Fajardo en busca de la presidencia judicializa a la juventud en disidencia.

FAJARDO EN BUSCA DE LA PRESIDENCIA JUDICIALIZA A LA JUVENTUD EN DISIDENCIA.

AUDIENCIA DE ACUSACIÓN EN CONTRA DE JOVEN DEL MUNICIPIO DE LA CEJA POR ESCUPIR A FAJARDO

El lunes 8 de mayo a las 9 de la mañana se adelantó audiencia de acusación ante el juzgado SEGUNDO PROMISCUO de conocimiento del Municipio de LA CEJA, Departamento de Antioquia; en la cual se libró Acusación formal por la fiscalía 78 de este mismo Municipio, en contra del Joven CARLOS ANDRÉS PERÉZ MORENO quien es procesado por el delito de Injuria en contra de la persona de SERGIO FAJARDO actual Candidato Presidencial para los próximos comicios en Colombia a realizarse en el mes de Mayo de este año.

El día 21 DE ENERO el candidato presidencial se encontraba en el parque principal de este Municipio en una intervención publica, cuando se acerco CARLOS ANDRÉS quien sin intermediar palabra procedió a escupirlo; en ese momento fue retenido violentamente por personal de la policía nacional y escoltas del candidato y trasladado a la estación de policía, posteriormente puesto a disposición de un fiscal quien lo llevo ante el juez de garantías.

El joven CARLOS ANDRÉS, tiene 20 años de edad; es oriundo del mismo municipio y quien se dedica a la artesanía desde hace años, ha venido participando de manera activa desde hace algunos meses en procesos organizativos de jóvenes.

La RED JUVENIL DE MEDELLÍN, como organización que promueve, vela y exige los derechos humanos de la población juvenil acompaña este caso, y espera que las garantías procesales y los derechos fundamentales sean respetadas para este joven, e igualmente quiere dejar mención especial de lo siguiente:

* Casos como estos llaman especial atención al mostrar como la administración de justicia desgasta todo su aparato judicial en casos que realmente no tienen mayor importancia; cuando las verdaderas problemáticas y ejercicios de delincuencia que rodean de manera permanente a la mayoría de la población no son atendidas. Como puede ser posible que la administración de justicia se desgaste en un caso como estos?, mientras la impunidad y el vencimiento de los términos procesales se presentan con frecuencia en casos realmente graves.

* Llama especial atención este caso cuando da muestra de una absoluta celeridad y eficiencia de la administración de justicia; ¿cómo es posible que casos como estos cuenten con la mayor disposición de tiempo?; que la audiencia de juicio se presente en el menor tiempo posible, pues de unos hechos ocurridos 25 de enero del 2010 se cita para audiencia de acusación el 8 de marzo.

* Como puede ser posible que un candidato presidencial sea capaz de iniciar un proceso penal y judicializar a una persona simplemente porque manifiesta su disidencia de su proyecto político; tal vez no lo hace de la manera mas diplomática, pero no queda bien visto, que promueva la judicialización de esta manera; menos cuando en la misma audiencia la fiscal manifestó que no había intención de conciliar y que el mismo Fajardo fue enfático en su interés de continuar con el proceso.

* Carlos Andrés, no sabía que la pena que le podrían imponer fuera a ser hasta de siete años. Este joven actuó impulsivamente y no con la premeditación con que se efectúan toda clase de delitos en Colombia. Si bien es cierto, hubo un agravio en la honra de una persona, es el hecho de que ésta sea una figura pública la que superó la trascendencia del hecho e hizo que la sanción a la conducta de Carlos no fuera solo un reproche de tipo moral o social, sino la imposición de una pena privativa de la libertad.

Creemos que estos hechos no son equiparables y que con la imposición de la pena no se logra una retribución justa: Las penas deben ser moderadas y proporcionadas y en este caso, la pena máxima que se podría imponer no se justifica por la conducta acelerada e inconsciente de este joven disidente.

Qué va a resocializar la cárcel a una persona que sobrevive como artesano y apenas cumple los 19 años, que no tiene una carrera delictiva ni hace parte de ninguna banda criminal, no es la prisión el lugar para redimir las culpas de delitos tan banales. Además, la cárcel tampoco reeduca, más bien es la más avanzada universidad del crimen y la delincuencia.

Sin embargo, bajo irresponsables argumentos de fiscales como “es mejor castigarlo ahora para evitar que lo maten más tarde”, se desarrolla un proceso penal que finaliza en el encierro de personas que no son propensas al crimen y que por el contrario, allá adentro aprenden conductas ilegales que nunca en la calle las hubieran podido aprender con tanta proximidad.

Este sistema penal colombiano parece más un procedimiento que como con “la ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente” se funda en desproporcionadas venganzas que no reflejan intereses humanistas que busquen rehabilitar a delincuentes y prevenir delitos.

Por último, consideramos que aquí no hay necesidad de imponer una pena, en primer lugar porque no consideramos ésta una conducta peligrosa, y en segundo lugar, porque Carlos no solo ha sido objeto del derecho penal, sino que ha sido víctima de persecuciones, y señalamientos, además de que los policías que lo aprehendieron ese día lo torturaron, ocasionándole traumas en la cabeza, oreja derecha, manos, pecho, muslos y piernas. ¿Será que aun es necesario castigarlo?, ¿acaso ya no es suficiente para este joven todas las consecuencias que ha tenido que asumir por su actuar vehemente?

Condénanos y repudiamos los procesos de judicialización en contra de la población juvenil, así como la estigmatización de la que son objeto permanentemente por parte de las instituciones del Estado.


RED JUVENIL DE MEDELLÍN.

Tomado de: www.redjuvenil.org

Soy sobreviviente.

SOY SOBREVIVIENTE
Soy india, wuacha y loca

soy negra, gitana, judía y palestina

Peruana, boliviana y migrante

Soy mestiza, latina y blanca.

Soy sobreviviente.

Soy pobre, pobladora, trabajadora

cesante, ambulante y explotada.

Soy puta, vendo flores por las noches,

pido limosnas y canto en las micros.

Coso ajeno, lavo ajeno, limpio ajeno,

pero soy propia y rebelde.

Soy sobreviviente.


Soy niña, jóven, adolescente y vieja.

He sido monja para no casarme

Me he matrimoniado para salir del yugo paterno

He abandonado a un hombre para no ser esclava

Soy sobreviviente.


Soy okupa, activista, anarquista, pensadora, escritora…

y otras veces, me hago la tonta...

Soy terapeuta, comunicadora, monitora y autodidacta

Soy ecologista, pacifista, animalista, vegetariana y vegana

Y otras veces doy la guerra con uñas y con dientes

porque soy sobreviviente.


Soy lesbiana, maraca, amante de un hombre o de varios

Amo, deseo, quiero y desespero…

Visto señido, corta la falda, escote abierto…

O no muestro nada

¡No porque No!

Y No ¡porque No es No!

Tapada

para que no me vean

para que no me acosen

para que no me vendan y me compren

para que no vean quién de verdad soy

Aunque soy quien soy

y la que quiero ser, soy.

Estoy viva, lo confieso

Soy sobreviviente.

No he ido de blanco, jamás

no me sienta, no es mi color

me invisibiliza, me absorve, me devora

No he usado tacos altos, nunca

me caigo, me enlentecen, me enferman, me idiotizan

Soy defectuosa, no me caso, no me embarco, no me someto

Soy madre, sola y sexual.

He abortado porque he querido

He parido porque me han obligado

He parido por deseo propio

He parido y he aprendido a amar

Vivo sola, a mí me tengo, conmigo me basto y no me sobro

Soy sobreviviente.


Amo la tierra, la luna, las bestias y a las diosas

Soy bruja, divina, urbana, campesina, hipi y volada

Soy rockera, romántica, folclórica y popular

Soy roja, negra, rojinegra y sobretodo morada.

He sido golpeada, torturada, abusada y violada

He sido presa política, rea común y mujer maldita

Soy sobreviviente.


Soy perseguida, culpabilizada, juzgada,

condenada, burlada y calumniada

He sido quemada, odiada, temida y avistada.

He sido ignorada, negada, obviada

y eliminada de la Historia, de la Ciencia y de la Filosofía.

Pero soy sobreviviente.


He sido trastocada, distorsionada, olvidada, difuminada

Se han cooptado mis palabras y mis símbolos

Se han confundido mis ideas

Se han experticiado mis pensamientos

Se han psicologizado mis propuestas

Se han vaciado mis consignas

Se han aprovechado de mis luchas

Pero, quieranlo o no, soy feminista, radical y autónoma

porque soy sobreviviente.


Un poema de la Victoria Aldunate

Voces de la violencia Antisindical en Colombia: 9 testimonios de víctimas de la Estrategia Estatal y multinacional

testimonios de 9 de las víctimas de una Estrategia de muerte a sindicalistas, que busca acallar la reivindicación social: II Encuentro Nacional de Víctimas de la Violencia Antisindical, febrero 2010
A continuación se presentan los testimonios de nueve de las víctimas que en los últimos años ha dejado la violencia contra sindicalistas en Colombia, los cuales fueron escuchados en una de las sesiones del II Encuentro Nacional de Víctimas de la Violencia Antisindical en Colombia, organizado por la CUT y la ENS en Medellín los días 4 y 5 de febrero pasado.

