Estudiante de la UIS aprehendido por el ESMAD fue sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos

“Procuradora y Juez de Garantía avalan el procedimiento irregular de captura”


El 26 de agosto de 2009, a las 4:45 de la tarde fue aprehendido por miembros del Escuadrón Móvil de Antidisturbios –ESMAD- de la Policía Nacional el joven DANIEL ALEXANDER RUEDA OTERO de 24 años de edad, estudiante de séptimo semestre de historia de la Universidad Industrial de Santander, siendo sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos por parte de los policiales.

La aprehensión de DANIEL ALEXANDER se produjo en el marco de una jornada de protesta desarrollada por estudiantes que exigían la renuncia del rector de la -UIS- JAIME ALBERTO CAMACHO PICO, de quien en el mes de mayo del presente año se dio a conocer una comunicación telefónica sosteniendo una conversación con un jefe paramilitar de nombre FELIX, comprometiéndose a entregar un listado de estudiantes, profesores y trabajadores para aplicarles un “plan pistola”.

El estudiante DANIEL ALEXANDER fue aprehendido dentro de las instalaciones de la UIS, en el momento en que los efectivos del ESMAD ingresaron abruptamente con tanqueta por la carrera 27 y por la carrera 30, disparando armas de fuego según versión de varios estudiantes; en ese momento DANIEL ALEXANDER fue golpeado en la cabeza con la macana del policía LUIS CARLOS QUIROZ FIGUEROA, perdiendo el conocimiento de forma temporal, de inmediato fue sacado por el ESMAD por la puerta de la carrera 27, siendo utilizado como escudo ante las peticiones de libertad que elevaban los estudiantes; posteriormente fue llevado a una patrulla policial donde fueron rociado sus ojos con gas pimienta; además recibió varios puntapiés en su espalda de varios policías, siendo llevado a una Estación de Policía del Norte de Bucaramanga.

Luego el estudiante fue llevado al Hospital Universitario de Santander donde fue internado de urgencias, lugar donde permanece hasta este momento; allí fue visitado por miembros de la Policía judicial formulando preguntas de los hechos sin la presencia de abogado, en flagrante violación a la ley y la Constitución.

El 27 de agosto de 2009 en horas de la noche se efectuaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La triple audiencia se adelantó en un sótano del Hospital debido al estado de salud de DANIEL ALEXANDER, solicitando la defensa la ilegalidad de la captura debido a los actos de tortura, siendo estos ignorados por el Juez Constitucional y avalados plenamente por la procuradora judicial asignada para el caso, quien convirtiéndose en una acusadora más, avala el procedimiento empleado por los policiales; al final le fueron imputados cargos por los delitos de TERRORISMO, lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno agravado, imponiendo medida de aseguramiento con privación de la libertad, ordenando su traslado a la cárcel Modelo de Bucaramanga al momento en que el médico tratante ordene su salida del hospital. Preocupa el papel de la procuradora judicial y del Juez de garantías, quienes ante la evidencia y los hechos que permitían concluir que el estudiante DANIEL ALEXANDER RUEDA OTERO fue sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos, guardaron silencio e impidieron que estudiante expusiera directamente la forma como se desarrolló su captura; es claro que la posición de la representante del ministerio público fue avalar la tortura bajo el argumento que la Fuerza Pública debe acudir a la fuerza para restablecer el orden, en una aplicación extrema de un derecho penal de enemigo que desconoce el Estado Social de Derecho y trasgrede nuestro orden constitucional. De muy grave consideramos las organizaciones sociales de derechos humanos y de paz que se tipifique y se convierta en norma el hecho que sea tipificado como terrorismo las expresiones de inconformismo del sector estudiantil, quienes ante la indiferencia del Estado, deben acudir a la legítima protesta social para exigir resultados en las investigaciones penales y disciplinarias contra el rector de la UIS, señalado de sostener vínculos con el paramilitarismo.

Por último, genera profunda preocupación que ante un conflicto estructural que afecta las universidades públicas, el Presidente de la República ordene que durante su gobierno la Fuerza Pública debe ingresar a los campus universitarios a punta de represión militar; bajo el argumento que se debe “recuperar” y restablecer el orden institucional; desconociendo la autonomía universitaria.

Atentamente,

CUT Santander. Corporación Compromiso. ASAPAZ. Movimiento Nacional de Crímenes de Estado. Nodo Nororiental de la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Político Seccional Santander. ASFADDES. Corporación Guayac-an.


Por: Central Unitaria de Trabajadores - CUT de Colombia
Tomado de: prensarural.org

Más de 200 indígenas Awá se desplazan en Tumaco

Como era de esperarse una vez ocurrida la tragedia, hace ocho días donde fueron masacrados 12 hermanos Awá, las comunidades del Resguardo El Gran Rosario y comunidades vecinas desde ayer empezaron el desplazamiento masivo y hoy contamos con más de 300 personas desplazadas.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.


La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC y la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, manifiestan su preocupación por el continuo asedio y amenazas contra nuestras comunidades indígena del pueblo Awá.

Como era de esperarse una vez ocurrida la tragedia, hace ocho días donde fueron masacrados 12 hermanos Awá, las comunidades del Resguardo El Gran Rosario y comunidades vecinas desde ayer empezaron el desplazamiento masivo y hoy contamos con más de 200 personas desplazadas; no obstante otras 100 personas se encuentran sobre la vía Pasto –Tumaco entre los kilómetros 78 a 80.

Las continuas amenazas que han venido recibiendo las comunidades en las cuales -recientemente se les intimida con una nueva masacre -y sabiendo que se han materializado en algunos casos, pasado una semana y al escuchar nueva amenaza se han visto obligados a salir de sus casas hacia el corregimiento de la Guayacana, municipio de Tumaco, en busca de protección, pero es preocupante saber que estas familias Awá en esta vereda tan sólo cuentan con una vivienda construido con sus propios esfuerzos, por esta razón las condiciones humanitarias son críticas: hacinamiento, falta de alimento, dotación de utensilios de cocina, útiles de aseo, agua, baños, cobijas, pañales desechables y ropa, cabe aclarar que por parte de Acción Social y la Alcaldía de Tumaco ha realizado entrega de algunas colchonetas y alimentos.

En atención psicológica que hasta ahora han recibido no son adecuadas a nuestra cultura y no responden a la magnitud del drama que están viviendo. En materia de salud fue designado un médico del municipio de Tumaco, pero sólo alcanza a entregar la formula médica y hace falta la entrega de medicamentos.

Entre los desplazados se encuentran no menos de 100 niños, 1 mujer embarazada y algunos ancianos quienes están durmiendo a la intemperie, pues no hay condiciones de vivienda en la zona.

En este sentido exigimos que las entidades de gobierno a quienes corresponde atender esta emergencia cumplan con su obligación constitucional de atender de manera integral y con enfoque diferencial a estas familias durante el desplazamiento.

