Aquí estamos
y aquí estaremos siempre:
en el fragor de la lucha
o en la quietud de la muerte.
Jesús María Valle Jaramillo
(1943-1998)
El pasado 23 de abril fue asesinado el ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, quien aseguró que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en la planeación y logística de la masacre en su condición de gobernador de Antioquia, en 1997. Conocido como “Cristian Barreto” en las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), Villalba fue muerto cerca de su casa, en el barrio La Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de esposa y su hija de 4 años, por sicarios que utilizaron armas con silenciadores.
Las extrañas circunstancias de este crimen, teniendo en cuenta que Villalba estaba bajo detención domiciliaria con la teórica protección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como detenido pero también como testigo, se suman a una serie de irregularidades en torno al proceso de esclarecimiento de los responsables directos de la masacre de El Aro. El ex paramilitar fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por esta y otras masacres, y, sin embargo, y a pesar de esto, y de la importancia de las declaraciones hechas, no existían mínimas garantías de parte del Estado para el cumplimiento de su pena y la conservación de su vida, luego de sólo 23 días de abandonar la cárcel y ser trasladado a su casa como sitio de reclusión.
La justicia colombiana judicializó por la masacre de El Aro sólo a tres paramilitares: Carlos Castaño, según la Fiscalía asesinado en abril de 2004; Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos por crímenes relacionados con tráfico de drogas; y Villalba. De igual forma, únicamente se condenó a dos militares: al teniente del ejército Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Alzate Cardona, este último prófugo de la justicia. Aunque la Procuraduría abrió investigación contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada del ejército en el momento de la masacre, y contra el teniente coronel Germán Morantes Hernández, comandante en 1997 del Batallón Girardot, con jurisdicción en Ituango, ambos procesos fueron archivados. Ante la evidente impunidad y inoperancia de la justicia nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por omisión y acción de miembros de la fuerza pública de la IV Brigada en la masacre de El Aro, lo conminó a arrestar a los responsables –hoy libres o muertos en el peor de los casos–, y lo obligó a indemnizar a las víctimas.
Mas allá de la escasa justicia aplicada, el asesinato de Villalba revela la eliminación de testigos como sistemática estrategia para ocultar la verdad. En efecto, la constante durante varias décadas en nuestro país ha sido la cascada de asesinatos gracias a los cuales se elimina a los testigos de homicidios, unos que involucran políticos oficiales de diversa categoría, otros a militares, otros a paramilitares.
La denuncia
Los hechos ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de Ituango, norte de Antioquia, se extendieron durante siete días, a finales de octubre de 1997, en los que las accu torturaron, asesinaron y descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas, se robaron 1.200 reses y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas1, sin que las autoridades regionales o nacionales hicieran algo para impedir la masacre, a pesar de las reiterados pedidos de auxilio hechos desde la Alcaldía de Ituango a la gobernación de Antioquia. El mandatario seccional de la época era Álvaro Uribe Vélez.
En las declaraciones recogidas por la Fiscalía, Villalba afirmó que días antes de la masacre, esta fue coordinada en una reunión en la que asistieron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el propio Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército y de la Policía, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, este último como jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 Apóstoles”. Luego de la masacre, según Villalba, Álvaro Uribe lo habría felicitado por la exitosa ejecución del plan.
Luego de estás declaraciones, Álvaro Uribe, no ya como Gobernador sino como Presidente, negó cualquier nexo con la masacre y con los paramilitares en mención, aduciendo, entre otras cosas, la tenencia de una carta escrita por Villalba en la que se retractaba de sus declaraciones y le pedía perdón por “mancillar su nombre”. Además de esta carta, Uribe dio a conocer otra, escrita por el paramilitar Libardo Duarte, en la que éste aseguraba que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell pagaron 500 millones de pesos a Villalba para que involucrara al Presidente en la masacre. Muy por el contrario, tiempo después Villalba negó haber escrito esa carta, así como su retractación, y reafirmó sus acusaciones contra el Presidente en un noticiero nacional y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes2.
Silencio
Pero pese a la gravedad de sus denuncias, y además a la importancia de su testimonio para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la planeación y ejecución de la masacre de El Aro, ni la Fiscalía ni el Inpec tomaron las medidas necesarias para proteger la vida de Villalba, en evidente peligro por la magnitud de sus declaraciones. De la misma manera, a pesar de que algunas de sus denuncias fueron tomadas en cuenta para sancionar y judicializar a algunos militares, otras han sido simplemente ignoradas y no fueron valoradas con la importancia necesaria para iniciar una investigación más profunda.
Pero éste no ha sido el único testigo asesinado en relación con la masacre de El Aro. El Defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, fue asesinado el 27 de febrero de 1998, luego de haber denunciado la masacre antes de su ejecución. En julio de 1997, había declarado:
Después de la masacre, y en su condición de presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín, así como de concejal del municipio de Ituango, declaró en la Fiscalía Regional de Medellín:
Resulta entonces no tan coincidencial la muerte de los denunciantes ni los métodos sicariales utilizados, ni las personalidades mismas denunciadas, como tampoco es coincidencial la desidia de los organismos de protección en guardar efectivamente la vida de estos testigos; más en un país donde el asesinato de éstos es pan de cada día.
