígenas asesinados. Esta es una cifra incontrovertible, corroborada por organismos nacionales, internacionales e independientes. Esto significa que, con este gobierno, se está asesinando a un indio cada dos días. Esto fue reconocido por el relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, quien en el 2004 afirmó que en Colombia se está asistiendo a un proceso de etnocidio y de genocidio. Esto es fruto de la profundización de la guerra por la política de Seguridad Democrática, precisamente. Si el gobierno estuviera buscando la paz, habrían otras respuestas, de carácter político. Pero la respuesta indiscriminada de carácter militar cobra sus principales víctimas entre los civiles.

Le dijimos a Uribe que no venga a señalar que la política de Seguridad Democrática es una política que beneficie a los indios. Por eso le hemos exigido que desmonte estas políticas... esto se lo planteamos mediante la Minga, entonces le planteamos la desmilitarización absoluta. Porque la guerra no ocurre en el Ubérrimo (ed. finca del presidente Uribe) sino que en nuestros resguardos. Los muertos los ponemos nosotros, son indios.

También le planteamos a la insurgencia que situaciones como esta no pueden ser, no son, parte de un proyecto revolucionario. Así están imitando al gobierno, imitan sus políticas guerreristas y autoritarias. El problema de fondo es que ni la guerrilla, ni el gobierno, nos consideran como un actor político, sino que más bien nos ven como un estorbo. Nuestra postura es definitiva en torno a la autonomía y esto incomoda a sus modelos.

El gobierno plantea que el movimiento indígena actúa con un doble discurso, que por una parte piden protección al Estado, pero por otro, le reclaman su autonomía y desmilitarización... ¿Qué esperan del Estado en lo relativo a la cuestión de la seguridad de las comunidades?

Lo que este gobierno no entiende, es que la protección no se trata de tener soldados o chalecos anti-balas, sino que lo que pedimos es que se respete y se refuercen las instancias de auto-protección, es decir, las Guardias Indígenas. Hablamos de apoyo a nuestros planes de vida y permanencia, de territorio y tierras, hablamos de nuestra cultura. Insistimos en este último aspecto, en que lo más importante para garantizar nuestra protección es el respeto a nuestra autonomía, el respeto a nuestros valores y cosmovisión, a nuestra cultura, y que no se nos pretenda involucrar en un conflicto que no nos pertenece.

Se está hablando de realizar una Minga Humanitaria por parte de los indígenas... ¿Nos podrían explicar esto?

Continuando la idea de la Minga que se planteó a fines del 2008, esta sería una Minga Humanitaria, que involucre a organizaciones de derechos humanos, a distintas expresiones solidarias, a las Guardias Indígenas, a organizaciones populares. Lo más importante es enviar un mensaje fuerte y claro de que los Awá no están solos y que mediante la solidaridad de nuestro pueblo es como construimos una red de protección permanente.

En los días previos a la masacre se habían hecho gestiones por parte de “Colombianos y Colombianas por la Paz” (CCpP) que habían adelantado la posibilidad de un Acuerdo Humanitario para humanizar el conflicto. ¿Cómo ven ustedes que se ve afectado este desarrollo por los sucesos de Nariño?

Lo que ha ocurrido polariza a las partes. Lo que creemos es que se viene entonces una profundización de la guerra... tenemos entonces que leer el contexto socio-político, que se vienen elecciones presidenciales, y esto viene siempre acompañado de estigmatización y de persecución a las organizaciones populares y a la sociedad civil. La profundización de la guerra creemos que planteara escenarios complejos y difíciles tanto a los indígenas como a CCpP.

Lo que nos toca hacer entonces es redoblar los esfuerzos desde el mundo popular, desde los actores de la sociedad civil, para acercar a las partes, para presionar diálogos de paz, pero diálogos de paz que sean participativos, incluyentes y duraderos.

Seguimos luchando por una salida negociada al conflicto que implique varios compromisos a los actores armados: cese al fuego, Acuerdo Humanitario, concretar puntos para la agenda de negociación política... Esto es nuestra aspiración, pero somos concientes de que la actual coyuntura no presenta muchas condiciones políticas para materializar estas aspiraciones. Lo que se viene en lo inmediato es una agudización del conflicto, en la cual la población será la carne de cañón, por lo que podemos esperar más falsos positivos y más ejecuciones de indios.