Reiteramos nuestra solicitud de proteger a los testigos de la reciente masacre, lo mismo que a las autoridades y líderes indígenas del pueblo Awá contra quienes se han intensificado las amenazas y persecuciones.

La ONIC y la UNIPA exigen que se agilice el reconocimiento a los indígenas desplazados no solamente de quienes salen desde las comunidades que habitan cerca de la masacre, sino también de quienes habitan las familias Awá cerca de población de la Guayacana, quienes están confinados y no tienen como acceder a traer sus productos de sus tierras que están a 30 minutos de donde ocurrieron los hechos.

Hacemos un llamado urgente exigiendo al gobierno tomar medidas urgentes para proteger a la población y prevenir más desplazamientos.

De manera rápida y efectiva exigimos

- Atención integral con enfoque integral
- Que presten atención a la situación de salud
- Ayuda humanitaria acorde a la cultura del Pueblo indígena Awá
- Elementos indispensables para atender a la población desplazada, lo mismo que medicamentos y agua potable.


Que se reconozca la condición de desplazados de estas comunidades y no se dilate las medidas urgentes para su atención y protección.


POR LA VIDA, LA DIGNIDAD, Y LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO AWÁ

Por:
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA, ONIC
UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ- UNIPA

Tomado de: www.onic.org.co

Protesta ciudadana

Por: IPC
Tomado de: www.ipc.org.co

VIII JORNADA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y CONTRA LA IMPUNIDAD

Con el lema “Por el derecho a defender los derechos humanos”, durante la semana del 7 al 12 de septiembre se celebrará en Medellín la VIII Jornada de los Derechos Humanos y contra la impunidad.

La VIII Jornada por los Derechos Humanos y Contra la Impunidad, realizada por las organizaciones que hacen parte del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel), la Red de Organizaciones Comunitarias (ROC), el Comité Municipal de Derechos Humanos, la Corporación Itagüí Nueva Gente, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Kavilando, Sintraisa, el Colectivo Gente de Maíz y la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida); busca nuevamente conmemorar el Día Nacional de los Derechos Humanos, prestando especial atención a “la importancia y legitimidad de la labor integral de defensa de los derechos humanos y el aporte a la consolidación de los principios democráticos por parte de las organizaciones y personas que se dedican a esta labor”.
Por el derecho a defender los Derechos Humanos

Pese a que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 9 de diciembre de 1998, el derecho los individuos, los grupos y las instituciones de promover y procurar la protección y realización de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas; “los Estados se niegan a cumplir esta obligación de protección y, por el contrario, implementan medidas represivas y de persecución a los defensores de Derechos Humanos y opositores políticos, a quienes se les da tratamiento de “enemigos públicos”, “aliados del terrorismo” o peligro para la sociedad. Este es precisamente el caso de Colombia donde se criminaliza la opinión y la libertad de expresión, dejando como resultado cientos de víctimas que incluso han pagado con su vida el pensar diferente o su compromiso con la labor de defensa de los Derechos Humanos”.

Esta política de señalamiento, persecución y represión de la disidencia política, ha alcanzado tal punto de perfeccionamiento que en la actualidad no sólo se aplica a aquellos que estén por fuera de los partidos tradicionales, sino a cualquiera que se atreva a disentir, con lo que se promueve la homogeneización del pensamiento y la ilegalidad e ilegitimidad de todo lo que se contradiga con el establecimiento.

El Estado emprende, entonces, estrategias y acciones político jurídicas que pasan por la difamación de la labor de defensa de los Derechos Humanos, la oposición política y la disidencia social con declaraciones falsas a través de los postrados medios masivos de comunicación; la adecuación de marcos institucionales y legales para penalizar la protesta social; la persecución a través de procesos judiciales fundados en hechos y pruebas falsas; el fortalecimiento de grupos privados de ajusticiamiento que operan con altos niveles de permisividad; entre otras.

“A esto se suma el poco control político de esta situación –afirmaban los miembros de la Corporación Jurídica Libertad en la sesión del Concejo sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en la ciudad y el departamento-. En el caso de Antioquia, las autoridades de la Gobernación y la Administración Municipal han guardado absoluto silencio frente a los señalamientos, persecución y amenazas hacia las organizaciones y los miembros de éstas. Silencio que puede ser considerado como cómplice cuando se conoce la posición de dichas administraciones en relación con la labor que realizan en el campo de la defensa de los Derechos Humanos y de la oposición política las organizaciones investigadas”.

El lema de la Jornada de este año, Por el derecho a defender los Derechos Humanos, “es un grito de denuncia por todos los actos de represión, es un grito de exigencia al Estado colombiano para que no se cometan más actos de violencia contra los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, es un grito que pide solidaridad para que todos y todas nos unamos a exigir que por fin se reconozcan integralmente los Derechos Humanos.

Seis días de reflexión
El próximo lunes 7 de septiembre se inaugurará, en la Plaza Botero, la VIII Jornada por los Derechos Humanos y Contra la Impunidad con un Campamento por la expresión del movimiento social y popular: Somos minga de los pueblos, donde diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos del departamento compartirán su quehacer con los transeúntes y presentarán una muestra de las actividades que desarrollan.

Se realizará, además, un plantón en el parque principal del municipio de Itagüí; una asamblea ciudadana donde se reflexionará sobre el problema de militarización en la ciudad y las alternativas de resistencia de las comunidades; un panel donde Alfredo Molano, María Victoria Fallón y Juan Diego Restrepo pondrán sobre la mesa las violaciones a la libertad de opinión en el contexto de la seguridad democrática; la presentación de un informe sobre la situación carcelaria en Medellín; y finalmente la clausura de la jornada, La ladera le habla a la ciudad, se llevará a cabo en los barrios La Cruz y La Honda, en la Comuna 3, con actividades culturales y recreativas.

Transversal a estas actividades se mostrará la Galería Itinerante de las Víctimas de Crímenes de Estado y se estrenará la Primera muestra de documentales colombianos sobre Derechos Humanos, con siete documentales que se proyectarán en diferentes puntos de la ciudad.

Esta Jornada es una oportunidad, también, para rendir un sentido homenaje a los defensores de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Jesús Puerta y Julio González, asesinados hace diez años en razón de sus actividades políticas. Y para recordar al compañero y amigo Winston Gallego Pamplona, privado de la libertad desde hace tres meses, y exigir su libertad inmediata.




Por: Corporación Jurídica Libertad
Tomado de: www.cjlibertad.org

El silencio de Uribe

El presidente de Colombia lleva meses esquivando sistemáticamente el tema de su segunda reelección.Más parapolíticos

El aislamiento por la gripe porcina ha sido el mejor escudo para que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, siga eludiendo un tema del que todos quieren que hable: la segunda reelección.