También es evidente la relación no coincidencial entre las extradiciones de los jefes paramilitares, y las declaraciones de éstos contra los responsables de la creación y financiación de las estructuras paramilitares. En palabras de Freddy Rendón, alias “El Alemán” en las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), “nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”5. Sobre todo, en casos como el de Salvatore Mancuso, quien aseguró en versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz, antes de ser extraditado, que durante la masacre de El Aro sobrevoló un helicóptero de la Gobernación de Antioquia.
1 “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia!”. “Las cicatrices de El Aro”. verdadabierta.com.
2 Comisión Colombiana de Juristas, boletín Nº 34. “Las responsabilidades en la masacre de El Aro: Una verdad por desentrañar”.
3 Agencia de prensa IPC. “Connivencia en Antioquia entre fuerza pública y paramilitares no fue una ficción”.
4 Declaración que rindió el abogado Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998. Agencia de prensa IPC. In memoriam Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)”.
5 “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia”. “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”. verdadabierta.com.
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Recuadro
El asesinato como arma para lograr el silenciamiento de los testigos, y por tanto impunidad, se impuso en Colombia desde hace muchos años, pero en el último período de la historia nacional, con la concreción de la alianza narcotraficantes, políticos de derecha, se hizo norma. La revisión de los hechos permite constatar que entre los testigos ultimados los hay por casos de parapolítica (José Raúl Mira Vélez, 1 octubre 2008), temática en la cual el caso más emblemático son los 12 testigos asesinados que atestiguaron contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana; ‘falsos positivos’ (José Wilson Giraldo Barrera, 10 mayo 2009): desplazamiento forzado (Irma Areiza, 5 marzo 2005); narcotráfico (Carlos Nicolás González –piloto–, 30 mayo 2001); supuestos desmovilizados, activos en las ciudades –caso ‘Memín’ en Medellín (Mauricio Londoño Londoño, Juan David Zapata Mazo, Óscar Rubín Rodríguez Yépez, José de Jesús Mazo Ceballos, 1 octubre 2008 - febrero 2009).
Por: Juan Manuel Peñaranda
Tomado de: www.desdeabajo.info
y aquí estaremos siempre:
en el fragor de la lucha
o en la quietud de la muerte.
Jesús María Valle Jaramillo
(1943-1998)
El pasado 23 de abril fue asesinado el ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, quien aseguró que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en la planeación y logística de la masacre en su condición de gobernador de Antioquia, en 1997. Conocido como “Cristian Barreto” en las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), Villalba fue muerto cerca de su casa, en el barrio La Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de esposa y su hija de 4 años, por sicarios que utilizaron armas con silenciadores.
Las extrañas circunstancias de este crimen, teniendo en cuenta que Villalba estaba bajo detención domiciliaria con la teórica protección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como detenido pero también como testigo, se suman a una serie de irregularidades en torno al proceso de esclarecimiento de los responsables directos de la masacre de El Aro. El ex paramilitar fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por esta y otras masacres, y, sin embargo, y a pesar de esto, y de la importancia de las declaraciones hechas, no existían mínimas garantías de parte del Estado para el cumplimiento de su pena y la conservación de su vida, luego de sólo 23 días de abandonar la cárcel y ser trasladado a su casa como sitio de reclusión.
La justicia colombiana judicializó por la masacre de El Aro sólo a tres paramilitares: Carlos Castaño, según la Fiscalía asesinado en abril de 2004; Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos por crímenes relacionados con tráfico de drogas; y Villalba. De igual forma, únicamente se condenó a dos militares: al teniente del ejército Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Alzate Cardona, este último prófugo de la justicia. Aunque la Procuraduría abrió investigación contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada del ejército en el momento de la masacre, y contra el teniente coronel Germán Morantes Hernández, comandante en 1997 del Batallón Girardot, con jurisdicción en Ituango, ambos procesos fueron archivados. Ante la evidente impunidad y inoperancia de la justicia nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por omisión y acción de miembros de la fuerza pública de la IV Brigada en la masacre de El Aro, lo conminó a arrestar a los responsables –hoy libres o muertos en el peor de los casos–, y lo obligó a indemnizar a las víctimas.
Mas allá de la escasa justicia aplicada, el asesinato de Villalba revela la eliminación de testigos como sistemática estrategia para ocultar la verdad. En efecto, la constante durante varias décadas en nuestro país ha sido la cascada de asesinatos gracias a los cuales se elimina a los testigos de homicidios, unos que involucran políticos oficiales de diversa categoría, otros a militares, otros a paramilitares.