9 de cada 10 militantes sindicales que son asesinad@s en el mundo son de Colombia y caen a manos de la patronal, ya sea a través de su herramienta paramilitar o del Estado a su servicio

Aidé Moreno

En los últimos 16 años vio caer asesinados a manos de sicarios paramilitares a su esposo (Evaristo Amaya), a su madre y a un hermano. Los tres eran miembros del Sindicato Agrario del Meta.

“Yo nací y me crié en el campo, lo mismo que mi esposo Evaristo Amaya, un hombre que fue ejemplar durante toda su vida, pero desafortunadamente los enemigos de la paz lo asesinaron. Yo quedé viuda con un hijo de 5 años y con 4 meses de embarazo. Cuando empezaron los asesinatos de dirigentes sindicales en el Meta yo pensé que no nos iba a tocar a nosotros, pero cuando empezamos a ver motos rodeando la casa con hombres armados, ya sí vimos la muerte cercana. Mi esposo tuvo la valentía de decirme un día: Negra, a mi me van a matar, tiene que ser conciente de eso porque sino a usted también la matan. Cuando lo asesinaron, en 1994, yo pensé que de ese golpe no iba a levantarme, pero me levanté y ahí empezó mi pelea con la Fiscalía y el DAS para que esclarecieran el crimen. Fue inútil.

No sólo no lo investigaron sino que se nos vino otra tragedia encima: el 30 de septiembre del 2000 asesinan a mi mamá, que era líder en la vereda, defensora de los campesinos, miembro de la Unidad de Mujeres Demócratas y militante del Partido Comunista y del Sindicato Agrario. La mataron por denunciar los atropellos que nos hizo la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, que nos mataron un cerdo, tirotearon la casa y se llevaron unas motosierras. La mataron dos paramilitares en la sala de su casa, en presencia de mi hijo de 4 años, hecho en el que también murió el esposo de una sobrina mía. Por eso el Gobierno no puede decir, como lo ha dicho, que el crimen fue una equivocación, que no iban por ella. Cuatro años después, todavía sin reponernos de la muerte de mamá, asesinan a mi hermano Oscar, estudiante universitario y también miembro del sindicato agrario del Meta. Dos hombres llegaron a su casa y lo asesinan frente a su esposa, que por eso quedó afectada sicológicamente. Este crimen lo denunciamos a la OIT, pero perdimos el caso porque, según la justicia, mi hermano nunca denunció que lo iban a matar y por tanto no había cómo adelantar el proceso. Sin embargo nosotros seguimos en la lucha por esclarecer los crímenes contra mi familia, por lo que fuimos amenazados tuvimos que salir desplazados para Bogotá. Pero allá también recibimos amenazas y nos tocó cambiar varias veces de casa. Esta lucha mía por tratar de que estos crímenes no queden impunes, me ha llevado a denunciar los hechos en muchos estrados nacionales e internacionales, e incluso en el Senado de la República. Porque no nos podemos callar, ya que somos muchos los que vivimos la misma tragedia”.

Margarita Escobar

Esposa de Eliécer Valencia Oviedo, docente y presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, asesinado en Tulúa el 21 de agosto de 2004. Le sobreviven 3 hijos.

“Mi esposo era un hombre de prestigio y muy querido por la gente, porque le ayudaba mucho a la comunidad. Tenía 47 años cuando lo asesinaron, 26 de ellos como educador en el Gimnasio del Pacífico de Tulúa. También era profesor de cátedra en la Universidad del Valle. Había sido declarado objetivo militar por los paramilitares por no comulgar ni estar de acuerdo con los atropellos y las injusticias, por luchas que había liderado en el pueblo por mejores servicios públicos, salud y en el tema de los desplazados, y por las denuncias que hacía en los medios locales por hechos de corrupción en el municipio. Justo el día en que lo asesinaron había hecho su última denuncia. Fue acribillado por sicarios en la puerta del apartamento donde vivíamos. El caso lo investigó un fiscal de Derechos Humanos y pasó luego al Juzgado 56 de Bogotá, que a mediados del año pasado dicto sentencia condenatoria contra los paramilitares Elkin Casarrubio y Ever Velosa, que confesaron el crimen. También obligó a indemnizar a la familia, pero hasta ahora yo no he reclamado nada porque no sé cómo es el proceso de indemnización, por eso busqué la ayuda de la CUT. Yo sé que no hay plata en el mundo con que reparar el dolor y el daño que nos causaron, pero me parece injusto que si ya se esclareció el crimen el gobierno lo repare, aunque sea con plata. También estoy promoviendo un acto por la memoria de mi esposo en la plaza de Tulúa, para reivindicar y limpiar su nombre, porque por mucho tiempo se mantuvo la versión de que fue asesinado por lío de faldas, y ya se sabe que lo mataron los paramilitares por ser sindicalista y líder social”.

Ulises Rengifo

Miembro de Sintraestatales en el departamento de Cauca. Fue víctima de secuestro con fines homicidas por parte de un grupo paramilitar. La movilización de sus compañeros le salvó la vida.

“El 24 de noviembre de 2004, siendo funcionario en los talleres editoriales de la Gobernación del Cauca, fui abordado por tres hombres con distintivos del CTI. Llegaron a mi oficina y me dijeron que necesitaban aclarar una querella que había contra mí. Ya dentro del carro en el que me llevaron, un auto rojo con vidrios polarizados, se quitaron los distintivos y me dijeron que no eran del CTI sino paramilitares. Usted es un jefe guerrillero y lo vamos a matar, me dijeron. Mi intención inmediata fue volarme, pero me doblegaron, me esposaron y me taparon la cabeza con un trapo. No había avanzado el carro tres cuadras cuando, no sé por qué, se devolvió en contravía, paró un momento y uno de los hombres salió. Eso me salvó la vida porque un compañero de la oficina me alcanzó a ver adentro con la cabeza tapada, y de inmediato lanzó la alerta. Los hombres me llevaron a una casa en las afueras de Popayán y durante cuatro horas me torturaron dizque para que confesara, mientras por un radio hablaban con un jefe. Como yo no les respondía nada porque no tenía idea de lo que me preguntaban, escuché que le reportaron al jefe que yo era un guerrillero de verdad, que prefería morirme antes que soltar la lengua. Al rato el jefe llamó por el radio y ordenó que no me hicieran nada, que me soltaran, porque me habían reclamado. De no ser por la bulla que hicieron mis compañeros de oficina, que me buscaron por todas partes, hoy exactamente hubiera cumplido 64 meses de muerto. Sin embargo, a los pocos días me detuvo la Fiscalía arbitrariamente, y para justificar mi detención los agentes pusieron balas de fusil en mi casa, y por ese montaje me vincularon y procesaron. Estuve detenido más de 3 años. Perdí mi trabajo en la Gobernación y ahora estoy desempleado”.

Marta Cecilia Socha Quiroga

Esposa de Benjamín Ramos Rangel, profesor del colegio de Guamal, en el departamento de Magdalena, y presidente del sindicato del municipio. Fue asesinado 19 de febrero de 2005.

“Un antecedente fue que al hermano de mi esposo le asesinaron a su compañera, y a mi esposo lo amenazaron. El tomó muy en serio esas amenazas y por eso le solicitó al rector del colegio de Guamal un permiso especial para no asistir a dictar clases mientras se calmaba el asunto. El rector no aceptó y lo obligó a seguir dictando sus clases. En vista de esto mi esposo puso un denuncio en la Fiscalía 16 del Banco Magdalena, que se demoró 3 meses para responderle que ese delito no era de su competencia, y reenvió el denuncio a la policía de Guamal, que era la competente para atender el caso. Entre los municipios del Banco y Guamal hay apenas una hora por carretera, pero Adpostal se demoró un mes para entregar ese correo. Cuando la denuncia llegó al comando de policía de Guamal, éste la desapareció, o al parecer se la entregaron a los paramilitares, porque 8 días después lo asesinaron. La Fiscalía se sacó en limpio diciendo que mi esposo había tenido la culpa de su muerte, porque cuando presentó la denuncia por las amenazas que le habían hecho debió haber llenado un formulario en el que solicitara protección. Él no lo llenó porque el funcionario que lo atendió no se lo dio a llenar. Posteriormente la Procuraduría Regional dio un fallo diciendo que la Fiscalía sí tenía la culpa, pero el juez no fue de esa opinión y fallo desfavorable contra la denuncia. Así que el crimen sigue en la impunidad”.

Ana Cecilia Pineda

Hija de José Rogelio Pineda, directivo de Sintraelecol de Caldas, asesinado el 12 de abril de 2002 en el interior de un hotel del municipio de Aranzazu, hecho en el que también fue acribillado Hernán de Jesús Ortiz, vicepresidente del sindicato de educadores de Caldas, Educal.

