domingo, 20 de septiembre de 2009

Coca-lombia: de la pesadilla a la verdad

La justificación que ha encontrado el régimen para la imposición de sus políticas, de la agenda legislativa, de la “seguridad democrática”, de la guerra, de las bases militares, del Plan Colombia, de los ataques a los países del continente es el narcotráfico; la “mata que mata”. Si no fuera por el narcotráfico, toda la estrategia de “libre comercio” se caería sin argumentos. Pero no solo no se cae, sino que se descara.

Empecemos por insistir porque no sobra: la persecución, la muerte, la agresión, la impunidad y el olvido al que nos somete el Proyecto de Muerte a todos los pueblos y procesos en Colombia y en el mundo, a través del terror y la muerte, las políticas económicas y la propaganda, cada día empobrece y victimiza más a quiénes buscamos construir alternativas de vida diferentes y a quiénes nos oponemos al Modelo Económico de despojo, con las ideas, con la palabra y con la acción coherente.

En Nariño el Pueblo Awá sigue sufriendo la inclemencia del desplazamiento y el etnocidio inminente. Hay peligro para las comunidades y para un pueblo entero. Lo peor es que, a juzgar por lo que está sucediendo con la mayoría de asesinatos en el país, esta masacre quedará impune y el despojo se hará realidad. Así como en Nariño continúa la eliminación de los Awá, en el Valle del Cauca, en el Putumayo, en la Guajira y en el Cauca, también se presentan asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, señalamientos y avanza el proceso de destrucción social y cultural por el accionar de todos los actores armados.

En América Latina algunos pueblos y procesos resisten a las políticas económicas que los despojan, se oponen a la privatización de los recursos naturales y fortalecen sus procesos locales y nacionales en aras de defender la Madre Tierra y ser coherentes con los principios de sus planes de vida, que van en contraposición del Proyecto de Muerte.

En Ecuador, a pesar de que tienen un gobierno progresista y defensor abierto de la soberanía y de la dignidad, es evidente que este se contradice en sus políticas y práctica frente al modelo extractivista. Por no aceptar este modelo y sus impactos destructivos y contrarios a la vida y la dignidad, el Presidente Correa llama chiflados a los pueblos indígenas que se oponen al proyecto de Ley de Agua y a la Minería. Esta contradicción entre un gobierno popular y unos pueblos que le reclaman coherencia real con un discurso, se profundiza al cerrarse los espacios de debate con la invalidación y la burla irrespetuosa del Presidente a las razones de los pueblos. Por creer que la palabra del Presidente es sincera, aunque joven y que la posición de los pueblos indígenas es sabia y arraigada en una experiencia grabada en la tierra y en la sangre, nos unimos al llamado que hacen quienes convocan el rechazo claro y consecuente al modelo extractivo que llegó por “El Dorado” y que hoy, en una segunda oleada avanza despojando, envenenando, comprando conciencias y aduciendo razones prácticas y engañosas.

En Colombia, hemos sufrido como respuesta a nuestras voces, movilizaciones e iniciativas, represión, trampas y muerte. Cuando son los pueblos indígenas quienes se dedican a la minería en defensa de su territorio y saber ancestral, el Gobierno reprime, genera terror y luego niega derechos a través de maniobras ilegales. A los hermanos Wayúu les pretenden arrebatar Las Salinas de Manaure, luego de que las recuperaran a un costo en lucha y sacrificio inconmensurable. Cuando se convierten en empresarios y están listos a generar producción para su bienestar, el Gobierno maniobra para impedirles producir y trabajar. Para robarles lo que han ganado en derecho. El Gobierno viola la ley y cuando es hallado culpable luego de un largo y difícil proceso de lucha jurídica, enfila toda su capacidad de manipulación para negar derechos y libertades y arrebatar la empresa minera indígena de manos de los Wayúu. Las Salinas de Manaure son de los Wayúu, ancestralmente, históricamente y en derecho, pero esto no le conviene al régimen y los roba. Mientras a los indígenas ni siquiera les permiten ser empresarios dentro de las reglas del régimen establecido, en el mismo territorio, en La Guajira, le entregan sin dudarlo y con festejos, millonarios depósitos de carbón a las transnacionales y nadie reacciona. Con estos hechos queda en evidencia que no solo están los pueblos condenados a la servidumbre por vía de la explotación y la miseria sino que, aún si logran constituirse en empresarios, se les despoja. El clasismo y el racismo se imponen. La Conquista nunca ha cesado.

La justificación que ha encontrado el régimen para la imposición de sus políticas, de la agenda legislativa, de la “seguridad democrática”, de la guerra, de las bases militares, del Plan Colombia, de los ataques a los países del continente es el narcotráfico; la “mata que mata”. Si no fuera por el narcotráfico, toda la estrategia de “libre comercio” se caería sin argumentos. Pero no solo no se cae, sino que se descara.

Menos de una semana después de que el mundo conociera que el DAS o servicio secreto del Gobierno y del Estado colombiano, es un cartel (de las tres letras) del narcotráfico, con autorización y bajo la dirección del propio Presidente de la República, la Policía Nacional “encuentra” 33 millones de dólares: TREINTA Y TRES MILLONES DE DÓLARES! En contenedores. Sin más explicaciones, las pacas de $700.000 dólares son cargadas en vehículos de la Policía y los generales nos anuncian, sin más trámites, que todo ese dinero será “para casas de la policía”.