Ante este complejo escenario, ¿cuál es el rol del movimiento indígena colombiano?

Por ejemplo, ahora hemos suscrito un acuerdo político, varias organizaciones colombianas y algunas de Washington. Le llamamos el “Grupo de Washington”. Es una forma de ver como anda el escenario bilateral para explorar salidas de paz. El eje central de este acuerdo es la paz, pero ésta también se constituye desde ciertos criterios políticos comunes. Hemos redactado una carta a Obama, en nuestra intención de generar un diálogo directo frente a la situación de la paz en Colombia.

Mañana radicamos esta carta en la embajada y celebraremos una rueda de prensa. En ella plantearemos que este conflicto de más de cinco décadas debe ser resuelto por los colombianos, que los cambios estructurales y reales del país deben ser asumidos y resueltos por los colombianos. El diálogo con Obama pretende poner de relieve la paz en oposición a la militarización. Sabemos que Obama pretende cambiar ciertos puntos de la política de Bush. Entonces creemos que hay posibilidades para que cambie de cierta manera la política hacia Colombia: en lo fundamental, el Plan Colombia. Le planteamos la búsqueda de la paz, tenemos ciertas reservas ante el escenario, es que hay coyunturas que debemos leer bien, pero estamos a la espera de la respuesta.

Otro escenario que también apoyamos en la actual coyuntura, es el que plantea CCpP. Es que no podemos resignarnos a la salida militar. Creemos imprescindible llegar a acuerdos en el orden social y político.

Notas:

[1] http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=35757

[2] http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=9550

[3] http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=35786

Libra - Declaración Postmortem

Conversatorio mañana 25 de febrero/09 UdeA Movimiento Campesino en el Magdalena Medio y Defensa del territorio.‏

Conversatorio sobre la organización campesina en el magdalena medio a través de la ACVC (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra) Organización que lleva trabajando 13 años en las comunidades del Nordeste Antioqueño, Sur de Bolívar y Valle del Río Cimitarra. Es una organización social no gubernamental que desarrolla trabajo organizativo político y social cuyos fines van dirigidos a la defensa del derecho a la tierra, la integridad de los derechos humanos y la protección de los recursos naturales de esta región.

Miercoles 25 de Febrero.

Universidad de antioquia. Bloque 10. 217. 10:00 AM.

Casa platohedro. 4:00 P.M. Calle 49A #36-93 Barrio Buenos Aires, Medellin. 216-6052

1. Presentación de la situación en el magdalena medio y el nordeste antioqueño desde las comunidades campesinas. Ramiro Ortega – Miembro de la asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.

2. Presentación del documental de Guamocò. "Olvidada por el estado recordada por las multinacionales"

3. Resistencia campesina a través de los medios de comunicación alternativos. El caso de prensa rural. Mónica Orjuela. Antropóloga y periodista de la agencia de prensa, prensa rural.

Distribución de material de la ACVC.

www.prensarural.org

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Represión y autodefensa (Paralelos en Perú y Colombia)

REPRESIÓN Y AUTODEFENSA
Sobre el caso del paramilitarismo y el papel de la clase trabajadora
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(El texto que a continuación presentamos parte de la reflexión y debate que tuvimos como organización en torno al asesinato y violaciones de derechos humanos a manos de escuadrones paramilitares en Colombia y su paralelo en Perú. Aprovechando la visita de un compañero colombiano, tuvimos más acceso a la problemática de este país y pudimos enlazarlo con nuestra realidad nacional donde también seguimos sufriendo tal violencia. Así mismo pretendemos acotar puntos para el debate sobre el papel de nuestra clase frente a las reacciones del Estado y el Capital.)