“Mi papá tenía 42 años cuando lo mataron. No tengo palabras para describir cómo era él, pero sí sé que fue una persona que luchó incansablemente por la causa sindical y supo formar a sus tres hijos. Fue un ejemplo para todos nosotros, y más que padre fue mi amigo. Él había viajado a Aranzazu para participar en un encuentro sindical y se alojó en un hotel, en una pieza vecina a la de Hernán de Jesús Ortiz. Y hasta ese hotel, a bordo de una camioneta y dos motos, llegaron los sicarios que los mataron a los dos. El proceso judicial en Manizales prácticamente se cerró, porque la Fiscalía dijo que no había pruebas. Hay sí un detenido, una persona que algunos testigos vieron acompañando a los sicarios que cometieron el crimen. Pero el hombre, que está detenido por otros crímenes que ha cometido, no quiere hablar del caso de mi papá, dice que fue obra de los paramilitares y que él nada tuvo que ver. Por eso pusimos una demanda internacionalmente, asesorados por abogados de Derechos Humanos. Quiero decir que con la muerte de mi papá la familia se traumatizó por completo. Mi hermano mayor cayó un tiempo en las drogas, pero gracias a Dios se recuperó y ahora estudia en la Universidad de Caldas. Somos tres hermanos y yo soy la mayor, la mano derecha de mi mamá, y soy la que está al frente del proceso judicial y a la espera de que por fin se haga justicia. Porque yo digo que uno tiene un día para nacer y otro para morir, pero no de la forma como me arrebataron a mi papá”.

John Hernán Calderón

Hijo de Dionisio Hernán Calderón, presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Yumbo, asesinado en 1985.

“El mayor pecado que cometió mi papá fue haber defendido a su pueblo, a la clase obrera, ya que en esa época, por acción de los políticos de turno, reinaba la incertidumbre por todas partes, tanto en el pueblo como en la organización sindical. Mi padre libró una dura batallas al interior del sindicato para poder quitar el dominio patronal y convertirlo en un sindicato de clase, independiente. Eso se consiguió porque contaba con una base de trabajadores beligerantes, y de ahí en adelante se convirtió en la piedra en el zapato para las administraciones municipales de Yumbo, y logró conquistas importantes. La ola de violencia y terror que se dio entre los años 1982 y 1985 fue impresionante: asesinatos selectivos de líderes sociales, en algunos de los cuales se comprobó la mano de la policía. A raíz de esto mi padre, como presidente del sindicato del Municipio, en asocio de las juntas de acción comunal de Yumbo, convocó a un cabildo abierto, donde denunciaron con nombre propio a los agentes del Estado involucrados en los asesinatos. Eso le costó la vida: a las siete de la noche del 28 de septiembre de 1985, dentro de nuestra propia casa y en presencia de sus hijos, varios hombres entraron y le propinaron 9 balazos. Nosotros quedamos consternados, no sabíamos qué hacer en ese momento, pues todos estábamos muy pequeños. No pudimos poner demanda por el crimen porque nos amenazaron y nos hicieron seguimientos, tanto que nos vimos forzados a irnos de Yumbo y a estar lejos durante dos años. Volvimos a intentar poner la demanda pero otra vez nos volvieron a amenazar. Ahora el caso está en manos de la Fiscalía y de la justicia internacional, pues hace 6 años lo denunciamos asesorados por Reiniciar, que es una organización de Derechos Humanos”.

Rosa Elena Bernal

Hermana de Olga Ester Bernal, educadora sindicalista desaparecida hace 22 años en el Valle del Cauca, donde en los últimos 10 años han sido asesinados otros 38 educadores. Su cadáver no ha sido encontrado.

“Mi hermana era una mujer íntegra, valiente, comprometida con la lucha sindical, y por eso fue detenida y desaparecida en enero de 1988. Muchos dirán que eso fue hace mucho tiempo, pero es que la memoria no la podemos dejar quieta. Es necesario que nos llenemos de motivos para seguir luchando. Lo que busca el gobierno y este sistema asesino es que nos volvamos insensibles frente a lo que le pasa a cada uno de los seres humanos que luchamos y nos comprometemos con la vida. Si tenemos la piel arrozuda y las lágrimas al borde, es porque todavía tenemos la capacidad de movernos y seguir luchando. Por la connotación que tiene el caso de mi hermana, después de 10 años de lucha a nivel nacional e internacional logramos que la Corte Interamericana sacara una resolución condenando al Estado Colombiano por este crimen. Producto de esta denuncia, del caso se ocupó un fiscal sin rostro que logró demostrar que los autores materiales de la detención y desaparición de mi hermana fueron tres agentes del F-2, e implicó también a Guillermo Julio Chávez Ocaña, comandante en ese momento de la policía de Buenaventura, un personaje que por donde pasó dejó estelas de sangre, como la masacre de Trujillo, Valle. Y aún así llegó a ser el director de inteligencia de la Policía Nacional, responsable de las chuzadas a dirigentes populares y defensores de Derechos humanos. El fiscal sin rostro que investigó el caso logró convencer a uno de los autores materiales del crimen para que denunciara a los autores intelectuales. ¿Pero qué pasó? Le pusieron una bomba en al cárcel de Palmira donde estaba detenido, para que no denunciara. El año pasado se volvió a retomar la investigación del caso, buscando que los autores intelectuales paguen por el crimen, y a raíz de eso en noviembre del año pasado allanaron la casa de mi hermana y la acusaron de ser subversiva. Es lo mismo de siempre: cada vez que se hace una denuncia, inmediatamente dicen que es porque es guerrillero, o auxiliar o por lío de faldas”.

María Victoria Jiménez Salazar

Bacterióloga del Hospital de Santafé de Antioquia, dirigente del sindicato Anthoc en este municipio, y también integrante de la Junta Directiva del hospital en representación del cuerpo médico. Sobrevivió a un ataque de dos hombres que la apuñalearon.

“Yo nunca he tenido enemigos, en el pueblo me quieren igual que los compañeros del trabajo. Pero empecé a padecer acosos laborales en mi contra a raíz de una denuncia que hice sobre irregularidades que encontré en la compra de algunos insumos para el hospital que fueron a parar a manos de funcionarios de la dirección del hospital. Un día, cerca de mi casa que queda en una finca cercana al pueblo, vi a dos hombres sospechosos en una moto. Al día siguiente, a eso de la una y media de la tarde, cuando regresaba del hospital y pesé por un parque cercano a mi casa, volví a ver la misma moto con los dos hombres, y esta vez sí alcancé a verles la cara, por lo que arrancaron a toda velocidad. Esa misma tarde me tocó volver al hospital porque me llamaron para que revisara unas pruebas de laboratorio, y eso me ocupó hasta las siete y meda de la noche, hora en que salí y me dirigí hacia mi casa. Pero cuando estaba abriendo el portón de la finca inmediatamente dos tipos se me abalanzaron, seguramente los mismos de la moto porque no alcancé a reconocerlos. Uno me tapó la boca mientras el otro me propinaba lo que yo pensaba que eran golpes. Yo medio me les zafé y empecé a gritar y entonces en la casa, que queda a una media cuadra del portón, los perros ladraron y de la finca vecina también salió gente. Eso me salvó, pero quedé muy herida porque lo que yo creí que eran golpes eran puñaladas que me estaban dando, y además me golpearon muy duro en la cara. Me llevaron de urgencia al hospital, me revisaron y vieron que tenía 7 puñaladas y fracturas en la nariz y en una costilla. Después me mandaron a Medellín a un cirujano plástico porque quedé muy mal. Afortunadamente diez días antes de este suceso había puesto una demanda de acoso laboral en la oficina del trabajo, y eso quedó como antecedente, porque la idea es que eso que me hicieron no quede impune”.

Jorge Sará Marrugo

Hijo de Aury Sará, presidente de la USO en Cartagena, secuestrado, torturado y asesinado en diciembre de 2001 por sicarios de las Autodefensas Unidad de Colombia. Públicamente Salvatore Mancuso y Jorge “40” reconocieron ser los autores materiales e intelectuales del crimen.

“Mi padre era una persona muy querida entre la familia y la gente del barrio en Cartagena, donde, en el momento en el que lo mataron, era presidente del sindicato de ECOPETROL. Era un hombre muy amable y bastante trabajador. Tenía la capacidad de estar metido en muchas actividades a la vez, sin descuidar sus obligaciones con la familia ni en su trabajo ni con el sindicato. Él sabía que lo iban a matar, según se lo contó a mi abuela, o sea la mamá de él, pero trataba de tranquilizarnos a todos. En una ocasión le dijo a mi abuela que él ya se había retirado del sindicato, para que no se preocupara, pero no era verdad. Quizá lo pensó, pero nunca dejó el sindicato, porque él nació para eso, para luchar por los trabajadores. Incluso le molestaba la diferencia de clase que hay en nuestra propia familia, donde los parientes que tienen buenos recursos no ayudan para nada a los que están mal económicamente. Su muerte nos afectó muchísimo a sus hijos, que somos tres: mi persona, que en ese momento tenía 13 años; Catalina, que tenía 8 años y Estefanía, la más pequeña. Por eso sé que un asesinato no sólo puede destrozar una persona sino también una familia, porque después de que a él lo asesinan la familia se dividió más. Por el crimen de mi padre en Cartagena se les abrió juicio a los paramilitares Mancuso y Jorge “40”, pero con la extradición de ellos a Estados Unidos ese crimen va camino de quedar en la impunidad”.

