Si un Juez de Control de Garantías considera que la investigación penal que viene adelantando la Fiscalía 74 Seccional desde diciembre 29 de 2006 es ajustado a la Ley, un número importante de organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín podría enfrentarse a un complejo proceso judicial por el delito de rebelión.
La decisión del Juez, que será tomada en una audiencia prelimar en fecha aún por definir, ha generado gran expectativa entre activistas y defensores de derechos humanos de la ciudad, quienes sienten que esta acción constituye una estrategia de criminalizar a través del movimiento social, el ejercicio de garantías constitucionales como las libertades de expresión, opinión y participación.
La discusión planteada por los activistas va mucho más allá. A juicio de varios de ellos, consultados por la Agencia de Prensa IPC, el desarrollo de esta investigación ha tenido varios elementos que a la luz del derecho evidencian irregularidades que son atentatorias de las garantías al debido proceso.
Sustentada en informes de inteligencia de las Fuerzas Militares, la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército ordenó el 29 de diciembre de 2006 la apertura de investigación previa con el propósito de constatar la comisión del delito de rebelión y la posible responsabilidad de varios ciudadanos en esta conducta.
Para tal fin, el ente acusador recabó en varios testimonios de desmovilizados de grupos guerrilleros, principalmente de las Farc, ordenó interceptar líneas telefónicas, correos electrónicos y hacer seguimientos a reconocidos líderes del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia. Meses después, esas medidas fueron extendidas contra varios miembros de organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos de Medellín.
Según sostienen los apoderados de algunas de las personas vinculadas a este proceso penal, las interceptaciones y los seguimientos se ordenaron aplicando la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal), cuando a la fecha de apertura de la investigación previa ya estaba vigente la Ley 906 de 2004, conocido como Sistema Penal Oral Acusatorio y los hechos que se presenten dilucidar tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medellín con posterioridad al primero de enero del 2006.
Lo anterior quiere decir que si el fiscal quería ordenar los seguimientos y las investigaciones debía tramitarse ante un Juez de Control de Garantías y no de manera indiscriminada como ocurrió. De acuerdo con las fuentes consultadas, en ningún momento se le había notificado a las organizaciones y personas que se estaba adelantando investigación alguna.
El 16 de diciembre de 2008, esa misma Fiscalía 74 Seccional decretó resolución inhibitoria al no encontrar méritos contra los sindicados. Pero el 26 de febrero de este año, revocó esa decisión y reabrió el proceso, vinculando a un mayor número de personas de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y del movimiento universitario.
La decisión de la Fiscalía se sustentó en declaraciones entregadas al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por Jonh Fredy y Adrián Muñoz, estudiantes de la Universidad de Antioquia, quienes en múltiples ocasiones y en espacios públicos han manifestado su malestar por las actividades adelantadas por el movimiento estudiantil y por las directivas de este centro de educación superior.
“Ellos mismos me agredieron en 2007 en la Universidad, porque dicen que nosotros (los del movimiento) somos guerrilleros”, sostuvo Víctor Tobón, uno de los líderes estudiantiles vinculado a la investigación penal que adelanta la Fiscalía Seccional con sede en la Cuarta Brigada.
Si bien a juicio de los apoderados están dadas las condiciones para que el Juez de Control de Garantías reconozca que estas diligencias debieron tramitarse bajo los parámetros de la Ley 906 del 2004, se sienta un nuevo precedente sobre el clima de persecución que al parecer cobija a las organizaciones defensoras de derechos humanos en Antioquia y, en general, en todo el país.
Ambiente enrarecido A lo largo de 2009 se han registrado una serie de acciones que viene perturbando el trabajo de los movimientos sociales en Medellín. El pasado 17 de febrero, la Corporación Convivamos, cuyo trabajo se enfoca al fortalecimiento del tejido social de los barrios de la zona nororiental de la ciudad, fue objeto de un robo de equipos que contenían información valiosa para la institución.
Asalto que se repitió el día 17 de marzo. “Es muy sospechoso que sólo se hayan robado una CPU en la que teníamos una base de datos de líderes que se han pronunciado en contra de la ola de violencia que se ha incrementado en los últimos meses en la zona”, dijo un funcionario de Convivamos que pidió la reserva del nombre.
Días después, la obra social de las Hermanas de la Madre Laura, ubicada en el barrio Villa Laura, fue objeto de un intento de robo en sus instalaciones. La congregación religiosa es reconocida a nivel regional por la labor de denuncia de reclutamiento forzado de menores de edad que persiste en la comuna 13 de Medellín. Si bien el hecho no pasó a mayores, generó temor entre la comunidad.
El hecho más reciente se presentó el pasado 3 de mayo, cuando desconocidos atacaron con arma blanca a Yenifer Cárdenas Rueda, cuando se dirigía a su casa en el barrio El Salado, también en la comuna 13. La joven se destaca en el sector por su trabajo de prevención del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupo armados ilegales, fenómeno que viene golpeando fuertemente a la población infantil y juvenil de este sector occidental de la ciudad.
A esto se suma la presión que viene ejerciendo la Administración del Municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, sobre la Corporación Nueva Gente, que ha liderado, en los últimos meses, varias movilizaciones rechazando las medidas adoptadas por el Alcalde Municipal contra motociclistas y venteros ambulantes.
Si el Juez decide continuar con el proceso contra las organizaciones sociales, se agregaría un nuevo elemento a la persecución de sus representantes, el judicial, que, a decir de los defensores de derechos humanos, “se ha vuelto más efectivo políticamente que las amenazas y los mismos asesinatos, pues con esto se deslegitima y criminaliza toda una labor social”, tal como lo anotó Alejandro Sierra, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Antioquia.
Al respecto, Juan David Casas, director de la Red Juvenil, organización que promueve la Noviolencia y la Objeción por conciencia al militarismo, conceptuó que lo que viene ocurriendo es una estrategia de contención: “Y siento que es más riesgoso y genera más temor cuando es una política de Estado la que te está persiguiendo”.
Tanto Sierra como Casas coincidieron en afirmar que actualmente, las organizaciones que se declaran opositoras a las políticas del actual Gobierno o que vienen adelantando labores de denuncias contra el Estado y en particular, las Fuerzas Militares, son consideradas como sospechosas y frente a ellas se activan mecanismos de seguimiento, interceptación y en el caso de Sierra, vinculación a procesos judiciales.
“En los últimos meses me he percatado de seguimientos a mi familia”, indicó Sierra, mientras que el director de la Red Juvenil sostuvo que desde finales del año anterior, efectivos de la Policía Nacional realizan seguimientos continuos a miembros de esta organización que realizan trabajo comunitario en la comuna 13.
“En los últimos tres años hemos incrementado las denuncias sobre reclutamientos forzados por parte de grupos armados ilegales, pero también de reclutamientos ilegales que realiza el Ejército a los jóvenes de la comuna 13. Cuando decimos eso, a nadie le gusta, principalmente al Gobierno”, manifestó Casas.
“En mi caso particular, fui vinculado en una investigación que inició en 2006, precluyó en 2008 y se reabrió en 2009. Yo le he dicho a la justicia: ‘aquí estoy a su disposición’ y sin embargo sigue la presión. Puede que este nuevo proceso se caiga otra vez, pero ¿y a futuro qué?”, sentenció Sierra.
Lo que preocupa a ambos activistas es que estas acciones tienden a convertirse en sistemáticas y reiterativas, lo que al largo plazo, desgastaría y limitaría las intervenciones del movimiento de derechos humanos en las diversas comunas de Medellín.
Por:
IPC
