jueves, 20 de mayo de 2010

El conflicto ataca y la dignidad resiste

Nuestra Palabra

Eran apenas las 8:30 de la mañana del domingo 9 de mayo cuando las ráfagas y las metrallas interrumpieron el desayuno de los habitantes de la vereda El Pajarito, ubicada en el resguardo indígena de Huellas – Caloto, al norte del departamento del Cauca.



“La gente salió como pudo de sus casas y llegamos hasta la escuela para concentrarnos. Algunas personas llegaron con ropa de dormir y apenas hasta el otro día logramos traer ropa para que se cambiaran” afirmó Germán Mestizo, profesor de esta comunidad.

Para subir al resguardo indígena de Tacueyo hay que cruzar varias comunidades indígenas y campesinas. Es por esta vía que transitan las personas para llegar a Caloto, Corinto, Florida y Santander de Quilichao, lugares a los que acude la gente para comercializar sus productos. La gente teme transitar por esta vía porque está ocupada por fuerza pública y guerrilla y en repetidas ocasiones los habitantes han quedado atrapados entre el fuego cruzado.

“Tenemos miedo de volver a nuestras casas y así queramos ir a la finca no podemos porque no sabemos a que hora una pipa de gas o una ráfaga nos quite el sombrero” son las palabras de un comunero.

Son ya tres semanas que los habitantes han soportado con mayor intensidad el sonido de las metrallas, el eco de las explosiones y el ruido de los helicópteros. En los cafetales la cosecha de café se cae, lo que conlleva a pérdidas cuantiosas de recursos económicos. El miedo que acompaña a numerosas madres de familia no han dejado que sus hijos vuelvan a recibir clases en las escuelas y a los animales que hacen parte de su pequeña economía los matan las bombas.

Bombas que le arrebataron la vida al niño Juan Pablo Chicangana en Caldono y a Patricia Noscue y Luz Edit Taquinaz, comuneras del resguardo indígena de Tacueyo. Las mismas que dejaron varios heridos graves, y muchas familias en condición de desplazamiento. Pero pareciera que la vida no importara para los señores de la guerra, es la disputa por el territorio lo que les interesa. Según la guerrilla y el ejército gana esta guerra quien mas bajas produzca.

“La guerrilla mata la gente, porque ellos mataron a mi tía Bety y ahora no la puedo volver a ver más” fueron las palabras de un niño de apenas cuatro años del resguardo indígena de Tacueyo.

“Bety”, era una joven habitante de Tacueyo con apenas 16 años de edad que se encontraba cursando séptimo de bachillerato, pero hace seis meses la guerra le truncó su vida. Desde ese entonces su familia busca respuesta a su muerte, pero el argumento de los victimarios fue que la asesinaron porque ella pertenecía a la red de informantes.

Situaciones como estas son las que deben afrontar muchas familias que son víctimas de este conflicto que vive Colombia. Aunque en varias ocasiones las comunidades indígenas han dicho que no las involucren en esta guerra, su voz no ha sido escuchada pues los actores armados involucran a los niños utilizándolos como informantes y mandaderos. También hacen campañas ideológicas para convencer y reclutar a los menores.

Son estos los territorios convertidos en campos de batalla, pero asimismo son sitios estratégicos para el desarrollo del país. El norte del Cauca representa gran interés para los grupos armados en conflicto y para el narcotráfico por ser una zona de comunicación fácil entre el interior del país, la región de los llanos y el puerto sobre la costa pacífica.

De la misma manera es un lugar donde nacen grandes fuentes hídricas que riegan la producción de caña para el agrocombustible que exporta el país. Además se encuentran grandes reservas naturales vírgenes, yacimientos de oro y grandiosas minas de mármol y de calizas. Por todo esto el norte del Cauca es una zona de gran interés para el desarrollo de la gran empresa y la agroindustria regional.

Hace un año el gobierno nacional entregó la pavimentación de la vía El Palo – Toribio. Estos proyectos que suenan bondadosos para el pueblo, resultan siendo estrategias que el gobierno entrega en concesión al capital transnacional para abrir carreteras en el país, saquear los recursos naturales y obligar al pueblo a pagar su financiación a través de los peajes. Este proyecto vial corresponde a la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana -IIRSA.

El IIRSA surge de una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el FONPLATA. Estos organismos fueron los que años atrás defendieron con más fuerza el ALCA. Tratados comerciales que lo único que buscan es entregar las riquezas del país a manos extranjeras.

y campesinos que durante años construyen día tras día sus proyectos de vida. Con su ejemplo de organización y dignidad han liderado diversas acciones importantes en el país como la “consulta popular frente al Tratado de Libre Comercio”, la “cumbre itinerante de los pueblos”, la “visita por el país que queremos”, la “minga social y comunitaria” y diferentes movilizaciones con sectores populares en donde se ha rechazado las políticas neoliberales que atentan contra la vida y el territorio.

