viernes, 22 de mayo de 2009

Movimientos, crisis, movimientos

Luego del monumental trabajo coordinado por Giovanni Arrighi y Beverly Silver, Caos y orden en el sistema mundo moderno, hay argumentos suficientes para concluir acerca de la relación entre las crisis y las luchas sociales y alumbrar algo más la situación actual del sistema capitalista. En efecto, el estudio sostiene, con abundante información comparativa, que la crisis (mal llamada) económica comienza a raíz de una oleada de militancia obrera fabril en los años 60, que fue capaz de pulverizar el modelo fordista-taylorista de sujeción y control de los trabajadores. La actual coyuntura puede leerse, bajo esa óptica, como una consecuencia de larga duración de aquella oleada de movimientos que forzaron al capital a mudar, convirtiéndose en capital financiero especulativo.

Más allá de un debate, siempre necesario, sobre cuestiones teóricas, vale la pena detenerse en ese enfoque, ya que puede contribuir a una mejor comprensión del movimiento real que está sucediendo ante nuestros ojos, como apuntaba Marx. La primera cuestión es que no son las crisis las que motivan la acción social sino al revés: la movilización, la ruptura de los controles, es lo que provoca reacomodos en el modo de dominación, forzando a los de arriba a introducir cambios no sólo en el terreno de la economía sino cambios societales que abarcan todos los terrenos de la vida. Por eso mismo no podemos hablar, en rigor, solamente de crisis económica.

En la década de los años 60, la oleada de militancia obrera fue apenas una expresión, importante, decisiva, pero una más, de una profunda oleada nacida en el subsuelo de las sociedades que pugnaba por la transformación. Mujeres, niños, jóvenes, campesinos sin tierra, obreros no calificados, indios, negros, y un largo etcétera, jaquearon los modos de dominación establecidos en la familia, la escuela, la localidad rural y urbana, la fábrica, la hacienda, la universidad... La crítica al patriarcado se manifestó también en el rechazo al poder del profesor, del capataz, del varón blanco de clase media, en fin, un proceso democratizador antiautoritario que minó los modos de dominación y, por tanto, de acumulación.

En segundo lugar, esa oleada nació y se manifestó por fuera de los cauces establecidos y de las instituciones, entre ellos los partidos comunistas y los sindicatos. André Gorz hablaba, en el terreno fabril, de la existencia de una verdadera guerrilla obrera fuera del control sindical, que provocó ingentes pérdidas a los empresarios. En América Latina no sólo fueron desbordados los partidos de derecha e izquierda sino los propios sindicatos y las centrales burocratizadas. Algunos de los momentos más críticos de la lucha obrera en Argentina, por poner apenas un ejemplo, entre el cordobazo de 1968 y las Coordinadoras Fabriles de 1975, se dieron no sólo por fuera sino contra las estructuras sindicales. Al parecer, una verdadera oleada capaz de subvertir el orden no puede canalizarse a través de lo ya establecido y debe crear otros cauces, como fueron la CUT (central de trabajadores) y el MST (movimiento sin tierra) en Brasil, y decenas de nuevas organizaciones en todo el continente.

En tercer lugar, los ciclos de protesta y de movilización no sólo cambian el escenario político-social sino también a los propios movimientos. Por eso, los movimientos que protagonizan un ciclo suelen ser un obstáculo en el ciclo siguiente, ya que se han institucionalizado, pasaron a formar parte de la cultura del poder, han incrustado sus mejores cuadros en el sistema que un día combatieron. Un verdadero ciclo rebelde crea nuevas organizaciones, pero también nuevos modos de luchar y, sobre todo, nuevos paradigmas para concebir el cambio social, o la revolución, o como cada uno quiera llamarle.

Los procesos profundos y verdaderos nacen de y en las periferias, nunca en el centro del sistema, tanto a escala planetaria como en cada país. Los zapatistas han acuñado el concepto del “más abajo” para referirse a ese sector social donde nace la revuelta. Así como en los años 60 fueron los obreros no calificados, las mujeres y los jóvenes la fuerza motriz de las luchas, en América Latina en el periodo neoliberal fueron los “sin” (sin derechos, sin tierra, sin trabajo, etcétera) los que estuvieron a la cabeza de la deslegitimación del modelo. En el lenguaje de Marx, los que no tienen nada que perder. ¿Quiénes serán los principales protagonistas durante la actual crisis? Aquí aparece un nuevo tema, ya que el sistema ha trasladado los modos de control fuera de los espacios de disciplinamiento tradicionales, como forma de dominar los territorios de la pobreza, allí donde no llegan los estados, ni los partidos, ni los sindicatos.

Estas nuevas formas de control, por lo menos en América Latina, se llaman planes sociales. Son herederos de las políticas focalizadas hacia la pobreza creadas por el Banco Mundial para contrarrestar el desmontaje de los estados benefactores durante el periodo más crudo de las privatizaciones. Ahora se han ampliado y perfeccionado. Alcanzan a alrededor de 100 millones de personas sólo en Latinoamérica (50 de ellas en Brasil), o sea el núcleo de los más pobres, de los que ahora tienen para perder miserables bonos de 30 a 60 dólares mensuales, suficientes para no morir de hambre pero no para salir de la miseria. Los gestores de esos planes son a menudo cientos de miles de ONG que conocen en detalle los territorios de la pobreza, que son a menudo los territorios de la resistencia. Son la punta de lanza de estados capilares que buscan desorganizar e impedir levantamientos y sublevaciones sociales.

Por lo tanto, serán aquellos colectivos y sujetos capaces de neutralizar el control que ejercen los planes sociales, los que vayan a protagonizar las nuevas, necesarias e imprescindibles oleadas de protesta, porque, bien sabemos, la crisis no tiene salidas económicas sino políticas. Una política desde abajo, enraizada en las periferias urbanas y rurales; una política diferente, no institucional, asamblearia, tumultuosa, incierta.

Por: Raúl Zibechi
Tomado de: www.jornada.unam.mx

Hacia la autocracia

Así tituló la prestigiosa revista The Economist un reciente artículo en el que analiza el proceso interno colombiano, dirigido desde la Casa de Nariño y orientado a atornillar en el sillón presidencial a su inquilino. Colombia, dice el articulista, “alguna vez fue un país con una sana, incluso exagerada, desconfianza del Poder Ejecutivo, está al borde de permitir que Álvaro Uribe busque un tercer mandato consecutivo sin precedentes”. Los ojos de los analistas extranjeros ven más que millones de ojos de colombianos encandilados por el oropel.

La autocracia se define como un “sistema de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley”. El que gobierna en dicho sistema es un autócrata y esta palabra tiene sinónimos como arbitrario, imperioso, absorbente, mandón y déspota. Un gobierno que pretenda concentrar todo el poder es un peligro para la democracia y su sana división de los poderes. Así lo advirtió recientemente el ex procurador Edgardo Maya, al decir que “la concentración del poder en manos del Ejecutivo, generando lo que podríamos llamar un ‘hiperejecutivo’, desdibuja cada vez más la separación de poderes”. La aprobación en el Congreso del referendo reeleccionista parece apuntar en la dirección que anota Maya. Y ese intento entraña un riesgo evidente para el sistema colombiano. Fue vergonzoso el episodio de la votación, dijo la senadora Cecilia López, cuando vio al Ministro del Interior de curul en curul buscando votos. ¿Se repitió lo de Yidis y Teodolindo, a quienes les ofrecieron prebendas para aprobar la anterior reelección? Aún no se sabe, pero la duda queda. La expresó el ex presidente César Gaviria, al manifestar que ese acto “coloca en peligro la democracia del país y el equilibrio de poderes”.

El análisis de The Economist, al referirse a la Política de Seguridad Democrática, recuerda que Uribe pretende que ésta continúe y que sólo él “puede asegurar que este proceso continuará”. Esa es otra característica de los autócratas, que se sienten únicos, indispensables y escogidos por la Divina Providencia. Esta política genera preocupaciones, pues, dice el articulista, “el gobierno de Uribe no ha estado exento de abusos y escándalos. Éstos incluyen el asesinato de civiles inocentes presentados luego por el Ejército como guerrilleros muertos en combate”. Se refiere la revista, como es obvio, a los llamados ‘falsos positivos’, que, según recientes denuncias, hasta fusilamientos han provocado. Es el producto de exigir resultados y que éstos se midan en cadáveres con camuflado y botas pantaneras.

El episodio del espionaje y de los seguimientos e interceptaciones telefónicas del DAS a magistrados de las altas cortes y a personajes de la oposición también es preocupación de la revista. Los autócratas no soportan que los contradigan. Aquí, a los críticos se les ha calificado como amigos de la subversión. Y recientemente, a quienes han solicitado un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados por la guerrilla, se les ha calificado como pertenecientes a un supuesto ‘bloque intelectual de las Farc’. La del DAS es otra herida abierta, dice The Economist.

¿Exagera la revista? No lo creo. El camino hacia la autocracia es un peligro real para la democracia colombiana. Los ojos del mundo están sobre nosotros.


Por: Gustavo Tobón Londoño
Tomado de: www.elpais.com.co

jueves, 21 de mayo de 2009

Proclama resistiendo al olvido

Porque nos seguimos resistiendo al olvido, nuevamente nos reunimos, durante los días 15 y 16 de mayo de 2009, para llevar a cabo la Octava Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, contando con la participación de más de 250 víctimas de diferentes lugares del departamento como los municipios de Cocorná, San Francisco, Granada, San Luís y Nariño, pertenecientes al Oriente antioqueño, Angelópolis y Salgar del Suroeste, Maceo y Puerto Berrío del Magdalena Medio, y de la Comuna 13, 7, 8, 1, 3 y 6 de la ciudad de Medellín.

Quines nos hemos reunido alrededor de esta Asamblea , hombres, mujeres, jóvenes y niños, convergemos en que Colombia, a pesar de la ficción creada por la Política de Defensa y Seguridad Democrática, componente central del Estado Comunitario, vive en un desangramiento constante no sólo por las violaciones a los Derechos Humanos de los colombianos, sino además por la falta de garantías y libertades, la criminalización que pesa sobre quienes osan levantar la voz ante este Estado de impunidad, el olvido de nuestros amores, de nuestros dolores, de nuestras luchas, al que nos obliga el terror difundido por doquier. Lo que nos permite reconocer que:

1. El conflicto social y armado continúa desarrollándose en zonas estratégicas donde el Estado ha facilitado, a través de su estrategia paramilitar, el despojo de miles de hectáreas de tierras que abre la puerta a la inversión extranjera, garantizando el acceso de las empresas transnacionales a nuestros recursos naturales, de modo que el sistema capitalista perviva en el tiempo y en el espacio a nombre del desarrollo y el progreso.

