Capturan a Mario Uribe, primo del Presidente

La Sala Penal de la Corte Suprema lo vinculó formalmente al escándalo de la parapolítica.

Hace dos años los periódicos del mundo titularon así la información sobre la captura de Mario Uribe:





...y así tituló El Tiempo:


Vamos a ver cómo titulan mañana...

La detención se produjo en Medellín luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitiera orden de captura en contra del primo hermano del primer mandatario de los colombianos, el ex senador Mario Uribe Escobar, por sus presuntos vínculos con los ex paramilitares, Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirri", y Salvatore Mancuso, quien comandaba el Bloque Norte de las Autodefensas.

La decisión se dio seis meses después de que el Alto Tribunal recuperara la potestad de juzgar a los parlamentarios involucrados en parapolítica que hubieran renunciado al fuero, situación a la que el propio Uribe le había hecho el quite en 2007 cuando renunció a su investidura de congresista para buscar ser investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, no es la primera vez que Uribe Escobar ha tratado de eludir a la justicia. A comienzos de 2008, cuando la Fiscalía determinó su captura, quien fuera el jefe del partido uribista Colombia Democrática intentó esquivar la orden, pidiendo asilo en la embajada de Costa Rica en Bogotá.

Sin embargo, Uribe Escobar fue recluido en la penitenciaría La Picota en Bogotá el 22 de abril de 2008. El hoy fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago determinó su excarcelación, pero lo mantuvo vinculado al proceso de la parapolítica en agosto de ese mismo año, argumentando que no tenía indicios fuertes para mantenerlo privado de la libertad.

Los líos judiciales del primo del presidente empezaron en noviembre de 2006, cuando el testigo Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirri", lo mencionó por primera vez como beneficiario de las Autodefensas. El 7 de mayo de 2007 una comisión de la Corte Suprema de Justicia viajó hasta Quebec, Canadá, para escuchar su declaración. En esencia, Pitirri haber visto a Mario Uribe en emomentos en que se reunió con paramilitares, con el objetivo de hacerse a unas fincas, a buen precio, en Antioquia y Sucre.

Uribe desmintió a "Pitirri", a quien calificó como "pitítere", tratando de poner en evidencia que el testigo estelar de la parapolítica quería desprestigiarlo. Sin embargo, el 15 de mayo de 2007, una semana después de la declaración de Castillo Peralta a la Corte, el desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló que en dos oportunidades se había reunido con Mario Uribe Escobar.

El ex parlamentario fue elegido senador en las elecciones de 1994, gracias a que su primo y jefe del partido político, Álvaro Uribe, abandonó su curul, con el fin de inscribir su candidatura a los comicios regionales de ese año, en los que alcanzó su nombramiento como Gobernador de Antioquia.

Uribe Escobar, fundador de Colombia Democrática, fue reelegido en 1998 y llegó a ser Presidente del Senado entre 2000 y 2001. En 2002, a nombre del mismo movimiento, fue reelecto al Senado y apoyó la candidatura de su primo a la máxima magistratura del Estado.

En 2006, fue elegido por tercera vez consecutiva en representación del mismo partido, del cual es presidente, y volvió a bridarle su respaldo a Uribe Vélez en la campaña reeleccionista, siendo uno de los artífices de la reforma constitucional que le dio vio libre al mandatario para lanzar su cansisatura; además, fue el ponente de la primera versión de la Ley de Justicia y Paz.


Tomado de: Elespectador.com
Caricatura: havladdorias.blogspot.com

Carta abierta a la comunidad universitaria

Escrito por MIGUEL ANGEL BELTRAN desde el pabellón de “Alta Seguridad” cárcel “la Picota” febrero 1 de 2010.

Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales,
que lavándose las manos se desentiende y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido,
partido hasta mancharse.

Paco Ibañez.

Estimados (as) estudiantes, trabajadores (As) y colegas de las universidades públicas y estatales del país.
Desde mi nuevo sitio de reclusión en el pabellón de alta seguridad del complejo carcelario “La Picota” les hago llegar un cálido saludo , acompañado de renovadas esperanzas de éxito en las luchas universitarias que vislumbran el horizonte del 2010, año consagrado por la tradición oficial a la celebración del bicentenario de la independencia.

Son más de ocho meses que llevo privado de mi libertad en un juicio que se adelanta por los supuestos delitos de “rebelión” y “concierto para delinquir con fines terroristas”, en el cual ha brillado la flagrante violación de mis garantías procesales, admitiendo pruebas ilícitas e legales como el computador del abatido jefe de las FARC, “Raúl Reyes” e incorporando como intervinientes especiales víctimas de esa organización guerrillera que no han recibido daño concreto, real y especifico por parte mía.

No siendo suficiente estas arbitrariedades, el pasado 23 de diciembre fui sacado sorpresivamente de las instalaciones de la cárcel nacional “Modelo”, bajo extremas medidas de seguridad, sin que se me informara el sitio de remisión. Durante dos días, tanto familiares como abogados y amigos desconocieron por completo mi paradero, al punto que se vieron precisados a alertar sobre esta situación a algunos medios de comunicación y ONGs Nacionales e internacionales. Mi traslado se produjo el mismo día en que obtuve –tras numerosas trabas institucionales- la autorización para la visita de mi hijo, a quien no veía desde hace dos años y “coincidió” con las denuncias que días atrás había formulado contra un funcionario de la cárcel nacional “modelo” por hechos de corrupción.


El próximo 17 de febrero se adelantara mi “juicio oral” que constituye el paso previo a la promulgación de sentencia, en un proceso revestido de tintes claramente políticos donde se juzgará el pensamiento crítico y la libertad de cátedra, principios que consagraran el movimiento estudiantil de Córdoba (Argentina) hace ya cerca de un siglo. Lo anterior en el marco de una cadena de ataques sistemáticos a la universidad pública, evidenciando no solo en el creciente recorte de recursos financieros que la vienen sometiendo a la implacable lógica del mercado del conocimiento y de los servicios, sino también de la violación de los principios fundamentales –que constituyen su esencia- como la libertad del pensamiento su autonomía institucional.