Sabiendo lo que todos sabemos, debemos plantear una hipótesis que, más que posible, resulta la más probable. El narcotráfico del Gobierno, convertido en cartel, que incluye el narcotráfico de la fuerza pública, parte del cartel, retorna sus réditos por la venta de alcaloides en contenedores y lava las millonarias ganancias presentándolas como dinero decomisado al narcotráfico. Pero además, de inmediato se auto-asigna sin controles los recursos y los medios repiten la versión oficial y oficiosa sin el más mínimo cuestionamiento. Si lo que decimos es cierto, y es muy probable, la producción, la exportación y las ganancias del narcotráfico son un negocio de Estado.

El Estado que justifica su existencia y sus políticas y nuestro despojo y muertes y millones de desplazados y la amenaza en ciernes de un conflicto continental, probablemente, se dedica al narcotráfico y con el hace ganancias millonarias en dólares. La inversión, las donaciones y “Planes Colombia” en la “guerra contra las drogas” no es más que el negocio de las drogas para fines de la tiranía, a cambio de entregar la soberanía al imperio transnacional. ¿Cuántas letras más tiene el cartel que gobierna?

La “opinión pública” sin opinión ni pueblo, acepta atolondrada el traslado de dinero de contenedores a las arcas de la policía que la “encuentra” y debe aceptar que se destine sin discusión a la misma policía que la descubrió. Nadie pregunta si no hay mecanismos en un Estado de Derecho, que se rige por una Constitución Política, para decidir la destinación de estos recursos. Nos acordamos de las caletas del Putumayo, llenas de dólares y de cómo fueron condenados como criminales los que las “encontraron” y se quedaron con el dinero. Pero nadie reclama cuando lo mismo lo hace la institución policial mientras más de 4 millones de colombianos desplazados no tienen viviendas, ni tierras donde ponerlas, porque estas pasan a manos del “libre comercio”.

En últimas, si se acaba el narcotráfico, se quedan sin casas los policías. ¿No será mejor que no se acabe? ¿No es conveniente económicamente esta “guerra contra las drogas” mientras siga engordando las arcas de quienes se dedican a la misma?

Imaginémonos que la coca se transformara de negocio y causante de guerra y terror, en hoja de vida y semilla de dignidad. Soñemos que se puede usar masiva en industrialmente sin destruir una sola mata, para producir alimentos y bebidas de diverso tipo. Recordemos que tiene usos medicinales y espirituales. Asumamos que sus atributos culturales que ayudan a generar paz, justicia, armonía y cohesión social entre los pueblos indígenas, se contagian a barrios y pueblos en todo el país y más allá.

Además de generar ganancias económicas en producción, transformación y comercialización legal, protege el ambiente, rescata la historia y la dignidad, genera confianza entre pueblos y personas y, de manera contundente convierte en inaceptable e injustificable todo el presupuesto de guerra, de represión, de fumigaciones, de Plan Colombia, de bases militares y demás. Esto acabaría con el “cartel de las tres letras” y derribaría al régimen ilegítimo, lo mismo que a un Gobierno que acumula traficando y haciendo guerra contra el tráfico.

Nos ayudaría a poner en su lugar a las transnacionales que vienen a aprovechar la guerra para llegar a territorios despojados y extraer las riquezas. Si ya no hay guerra, la gente no se va. Si no hay narcotráfico, tampoco hay guerra. Si no hay ni guerra, ni narcotráfico, para qué un mal gobierno y la propaganda que lo legitima y el dinero que lo impone y las armas que lo defienden y la corrupción que lo ampara.

Pues no hay que soñar mucho. Apenas un ejemplito práctico: Coca Nasa, ha demostrado que la Coca es vida, es dignidad, es buen negocio, sabe rico y no mata, porque genera vida. ¿No será por eso que les niegan licencias que sí le conceden a Coca-Cola? ¿No será por eso que los pocos pesitos (no dólares encaletados) que consiguen con alegría y en paz, no se dan a conocer como sí la mucha sangre y los millones de dólares del negocio Co(ca)lombia? Aprendiendo del valor ancestral de la coca sagrada, que llega hasta nuestros días para mostrar el camino, decimos que este no es un sueño, mientras que la pesadilla que nos imponen es una sin salida.

Acabemos como en cuento con una pesadilla de un pueblo que no hace falta nombrar: La tiranía es el gobierno degenerado de un monarca que se sirve del Estado para su provecho. Una tiranía despótica en la medida en que ciudadanos, funcionarios y pueblo somos tratados como esclavos. El tirano conquistó el amor del pueblo con engaños y promesas, pero lo consolida con amenazas y prebendas. Lo adornan y engalanan, los medios de propaganda. Una tiranía en proceso de construcción con el apoyo de un pueblo domesticado y de legisladores y aristócratas vendidos en subasta pública a cambio de porciones del Estado. Pero una tiranía ridícula, pues su cabeza se agacha ante el poder imperial a quien le entrega todo de rodillas para convertir al país en su hacienda familiar.