Para los indígenas la tierra hace parte de su existencia, por eso la defienden hasta con su propia vida. El pasado 7 de mayo la comunidad del resguardo de Tacueyo decidió enfrentar a los grupos armados que azotaban con sus combates a toda la población. Subieron a la parte alta de la montaña donde estaba ubicada la guerrilla disparando y le quitaron los cañones que permitían lanzar los tatucos y el material bélico que tenían en su poder. Del mismo modo al siguiente día, mujeres, niños, mayores, guardias indígenas y jóvenes cogieron sus azadones y sus palas para rellenar de tierra los huecos que servían de trincheras al ejército. Estas murallas estaban ubicadas a 15 metros de las casas de los habitantes de la vereda Buenavista del mismo resguardo y junto al acueducto que abastece a tres veredas.

“Nos vamos a tomar los sitios de recreación que nos han invadido los actores armados, ellos dicen que son fuertes porque luchan con armas, pero nosotros estamos armados de valor y con nuestro pensamiento defenderemos lo que es de nosotros, el territorio” dijo un comunero del resguardo de Toribio.

Su organización y su lucha por la autonomía estorban cada vez más a este sistema que quiere exterminar los procesos de resistencia. Por eso es importante fortalecer los espacios de organización ciudadana como las asambleas y los encuentros comunitarios para generar propuestas que respondan a los intereses de los pueblos.

Si una comunidad aislada y olvidada es capaz por sus propios medios de sacar a los violentos que invaden sus territorios, de decirle al mundo que no quieren tratados de libre comercio y de proponer al país una nueva forma de apropiarse de sus derechos constitucionales, entonces todos podemos hacerlo. Lo que hace falta entonces es aprender a escuchar las voces de quienes están resistiendo para compartir y construir el camino juntos. Aprender a sentir y compartir los dolores de todos para comenzar a edificar el país que se origine desde y para todos los pueblos.

Tejido de Comunicación ACIN
Norte del Cauca, Colombia

lunes, 17 de mayo de 2010

17 de Mayo, Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia

20 Años



Atrás quedaron aquellos años en que el homosexualismo estaba incluido en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental más. El Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia se celebra el 17 de mayo, coincidiendo con la eliminación de la homosexualidad en 1990 de la listas de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En al menos 80 países los actos homosexuales son condenados por la ley. En algunos de ellos los textos jurídicos prevén la cadena perpetua. En siete países, la pena de muerte puede ser aplicada. E incluso cuando la homosexualidad no esté considerada en el código penal, las discriminaciones y agresiones físicas se multiplican: éstas afectan aún más a las personas transexuales, particularmente expuestas, y a las lesbianas, particularmente invisibles. En ciertos países, la tendencia es hacia una mejora, pero ésta es muy frágil. En otros, la situación se degrada.



Más sobre Socialismo y derechos LGBT ¡Aquí!

domingo, 16 de mayo de 2010

Primero de mayo en Bogotá con MOVICE - Entrevista Yuri Neira Salamanca


Las celebraciones de este 1 de mayo en Bogota se han saldado con casi 3oo detenidos y 16 heridos graves. Mas de 12.000 policías realizando cargas, utilizando tanquetas, mangueras, gases lacrimógenos y bolillos contra los manifestantes e infiltrándose en la marcha para realizar actos de provocación, fueron los encargados de prestar seguridad al evento. En Colombia no solo no se han alcanzado las demandas que el movimiento obrero ha venido acumulando desde hace años, sino que exigirlas sigue siendo un peligro para quien se atreve a reclamar sus derechos, como lo demuestra este mero reporte o las elevadas cifras de sindicalistas asesinados en el país. Por eso el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado se sumó a la marcha del primero de mayo, y a ellos y a las demás organizaciones sociales y obreras que participaron en el evento les dedicamos este video. También muy especialmente a Nicolás, asesinado hace 5 años de forma brutal por el ESMAD en esta misma marcha y se ha convertido en un símbolo de la resistencia para el pueblo, y a Yuri Neira, incansable luchador por los derechos.


Entrevista Yuri Neira Salamanca





Por: International Peace Observatory- IPO - peaceobservatory.org - peaceobservatory.org

Colombia 2010

Colombia 2010 from Nacho Salgado on Vimeo.




Desde hace 45 años Colombia está inmersa en un grave conflicto político, social y armado.
Esta crisis se expresa con una de las más altas tasas de desplazamiento interno del mundo, con ejecuciones extrajudiciales, ataques indiscriminados detenciones masivas, hostigamiento, amenazas y múltiples transgresiones al derecho internacional humanitario.

Entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 2010 una delegacion asturiana visitó diferentes departamentos del país con el objeto de verificar, por sexto año, la situación de los derechos humanos en Colombia.
En este documental quedan recogidas gran parte de sus conclusiones… (Ángela López)


DOCUMENTO VI INFORME(castellano)


DOCUMENTO VI INFORME (asturianu)


Tomado de: vimeo.com

Un año de atropellos e injusticia, pero de mucha dignidad - Por Miguel Ángel Beltrán


"La resistencia es un deber, no una obligación.
Mantener la dignidad es un imperativo absoluto eso es:
la dignidad es lo que me queda, lo que nos queda"

Tajar Ben Jelloun


Hoy 13 de mayo de 2010 a punto de cumplir un año de estar privado arbitrariamente de mi libertad. Un año en el que se me han violado mis derechos fundamentales; un año en el que los medios oficiales de comunicación me han tratado como un peligroso terrorista; un año en el que he sido víctima de presiones físicas y psicológicas, incluyendo amenazas contra mi familia; un año en el que se me ha condenado a vivir la mayor parte del tiempo en una celda de tres por cuatro metros, con tres y hasta cuatro internos más en condiciones de hacinamiento, un año en que he padecido los maltratos de una guardia que reacciona violentamente cuando hago valer mis derechos. En una palabra, un año de inenarrables sufrimientos físicos y morales.