Como el presidente sigue recluido en su casa privada, sin contacto físico con otras personas, no se conoce públicamente su opinión sobre la aprobación en el Congreso de la convocatoria a un referendo para decidir si puede haber o no una segunda reelección. Y lo más probable es que tampoco se conozca una vez termine su aislamiento.

Uribe lleva meses esquivando sistemáticamente el tema. Ha admitido que la segunda reelección es una "encrucijada" de su alma y ha dicho que no hay que perpetuarse en el poder.

Pero, al mismo tiempo, el mandatario colombiano también ha pedido que se reelijan sus políticas de seguridad, económicas y sociales.

¿Reelegir sus políticas significa reelegirlo a él o a uno de sus aliados?, es la pregunta que surge inmediatamente.

"Otra pregunta, amigo", fue la respuesta que le dio Uribe a BBC Mundo en Roma cuando se le preguntó sobre su segunda reelección, algo que, por ahora, no permite la Constitución de Colombia.

¿Silencio obligado?

"Uribe no habla del tema por capricho, sino porque la Constitución se lo prohíbe y lo podrían encausar jurídicamente por participar en política", considera el analista Álvaro Forero, en diálogo con BBC Mundo.

Por el contrario, José Obdulio Gaviria, un amigo cercano de Uribe, de quien fue asesor durante varios años y hasta hace pocos meses, dice que el presidente "no tiene por qué hablar del tema".

"El que debe decir algo es el pueblo cuando sea consultado en las urnas", declara Gaviria a BBC Mundo.

Es evidente que el gobierno hizo todo lo que pudo por sacar adelante el proyecto de referendo, que finalmente fue aprobado a la medianoche del martes por un voto más de los que necesitaba en la plenaria de la Cámara de Representantes.

"Me siento muy contento de ver cómo la Cámara de Representantes interpretó el sentimiento mayoritario de los colombianos. Es un acto de grandeza de la Cámara", expresó el ministro de interior y justicia, Fabio Valencia, luego de la votación.

Por eso,muchos se preguntan qué cartas jugará Uribe con la aprobación del referendo en el Congreso y cuando aún falta el examen de la Corte Constitucional y que la gente vote en las urnas.

"El referendo es una manera de Uribe de mantener la gobernabilidad e imponer a un sucesor", dice Forero, quien es columnista del diario El Espectador.

Algunos creen que Uribe le apuesta a su propia reelección y que, como "Plan B", impulsa las candidaturas de aliados suyos, como el ex ministro Juan Manuel Santos y la ex canciller Noemí Sanín.

"No me cabe duda de que el presidente está buscando su propia reelección, pero como todavía el referendo tiene un camino que recorrer en su examen constitucional, en las dudas sobre su financiación y en cuanto al mínimo de votantes que se requieren, Uribe mantiene un plan B", asegura León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris.

En diálogo con BBC Mundo, Valencia advierte que jugar con esas dos cartas, sin embargo, "les va a crear dificultades a los otros candidatos uribistas, que pasan a un segundo plano".

Pero Forero cree que Uribe está más empeñado en un dejar un sucesor que en reelegirse.

Sin embargo, el analista subraya que, a diferencia de 2006, cuando ocurrió la primera reelección de Uribe, las fuerzas políticas están hoy más dispersas y el presidente se tendrá que disputar el electorado con otras fuerzas, si, finalmente, decide competir por un tercer mandato de cuatro años.

Pero eso solo lo sabe con certeza Uribe, quien mantiene su silencio sobre el tema, cuando faltan nueve meses para las elecciones presidenciales de 2010 y hay más de una decena de candidatos que aspiran a sucederlo.

Para José Obdulio Gaviria todo se aclarará cuando se realicen las votaciones al referendo, programadas en principio para marzo de 2010, dos meses antes de las presidenciales.

"Uribe dirá lo que el pueblo decida. Si el pueblo dice sí, ese mandato lo obliga a presentarse a una segunda candidatura, pero si dice no, eso lo animará a buscar un candidato que tenga las calidades para reemplazarlo", concluye.

Por: Hernando Salazar - BBC
Tomado de: BBC Mundo.com

El pobre Uribe

Decía Lula, con razón, que esas reuniones es mejor no tenerlas en público, porque se habla para el público. O sea: no se dice la verdad.

Pobre presidente Álvaro Uribe, él solito contra todos en gavilla en la reunión de Unasur, en Bariloche. Pobre, pero ¿quién le manda? Ah: es que la discusión era justamente esa: le mandan los Estados Unidos. La discusión consistía en saber si la seguridad "contra el terrorismo y el narcotráfico" consiste en ponerse bajo el ala protectora y la garra rapaz de los

Estados Unidos, o no. Uribe dice que sí. Los demás dicen que no. El presidente ecuatoriano Correa dice que "la lógica, la razón y la historia" dicen que no. Y tiene de su lado a la lógica, la razón y la historia.

Es ahí donde reside la soledad del presidente Uribe, pobre: en que su postura está contra la lógica, la razón y la historia (aunque a favor de los Estados Unidos, los cuales, fieles a su costumbre, lo dejaron solo). Los demás asistentes a la reunión de Bariloche podían hablar tranquilos: decían lo que pensaban. Uribe no: Uribe -pobre, pero quién le manda- estaba obligado a decir mentiras.

Decía el brasileño Lula (pues la reunión era así, desabrochada: todos se trataban por su nombre de pila, e incluso al pobre Uribe le decían "compañero"), decía Lula, con razón, que esas reuniones es mejor no tenerlas en público, porque se habla para el público. O sea: no se dice la verdad. Y por eso, coherente consigo mismo, Lula no dijo nada. Pero también con razón decía el peruano Alan García lo contrario: "Que haya luz y taquígrafos". O sea: que se digan las cosas. Y con razón la chilena Bachelet pedía "transparencia", y el paraguayo Lugo aseguraba que cuando no hay nada que ocultar las cosas pueden ser dichas.

Y el venezolano Chávez tenía también razón al afirmar, con absoluta convicción y ajustándose a la más sobria realidad, que no hay por qué creerles a los gobiernos de los Estados Unidos, que desde hace ya dos siglos no han hecho más que mentir (como, por otra parte, todos los gobiernos, incluyendo al de Chávez),y que un imperio es un imperio y tiene intereses imperiales. Obviedades, pero ciertas: lo obvio suele ser cierto. Y no tenía razón, pero podía decirlo con toda impunidad, porque la demagogia patriotera suele ser impune, que si San Martín y que si Bolívar y que si Artigas y que si el Arauca vibrador.