Tomado de: alasbarricadas.org

Recordemos lo sucedido en febrero del 2000 en El Salado, Bolívar.

El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas

En El Salado, durante tres días de febrero de 2000, los paramilitares se dedicaron a arrancar orejas con cuchillos, a ahorcar a las mujeres, a matar con martillos, disparos, puñales, y a degollar a sus víctimas a ritmo de gaitas y tambores. Alberto Salcedo Ramos, nueve años después, visitó este pueblo, "el pueblo de la masacre".

Sucede que los asesinos —advierto de pronto, mientras camino frente al árbol donde fue colgada una de las 66 víctimas— nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos ni en los libros de texto ni en los catálogos de turismo. Porque, dígame usted, y perdone que sea tan crudo, si no fuera por esa masacre ¿cuántos bogotanos o pastusos sabrían siquiera que en el departamento de Bolívar, en la Costa Caribe de Colombia, hay un pueblo llamado El Salado? Los habitantes de estos sitios pobres y apartados solo son visibles cuando padecen una tragedia. Mueren, luego existen.

José Manuel Montes, mi guía, un campesino rollizo y taciturno que se ha pasado la vida sembrando tabaco, asiente con la cabeza. Cae la tarde del sábado, empieza la sonata de las cigarras. El sol ya se ocultó pero su fogaje permanece concentrado en el aire. Mi acompañante cuenta entonces que en este punto en el que estamos ahora, más o menos aquí, en la mitad de la cancha, los paramilitares torturaron a Eduardo Novoa Alvis, la primera de sus víctimas. Le arrancaron las orejas con un cuchillo de carnicería y después le embutieron la cabeza en un costal. Lo apuñalaron en el vientre, le descerrajaron un tiro de fusil en la nuca. Al final, para celebrar su muerte, hicieron sonar los tambores y gaitas que habían sustraído previamente de la Casa de la Cultura. En los alrededores desolados de este campo de microfútbol apenas hay un par de burros lánguidos que se rascan entre sí las pulgas del espinazo. Sin embargo, es posible imaginar cómo se veían esos espacios aquella mañana del viernes 18 de febrero del año 2000, cuando los indefensos habitantes se encontraban apostados allí por orden de los verdugos.

—Casi toda la gente estaba sentada en ese costado —dice Montes, mientras señala un montículo de arena parda que se encuentra perpendicular a la iglesia, a unos veinte metros de distancia.

Hoy por la mañana, al despuntar el día, Édita Garrido me había mostrado esa misma lomita de tierra. Ella, una aldeana enjuta de tez cetrina, también sobrevivió para echar el cuento. Los paramilitares, dijo, llegaron al pueblo un poco antes de las nueve, disparando en ráfagas y profiriendo insultos. Debajo de su cama, en el piso, donde se hallaba escondida, Édita oyó la algarabía de los bárbaros:

—¡Partida de malparidos: párense firmes, que somos los paracos y vamos a acabar con este pueblo de mierda!

—¡Eso les pasa por ser sapos de la guerrilla!

En seguida arrancaron a los pobladores de sus casas y los condujeron como borregos de sacrificio hacia la cancha. Allí —aquí— los obligaron a sentarse en el suelo. En el centro del rectángulo donde normalmente es situado el balón cuando va a empezar el partido, se plantaron tres de los criminales. Uno de ellos blandió un papel en el que estaban anotados los nombres de los lugareños a quienes acusaban de colaborarle a la guerrilla. En la lista, después de Novoa Alvis, seguía Nayibis Osorio. La arrastraron prendida por el pelo desde su casa hasta el templo, acusada de ser amante de un comandante guerrillero. La sometieron al escarnio público, la fusilaron. Y a continuación, en el colmo de la sevicia, le clavaron en la vagina una de esas estacas filosas que utilizan los campesinos para ensartar las hojas de tabaco antes de extenderlas al sol. "¿A quién le toca el turno?", preguntó en tono burlón uno de los asesinos, mientras miraba a los aterrados espectadores. El compañero que manejaba la lista le entregó el dato solicitado: Rosmira Torres Gamarra. Separaron a la señora del grupo, le amarraron al cuello una soga y comenzaron a jalarla de un lado al otro, al tiempo que imitaban los gritos de monte característicos de la arriería de ganado en la región. La ahorcaron en medio de un nuevo estrépito de tambores y gaitas. Luego ametrallaron, sucesivamente, a Pedro Torres Montes, a Marcos Caro Torres, a José Urueta Guzmán y a un burro vagabundo que tuvo la desgracia de asomar su hocico por aquel inesperado recodo del infierno. Uno de los paramilitares amenazó a la muchedumbre: el que llore será desfigurado a tiros. Otro levantó su arma por el aire como una bandera y prometió que no se iría de El Salado sin volarle los sesos a alguien. "Díganme cuál es el que me toca a mí, díganme cuál es el que me toca a mí", repetía, mientras caminaba por entre el gentío con las ínfulas de un guapetón de cine. Hubo más muertes, más humillaciones, más redobles de tambores. Varios tramos de la cancha se encontraban alfombrados por el reguero de cadáveres y órganos tronchados que había dejado la carnicería. Entonces, como al parecer no quedaban más nombres pendientes en la lista, los paramilitares se inventaron un juego de azar perverso para prolongar la pesadilla: pusieron a los habitantes en fila para contarlos en voz alta. La persona a la cual le correspondiera el número 30 —advirtió uno de los verdugos— estiraría la pata. Así mataron a Hermides Cohen Redondo y a Enrique Medina Rico. Después llevaron su crueldad, convertida ya en un divertimento, hasta el extremo más delirante: de una casa sacaron un loro y de otra un gallo de riña, y los echaron a pelear en medio de un círculo frenético. Cuando, finalmente, el gallo descuartizó al loro a punta de picotazos, estalló una tremenda ovación.

Ahora, José Manuel Montes me explica que la mortandad de la cancha era apenas una parte del desastre. El país ha conocido después —gracias a los familiares de las víctimas, a las confesiones de los verdugos y al copioso archivo de la prensa— los pormenores de la masacre. Fue consumada por 300 hombres armados que portaban brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los paramilitares comenzaron a acordonar el área desde el miércoles 16 de febrero de 2000. Mientras estrechaban el cerco sobre El Salado, se dedicaron a asesinar a los campesinos que transitaban inermes por las veredas. No los mataban a bala sino a golpes de martillo en la cabeza, para evitar ruidos que alertaran a los desprevenidos habitantes que se encontraban aún en el pueblo. El viernes 18, ya durante la invasión, forzaron las casas que permanecían cerradas y ametrallaron a sus ocupantes. Cometieron abusos sexuales contra varias adolescentes, obligaron a algunas mujeres adultas a bailar desnudas una cumbiamba. Por la noche les ordenaron a los sobrevivientes regresar a sus moradas. Pero eso sí: les exigieron que durmieran con las puertas abiertas si no querían amanecer con la piel agujereada. Entre tanto ellos, los bárbaros, se quedaron montando guardia por las calles: bebieron licor, cantaron, aporrearon otra vez los tambores, hicieron aullar las gaitas. Se marcharon el sábado 19 de febrero, casi a las cinco de la tarde. A esa hora los lugareños corrieron en busca de sus muertos. El panorama con el cual se toparon era lo más horrendo que hubiesen visto jamás: la cancha que con tanto esfuerzo les habían construido a sus hijos cinco años atrás, estaba convertida en una cloaca de matadero público: manchones de sangre seca, enjambres de moscas, atmósfera pestilente. Y, para rematar, los cerdos callejeros les caían a dentelladas a los cadáveres, corrompidos ya por el sol.

—Mi marido —dijo Édita Garrido esta mañana— ayudó a cargar uno de esos cadáveres, y cuando terminó tenía las manos llenas de pellejo podrido.