Así lo demuestran las detenciones arbitrarias, la intromisión de la fuerza púbica en el campus universitario, el asesinato y desaparición de estudiantes, las amenazas a profesores críticos, la solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación de los estudiantes pertenecientes a universidades públicas de Bogotá y la proliferación de acusaciones por rebelión a miembros de la comunidad universitaria, en juicios rápidos con restricción de acceso al material probatorio, como lo ilustra mi situación, la del profesor Fredy Julián Cortés y la del artista Luis Eduardo Sarmiento.


Esta situación que nos retrotrae a los oscuros años de las dictaduras militares en el cono sur , se torna aun más preocupante con a reciente propuesta del ejecutivo de vincular a mil estudiantes de Medellín como informantes de la fuerza pública, instrumentalizando para sus interés guerreristas las necesidades económicas de esta importante granja social, pretendiendo convertir a Colombia en un país de delatores y avivando, aun mas el conflicto armado y social que el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez pretende ocultar.


La incorporación con cave de estudiantes a estas labores de inteligencia militar no solo denota una ausencia de proyecto educativo para sectores estratégicos en el desarrollo culturas y social de la nación, sino que conlleva altos riesgos para la integridad de los mismos, transformando el campus universitario en un campo de guerra.


Cabe recordar que la red de informante, como uno de los pilares fundamentales de la mal llamada política de “seguridad democrática” ha servido para sustentar “falsos positivos” y con ellos, la persecución a numerosos intelectuales, estudiantes, docentes, líderes sociales, populares, indígenas que actualmente inundaron las cárceles del país, no en vano se habla hoy de más de 7.000 presos (as) políticos (As) sometidos (as) a condiciones inhumanas y de hacinamiento, y que el Estado colombiano trata de ignorar con el sofisma e estar librando una batalla frontal contra el terrorismo.


Frente a estos hechos, la universidad no puede evadir su responsabilidad esgrimiendo una supuesta “neutralidad” debe, por el contrario, asumir el compromiso social de liderar, desde la académica, la generación de propuestas que coadyuven a dar salidas a la problemática social. Es a través del debate abierto y pluralista de ideas-no del silencio y la consagración del pensamiento único- que la universidad puede garantizar el cumplimiento de su función social y erigirse en un verdadero medio de construcción y transformación social, en el contexto de un mundo cada vez más cambiante.


Esto se hace aun más necesario en un país como e l nuestro donde –como nos lo recordaba un colega de la Universidad de Antioquia- la gente “se amordaza, se tapona y se venda para no hablar nada, no oír nada y no ver nada “, porque –en una sociedad atravesada por el conflicto interno resulta conveniente guardar silencio para no equivocarse y mucho más cómodo hablar el lenguaje de lo que en detentan el poder, para no convertirnos en objeto de sus represalias.


Mi vida académica ha estado estrechamente ligada a la lucha por los ideales democráticos, primero como estudiante, luego como docente y ahora como preso político de un stablichmentque criminaliza el trabajo docente e investigativo comprometido. Agradezco a todos y todas los (as) estudiantes, trabajadores (as) y colegas de la universidad pública y de algunas universidades privadas que con sus palabras y acciones –ya sea de manera abierta o silenciosa- me han brindado su valiosa solidaridad. Así mismo agradezco a la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), a la Asociación de profesores de la Universidad de Antioquia (ASPRUDEA),a, a las organizaciones y grupos de trabajo estudiantiles, así como a sus medios alternativos de información por su incansable compromiso en pro de mi libertad, que no es otro que el compromiso con la libertad de pensamiento y opinión y el respeto por el que hacer científico e intelectual.


Tengan la certeza de que la labor que ustedes han desarrollado no ha sido en vano, y aunque estos barrotes y guardia armados pretenden atemorizarme y debilitar mis convicciones democráticas, pueden estar seguros (as) de que mantendré incólume mi voz crítica, mi compromiso con la defensa de la universidad pública y la búsqueda de salidas políticas al conflicto armado y social que vive Colombia.



Fraternalmente,

Miguel Ángel Beltrán Villegas

Profesor Asociado Sociología, Universidad Nacional de Colombia

Desde el pabellón de “Alta Seguridad” cárcel “la Picota” febrero 1 de 2010.



Por: Miguel Ángel Beltrán Villegas
Tomado de: libertadmiguelangelbeltran.com

Muertes anunciadas y responsabilidades del Gobierno y del Estado

Lamentablemente tenemos que dejar nuevas constancias ante el país, ante la humanidad y ante la historia, de hechos aberrantes contra la vida. La muerte y el terror, accionados por el Estado y sus brazos ya no tan clandestinos, continúan ensañados contra nuestra Comunidad de Paz y la población de nuestro entorno, y la impunidad sigue cubriéndolo todo. Los organismos de control brillan por su ausencia. Los victimarios del poder ejecutivo se atrincheran en cinismos cada vez más audaces. La Defensoría ni se entera de lo que pasa, a pesar de haber recibido el encargo de la Corte Constitucional de evaluar permanentemente las medidas de protección.

• El martes 9 de febrero de 2010, a las 5:30 horas de la madrugada, fue ejecutado en su propia casa, ubicada a 10 minutos del caserío de San José, en el camino que conduce hacia La Unión, Don FABIO MANCO por dos Paramilitares que llegaron a su vivienda encapuchados, mientras otros dos los esperaban en las afueras de la vivienda, horas mas tarde fueron vistos en el lugar llamado Tierraamarilla entre San Jose y Apartado. Su muerte había sido anunciada nominalmente el pasado 16 de noviembre (2009) cuando el paramilitar ampliamente conocido, WILFER HIGUITA, acompañado de otro personaje en traje civil, abordó a un poblador del caserío de san José y le mostraron una lista de personas para ejecutar, entre las cuales estaba el nombre de Don Fabio Manco, como también los de LUIS ARNELIO ZAPATA, ejecutado el 29 de noviembre (13 días después del anuncio), REINALDO AREIZA, MARIO ARIAS, JESÚS QUINERO, WILMER TUBERQUIA y otros. Según el paramilitar, por cada una de estas personas se estaba ofreciendo una suma de siete millones de pesos. Es plenamente confirmado que Wilfer Higuita trabaja con el Ejército y fue él justamente el que le sirvió de mediador al CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, el 17 de enero de 2009, para chantajear a Reinaldo Areiza, pidiéndole que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz ganándose enormes sumas de dinero, y si no aceptaba sería judicializado como narcotraficante y financista de las FARC. Todas estos y hechos y amenazas se pusieron inmediatamente en conocimiento del Señor Presidente, superior y nominador del Coronel Rojas Díaz y por tanto con evidente responsabilidad de mando sobre sus actuaciones; se pusieron también en conocimiento del Ministerio de Defensa, y circularon desde allí a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y muchas otras dependencias. ¿Seguirán esperando impasibles el Señor Presidente y todos los organismos de control a que terminen de ejecutar a todos los de la lista? ¿Le seguirán dejando las manos libres al Coronel Rojas, al paramilitar Wilfer Higuita y a todos los que actúan junto a ellos? ¿Hasta cuándo?