2. El Estado sigue manteniendo una estrategia de impunidad que se materializa en la legislación que actualmente viene imponiendo, como la ley 975 de 2005, conocida como de “Justicia y Paz”, y otras que continúan estando en el centro del debate como el Estatuto de Desarrollo Rural y el Estatuto de Víctimas, quedando el Estado convertido en un solidario actor del panorama colombiano, que no tiene obligación alguna con la garantía de los derechos del pueblo. Un término tan grandilocuente como “solidaridad”, que entre nosotros –las víctimas- ha significado unidad, construcción de lazos, queda disminuido amañadamente por el Estado.

3. A través de la implementación de la estrategia cívico militar para el control social del territorio, que incluye la conformación del Centro de Coordinación de Acción Integral se pretende consolidar un Estado autoritario que no sólo controle las zonas estratégicas del territorio nacional “recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía”, sino también las acciones y opciones que siguen teniendo las comunidades que aún creemos en la libertad.

4. A pesar del discurso manejado por el Estado alrededor de la defensa de los Derechos Humanos, las prácticas desarrolladas por este y confirmadas a través de los testimonios de las víctimas, como una forma de continuar haciendo memoria; evidencia que en Colombia el Estado sigue manteniendo una política de violación a los Derechos Humanos con acciones reiteradas, sistemáticas y generalizadas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, tortura, genocidio, asesinatos selectivos a líderes, detenciones arbitrarias e ilegales.

5. El Estado no está implementando mecanismos políticos y jurídicos que permitan esclarecer la verdad, la justicia y la reparación integral, de acuerdo a los preceptos internacionales que esto amerita.

6. El reordenamiento del territorio ha implicado, entre otras, que las zonas donde se ha presentado desplazamiento forzado sean destinadas al desarrollo de megaproyectos, generando un cambio en el uso y la tenencia de la tierra, de modo que grandes hectáreas sean destinadas a cultivos para agrocombustibles y el sector rural sea obligado a convertirse en mano de obra barata que produce cultivos comerciales para compañías transnacionales y a comprar los alimentos a estas mismas y/o a otras. Es decir, producir para vender, y vender para comprar los alimentos básicos.

7. La equidad social ha sido un obstáculo para el Estado, superado fácilmente con limosnas y paliativos que se dan a través de subsidios distribuidos especialmente por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional mediante programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción… todo en acción, sobre todo la acción de redistribuir la pobreza en medio de la riqueza.

Sin embargo seguimos insistiendo que aunque sean muchos los gritos y pocas las respuestas, estos no se pueden silenciar porque la voz de los sin voz habrá de escucharse. Por eso proclamamos nuestra reivindicación por la verdad, la justicia y la reparación integral, en una lucha constante, incansable contra la impunidad, y por ello convocamos a que a través de la movilización continuemos:

1. Haciendo memoria como un compromiso con los ausentes, siempre presentes, quienes construyeron caminos de esperanza, y con quienes tenemos un compromiso ético, político y moral no solo de recordarlos, sino también de devolverles el lugar que les pertenece en la historia.

2. Construyendo alternativas de búsqueda de las personas detenidas desaparecidas forzadamente, poniendo al servicio de su construcción colectiva todo el acumulado personal y organizativo adquirido en los procesos de búsqueda adelantados

3. Fortaleciendo e implementando las ocho estrategias definidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado: jurídica, contra la desaparición forzada, comisión ética, formación y organización, catastro alternativo, verdad y memoria histórica, no repetición, y contra el genocidio político.

4. Asumiendo un compromiso individual y colectivo con la exigibilidad política de los Derechos Humanos.

5. Participando en escenarios de carácter regional, nacional e internacional, mediante acciones directas y la difusión de las denuncias que vienen siendo recopiladas a través de las visitas de relatores, veedores, comisiones éticas, entre otros.

6. Movilizándonos en contra de la injusticia social y a favor de la dignidad.

7. Generando mecanismos de contra información a través de los cuales seamos las víctimas las que continuemos construyendo nuestra propia historia, nuestra verdad, porque detrás de los medios masivos hay otra realidad que busca ser contada.

8. Llamando la atención sobre el respeto a la dignidad y legitimidad de nuestras organizaciones, rechazando la estrategia del Estado Colombiano mediante la cual crea y auspicia organizaciones que deslegitiman nuestros procesos, alineando a las comunidades en un pensamiento único y autoritario para fortalecer la Seguridad Democrática.

9. Ampliando la galería de la memoria, haciendo del arte y la cultura una vía a través de la cual se delinee la historia.

10. Defendiendo el Derecho a la Tierra, permaneciendo en el territorio como un acto de resistencia al destierro y avanzando en propuestas de retorno bajo los principios de dignidad y garantías para las víctimas de crímenes de Estado.

11. Apostando a la constitución de una mesa regional de tierras que aborde ampliamente la problemática de tierras.

12. “Resistiéndonos a creer que la noche sea día como nos dicen a cada rato, que la mentira sea verdad, que la impunidad sea justicia, que la burla a la dignidad humana sea reparación”.


Luchando hasta el último suspiro, nos resistimos al olvido.



MOVIMIENTO REGIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Mayo 15 y 16 de 2009

--
Comunicaciones
Corporación Jurídica Libertad
E-mail: comunicacionescjl@gmail.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
Página web: www.cjlibertad.org

Tomado de: www.redcolombia.org

El derretimiento de la Antártida afectará la gravedad de la Tierra

El derretimiento de una de las capas de hielo más grandes del planeta podría alterar el campo gravitacional e incluso la rotación de la Tierra en el espacio, de tal manera que en algunas costas los niveles del mar se elevarían más rápido que el promedio global, afirma un científico.

El aumento en los niveles del mar sería mayor en las costas occidental y oriental de Norteamérica, donde elevaciones mayores de 25 por ciento del promedio global causarían inundaciones catastróficas en ciudades como Nueva York, Washington y San Francisco.

Un estudio sobre la forma en que la Gran Placa de Hielo Antártica Occidental podría responder al calentamiento global ha descubierto que su desintegración cambiaría el foco del campo gravitacional del planeta, de modo que los niveles del mar se elevarían en forma desproporcionada alrededor de Norteamérica, más que en otras partes del mundo.

Si la capa de hielo que cubre el oeste de la Antártida desaparece, la pérdida de tanta masa del hemisferio sur haría que el tirón de la gravedad se volviera más fuerte en el hemisferio norte, lo cual afectaría el giro de la Tierra y haría que los niveles del mar se elevaran más que en el sur, donde la masa de hielo se encuentra actualmente.

Sin embargo, este estudio indica que el nivel del mar promedio del planeta no se elevaría tanto a consecuencia del derretimiento de la capa de hielo en el océano como se ha vaticinado en otras investigaciones.

Esto se debe a que partes de la capa de hielo son más estables de lo que se creía, por lo cual probablemente no se deslizarían hacia el océano, ni siquiera si el planeta se vuelve más caliente a causa de las emisiones artificiales de gases de invernadero.

Con frecuencia a la Placa de Hielo Antártica Occidental –una de las más grandes del mundo– se le llama el “gigante dormido” porque se cree que es inherentemente inestable, dado que gran parte de su base se apoya en roca situada bajo el nivel del mar. Se cree que esto la hace vulnerable al derretimiento y a la desintegración relativamente rápida, señala el profesor Jonathan Bamber, de la Universidad de Bristol. “La capa occidental es la única que tiene una configuración así de inestable, a diferencia de otras capas de hielo importantes, como la Placa Antártica Oriental y Groenlandia”, añade.

Probabilidades e implicaciones

“Hay un cuerpo considerable de investigación sobre la probabilidad de que una capa de hielo se desintegre y las implicaciones que ello tendría para el planeta. Pero todos estos estudios han dado por sentada una elevación de cinco o seis metros en el nivel del mar. Nuestros cálculos muestran que esas estimaciones son demasiado grandes, incluso en una escala de mil años”, sostiene el investigador.

Según su estudio, publicado en la revista Science, un cálculo más aproximado a la realidad es que la capa de hielo al derretirse elevaría en 3.3 metros el nivel promedio del mar.

Sin embargo, no se sabe con qué velocidad desaparecería la capa de hielo si las temperaturas globales continúan aumentando, aunque muchos científicos creen que tardaría por lo menos entre 500 y mil años.

“Lo interesante –observa Bamber– es que la pauta de elevación del nivel del mar es independiente de la velocidad con que la capa de hielo se derrita. Aun si se elevara sólo un metro en muchos años, los niveles del mar en las costas de Norteamérica subirían 25 por ciento más que el promedio global.” Con menos masa en el Polo Sur, y más agua en los océanos, el campo gravitacional de la Tierra se debilitaría en el hemisferio sur y se fortalecería en el hemisferio norte, por lo que el agua se acumularía en los océanos del norte, advierte el científico. Esta redistribución de masas también afectaría la rotación de la Tierra, la cual a su vez causaría que se acumulara el agua en Norteamérica y en el océano Índico.

Por: Steve Connor - The Independent - Traduccióón: Jorge Anaya
Tomado de: www.desdeabajo.info

miércoles, 20 de mayo de 2009

Que no nos gobiernen más ladrones

Sí como el gobierno de Mariano Ospina Pérez, a finales de los 40, se destacó por gobernar exclusivamente para los empresarios industriales, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pasará a la historia por gobernar para los ladrones de toda laya: mafiosos ladrones, con los cuáles tiene desde su juventud estrechos vínculos, y empresarios ladrones, entre los que su figura destaca como modelo. Los cada vez más repetidos escándalos de corrupción y robo a ojos vistos, en los que se ve involucrado el gobierno nacional, se convierten en una espiral de negocios en lo que podríamos llamar el cartel del robo y el despojo a que la familia presidencial y sus más cercanos colaboradores y amigos están sometiendo al país.

De hecho, en los últimos meses se ha hecho evidente el protagonismo en la política de la casa de “Nari” que ha adquirido el banquero Luís Carlos Sarmiento Angulo, propietario del grupo Aval, uno de los mayores ladrones de este país, dueño de mas del 30% del sector financiero colombiano, aunque amparado por el manto encubridor de la legalidad. Este es uno de esos ladrones que comenzó como constructor de vivienda pero después descubrió que el verdadero negocio para enriquecerse no era construir viviendas para los pobres sino vendérselas a crédito, para después, ante la imposibilidad de pago debido al tipo de interés de usura que imponía a los compradores, quitárselas y rematarlas. Resulta entonces que el señor Sarmiento Angulo ha soltado en los últimos meses dos perlitas, recogidas inmediatamente por el presidente Uribe. La primera en medio de un paro de los trabajadores de la rama judicial, cuando afirmó que había que refundar el sistema de justicia en Colombia y que para ello era necesario decretar la conmoción interior de tal manera que se pudieran tomar todas las medidas necesarias para romper el paro de los trabajadores. Dicho y hecho, el presidente decretó la conmoción y rompió el paro de los trabajadores.