Y más razón que ninguno tenía el ecuatoriano Correa cuando explicaba, esta vez sin descomponerse, que donde hay guerra es en Colombia, y no en los vecinos; y que donde se produce droga es en Colombia, y no en los vecinos; y que la definición de quién es narcotraficante y quién es terrorista no se puede dejar al arbitrio del gobierno de los Estados Unidos porque cualquiera puede acabar siendo definido así, si a los Estados Unidos les conviene.

En cambio el pobre Uribe... Al pobre Uribe le tocaba decir, a sabiendas de que lo que decía no era cierto, que entre los Estados Unidos y Colombia hay "igualdad soberana", por ejemplo. Y que las bases militares no son bases militares. Y que la guerra contra el narcotráfico se va ganando, gracias al "esfuerzo eficaz" y a la "colaboración útil" entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos. Y que Colombia "respeta su Constitución" (¡que lo diga él, que la ha cambiado dos veces...!) y por eso no habrá "tránsito de tropas". Y que la transparencia (¡que lo diga él...!) es condición necesaria de la legitimidad. Y que "estos flagelos", y que "la protección ecológica de la Amazonia", y que patatín y que patatán.

Al lado del pobre Uribe estaba sentado el aún más pobre canciller Bermúdez, a quien le temblaban las manos, pobre.

Escribo esta columna sin saber en qué paró la cosa, porque la tengo que entregar ya. Y los Jefes y Jefas de Estado reunidos en Bariloche (porque, eso sí, la verdad no importará, pero la corrección de género es sagrada) acaban de decidir hacer un receso. Pero no creo que pase mucho -salvo en el caso de que el pobre Uribe tome la salida que le sugirió el peruano García: salirse de Unasur-. Así que la reunión, más que por lo que en ella se dijo, se puede describir por lo que en ella se vio. Y lo que se vio es que mientras el pobre Uribe peroraba, los demás presidentes estaban almorzando. Y que mientras todos los demás bebían agua, el pobre Uribe y su pobre canciller tomaban Coca-Cola, la nuestra.



Por: Antonio Caballero
Tomado de: www.semana.com
Caricaturas: Matador - Bacteria

Adolf Obama

Hay ciertos temas que por razomes básicas de supervivencia muchas veces uno trata de obviar: temas densos, complejos, de aristas infinitas y en gran medida abstractos. Por ejemplo, el debate sobre la reforma del sistema de salud en Estados Unidos.

Hasta que un día uno abre el diario y se encuentra con una foto de una multitud sosteniendo carteles que muestran a Obama disfrazado de Hitler y se percata de que los manifestantes no pertenecen a ningún grupo marxista, ni islamista, ni adscriben a una causa de liberación nacional sino todo lo contrario.

Se trata de una grupo de rednecks (cuellos rojos, en inglés), los good ol’boys (buenos muchachos, en inglés) de las zonas rurales del sur, evangélicos y amantes de las armas, los soldados de a pie de la revolución que empezó Ronald Reagan y que estalló en pedazos con la caída de Wall Street y el final del mandato de George W. Bush, esa mezcla de chauvinismo político, conservadurismo cultural y neoliberalismo económico que había sido derrotado en las urnas por un Obama negro, progresista y estatista, al menos para la escala de ese país.

Sin embargo, la reforma le ha costado a Obama doce puntos de imagen positiva y corre serios riesgos de ser derrotada en el Congreso, o de ser diluida al punto de terminar siendo poco más que un lifting. Cualquiera de esas alternativas significaría la mayor derrota política de su joven gobierno.

Lo más loco es que los rednecks de la foto no están solos. La propuesta de reforma ha generado un fuerte rechazo en prácticamente toda la derecha estadounidense. Rush Limbaugh y Sarah Palin acusan al negro Obama de ser Hitler. No por Afganistán ni por querer expandir el poderío militar de Estados Unidos en el mundo. Por querer hacer el sistema de salud más accesible y más inclusivo.

Claro, lo más fácil es decir son todos unos fachos, desde Bush hasta Obama, hasta el último de ellos. Fachos y encima unos estúpidos que se dejan engañar por el lobby de las empresas privadas de salud, que gastan fortunas en publicidad y compran votos en el Congreso para que nada cambie y así se la siguen llevando en pala. Pero sería una simplificación tan grosera como pensar que de golpe Obama se ha transformado en Hitler.

Para entender por qué la prioridad política y principal promesa de campaña de Obama ha chocado contra una pared, hace falta entender mínimamente cómo funciona el sistema de salud estadounidense, por qué Obama quiere reformarlo y por qué tantos ciudadanos, incluyendo muchos que lo votaron, se oponen con tanta vehemencia a la iniciativa presidencial. Intentémoslo.

En Estados Unidos funcionan cuatro sistemas: el sistema privado, principal sujeto de la reforma; el Medicaid, que atiende a los pobres; el Medicare, que atiende a los jubilados y discapacitados, y el Veteran’s Administration, que atiende a los veteranos de guerra.

Medicare es un sistema íntegramente financiado por el gobierno federal que provee medicamentos, servicios médicos y servicios geriátricos. Atiende a unos 60 millones de personas. El gobierno no provee los bienes y servicios, sino que subcontrata con aseguradoras (algo así como prepagas), que a su vez contratan hospitales, compran remedios, etc. Parte del financiamiento viene de las jubilaciones, otra parte de otros impuestos y otra de un fondo de inversión que se está por acabar en un par de años. El sistema está en rojo y ahora se jubila la generación “baby boom”, producto de la explosión demográfica que sucedió a la Segunda Guerra Mundial.

Medicaid es un sistema de financiamiento mixto, mitad federal, mitad estatal, que administran los estados y que atiende a unos cuarenta millones de personas de todas las edades. En algunos casos los estados subcontratan con aseguradores, en otros contratan los servicios directamente. En algunos casos Medicaid (en cada estado tiene un nombre distinto) paga por lo que contrata, en otros funciona un sistema de cápitas, en otros se paga una suma fija por un servicio anual. La cobertura varía de estado a estado y en algunos les cobran copagos a los pobres por algunos servicios. Por ley, el gobierno federal compra todos los remedios de Medicaid y así negoció un descuento del 40 por ciento. En cambio en Medicare cada aseguradora compra sus remedios y los paga a precio de mercado. Esto es en parte porque hasta hace 25 años Medicare no cubría remedios y los jubilados tenían que comprarlos con su dinero en la farmacia.

A diferencia de Medicare, donde sólo hace falta tener 65 años o ser discapacitado para ser beneficiario, el criterio de Medicaid es esencialmente económico y los requisitos son complejos. En una palabra, hay que ser muy, pero muy pobre para recibir Medicaid. Si uno tiene un trabajo mal pago, que no alcanza para el costoso seguro de salud que ofrece el empleador, igual puede ser demasiado rico para Medicaid. Si no tiene trabajo pero es dueño de una casa o de algún bien que puede venderse, también puede ser demasiado rico para Medicaid. Si uno trabaja en una pyme pequeña o informal, que no provee cobertura, pero embolsa más de mil, mil quinientos pesos por mes, puede ser demasiado rico para Medicaid.