La denuncia
Los hechos ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de Ituango, norte de Antioquia, se extendieron durante siete días, a finales de octubre de 1997, en los que las accu torturaron, asesinaron y descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas, se robaron 1.200 reses y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas1, sin que las autoridades regionales o nacionales hicieran algo para impedir la masacre, a pesar de las reiterados pedidos de auxilio hechos desde la Alcaldía de Ituango a la gobernación de Antioquia. El mandatario seccional de la época era Álvaro Uribe Vélez.
En las declaraciones recogidas por la Fiscalía, Villalba afirmó que días antes de la masacre, esta fue coordinada en una reunión en la que asistieron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el propio Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército y de la Policía, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, este último como jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 Apóstoles”. Luego de la masacre, según Villalba, Álvaro Uribe lo habría felicitado por la exitosa ejecución del plan.
Luego de estás declaraciones, Álvaro Uribe, no ya como Gobernador sino como Presidente, negó cualquier nexo con la masacre y con los paramilitares en mención, aduciendo, entre otras cosas, la tenencia de una carta escrita por Villalba en la que se retractaba de sus declaraciones y le pedía perdón por “mancillar su nombre”. Además de esta carta, Uribe dio a conocer otra, escrita por el paramilitar Libardo Duarte, en la que éste aseguraba que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell pagaron 500 millones de pesos a Villalba para que involucrara al Presidente en la masacre. Muy por el contrario, tiempo después Villalba negó haber escrito esa carta, así como su retractación, y reafirmó sus acusaciones contra el Presidente en un noticiero nacional y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes2.
Silencio
Pero pese a la gravedad de sus denuncias, y además a la importancia de su testimonio para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la planeación y ejecución de la masacre de El Aro, ni la Fiscalía ni el Inpec tomaron las medidas necesarias para proteger la vida de Villalba, en evidente peligro por la magnitud de sus declaraciones. De la misma manera, a pesar de que algunas de sus denuncias fueron tomadas en cuenta para sancionar y judicializar a algunos militares, otras han sido simplemente ignoradas y no fueron valoradas con la importancia necesaria para iniciar una investigación más profunda.
Pero éste no ha sido el único testigo asesinado en relación con la masacre de El Aro. El Defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, fue asesinado el 27 de febrero de 1998, luego de haber denunciado la masacre antes de su ejecución. En julio de 1997, había declarado:
“Desde el año pasado le pedí al gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”3.
Después de la masacre, y en su condición de presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín, así como de concejal del municipio de Ituango, declaró en la Fiscalía Regional de Medellín:
“Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo, y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”4.
Resulta entonces no tan coincidencial la muerte de los denunciantes ni los métodos sicariales utilizados, ni las personalidades mismas denunciadas, como tampoco es coincidencial la desidia de los organismos de protección en guardar efectivamente la vida de estos testigos; más en un país donde el asesinato de éstos es pan de cada día.
También es evidente la relación no coincidencial entre las extradiciones de los jefes paramilitares, y las declaraciones de éstos contra los responsables de la creación y financiación de las estructuras paramilitares. En palabras de Freddy Rendón, alias “El Alemán” en las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), “nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”5. Sobre todo, en casos como el de Salvatore Mancuso, quien aseguró en versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz, antes de ser extraditado, que durante la masacre de El Aro sobrevoló un helicóptero de la Gobernación de Antioquia.
1 “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia!”. “Las cicatrices de El Aro”. verdadabierta.com.
2 Comisión Colombiana de Juristas, boletín Nº 34. “Las responsabilidades en la masacre de El Aro: Una verdad por desentrañar”.
3 Agencia de prensa IPC. “Connivencia en Antioquia entre fuerza pública y paramilitares no fue una ficción”.
4 Declaración que rindió el abogado Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998. Agencia de prensa IPC. In memoriam Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)”.
5 “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia”. “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”. verdadabierta.com.
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Recuadro
El asesinato como arma para lograr el silenciamiento de los testigos, y por tanto impunidad, se impuso en Colombia desde hace muchos años, pero en el último período de la historia nacional, con la concreción de la alianza narcotraficantes, políticos de derecha, se hizo norma. La revisión de los hechos permite constatar que entre los testigos ultimados los hay por casos de parapolítica (José Raúl Mira Vélez, 1 octubre 2008), temática en la cual el caso más emblemático son los 12 testigos asesinados que atestiguaron contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana; ‘falsos positivos’ (José Wilson Giraldo Barrera, 10 mayo 2009): desplazamiento forzado (Irma Areiza, 5 marzo 2005); narcotráfico (Carlos Nicolás González –piloto–, 30 mayo 2001); supuestos desmovilizados, activos en las ciudades –caso ‘Memín’ en Medellín (Mauricio Londoño Londoño, Juan David Zapata Mazo, Óscar Rubín Rodríguez Yépez, José de Jesús Mazo Ceballos, 1 octubre 2008 - febrero 2009).
Por: Juan Manuel Peñaranda
Tomado de: www.desdeabajo.info