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El caso de la represión en el vecino país colombiano, que refleja la charla – debate “Anarquismo, luchas sociales y represión en Colombia”, nos confronta con los fantasmas del pasado reciente en el Perú, con las deudas del presente y el futuro que se debe construir con la lucha popular. Para quienes vivimos dentro de la región en constante conflicto social como Latinoamérica y vmos que Colombia se desangra o sufre las consecuencias de un parto sangriento, corresponde acercarse al proceso y empezar a evaluar la capacidad de reacción del movimiento popular ante las tácticas de la represión estatal a fin de obtener enseñanzas prácticas que garanticen que episodios como estos no culminen en un aborto sangriento, como en el caso peruano.(1)

La espiral de violencia y la llamada "guerra sucia"(2) que se vivió en el Perú, aparece en el caso de Colombia dramáticamente amplificado, si queremos referirnos a las estadísticas. Pero los hechos humanos y los derroteros de la misión histórica del proletariado no deben detenerse en este aspecto, sino ir a desentrañar el entramado, la red de relaciones y el funcionamiento del armatoste de la maquinaria capitalista de represión y de muerte.

Es en medio de los conflictos armados, que no son sino etapas del proceso de la lucha de clases(3) en que las contradicciones se agudizan mucho más, donde dichas relaciones estallan y nos ponen al descubierto la verdadera esencia de las instituciones y organizaciones, las autenticas motivaciones y el verdadero papel dentro de la sociedad de esa maquina moledora de carne, sudor y sangre, que es el Estado, y sus secuaces “paraestatales”(4)

LA TACTICA DEL PARAMILITARISMO

La actuación de los grupos paramilitares, tanto en el caso colombiano como en el peruano (Comando Rodrigo Franco – Gobierno aprista y Grupo Colina – Gobierno fujimorista) revela una constante en la estrategia represiva del Estado, lo que en términos prácticos revela el verdadero papel de las organizaciones paramilitares como "comandos de aniquilamiento" de la represión estatal, es decir, la fuerza de choque y muerte, que para guardar las apariencias democráticas, oficialmente no actúan bajo las órdenes del Estado o de sus FF.AA., pero cuyo papel siempre ha sido y será fundamental en este tipo de conflictos y en realidad solo demuestra que su existencia es un dogma para la estrategia de terror del Estado en su guerra “contrasubversiva”, lo que significa asesinar a mansalva a todo elemento opositor al régimen de turno. Todo esto dentro de los marcos “democráticos” que se suele respirar en nuestros países.

 

Es así que los grupos paramilitares siempre serán necesarios para el mantenimiento de poder estatal, como especie de tentáculos que se infiltren en la masa y actúen desde dentro de ella promoviendo y facilitando el soplonaje o delación, el confusionismo ideológico, y finalmente la eliminación física de los luchadores sociales. Es la dinámica de evadir responsabilidades sobre "violación de derechos humanos" a nivel internacional, adjudicando estos hechos a grupos al margen del Estado.

Pero ahora ya vemos que estos grupos “paramilitares” no tienen nada de ello. Como ya se ha demostrado durante el juicio a Montesinos y Fujimori (con procesos por lo demás extensos que solo dilatan dichos casos con visos de impunidad) con el caso del llamado "Grupo Colina"(5), en el Perú, estos constituyen apéndices del aparato militar. Pero cuyo papel es imprescindible. Incluso el hecho de que este tipo de organizaciones sean financiadas con dinero del Estado o los empresarios mismos, implica la ligazón y coordinación que son capaces de realizar las fuerzas contrarrevolucionarias estatales y privadas (sin duda el capital no puede dejar solo en estos juegos a su aliado político).

¿Cuál ha sido la respuesta de los grupos alzados en armas ante esta táctica del paramilitarismo? Pues imitarla, torpemente por cierto(6). El resultado, que el objetivo político de las fuerzas revolucionarias terminara no sólo enturbiándose sino desviándose en la práctica violentista indiscriminada. ¿Acaso hubo un sello de clase que le diera el carácter de terror revolucionario en las actividades de Sendero, el MRTA o las FARC frente a la población civil a la que en lugar de liberar oprimieron u oprimen? ¿Dónde estaba aunque sea en germen el mar armado de masas que habría de tomar el poder bajo la dirección de estas organizaciones mesiánicas? ¿Cuál fue el resultado de esas aventuras sangrientas?