• El domingo 24 de enero de 2010, dos paramilitares con armas cortas ingresaron a la vivienda de un integrante de la Comunidad de Paz en la vereda Las Claras, conminándolo a abandonar su parcela o de lo contrario será ejecutado.

• El martes 26 de enero de 2010, el coordinador de nuestra Comunidad en la vereda Las Claras recibió una llamada a las 7:00 horas, de personas que se identificaron como paramilitares, quienes le dijeron que lo iban a ejecutar por ser guerrillero integrante de esa h.p. comunidad de paz, pero que si quería arreglar las cosas, tenía que presentarse ante ellos a una cita.

Estos hechos continúan revelando una ensañada persecución contra nuestra Comunidad de Paz. Todas las tropas militares y paramilitares que recorren nuestras veredas han estado anunciando permanentemente el exterminio de nuestra Comunidad y en estos hechos demuestran que cuentan con el respaldo más alto para llevarla a cabo. Al dejar esta nueva constancia histórica expresamos nuestra más enérgica censura moral a un Gobierno que en lugar de acatar la Constitución y la Ley, quebranta sus más esenciales y sagrados principios, con escalofriante desparpajo criminal. En medio de tanta pesadumbre, nos alienta el acompañamiento de numerosas grupos dispersos por el mundo, que comparten nuestro amor a la vida y nuestra decisión inquebrantarle de no doblegarnos ante la muerte y la ignominia.


Comunidad de Paz de San José de Apartadó
21 de febrero de 2010


Por: Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Tomado de: cdpsanjose.org

Denuncia: Continua exterminio contra Fedeagromisbol Asesinados dos Agromineros en el Sur de Bolivar

Comunicado a la Opinión Publica Nacional e Internacional
Escrito por Federación Agrominera del Sur de Bollivar
sábado, 13 de febrero de 2010

Continua exterminio contra Fedeagromisbol: Asesinados dos Agromineros en el Sur de Bolivar

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos y rechazamos ante la opinión pública los siguientes hechos:

1. El día 10 de febrero de 2010 hacia las 7 de la mañana los hermanos OMAR ALONSO RESTREPO OSPINA Y JOSE DE JESUS RESTREPO de 26 y 40 años respectivamente de profesión agromineros y socios de FEDEAGROMISBOL y OMAR ALONSO presidente de la Junta de acción comunal del corregimiento el Dorado y fiscal de la Asociación agrominera del corregimiento el Dorado ; salieron del municipio de Montecristo hacia Caucasia Antioquia, con el fin de comprar unos repuestos para un vehículo de su propiedad. Llegaron a Nechi hacia las 10 de la mañana del mismo día y continuaron el viaje hacia Caucasia.

2. Según versiones de pobladores de la región los hermanos fueron abordados por un grupo armado a 20 minutos del municipio de Nechi y llevados con rumbo desconocido. Algunas versiones señalaron como responsables a paramilitares que operan en la región.

3. Pobladores del Dorado se trasladaron hacia el municipio de Nechi con el fin de Indagar sobre el paradero y la suerte de los hermanos Restrepo la policía les informe que conocían de la presencia de dos cadáveres en el sitio conocido como Parcela de Londres pero que el sitio era muy extenso para ubicarlos.


4. Ayer 12 de febrero en las horas de la noche en el rio Cauca a la altura del municipio de Achi fue hallado sin vida el cuerpo de OMAR ALONSO RESTREPO OSPINA y hoy en las horas de la mañana en el río cauca a la altura del municipio de Guaranda fue hallado sin vida el cuerpo de JOSE DE JESUS RESTREPO RESTREPO. Ambos cuerpos fueron encontrados con visibles signos de tortura.
5. Estos asesinatos hacen parte de una larga cadena de hechos de agresión contra los pobladores del sur de Bolívar como lo fue el asesinato de ALEJANDRO URIBE CHACON el 19 de septiembre del 2006 y otros tantos que se vienen presentando en el marco de lo que consideramos una estrategia integral para el despojo del territorio por parte de una alianza macabra entre el gobierno nacional y las multinacionales del oro como la ANGLO GOLD ASHANTI y palmicultoras como el Grupo Dabon que pretenden apoderarse de los recursos naturales del sur de Bolívar.
6. Responsabilizamos de estos hechos al estado colombiano que se ha negado a continuar dialogando con las comunidades del sur de Bolívar en el marco de la Mesa de Interlocución y al contrario continua militarizando la región y permitiendo abiertamente la acción de los grupos paramilitares.
Rechazamos rotundamente estos asesinatos y todas las acciones tendientes a despojar a los pobladores del sur de Bolívar de su territorio.
Llamamos a las organizaciones hermanas a que se pronuncien ante las autoridades exigiendo acciones firmes de esclarecimiento de los asesinatos ocurridos y que cesen inmediatamente las agresiones contra los pobladores de la región.
A los organismos de control del estado a ejercer los mecanismos necesarios para que estos crímenes sean esclarecidos y los responsables castigados.

FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR
COMISION DE INTERLOCUCION SUR DE BOLIVAR
MOVICE – CAPITULO SUR DE BOLIVAR – SUR DEL CESAR
CORPORACION SEMBRAR
REDHER – COLOMBIA
ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO-CNA
ORGANIZACIÓN INDIGENA DE COLOMBIA – ONIC
RED FRENTE A LA GRAN MINERIA
CORPORACION AURY SARA MARRUGO
INSTITUTO NACIONAL SINDICAL – INS
NOMADESC
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
RECALCA
COMISION INTERCLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
AIDA
RED ANTORCHA
RED REVUELTA
CENSAT- AGUA VIVA
ASOCIACION MINGA
CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PEREZ
OBSERVATORIO DE TRANSNACIONALES
ECOTIERRA
CORPORACION COMPROMISO
CONCIENCIA CAMPESINA
OBSERVATORIO SOCIAL Y AMBIENTAL


Por: Fedeagromisbol / Red frente la Gran Minería
Tomado de: censat.org

A Yurtier lo mató la ley 100

A Yurtier lo mataron. Lo asesinó el Estado. Lo mataron los rentistas. O, más precisa y simplemente: a Yurtier lo dejaron morir para que la “nuevaepese” pudiera ahorrarse varios millones de pesos… Mejor dicho: Yurtier se murió de Ley 100… o, para decirlo con todas las letras: lo mató la ley 100.