Pero más allá de estas difíciles circunstancias, quisiera decirles que como sociólogo, como colombiano, como ser humano, estos doce mese de prisión han sido un gran aprendizaje para mi, una “oportunidad” para ampliar mi horizonte de conocimientos y observar de cerca una realidad que los medios de comunicación y los poderes establecidos pretenden ocultar afanosamente.

Para empezar he apreciado el auténtico rostro autoritario de regímenes que como México y Colombia exaltan en sus constituciones y en sus discursos oficiales la primacía de los valores democráticos, pero que no vacilan en recurrir a mecanismos tan repudiables como el secuestro, la desaparición forzada, la tortura y la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos con el pretexto de combatir una supuesta “amenaza terrorista”. Y es que debo decirles –porque los medios de comunicación al servicio del stablishment lo han ocultado- que no fui capturado sino secuestrado y torturado por las autoridades mexicanas –en una operación coordinada con la DIJIN colombiana- cuando creyendo en las instituciones democráticas de estos países, me presenté voluntariamente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración a solicitar una prórroga de mi estancia legal, con el fin de concluirá mi investigación posdoctoral que adelantaba por una invitación del Centro de estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese 22 de mayo de 2009 el presidente Felipe Calderón, contrariando la voluntad del pueblo mexicano, cortó de tajo una larga tradición democrática que en décadas anteriores hizo de este país un lugar de refugio para numerosos intelectuales, políticos y líderes populares perseguidos por los regímenes autoritarios del continente y del mundo entero. Con esta infame acción, el gobierno del mandatario mexicano reafirma su pretensión de aplicar para México los lineamientos de la mal llamada “seguridad democrática”, que en Colombia ha arrojado como resultado el crecimiento del número de desplazados, la legalización de las organizaciones paramilitares, el incremento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sin contar con el profundo desangre presupuestal que lejos de resolver el problema de la violencia no hace más que agudizarlo.

Este doloroso capítulo de mi vida me ha permitido conocer los engranajes de una justicia viciada en la que primero se juzga y luego se investiga, una justicia que se sustenta en procedimientos encaminados a obtener un fallo condenatorio; un sistema penal acusatorio donde lo verdaderamente importante para el estado es que el sindicado esté dispuesto a reconocer su delito; un ente fiscal que se apoya en metodologías probatorias que no satisfacen las exigencias mínimas del proceso legal, un sistema procesal que no garantiza los principios del Estado real de derecho. Todo lo cual quedó claro en la audiencia de legalización de mi captura, donde un juez de garantías legitimó una captura ilegal, ignorando deliberadamente mi delicado estado de salud; una imputación donde no se aclaran los supuestos hechos delictivos (el cómo, cuándo y dónde ocurrieron); una inculpación donde se afirma que crear grupos de investigación científica es “concierto para delinquir” y que hablar de en espacios académicos del conflicto social y armado configura un delito de “rebelión”. Un juicio que se sustenta en una prueba ilícita e ilegal como el supuesto computador de “Raúl Reyes”.

Mientras efectivos del ejército acusados de ser autores materiales de “falsos positivos” (léase asesinatos a sangre fría) eran dejados en libertad por “vencimiento de términos” a mí se me convocaba a juicio oral para el 30 de diciembre de 2009, advirtiendo falazmente que mi defensa estaba recurriendo a maniobras dilatorias con el fin de obtener mi libertad amparado en esta misma figura jurídica. Cinco meses después de instalado el juicio oral no se ha dado inicio al mismo y a la espera de que esto suceda ya he cumplido un año de condena en este pabellón de máxima seguridad.

Para quienes no han tenido el infortunio de estar aquí –y espero que jamás lo tengan- el Pabellón de alta Seguridad de “La Cárcel la Picota” alberga internos considerados de un alto perfil delincuencial, por eso estamos sometidos a un régimen penitenciario especial –copiado del modelo norteamericano- que propicia la violación de nuestros derechos fundamentales, la restricción de visitas, la prohibición de usar espacios físicos recreativos y de trabajo (vb.gr. talleres); y el permanente monitoreo de cámaras de video, entre muchas otras medidas represivas que parten de negar nuestra condición humana porque se nos ha clasificado como peligroso para la sociedad. Contrasta esta situación con el tratamiento que reciben los jefes paramilitares, narcotraficantes y parapolíticos incriminados en masacres y delitos de lesa humanidad, quienes habitan en cómodos pabellones, con toda clase de lujos y prebendas por parte de las Directivas del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario de Colombia), cuando no gozan del beneficio de la detención domiciliaria, derecho que me fue negado pese a ser un servidor público y carecer de antecedentes penales.