Reconocer el horror tiránico y sus estratagemas, sería el primer paso para detenerlo y el que tendría que darse tarde o temprano. La historia dirá, como un espejo implacable, si habremos sido capaces de defender lo público y el gobierno de los pueblos o si, enamorados del poder del que nos somete, obedientes y crueles, habremos convertido en muerte lo que nos debe dar vida por nuestra propia iniciativa.


Por: NASA-ACIN
Tomado de: nasaacin.org

viernes, 18 de septiembre de 2009

Riesgo de impunidad en masacre de indígenas

PROBLEMAS SOCIALESEl temor a ser asesinados tiene callados a algunos testigos. El indígena capturado después de la matanza no tiene nada que ver con el hecho.

Foto: Michael von Bergen, cortesía Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic)Algunos testigos de la masacre donde murieron seis niños y seis adultos tienen temor de contar lo que pasó.


Todos los hechos que han pasado antes y después de la masacre de 12 awá en Nariño están haciendo temer que el caso quede impune.

El pasado 26 de agosto, un grupo de entre cuatro y diez hombres, según el CTI de la Fiscalía, llegaron a la casa de Sixta Tulia García en el resguardo Gran Rosario, en Tumaco. Ellos estaban vestidos de camuflado y botas y llevaban pistolas nueve milímetros. Dispararon contra 12 personas, entre las que había siete niños, la mayoría eran integrantes de una misma familia de apellido García.

Ese mismo día, se hizo pública una terrible coincidencia. Sixta Tulia, una de las víctimas y propietaria de la vivienda donde ocurrió la matanza, era la esposa de Gonzalo Rodríguez, un hombre que había sido muerto el pasado 23 de mayo por el Ejército. Los militares lo presentaron como un guerrillero caído en combate, pero la mujer denunció ante las autoridades que se trató de una ejecución extrajudicial.

En medio de la confusión, a los pocos días se dio la captura del indígena Jairo Miguel Paí Nastacuás, que tenía orden de arresto desde hacía rato y fue presentado a los medios como posible responsable de la masacre en Gran Rosario. Con esto quedó en el olvido la coincidencia entre el falso positivo que denunciaba Sixta Tulia y la matanza.

Desde entonces, Semana.com les ha seguido la pista a ambos casos y esto es lo que encontró:

Caso Jairo Miguel

Jairo Miguel Paí Nastacuás es un indígena awá que en algún momento fue líder, pero se alejó de la legalidad e ingresó a las Farc. Años más tarde, salió de esa guerrilla y se puso a trabajar con los paramiliares, hasta cuando su grupo se desmovilizó en 2005. Él no quiso acogerse al proceso y prefirió seguir delinquiendo.

Sobre sus andanzas desde entonces existen dos versiones. Una, que se puso a trabajar con Los Rastrojos y otra, que organizó un grupo de mercenarios que vendían sus servicios como sicarios y cobradores de dinero y también robaba y extorsionaba. Pero ambas hipótesis coinciden en que tenía bajo su mando a unos 18 hombres. Su trabajo se ha concentrado en el corregimiento El Diviso, del municipio de Barbacoas, y sus alrededores. (Ver mapa)

En efecto, los mismos indígenas venían denunciándolo desde 2007. A comienzos de este año, lo sindicaron de la muerte de Guillermo Paí. Y después, se supo que había secuestrado a cuatro personas de una familia de apellido García, en la zona donde solía moverse, para extorsionarlos. Quería que le dieran 10 millones de pesos que habían recibido de negocio de madera que acababan de hacer. Ambos hechos fueron denunciados y de ahí la orden de captura en su contra.

El día que lo pusieron preso, se interpretó que la familia García que había extorsionado este indígena era la misma de Sixta Tulia, la esposa de la presunta víctima de la ejecución ilegal del Ejército que murió junto con 11 parientes.

Semana.com pudo constatar que entre ambas familias García no hay ningún parentesco, como se dijo recién ocurrida la masacre. Cuando capturaron a Jairo Miguel, la interpretación que se hizo fue que él hizo la masacre porque no le habían pagado los 10 millones que pedía. Pero no fue más que una conclusión apresurada, y los investigadoes judiciales ya lo saben.

Además, la zona donde delinquía este indígena queda bien alejada de donde fue la matanza. Los separa media hora en carro más una caminando por trochas. (Ver mapa) Por eso, los indígenas desde un principio insistieron en que la investigación no debía desviarse hacia el caso de Jairo Miguel.

En otro lugar

El resguardo Gran Rosario, donde ocurrió la matanza, tiene su propio karma. Por allí anda un grupo que se conoce con varios nombres. Algunos les dicen ‘los muchachos de Miguelito’, otros, ‘los muchachos de Fredy’, porque así se llaman los dos líderes de la banda. También hay partes donde les dicen los ‘Nietos de Zamba’ o ‘Los Cucarachos’.

Se calcula que este grupo tiene entre siete y 15 integrantes afrocolombianos e indígenas. Ellos tiene en jaque a los nativos porque su modo de operar es vender sus servicios de sicarios y cobradores de cuentas a cualquiera que se los pague en esa zona, donde hay paramilitares, guerrillas y fuerza pública. Esa aparente cercanía con todos les da licencia para moverse por donde quieran sin ser atacados.