Aquí no cuestionamos el accionar honesto que pudieron tener y que aún deben mantener guerrilleros de los grupos citados, que creyeron firmemente en la política emprendida por sus organizaciones y que dieron sus vidas por lo que creyeron justo. Sin duda hay muchos hombres que valdrían la pena ser citados y reivindicados, a pesar de las diferencias ideológicas.

Sino que nos oponemos a los posteriores caminos que emprendieron los grupos alzados en armas que usaron los mismos métodos que decían rechazar y pusieron al campesinado, al sector obrero de las ciudades y críticos de su accionar, entre la espada y la pared. Sin duda esto no se puede justificar recurriendo a la acusación a individuos aislados que incurrieran en errores tácticos. Se trata de la misma línea política plagada de mesianismo y una mala lectura de la realidad local. Pero este será tema de otro escrito.

AUTODEFENSA ORGANIZADA DEL MASAS

La defensa armada organizada de la clase se debe ejercer de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, sin buscar como elemento fundamental o hasta razón de ser, el impacto mediático, pues el impacto mediático es precisamente la razón de ser del terrorismo, generar un clima, una atmósfera de dominio por las fuerzas de las armas. Pero eso no garantiza que dicha imagen en la opinión pública refleje la real correlación de las fuerzas en contienda. Y eso en toda guerra es fatal.

Las guerras revolucionarias no se ganan mediáticamente. Las reaccionarias si. No entender que un análisis objetivo de la realidad cuesta vidas, y una revolución perdida o traicionada al ser desviada a hacia el militarismo o el terrorismo, es una traición a la clase, es imperdonable ¿Acaso no demuestra la organización "de vanguardia" su fracaso e incapacidad para dirigir a las masas, al ser rebasada por el llamado "exceso"?(7). Lanzar al combate o a la masacre a una masa desorganizada y desbordada es una responsabilidad histórica que no puede eludir una organización revolucionaria seria, maquillándola de "exceso". Con esa misma palabreja se excusan los genocidas de derecha.

Desde el marxismo se ha deificado en exceso a las armas, que no son sino objetos cuyo uso depende de la ideología de quien los usa. ¿Existe frase más infeliz y militarista que la de Lenin cuando cree que la revolución solo se garantiza por la fuerza y el temor que las armas en manos de los revolucionarios provoque en los reaccionarios? ¿Se olvidó que la revolución y la senda al comunismo, o de su construcción socialista, requiere para enraizarse de la destrucción del orden social opresor a la vez que de la construcción del libertador? El exterminio de todos los explotadores, su lumpen-sicarios que los sostiene, sus fuerzas armadas, la burguesía, es una tarea a futuro ni que se realizará solo por las armas. Eso significa deificar el uso de las armas: "El poder nace del fusil", dice la máxima maoísta, y es cierta: el poder reaccionario nace del fusil, pero no el poder revolucionario. Esa es la diferencia esencial entre el poder popular y el poder estatal.

Pero que quede claro, que nosotros no rechazamos de manera “pacifista” la violencia revolucionaria o el uso de armas. Creemos que los procesos de reorganización popular y toma de conciencia deben seguir los caminos que el mismo pueblo se trace, partiendo de su realidad inmediata y optando por los mecanismos más efectivos que se disponga. Viendo la formación de un verdadero poder popular que asegure la respuesta de un todo un pueblo frente a las reacciones del Estado y el Capital. Pero como dijimos líneas arriba, este es terma de otro texto.

Esto diferencia a los libertarios de los marxistas o socialistas autoritarios: aspiramos a construir desde ya el poder popular, mientras los otros sectores quieren el poder del Estado para edificar el "socialismo". Pero ya la historia ha confirmado lo que le replicó Bakunin a Marx: Que el Socialismo no es sinónimo de Estatismo.