Estos doce meses de presidio político no han podido, sin embargo, doblegar mi voluntad de lucha, porque para un espíritu libre no pueden haber barreras que impidan su acción. He impartido cursos de sociología, historia de América Latina, gramática y ortografía, hemos impulsado jornadas deportivo-culturales; he escrito y llevado a escena una obra de teatro (“El señor presidente apesta”); hemos fundado la Biblioteca “Jairo Antonio Sánchez”, primero en la cárcel Modelo y ahora en la Picota; y el pasado primero de mayo, día internacional de la clase obrera, lanzamos a la luz pública el primer número de boletín de presos políticos “la Fuga a viva voz” que pretende ser una valiente fuga de denuncias para re-encontrarnos con ese mundo externo que no nos es ajeno y que por el contrario es aliento para nuestra lucha.

Sin la fuerza solidaria que ustedes me han comunicado, todo esto hubiese sido imposible. Desde el momento mismo de mi detención la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (ASOPRUDEA), junto con mi familia, amigos, amigas, estudiantes y colegas de Colombia y el mundo entero, han asumido de manera activa el liderazgo de una campaña por la defensa del pensamiento crítico. A ellos, a las organizaciones y grupos de trabajo estudiantil, a los medios alternativos de comunicación, a las ONG’s defensoras de derechos humanos, a los intelectuales y académicos críticos, quisiera agradecer su decidida solidaridad, que en este momento constituye el mejor aliciente para seguir adelante y un escudo invencible para hacer frente a esta injusta situación.

Lamento sí que las altas directivas de la universidad, y particularmente su máxima cabeza visible, el Dr. Moisés Wasserman, tan enfático a la hora de condenar legitimas expresiones de protesta de los estudiantes, calle frente a los atropellos de un gobierno ilegitimo que recurre a la violencia física y simbólica para silenciar a la comunidad universitaria: ¿Qué podemos pensar de un rector que se apresura a calificar de “secuestradores” a estudiantes que no le permiten salir de su carro mientras calla frente al secuestro de un docente de su planta profesoral que adelanta estudios postdoctorales en un país vecino y, de un momento a otro es presentado ante la opinión pública nacional e internacional como uno peligroso terrorista sin el más mínimo respeto a su presunción de inocencia? ¿Será posible que esta delicada situación no suscite entre los directivos de nuestra magna casa de estudios la más elemental reflexión sobre el papel crítico de la academia en una sociedad atravesada por un agudo conflicto social y armado? ¿O es que la relevancia social de la universidad solo puede medirse a través de indicadores cuantitativos de productividad?

Tal parece que en la universidad pública bien abriéndose paso una tecnocracia académica con vocación burocrática que ve en el Alma Mater una fuente de legitimización de su poder, que privilegia la eficiencia, edificando sobre ella un sistema único de valores y concepciones acerca de las formas de gestión universitaria; una burocracia que resulta incapaz de adelantar reformas académicas con pertinencia social, porque se halla a espaldas de la comunidad universitaria; un gobierno universitario más comprometido con la reproducción de los grupos dominantes de poder que con un gobierno verdaderamente académico. Esto explica su negativa a asumir y debatir, de cara al país, los problemas nacionales.

Decía alguna vez el escritor español Miguel de Unamuno que: “hay momentos en que callar es mentir” y este silencio institucional de la Universidad es otra manera de conceder la razón a los tiranos. Y es que en ocasiones el miedo nos hace crear fantasmas y peor aún, creer en ellos.

Mi hoja de vida ha sido transparente, está a la vista de todos y todas ustedes. Son más de dos décadas de labor docente e investigación en que he enseñado a mis estudiantes no a disparar armas sino ideas; a indagar, explorar y comprender los fenómenos sociales que supone considerar todos los puntos de vista y explicaciones, así como descubrir hechos incómodos que más temprano que tarde chocarán con los saberes y poderes establecidos.

Por esos los convoco a que venzan sus temores, se despojen de su mordaza y hagan presencia masiva en el juicio oral que se iniciará el próximo lunes 24 de mayo de 2010, porque allí no se Juzgara al profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, allí se enjuiciará el pensamiento crítico, la libertad de cátedra, el trabajo académico comprometido.

En una palabra la esencia misma de la universidad pública, violentada por aquellos que pretenden coartar las ideas y convertir el Alma mater en un espacio para el pensamiento único y hegemónico.

quiero que comprendan que el haber optado por esta opción de vida, hoy me mantiene tras estas rejas y ad portas de un juicio oral que podría concluir en una condena de hasta 30 años, puedo decirles que no me arrepentiré de mis convicciones porque creo en el hombre y creer en el hombre significa creer en su libertad de pensamiento, de palabra, de crítica, de oposición, todo lo que este Estado persigue y criminaliza para garantizar los intereses de una minoría, por eso concluyo con el escritor marroquí Tajar Ben Jelloun que: “Nunca condenaré a los que no soportan a los que les hacen sufrir ya acaban sucumbiendo a la tortura y se dejan morir. He aprendido a no juzgar a los hombres. Solo soy un hombre semejante a todos los demás, con la voluntad de no ceder”.