Así mismo, el 30 de abril de este año, el mismo Sarmiento Angulo propuso que para poder mantener la política de seguridad democrática de este gobierno a partir de 2011, era necesario decretar un impuesto permanente que todos deberíamos pagar, ya que "así como todos contribuimos con el impuesto de educación y salud, el servicio de seguridad y defensa es igualmente importante". Pocos días después el presidente de la república, durante el lanzamiento de la estampilla por los 100 años de la escuela superior de guerra y a través de una videoconferencia desde Cartagena, anunció una contribución permanente para financiar la seguridad democrática.

Pero este es un amangualamiento entre ladrones en las sombras de la legalidad para mantener sus prácticas a la orden del día con la institucionalidad. No debemos olvidar, sin embargo, los casos de reconocidos ladrones que han cometido sus fechorías violando incluso esta legalidad tan blanda y que, sin embargo, han sido incluidos y mantenidos en el gabinete del gobierno como si esta práctica no representara ningún impedimento político y, sobre todo, ético para hacer parte del gobierno. Basta echar una rápida mirada a algunos de los personajes que han ejercido altos cargos durante este ya largo gobierno. Por ejemplo, aún se mantiene el litigio en contra del primer Ministro del Interior del gobierno de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, que por medio de tramoyas dignas del más hábil de los estafadores se apropió de acciones de una empresa estatal por valor de nueve mil millones de pesos y por las que ha recibido, mal contados, 87.000 millones de pesos en dividendos. A pesar de que un fallo de la más alta instancia judicial del país le ordenó a este personaje devolver las acciones y lo sancionó con 15 años de impedimento para ejercer cargos públicos, el personaje de marras se niega a hacerlo. Lo más grave de todo es que cuando Londoño Hoyos fue nombrado ministro por parte de Uribe, ya ese proceso judicial estaba andando.

Años más tarde, en el 2007, el mismo presidente Uribe nombró como canciller de la república a Fernando Araujo Perdomo, cuyo mérito pareció ser habérsele fugado a las Farc después de 6 años de secuestro. El asunto es que el señor Araujo Perdomo antes de ser secuestrado, se había apropiado de un inmenso lote ubicado en Cartagena. El lote en cuestión es Chambacú, un terreno del que fueron despojadas las familias pobres que lo habitaban y al que se le cambió la destinación de un lote urbanizable a un lote de uso turístico, con el incremento correspondiente en su precio. En esta tramoya también participó el primer embajador de Uribe ante los Estados Unidos, Luís Alberto Moreno, hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Todas estas prácticas son toleradas y auspiciadas por el gobierno de Uribe en la medida en que el mismo presidente las comparte. De hecho estas parecen hacer parte de las mañas de la familia del presidente, que se transmiten, al parecer, de generación en generación. Por ejemplo, cuando su padre Alberto Uribe para, supuestamente, pagarle una deuda laboral a un grupo de campesinos que laboraban en la hacienda de su propiedad San Cipriano, escindió un pedazo de esta para entregársela a los trabajadores en pago por las acreencias laborales. Este pedazo de tierra entregado a los trabajadores fue bautizado como finca La Mundial, y al poco tiempo de habérselas entregado, un grupo de paramilitares que actuaba en la zona del nordeste antioqueño comenzó un pavoroso exterminio de los trabajadores, y los que no fueron asesinados tuvieron que huir. Cuando algunos periodistas le preguntaron al presidente Uribe por la propiedad de La Mundial, aseguró que había sido vendida antes de que los paras se asentaran allí y asesinaran a los trabajadores. Sin embargo, posteriormente se logró demostrar que esa supuesta venta no estaba registrada y por lo tanto no se había realizado.

Y la gota que debería hacer rebozar la copa es el reciente escándalo que involucra a los hijos del presidente. Hace pocos días el periodista Daniel Coronell dio a conocer un informe según el cual los dos hijos del presidente se valieron de su nombre y de una serie de actuaciones que se mueven en la frontera de lo ilegal, para hacerse a un lote que había sido propiedad de Bavaria – Sab Miller y que compraron a muy bajo precio; supuestamente apenas compraron determinada extensión (más bien pequeña, según los susodichos), según las escrituras, pero cuando fueron a verificar en terreno, el lote medía más de lo que decían los documentos. Mejor dicho, Bavaria le hizo un regalito a los delfines presidenciales. Ahí no para la historia: por obra y gracia de sus “dotes empresariales” los uribitos lograron que ese “pedacito de tierra” que compraron fuera destinado para zona franca y en “esa vuelta” lograron incrementar el valor del lote de tres mil millones de pesos a 33 mil millones, según lo documenta Coronell. Menuda ganancia para los hijos del presidente que dicen que sus apellidos y su parentesco con el primer mandatario y jefe inmediato de los funcionarios que aprobaron la gestión, nada tuvieron que ver. Y los medios de comunicación se han puesto en la tarea de mostrar a los angelitos como ejemplos de precocidad y sagacidad empresarial, con visión de negocio, seguramente heredada de su padre.

Aquí vuelve a quedar retratada la cultura mafiosa y traqueta que poco a poco se va extendiendo en todo el país y en todos los estratos sociales, promovida por el propio presidente, a quien sus secuaces han definido como hombre de inteligencia superior. En las recientes acciones de los hijos del presidente y la defensa emprendida por los funcionarios, los medios y el propio Uribe quedan borrados definitivamente las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo ético y lo antiético. Así el slogan del presidente de trabajar, trabajar y trabajar podría expresarse como robar, robar y robar y parecer que significaran lo mismo. Estas son las prácticas y la cultura que tenemos que erradicar de nuestro país, y esos son apenas unos pocos de los personajes que dirigen el país manteniéndonos en la miseria, y a los que la justicia popular deberían mantener en la cárcel como sujetos peligrosos. Ese debe ser nuestro objetivo, más allá de la salida de Uribe de la casa De Nariño. Para que nunca más nos vuelvan a gobernar los ladrones y criminales.


Por: Periferia Prensa

Positivo desenlace de la huelga de los bananeros


Satisfacción en SINTRAINAGRO


Poco antes de las cinco de la mañana de hoy, miércoles 20, cuando faltaban pocas horas para que iniciara la Campaña Mundial de la UITA en solidaridad con los huelguistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) firmó un acuerdo con los representantes de las empresas, lo que permitió levantar la huelga que había comenzado hace 13 días.



Como primer punto esencial, se firmó un nuevo Convenio Colectivo con validez por dos años:

- El incremento salarial para el primer año de vigencia del Convenio es del 8 por ciento.

- Cada trabajador recibirá un pago retroactivo y un préstamo reembolsable.

- Mejoras sustanciales en el Fondo de Vivienda que fue llevado a más de 1,5 millones de dólares anuales, y en el de Educación que llegó a más de 260 mil dólares al año.



El acuerdo tiene alcance nacional y cubre a 18 mil trabajadores y trabajadoras en 29 fincas.


Por: www.rel-uita.org

Campaña nacional e internacional contra los asesinatos obreros en Venezuela

"Las organizaciones y personalidades abajo firmantes nos pronunciamos contra el asesinato de obreros en lucha, tanto por el sicariato patronal como por los cuerpos de seguridad oficiales"

Marcha de trabajadores contra asesinatos obreros en Aragua


El pasado 5 de mayo ha sido baleado y asesinado por sicarios, al salir de su casa, el dirigente sindical Argenis Vásquez, secretario de organización del sindicato de la trasnacional automotriz Toyota, en Cumaná. Este asesinato ocurre justo después que los trabajadores protagonizaran un paro de casi un mes exigiendo reivindicaciones; el trabajador asesinado lideró la protesta y era centro de los enfrentamientos con la empresa y la gerencia. Todo apunta a que se trate de la “respuesta” no oficial de la empresa, que no pudo imponer su voluntad en la huelga.

Sin embargo, no han pasado más de tres meses desde que, también en el oriente del país, en Anzoátegui, murieran los obreros Pedro Suárez y Javier Marcano a manos de una violenta represión de la policía regional, a cargo del gobernador Tarek Willian Saab, en un intento de desalojo de la también transnacional automotriz japonesa, Mitsubishi Motors. Los trabajadores ocupaban la fábrica en rechazo al despido de 135 contratados y por reivindicaciones.

Estos hechos se suman al atroz asesinato de tres de los principales dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) del estado Aragua, también a manos de sicarios que los balearon el pasado 27 de noviembre en la zona de La Encrucijada. Se trataba de Richard Gallardo, presidente de la seccional regional de la UNT, Luís Hernández, dirigente sindical de la empresa Pepsi-Cola y Carlos Requena, delegado de prevención de la empresa Produvisa, miembros a su vez de la organización política Unidad Socialista de Izquierda (USI). Estos dirigentes obreros estaban a la cabeza de la central sindical en uno de los estados con mayor conflictividad obrera en el país, y motorizaban la solidaridad de otros trabajadores con la ocupación de la trasnacional colombiana Lácteos Alpina ante la amenaza de cierre de la misma lo que había implicado duros choques con la represión de la policía regional (dirigida entonces por el gobernador Didalco Bolívar).

Suman así seis obreros asesinados en procesos de lucha reivindicativa, en apenas cinco meses. En la mayoría de los casos, se trata de una política que apunta hacia la “colombianización” de los conflictos obrero-patronales: el pago de sicarios para asesinar a dirigentes sindicales y amedrentar por esa vía a la clase obrera y desarticular sus organizaciones. No debe olvidarse que también los trabajadores de Sanitarios Maracay (en Aragua) han sido objeto de diversas amenazas y persecuciones selectivas a lo largo de su lucha; que los trabajadores de la Mitsubishi Motors denunciaron que un automóvil en el que se trasladaban fue objeto de disparos cuando estos se encontraban en labores de difusión al público de la filmación del asesinato de los dos obreros; y que en junio del año pasado (2008), Gloria Palomino, dirigente obrera de la empresa de ventiladores FM (Fundimeca) en Carabobo, fue herida de bala en una pierna por motorizados mientras se encontraba al frente de una toma de los portones de la empresa exigiendo se cumpliera una orden de reenganche laboral.