Yurtier fue el mejor bachiller de la primera promoción de La Institución Educativa Juan de la Cruz Posada, del barrio Villa Hermosa Eso queda en el barrio Villa Hermosa de Medellín, como a tres cuadras por la carrera Giraldo, subiendo desde el Parque Obrero hasta la calle Urabá. Desde ese parque, muchas veces, lo que va quedando de los sindicatos en esta ciudad, junto a las gentes de dolor y de pena de las comunas, es decir junto a los damnificados de la impudicia de los poderosos, salimos los primero de Mayo a decir, bien alto, que todavía resistimos y que algún día cambiaremos el miedo por abrazos y las carencias por la apropiación social de todo eso que nuestros brazos producen y nuestros sueños definen.

Yurtier era, sigue siendo (para quienes amábamos su figura de hombre entero, de muchacho solidario), el mejor entre muchos de los buenos. Yurtier era del combo de los que saben abrazar al prójimo próximo y quieren unir unas manos a otras manos y a otras manos y a otras manos, construyendo otro mundo soñado desde el estercolero en el que estamos.

Aprendió. Dudó. Preguntó todo lo que a su edad hay que preguntar. Afirmó, con certeza adolescente, lo que tuvo que afirmar. No se arredraba. Ante el ojo del gran hermano que por entonces ya era la prueba “externa”, el “examen del ICFES”, pasó raudo y airoso: obtuvo también el mejor puntaje. Y se matriculó con esos honores en el “Poli”. Quería ser maestro. Como sabía de herencias necesarias y de herencias que deben repudiarse, asumió la de Prometeo: tenía que entregarle el fuego a los otros seres humanos. Su imperativo más hondo era ese: compartirlo todo, incluido el conocimiento. Quería contribuir a formar a la muchachada de la que había salido a tropezones desde el barro y en el barrio; sabía que tenía que hacerlo contra las malas pasadas de la vida que, sabemos, no es tan fácil. Por eso estaba estudiando para maestro de Educación física, mientras llegaba el tiempo del compromiso más alto en otras tierras donde aspiraba a servir como misionero de un mejor mundo.

Y, como la vida no es fácil, apareció la enfermedad: le descubrieron una leucemia que ya venía tragándose, a pedazos, su sangre; pero que, según vimos, nunca pudo apagar su aliento fraterno, comunero y formidable. Por entonces, tenía un cobijo: existía el Seguro Social, los “Seguros Sociales”, y en el Seguro había sindicato. Pero el galope de los rentistas ya había hecho lo que ellos tenían que hacer: el derecho a la vida y a la salud debía ejercerse apelando a las tutelas. Y, así, tras la pírrica victoria jurídica, se inició un tratamiento que avanzó haciendo retroceder a la enfermedad.

Con ganas, de corazón entero, Yurtier regresó a la Universidad y allí encendió otros fuegos: abrió el debate entre los maestros en formación sobre el tipo de sujetos que los maestros tenemos que forjar. Preguntó por la naturaleza de la evaluación que se venía imponiendo a los estudiantes de la escuela básica y media en Colombia. Armó seminarios, asistió a conferencias, investigó, generó debates, propuso, empujó, jalonó, con su figura de intelectual en ciernes y al servicio del pueblo.

Y como la vida no es fácil, y los tratamientos, cuando son ordenados por tutela, pueden no ser completos, Yurtier recayó.

La madre, el padre, todos queríamos lo mejor. Pero lo mejor no estaba a su alcance. No tenía Yurtier el respaldo de una chequera bien fondeada. Por eso no se hizo con su salud lo que se debería haber hecho para que este ser extraordinario continuara viviendo, uniendo, luchando, aportando.

El desenlace es brutal, criminal, infame. Su vida no era, objetivamente hablando, un derecho. Su salud era ya una mercancía. Ya, por entonces, no existía el precario “seguro social”, los “Seguros sociales”; ahora el tratamiento dependía de la flamante “nuevaepeese”. Lo atienden en el marco de acuerdos comerciales (establecidos en torno a la “venta de servicios”) entre la “nuevaepeese” y clínicas particulares. En ese estrechísimo marco, los médicos que lo atendieron hicieron lo mejor que pudieron.

De pronto, en el horizonte apareció una buena luz: un médico especialista, de esos que quieren aportarle a la humanidad, sabía de un nuevo tratamiento que tenía todas las posibilidades. Uno que, incluso permitiría un salto en el ya aprestigiado desarrollo científico de la medicina colombiana. Sólo había un problema: la familia de Yurtier no tenía una chequera solvente, ni disponía de la “tarjeta dorada”. Yurtier no era un cliente confiable. El tratamiento requería una preparación con una droga específica que debía importarse y luego hacer un prometedor cultivo y trasplante de células madres.

Entonces hicieron lo que hacen los pobres: pusieron la tutela.

El Juez Guerra Higuita, Octavo Civil del Circuito, ordenó que le hicieran el procedimiento.

Mientras se hacía la querella, el médico responsable del tratamiento urgía para que le fuese autorizado el proceso y los recursos; sabía que se acababa el tiempo. Pero al lado de éste y otros profesionales que, nadando a contra corriente del sistema, intentaban avanzar en la pelea con la enfermedad (una pelea que tenía todas las de ganar si se hacía a tiempo)… otros, encabezados y condensados, resumidos, en la torva figura del auditor de la “nuevaepeese”, movían sus fichas, desparramaban su infamia: aplazaban día a día la autorización, a ver si Yurtier, hecho cadáver, les ahorraba “gastos”, dando curso a los mecanismos de renta que permiten la sobre-acumulación de la nueva empresa que en Colombia vende a precios muy rentables una mercancía llamada salud.