Aunque tienen el mismo modo de operar que el grupo de Jairo Miguel Paí, entre las bandas no hay relación.

En su informe preliminar, el CTI tiene identificados a cuatro posibles integrantes de este grupo que supuestamente serían los que llegaron encapuchados a matar a los 12 indígenas. Semana.com conoció el informe, pero se abstiene de publicar sus nombres, toda vez que aún no hay pruebas contundentes que sustenten su participación en la matanza.

El riesgo de que no haya justicia en el caso es alto. Los testigos que podrían dar las declaraciones que permitan establecer si ellos fueron los responsables de la masacre tienen miedo.

La experiencia de Sixta Tulia tras denunciar la posible ejecución de su esposo les genera pánico. Todos temen que sus familiares puedan terminar como ella, sus hijos y sus parientes.

De acuerdo con los informes forenses de Medicina Legal, todos los cuerpos fueron baleados a corta distancia y en la cabeza. Los encapuchados entraron a la casa, mataron a siete personas en la sala, dos en un cuarto y otros dos en la cocina. Entre los muertos había un niño de apenas seis meses de nacido que recibió dos disparos en la cara. Lea la crítica que hace la concejala Gilma Jiménez sobre la violencia contra menores.

Según Christian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las informaciones recogidas indican que las personas fueron asesinadas una a una, con disparos a corta distancia, y sin ninguna consideración hacia las mujeres y los niños. El crimen es especialmente grave por el alto número de niños asesinados, y la sevicia demostrada evidencia una nueva dimensión de la violencia ejercida contra el pueblo Awá”.

En consecuencia, hay temor de que quien hable, corra con la misma suerte. Así las cosas, quedarían sin esclarecerse la masacre y la muerte de Gonzalo Rodríguez, el esposo de Sixta Tulia presentado como guerrillero por el Ejército, pues todos los testigos de este caso murieron en la matanza.

De los encapuchados se sabe que estuvieron de nuevo en el sector una semana más tarde. La gente los vio y las autoridades indígenas pidieron presencia de la fuerza pública. Sin embargo, la Policía tardó en llegar y los soldados que había en los retenes alrededor dijeron no haber visto a nadie.

Por eso, quienes conocen la verdad no se atreven a contarla. Piensan que si estos hombres vuelven a aparecer, los soldados dirán que no los vieron o la policía llegará tarde y sus vecinos y parientes quedarán a su merced.


Por: SEMANA
Tomado de: www.semana.com

jueves, 17 de septiembre de 2009

Vida en Diversidad / Derechos Humanos en la población LGBT







Un nuevo trabajo documental que pretende generar el debate y la reflexion sobre la situación en derechos humanos que vive la población LGTB en nuestro país y en especial en la ciudad de Medellín.
Este documental está dedicado a la memoria de León Benhur Zuleta Ruíz, asesinado el 23 de agosto de 1993.

Por: PRODUCCIONES EL RETORNO / 2009
Tomado de: www.youtube.com/elretornocolombia

Contravía: Jaime Garzón 10 años de impunidad







Primer programa de la nueva temporada de CONTRAVÍA sobre el asesinato de Jaime Garzón. Graves revelaciones. Paramilitares, militares y políticos estarían involucrados en el asesinato de Jaime Garzón, dicen abogados de la familia del periodista. En una investigación que por años lleva adelantada el programa de televisión CONTRAVÍA, hoy se revela que políticos estarían involucrados en el crimen del humorista. Esta información proviene del paramilitar Francisco Villalba, quien fue asesinado en abril del presente año, a pesar de los pedidos de protección para proteger su vida. El programa reúne testimonios que involucran seriamente al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, también en el homicidio de Jaime Garzón.

Por: CONTRAVIA
Tomado de: www.youtube.com/morrisproducciones

miércoles, 16 de septiembre de 2009

Libertades y Derechos en la Universidad Pública Colombiana

Libertades y Derechos en la UNIVERSIDAD PÚBLICA COLOMBIANA / 2009 - 27 minutos
Centro de Medios Populares - Producciones EL RETORNO - Somos MiL

Un contraste entre los testimonios de estudiantes de diversas universidades públicas y las informaciones que difunden los grandes medios de comunicación.








EL video completo en: http://blip.tv/file/2601196
Por: Centro de Medios Populares - Producciones EL RETORNO - Somos MiL
Tomado de: www.youtube.com/elretornocolombia

Uno solo sea el amo…

En Colombia no es que la historia se repita, sino que hay una estructura bien lubricada para que la mayoría, que es la que sufre todas las miserias del poder, se mantenga en estado de docilidad y servidumbre. Tal vez sería Dostoievski el que afirmó que el esclavo llega a amar sus cadenas; es más, cuando queda libre, siente nostalgia de ellas.
Nos han inculcado, a través de diversos métodos de domesticación, la necesidad de tener amos, de tener a alguien que piense por nosotros. El poder, haciendo uso de la propaganda y la maquinación mediática, hace creer que está actuando en beneficio de las mayorías, y entonces a veces funge de pastor. O, como es usual ahora en el país, establece mecanismos que conduzcan al culto de la personalidad.