Por ello, creemos que deberíamos hablar de autodefensa organizada de masas, como la estrategia de respuesta a la violencia o terror estatal. Que no es lo mismo que esperar a recibir el primer golpe. No. El que conoce sobre la teoría militar (conocimiento que el pueblo tiene todo el derecho de manejar para poder responder a sus perseguidores y asesinos) sabe mejor que nadie que muchas veces la mejor defensa es el ataque. Por ende, el llamar a esta estrategia de violencia popular "autodefensa organizada de masas" no puede tomarse como un llamado a la pasividad. Es todo lo contrario. Además acá no se trata de elaborar una teoría acabada al respecto, sino de dar los primeros avances en el análisis del problema.

LA REVOLUCION ES UNA GUERRA SOCIAL

La verdadera revolución es una guerra social, y una guerra social es una guerra total. Una guerra en su ámbito político, que en sus últimas consecuencias se desarrolla como conflicto armado (8), guerra económica(9), guerra tecnológica(10). Pero recalcamos que todas estas luchas de no llevar el carácter de clase y perspectiva revolucionaria, están condenadas al fracaso y a la merca especulación intelectual que fácilmente es aprovechada por la burguesía que se precia de “humanitaria y benefactora”.

Es decir, estamos hablando de una guerra en escala internacionalista, es decir que englobe a todos los pueblos del mundo), pues hay que recordar que el capitalismo preferirá destruir el propio planeta quemándolo en un cataclismo nuclear o arrasándolo en una hecatombe bacteriológica, a dejar que los desposeídos tomen por herencia la tierra y hagan prosperar la justicia, la igualdad y la fraternidad sobre ella. Solo una verdadera revolución, una revolución social garantizará que no quede piedra sobre piedra de la sociedad capitalista ni de sus instituciones y clases explotadoras, y que los hombres que se yergan sobre la faz del planeta, así esté se halle en ruinas, será aquel que tenga el suficiente corazón y las fuerzas para reconstruirlo y edificar la sociedad equitativa que siempre debió ser.

Entonces, ¿cómo enfrentar, contrarrestar o prevenir la acción de grupos paramilitares?, activos o no, pero que según el análisis que hemos hecho, siempre aparecerán como armas necesarias del Estado en su guerra contrainsurgente. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta que dejamos en el aire para no solo pensarla sino actuarla. Esa es una de las tareas imprescindibles e inmediatas que debemos emprender los libertarios de todos los países donde se desarrolla un conflicto que se pretende una revolución política. Porque en su proceso se está arrasando al pueblo desorganizado y organizado por igual, y que de ganar cualquiera de las partes, la causa del proletariado habrá perdido ante una nueva opresión o una vieja y más fuerte todavía.

Josafat

Unión Socialista Libertaria

www.uslperu.blogspot.com

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Notas

(1) Nos referimos al proceso de guerra interna vivido en el Perú desde 1980 hasta más o menos mediados de la década de los 90's, en que se manifestó con mayor crudeza la llamada "guerra popular" iniciada por el Partido Comunista del Perú – “Sendero Luminoso”, de tendencia maoísta, y de la lucha armada del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de tendencia guevarista. Actualmente persisten focos de lucha de destacamentos armados de “Sendero” en el interior del país, pero sin posibilidades de tomar el poder o proseguir con el camino armado, mientras que el MRTA prácticamente ha desaparecido como organización levantada en armas, pero que viene reagrupándose al interior de partidos donde militan familiares de los presos emerretistas y hasta los propios ex combatientes.

Caso parecido sucede con los rezagos del “senderismo” que viene actuando al interior de universidades públicas, sindicatos docentes en su mayoría y otros espacios públicos, como parte de su estrategia de reagrupamiento y captación de nuevos militantes.

(2) Usamos ese término no sin cuestionarlo, puesto que por principio sabemos que no existe una "guerra limpia" (dentro de las guerras emprendidas por la burguesía). La llamada "guerra sucia" es una denominación de algunas organizaciones de derechos humanos con eco de organizaciones de izquierda reformista, que aluden a un conflicto armado que no respeta las normas de la Convención de Ginebra. Es una caracterización que muchas veces mantiene sesgos de moralismo burgués.

(3) Aunque estas luchan no adquieran abierta o aparentemente tal carácter clasista, este aparece siempre encubierto.