Pero esta vez, estos canallas no sólo fueron eficientes para los intereses pecuniarios de la “nuevaepeese”. Esta vez el “auditor” se permitió ir a visitar al enfermo para pedirle que se fuera de la clínica, que se fuera para la casa a esperar hasta cuando “se le resolviera el caso” y le fueran autorizados los nuevos procedimientos… que se fuera para la casa y esperara a que lo llamaran, cuando el tratamiento fuera aprobado por las directivas de la nuevaepeese”.

Yurtier, entonces, bajo el fuego cruzado del carcinoma y del funcionario “auditor”, hizo crisis. Deliraba, pedía a gritos que no dejaran entrar otra vez a ese infame en su habitación, porque con seguridad lo iba a echar a la calle. Bajo esta tortura, la crisis se agravó. Se produjo entonces un derrame cerebral y, para fortuna de la “nuevaepeese”, entró en una etapa irreversible.

Yurtier murió. Lo asesinó la ley cien. Nada pudimos hacer, aunque se había ganado, días atrás la tutela… La estrategia, y la táctica, del funcionario auditor, fueron cumplidas y exactas. Tanto como las de los sicarios que, cuadras más arriba, hacen lo mismo, pero son presentados cotidianamente como si en realidad fuesen mucho más canallas.

Ese bello ser, que nació un domingo treinta de agosto de 1987, a las diez y treinta y cuatro de la mañana, fue obligado por los rentistas a morir el lunes festivo del 16 de noviembre de 2009, a las dos, de una tarde significativamente lluviosa.

Por: Periferia Prensa Alternativa
Tomado de: periferiaprensa.org

Audiencia contra implicados en la masacre de San José de Apartado

El pasado 4 y 5 de febrero, en las instalaciones del Palacio de Justicia en la ciudad de Medellín, se celebró una de las audiencias públicas a 10 de los militares del ejército nacional implicados en la última masacre a la comunidad de Paz de San José de Apartado, perpetrada el 21 y 22 de febrero de 2005 en el Urabá Antioqueño. En estos hechos los militares de las compañías Anzoategui 1, 2, 3 y Bolívar 1, en complicidad con paramilitares del bloque “Héroes de Tolová” asesinaron, descuartizaron y abandonaron en fosas a medio tapar al líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Bellanira Areiza Guzmán y su hijo de 11 años, Deiner Andrés Guerra; también a Alejandro Pérez Castaño, y al líder Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano con su compañera Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia Andrea y Santiago, de 5 años y 18 meses de nacido, quienes fueron degollados.

En el Urabá Antioqueño desde el 23 de marzo de 1997 los habitantes del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó se declararon “Comunidad de Paz”, pese al desplazamiento forzado de la mayoría sus comuneros; esto a raíz de las dos masacres perpetradas por los militares y paramilitares en septiembre de 1996 y en febrero de 1997, las cuales arrasaron con los líderes de la población. Las y los que decidieron permanecer en su territorio y vencer el miedo pretendían ser respetados con la declaratoria de paz, pero como respuesta del Estado recibieron operativos, hostigamientos, estigmatización, prácticas de tiro contra las viviendas, explosivos en los cultivos, asesinatos selectivos, sumado a los bloqueos económicos por causa de retenes paramilitares y militares que habían impedido el ingreso de alimentos y el transporte a la comunidad, colocándola en situación de hambre y aislamiento.

Entre 2003 y 2004 hubo siete desplazamientos de familias de las veredas Mulatos y La Resbalosa, tres mujeres fueron violadas por militares, la escuela fue quemada junto con varias casas en la vereda de Mulatos. Para esta comunidad han sido doce años del trasegar de la esperanza, construyendo bases sólidas sobre proyectos de vida reales que han sido cegados por el terror de los asesinos. Por ello la memoria de las 185 personas asesinadas de la comunidad sigue más viva que nunca.

Para esclarecer el caso fueron llamados a juicio algunos miembros de la Fuerza Pública, quienes deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir; son ellos el teniente Coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento segundo Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el sargento Jorge Humberto Milanés Vega, el sargento segundo Henrry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia y los sargentos Édgar García Estupiñán y Darío Brango Agámez.
La audiencia comenzó con la declaración del Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien se a acogió a sentencia anticipada el 7 de octubre de 2008; para la fecha de la masacre era el oficial encargado de la operación militar Fénix. El capitán testificó que el día de la masacre los miembros de la Brigada XVII patrullaron al lado de al menos 60 paramilitares del bloque Héroes de Tolová.

En su declaración, el capitán Gordillo acepta haberse entrevistado el 18 de febrero con 11 personajes de las autodefensa del bloque héroes de Tolová para acordar ejes de avance de la operación Fénix, en compañía del sargento Padilla Petro y el cabo primero Cruz Reina; después de ese día, dice Gordillo, “cambucharon” junto con los paramilitares. Dijo que estos paramilitares hacía más de 3 meses habían asumido el control de la zona que anteriormente estaba a disposición del bloque bananeros; nombró también la existencia de 3 bases paramilitares llamadas Miguelayo, La Castañeda y de La Oz. Estos eran pasos obligados para llegar al objetivo, los Cerros de Cooperativa y Bogotá. Además, reiteró el capitán Gordillo que antes de la operación había presencia de la brigada XVII y de tropas del batallón Bejarano a cargo del teniente coronel Duque.

Gordillo dice que él llegó el 17 de febrero en horas de la tarde al Batallón Vélez, donde recibió instrucciones de sus superiores, teniente coronel Orlando Espinoza y el mayor José Fernando Castaño, sobre la operación que se realizaría en el cerro la Cooperativa y Bogotá. Antes de su llegada ya se habían hecho las coordinaciones pertinentes para subir al cerro.

También mencionó que en noviembre de 2007, estando en el batallón contra guerrilla No. 002 Guajiros, recibió un informe por radio donde le indicaban que debía asistir a una reunión con el General Héctor Fandiño en la cuidad de Bogotá. Y allí el Comandante de la brigada XVII le mostró la declaración de alias 'Melaza' y dijo que lo más probable era que lo detendrían; pero Fandiño le dijo que no se preocupara, ya todo estaba cuadrado: tenían dos testigos, unos reinsertados de las Farc que declararon en el Juzgado Penal 94 y en La Fiscalía General de la Nación, testificando que eran integrantes de las Farc y que las Farc habían sido responsables de la masacre. Según ellos, contaban con pruebas contundentes.