Un abrazo fraterno
Miguel Ángel Beltrán Villegas,
Preso político, Pabellón “Alta Seguridad” (2Piso), Cárcel La Picota


Tomado de: todossomosmiguelangelbeltranvillegas.blogspot.com

Carta al Ministerio del Interior y de Justicia por Javier Giraldo Moreno

Carta al Ministerio del Interior y de Justicia


"Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos".




Bogotá, mayo 12 de 2010



Dr. FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Ciudad



De toda consideración.

Le agradezco mucho su carta del pasado 4 de mayo en la que se refiere a las amenazas contra mi vida que han aparecido escritas en muros de la ciudad y propone activar en mi favor los mecanismos previstos en el Programa de Protección de Derechos Humanos que lidera su despacho.

A la vez que le agradezco su oferta, la rechazo respetuosamente, por las mismas razones que lo hice en 1996, en 1998 y en 2006, tal como se lo expresé por escrito a los diversos organismos de seguridad del Estado que me insistieron en aceptar dichos esquemas, razones que le vuelvo a transcribir en gracia de la transparencia:

1. La única razón por la cual mi vida o seguridad pueden estar en riesgo, es la de denunciar violaciones graves de los derechos humanos fundamentales por parte de agentes directos o indirectos del Estado contra personas y comunidades en desprotección, dado que mi trabajo ha estado centrado en este tipo de acompañamiento desde hace varias décadas. No tendría lógica ser protegido por aquellas mismas instituciones que han perpetrado esas violaciones.

2. Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos.

3. No puedo, en conciencia, permitir o tolerar que se compre, se utilice o se justifique el uso de algún arma por mi causa, ni mucho menos que se arme a un ser humano por lo mismo. Estoy convencido de que la dinámica que lleva a armar a unos para defender a otros conduce a una espiral de violencia cada vez mayor, haciendo progresivamente más difícil soluciones civilizadas.

4. Personalmente no puedo soportar que alguien, por defenderme, hiera o mate a otro ser humano. Si existe un riesgo de muerte, la muerte que me parecería más perturbadora para mi conciencia sería la del que sea eliminado por alguien que busque defenderme, así sea un agresor.

5. He experimentado en otras personas que han aceptado esquemas de protección de órganos del Estado, que el uso de dichos esquemas aleja progresivamente a quienes más nos necesitan, que son las víctimas, en su mayoría traumatizados por el uso de armas contra ellos mismos o contra sus seres queridos.

Estas razones reposan textualmente desde hace 14 años en los archivos de los diversos organismos de seguridad del Estado y las vuelvo a refrendar ahora.

La coyuntura actual ha puesto en conocimiento de la opinión pública niveles profundos de corrupción y perversidad del organismo de seguridad más importante adscrito a la Presidencia de la República. Si bien todos mis esfuerzos por que se respete el artículo 15 de la Constitución, que da derecho a conocer los informes que sobre uno se guardan en bases de datos oficiales, han sido bloqueados incluso por magistrados de altos tribunales, algunos periodistas me han enviado paquetes de información que demuestran un seguimiento de 20 años a mi persona y actividades por parte del DAS y un plan elaborado de “inteligencia ofensiva” que al parecer tenía como objetivo bloquear todas mis actividades, desprestigiarlas ante la sociedad y construir piezas artificiales que facilitaran montajes judiciales. Usted comprenderá, Señor Ministro, que mal podría yo acogerme a la protección del Estado luego de descubrir estas realidades, aunque no existieran las razones de mayor peso ético antes expuestas.

Permita, pues, Señor Ministro, que al agradecerle su oferta y sus buenas intenciones, le manifieste al mismo tiempo con sinceridad mi rechazo. Ya he firmado los documentos pertinentes de renuncia a la protección estatal ante los oficiales de la Policía Nacional que me han visitado, asumiendo toda la responsabilidad que me corresponda por dicha renuncia.

Respetuosamente,





Javier Giraldo Moreno, S. J.


Tomdo de: cdpsanjose.org

lunes, 3 de mayo de 2010

Nuevas agresiones y persecuciones – Comunidad de Paz de San José de Apartadó


La Comunidad de Paz de San José de Apartadó deja nuevamente constancia ante el país y ante el mundo de las nuevas agresiones de que ha sido víctima por parte de agentes del Estado colombiano:



- Desde el día 12 abril de 2010, a través de las emisoras de radio locales, se ha citado a integrantes de nuestra Comunidad de Paz para que se presenten en la Brigada XVII del Ejército a rendir declaraciones. La comunidad considera que quienes han perpetrado tantos centenares de crímenes contra los integrantes de nuestra Comunidad y contra la población campesina de nuestro entorno, no tienen ninguna legitimidad para constituirse como “investigadores”. Esto constituye un insulto a las normas más elementales y universales de la justicia, pues jamás una institución criminal puede investigarse a sí misma.

- Los días 12 y 13 de abril de 2010, paramilitares en trajes de camuflado y con armas largas enviaron un mensaje a los miembros de la Comunidad de Paz manifestándoles que van a exterminar la comunidad y que la lista de víctimas hace tiempo la tienen elaborada y que comenzarán a ejecutarla tarde o temprano.