Demasiado rico para Medicaid pero demasiado pobre para un seguro de salud privado: hay unos cincuenta millones de estadounidenses en esa situación. Algunos simplemente no pueden pagar el seguro. Otros prefieren ir a los hospitales gratis, gastar el poco dinero que tienen en otra cosa y rezar para que no les pase nada grave. Otros perdieron su seguro al cambiar de trabajo y no pudieron recuperarlo por padecer una enfermedad preexistente. Otros perdieron la cobertura porque se fundieron pagando gastos médicos que su seguro no cubría.

Después está el sistema privado, que cubre a más de 150 millones de personas, que tiene sus particularidades. Funciona a través del empleador. Cada empleador contrata con una sola aseguradora. Los empleadores tampoco tienen muchas opciones de aseguradoras, las cuales por distintas regulaciones estatales y federales ejercen un dominio de mercado monopólico u oligopólico en distintas áreas, similar a los servicios públicas pero desde la empresa privada.

Las aseguradoras les ofrecen a los empleadores un menú de planes de distinto precio para acomodar a toda la escala salarial. El empleado elige pagar mucho por un plan caro o menos por un plan barato. El más económico es el sistema llamado HMO. Se trata de planes con cartilla cerrada que típicamente giran alrededor de un solo centro de atención primaria, similar al que ofrecen muchas obras sociales en la Argentina. De ahí para arriba es posible comprar los planes más lujosos y extravagantes que uno pueda imaginarse, pero no cambiar de aseguradora.

Los demócratas sueñan con reformar el sistema desde hace por lo menos 75 años, para acercarse aunque sea un poco a los sistemas de cobertura universal que con presupuestos comparables ofrecen países como Canadá o algunos miembros de la Unión Europea.

Los objetivos básicos de la reforma son dos: aumentar la cobertura en cantidad y calidad, y bajar los costos a través de la regulación de la industria, empezando por las aseguradoras. La idea es que el mayor ingreso que percibiría el sistema por la expansión de la cobertura permitiría a los proveedores bajar los costos o frenar los aumentos que recaen sobre los usuarios.

A diferencia del plan que presentaron los precandidatos Hillary Clinton y Howard Dean en la campaña, el de Obama no garantiza la cobertura universal. Pero se acerca. La idea es que la cobertura alcance al 95 por ciento de los estadounidenses y residentes, dejando de lado a los más de diez millones de inmigrantes ilegales.

Eso se lograría a través de subsidios federales para los pobres no tan pobres como para recibir Medicaid, que se canalizarían directamente a través de las aseguradoras.

Para bajar los costos Obama propone negociar con las aseguradoras un plan básico de prestaciones establecido por el gobierno a un precio fijo. También un sistema de puntajes que recompense a los mejores hospitales en vez de los que más personas atienden. Y algún mecanismo para que los empleadores tengan más libertad de elección a la hora de contratar aseguradoras. Además impulsa la creación de una aseguradora estatal para garantizar la competencia honesta.

Con un presidente que viene de arrasar en las urnas, con mayoría en las dos cámaras, los demócratas estaban convencidos de que era ahora o nunca.

Pero Obama cometió un grave error de cálculo y se llevó una sorpresa mayúscula. No tuvo en cuenta el efecto psicológico de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. No tuvo en cuenta que en tiempos de crisis la gente está más preocupada por no perder lo que tiene que por mejorar su situación. Ni que un tema tan complejo y difícil de explicar era lo que la derecha estaba esperando para facturarle todos los intereses que había tocado desde su llegada al gobierno.

Entonces empezaron a decir que Obama primero había estatizado los bancos, después las automotrices y ahora quería estatizar el sistema de salud porque estaba enfermo de poder y quería controlar todo.

Después Palin se agarró de un programita incluido en la reforma para asesorar a enfermos terminales sobre sus deseos de no extender artificialmente su vida, para acusar al presidente de promover “paneles de la muerte”.

Después echaron a correr la bola de que el control de precios implícito en la reforma llevaría a un sistema de “cuotas” que limitaría las opciones de los pacientes y provocaría más demoras para conseguir atención.

El tema prendió y los enemigos de la reforma empezaron a agarrarse de cualquier cosa. El principal ideólogo de la reforma es un especialista en bioética de Harvard. Entre los tres millones de palabras y decenas de libros que el experto escribió sobre la bioética, citó a otro experto diciendo que en un caso donde hay que decidir entre darle un riñón a un enfermo que sufre una enfermedad mental extrema e irreversible, y otra persona que no sufre ese problema, a lo mejor sería conveniente darle el riñón al que no sufre dicha enfermedad mental. Para qué. Aunque el experto aclaró que nunca defendió esa posición y que se arrepiente de no haber sido más claro al respecto en su libro, a partir de esa cita, la derecha dictaminó que la reforma les quitaría derechos y cobertura a los discapacitados. De ahí la comparación de Obama con Hitler.

Cuestión que Obama pensó que no habían entendido bien y que su magia estaba intacta y partió a las Rocallosas, la cuna de los rednecks, a explicar el plan en foros ciudadanos. Y mandó emisarios al resto del país para hacer lo mismo. No le fue bien. Demasiados casos difíciles de explicar o sin solución a la vista. Demasiado lenguaje técnico y burocrático como para enfrentar la simpleza del relato opositor. Demasiada angustia como para que prenda el “Sí, podemos”. Demasiado miedo.

Para colmo, la oficina presupuestaria del Congreso salió a decir que el plan de Obama costará una fortuna que el país no está en condiciones de pagar. Pero según demostró el experto Jon R. Gabel en el New York Times, esa misma oficina subestimó, y por mucho, los ahorros alcanzados en las últimas tres modificaciones del sistema. Y lo hizo por carecer, después de dos décadas de neoliberalismo, de la gimnasia contable necesaria para estimar la sinergia que producen la centralización y el mayor poder de negociación implícitos en la intervención estatal.

Poco a poco el lobby médico y el espíritu de restauración conservadora se van comiendo los aspectos más progresistas del paquete en los pasillos del Capitolio y las reuniones del Comité de Finanzas. La idea de una aseguradora estatal para competir con las privadas está en la cuerda floja y sólo sobrevivirá si Obama deja de negociar con los republicanos moderados e intenta imponer su mayoría parlamentaria. Pero el problema es que en medio de la tormenta algunos demócratas dudan y otros ya se pasaron de bando y todavía falta mucho trabajo, mucho desgaste en un Congreso de vacaciones que recién vuelve a sesionar el 8 de septiembre.