Estos asesinatos (y atentados) a trabajadores en lucha estarían marcando un método de “resolución” de los conflictos obrero-patronales, en medio de una gran impunidad reinante, puesto que a la fecha no hay ningún responsable intelectual o político de los atentados y las muertes que haya sido ubicado, enjuiciado ni condenado. Al contrario, hay un proceso de criminalización de la protesta obrera, donde alcanza casi el centenar la cifra de trabajadores o trabajadoras con juicios en curso o bajo regímenes varios de presentación ante los tribunales, por haber participado de alguna protesta.

Por todo esto las organizaciones y personalidades abajo firmantes nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta situación, levantamos fuerte nuestra voz de repudio contra el asesinato de obreros en lucha, tanto por los sicarios auspiciados por los patrones como por los cuerpos de seguridad oficiales, protestamos contra la impunidad reinante hacia estos crímenes y exigimos juicio y castigo ejemplares para los responsables políticos e intelectuales.

Estamos convencidos y convencidas de que si se dejan pasar estos hechos podemos enrumbarnos peligrosamente hacia un escenario nacional de proscripción y silenciamiento por la fuerza de la legítima protesta y lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones.

¡Basta de muertes obreras por luchar por sus derechos!

¡Exigimos a todos los poderes del Estado el juicio y castigo a los responsables de estos crímenes, para lo que proponemos la conformación de una Comisión Investigadora Independiente, integrada por organizaciones de los trabajadores, organismos de derechos humanos y familiares, que tenga acceso a toda la información disponible y libertad de acción para investigar seriamente hasta el final!

¡Exigimos el desprocesamiento de los trabajadores enjuiciados o con regímenes de presentación ante los tribunales por luchar por sus derechos!

¡Queremos a la Guardia Nacional, el Ejército y las policías fuera de los conflictos obreros!

¡Llamamos a la más amplia coordinación y movilización concreta de las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos, intelectuales y artistas verdaderamente democráticos, para sumar esfuerzos en una gran campaña nacional e internacional contra estos crímenes!

Mayo 2009


PRIMERAS FIRMAS

"Asamblea de Trabajadores de la Toyota 15/5, Cumaná, aclama unánimemente la Campaña"; Carlos Farías, Secretario de Prensa y Propaganda de SINTRATOYOTA; Sindicato de Trabajadores de la NESTLÉ, Sindicato Bolivariano de Trabajadores de CATIVEN; Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de MANPA; Sindicato de Trabajadores de SANITARIOS MARACAY; Sindicato de Trabajadores de GENERAL MILLS de Venezuela (DIABLITOS UNDER WOOD); Sindicato de Trabajadores Bolivarianos Inversiones SEABOOCS C.A.; Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SUTRA-UCV); Sindicato de Obreros del Comedor Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (SOCE-UCV); Emilio Bastida y Marcos Guzmán, Coordinadores Regionales de la UNION NACIONAL DE TRABAJADORES (UNT) de Aragua; Sindicato Profesional de Insecticidas y Conexos del estado Aragua; José Bodas, Secretario General del FEDEPETROL (Anzoátegui); Frank Hernández del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la PEPSICOLA; Cristhian Pereira, secretario del Sindicato de Trabajadores de CHRYLER AUTOMOTRIZ; Tendencia Clasista Revolucionaria (TCR), SIDOR (Guayana); Centro de Estudiantes de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Consejeros Estudiantiles de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela; Frente Unido de Trabajadores y Trabajadoras por la Vida, la Salud y el Empleo (FUTRAVISEM); Sismely Carrillo, Secretario General de SINUTRASUFAR; Juan Caracas, Secretario de Seguridad y Vigilancia de SIMBOTRAS BAN HEEL; Lisandro Noguera, Secretario de Finanzas de SINTRACORSUCA; Héctor Ríos, Secretario de SINTRASELVA; José Salcedo, Secretario de Organización de SINUTRAFORJARAGUA; Álvaro Ramos, Secretario de SINUTRAFORJARAGUA; Roberto Bolívar, Secretario de Reclamos de SINTRAEMPROQUI; Héctor Bolívar y Andrés Arriaza, Secretarios del Sindicato Único de LA GIRALDA; Pedro Garrido. Secretario de Organización del Sindicato de ALUCENCA; David Hernández, Secretario General del Sindicato VASOS VENEZOLANOS; José Contreras, Secretario de Actas del Sindicato de CORRESPONDENCIA DE VASOS SELVA; Luis Jiménez. Secretario de Organización de SUNTRACALIPEIMA; Luis Hernández. Secretario de Organización de TONOROGAS; Rafael Figueroa, Secretario de SINTRASOBIA; Simón Mollejón, Secretario General de SINCROSOMA, Rafael Correa, Vocal de SINCROSOMA;... (siguen las firmas).


¡Basta de muertes y represión a los trabajadores que luchan!




Por: www.lts.org.ve

martes, 19 de mayo de 2009

Contra el capital, emergen los Black Blocs

Hakim Bey podría contemplar la influencia de su obra a través de las pantallas de la televisión. El teórico de las TAF, Zonas Autónomas Temporarias (Temporary Autonomous Zone en inglés), creó un concepto que los movimientos radicales convirtieron luego en Black Blocs. Estos grupos pequeños son los que, en el curso de las manifestaciones contra el G-7, la OTAN, el FMI o el G-20, ocupan la cabecera de las movilizaciones y se transforman en comandos de choque: sucursales de bancos destruidas, autos de lujo quemados, vitrinas saqueadas y enfrentamientos directos con las fuerzas del orden caracterizan un modo de acción que remonta a los años ’80 y que, a partir de los ’90, se nutrió de los principios enunciados por Hakim Bey. Este autor anarquista se llama en realidad Peter Lamborn Wilson. Escritor poético y político, Wilson se define como un “anarquista ontologista”.

Su obra, a la que han contribuido otros utilizando el pseudónimo de Hakim Bey, teoriza una forma crítica de ocupar el espacio controlado por los aparatos estatales. Según su editor, las TAF “aparecen y desaparecen para escapar mejor a los agrimensores del Estado. La TAF ocupa provisoriamente un territorio, en el espacio, en el tiempo o el imaginario, y se disuelve en cuanto está repertoriada. (...) La TAF es una ‘insurrección’ fuera del Tiempo y de la Historia, una táctica de la desaparición”. La traducción más extrema y moderna de ese enunciado se plasmó en las operaciones de los hoy llamados Black Blocs: ocupar un territorio en el curso de una manifestación, destruir las propiedades capitalistas –bancos, comercios de lujo, sedes de multinacionales– y expresar con ello el rechazo al sistema. Como se vio en la cumbre del G-20 celebrada en Londres y la de la OTAN organizada días después en la ciudad francesa de Estrasburgo, los Black Blocs son la lanza inflexible de los enfrentamientos con las fuerzas del orden y de la ocupación momentánea de ciertas zonas céntricas de las ciudades: “Se trata de hacer de las cumbres oficiales un desastre, una nube de desorden y de celebración anti-sistema”, explica Julien, un Black Bloc belga que participó en la toma de la zona del Banco de Inglaterra en la cumbre del G-20 y luego viajó a Francia para integrar los BB que devastaron una zona consistente de las afueras de Estrasburgo durante la cumbre de la Alianza Atlántica.

OTAN, Banco Mundial, G-7, G-20, Fondo Monetario Internacional, cumbres europeas u Organización Mundial del Comercio son “nuestros blancos preferidos porque estas instituciones encarnan la peor versión de la gestión de los asuntos humanos”, agrega Julien. Los BB no son, sin embargo, un movimiento organizado ni una estructura funcional con un mando y una doctrina. Se trata de un núcleo “horizontal”, de un “grupo de afinidades” que se forma según las ocasiones y que consta de componentes cambiantes: anarquistas, anticapitalistas, libertarios, extrema izquierda, autónomos, ecologistas radicales, etc., etc. Jonathan, un aguerrido irlandés de 26 años, advierte que no se “es Black Blocs como quien es comunista o de extrema izquierda. Black Blocs no es una pertenencia sino una participación a los BB. No somos una nebulosa anarquista como nos definen por ahí, sino que encarnamos una manera de asumir acciones”. Los BB cambiaron el esquema de organización tradicional del movimiento obrero, de los estudiantes y de los movimientos sociales. Los llamados “grupos de afinidades” reemplazaron la idea de comunidad o de pertenencia a una clase para crear una nebulosa sin gestión centralizada, independiente de las demás pero que comparte un objetivo momentáneo y violento.

Su marca operacional dio la vuelta al mundo. Los BB entran en escena con carritos llenos de proyectiles, limones y suero fisiológico contra los gases lacrimógenos. Algunos llevan cascos de moto, otros pañuelos en la cara, anteojos de natación o de ski, máscaras de gas o máscaras con el rostro de algún dirigente mundial, palos, cadenas y hasta cócteles Molotov. Jean Michel, un BB francés que fue detenido en Estrasburgo luego del incendio de un hotel y de un centro comercial, admite que con esas acciones “nadie pretende cambiar la sociedad, ni transformar el sistema. Queremos, al menos, demostrar que no nos resignamos, que frente a la violencia oficial de los Estados, al control de todo, a la desigualdad destructora y a la impunidad de los sistemas hay aún una cofradía insurgente que dice que no a su manera”.

El nombre de Black Blocs proviene de los primeros núcleos duros, cuando en el centro de las manifestaciones se agrupaban en bloque vestidos de negro. Las interpretaciones de sus orígenes, aunque divergentes, tienen una raíz: son los movimientos de ultraizquierda de Europa que empezaron las acciones violentas en los ’80. Entre ellos, se destaca el movimiento autónomo alemán, que se caracterizó por la violencia de los enfrentamientos con la policía y la ocupación de calles y espacios públicos. El colectivo alemán “Schwarzer Block” se formó en los ’80 en defensa de los lugares autogestionados y de la ocupación libre de casas desocupadas. Esta rama naciente proponía una crítica y una práctica radical en total ruptura con los modos de protesta tradicionales. Los BB entraron luego en escena en dos ocasiones, ambas muy violentas: una, en 1991, en los Estados Unidos, durante las manifestaciones contra la primera Guerra del Golfo; la segunda y la más espectacular: el 30 de noviembre y el 1° de diciembre de 1999, en la ciudad norteamericana de Seattle, en el curso de la cumbre de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. La cumbre tuvo que ser levantada debido a la devastación provocada por la acción de los BB.