Le reitero a José Manuel Montes que mi visita se debe a la matazón cometida por los paramilitares. Si no se hubiese presentado ese hecho infame, seguramente yo andaría ahora perdiendo el tiempo frente a las vitrinas de un centro comercial en Bogotá, o extraviado en una siesta indolente. El terrorismo, fíjese usted, hace que algunos de quienes todavía seguimos vivos, pongamos los ojos más allá del mundillo que nos tocó en suerte. Por eso nos conocemos usted y yo. Y aquí vamos juntos, recorriendo a pie los 150 metros que separan la cancha del panteón donde reposan los mártires. Mientras avanzamos, digo que acaso lo peor de estos atropellos es que dejan una marca indeleble en la memoria colectiva. Así, la relación que la psiquis establece entre el lugar afectado y la tragedia es tan indisoluble como la que existe entre la herida y la cicatriz. No nos engañemos: El Salado es "el pueblo de la masacre", así como San Jacinto es el de las hamacas, Tuchín el de los sombreros vueltiaos y Soledad el de las butifarras. Hemos llegado por fin al monumento erigido en honor a las personas acribilladas. En el centro del redondel donde yacen las osamentas, se levanta una enorme cruz de cemento. La pusieron allí como el típico símbolo de la misericordia cristiana, pero en la práctica, como no hay a la entrada de El Salado ningún cartel de bienvenida, esta cruz es la señal que le indica al forastero dónde se encuentra el mojón que demarca el territorio del pueblo. Porque en muchas regiones olvidadas de Colombia, fíjese usted, los límites geográficos no son trazados por la cartografía sino por la barbarie. Al distinguir los nombres labrados en las lápidas con caligrafía primorosa, soy consciente de que camino por entre las tumbas de compatriotas a quienes ya no podré ver vivos. Habitantes de un país terriblemente injusto que solo reconoce a su gente humilde cuando está enterrada en una fosa. ?

***

Domingo de rutina en El Salado: Nubia Urueta hierve el café en una hornilla de barro. Vitaliano Cárdenas les echa maíz a las gallinas. Eneida Narváez amasa las arepas del desayuno. Miguel Torres hiende la leña con un hacha. Juan Arias se apresta a sacrificar una novilla. Juan Antonio Ramírez cuelga la angarilla de su burro en una horqueta. Hugo Montes viaja hacia su parcela con un talego de semillas de tabaco. Édita Garrido pela yucas con un cuchillo de punta roma. Eusebia Castro machaca panela con un martillo. Jamilton Cárdenas compra aceite al menudeo en la tienda de David Montes. Y Oswaldo Torres, quien me acompaña en este recorrido matinal, fuma su tercer cigarrillo del día. Los demás lugareños seguramente están dentro de sus moradas haciendo oficios domésticos, o en sus cultivos agrandando los surcos de la tierra. A las ocho de la mañana el sol flamea sobre los techos de las casas. Cualquier visitante desprevenido pensaría que se encuentra en un pueblo donde la gente vive su vida cotidiana de manera normal. Y hasta cierto punto es así. Sin embargo —me advierte Oswaldo Torres— tanto él como sus paisanos saben que, después de la masacre, nada ha vuelto a ser como en el pasado. Antes había más de 6000 habitantes. Ahora, menos de 900. Los que se negaron a regresar, por tristeza o por miedo, dejaron un vacío que todavía duele.

Le digo a Oswaldo Torres que el sobreviviente de una masacre carga su tragedia a cuestas como el camello a la joroba, la lleva consigo adondequiera que va. Lo que se encorva bajo el pesado bulto, en este caso, no es el lomo sino el alma, usted lo sabe mejor que yo. Torres expulsa una bocanada de humo larga y parsimoniosa. Luego admite que, en efecto, hay traumas que perduran. Algunos de ellos atacan a la víctima a través de los sentidos: un olor que permite evocar la desgracia, una imagen que renueva la humillación. Durante mucho tiempo, los habitantes de El Salado esquivaron la música como quien se aparta de un garrotazo. Como vieron agonizar a sus paisanos entre ramalazos de cumbiamba improvisados por los verdugos sentían, quizá, que oír música equivalía a disparar otra vez los fusiles asesinos. Por eso evitaban cualquier actividad que pudiese derivar en fiesta: nada de reuniones sociales en los patios, nada de carreras de caballo. Pero en cierta ocasión, un psicólogo social que escuchó sus testimonios en una terapia de grupo les aconsejó exorcizar el demonio. Resultaba injusto que los tambores y gaitas de los ancestros, símbolos de emancipación y deleite, permanecieran encadenados al terror. Así que esa misma noche bailaron un fandango apoteósico en la cancha de la matanza. Fue como renacer bajo aquel firmamento tachonado de velas prendidas que anunciaban un sol resplandeciente.

En este momento, paradójicamente, el sol se ha escondido. El cielo encapotado amenaza con desgajarse en un aguacero. Torres recuerda que cuando ocurrió la masacre, en febrero de 2000, todos los habitantes se marcharon de El Salado. No se quedaron ni los perros, dice. Pues, bien: él, Torres, fue una de las 120 personas —100 hombres y 20 mujeres— que encabezaron el retorno a su tierra, en noviembre del año 2002. Cuando llegaron —cuenta— El Salado se hallaba extraviado bajo un boscaje de más de dos metros de alto. Uno de los paisanos se encaramó en el tanque elevado del acueducto para precisar dónde quedaba la casa de cada quien. En seguida se entregaron a la causa de rescatar al pueblo de las garras del caos. Un día, tres días, una semana, enfrascados en una lucha primitiva contra el entorno agresivo, como en los tiempos de las cavernas, corte un bejuco por aquí, queme un panal de avispas furiosas por allá, mate una serpiente cascabel por el otro lado. La proliferación de bichos era desesperante.

—Si uno bostezaba —dice Torres— se tragaba un puñado de mosquitos.

Para defenderse de las oleadas de insectos, todos, inclusive los no fumadores, mantenían un tabaco encendido entre los labios. Además, fumigaban el suelo con querosene, armaban fogatas al anochecer.

Dormían apretujados en cinco casas contiguas del Barrio Arriba, pues temían que los bárbaros regresaran. Reunidos —decían— serían menos vulnerables. Su consigna era que quien quisiera matarlos, tendría que matarlos juntos. Tan grande era el miedo en aquellos primeros días del retorno que algunos dormían con los zapatos puestos, listos para correr de madrugada en caso de que fuera necesario. Al principio subsistieron gracias a la caridad de los pueblos vecinos —Canutal, Canutalito, El Carmen de Bolívar y Guaimaral— cuyos moradores les regalaban víveres, frazadas y pesticidas. Cuando terminaron de segar la maraña, cuando quemaron el último montón de ramas secas, se dedicaron a poner en su sitio, otra vez, los elementos perdidos del universo: el caney del patio, el establo, la burra baya, el garabato, la alacena de las hojas de tabaco, el canto del gallo, el ladrido de los perros, los juegos de los niños, los amores furtivos en los callejones oscuros, la ollita tiznada del café, la visita del compadre. Entonces volvieron los sobresaltos: la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) los acusó de ser colaboradores clandestinos de los paramilitares. ¿Habrase visto ironía más grande? ¡Si los masacraron, precisamente, porque se les consideraba compinches de los guerrilleros!

Oswaldo Torres advierte, mientras chupa su eterno cigarrillo, que los problemas de orden público en El Salado se debían al simple hecho de pertenecer geográficamente a los Montes de María, una región agrícola y ganadera disputada durante años por guerrilleros y paramilitares. En los periodos más críticos de la confrontación, los habitantes vivían atrapados entre el fuego cruzado, hicieran lo que hicieran. Y siempre parecían sospechosos aunque no movieran ni un dedo. Ciertamente, algunos paisanos —bajo intimidación o por voluntad propia— le cooperaron a un bando o al otro. Tal circunstancia resultaba inevitable dentro de un conflicto corrompido en el cual los combatientes tomaban como escudo a la población civil. Hugo Montes, un campesino que ni siquiera terminó la educación primaria, me explicó el asunto, anoche, con un brochazo del sentido común que les heredó a sus antepasados indígenas.

—Es que donde hay tanta gente, nunca falta el que mete la pata.

En seguida encogió los hombros, me miró a los ojos y me retó con una pregunta:

—¿Y qué podíamos hacer los demás, compa, qué podíamos hacer?

—Lo único que podíamos hacer —responde Torres ahora— era pagar los platos rotos.

Su respiración es afanosa porque vamos subiendo una senda empinada. De pronto, mira hacia el cielo como si suplicara clemencia, pero en realidad —según me dice, jadeante— está inquieto por un nubarrón que parece a punto de romperse encima de nuestras cabezas. Torres retoma una idea que planteamos al principio de nuestra caminata: en este momento, cualquier visitante desprevenido pensaría que los pobladores de El Salado viven otra vez, venturosamente, su vida diaria. Y hasta cierto punto es así —repite— porque ellos han retornado al terruño que aman. Mal que bien, hoy cuentan con la opción de disfrutar en forma tranquila los actos más entrañables de la cotidianidad, como se percibe en esta calle por la cual avanzamos: una niña escruta el horizonte con su monóculo de juguete, un niño retoza en el piso con sus bolitas de cristal, una muchacha peina a un anciano plácido. Sin embargo, ya nada será tan bueno como en la época de los abuelos, cuando ningún hombre levantaba la mano contra el prójimo, y los seres humanos se morían de puro viejos, acostados en sus camas. La violencia les produjo muchos daños irreparables. Espantó, a punta de bombazos y extorsiones, a las dos grandes empresas que compraban las cosechas de tabaco en la región. Enraizó el pánico, la muerte y la destrucción. Provocó un éxodo pavoroso que dejó el pueblo vaciado, para que lo desmantelaran las alimañas de toda índole. Cuando los habitantes regresaron, casi dos años después de la masacre, descubrieron con sorpresa que la mayor parte de la tierra en la que antes sembraban tenía otros dueños. Ya no había ni maestros ni médicos de planta, y ni siquiera un sacerdote dispuesto a abrir la iglesia cada domingo.