El abogado de las víctimas, Jorge Molano, en su intervención, notificó que en las declaraciones del paramilitar Ever Veloza, alias H.H., expediente que se trasladó para este juicio, afirmo que él le había dado la suma de $ 1.500.000 al coronel del Batallón Bejarano, Héctor Iván Duque, para que pagara testimonios para atribuirle a las Farc la responsabilidad de los hechos.

El abogado Jorge Molano preguntó al interrogado, capitán Gordillo, si es normal que en una operación a nivel de brigada participen en la planeación mandos de división del Ejército Nacional. Esta pregunta está respaldada con elementos probatorios del cuaderno 26 de la Fiscalía, que fue trasladado para este caso y donde reposan las indagatorias a Néstor Iván Duque, Acosta Célis y el Teniente Coronel José Fernando Castro, quienes indicaron que en la preparación de la operación Fénix participaron los comandantes de las unidades batallones militares, o sea todas las unidades menores, pero que también participó el general Mario Montoya, quien ordenó la operación y el acompañamiento de guías. Según el capitán Gordillo, a esa planeación pueden asistir los mandos de las divisiones, pero no es normal que lo hagan, y tampoco es legal llevar guías. Además, aseguró que conocía de la injerencia que el comandante de la División tenía sobre las operaciones.

Por su parte, los paramilitares José Joel Vargas, alias 'Pirulo', y Adriano de José Cano Arteaga, alias 'Melaza', también declararon en el proceso y confirmaron en la audiencia que trabajaron de la mano con miembros de la Brigada XVII y fueron pagados por ser guías.

Por ahora la decisión del juicio sigue en suspenso. La Juez Segunda Civil Especializada de Antioquia decidió suspender la audiencia, la cual será reanudada el 16 de Marzo a puerta cerrada, luego de que las partes argumentaran la existencia de riesgo en algunos sujetos procesales.

Por: Periferia Prensa Alternativa
Tomado de: www.periferiaprensa.org

La barra más peligrosa

Entre los que asistimos a fútbol hace muchos años existe un consenso y es que la verdadera “barrabrava” de todo el país es la policía. Esa fue la conclusión en la cumbre de seguridad en eventos deportivos realizada en 2008 en Medellín, y fue también una de las pocas cosas que lograron poner de acuerdo a todas las barras e hinchas de los diferentes clubes del país. Este escrito no es para hacer una apología de la violencia irracional de muchas barras, es más para mostrar con algunos casos cómo la policía no cumple su papel básico de prevención sino que se convierte en uno más de los que fomentan la violencia.

El día 7 de enero de 2010 se jugó un partido en el estadio el Campin de Bogotá para hacerle un homenaje a Edson Arantes do Nacimento “Pelé”. En las horas de la noche la prensa registraba enfrentamientos de barras antes y después del partido con el titular de prensa: “Joven perdió un ojo en disturbios ocurridos antes del homenaje a Pelé en el Campín”. Y luego dice “Con piedras, los hinchas se agredieron y le causaron lesiones en el rostro a dos de los 50 efectivos de la Fuerza Disponible, que acudieron a calmar los ánimos. Tres tanquetas utilizaron mangueras para echarles agua a los hinchas, que además fueron controlados con bombas de aturdimiento” (El Tiempo.com. Enero 18 de 2010). Y más aun, presentaron una cifra de heridos producto del “enfrentamiento” entre barras.

Dos días después entrevistan a uno de los heridos que estaba todavía en el hospital y para sorpresa de muchos “Según Jorge Enrique León (el herido), un artefacto de gas lacrimógeno de la Policía lo golpeó… Jorge dice que alcanzó a ver cuando la Policía disparó los artefactos de gas lacrimógeno de frente y que instantes después de sentir el golpe vio a sus pies cuando comenzó a salir el gas. "Yo lo vi con el otro ojo. Cuando comenzó a salir el gas, salí corriendo para que no me ahogara. Me pegó muy duro…(eltiempo.com Enero 19 de 2010). La policía agredió al joven que manifestó no ser hincha de ninguno de los dos equipos bogotanos, pero que fue al partido por ver a Pelé.

La policía no respondió ante estos hechos. “El Mayor Alexander Murcia, comandante del Esmad de la Policía, dijo que por ahora no hay una investigación porque no hay una denuncia formal, pero aseguró que es difícil que haya sido uno de los artefactos de gas el que golpeó el ojo del muchacho" (eltiempo.com febrero 10 de 2010).

El año pasado, el 9 de agosto, después de un partido entre Nacional y Tolima en la ciudad de Medellín, en un enfrentamiento entre hinchas de Nacional y la policía, un agente sacó su arma y disparó varias veces a la gente. En el video que fue presentado a secretaría de gobierno y a la personería de Medellín en el comité de seguridad que se realiza todos los martes para tratar el tema del fútbol en la ciudad, se ve claramente al policía, primero detrás de un árbol, luego con otro hincha como escudo y luego saca su revólver y dispara varias veces a la gente, a un nivel que podría darle a cualquiera de todos los que estaban en el lugar, ya que sucedió en la estación Estadio del Metro. Afortunadamente no se dieron heridos, pero no hubo tampoco pronunciamiento oficial por parte ni de la alcaldía, ni de la personería, ni del Metro, quienes acostumbran hacerlo cuando son los hinchas los culpables de algo.

En el año 2008, hinchas del Deportivo Cali, en un partido ante Medellín, fueron agredidos brutalmente por el Esmad antes de entrar al partido. Este hecho hubiera pasado desapercibido o sería solo una anécdota más del hincha que sufrió la agresión de no haber sido por dos cosas. La primera es que había una abogada de la personería cerca, que se dio cuenta de la agresión y trató de pararla, en ese momento el policía la agrede a ella también. Todo esto fue observado y grabado por cámaras de Noticias 1, que presentó ante el país la noticia: El policía agredió a un hincha sin motivo alguno y luego agredió a la abogada de personería de Medellín por tratar de parar la agresión.