Fue allí donde los Black Blocs llevaron a la práctica la idea de Zonas Autónomas Temporarias teorizada por Hakim Bey. Los BB destruyeron vitrinas de bancos, cafés, restaurantes, bares burgueses y sucursales de Nike. A lo largo de muchas horas, más de un barrio de la ciudad fue ocupado y transformado en Zona Autónoma Temporaria. El Revolutionary Anti-Capitalist Block B RACB y Anti-Statist Black Bloc B ASBB son los BB más conocidos por la envergadura de sus acciones. En cambio, el Clown Bloc introdujo una forma distinta de ocupación mediante la parodia de la esfera política oficial y las instituciones gracias a un espectáculo de teatro callejero. Aunque el principio de los Schwarzer Block se extendió al mundo entero, sigue siendo Alemania donde persisten con más arraigo. Los BB agrupan más de 70 organizaciones cuya actividad se extiende desde Berlín, pasando por Hamburgo, el Ruhr hasta Dresde. Según informes alemanes, ese ejército anarquista pesa unas 6000 personas. La consigna de estos núcleos que encontraron en Internet una pasarela de comunicación ideal no varía: “ir al frente para descomponer la imagen que las instituciones del sistema quieren dar del mundo”, explica Franz, un BB alemán. Antonio, de origen español, resume todo el pensamiento de los BB cuando afirma: “La única forma de poner al capitalismo en peligro es atacando su corazón, es decir, la propiedad. Los Black Blocs se presentan como un antídoto contra el conformismo. Sin embargo, su modo de acción ha acentuado también la amplitud de los despliegues policiales y la brutalidad de las fuerzas del orden. Antonio descarta esa crítica y alega: “Es el precio que la sociedad debe pagar para que el capitalismo exterminador sufra en su propia carne las degradaciones que él también comete”.


Por: Eduardo Febbro
Desde París
Tomado de: www.desdeabajo.info

“Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”


Los jefes

Freddy Rendón 'El Alemán' habla de la cumbre de las AUC donde se planeó la estrategia política en todo el país, sobre sus negocios en Urabá, y sobre su hermano Daniel, alias 'Don Mario'. Entrevista de Semana, y versión completa para Verdad Abierta.

Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán' es uno de los pocos jefes paramilitares que aún no han sido extraditados a los Estados Unidos. Él fue jefe del bloque Élmer Cárdenas que se desmovilizó el 16 de agosto de 2006 y que se sometió al proceso de Justicia y Paz.

La semana pasada, Semana lo entrevistó en la cárcel de Itagüí, en donde habló sobre el proceso de sometimiento a la justicia y a la perspectiva que existe sobre una posible extradición a los Estados Unidos a pesar de que no hay aún un proceso formal en su contra. Para el paramilitar la amenaza que tiene el proceso de colaboración de los paramilitares desmovilizados con la justicia es la extradición. "Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios", dijo en uno de los apartes de la entrevista, en la que mencionó nombres de presuntos colaboradores de las Auc.

También habló sobre su hermano Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario' capturado recientemente en el Urabá Antioqueño, sobre los vínculos de las Auc con varios partidos, movimientos y políticos en el Urabá, Antioquia y Córdoba, además de la forma cómo montaron un grupo de paramilitares en Boyacá en asocio con el esmeraldero Víctor Carranza.

'El Alemán' habla sobre los nexos de Pedro Juan Moreno con la casa Castaño, del ex subdirector del DAS José Miguel Narváez como instrutor de las Auc y de los operativos conjuntos con la fuerza pública en varias zonas del Urabá y el Chocó, como la operación Genesis en la que los 'paras' actuaron conjuntamente con miembros de la XVII brigada.

Como líder del bloque Elmer Cárdenas, 'El Alemán' se apoderó de la industria maderera del Atrato para financiarse. A cambio de las herramientas de trabajo, los campesinos empeñaban la madera cortada para pagar la deuda y el resto, según las investigaciones de organizaciones de derechos humanos, se les pagaba con vales que sólo servían en ciertos lugares.

En esta entrevista 'El Alemán' también revela cómo las Auc se financiaron con el negocio del narcotráfico.

Según la Diócesis de Quibdó, en las cuencas del Atrato y sus afluentes hubo por lo menos 600 civiles muertos y unos 20 mil desplazados por 'El Alemán'.

¿Cómo funcionó el proyecto político de Urabá Unido?

Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán: El proyecto político Urabá Grande, Unido y en Paz nace como en el 2000. Arrancamos una campaña de asambleas y alcaldías, en el norte de Urabá; y a la Asamblea departamental, con Jorge Pinzón, un ganadero de Necoclí. Pero en esa primera nos fue mal. Luego fuimos a un gran evento que convocó la Casa Castaño y que se llamó el PPC -Poder Popular Campesino- que lo lideraba Mario Prada (ex candidato a la Gobernación de Córdoba). Y finalmente una gran reunión de todas las autodefensas a finales de 2001 para ver cómo íbamos a jugar políticamente.

¿La reunión de la finca La 21 de la que habló H.H.?

Exacto. No recuerdo la fecha pero fue un encuentro grandísimo de tres días en la finca La 21, un sitio donde Carlos Castaño hacía reuniones. Allá fueron todos los bloques de las autodefensas con sus candidatos.

¿Quiénes asistieron?

Mientras yo estuve ahí fue el ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux, como representante político del bloque Calima. A mí me preguntó la Corte si él había ido allí como representante político o bajo amenaza. Yo dije que asistió como miembro de las autodefensas porque eso fue cierto.

¿Qué otros políticos asistieron?

Yo no conocía a esas personas y sólo estuve unas cuatro horas el primer día donde se trató un tema más interno de las autodefensas.

¿Y quiénes eran sus candidatos?

Los líderes de Urabá comenzaron a trabajar -con todo mi apoyo y mi respaldo- para tener una lista en el Congreso. El problema ahí fue que líderes de todas las zonas –incluso las que comandaban Hasbún y Veloza- querían estar en la lista. Hicimos una gran reunión en Necoclí para escoger los candidatos.

¿Quiénes eran esos candidatos?

Manuel Darío Ávila, que era gerente de una empresa prestadora de servicios. Por los sindicatos de la zona bananera, el señor Jesús Enrique Doval. En el caso de Turbo, el municipio con más votación en la zona de Urabá, allí se escogieron los líderes de turno, a un profesor Estanislao Ortiz. Y en la zona de Apartadó y demás escogieron a un señor de Cambio Radical, César Andrade.

Pero teníamos el problema del aval. Nos reunimos con Luis Guillermo Vélez, porque habían muchachos que militaban con nosotros que habían tenido relaciones con él en el pasado. A él me lo presentaron, hablé con él una o dos veces. Pero después él le dijo a los líderes nuestros que ya tenía el candidato de él en Antioquia y que no podía avalarnos porque era un riesgo. Entonces los líderes –encabezados por el doctor Pinzón- fueron a la zona de Córdoba, allí hablaron con Mario Uribe, y él les dijo lo mismo. Posterior se reunieron con otros senadores para ver quién les daba el aval y terminó dándoselo Rubén Darío Quintero.

¿Él sabía que le estaba dando el aval al proyecto de las Autodefensas?

Sí, él lo sabía. Porque además él sabía que iba a captar una cantidad de votos importantes y seguramente un apoyo económico.

¿Los avalaba a la Cámara y ustedes lo apoyaban a Senado?

Exacto. Cuando él da el aval es que yo lo conozco personalmente y hablamos de que se le apoyaría la campaña en la región.

¿Las Auc financiaron con dinero?

Prefiero hablar de eso más adelante.

¿Sólo hubo acuerdo con Rubén Darío Quintero y nadie más?

No, hubo muchos acuerdos, pero yo sólo me reuní con Rubén Darío.

¿Pero usted menciona en su versión ante la Corte a otros políticos como Óscar Suárez, Reginaldo Montes y Ulises Torres?

En eso hay una mala interpretación porque a mi me preguntaron con qué políticos me reuní en algún momento. A Óscar Suárez me lo encontré un día por la carretera de Necoclí. Nos tomamos un café como 20 minutos y le dije: nosotros no tenemos problema que usted haga su campaña.

¿O sea que todos eran personas que pedían autorización para hacer campaña?

Sí. En el caso de Óscar Suárez no hice compromisos con él. En el caso de los de Córdoba eso fue inmanejable porque esa era una jauría de representantes y senadores. Carlos Castaño y Mancuso me llamaron en un determinado momento y me dijeron: es que usted les está prohibiendo a los senadores, amigos de la organización que hagan proselitismo político en la zona. Yo les dije que no, que me había reunido con el gobernador de Córdoba, con Juancho López, Reginaldo Montes, Mario Salomón Nader, con todos, para esa campaña. Y se creó allí por parte nuestra y de los líderes de la zona, un movimiento que se llamó Marisco.

¿En esa estrategia cuáles eran las prioridades?

Primero poder llegar a las alcaldías, a los concejos municipales, que digamos es la base de la democracia, es la que pone los votos. Segundo, llegar a las Asambleas, Cámara y Senado, y poder, de una u otra forma, apoyar candidatos a la presidencia. Mire, cuando la campaña de Serpa y Pastrana, para 1998-2002, Carlos Castaño por ejemplo impartió una orden: hay que votar por Serpa. Y muy al final dijo: no, hay que votar por Pastrana. ¡Qué problema que hubo!

¿Y por qué cambió?

Digamos que él era un hombre muy informado, le llegaba información de sectores de mucho poder en este país, y él cambió la decisión no sabemos por qué.

¿Y en las elecciones de 2002?

En el 2002 fue igual que en el 98. Se dijo que Pastrana iba a hacer la paz y que había que apoyarlo. Pero después del fracaso del Caguán Uribe salió con un discurso igual al de las autodefensas pero desde la institucionalidad. La sociedad colombiana se vuelca a Uribe, y Uribe recogía el pensamiento de las autodefensas. ¿Y quién en Colombia no era un miembro más de las autodefensas, encubierto o descubierto?. Lo que pasa es que hoy, cuando el proceso político se ha judicializado, la gente dice que no nos conoce y que somos lo peor.

¿Hubo alguna orden de Carlos Castaño de apoyar a Uribe?

Digamos que sí. Porque Uribe le dijo a las autodefensas y a todos los grupos armados que estaban las puertas abiertas para entrar en un proceso de negociación.

La conexión de las esmeraldas

¿Por qué terminó usted con un Bloque en Boyacá?