(4) El tema del papel, dentro de un proceso de represión, de las entidades e instituciones oficiosas y reaccionarias, es decir los capitalistas y sus gremios representativos, y las organizaciones y sindicatos, afines al régimen, entes contrarrevolucionarios, no lo trataremos aquí. Sólo evaluaremos cómo los denominados "paramilitares" si forman parte del aparato represivo estatal y capitalista. Aceptar esa denominación contribuye a ocultar su verdadero carácter y tergiversar los resultados del análisis.

(5) El llamado grupo paramilitar "Colina" fue un comando especial del Ejército Peruano, financiado y armado por el Estado peruano, que ejecutó asesinatos extrajudiciales de dirigentes sindicales como Pedro Huillca (Construcción Civil), periodistas (Pedro Yauri), poblaciones civiles (Los campesinos del Santa), estudiantes (Universidad La Cantuta, U. del Centro del Perú), y civiles en zonas urbanas (Masacre de Barrios Altos en Lima), contando con el amparo y apoyo directo del ex presidente peruano Alberto Fujimori y su asesor principal Vladimiro Montesinos, uno de los más visibles agentes de la CIA norteamericana en el Perú, que durante el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado se salvó de la pena de muerte, tras ser descubierto robando y entregando secretos militares de las negociaciones entre el Estado peruano y la Unión Soviética (Década de los 70's) a los Estado Unidos de América.

Durante el juicio a Montesinos y a Fujimori por el caso Cantuta y Barrios Altos principalmente, los propios miembros de este comando, agentes de inteligencia y elementos del propio Ejército Peruano, revelaron la inserción del grupo paramilitar dentro de una estructura castrense no oficial.

(6) Acá hay que recordar el papel de los llamados "comandos de aniquilamiento", implementados por la guerrilla armada del PCP- Sendero Luminoso, tanto en el campo como en la ciudad, que tuvo entre sus objetivos civiles desarmados e incluso a pobladores que simplemente no aceptaban la imposición autoritaria de la prédica y práctica maoísta, lo cual provocó una ola de condena incluso en sectores populares, y facilitaron la estrategia desinformativa de los medios de propaganda estatal, para alejar a la población de la prédica subversiva.

(7) Hay que recordar cómo el propio Abimael Guzmán, líder del PCP- SL reveló con completo desparpajo en la autodenominada "Entrevista del Siglo" (difundida por el periódico pro senderista "El Diario") que una de las masacres colectivas, la de Lucanamarca, contra campesinos, ejecutada por uno de sus destacamentos armados, fue planificada por el propio "Comité Central" del Partido, y que el "exceso" -es decir la cantidad desproporcionada de muertos, entre mujeres, ancianos y niños- estaba calculado.

(8) Ya la propia teoría militar actual reconoce que la política llevada a sus últimas consecuencias, se desarrolla como conflicto armado: "La guerra es la continuación de la política por otros medios". Von Clauzewitz.

(9) Que se manifiesta en creación de nuevas formas de producción social con base en la liberación de las fuerzas productivas y el ejercicio efectivo de la propiedad sobre los medios de producción, por los productores, asegurando de esta manera la autogestión. Mientras que al mismo tiempo se ejerce el boicot y el sabotaje a la economía estatal que se quiere derrocar, de todas las formas, ámbitos y maneras posibles (enmarcados dentro de un carácter de clase organizado).

(10) Que también incluye destruir sus formas de comunicaciones, la correlación de fuerzas ante la opinión pública, la manipulación de sus comunicaciones, el sabotaje de las mismas, estrategias y tácticas para el combate en el ciberespacio, apropiación de sus tecnologías y su puesta en servicio para la causa común. Todo esto podría enmarcarse dentro de las nuevas formas de activismo anticapitalista que se gestan en todo el mundo.

 

http://www.alasbarricadas.org/

Historia no autorizada del Oscar

Cuando a Chaplin, durante la oscura época de la cacería de brujas del macartismo, no le permitieron volver a entrar a Estados Unidos, dijo que no regresaría a aquel país ni aunque Jesucristo fuera el presidente. Veinte años después, la antítesis de Cristo, Richard Nixon, era el presidente, y Chaplin volvió para recibir el único Oscar de su carrera, el Oscar por toda una vida, un oneroso y solapado premio con el que la Academia limpia su conciencia y trata de reparar esos imperdonables olvidos que son la más irrebatible prueba histórica de su dudosa autoridad para calificar el cine.