No importa que esa estructura esté basada en lo ilegal. O en la pulverización de la ley. O que se sustente en la denominada cultura de la mafia, que campea desde hace rato en casi todas las esferas de la sociedad, pero más en las de los que se creen tocados por la “divinidad”, o por algún extraño “destino manifiesto”. Hay que hacer creer que el hombre (el príncipe) que es la cabeza visible del poder está tocado por todas las gracias.

Entonces, ese hombre, o ese príncipe, o ese amo, en fin, debe aparecer como impoluto. Otros, sus adláteres, harán el trabajo sucio. Para eso están los escuderos. Hay que hacer creer –crear el espejismo- que sin ese ser imprescindible todo se sumirá en la hecatombe. Él es el ungido. El elegido (¿el reelegido?). Sin él, no hay salvación posible.

Una herramienta muy útil para el poder –cualquiera que éste sea- es la encuesta. Otra, los llamados consejos comunitarios. Otra más, por ejemplo, poner cara de seminarista. O llevarse la mano al corazón, y adornar el gesto con palabras como “grande” y “firme”. Seguro que todo esto es seductor, y bueno, se dirá que la galería es fácil de conquistar. Es si no prometer algún subsidio, o, como sea, porque sí o porque no hay que dar la sensación de que ese es el pastor que se requiere y que, con él, las ovejas estarán bien protegidas.

Digamos que si una encuesta da como resultado que el país (o, para ser más precisos, la mayoría de gente) sufre calamidades a granel, que hay desempleo aberrante, que hay desplazamiento forzado, que tantos no pueden acceder a la cultura (distinta a la del espectáculo farandulero), que los desventurados aumentan, hay que mostrar, también, que el príncipe, o el amo, o la inteligencia superior, lo que sea, goza de cabal salud. Qué importa lo demás, él nos protege. Y listo.

Y a todas estas, el poder (que sí es muy listo) va creando una atmósfera, que aunque esté contaminada por tantas barbaridades (falsos positivos, corrupción, clientelismo, parapolítica, cohechos, prevaricatos, etc.), la grey asume como una contingencia. Es que el amo tiene muchos enemigos, es que no lo dejan trabajar. Es que es culpa de la oposición, o de los vecinos, o de aquellos (“bobos tan bobos”) que sólo critican.

El poder sabe muy bien que hay que hacer ver como “gajes del oficio” asuntos como las “chuzadas”. Y las dádivas y las subastas de notarías y las emboscadas para una votación por el referendo reeleccionista. Es que todo eso es nada, cuando el fin es mantener al señor en su pedestal. Qué importan los medios, si es por una causa redentora. Qué importa si hay amenazas de muerte contra magistrados y jueces. Algún día el poder hará un discurso en su honor.

No es bueno el gobierno de muchos, harán creer a los sometidos al desconcierto. Y como en la Iliada, el poder –sobre todo por estos contornos- cantará sin desafinar: “uno solo el caudillo supremo y soberano de todos sea”. Y volvemos a la misma historia: uno solo sea el amo, uno solo sea el rey. Y todos –o casi todos- tan contentos.


Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: www.elespectador.com

domingo, 13 de septiembre de 2009

San José del Guaviare: Ejército ejecuta a tres pesonas y hiere a tres más

URGENTE URGENTE!!!!

MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL ADSCRITOS A LA BRIGADA MÓVIL NO 7 DISPARARON INDISCRIMINADAMENTE CONTRA 10 CIVILES QUE TRANSITABAN POR LA TROCHA LA GORGONA EN LA VEREDA PUERTO CACHICAMO JURISDICCIÓN DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE), ASESINANDO A TRES CAMPESINOS Y DEJANDO A TRES MAS HERIDOS.



Hechos:

09 de septiembre 2009


El día 8 de septiembre de 2009, una comisión de campesinos de la comunidad de la vereda Puerto Cachicamo jurisdicción de San José del Guaviare, se trasladaron hacia el sector de la Gorgona, en horas de la noche se instalaron en la finca de la familia Acosta, con la intención de descansar y salir en horas de la mañana.

El día de ayer 9 de septiembre de 2009, siendo a las 8:30 AM, la comisión salió de la finca por la trocha la Gorgona, con la intención de recoger una maquinaria vieja que se encontraba tirada en la carretera, aproximadamente a dos kilómetros de la finca, se detuvieron a desvarar un vehiculo en el que se movilizaban, cuando de un momento a otro aparecieron tres guerrilleros y les preguntaron que para donde iban, ellos le informaron que iban a buscar una maquinaria vieja que estaba tirada mas adelante, los guerrilleros se fueron y minutos mas tarde se estaban subiendo a los vehículos, cuando empezaron a dispararles ráfagas de fusil, los campesinos gritaban que eran civiles, que no les disparan, pero sin embargo las ráfagas se mantuvieron alrededor de cinco minutos, en ese instante llego la tropa de la Brigada Móvil No 7, apuntándoles en la cabeza a los que estaban vivos, tirándolos al piso y señalándolos de ser guerrilleros, los trataban con palabras soeces y según uno de los sobrevivientes un soldado le iba a disparar a quema ropa a uno de los campesinos que esta tirado en el suelo, sino que efectivamente uno de sus compañeros le decía que no lo hiciera, que eran civiles y aproximadamente cada vehiculo quedo con 150 impactos, según testimonio de los sobrevivientes. Luego de que los soldados inspeccionaron la zona y les decían a los campesinos que sobrevivieron, que tenían que decir que era un accidente, que los soldados había gritado alto, pero sin embargo afirma uno de los pobladores que quedo herido, que ellos nunca escucharon al Ejército, que lo único que sintieron fue las ráfagas.