En el año 2001 Carlos Castaño me dijo: “Alemancito tengo por parte de algunos sectores mineros de la zona de Boyacá, como Carranza, los Triana, y otros, la necesidad de llevar un grupo de autodefensa a combatir la guerrilla”. Carlos me presentó a un señor Yesid Nieto, luego me reuní por ahí con 70 líderes de esa zona a nombre de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que llegaron a esa región y que empezó a actuar en la zona con límites en Santander y en dirección hacia la cordillera. Los líderes dijeron que era maravilloso. Al tema de financiación le pusimos un porcentaje a la esmeralda que era del 5%. Y todos estuvieron de acuerdo.

¿Y Víctor Carranza autorizó ese acuerdo?

Claro, él dio la bendición y además aprobó el porcentaje, pero con la condición de que no nos metiéramos en Muzo, en donde él tenía un grupo de seguridad para sus minas. Y en esa primer reunión no manifestó tener preocupación porque otros líderes estuvieran cerca del grupo y fuera a ser usado en contra de él.

¿Después sí?

Posteriormente fue la segunda reunión en una gallera, donde yo tuve mucho temor porque llegaron entre 70 y 80 hombres armados hasta los dientes. Don Víctor manifestó algunas molestias porque Nieto le iba a joder el poder de la zona esmeraldera. Decía que el grupo nuestro estaba bajo órdenes de Yesid y que él se quería apoderar de las empresas. La paranoia que ellos manejan siempre. Yo le respondí que no porque el grupo de autodefensas nuestro, si bien estaba financiando por Yesid Nieto y los empresarios de la esmeralda, era un grupo netamente antisubversivo y no iba a terciar en problemas internos de ellos.

¿Cuáles eran los problemas?

Por un lado la zona se estaba llenando de laboratorios. Después empezaron las rivalidades entre Horacio Triana y Carranza. Eran problemas internos y yo me di cuenta de que el grupo iba a ser utilizado para terciar en líos de esmeraldas y minas. Por eso llamé al comandante ‘Águila’ que estaba cerca de la zona de La Palma y le entregué el grupo, me fui de allá y le dije que no quería terminar metido en una guerra de intereses personales.

¿Y que pasó con los carranceros que lideraba ‘Guillermo Torres’?

Ese grupo no es de ‘Guillermo Torres’, es de Víctor Carranza pero su comandante allá y quien daba la cara era ‘Guillermo Torres’.

¿Por qué entonces Víctor Carranza fue exonerado por la justicia?

Esa es una pregunta que nos hemos hecho nosotros, los que hemos dado la cara. Además porque él no es el único que era dueño de un grupo de autodefensas. Hay muchos personajes en este país que tuvieron grupos de autodefensa y que se fueron diluyendo en las AUC.

¿Qué papel cumplía Carranza en las autodefensas?

Víctor Carranza era un mito dentro de las autodefensas porque había tenido grupos desde la época de Gonzalo Rodríguez Gacha, tanto en Puerto Gaitán, Meta, como en la zona esmeraldera y había sido el triunfador de esas guerras internas de esmeralderos donde murieron algunos. Después lo de Mapiripán fue acordado con la gente de él.

¿Estuvieron en la reunión de Necoclí donde se planeó la masacre?

Eso no lo sé. Pero cuando se fueron las armas y el personal los anfitriones para entrar a Mapiripán fueron Los Carranceros, al frente de Don Guillermo Torres, y los Buitrago, de Don Héctor Buitrago y Martín Llanos, para entrar a la zona de Mapiripán. Pero después ellos sintieron que la llegada de las autodefensas de Córdoba y Urabá afectaba sus intereses económicos. Don Víctor Carranza fue muchas veces a donde los Castaño y les dijo que le estaban afectando sus intereses.

¿En Boyacá también apoyaron a congresistas?

Tan sólo sé que Yesid Nieto un día me dijo que le estaba haciendo campaña a Ciro Ramírez. Él me dijo: a ese hombre lo voy a llevar al Congreso.

Amistades peligrosas

Mancuso dijo hace poco que las reuniones con Pedro Juan Moreno eran frecuentes y fluidas. ¿Usted se reunió con él cuando era secretario de gobierno de Antioquia?

Lo vi en varias reuniones y lo conocí en el corregimiento de Cristales de San Roque en una reunión con Carlos Castaño, Rodrigo Doble Cero, y yo. Pedro Juan era secretario y se habló de cómo iba el tema de las autodefensas, de la política anti-narcóticos del gobierno, del avance de la guerrilla, del gobierno de Samper. Fue una reunión de 3 horas.

¿Hubo otras reuniones?

Después lo vi nuevamente en Cristales en una gran pelea cuando el general comandante de la Policía antinarcóticos, Gallego, le había interpuesto una demanda o le había cancelado unas licencias a unas fábricas de él y Carlos era el mediador. No estuvo el general Gallego pero sí un miembro de la Policía que hizo parte del bloque de búsqueda de Pablo Escobar. No recuerdo el nombre pero era un coronel. Carlos le dijo que se calmara, que no tenían que pelear con la Policía que nos había apoyado en muchas guerras. Después no lo volví a ver.

Se ha hablado de la presencia del ex subdirector del Das José Miguel Narváez en varias reuniones. ¿Usted lo vio alguna vez?

Yo estuve en dos oportunidades con Narváez. Una durante una capacitación en la escuela de formación La 35, en el Tomate San Pedro, en Urabá, debió ser en 1997 ó 1999. Las charlas políticas las dieron Carlos Castaño, Rodrigo Doble Cero y Narváez. A muchos de nosotros nos sorprendió, porque considerábamos que estábamos en guerra contra la guerrilla. Pero él disparaba contra todo el mundo y decía que era lícito combatir comunistas, sin importar donde se encontraran. Nos sorprendió por la fogosidad con la que habló. Luego nos dijo que tomáramos nota y sacó una lista de 50 ONG que según él eran propiedad de la guerrilla. Después le dije a Carlos: ese señor es un gran terrorista. Me parecía que era un tipo con diarrea mental. Después lo volví a ver en la oficina de Carlos, sobre el río Sinú.

Me sorprendió cuando lo vi de segundo de Noguera en el Das.

¿Cómo fue su relación con Rito Alejo del Río?

Las autodefensas tenían las mejores relaciones con la Policía y las autoridades, y en los 10 años que estuve en las autodefensas no recuerdo una persecución de ellos contra nosotros. Éramos un soldado más y trabajamos conjuntamente en varias operaciones. Eran los que nos suministraban el material de guerra.

¿Cómo funcionaba esa relación en el caso de la brigada XVII?

Los comandantes de los batallones que operaban en las zonas donde tuve jurisdicción tuvieron inmejorables relaciones conmigo. Nos reuníamos, coordinábamos los trabajos conjuntos en las zonas, todo eso era a nivel de coroneles y seguramente también hacia arriba. Pero yo no me reuní con Rito Alejo, salvo una vez en la que casi nos encontramos. Cuando yo salía de la finca de Carlos vi llegar un helicóptero con varios uniformados. Mancuso dice que ahí llegó Rito Alejo, pero no puedo asegurar nada.

¿Cómo fue la coordinación en la operación Génesis que es la que tiene en prisión a Rito Alejo del Río?

En este caso eso fue acordado y planificado por los coroneles de inteligencia, Plazas Acevedo, otros que no recuerdo, y nosotros. Yo me trasladé a Quibdo y coordiné con el coronel de la Policía. Eso fue a finales de 1996 y yo fui con Raúl Hasbún en avioneta. El Coronel nos mandó a un capitán para que asumiera el mando en Riosucio que era el centro de abastecimiento. Cuando llega el Capitán nos tomamos la cabecera municipal de Riosucio el 20 de diciembre de 1996. Para ese momento ya se estaba planeando la operación Génesis.

¿La operación buscaba desplazar a la gente para sembrar palma?

La operación Génesis es al margen izquierdo del río Atrato, distante 40 kilómetros de la zona de palma, que era de la Casa Castaño. Fueron ellos los que compraron tierras, desplazaron gente, y les dieron entrada a los empresarios de Urabá. El negocio de la palma ya estaba cuando yo entre allá y lo cuidaba y lo siguen las autoridades.

¿Qué papel jugaba Rodrigo Zapata, en esta zona?

Rodrigo Zapata fue la cabeza en la compra de tierras en esa zona para Vicente Castaño y algunos empresarios antioqueños, entre ellos, Ignacio Guzmán, hoy cónsul en EEUU. Otros políticos de aquí de Medellín compraron algunas 30 ó 40 mil hectáreas.

¿Y los negocios de su hermano Germán Monsalve?

Mi hermano no tiene ninguna clase de negocios. Él estuvo al frente de su finca y como profesional de la zootecnia pero fracasado porque no estudió, y en el momento en que arrancamos la erradicación manual con el gobierno, él estuvo con Asocomún y los líderes de esa zona de San Pedro de Urabá, que trabajaron de la mano del gobierno en la implementación de proyectos productivos.

Las finanzas

¿Cuál era su negocio con la madera?

El negocio de la madera era porque necesitábamos finanzas. Nosotros les entregábamos la motosierra, la comida y el combustible al precio que valía. Y como la tropa avanzaba combatiendo a la guerrilla, ellos trabajaban en zonas que estaban más controladas y nos vendían la madera a nosotros al precio que se vendía en Riosucio. Si nos vendían a 700 mil, nosotros se lo vendíamos al comprador de Cartagena a 850 mil, por decir algo. En Cartagena nos compraban directamente a nosotros. Manejábamos 200 motosierras, 400 ó 500 mulas, que podían producir 100 millares de madera trimestral.

¿Era contrabando de madera?

No. Los campesinos tenían los permisos y lo único que nosotros hacíamos era una venta. Pagábamos a la proveedora, pagábamos combustible y pagábamos un porcentaje a la máquina y a los semovientes. Le vendíamos al que nos trajera la plata en efectivo, nosotros no fiábamos. Nos llegaba la plata en costal. Había meses de 200 millones, 100 millones. Era la participación que teníamos nosotros. Y el campesino tenía la posibilidad de volver al monte e ir pagando la herramienta que no tenía.

Cuando la desmovilización les dije a los campesinos: no me deben un peso de motosierras, motores o semovientes. Esas máquinas se las dejamos a ellos y las siguen trabajando.

¿Y la coca?

Nosotros encontramos unos cultivos de coca en la zona entre Necoclí y Turbo. Yo no permití que los campesinos trabajaran eso, pero me insistían porque era una zona muy pobre. Les dije que sí pero con un compromiso: “no me ponen ni billares, ni cantinas y por cada hectárea que siembren de coca me siembra una de comida”. A los 6 meses hubo un muerto. Dijeron que unos cachacos que llegaron a la zona les dieron plata. Les dije como a 6 ó 7 que se fueran donde la doctora Sandra Suárez, en Bogotá. Fueron los líderes y le dijeron que había cultivos de coca y que querían erradicar. Creamos una asociación de líderes campesinos de esa zona para que esos recursos que les iban a dar de ayuda humanitaria fueran para ustedes.