- El 13 de abril de 2010, hacia las 07:00 horas, siete hombres vestidos de camuflado y portando armas largas hicieron presencia en varias viviendas de la vereda Miramar. Los armados se presentaron como “autodefensas” y dijeron que estaban haciendo registros en las diversas veredas.

- El 14 de abril de 2010, hacia las 18:00 horas, un soldado le dijo a un miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad, en Apartadó, que los militares tenían una lista de 60 personas de la zona, entre ellas varios integrantes de nuestra comunidad, para detener. Así, dijo, van a “acabar con esa h.p. comunidad”.

- El 15 de abril de 2010, a las 07:30 horas, un carro estuvo parqueado junto a la casa de la familia de Eduar Lanchero y uno de sus ocupantes, junto con otro que llegó allí mismo en bicicleta, forzaron la cerradura e ingresaron a la casa, la cual se encontraba sola en ese momento, permaneciendo en su interior media hora y dejando revolcado el sitio donde se encontraban los libros y documentos, sin llevarse absolutamente nada.

- El 19 de abril de 2010, a las 08:30 horas, miembros del Ejército amenazaron nuevamente a los integrantes de nuestra comunidad en el asentamiento de La Resbalosa, afirmando que van a acabar con la comunidad y con todos ellos. Los miembros de la comunidad exigieron que respetaran las decisiones de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional, pero los militares respondieron que ellos pasaban por encima de todo eso; que ellos no tenían que acatar ninguna decisión de esas Cortes. De la misma forma el Coronel Rojas, Comandante del Batallón Voltígeros que hace presencia en la zona, le ha manifestado a organizaciones internacionales que no respetará las medidas de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que él trabaja con alias “Zamir”, el desertor de las FARC que ha proferido numerosas calumnias contra nuestra Comunidad, y con Wilfer Higuita, reconocido paramilitar al servicio del Ejército, quien ha anunciado de antemano las últimas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la zona.

- Desde el 22 de abril de 2010, han aparecido en diversos lugares de Bogotá grafitis contra el Padre Javier Giraldo y varias organizaciones de derechos humanos, en ellos se expresan amenazas de muerte y tratándolos de guerrilleros.

Estos hechos evidencian la persecución que se mantiene contra nuestro proceso y que no cesa en absoluto. A todo esto debemos añadir la actitud ineficaz de la Defensoría del Pueblo, que ha suprimido el Defensor Comunitario con que contaba nuestra Comunidad desde hace varios años y no ha respondido al mandato de la Corte Constitucional en su sentencia T 1025/07, incurriendo en un verdadero desacato a ésta. De igual forma el descaro del Ejército en su desprecio manifiesto por la normatividad nacional e internacional y por las mismas instituciones protectoras de los derechos humanos, es algo que ya no tiene pudor ni nombre. Al mismo tiempo, los vínculos entre militares y paramilitares, denunciados por muchos años por nuestra comunidad y negados siempre por el Gobierno y el Ejército, continúan revelándose a la luz del día, mientras los órganos de la justicia callan y miran para otro lado.

Este sistema de muerte que nos ha azotado durante tantos años, sigue en su empeño por destruirnos, utilizando, como siempre, las formas más ruines para hacerlo, creyendo que con dichas acciones puede aniquilar los procesos alternativos que se generan desde la conciencia, la libertad, la opción por la vida y por una paz que parte del respeto integral a la dignidad humana.

Los esfuerzos para hacerlo no cesan y las accione que se realizan se encubren con discursos que distorsionan la realidad. Un gobierno que responde que se han tomado todas las medidas de protección y que se ha avanzado en la lucha contra la impunidad mostrando realidades distorsionadas y falsas, lo que busca es encubrir sus acciones totalmente perversas que día a día van saliendo a la luz, pero que él busca siempre ocultar para bloquear toda justicia. Sin embargo, las víctimas tenemos siempre la memoria más activa y viva que nunca, pues no apostamos por un pasado muerto y enterrado; apostamos por las víctimas y por su dignidad; por su pasado siempre vivo y presente; por su historia mucho más actual y viva que nunca. Por ello no podemos quedarnos callados ante las acciones de terror que continúan realizándose; ante las intimidaciones y amenazas persistentes. Hacerlo sería creer en la lógica del victimario y justificarla; apostarle a sus formas de exterminio y de exclusión. Por ello seguirnos día a día creyendo en nuestros principios y en la necesidad diaria de mantener vivos los anhelos de justicia y de verdad, posibilitadores de un mundo distinto al que llamamos reparación.

Pedimos nuevamente a la gente que vive diariamente sembrando conciencia y que no cesa en su búsqueda de un mundo distinto, su solidaridad. Sabemos que esa solidaridad es la que permite la sobrevivencia de espacios y comunidades alternativos a los que genera este sistema de muerte, de crimen y de impunidad.



COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Abril 23 de 2010


Tomado de: cdpsanjose.org

Sentenciado a muerte

Fuerzas oscuras amenazan al padre Javier Giraldo. ¿Quién es este religioso que no cree en la justicia y desconfía de la fuerza pública?
El sacerdote jesuita Javier Giraldo asegura que no dejará de documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos por los grafitos amenazantes que aparecieron en varias partes de Bogotá.