Todas estas agresiones pasan a diario, no solo desapercibidas, sino que los medios de comunicación en muchos casos solo presentan la versión del Estado, en este caso de la policía. En esta versión todos son culpables y sospechosos de serlo, mientras ellos, los policías, parecen ser los adalides de la justicia. Nada más lejano de la realidad. Al parecer seguimos acostumbrándonos a lo que en el país se ha llamado “falsos positivos” que no son otra cosa que la continuación de la agresión del Estado sobre los ciudadanos y el encubrimiento de los delitos que a diario cometen.

Han sido tantos los abusos que se cometen en los estadios de fútbol por parte de la policía, desde tirarle los caballos a la gente en las filas, atropellar en las requisas, insultar a los hinchas, etc., que la barra Los Del Sur solicitó hace ya varios años la presencia de la personería en los partidos, aunque sea para que sirvan como testigos de los atropellos más fuertes. Estos sucesos no son todos, son solo algunos de los más “notorios”, faltan los que ocurren por ineficacia de un operativo policial, o por omisión estatal y que han terminado en muchos casos en situaciones muy lamentables. Con el agravante de que todos estos casos quedan en la impunidad, solo en el recuerdo y anecdotario de cada uno.

Como lo presentó el mismo diario El Tiempo, entrevistando a un agente del Esmad ante las acusaciones reiteradas por las agresiones y los delitos cometidos que llevaron a la muerte de Nicolás Neira con uso de armas no convencionales: “El capitán Julio César Devia Torrijos, ex comandante de la Primera Sección del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, Esmad, en Bogotá, no sólo ordenaba la fabricación de municiones, cuyo uso estaba prohibido, sino que daba instrucciones para dispararlas inmediatamente en contra de estudiantes” (El Tiempo.com. Febrero 4 de 2010). Obviamente, estas situaciones no solo se dan contra los estudiantes, también contra los indígenas, contra los que protestan por el despojo de sus casas por los bancos, contra los hinchas de fútbol, contra los que se le enfrenten o simplemente contra todos los que manifiesten algo contra este régimen de muerte.

Por: Bernardo Jurado
Tomado de: periferiaprensa.org

Denuncia pública de persecución a estudiantes en Cali

Mi nombre por ahora no importa, puesto que podría llamarme como usted que está leyendo, como su hermano o hermana, como su novio o novia o como alguien cercano a usted. Soy estudiante universitario, ciudadano e hijo de este pueblo, una persona que cree en la construcción de un país más justo, un país donde la salud no se convierta en un lujo que únicamente puedan darse los ricos, un país donde no se castigue la diferencia de pensamientos, un país donde exista verdaderamente la justicia social y un país cuyo desarrollo depende en gran parte del compromiso que nosotros, estudiantes universitarios de diversas aéreas del saber, asumamos con aquel pueblo colombiano al cual pertenecemos y amamos.

Bajo estos ideales el día de hoy, sábado 6 de febrero de 2010, como una forma de manifestar mi inconformismo contra los decretos de emergencia social, que fueron firmados por el presidente Álvaro Uribe a raíz de la crisis financiera en el sistema de salud pública, y ejercer mi derecho a la libre expresión, decidí salir a marchar en mi ciudad –CALI-. Cuando la marcha arribó al CAM –punto de llegada-, salí a hacer una llamada telefónica, cuando de repente me pusieron un arma y una voz, que sonaba un poco costeña por cierto, me dijo que no lo volteara a mirar. Y me subieron a un carro azul con vidrios polarizados, en cuyo interior se encontraban tres individuos, con pasa montañas, camisas largas y de color negro, con guantes negros, pantalón jean. El carro se puso en marcha y me tuvieron retenido durante aproximadamente 15 ó 20 minutos, los cuales a mi me parecieron 2 horas.

Durante ese tiempo pensé que me iban a secuestrar, robar o matar, pero lo que sucedió fue que el señor secuestrador me mostró una cámara Sony de color negro y me enseñó algunas fotos que habían sido tomadas en el desarrollo de la marcha. En aquellas fotos aparecían algunos de mis compañeros que, al igual que yo, estábamos en la marcha. Mientras me las enseñaba y yo trataba de reponerme del susto, el secuestrador me decía que nos tenían identificados y que donde siguiéramos haciendo manifestaciones, nos iba a ir mal.

Como si fuera poco me escudriñaron el maletín, me sacaron el carnet de la Universidad y la cédula, les tomaron fotos y, creo -yo supongo- que para cerciorarse de que el de las fotos de los documentos de identidad y yo fuéramos los mismos, me fotografiaron a mi también –no creían tanta belleza me imagino yo-. Luego que me regresaron los documentos y gracias al infinito amor de Dios conmigo, me dejaron ir, algo lejos del sitio del cual me introdujeron al carro. Es de resaltar que durante el desarrollo de la marcha agentes del cuerpo policial tomaban fotos a las personas que participaban de ella –me pregunto para qué serían esas fotos. ¿Acaso para el periódico institucional? Sería interesante que nos dijeran el fin de éstas ¿no creen?

Posteriormente me dirigí a la oficina de la Fiscalía a poner el denuncio, ya sea por secuestro o por constreñimiento ilegal, en la sede que se haya ubicada en Santa Anita y se supone que es algo así como una “unidad de reacción inmediata”. Sin embargo, cuando llegué donde el señor fiscal, primero me tocó comentarle que en la ciudad donde él habita se realizó una marcha y que en el transcurso de ésta me secuestraron prácticamente. Cuando le describí la forma en que me subieron al carro, me dijo: pare un momento. Y me pregunta que si soy de la Valle y saben qué… Pues si, soy estudiante de salud de la Universidad del Valle, soy estudiante de fonoaudiología y me siento orgulloso de serlo y me sentiré orgulloso hasta la muerte y más allá…

Cuando le respondí que sí, miró a su compañero como diciéndole: otro más que viene a inventar. E inmediatamente me dijo que esa denuncia no hace parte del POS, ¿que digo?, de su jurisdicción, que la única alternativa es ir al Gaula a poner el denuncio. Yo me pregunto: ¿Es esta la mejor opción? ¿Es buena idea que la oveja visite el lobo? En fin… Cuando le pregunté al Doctor fiscal que sí era posible que nos dieran un certificado –yo estaba con un compañero que hace parte de una ONG de derechos humanos- dijo que no se podía y que dejemos de hacer prejuicios. Yo pregunto quién hizo prejuicio ¿él cuando le dije que era de UNIVALLE y lo que hizo fue sacarme de taquito –cuando se podía tratar el caso allá- o nosotros por pedir una constancia que es aprobado legalmente?