Arrancó el proceso, yo entré a mediar porque los cachacos no querían erradicar y me tocó que las tropas nuestras arrancaran la coca. El comandante William Soto erradicó más de 100 hectáreas. Empezaron a trabajar en Asocomún y le dije a mi hermano que trabajara con ellos.

Después fue el embajador de EEUU y se empezaron a desarrollar programas de caucho, madera, cacao, con el apoyo de Acción Social. Luis Carlos Restrepo me envió un correo en el que decía que el 28 de diciembre de 2005 debía reunirme con Victoria Eugenia Restrepo, encargada de la erradicación. Me reuní con ella en la finca El Cobre, al lado de Necoclí. Así empezaron 1536 desmovilizados en la cooperativa Construpaz, y empezó el desarrollo de los proyectos. El gobierno después de arrancar nos acompañó un tiempo pero se ha ido saliendo de una forma irresponsable y ha dejado a la suerte a los desmovilizados.

La relación con 'Don Mario'

¿El líder de Construpaz era Fredy Manco “El Indio”?

Es que todo lo que se ha dicho del “Indio” no es tan cierto, y lo voy a explicar. Yo me entregué un día después de la desmovilización y Fredy Manco –junto a otros comandantes- quedó al frente de los muchachos para que arrancaran los proyectos productivos. Y enseguida el gobierno nos llevó a Felipe Sierra para que le prestara la seguridad a los comandantes que se habían desmovilizado. Ahí es cuando Fredy Manco se hizo amigo de Felipe Sierra y vea hoy en el embrollo en el que está.

¿Cuál era la relación de Fredy Manco con su hermano “Don Mario”?

A Manco (El Indio) lo iban a matar porque no quería hacer parte de esa estructura. Yo empecé a traer para la cárcel a los comandantes porque los estaban matando. Hay dos muertos en Ungía que no sabemos si los mataron o fue una brujería y se tomaron un veneno. Pero la policía ya estaba buscando a los jefes nuestros como comandantes de bandas emergentes.

¿Por qué cree que termina en los organigramas?

Porque a la Policía le parecía más fácil decir que los mandos del Élmer Cárdenas eran bandas emergentes.

¿Y El Indio estaba o no vinculado con las bandas?

En el Élmer Cárdenas El Indio no era un comandante militar sino un persona que llevaba los abastecimientos, el material de guerra, coordinaba con sectores de la fuerza pública, y llevaba temas financieros.

Pero hay grabaciones que lo involucran...

No conozco que haya grabaciones con Don Mario. Por lo que he leído tenía una amistad con Felipe Sierra y éste con el jefe de Fiscalías de Antioquia, que sí encierra una vaina muy rara. Entonces se cruzaron esas llamadas. Yo le he dicho al Indio que se venga para acá y estamos en ese proceso.

¿Por qué Daniel Rendón 'Don Mario' se desmoviliza con usted si hacia parte de los paramilitares del Llano ?

Porque en los Llanos Orientales había una pugna, mataron a Miguel Arroyave e iban a matar a Daniel. Mi hermano se salvó. Llegó a la finca de un tío en Necoclí -que se llama Benjamín Herrera- y éste le dijo que se desmovilizara. Yo le comenté al Comisionado sobre mi hermano y me dijo que maravilloso que se desmovilizara con nosotros en Ungía y yo mismo lo postulé. Cuando me hicieron el operativo de captura, dos días después de la desmovilización el tipo se fue. Y si el gobierno no me hubiera capturado lo tendrían aquí.

¿Pero él ya estaba con Vicente Castaño?

No sé que estrategias traerían por debajo. Él era cercano a Vicente, se desmovilizó en el Élmer Cárdenas y después crea su banda emergente con gente de los Llanos Orientales y reinsertados del Epl.

Pero ¿Cómo es capaz de montar semejante estructura en un territorio donde todavía usted tiene tanta influencia?

Es que yo le entregué al gobierno las armas. Y al que teníamos al frente de los procesos productivos, que era el señor Fredy Manco, lo capturaron. ¿Por qué entonces llega a ser tan importante en la zona? Porque llegaron 5000 desmovilizados, de los cuales 3500 son de los llanos que habían sido subalternos de él.

¿Él no quiso que se perdiera la ruta de narcotráfico de Urabá que ustedes manejaban?

Digamos que el narcotráfico es el banco de actividades legales e ilegales en Colombia, y si Vicente les dio a ellos la orden de que se rearmaran porque el gobierno les había incumplido, pues ¿de dónde más iban a coger finanzas? Comenzaron a extorsionar ganaderos y a cobrarle impuestos al negocio (narcotráfico) que históricamente ha estado allí.

¿Y cuál era la relación de Don Mario con las autoridades en Urabá?

En Urabá hay mucha corrupción al interior de las Fuerzas Militares, y siguen estando convencidas que necesitan estructuras ilegales que les hagan el trabajo sucio. Los recursos de las autodefensas salían de las extorsiones a los empresarios de la zona y de las actividades ilícitas donde la Fuerza Pública se lleva su tajada. Porque nosotros cobrábamos por el paso de la droga de ida, y de la entrada del contrabando de venida. Pero esas actividades las desarrollaban muchos de los sectores productivos de la zona.

Insiste en ser gestor de paz

¿Usted sí cree que Don Mario tenía tanta gente como se dice?

Cuando nombraron como gestores de paz a Karina y a Olivo Saldaña -que por cierto siguen encanados- yo hice la propuesta de convertirme en gestor de paz porque creo que conozco a otros miembros de las autodefensas, hoy en bandas emergentes, a los que les puedo llegar para que se desmovilicen. Luego cuando capturaron a mi hermano le mandé a preguntar si era cierto que tenía esa estructura tan grande, si esa gente tenía un mando responsable, y si esa gente lo escuchaba para buscarle una salida a esto. Me respondió que las tres eran positivas. Sí tiene mucha gente pero no el número que dice el General Oscar Naranjo. Tampoco son de él la loca que premiaron en Leticia, ni lo que pasó en Bogotá, ni la maleta en el avión. No es posible que una persona tenga el don de la ubicuidad. Incluso yo creo que su influencia en la guerra de Medellín está sobredimensionada.

¿Y qué pasa con ese grupo en este momento?

Yo le dije que le ayudaba a desarmar esa gente porque él no iba a tener la posibilidad. Si de pronto el gobierno me da la oportunidad de acercarme a ellos. Saber qué gente es la que tiene, qué zonas, qué armas, y que se sometan a la justicia. Porque yo creo que debemos crear en esas zonas comunidades gestoras de paz, con un proceso muy parecido a la desmovilización de Nicaragua donde hubo varios rearmes y varios desarmes.

¿Y eso se lo han aceptado?

No, la secretaria de Frank Pearl me dijo que no. Pero ahora tengo esa información sobre el grupo de “Don Mario” y quiero decirle a la sociedad colombiana y al gobierno que aquí hay una puerta para resolver el tema del rearme en zonas donde yo hice presencia. Para que puedan someterse a la ley.

Pero eso convierte el proceso en una puerta giratoria y en un premio a grupos criminales...

Pero mire que es el resultado de una política de paz equivocada del gobierno. ¿Qué proceso de paz en el mundo no ha arrojado porcentajes alto de rearme? En Colombia esto se ha dado porque han permitido que siga el narcotráfico. ¿O sea que nosotros le vamos a privar a la sociedad colombiana de desarmar una gente que se originó en este proceso, los vamos a acabar a bala?

¿Y quién está al mando de la estructura de Don Mario hoy?

No me dijo, pero sí que hay un mando unificado y una gente, pero no podría decir el número porque no me lo ha dicho.

¿Su propuesta es que ellos se sometan a Justicia y Paz o simplemente a la justicia?

No lo tengo claro porque incluso no sabemos si el gobierno ya rompió el proceso de negociación política que tenía con las autodefensas. El asunto es cómo buscamos que 100 personas que quieran dejar la ilegalidad lo hacen, y que se les apliquen unas penas. El gobierno no les puede ofrecer más sino bala o cárcel y ellos tomaran la decisión al respecto.

¿Por qué cree que esto sí funcionaría si el proceso de Ralito le parece a usted que ha tenido tantos vacíos?

Es que esto se va decantando. Esto tendría que ir acompañado de un trabajo de gestión de paz en las zonas, de trabajar con la institucionalidad en las comunidades y para evitar que la política hacia los muchachos reinsertados sea una falacia. No es cierto, como dice Frank Pearl, que los 34 mil desmovilizados están yendo al colegio, trabajando, porque en este país la pobreza y la falta de empleo es muchísima.

¿Su oferta incluye la no extradición de su hermano?

No. Me parece que si tiene algún requerimiento en los Estados Unidos, tiene que responder. Yo lo que digo es desarmemos unos hombres que hoy están en la ilegalidad, que hay la posibilidad de desarmarlos y lograr que llegue la institucionalidad a esas regiones.

¿Hay un pedido de extradición en su contra?

Hace un mes envié mi abogado a Estados Unidos para que investigue sobre los requerimientos y hasta hace ese momento no había ninguno. Pero curiosamente cuando en Justicia y Paz se llega a la etapa en que tenemos que hablar de sectores militares, empresariales y políticos, inmediatamente empiezan los medios a decir que hay un interés de EEUU de pedir a Freddy Rendón por actividades del narcotráfico.

Mi interés es llevar el proceso de Justicia y Paz hasta el final y si se cristaliza ese pedido de extradición que sean las autoridades colombianas las que analicen el caso. Sí es cierto que recibimos recursos del narcotráfico porque cobramos unos impuestos para financiar un proyecto político para combatir una guerrilla marxista-lenninista que venía a la toma del poder por las armas.

Pero entonces la verdad quedará mocha y sólo la conocerán los gringos y eso nos convierte en una colonia de ellos. Esa información que tienen los Estados Unidos nos hace más débiles y muestra que no hay una política de Estado clara.


Por: Semana
Tomado de: www.verdadabierta.com

¿Ni el derecho a la basura?

"La Ley 1259 de 2008, conocida como Ley de comparendo ambiental, beneficia a grandes empresas en el tratamiento de las basuras, en detrimento de los recicladores ‘de a pie’ que vienen desarrollando esta actividad desde hace años. Entre estas empresas se encuentra la de Tomás Uribe Moreno, hijo del presidente de la República. Tomás es representante legal de la empresa Ecoeficiencia de la cual es igualmente socio su hermano Jerónimo. Los basuriegos lo llaman ‘el reciclador mayor’ y lo acusan de dejar a miles de familias sin sustento, al monopolizar el manejo de residuos sólidos en Colombia".