En la historia oficial de los premios Oscar tampoco figuran las obras y nombres de Orson Welles, Stanley Kubrick o Alfred Hitchcock, por sólo mencionar tres de los más importantes e influyentes talentos del séptimo arte que trabajaron en Hollywood. Y, entre muchos otros, ni a Greta Garbo, Cary Grant, Marlene Dietrich o Richard Burton les otorgaron nunca una estatuilla, en cambio, al ratón Mickey sí.

Y es que esa masa maleable y heterogénea de personas que componen la Academia de Ciencias y Artes cinematográficas (directores, actores, productores, técnicos y gente de cine con cierta trayectoria o, al menos, una nominación) no necesariamente premia año tras año la calidad, sino que en la decisión intervienen otros factores que no siempre tienen que ver con el cine, y cuando tienen que ver con él, la más de las veces no son los más acertados.


Lo “políticamente correcto”, por ejemplo, tiene mucho peso en cada elección. Nunca un filme o personaje que haya subvertido la moral establecida o haya sobrepasado la línea del buen gusto ha sido siquiera nominado. Incluso se llega a anteponer la vida privada del actor a su desempeño en la pantalla. La Academia también paga deudas vergonzantes, como el mencionado premio a toda una vida; pero sobre todo lo hace cuando algún año deja de darle un merecido premio a un actor o director, pero al año siguiente se lo paga por una película menor.

Éste fue el caso de Russell Crowe cuando le negaron el Oscar por su espléndida interpretación en El informante, pero un año después se lo dieron sólo por mostrar sus músculos en Gladiador.

También es posible ganar el Oscar por acumulación de puntos, es decir, en gracia al complaciente criterio de “ya se lo merece”, como le ocurrió a Al Pacino, Denzel Washington, Steven Spielberg o a Martin Scorsese, quienes ganaron el hombrecito dorado por obras menores de su carrera, luego de que les fuera sistemáticamente negado en años (¡y décadas!) anteriores por trabajos realmente importantes.

De la misma forma, bobos, locos, limitados físicos y minorías, son roles infalibles para decidir las preferencias de los votantes. Es absurdo ver cómo este año a un actor (Michael Shannon por Revolutionary Road) por dos secuencias que no duran diez minutos juntas lo nominan, pero es que hace el rol del loco que le enrostra a todos crudas verdades.



En esta misma línea, el juicio arbitrario y equívoco que también aplica sistemáticamente la Academia es confundir los méritos y características de un personaje con la verdadera habilidad del actor para interpretarlo. Un juicio en el que, igualmente, tienen mucho que ver cuestiones políticas, tendencias, campañas de derechos civiles y la moda.

El ejemplo más patente es el inmerecido y consecutivo segundo Oscar para Tom Hanks, el cual recibió por Philadelphia en una época (1993) en la que la lucha contra el SIDA y los prejuicios en su contra, así como la temática homosexual en el cine estaban en boga.

La calidad está en el presupuesto
Todos estos caprichosos criterios de elección y sus arbitrarios resultados finales, tienen su origen en la forma misma en que se ha desarrollado el sistema de selección y premiación.

El mal mayor, y el que determina toda la mecánica del “concurso”, radica en el hecho de que las películas se ven sometidas a una desigual competencia publicitaria en la que, como si de candidatos políticos se tratara, cada una de ellas necesita una costosa inversión para poder llevar a cabo una campaña exitosa.

La primera etapa de esta campaña consiste en publicitar intensamente la película en medios especializados para obtener la nominación. Luego de conseguir este primer objetivo, los promotores de cada película se enfrentan con un problema mayor: hacer que los seis mil miembros de la Academia vean su filme, lo cual implica otra campaña no menos intensa y costosa, que va desde avisos publicitarios en todos los medios, pasando por la organización de proyecciones especiales para los votantes, hasta el envío a cada miembro de la película en video, la banda sonora y demás cachivaches promocionales.