Media hora después, estando aun la población civil en el sitio de los hechos, el avión arpía bombardeo a muy pocos metros de donde se encontraban, posteriormente llegaron unidades del CTI, la asesora jurídica del Ejército Nacional, tomaron las declaraciones de los sobrevivientes.

Finalmente a las 10:00 PM el helicóptero aterrizo en el sitio de los hechos y traslado los tres cadáveres, los tres heridos y los sobrevivientes hacia el batallón en San José del Guaviare, donde aun se encuentra.

De esta acción irregular quedaron heridos tres campesinos y tres muertos.



La comisión estaba compuesta por diez personas

1. Félix Antonio Munera (quien se encuentra herido)
2. Edwin Gaona Mosquera (quien se encuentra herido)
3. Guillermo Ortiz
4. Mauricio Gómez
5. Flor Ángela Hernández
6. Ferney Aldana Herran (murió)
7. Gonzalo Bernal (murió)
8. Germán (murió)
9. Ramiro Atehortua
10. Guillermo Calderón



El día de hoy el equipo de la comisión DHBAJOARIARI se encuentra en la zona con los familiares buscando la salida de los sobrevivientes del batallón y la entrega de los cadáveres.

Exigimos:

Al estado colombiano y a sus organismos de control intervenir de manera oportuna ante el mando castrense a fin de garantizar de manera inmediata que las tropas que hoy vulneran los derechos fundamentales de estos ciudadanos cumplan con su mandato constitucional y eviten estos actos que ponen en riesgo la integridad de la población civil.

A la Fiscalia General de la Nación realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos que aquí se denuncian y castigar a los responsables de esta masacre.

Así mismo exigimos del estado Colombiano emprender acciones tendientes a proteger la vida de las personas que señalamos en esta comunicación recalcando, “Que la responsabilidad primaria de protección de los Derechos Humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el artículo de los tratados y convenios internacionales sobre el Estado Colombiano”.

Solicitudes:

A las organizaciones Nacionales e internacionales defensoras Derechos Humanos la invitación a solidarizarnos una vez más con los campesinos de esta región que siguen siendo objetivo del actuar desbordado de las unidades militares que inventan procedimientos leguleyos a fin de victimizar a los campesinos y ofrecer resultados a la mal llamada política de “seguridad democrática”.

SOLICITAMOS A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS, QUE PUEDAN APORTARLES A ESTOS CAMPESINOS ROPA, UTILES DE ASEO O UN APORTE ECONOMICO A LOS FAMILIARES PARA TRANSPORTAR Y CANCELAR LOS GASTOS FUNERARIOS LOS CADAVERES A SUS LUGARES DE ORIGEN.

A las organizaciones Nacionales e Internacionales defensoras Derechos Humanos la invitación a exigirle al gobierno de ÁLVARO URIBE que se pase del discurso del respeto por los Derechos Humanos a los hechos concretos y de garantías para las comunidades que habitan estas apartadas zonas del país y que ordene de manera inmediata realizar operativos para repeler estos grupos que ponen en grave peligro la vida de ciudadanos inermes de estos sectores aquí enumerados.


Por:

COMISIÒN DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DIH DEL SECTOR DEL BAJO ARIARI
DHBAJOARIARI



Tomado de: www.dhcolombia.info

[Grecia] Marcha de protesta masiva en Tesalónica; Revueltas en Atenas


[Miles de personas marcharon en una manifestación de “clase independiente” en la ciudad de Tesalónica, avergonzando a los sindicatos controlados por los partidos, mientras las revueltas antipoliciales surgieron nuevamente en Atenas.]

En su primer fin de semana, del mes de septiembre, Grecia vio los dientes afilados al antagonismo de clase desafiando la creciente brutalidad policial.

El sábado, 5 de septiembre, día de la inauguración de la 74ª Expo Internacional de la ciudad, lugar de promesas y discursos del gobierno, miles de personas tomaron las calles en una marcha de “clase independiente”, separada de las marchas controladas por los partidos PAME (Partido Comunista de Grecia) y PASOK (Partido Socialista Griego). La marcha independiente fue conducida por el PEKOP, el Sindicato de Limpieza de Atenas cuya secretaria general, Konstantina Kouneva¹, sufrió, en Diciembre pasado, un ataque con ácido sulfúrico realizado por los asesinos de su empresa. En su llamado a la lucha el PEKOP anunció:

“Están preparando para nosotros días sombríos, por lo tanto vamos a estar preparados, vamos a organizar y devolverselo sin demora, con un otoño y un invierno calientes. ¡Nosotros no nos olvidamos Diciembre! ¡No olvidamos las balas que asesinaron a Alexis, ni el ácido que quemó K. Kouneva, la secretaria general del PEKOP! Aquí todos los días vivimos la guerra social. Y Konstantina es la bandera de nuestra lucha social […]

Nosotros no seremos la cola de los burócratas que constantemente se juntan con los patrones y el Estado, dividiendo como “partidos del poder” a los privilegios de la colaboración de clase, apuñalando las espinas dorsales de nuestras luchas. Ni tampoco iremos a regalarles terreno a aquellos que constantemente nos quieren controlar, para transformar nuestra lucha en votos, y cuando vienen Diciembres atravesarán al otro lado del río... Los trabajadores deben marchar y luchar contra los patrones sin falsos mediadores y personas de "buena voluntad" de esta o aquella burocracia. ¡La emancipación de los trabajadores es obra de los/las propios/as trabajadores/as!”



La marcha siguió el camino circular de siempre, viniendo de Kamara y de vuelta con un montón de cámaras de vigilancia destruidas en el recorrido. Después de volver a Kamara hubo una pelea con los policías cuando algunos compañeros atacaron un equipo de la policía de choque con fuego, respondiendo estos con un contra ataque con gas lacrimógeno y pequeños enfrentamientos en las calles circundantes. La vengativa de la policía motorizada buscó detener a 15 miembros del AK que estaban volviendo con las pancartas a su centro social. El mismo grupo de policías motorizados atacó entonces otro centro social del AK con gas lacrimógeno. Los miembros del AK fueron liberados después de que aproximadamente 150 manifestantes rodeasen la comisaría donde estaban detenidos.

Enfrentamientos y violencia policial en Exarchia

Mientras esto sucedía, en la región de Exarchia, con anarquistas enclavados en el centro de Atenas, fue nuevamente transformada en un campo de batalla después los policías haber parado, registrado y agredido a dos personas que estaban haciendo una pintada en los alrededores de la zona la mañana del viernes, 4 de septiembre. Cuando la gente corrió para ayudar a los chicos grafiteros presos, la policía apuntó con sus armas contra ellas, crispando aún más a la multitud. La reacción al acoso policial abrió camino entonces a un ataque policial violento en el parque autogestionado de Navarinou, a sólo unos metros por encima del lugar donde Alexis Grigoropoulos fue asesinado el pasado Diciembre. Inmediatamente se produjeron batallas campales entre anarquistas y las fuerzas policiales. Durante el enfrentamiento 5 personas fueron detenidas y cuatro están siendo acusadas de tirara “cocteles molotov”, aunque ningún molotov haya sido lanzado esa noche. Uno de los presos fue seriamente herido y hospitalizado. También, a tres policías les fueron registradas heridas y dos coches de policía fueron seriamente dañados.


Nuevos enfrentamientos estallaron la noche siguiente, cuando coches del batallón de choque de la policía estaban estacionados cerca del parque liberado y fueron atacados por las llamas de "cockteles molotov". Luego, la zona estaba inundada de barricadas incendiadas que impedían el acceso a la policía motorizada, con muchos coches incendiados. Se pudo comprobar como la policía de choque tiraba piedras a la multitud.

Vídeo de la violencia policial en Exarchia:




[1] Konstantina Kouneva, mujer, migrante y sindicalista, fue violentamente atacada por sicarios patronales con ácido sulfúrico en el rostro, debido a la su acción contra sus patrones.

Tradução > Marcelo Yokoi

Traducción al castellano > O Neto do Caldeireiro (Gz)

Por: // agência de notícias anarquistas-ana // Alasbarricadas.org

lunes, 7 de septiembre de 2009

domingo, 6 de septiembre de 2009

Pese a malestar de la Curia de Medellín, desplazados se toman basílica Metropolitana

Por lo menos unas 180 personas desplazadas por la violencia pasarán la noche del 1 de septiembre al interior de la Basílica Metropolitana de Medellín y unas 350 más, entre ellas niños, hombres y mujeres de avanzada edad, en carpas instaladas a sus alrededores, en señal de protesta por los constantes atropellos e incumplimientos a sus derechos por parte de la Agencia Presidencial Acción Social.

Y todo parece indicar que no será la primera noche que los desarraigados están dispuestos a pasar en la representativa catedral de la capital antioqueña. “Nos quedaremos hasta que venga un funcionario de Acción Social de Bogotá, no cualquier representante sino alguien con poder de decisión, para que cumpla inmediatamente con nuestros derechos”, señaló Carlos Enrique Carmona, vocero de la población desplazada.

De acuerdo con el representante, el incumplimiento en los pagos de la ayuda humanitaria de emergencia así como en los subsidios para proyectos productivos, sumado a los maltratos por parte de funcionarios de la Agencia Estatal, motivaron esta movilización, que si bien se ha caracterizado por se pacífica, ha generado enormes disgustos entre la jerarquía católica.

“El cura párroco de la Basílica nos dijo que eso no era motivo para que nos tomáramos la Iglesia, y tiene razón, pero él (cura párroco) también tiene que entender que nosotros venimos reclamando desde hace muchos años nuestros derechos y nunca nos escuchan. Por eso, (él) debería ponerse de nuestro lado y no tratarnos mal como lo ha hecho hasta ahora”, aseguró Carmona.