Paul Krugman los llama “los zombies de Reagan”, porque su ideología ha muerto pero han salido del cementerio para acechar al gobierno de Obama. Siembran miedo buscando asfixiar la iniciativa del presidente. Son ellos los que han marcado la agenda del debate sobre el sistema de salud, mientras Obama mira desde el cartel, con bigotito nazi y cara de no entender nada.



Por: Santiago O’Donnell - sodonnell@pagina12.com.ar - Pagina 12
Tomado de: www.desdeabajo.info

¿Qué hay detrás de la masacre del Pueblo Awá?...

Invitamos al Mundo entero para que condenemos ética, moral y políticamente a los responsables de la masacre contra el pueblo Awá; hacemos un llamado a los entes de justicia para que establezcan quiénes fueron y qué móviles hay detrás del etnocidio contra la pervivencia de este pueblo ancestral.

El Sistema de Información e Investigación Indígena de la Onic, Sico, se une al repudió que ha generado este acto demencial y espeluznante cometido contra el Pueblo Awá. Saludamos fraternalmente a los familiares y amigos de los 12 hermanos asesinados e invocamos a los espíritus ancestrales para que cese la horrible noche de violencia que se ha desatado contra nuestros pueblos y particularmente contra los Awá.

Quizá los espíritus ancestrales sean los únicos que ayuden a proteger la vida y el territorio ancestral, pues las instituciones y autoridades del Estado colombiano, incluyendo su gobierno no muestran ningún interés en hacerlo. Sentamos nuestra voz de rechazo contra quienes hayan cometido tan atroz Crimen de Lesa Humanidad y pedimos que haya una condena ejemplar. A todo el Pueblo Awá nuestra solidaridad y nuestros votos de paz y fortaleza.

Invitamos al Mundo entero para que juntos condenemos ética, moral y políticamente a los responsables de esta masacre; esperamos y le hacemos un llamado a los entes de justicia a que establezcan quiénes fueron y qué móviles hay detrás de este etnocidio para que se juzgue y no quede en la impunidad este atentado contra la pervivencia de este pueblo ancestral. Con este propósito la ONIC aporta algunos antecedentes y datos que evidencian por sí mismos hacia dónde orientar la investigación y quiénes pueden ser los responsables.

Nueva masacre contra el pueblo awa: crónica de un etnocidio

Hoy en el marco del conflicto armado que flagela y devasta al país el Pueblo Awá del departamento de Nariño vive una profunda crisis humanitaria de proporciones inimaginables. Ello evidencia la política de exterminio social, político, económico, cultural y territorial que propician los actores armados en disputa en esa región de frontera.

El país debe hacer memoria de los hechos acaecidos el día 04 de febrero de 2009, fecha en la cual se perpetró una masacre por parte de la guerrilla de las FARC la cual fueron asesinados 12 indígenas del pueblo Awà.

Esto acentúa en toda su dimensión la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo Awá debido a diferentes factores de orden público que se desarrollan en esta región: disputas territoriales por parte de grupos armados legales e ilegales; incremento de campos minados, por esta causa han muerto varias personas y otros han quedado mutilados; otro de los impactos tiene que ver con los megaproyectos; cultivos de uso ilícito, acompañados de fumigaciones indiscriminadas y erradicaciones manuales acrecentando con ello los desplazamientos masivos, la crisis alimentaria y de salud y, son aspectos que evidencian el recrudecimiento del conflicto armado contra este pueblo originario.

Una segunda masacre se originó esta semana, el día 26 de agosto de 2009, en la que fueron asesinados 12 indígenas de pueblo Awá y tres más resultaron heridos por manos criminales; un grupo armado que vestía prendas militares llegó a las 5:00 a.m bajo la figura de encapuchados hasta la comunidad Calbi, Resguardo Indígena El Gran Rosario, municipio de Tumaco y asesinaron a cinco niños, una niña y seis adultos. A raíz de este hecho 15 familias del pueblo tomaron la decisión de desplazarse.

Hechos que precedieron la masacre

La cadena de actos violatorios contra la humanidad sobre los derechos, el territorio y la autonomía de los miembros del pueblo Awá, particularmente contra la familia de Sixta Tulia García, una de las víctimas de la masacre, que comenzó hace justo tres meses y tres día antes de este abrupto episodio, cuando el pasado 23 de mayo fue asesinado Gonzalo Rodríguez Guanga su esposo.

Ese día ella fue separada de su compañero a la fuerza según contó en vida, que unos hombres armados que vestían prendas militares con el rostro cubierto le abordaron a ella y su esposos; a su esposos lo detuvieron y se lo llevaron, a ella le indicaron que se desplazara hacia el kilómetro 80, donde se encontraría con su marido, Luego escuchó unos disparos y seguidamente vio a su marido muerto.

Los hechos sucedieron en el kilómetro 80 de la carretera que del corregimiento de la Guacayana conduce al municipio de Tumaco. El cadáver no fue recuperado al instante, sino tiempo después.

Posteriormente miembros del Batallón de Contraguerrilla No. 23 del ejército nacional presentaron informe en el que señalaban que al llevar a cabo operación táctica llamada “Mosquetero”, en el Km. 80 de la Guacayana, un “guía” que los acompañaba señaló al señor Gonzalo Rodríguez, como miembro de las FARC, al ser “capturado”, “intento huir y fue dado de “baja” por la tropa del ejército nacional”, según documento del Batallón.

Según el documento, los hechos sucedieron en horas de la mañana preparada previamente:

“Esperaron que amaneciera luego el guía indicó a la persona llamada Gonzalo Rodríguez quien es cabecilla del frente 29 de las FARC. De inmediato se da la captura y este emprende la huida tirando el arma hacia la maraña. Los militares logran su captura de nuevo y le ponen en conocimiento los derechos del capturado, junto con la señora y luego los separan; ubican el arma que portaba y lo retienen. En un descuido de los militares el sujeto emprende la huida hacia el sitio donde se hallaba el arma tirada, la coge sale corriendo y empieza a disparar siendo dado de baja por la tropa".

Esta versión del ejército “es incongruente” así lo consideró la ONIC, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras personas consultadas; “es absurdo pensar que una sola persona se le haya escapado a una compañía completamente armada”… De todas formas esto evidencia que el ejército reportó al señor Gonzalo Rodríguez como un muerto legítimo y “dado de baja” por los militares.

Sixta Tulia denunció el crimen ante las autoridades; en el momento de ocurrida la masacre del 26 de agosto, ella era la única testigo ante la Fiscalía.


La investigación inicial por estos hechos fue adelantada por la Fiscalía 31 Seccional de Tumaco, que mediante oficio 504 del 28 de mayo del 2009, remitió el proceso penal al teniente de Fragata Carlos Roberto Arango, juez 107 de instrucción penal militar de Tumaco para que prosiguiera la investigación.