Finalmente quiero traer a colación una parte de la canción de Silvio Rodríguez titulada el Necio que dice: “… Dicen que me arrastraran por sobre rocas, cuando la revolución se venga a bajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el bandajo. Será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios, que será divino… yo me muero como viví”

Sumado a ello quiero decirles a los señores que me retuvieron que si querían apaciguar mi voz, pues no lo lograron, por el contrario, la intensificaron para denunciar lo sucedido para que no le suceda a otro ciudadano, líder o representante estudiantil que se piensa un mejor país. Por ello quiero invitarlos a seguir informándonos asertivamente, seguir movilizándonos, a seguir luchando por un país más justo y a no quedarnos callados, a no quedarnos callados como dicen en UNIVALLE -hasta siempre y hasta la victoria- y para que esta denuncia no quede en el anonimato y sin responsable como suele quedarlo la mayoría de las cosas en el país del sagrado corazón de Jesús, esta denuncia la hago yo… Juan Pablo V. Estudiante de Fonoaudiología de la Universidad del Valle.

Por: Periferia
Tomado de: Periferia

Emergencia mortal

Hace unos ocho años, llevé a un hombre agonizante a un hospital. Se armó una suerte de zambra verbal, porque exigieron un depósito de un millón de pesos. “De lo contrario, no lo podemos atender”. El paciente (¿el cliente?) seguía ahí, tirado, sin darse cuenta de lo que sucedía. Eran gajes de la Ley 100, que, entre muchos despropósitos, convirtió a la medicina en un negocio desalmado.

Hubo que salir con el moribundo hacia otros centros de atención, en los cuales, en esencia, dijeron lo mismo. Tal vez con una diferencia: el depósito era mayor. La “muerte por la Ley 100”, como comenzó a denominarse, se extendió como una peste. El esperpento, que privatizó la salud y convirtió en archimillonarias a muchas instituciones del ramo, volvió protagonista del “acto médico” no al paciente, sino a la factura y las chequeras.

Desde hace tiempos los atentados oficiales contra la salud en Colombia, no sólo han originado muertos y desatenciones, sino dejado por fuera del sistema a más de doce millones de personas. Ahora, con la Emergencia Social, que más que una tragedia es toda una farsa del gobierno, el recorte de derechos es brutal. Y criminal. Los decretos, calificados de chambones, mal redactados, que el Presidente dice que no leyó antes de firmar (¿quién se lo cree?), trascienden el asunto gramatical y muestran el interés gubernamental en hacer crecer las arcas de los traficantes de la salud en el país y condenan a muerte a infinidad de personas que carecen de recursos para atender sus enfermedades.

Digamos que esta situación siniestra y antidemocrática no es extraña en un gobierno que ha estado en contra de los desamparados. Sus propósitos, en el campo mencionado, es que los intermediarios de la salud ganen más y gasten menos. Nada raro, como advirtió alguien, que esas mismas empresas de salud o mercaderes de la muerte ahora tengan también servicios funerarios. Negocio redondo. Claro que a la postre también dirán que no le enterramos al muertito si no pagan con creces el funeral.

La cruel farsa uribista aumenta cuando el Presidente, haciéndose el que nada sabía, casi como si los decretos de Emergencia Social hubieran sido hechos a sus espaldas, sale a hacerse entrevistar en medios de comunicación a cacarear que lo escrito en aquéllos puede eliminarse en la reglamentación de los mismos sin modificarlos. Y en este punto es cuando hay que hacer como el famoso actor: reír llorando.

La táctica (vieja y gastada) es tirarle la pelota al ministro de Protección (?) Social, que si tuviera dignidad ya debiera haber renunciado, para que con su actitud de “yo no fui”, salga a desbarrar y tratar de confundir a los cándidos. Como ya se sabe, en la confección de los malhadados decretos participaron representantes de los intermediarios de salud, los más interesados en seguir obteniendo exorbitantes ganancias, como las logran, por ejemplo, los banqueros, a favor de los cuales se legisla en este país de desgracias sin cuento.

Los atentados contra la salud, en efecto, vienen desde hace rato, pero ahora se han perfeccionado. Por encima de la salud de los colombianos, está la salud financiera de las empresas intermediarias. En 2002 se expidió un decreto que prohibió a la industria farmacéutica colombiana la producción de nuevos medicamentos genéricos, más baratos que los de “marca”. Y todo con el fin de concederles más privilegios a los monopolios transnacionales.

Es probable que la Emergencia Social esté destinada a acabar con tanto pobre (más de 20 millones), así como lo están el desempleo (uno de los más altos de América Latina), las continuas alzas de la gasolina y de la canasta familiar. Y es que hasta razón tendrán los negociantes de la salud, que tienen en el gobierno a su máximo promotor: la abundancia de pobres no resulta rentable para ellos. Y por eso, los cuestionados decretos pueden ser otro modo de la eutanasia masiva. ¡Ah!, se me olvidaba decir que el moribundo del principio no sobrevivió: lo mató la Ley 100.


Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: Elespectador.com
Caricatura: leosatira.blogspot.com

Informe de la misión de verificación del bombardeo del ejército colombiano sobre indígenas

Publicamos el informe de la misión humanitaria de verificación del bombardeo militar sobre la comunidad indígena embera de Alto Guayabal.

El bombardeo fue realizado por parte de la XVII Brigada del ejército colombiano con la colaboración de la Fuerza Aérea colombiana contra la Comunidad Indígena Embera de Alto Guayabal en el Resguardo de Urada Jiguamiandó, del Municipio de Carmen del Darién, en limites de los departamentos de Antioquia y Choco- Colombia.

Como resultado de esta atroz acción contra la población civil resultaron gravemente heridos el indígena José Nerito Rubiano y su esposa Marta Ligia Majoré, tambien resultarón afectados tres menores de edad de 16, 8 años y un bebe de tan solo 20 días de nacido, que dormian en un tambo blanco del ataque.

El ejército colombiano ametralló a la comunidad indígena con ráfagas de M-60 y descargó en su territorio 14 bombas.


Por: Prensa Rural
Tomado de: OIA