En las calles de Bogotá se puede leer una sentencia de muerte contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno. No es la primera vez que se conoce una amenaza contra este religioso, defensor de los derechos humanos, pero nunca antes sus enemigos le habían notificado su 'muerte' a través de una decena de grafitos que aparecieron en la capital desde el pasado 23 de abril.

Las intimidaciones públicas están firmadas por un grupo que se autodenomina 'nacionalista' y se identifica como 'AN RN'. Las autoridades no han determinado quiénes están tras esta sigla, pero el padre Giraldo supone que las amenazas provienen de quienes ha incomodado con sus denuncias.

Giraldo se ha dedicado por más de 30 años a documentar y denunciar atrocidades sufridas por distintas comunidades remotas del país. Su labor ha sido riesgosa y solitaria. Ese compromiso lo ha puesto como un testigo de excepción en varios de los episodios más luctuosos del país.

A finales de los 80, Giraldo intentó, con el abogado Eduardo Umaña Mendoza, que fuera esclarecido el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por el M-19, y luego retomado a la fuerza por el Ejército. Umaña fue asesinado y valiosas pruebas que ambos aportaron al proceso durmieron el sueño de los justos hasta hace un par de años cuando la Fiscalía reactivó el proceso. Varios militares de alto rango están siendo juzgados por este caso y está a punto de producirse la primera sentencia, 25 años después.

Algo similar ocurrió con la masacre de Trujillo, en Valle del Cauca. Giraldo, junto con el párroco de la comunidad, Tiberio Fernández, recopiló amplia información sobre los crímenes que sufrieron los habitantes de este municipio entre 1988 y 1994, que dejaron más de 300 víctimas. En medio de esta labor, el padre Tiberio fue descuartizado y lanzado al río Cauca. La impunidad reinó por años, hasta que en 2008 el Grupo de Memoria Histórica publicó un detallado informe que rememora lo denunciado por Giraldo en su momento, lo que le dio un nuevo impulso a este proceso en la justicia.

También ha documentado centenares de crímenes en zonas como El Carmen del Chucurí, Santander; Magdalena Medio, Chocó y Meta. Su labor con la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en el Urabá antioqueño, ha sido más que minuciosa: Giraldo ha activado todo tipo de recursos legales, dentro y fuera del país, para que la justicia esclarezca 201 homicidios perpetrados entre 1996 y 2009. Y en especial la masacre ocurrida en 2005, por la que hay en la cárcel más de 20 militares.

El jesuita trabaja con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), donde sistematiza la información y semestralmente la publica bajo el título Informe Noche y Niebla, un documento que paradójicamente está siendo usado por los fiscales de Justicia y Paz para esclarecer los crímenes de los paramilitares.

Desconfía profundamente de la justicia, y los militares lo consideran su adversario por las acusaciones que ha hecho sobre violaciones de derechos humanos. Lo acusan de ser el corazón de la llamada guerra jurídica.

Nunca ha aceptado tampoco protección del Estado. "No puedo admitir que una persona armada esté conmigo y en un momento vaya a agredir a alguien por defenderme. Por otra parte, no son buenos los antecedentes de cómo actúa la fuerza pública frente a críticos como yo", le dijo a SEMANA.

Aunque no cree en la justicia colombiana, Giraldo conoce como nadie los recursos que le da la ley para combatir la impunidad en cada caso. La única respuesta que dice haber obtenido es comprobar una y otra vez "la podredumbre de nuestra justicia". Su conclusión, luego de 30 años en ese empeño, es simplemente lapidaria: "En Colombia la impunidad es la medida de todos los crímenes". Por eso no tiene ninguna fe en que se descubra quién ha pintado una sentencia de muerte en su contra, en los muros de Bogotá.

Por: Semana
Tomado de: semana.com

miércoles, 21 de abril de 2010

Recordemos lo que aconteció el 8 de marzo, día internacional de la Mujer en Medellín.

Sin la voz de las mujeres la verdad no está completa


Las heridas hablan y cuando son escuchadas se van cerrando con el bálsamo del dolor compartido, que junta manos y corazones para tejer la verdadera solidaridad de piel y amor. Es la solidaridad que cura las heridas de la injusticia, el abandono, la violencia y la guerra. Alba Lucia Tamayo

Los hechos narrados por las mujeres en este Tribunal son el reflejo de un conflicto armado permanente, de una sociedad patriarcal y militarista, que justifica la opresión, la explotación y la discriminación contra las mujeres, en una sociedad profundamente desigual que las empobrece y margina. Por lo tanto su palabra es suficiente para afirmar que la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural, que las instituciones estatales son responsables de la permanente violación de los derechos humanos, por su incapacidad, por su retardo por sus prejuicios patriarcales.

Mujer tu voz y tus pasos hacen falta en la marcha

Movimiento Social de Mujeres
Medellín 8 de marzo de 2010


Por: Producciones El Retorno
Tomado de: youtube.com/elretornocolombia

jueves, 15 de abril de 2010

Libertad de Feliciano: Triunfó la Jurisdicción Especial Indígena, Tejido de Comunicación - ACIN].