El nubarrón suelta, por fin, una catarata de lluvia que rebota enardecida contra el suelo arenoso.

***

Los dos únicos centros educativos que quedan en el pueblo funcionan en una casa esquinera de paredes descoloridas. Uno es la Escuela Mixta de El Salado, dueña de este inmueble, y otro, el Colegio de Bachillerato Alfredo Vega. Varios chiquillos contentos corretean por el patio esta mañana de lunes. En el primer salón que uno encuentra tras el portón, los niños se aplican a la tarea de elaborar un cuadro sinóptico sobre las bacterias y otro sobre las algas. El número de alumnos ni siquiera sobrepasa el centenar, pero el problema mayor es otro: el bachillerato apenas está aprobado hasta noveno grado. Los estudiantes interesados en cursar los dos grados restantes deben mudarse para El Carmen de Bolívar, lo que demanda unos gastos que no se compadecen con la pobreza de casi todos los pobladores. En consecuencia, muchos jóvenes renuncian a concluir su educación y se convierten en jornaleros como sus padres.

Tal es el caso de María Magdalena Padilla, 20 años, quien a esta hora hierve leche en una olla vetusta. En 2002, cuando se produjo el retorno de los habitantes tras la masacre, María Magdalena fue noticia nacional de primera página. En cierta ocasión, una mujer que debía ausentarse de El Salado dejó a su hija de cinco años bajo la custodia de María Magdalena. Para matar el tiempo, las dos criaturas se pusieron a jugar a las clases: María Magdalena era la maestra. Y la niña más pequeña, la alumna. Una vecina que vio la escena también envió a su hijo chiquito, y luego otra señora le siguió los pasos, y así se alargó la cadena hasta llegar a 38 niños. Como no había escuelas, el divertimento se fue tornando cada vez más serio. En esas apareció una periodista que quedó maravillada con la historia, una periodista que, folclóricamente, le estampilló a la protagonista el mote de "Seño Mayito", dizque porque María Magdalena sonaba demasiado formal. El novelón caló en el alma de los colombianos. A María Magdalena la retrataron al lado del Presidente de la República, la ensalzaron en la radio y en la televisión, la pasearon por las playas de Cartagena y por los cerros de Bogotá. Le concedieron —vaya, vaya— el Premio Portafolio Empresarial, un trofeo que hoy es un trasto inútil arrinconado en su habitación paupérrima. Los industriales le mandaron telegramas, los gobernadores exaltaron su ejemplo. Pero en este momento, María Magdalena se encuentra triste porque, después de todo, no ha podido estudiar para ser profesora, como lo soñó desde la infancia. "No tenemos dinero", dice con resignación. Lejos de los reflectores y las cámaras, no resulta atractiva para los falsos mecenas que la saturaron de promesas en el pasado. Pienso —pero no me atrevo a decírselo a la muchacha— que ahí está pintado nuestro país: nos distraemos con el símbolo para sacarle el cuerpo al problema real, que es la falta de oportunidades para la gente pobre. Les damos alas a los personajes ilusorios como "la Seño Mayito", para después arrancárselas a los seres humanos de carne y hueso como María Magdalena. En el fondo, creamos a estos héroes efímeros, simplemente, porque necesitamos montar una parodia de solidaridad que alivie nuestras conciencias.

Eso sí: los problemas persisten, se agrandan. La vecina de María Magdalena se llama Mayolis Mena Palencia y tiene 23 años. Está sentada, adolorida, en un taburete de cuero. Ayer, después del tremendo aguacero que cayó en El Salado, resbaló en el patio fangoso de la casa y cayó de bruces contra un peñasco. Perdió el bebé de tres meses que tenía en el vientre. Y ahora dice que todavía sangra, pero que en el pueblo, desde los tiempos de la masacre, no hay ni puesto de salud ni médico permanente. Yo la miro en silencio, cierro mi libreta de notas, me despido de ella y me alejo, procurando pisar con cuidado para no patinar en la bajada de la cuesta. Veo las calles barrosas, veo un perro sarnoso, veo una casucha con agujeros de bala en las paredes. Y me digo que los paramilitares y guerrilleros, pese a que son un par de manadas de asesinos, no son los únicos que han atropellado a esta pobre gente.

Por: ALBERTO SALCEDO RAMOS
Tomado de: soho.com.co

En el 6 de marzo el MOVICE objeta y se opone a la reelección de la política de Seguridad Democrática

El MOVICE objeta y se opone a la reelección del actual presidente y con ella, la de su política de Seguridad Democrática y Estado Comunitario convocando el 6 de marzo de 2010 a actos simbólicos en Colombia y el mundo.

Desde el 2002 persiste el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, la criminalización y persecución de la oposición política, el exilio, el desplazamiento forzado y la imposición de un modelo económico que profundiza la pobreza, la destrucción de la biodiversidad y la posibilidad de garantías y satisfacción para los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

En los meses de enero y febrero de 2010, el presidente Uribe y su Ministro de Defensa han reiterado en varias oportunidades que ocho años de “Seguridad Democrática” no han sido suficientes para recuperar la seguridad en el país y que tienen sus dudas sobre las intenciones y capacidades de los precandidatos presidenciales frente a continuar esta política. Así, lo que se pretende reelegir es un ejercicio del poder, un modo de enfrentar la crisis de derechos humanos, del conflicto social armado y de la disminución de la pobreza y la miseria.

En los últimos ocho años la política de Seguridad Democrática se ha expresado en:

- Una “Ley de Justicia y Paz” que se ha caracterizado por su alto grado de impunidad. De los 35.353 paramilitares que se han desmovilizado, solo 698, o sea un 1.98%, están siendo procesados por los delitos cometidos y solo uno ha sido condenado, condena que fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

- Una infiltración paramilitar en todas las esferas del gobierno, siendo hasta el momento más de 133 congresistas y ex-congresistas quienes han sido investigados por sus presuntos nexos con paramilitares, un gobernador tres alcaldes y seis concejales, elegidos todos para el periodo 2007-2011 se encuentran también bajo investigación, igual que 14 ex gobernadores, 7 ex diputados y 35 ex alcaldes, la gran mayoría de estos perteneciendo a la bancada Uribista.1

- La legalización y mimetización del paramilitarismo en la sociedad y la profundización del control paramilitar en las grandes ciudades. Los “nuevos” grupos paramilitares a finales de 2009 alcanzaron a tener alrededor de 11.000 miembros armados.2

- Una constante infracción al Derecho Internacional Humanitario con la utilización de la población civil en el conflicto armado bajo diferentes modalidades como “la red de informantes”, “soldados por un día”, “familias guardabosques”, “estudiantes informantes” (Medellín), “taxistas informantes” (Cali), entre otros.

- Una práctica sistemática de persecución y criminalización de la oposición política, con señalamientos detenciones masivas e individuales de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos.

- La falta de garantías para las víctimas. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado desde su nacimiento en junio de 2005 ha sido víctima de una política sistemática de agresión, muestra de ella las alrededor de 170 agresiones documentados, entre ellos asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, detenciones, amenazas, intimidaciones y estigmatizaciones por parte de funcionarios del gobierno. La Procuraduría General de la Nación recibió 800 solicitudes de protección por parte de víctimas en el año 2008.3

- La extradición de 23 jefes paramilitares a los Estados Unidos, silenciando a perpetradores de crímenes de Lesa Humanidad que estaban dispuestos a compartir con la sociedad sobre sus nexos con políticos, sectores económicos y el actual gobierno.

- La falta de garantías para paramilitares en procesos de desmovilización, lo que se traduce en los más de 2000 reinsertados asesinados en cárceles y en las calles de diferentes ciudades, sin que hasta la fecha haya un preso por estos crímenes.

- Un incremento en el desplazamiento forzado. Según la consultoría CODHES el desplazamiento forzado bajo la política de Seguridad Democrática ha sido de 2.4 millones de personas, constituyendo casi la mitad de los 4.9 millones de personas que se han tenido que desplazar en los últimos 25 años. La mayor parte de estos desplazamientos ha estado ligado a proyectos económicos como la palma aceitera, la minería y la extracción del petroleo.

- La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 1200 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública, lo que demuestra el carácter sistemática de una practica que se considera por el Derecho Internacional como Crimen de Lesa Humanidad. Los llamados “falsos positivos” son un resultado directo de una política que incentiva con el dinero las bajas de integrantes de los grupos al margen de la ley. Estos falsos positivos se tienen que entender de una forma más amplia como son también falsos positivos montajes judiciales y desmovilizaciones forzadas.

- Incremento del gasto del 5.2% del PIB para Defensa en 20024 en 2010 el presupuesto para defensa es de 14.2% del PIB (11.057 millones de dolares), superando por primera vez el presupuesto para la educación (13.9% del PIB).