Al igual que la pobre viejecita quien no tenía nada que comer, dos pobres muchachos -hijos del presidente de la República- decidieron acudir a grandes empresas para que les regalaran o les vendieran la basura. “¿Y quién va a negarles basura a los hijos de un presidente?”, se pregunta José Velásquez, de la Asociación de recicladores Arambiental, una de las tres organizaciones a cargo del parque piloto de reciclaje del Distrito Capital. Según Velásquez “a ellos inclusive les mandan los residuos a sus bodegas, en cambio a nosotros nos tocaba recoger los materiales reciclables y hasta barrer. Hoy en día no nos venden nada, todo se lo entregan a ellos”.

La basura no era de nadie antes de diciembre pasado, o mejor, era de todos. Ahora le pertenece al Estado. Con la nueva Ley de comparendo ambiental, abrir las bolsas para extraer material recuperable en la calle es penalizado, así como transportar dicho material en vehículos no aptos -entiéndase zorras, carros de balineras u otro medio artesanal de transporte. Según escribió el columnista Daniel Samper Ospina, “… no es la primera vez que a través de una ley tratan de empobrecer aún más a los pobres y convertirlos en criminales. Hace no mucho, Gloria Stella Ramírez, congresista del MIRA, trató de sacar una para castigar a los vendedores y limosneros de los semáforos; ahora el representante Juan Carlos Valencia se inventó esta, la 1259, en la sospechosa fecha del 19 de diciembre, con todo el beneplácito del presidente Uribe, que no la objetó… ninguno como este gobierno ha combatido a la guerrilla, pero tampoco ninguno ha estimulado tanto las condiciones de desigualdad social para que exista…”.

Regalo de navidad

“La Ley 1259 fue el regalo de navidad del señor presidente a los recicladores, en diciembre de 2008. Ya las personas no van a poder trabajar en la calle, con sus carretas, con sus zorrillos y con sus carritos”, explica José Velásquez, quien lleva 45 años recuperando lo recuperable, entre las más de 6.000 toneladas que los bogotanos arrojan a la basura cada día.

“La reglamentación tal y como lo prevé la ley deja sin trabajo a la totalidad de recicladores del país, no estamos hablando sólo de Bogotá”, explica Nohra Padilla, directora ejecutiva de la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, y presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores. Es por esto que la ARB interpuso una acción de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 1259 que son los que van directamente a afectar el trabajo de los recicladores. “Nuestra idea es que se tiene que reglamentar la ley, pero sin afectar el trabajo de las más de 50 mil familias que viven del reciclaje en Colombia”.

En el Concejo de Bogotá salieron ya tres textos de acuerdo de concejales, reglamentando el comparendo ambiental, en la ciudad. “Ese acuerdo lo que hace es decir que en Bogotá también es penalizable la actividad de los recicladores, porque traen de la ley nacional las actividades que dan origen al comparendo ambiental. Ese proyecto de acuerdo ya pasó el primer debate. El trabajo que estamos haciendo con la Asociación de Recicladores de Bogotá es hablar con todos los concejales, para que el proyecto de acuerdo se devuelva a comisión y se eliminen los artículos lesivos para la actividad del reciclaje. Tenemos como base un proyecto de acuerdo en Cali, en donde se respetó la actividad de los recicladores. En el mes de mayo se citará el segundo debate de ese proyecto de acuerdo”, según Raquel Velasco, asesora del concejal del PDA Carlos Vicente de Roux.

Nohra Padilla complementa, “le entregamos a cada uno de los 45 concejales una copia de la demanda, explicándoles en una carta las afectaciones sociales, ambientales y económicas que tendría la aplicación de la ley tal y como quedó establecida. Todos los concejales del PDA y algunos de Cambio Radical, del Partido Liberal y del Partido de la U nos han apoyado”.

Una acción de tutela interpuesta por la Asociación de Recicladores de Bogotá fue un antecedente importante para la causa de los recicladores. “En 2003 la Corte Constitucional obligó al Distrito a “establecer acciones afirmativas a favor de los recicladores en las licitaciones y contrataciones del Servicio Público de Aseo”. Se dispuso entonces que el Distrito Capital, a través de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos -o quien haga sus veces-, no podía dejar por fuera de los procesos de aseo a los recicladores”, explica Nohra Padilla. Aunque la aplicación de dicha tutela ha sido de difícil cumplimiento, ya que los recicladores no están en condiciones económicas de competir en igualad de condiciones con las grandes empresas en las licitaciones, el Distrito incluyó a recicladores en el primer parque piloto de reciclaje de Bogotá, ubicado en el barrio la Alquería. Éste genera empleo a 38 operarios y a ocho personas más en la parte administrativa. Pero en Bogotá hay más de 12 mil recicladores y muchos de ellos trabajan por su cuenta en las calles. Son ellos los principales afectados si se reglamenta la nueva ley sin modificaciones.

Un capricho y un gran negocio

“Los hijos del presidente están dedicados a una parte muy importante de manejo de residuos; esta legislación los favorece, pero no son los únicos favorecidos. Detrás de esa ley están las empresas de servicios públicos y las grandes empresas recolectoras de residuos. Detrás de la ley están las siete grandes empresas de servicio de aseo que monopolizan este millonario mercado en el país”, asegura Padilla.

El problema de esas empresas de aseo, asegura un experto consultado por POLO, es que son muy poderosas y financian campañas políticas. En Bogotá han sido las mismas empresas las que desde la administración de Mockus vienen quedándose, cada siete años, con la licitación. Para otros analistas, no es casual, sin embargo, que una vez más sean los hijos del Primer Mandatario quienes se vean favorecidos por la legislación y las decisiones que adopta el actual gobierno. Entre los recicladores existe un gran malestar por leyes que en lugar de ayudar al 10 por ciento de la población más pobre, a la cual hacen parte los recicladores, los perjudica. Marysol Espinosa, de la ARB, manifiesta: “no es justo que los recicladores tengan que pagar por un capricho de los hijos del presidente. Ellos ya tienen plata y son gente pudiente, entonces es más que todo un capricho que está dejando a los recicladores en la calle, sin nada. Tanta lucha, tanto esfuerzo que hemos hecho para conseguir fuentes, para que ellos vengan y nos quiten todo. “Con esa ley quedarán más de ochocientos mil recicladores en la calle, que pueden volverse indigentes o rateros, ya que día por día los hermanos Uribe están monopolizando la industria de los residuos”, agrega.

Yo no puedo hacer nada, mi señora

Mary Luz se quedó esperando. Esperó en vano la respuesta a una carta que le escribió al presidente de la República. En ella le decía: “usted creerá que somos unos ignorantes que no entendemos nada de lo que está pasando, pero le pedimos que nos dé una oportunidad, que nos tenga más en cuenta para que de una u otra manera podamos tener una vida digna”. Y añade que actualmente hay mucha gente aguantando hambre, porque ya no se encuentra el reciclaje igual. “A nosotros nos tocó vivir un proceso de sacar a los recicladores de las calles y venir a trabajar al parque del Distrito. Pero la gente que no se ha organizado está aguantando hambre. Nosotros podemos mostrar que somos mejores recicladores que los hijos del presidente, o que cualquier otra entidad”.

Para esta madre cabeza de familia, “los señores Uribe nos han venido excluyendo de esta actividad. Somos familias enteras que de una u otra manera estamos siendo desplazadas del reciclaje, cuando vieron que esto era lucrativo. En el caso de mi familia, muchas empresas nos generaban sustento. Lógicamente nada nos era donado, todo era vendido. Pero nos fueron quitando esas entidades, nuestras fuentes, y nos fueron dejando sin la oportunidad de trabajar”. Mary Luz recuerda que los gerentes de las empresas le dijeron “no tenemos nada en su contra. Usted nos ha venido prestando su servicio muy bien, pero el hijo del presidente nos trae una carta donde nos dice que le generemos esa fuente, que es para entregárselas a entidades sin ánimo de lucro”. Y agrega: “un día yo me acerqué a Tomás Uribe. Él tenía la planta de reciclaje en la localidad de Kennedy y siempre estaba muy custodiado por ser el hijo del presidente, pues temen que después de haber dejado a tanta gente con hambre, algo le suceda. Me acerqué a él con el certificado de la Cámara de Comercio en la mano que mostraba que nosotros éramos una entidad sin ánimo de lucro, que generaba empleo a 27 madres cabeza de familia y le pregunté, ¿dígame qué voy a hacer con ellas ahora que no tenemos empleo? Su respuesta fue esta: “mi señora, yo no puedo hacer nada, yo estoy en medio de un sándwich”.

Una vida reciclando

El reciclaje es un trabajo que se comparte en familia y que se transmite de generación en generación. Para Mary Luz, “el reciclaje era una oportunidad de vida diferente. En la calle podíamos trabajar sin horario, no teníamos patrones, reciclábamos una o dos horas y llevábamos lo que nos servía para nuestras casas. Anteriormente el reciclaje no era tan competido como lo es hoy. En mi época reciclé en costales. Mi abuela, mi mamá y mis hermanos menores organizaban el material. Yo empecé a reciclar a la edad de ocho años. Mis hijos también trabajan en el reciclaje. Con lo producido pude darles la primaria y el bachillerato. Pero cada día es más difícil”.

Con el parque la Alquería, afirma el presidente de Arambiental, “queremos demostrar que sabemos manejar el reciclaje. Aparte de eso ayudamos a industrializar al país. De las 6.000 toneladas diarias de residuos que produce Bogotá, nosotros aprovechamos 400, eso es lo que recogemos los recicladores. Si esas 400 toneladas de material recuperado las tuvieran que importar, tendrían un costo alto para la industria. También ayudamos a manejar el medio ambiente y le damos más vida al botadero Doña Juana, al disminuir el volumen de residuos que le llegan. Hay materiales que duran para destruirse hasta 300 años, en cambio nosotros volvemos y los trabajamos, hasta que se va desperdigando la materia prima”. Y concluye, diciendo: “queremos mostrar que este es un trabajo, una empresa, que no es como nos miran a nosotros por la calle, por encima del hombro. Queremos que nuestro trabajo sea reconocido como el de cualquier profesional, como un médico, un abogado, un conductor, un ingeniero, un constructor. Que la actividad del reciclaje sea reconocida como un trabajo digno”.


Por: Paola Vernot - POLO