Total, que si una película quiere tener reales posibilidades la noche de la premiación, debe contar con el incondicional apoyo del estudio o los productores (que nunca arriesgan nada) y un presupuesto adicional de alrededor de medio millón de dólares.

Esta situación, como es lógico, excluye casi automáticamente de la disputa por el Oscar a la mayoría de películas independientes, de bajo presupuesto e innovadoras en sus propuestas. Esta situación se ratifica en esta nueva entrega, cundo una película que tiene todos los vicios de cine prefabricado de Hollywood, El curioso caso de Benjamín Button, alcanza la ridícula suma de trece nominaciones.

De Hollywood para el mundo
La entrega de los premios Oscar y todo el aparataje que la rodea es la maquinaria más perfecta y grandilocuente con que el cine de Hollywood se festeja, autoelogia y promociona, lo cual es muy comprensible, pues el cine también es una industria y necesita vender sus productos.

Además, ni el más radical puede negar la importancia e influencia de Hollywood en la historia y evolución del séptimo arte. Lo irritante y abusivo del asunto es que, no sólo sus promotores sino el público en general, tomen este casi siempre grotesco evento como la fiesta del cine mundial y como un legítimo termómetro de los niveles de calidad en el cine.

Cada año la rutina es la misma, casi nunca hay sorpresas, y si las hay, rara vez son buenas. Incluso se podría hacer una definición más o menos exacta de lo que es una película “oscarizable”: Generalmente se trata de productos calculadamente elaborados, del gusto del gran público, conservadores y ligera o falsamente progresistas.

Gracias al Oscar muchas películas de sospechosa calidad han pasado a la historia como grandes hitos del cine. Titanic, por ejemplo, hasta antes de ser igualada por tercera entrega de El señor de los anillos, se erigía como la cinta más nominada y premiada de todos los tiempos, y aunque no se trata del deplorable filme que muchos críticos quieren señalar, tampoco puede ser el modelo a imitar, tal vez sí en términos industriales, pero no cinematográficos, y esto es algo que los premios Oscar confunden insidiosa y arbitrariamente.

Por: Oswaldo Osorio

http://coloverio.securesites.net/blogs/cinefagos/

Colombia: 20 líderes de víctimas de paramilitares asesinados en tres años

Unos 20 líderes de grupos de defensa de víctimas de paramilitares de extrema derecha fueron asesinados en los últimos tres años, y existe el temor de que los índices de violencia se disparen, según un informe publicado este domingo por el diario El Tiempo de Bogotá.

En base a datos de la Comisión Nacional de Reparación (CNR), el reporte precisa que en "casi tres años ya van 20 líderes asesinados y en todos los casos el elemento común son los reclamos de desplazados por lo que les quitaron los violentos a sangre y fuego".

Los crímenes de los líderes de las organizaciones, ocurridos en la región de Urabá (noroeste), una de las más azotadas por el conflicto armado interno en la década de los 90, intentan reducir la presión ejercida por las agrupaciones que reclaman los derechos de las víctimas, según el informe.

Al menos 30.000 miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron en 2007 al cabo de un proceso de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.

Una ley de justicia y paz obliga a los ex combatientes acusados de crímenes de lesa humanidad a confesar todos sus delitos y entregar la totalidad de sus bienes ilícitos para reparar a las víctimas, a cambio de penas de prisión de máximo ocho años.

Según Eduardo Pizarro, presidente de la CNR, ante una pena máxima de ocho años, muchos desmovilizados aspiran a salir de prisión para gozar de bienes adquiridos ilegalmente que están en manos de testaferros.

Por ello, señala, cada persona que aparezca a reclamar lo que muchos ex paramilitares escondieron, se convierte en una amenaza potencial que los podría enviar a prisión por 40 años, "y algunos están haciendo lo que sea para evitar ese riesgo".

En consecuencia, la CNR teme que la violencia contra las víctimas se dispare, como ocurre en el departamento de Antioquia (en donde se localiza Urabá) en el que se habla de 525 amenazados, 463 de los cuales pidieron protección al gobierno en 2008.


Agence France-Presse - 22.2.2009 16:23