- Liberalización del mercado. Las nuevas leyes de zonas francas, hidrocarburos, minería y las propuestas para aguas y la ley forestal han buscado poner un precio a todo recurso existente en el país y ha ido acompañado con la privatización de sectores públicos, despedidas masivas y la precarización de la situación laboral.

- El Departamento de Seguridad (DAS), órgano que depende directamente del presidente de la República, ha pasado de un escandalo a otro, entre otros por nexos con paramilitares, interceptaciones ilegales de las comunicaciones de la oposición política, la creación de un órgano ilegal (G3) que tenía como fin hacer seguimiento e intimidar a magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.

- La excarcelación de militares implicados en ejecuciones extrajudiciales por supuestos vencimientos de términos y que está excarcelando parapolíticos, involucrados en crímenes de Lesa Humanidad por haberse acogido a sentencia anticipada, mostrando la incapacidad de la justicia colombiana a defender los derechos de las víctimas y la necesidad de una intervención de la Corte Penal Internacional en el país.


El MOVICE invita a la sociedad colombiana a participar en esta jornada de expresión contra la reeelección de la seguridad democrática y estado comunitario, llama a los diferentes precandidatos presidenciales a distanciarse públicamente de la política de Seguridad Democrática, y a comprometerse en una política que propicie la verdad, la justicia, la reparación integral, la paz con justicia y el cese de la mercantilización de la salud y de los territorios.

16 de febrero de 2009

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1 Verdad Abierta 13/05/2009
2 “El declive de la Seguridad Democrática” Corporación Nuevo Arco Iris Noviembre 2009
3 Revista Cambio en su edición del 29 de enero de 2009
4 “El gasto en Seguridad y Defensa en Colombia: de la contención a la ofensiva” Fundación Seguridad y Democracia 17/11/2004


Por: MOVICE
Tomado de: movimientodevictimas.org

El 'eje del mal' del software libre

A la industria cultural de EEUU no le gusta el software libre. La misma Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) que ha incluido a España entre los países piratas, también pide a su Gobierno que vigile a varios países por promover el uso de software libre. Los acusados podrán ser escuchados la semana que viene por la Oficina del Representantepara el Comercio de EEUU, el organismo federal que elabora la temida "Lista 301 ".

Dos potencias emergentes, como India y Brasil aparecen en el informe que ha elaborado la IIPA para el Gobierno de EEUU. El lobby cultural (que incluye a la Business Software Alliance, BSA) les acusa de promover el uso del software libre en sus administraciones públicas.

Cuatro países del sudeste asiático (desde la musulmana Indonesia a la cristiana Filipinas, pasando por la capitalista Tailandia y el comunista Vietnam) también están en la lista.

En el caso de Brasil, que lleva años impulsando su industria informática, la IIPA solicita a su Gobierno que use su influencia para "evitar las leyes sobre el uso obligatorio de software de código abierto por parte de las agencias gubernamentales y las empresas públicas".

Con India, la industria pide actuar antes de que ocurra una desgracia. Aunque no hay ningún tipo de legislación para promover programas basados en GNU/Linux, tanto la IIPA como la BSA se muestran preocupadas por que el Gobierno indio estaría considerando apostar por el software local y libre.

Sin embargo, con quien más se ceba el informe es con los gobiernos del sudeste asiático, en especial con Tailandia . En diciembre pasado, el primer ministro de ese país ordenó a su ministro de Tecnología que diseñara un plan para promover el software libre. Menciona el informe un plan para la compra de 1,4 millones de portátiles para las escuelas que, para ahorrar costes, deberán llevar GNU/Linux.

Vietnam e Indonesia llevan años sustituyendo copias pirata de software privativo por programas libres. Lo justifican como una medida realista para reducir la pirateria informática y, así, evitarse la presión de EEUU o posibles sanciones. Para la IIPA, lo que deben hacer es campañas educativas o una efectiva persecución de las infracciones.

En cuanto a Filipinas, el informe denuncia que el Gobierno estudia una ley para favorecer al software libre en la administración pública. Según la IIPA, "la aprobación de esta ley podría cuestionar la libertad de uso del software y, en última instancia, podría hundir a la industria informática filipina".

Por: Público.es
Tomado de: desdeabajo.info

Capturan a Mario Uribe, primo del Presidente

La Sala Penal de la Corte Suprema lo vinculó formalmente al escándalo de la parapolítica.

Hace dos años los periódicos del mundo titularon así la información sobre la captura de Mario Uribe:





...y así tituló El Tiempo:


Vamos a ver cómo titulan mañana...

La detención se produjo en Medellín luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitiera orden de captura en contra del primo hermano del primer mandatario de los colombianos, el ex senador Mario Uribe Escobar, por sus presuntos vínculos con los ex paramilitares, Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirri", y Salvatore Mancuso, quien comandaba el Bloque Norte de las Autodefensas.

La decisión se dio seis meses después de que el Alto Tribunal recuperara la potestad de juzgar a los parlamentarios involucrados en parapolítica que hubieran renunciado al fuero, situación a la que el propio Uribe le había hecho el quite en 2007 cuando renunció a su investidura de congresista para buscar ser investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, no es la primera vez que Uribe Escobar ha tratado de eludir a la justicia. A comienzos de 2008, cuando la Fiscalía determinó su captura, quien fuera el jefe del partido uribista Colombia Democrática intentó esquivar la orden, pidiendo asilo en la embajada de Costa Rica en Bogotá.

Sin embargo, Uribe Escobar fue recluido en la penitenciaría La Picota en Bogotá el 22 de abril de 2008. El hoy fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago determinó su excarcelación, pero lo mantuvo vinculado al proceso de la parapolítica en agosto de ese mismo año, argumentando que no tenía indicios fuertes para mantenerlo privado de la libertad.

Los líos judiciales del primo del presidente empezaron en noviembre de 2006, cuando el testigo Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirri", lo mencionó por primera vez como beneficiario de las Autodefensas. El 7 de mayo de 2007 una comisión de la Corte Suprema de Justicia viajó hasta Quebec, Canadá, para escuchar su declaración. En esencia, Pitirri haber visto a Mario Uribe en emomentos en que se reunió con paramilitares, con el objetivo de hacerse a unas fincas, a buen precio, en Antioquia y Sucre.

Uribe desmintió a "Pitirri", a quien calificó como "pitítere", tratando de poner en evidencia que el testigo estelar de la parapolítica quería desprestigiarlo. Sin embargo, el 15 de mayo de 2007, una semana después de la declaración de Castillo Peralta a la Corte, el desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló que en dos oportunidades se había reunido con Mario Uribe Escobar.

El ex parlamentario fue elegido senador en las elecciones de 1994, gracias a que su primo y jefe del partido político, Álvaro Uribe, abandonó su curul, con el fin de inscribir su candidatura a los comicios regionales de ese año, en los que alcanzó su nombramiento como Gobernador de Antioquia.

Uribe Escobar, fundador de Colombia Democrática, fue reelegido en 1998 y llegó a ser Presidente del Senado entre 2000 y 2001. En 2002, a nombre del mismo movimiento, fue reelecto al Senado y apoyó la candidatura de su primo a la máxima magistratura del Estado.

En 2006, fue elegido por tercera vez consecutiva en representación del mismo partido, del cual es presidente, y volvió a bridarle su respaldo a Uribe Vélez en la campaña reeleccionista, siendo uno de los artífices de la reforma constitucional que le dio vio libre al mandatario para lanzar su cansisatura; además, fue el ponente de la primera versión de la Ley de Justicia y Paz.


Tomado de: Elespectador.com
Caricatura: havladdorias.blogspot.com

Carta abierta a la comunidad universitaria

Escrito por MIGUEL ANGEL BELTRAN desde el pabellón de “Alta Seguridad” cárcel “la Picota” febrero 1 de 2010.

Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales,
que lavándose las manos se desentiende y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido,
partido hasta mancharse.

Paco Ibañez.

Estimados (as) estudiantes, trabajadores (As) y colegas de las universidades públicas y estatales del país.
Desde mi nuevo sitio de reclusión en el pabellón de alta seguridad del complejo carcelario “La Picota” les hago llegar un cálido saludo , acompañado de renovadas esperanzas de éxito en las luchas universitarias que vislumbran el horizonte del 2010, año consagrado por la tradición oficial a la celebración del bicentenario de la independencia.

Son más de ocho meses que llevo privado de mi libertad en un juicio que se adelanta por los supuestos delitos de “rebelión” y “concierto para delinquir con fines terroristas”, en el cual ha brillado la flagrante violación de mis garantías procesales, admitiendo pruebas ilícitas e legales como el computador del abatido jefe de las FARC, “Raúl Reyes” e incorporando como intervinientes especiales víctimas de esa organización guerrillera que no han recibido daño concreto, real y especifico por parte mía.