La jurisdicción especial indígena, una vez más se legitima ante la detención y posterior liberación de Feliciano Valencia, quien tan solo a las 11:00 de la noche del domingo 11 de abril, fue dejado en libertad en las instalaciones de la Fiscalía Sexta de Popayán.

A las 2 de la tarde del día domingo 11 de abril en la fiscalía de Popayán, al dirigente Nasa, vocero de la Minga Social, le hacen la imputación de los cargos, donde lo acusan como autor del supuesto secuestro de un soldado indígena y de supuestas lesiones personales agravadas, por haber sometido al soldado a nueve latigazos. Castigo que para las comunidades indígenas, es el remedio normalmente aplicado por las autoridades propias para armonizar el territorio. Ante esta situación la ley ordinaria no está facultada para contradecir un reconocimiento constitucional que ampara la jurisdicción indígena.

La jurisdicción especial indígena, una vez más se legitima ante la detención y posterior liberación de Feliciano Valencia, quien tan solo a las 11:00 de la noche del domingo 11 de abril, fue dejado en libertad en las instalaciones de la Fiscalía Sexta de Popayán.

"¿Qué hay detrás de todo esto?, nada más y nada menos que un ataque a la Jurisdicción Especial Indígena, porque la Constitución del 91 reconoció y protegió la diversidad étnica, y el artículo 246 reconoce que las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer jurisdicción especial indígena. El problema es el desconocimiento y la no coordinación entre las dos jurisdicciones: la propia y la occidental, por eso estamos sometidos a las interpretaciones que hacen los jueces quienes desconocen la ley indígena", manifestó Jorge Triviño, abogado de la ACIN.

La captura fue ilegal porque no había una orden escrita de un juez, lo detuvieron y se demoraron en decirle el porqué de su captura, le mostraron una orden impresa de computador, no fue claro el trato que se le hizo porque lo interrogó la Personería de Cali y el operador judicial del DAS. Esto no se debe hacer sin la presencia de un abogado, pues no legalizaron su orden de captura. Cuando llegaron a Popayán, la comunidad observa que Feliciano es tratado como un terrorista al llegar custodiado de numerosa fuerza pública y además instalan un carro tanque a las afueras de la Fiscalía.

A las 2 de la tarde del día domingo 11 de abril en la fiscalía de Popayán, al dirigente Nasa, vocero de la Minga Social, le hacen la imputación de los cargos, donde lo acusan como autor del supuesto secuestro de un soldado indígena y de supuestas lesiones personales agravadas, por haber sometido al soldado a nueve latigazos. Castigo que para las comunidades indígenas, es el remedio normalmente aplicado por las autoridades propias para armonizar el territorio. Ante esta situación la ley ordinaria no esta facultada para contradecir un reconocimiento constitucional que ampara la jurisdicción indígena.

Los abogados defensores de Feliciano Valencia, solicitaron la nulidad del caso por ser mal formulada la acusación y sobretodo por la inexistencia del delito. Pues la jurisdicción especial indígena, actuó bajo los parámetros establecidos por las facultades que le otorga la Constitución Nacional, sobre legislación propia, lo que le permite sancionar a un militar indígena que se infiltró en la Minga Social ,realizada en la María Piendamó en el año 2008, donde a este joven se le incautó material bélico, radios de comunicación y prendas militares. Sin embargo ante estas evidencias, los fiscales y los jueces no reconocieron la agresión al proceso y a la comunidad indígena. Para la ley occidental la aplicación de justicia propia a través de la legislación indígena es un acto repudiable, mas no se repudia ni rechazan todas las violaciones de derechos humanos en contra de los pueblos y procesos del país.

El fiscal con términos despectivos calificó a Feliciano Valencia como un peligro para la humanidad y advirtió ante el juez que si quedaba libre estaría evadiendo la acción de la justicia o podría adulterar cualquier elemento material probatorio de su delito. El juez rechazó tal afirmación y al no poder ser demostrada la supuesta peligrosidad y la culpabilidad ante el delito, Feliciano Valencia quedó en libertad.

A las afueras de la Fiscalía de Popayán, centenas de personas integrantes de diversas comunidades del Cauca y representantes de organizaciones sociales, aguardaban el resultado de la audiencia y al conocer la decisión de libertad de Feliciano, lo recibieron con aplausos y vivas al movimiento indígena, resaltando la labor de quienes defendieron el derecho de la aplicación de la jurisdicción indígena. Feliciano agradeció el apoyo y acompañamiento de las organizaciones y los invitó a continuar resistiendo con diginidad y fortaleciendo la autonomía.

Una vez más las comunidades indígenas demuestran la fuerza de la unidad, la efectividad de la jurisdicción especial indígena, con lo que se ratifica la autonomía de los pueblo.

Agradecemos a todas las personas, organizaciones de DH, defensorías del pueblo y sobre todo a la comunidad que ha estado pendiente de esta situación desde el momento de la detención del compañero Feliciano Valencia hasta lograr su libertad.

Por: Cric
Tomado de: www.cric-colombia.org