Según varios manifestantes consultados por la Agencia de Prensa IPC, el presbítero intentó sabotear varias veces la protesta, al no permitir el ingreso de alimentos ni agua para los desplazados hacinados al interior de la Catedral, utilizó los parlantes a su máximo volumen durante buena parte de la tarde y guardó bajo llave los pocos víveres que los protestantes lograron recaudar.

Por último, llamó a los miembros de la Fuerza Pública, quienes trataron de conciliar la situación. La Agencia de Prensa IPC intentó comunicarse con la Curia de Medellín para conocer su versión al respecto, pero según un integrante del equipo de comunicaciones de la entidad, “El propio Arzobispo de Medellín se encontraba con sus más cercanos colaboradores estudiando la situación, de la cual producirían un pronunciamiento público en las próximas horas”.

Para los manifestantes, este hecho constituye uno más de los atropellos que a diario deben enfrentar por el simple hecho de reclamar lo que, por Ley, el Estado les debe garantizar, pues como ellos mismos dicen, “no salimos de nuestras tierras por voluntad propia”.

En el último mes, dos líderes de la población desplazada fueron asesinados en el barrio Beléncito Corazón, justo cuando salían de la Unidad de Atención ý Orientación a la Población Desplazada (UAO), ubicada en este sector de la ciudad. Los desarraigados también denunciaron la desaparición de otro líder de la comuna 8 de Medellín desde hace 8 días. Quienes los conocían aseguran que se trataba de personas comprometidas con su población y caracterizadas por hacer prevalecer sus derechos.

“Pero desde hace algún tiempo personas de Acción Social y de la UAO vienen diciendo que los líderes engañamos a la población desplazada, que nosotros les estamos robando plata y cosas así. Nos están acusando y los delincuentes en los barrios están persiguiéndonos”, agregó Carmona, quien indicó que en los últimos días ha tenido que recurrir a protección de la Policía Nacional, pues ha sido intimidado por miembros de bandas de Llanadas, comuna 8, sector donde reside.

Protestas a granel

Quizás el aspecto que más genera malestar entre los desplazados es el incumplimiento en los pagos de la ayuda humanitaria de emergencia. Según la Ley 387 de 1997, dicha población tenía derecho a un subsidio correspondiente a un salario mínimo mensual vigente por espacio de tres meses, prorrogables por el mismo periodo.

Pero la sentencia C-278 del 18 de abril de 2007, proferida por la Corte Constitucional, declaró como “inconstitucional” esta medida y le ordenó a Acción Social que, mientras persista la condición de desplazamiento, se mantenga la ayuda e, incluso, exigió a la Entidad desarrollar planes diferenciados de atención para mujeres, pueblos indígenas y afros así como discapacitados.

Lo anterior debía traducirse en la entrega trimestral de ayuda económica denominada “ayuda humanitaria de emergencia” para la población desplazada. Dichos auxilios varían entre los 644 mil pesos hasta un millón 600 mil pesos, dependiendo del número de integrantes del núcleo familiar

“Pero aquí hay personas que desde que fueron desplazadas, y póngale en el 2006 ó 2007, no han recibido ni una sola ayuda y en estos momentos están aguantando física hambre, porque no tienen ningún ingreso. En otros casos, Acción Social sólo consigna 200 o 300 mil pesos, cuando la Ley dice que son 644 mil pesos y hasta más. Eso, para una persona que no trabaja, tiene hijos y paga arriendo, eso no le alcanza para nada”, manifestó el vocero de la protesta.

Lo más grave, argumentan las víctimas de este flagelo, son los mecanismos que viene empleando Acción Social para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones. “A mí me llamaron a la casa y me dijeron que me habían consignado la plata en el Banco Agrario y cuando fui allá, me dijeron que Acción Social no consignaba en esa cuenta desde hacía varios años. Fui a Acción Social y me dijeron: ‘si no reclamó la plata, eso no es culpa de nosotros”, dijo una de las manifestantes, que no quiso revelar su nombre.

Por esta situación, líderes como Carlos E. Cardona ha tramitado cerca de 400 acciones de tutela en el último año, sólo del sector de Llanadas, Enciso, La Sierra y Manrique Oriental (comunas 8 y 3). De hecho, los desplazados aseguran que por lo menos unas 7.000 acciones de tutela y unos 4.700 derechos de petición que han sido fallados en los últimos cinco años ha favor de ellos, ninguno ha sido acatada por la Entidad.

“Nosotros tenemos un pliego de peticiones que consiste básicamente en que Acción Social se ponga al día con los pagos de ayuda humanitaria, nos entregue el subsidio para proyectos productivos y nos garantice vivienda digna, acceso a educación y salud”, declaró Cardona.

Según estimativos de la Personería de Medellín, la ciudad alberga a cerca de 145 mil desplazados, cifra que tiende a aumentar debido al recrudecimiento de la violencia en algunas subregiones de Antioquia, como el Bajo Cauca y Urabá, que ha generado desplazamientos individuales, pero continuos.

Por:
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4)569 84 25
www.ipc.org.co/agenciadeprensa