Los familiares de la víctima presentaron denuncia ante las autoridades indígenas y la Defensoría del Pueblo regional Nariño, que de conformidad con los Art. 15 y 17 de la ley 24 de 1992, solicitó información a varias autoridades entre ellas al comandante del departamento de policía de Nariño, comandante del Grupo Cabal Mecanizado de Ipiales Nariño, director Seccional de Fiscalías y otras que en varios oficios dieron respuesta a algunos de los requerimientos.

En algunas respuestas de los mandos militares indicaban, que por los días de la masacre, según su información no tenían conocimiento de que hubiera presencia de tropa en la zona y remitían la solicitud a otra dependencia, Lo anterior contrasta con el documento presentado por el Batallón de Contraguerrilla No. 23 y, coincide con la versión actual donde los militares afirman que el día 26 de agosto, según sus informaciones, no había militares en la zona. (ver documentos Onic evidencia: http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/Documentos_Juridicos_Masacre_Awa_Ago_2009.pdf).

Una publicación improcedente

Como antesala a los hechos de la masacre del día 26 de agosto del año en curso queremos dejar constancia que un día antes de los hechos -25 de agosto- llegó al correo electrónico de la Organización Nacional Indígena de Colombia un comunicado de la Fundación Decide en la cual manifiestan los fines y objetivos de dicha organización...

Siendo la 1:00 p.m. un hombre, quién no se identificó, llegó a las instalaciones de la Onic con tres paquetes que contenían 30 ejemplares de una Revista escrita en español e inglés titulada: Masacre Awá: Crónica de un genocidio, Denuncia contra las FARC. Acto seguido se le solicitó la carta de entrega de la publicación y respondió que después harían llegar la remisión de los tres paquetes…

Al abrir la revista nos llevamos la sorpresa que dicha publicación hace fuertes pronunciamientos contra organizaciones defensoras de Derechos Humanos, elogia las “acciones del Estado” para con los pueblos indígenas y hace una síntesis del cúmulo de derechos constitucionales –pero que en la práctica nunca se cumple, incluso hace alusión a un Convenio 167 que nunca existe y que bien podría estar hablando del 169 de la OIT; no aparece la dirección, teléfono, ni tampoco aparecen los créditos de quienes dirigen o gerencian dicha publicación. Horas después manos criminales actúan con alevosidad contra el pueblo Awá en el municipio de Tumaco.

No obstante, pudimos establecer que esta publicación se realizó en coordinación con la Oficina de Acción Integral del Ejército.

Acciones de la defensoría del pueblo
Cabe resaltar que el Sistema de Alertes Tempranas de la Defensoría del Pueblo había advertido desde el día 04 de diciembre de 2008 los factores de amenaza y vulnerabilidad en que se encontraba el pueblo Awá del Resguardo Gran Rosario por el accionar de grupos armados ilegales, informe que fue declarado Alerta Temprana el día 23 de diciembre de 2008 que coordina el Ministerio del Interior y de Justicia[1].

En este margen de hechos el Defensor del Pueblo instó a las autoridades competentes a adelantar acciones para la protección de testigos y familiares de las víctimas de la anterior -febrero, 2009-. La Defensoría Instó a la Fiscalía General de la Nación con el fin de conformar una comisión de Fiscales e investigadores especializados con el fin de esclarecer los hechos que permitan judicializar a los responsables del crimen.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Agencia Presidencial para la Acción Social con el fin de diseñar un plan de acción humanitaria con enfoque diferencial conforme a especificidades socioculturales con el fin de asistir a las víctimas del desplazamiento del Resguardo Gran Rosario y un plan de prevención y contingencia ante una posible agudización del desplazamiento forzado en el territorio.

Finalmente, solicitó al Ministerio del Interior y de justicia la implementación de medidas urgentes de protección al pueblo Awá de acuerdo a lo establecido en el Auto 004 de 2009 expedido por la Corte Constitucional para la preservación y salvaguarda del pueblo Awá.

No obstante, es preciso señalar que luego de muchos encuentros (reuniones) y, pese, a las constantes exigencias de las autoridades y organizaciones indígenas han sido pocos los compromisos del gobierno que se han cumplido. Algunos funcionarios de gobierno y el mismo presidente Uribe han expresado, en repetidas ocasiones que: “tenemos toda la voluntad para concertar con los pueblos y organizaciones indígenas y, hemos avanzado en las medidas de protección”.

El Centro administrativo de la Unidad indígena del Pueblo Awá ha sido escenario de muchos encuentros entre el gobierno y el pueblo Awá. Con seguridad podremos decir que si en realidad hay avances en materia de protección no hubiera sucedido nuevamente otra masacre como la que ha ocurrido, y ninguno de los anteriores asesinatos que se han venido presentando; pues cada día las comunidades indígenas son más vulnerables por causa del conflicto armado que se desarrolla en la región y que el gobierno se ha empecinado en negar que exista.

Amenazas y hostigamientos

Como ya se dijo entre las personas masacradas está la señora Tulia García, única testigo sobreviviente de los hechos ocurridos el día 23 de mayo de 2009, en donde fue asesinado su esposo Gonzalo Rodríguez Guanga, hecho que había denunciado responsabilizando al Ejército Nacional. A pesar de haberse advertido las serias amenazas de muerte en su contra, ella continúo denunciando la muerte de su compañero, hasta el día 26 de agosto de 2009 cuando las balas asesinas segaron su vida y con ella su testimonio.

Infracciones a los Derechos Humanos del Pueblo Awá

El Sistema Unificado de Información sobre Pueblos Indígenas de Colombia Onic-Cecoin registra que un total de 11.303 indígenas del pueblo Awá han sido víctima sistemática del conflicto armado que vive el país -Ver Anexo 1-. En todas sus modalidades la violencia política contra los pueblos indígenas se refleja en el accionar de distintos actores en el marco del conflicto quienes han desplazado a comunidades enteras, acompañado de otro aliciente como las acciones bélicas que a lo largo y ancho de la historia de este pueblo indígena el único propósito de los actores armados es su exterminio territorial mediante todas las formas de degradación de la guerra.

La creciente militarización de sus territorios en el marco de la Política de Seguridad Democrática, también ha complejizado la situación de las comunidades debido a que los grupos armados ilegales responsabilizan a los miembros del pueblo Awá de ser las facilitadores de la entrada de la Fuerza Pública al territorio indígena. Cabe señalar que en los últimos 10 años como consecuencia del conflicto armado se han registrado desplazamientos masivos, e individuales continuos y sistemáticos dentro y fuera del territorio Awá -ver Anexo 2-

Por estar ubicado en la frontera se han presentado una serie de migraciones hacia el vecino país de Ecuador, sin que hasta la fecha, el Estado colombiano u otro organismo humanitario hayan establecido las condiciones humanitarias en que se encuentran los indígenas del pueblo Awá refugiados en el vecino país.

Se destaca también en este aspecto que en lo concerniente al desplazamiento forzado, en el cual los actores estatales han desplazado en el departamento de Nariño a 6.134 indígenas del pueblo Awá, seguido de los grupos insurgentes con 3.200 y finalmente los paramilitares a 520 indígenas del pueblo Awá –Ver Anexo 3-

El año 2009 deja un saldo alarmante en lo que respecta a asesinatos políticos. De 77 asesinatos ocurridos en el año en curso, el Pueblo Awá ha sido la principal víctima con un saldo de 38 indígenas asesinados. Esto indica que el 49.35% de los indígenas asesinados en Colombia durante el 2009 corresponden al pueblo Awá.

ANEXO 1

INFRACCIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CONTRA EL PUEBLO AWÁ



ANEXO 2


ANEXO 3




[1] Informe de Riesgo número 029 de 2008. Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas –SAT


Por: CRIC
Tomado de: cric-colombia.org

Acompañamiento victimas MINGANTIOQUIA

Por más que les pese, la memoria crece.

28 de agosto de 2009, se dan cita de nuevo las víctimas de los crímenes de estado, en esta ocasión para conmemorar el día internacional del detenido desaparecido, bajo la campaña “No lo justifiques, haz lo justo hasta encontrarlos” las fotografías y los recuerdos que en muchas ocasiones se hacen borrosos por el largo tiempo de duelo inconcluso, perturbaron el centro de medellín para demostrar que no los olvidamos, que no perdonamos que, como las voces unidas proclamaban: Si vivos se lxs llevaron, vivxs lxs queremos. A pesar del sol y de la indiferencia, lxs familiares de lxs desaparecidxs se mantenían en pie para dejar en la historia al menos sus nombres, al menos sus rostros. A lo largo de una de las calles mas transitadas de la ciudad, la memoria se paseaba susurrando nombres que el olvido se empeña en desaparecer, pero que la lucha se encargará de reivindicar,exigiendo VERDAD, JUSTICIA, REPARACION INTEGRAL Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.
Después de un largo rato sentadxs bajo el sol, se emprende una movilización amenizada por consignas y nombres de lxs desaparecidxs, que finalizó con un acto cultural bastante conmovedor: una puesta en escena sobre el olvido al que el régimen económico, social y político, a través de sus aparatos ideológicos (principalmente los medios de comunicación), somete a las víctimas, construyendo una versión de la verdad sesgada que tiene como objetivo único la defensa del “orden”, procurando silencio absoluto y sonriendo con un “aquí no pasa ni ha pasado nada”.

MINGA ANTIOQUIA se hizo presente en el espacio. Reconocemos que las víctimas también son MINGA y que la reconstrucción de la memoria es un proceso colectivo que se va dando al calor de las luchas.
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MINGRÁFICA

SI LOS MEDIOS SON DEL GOBIERNO, LAS CALLES Y LOS MUROS SON DEL PUEBLO.


La pinta, el espacio de expresión de inconformidad y medio de comunicación masivo de lxs rebeldes. La ciudad, un paisaje gris que en los últimos días se ha llenado de colores con la campaña permanente de difusión y agitación MINGRÁFICA, un juego que se propone como ruptura con el silencio de los muros, haciéndoles hablar, gritar que TOD@S SOMOS MINGA.

Por:
MINGA ANTIOQUIA CAMINANDO LA PALABRA




Tomado de: mingantioquia.entodaspartes.net

Fuerza Pública da trato de guerra a la movilización campesina en el sur de Bolívar

Hostigamientos, bombardeos e intimidaciones ante la resistencia contra la erradicación forzada de la coca.

El día 17 de agosto arribaron a la vereda Cerro Azul del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, unidades de la Policía antinarcóticos acompañados de un grupo de erradicadores. Esta acción generó la movilización de las comunidades de San Pablo, Cantagallo y Simití, que se acantonaron en Alto Ventana en Simití; Cerro Azul y Monte Carmelo en San Pablo. Desde esta fecha las comunidades se encuentran en resistencia pacífica, exigiendo la suspensión de la erradicación manual, la cual no ha sido concertada con las comunidades campesinas de la región.

Estos hechos se han visto acompañados de intimidaciones, señalamientos y hostigamientos a los campesinos de la región:

El 25 de agosto el coronel José Mauricio Zabala del Batallón Nueva Granada señaló como guerrilleros a los dos mil campesinos que se encuentran acantonados en la vereda Cerro Azul, a través de un comunicado en la emisora Tabacuru Stereo de San Pablo. En este mismo sitio hay presencia constante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

El viernes 28 de agosto, en la mañana, el coronel Zabala hizo señalamientos a uno de los líderes de la movilización que se encuentra en la vereda Monte Carmelo, en la cual hay alrededor de 500 personas, afirmando que hacían parte de la guerrilla. Allí hay presencia de población de las veredas Monte Carmelo, Villanueva, El Retorno; Alto Cañaveral, Sicué Bajo y Caño Frío, del municipio de San Pablo.

Actualmente existen tres puntos de concentración de las comunidades.

Desde el jueves 27 de agosto, en la vereda El Triángulo, del municipio de Simití, hay alrededor de 90 personas de las veredas El Triángulo, El Tigüí y Brisas del Boque. El viernes 28 de agosto, entre las 6:30 y 7:00 am, la Policía antinarcóticos hostigó a las comunidades, haciendo disparando a sus pies y al aire. Posteriormente preguntaron a los campesinos “que si iban a seguir molestando formando grupos de gente, que por qué no se iban para sus casas”. Estos hombres están haciendo presencia en la región desde hace desde el 31 de julio.

En la vereda Alto Ventana se encuentran acampadas alrededor de 150 personas de las veredas Las Pavas, El Diamante, El Paraíso, Agua Linda, Patio Bonito, Vallecito, La Ramona, El Jardín, La Humareda Alta, La Carolina, del municipio de Simití y La Virgencita de San Pablo. Allí las comunidades solicitan acompañamiento ante el temor generado por la operaciones de la Policía antinarcóticos.

Allí hay presencia de Policía antinarcóticos y un grupo de erradicadores, entre los que se encuentran varios agentes norteamericanos orientando las operaciones.

El viernes 28 de agosto, hacia las 9:30 am, se presentaron bombardeos en las veredas aledañas al corregimiento Cerro Azul y Las Colinas, en San Pablo.

Voceros de la comunidad indicaron a Prensa Rural que el Ejército ha impedido el ingreso a la zona de personal de la Iglesia católica de San Pablo, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y de la Defensoría del Pueblo; y que la delegada de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República habría recibido instrucciones superiores de no intervenir en este caso.


Por: Agencia Prensa Rural
Tomado de: www.prensarural.org