No siendo suficiente estas arbitrariedades, el pasado 23 de diciembre fui sacado sorpresivamente de las instalaciones de la cárcel nacional “Modelo”, bajo extremas medidas de seguridad, sin que se me informara el sitio de remisión. Durante dos días, tanto familiares como abogados y amigos desconocieron por completo mi paradero, al punto que se vieron precisados a alertar sobre esta situación a algunos medios de comunicación y ONGs Nacionales e internacionales. Mi traslado se produjo el mismo día en que obtuve –tras numerosas trabas institucionales- la autorización para la visita de mi hijo, a quien no veía desde hace dos años y “coincidió” con las denuncias que días atrás había formulado contra un funcionario de la cárcel nacional “modelo” por hechos de corrupción.


El próximo 17 de febrero se adelantara mi “juicio oral” que constituye el paso previo a la promulgación de sentencia, en un proceso revestido de tintes claramente políticos donde se juzgará el pensamiento crítico y la libertad de cátedra, principios que consagraran el movimiento estudiantil de Córdoba (Argentina) hace ya cerca de un siglo. Lo anterior en el marco de una cadena de ataques sistemáticos a la universidad pública, evidenciando no solo en el creciente recorte de recursos financieros que la vienen sometiendo a la implacable lógica del mercado del conocimiento y de los servicios, sino también de la violación de los principios fundamentales –que constituyen su esencia- como la libertad del pensamiento su autonomía institucional.


Así lo demuestran las detenciones arbitrarias, la intromisión de la fuerza púbica en el campus universitario, el asesinato y desaparición de estudiantes, las amenazas a profesores críticos, la solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación de los estudiantes pertenecientes a universidades públicas de Bogotá y la proliferación de acusaciones por rebelión a miembros de la comunidad universitaria, en juicios rápidos con restricción de acceso al material probatorio, como lo ilustra mi situación, la del profesor Fredy Julián Cortés y la del artista Luis Eduardo Sarmiento.


Esta situación que nos retrotrae a los oscuros años de las dictaduras militares en el cono sur , se torna aun más preocupante con a reciente propuesta del ejecutivo de vincular a mil estudiantes de Medellín como informantes de la fuerza pública, instrumentalizando para sus interés guerreristas las necesidades económicas de esta importante granja social, pretendiendo convertir a Colombia en un país de delatores y avivando, aun mas el conflicto armado y social que el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez pretende ocultar.


La incorporación con cave de estudiantes a estas labores de inteligencia militar no solo denota una ausencia de proyecto educativo para sectores estratégicos en el desarrollo culturas y social de la nación, sino que conlleva altos riesgos para la integridad de los mismos, transformando el campus universitario en un campo de guerra.


Cabe recordar que la red de informante, como uno de los pilares fundamentales de la mal llamada política de “seguridad democrática” ha servido para sustentar “falsos positivos” y con ellos, la persecución a numerosos intelectuales, estudiantes, docentes, líderes sociales, populares, indígenas que actualmente inundaron las cárceles del país, no en vano se habla hoy de más de 7.000 presos (as) políticos (As) sometidos (as) a condiciones inhumanas y de hacinamiento, y que el Estado colombiano trata de ignorar con el sofisma e estar librando una batalla frontal contra el terrorismo.


Frente a estos hechos, la universidad no puede evadir su responsabilidad esgrimiendo una supuesta “neutralidad” debe, por el contrario, asumir el compromiso social de liderar, desde la académica, la generación de propuestas que coadyuven a dar salidas a la problemática social. Es a través del debate abierto y pluralista de ideas-no del silencio y la consagración del pensamiento único- que la universidad puede garantizar el cumplimiento de su función social y erigirse en un verdadero medio de construcción y transformación social, en el contexto de un mundo cada vez más cambiante.


Esto se hace aun más necesario en un país como e l nuestro donde –como nos lo recordaba un colega de la Universidad de Antioquia- la gente “se amordaza, se tapona y se venda para no hablar nada, no oír nada y no ver nada “, porque –en una sociedad atravesada por el conflicto interno resulta conveniente guardar silencio para no equivocarse y mucho más cómodo hablar el lenguaje de lo que en detentan el poder, para no convertirnos en objeto de sus represalias.


Mi vida académica ha estado estrechamente ligada a la lucha por los ideales democráticos, primero como estudiante, luego como docente y ahora como preso político de un stablichmentque criminaliza el trabajo docente e investigativo comprometido. Agradezco a todos y todas los (as) estudiantes, trabajadores (as) y colegas de la universidad pública y de algunas universidades privadas que con sus palabras y acciones –ya sea de manera abierta o silenciosa- me han brindado su valiosa solidaridad. Así mismo agradezco a la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), a la Asociación de profesores de la Universidad de Antioquia (ASPRUDEA),a, a las organizaciones y grupos de trabajo estudiantiles, así como a sus medios alternativos de información por su incansable compromiso en pro de mi libertad, que no es otro que el compromiso con la libertad de pensamiento y opinión y el respeto por el que hacer científico e intelectual.


Tengan la certeza de que la labor que ustedes han desarrollado no ha sido en vano, y aunque estos barrotes y guardia armados pretenden atemorizarme y debilitar mis convicciones democráticas, pueden estar seguros (as) de que mantendré incólume mi voz crítica, mi compromiso con la defensa de la universidad pública y la búsqueda de salidas políticas al conflicto armado y social que vive Colombia.



Fraternalmente,

Miguel Ángel Beltrán Villegas

Profesor Asociado Sociología, Universidad Nacional de Colombia

Desde el pabellón de “Alta Seguridad” cárcel “la Picota” febrero 1 de 2010.



Por: Miguel Ángel Beltrán Villegas
Tomado de: libertadmiguelangelbeltran.com

Muertes anunciadas y responsabilidades del Gobierno y del Estado

Lamentablemente tenemos que dejar nuevas constancias ante el país, ante la humanidad y ante la historia, de hechos aberrantes contra la vida. La muerte y el terror, accionados por el Estado y sus brazos ya no tan clandestinos, continúan ensañados contra nuestra Comunidad de Paz y la población de nuestro entorno, y la impunidad sigue cubriéndolo todo. Los organismos de control brillan por su ausencia. Los victimarios del poder ejecutivo se atrincheran en cinismos cada vez más audaces. La Defensoría ni se entera de lo que pasa, a pesar de haber recibido el encargo de la Corte Constitucional de evaluar permanentemente las medidas de protección.

• El martes 9 de febrero de 2010, a las 5:30 horas de la madrugada, fue ejecutado en su propia casa, ubicada a 10 minutos del caserío de San José, en el camino que conduce hacia La Unión, Don FABIO MANCO por dos Paramilitares que llegaron a su vivienda encapuchados, mientras otros dos los esperaban en las afueras de la vivienda, horas mas tarde fueron vistos en el lugar llamado Tierraamarilla entre San Jose y Apartado. Su muerte había sido anunciada nominalmente el pasado 16 de noviembre (2009) cuando el paramilitar ampliamente conocido, WILFER HIGUITA, acompañado de otro personaje en traje civil, abordó a un poblador del caserío de san José y le mostraron una lista de personas para ejecutar, entre las cuales estaba el nombre de Don Fabio Manco, como también los de LUIS ARNELIO ZAPATA, ejecutado el 29 de noviembre (13 días después del anuncio), REINALDO AREIZA, MARIO ARIAS, JESÚS QUINERO, WILMER TUBERQUIA y otros. Según el paramilitar, por cada una de estas personas se estaba ofreciendo una suma de siete millones de pesos. Es plenamente confirmado que Wilfer Higuita trabaja con el Ejército y fue él justamente el que le sirvió de mediador al CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, el 17 de enero de 2009, para chantajear a Reinaldo Areiza, pidiéndole que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz ganándose enormes sumas de dinero, y si no aceptaba sería judicializado como narcotraficante y financista de las FARC. Todas estos y hechos y amenazas se pusieron inmediatamente en conocimiento del Señor Presidente, superior y nominador del Coronel Rojas Díaz y por tanto con evidente responsabilidad de mando sobre sus actuaciones; se pusieron también en conocimiento del Ministerio de Defensa, y circularon desde allí a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y muchas otras dependencias. ¿Seguirán esperando impasibles el Señor Presidente y todos los organismos de control a que terminen de ejecutar a todos los de la lista? ¿Le seguirán dejando las manos libres al Coronel Rojas, al paramilitar Wilfer Higuita y a todos los que actúan junto a ellos? ¿Hasta cuándo?

• El domingo 24 de enero de 2010, dos paramilitares con armas cortas ingresaron a la vivienda de un integrante de la Comunidad de Paz en la vereda Las Claras, conminándolo a abandonar su parcela o de lo contrario será ejecutado.

• El martes 26 de enero de 2010, el coordinador de nuestra Comunidad en la vereda Las Claras recibió una llamada a las 7:00 horas, de personas que se identificaron como paramilitares, quienes le dijeron que lo iban a ejecutar por ser guerrillero integrante de esa h.p. comunidad de paz, pero que si quería arreglar las cosas, tenía que presentarse ante ellos a una cita.

Estos hechos continúan revelando una ensañada persecución contra nuestra Comunidad de Paz. Todas las tropas militares y paramilitares que recorren nuestras veredas han estado anunciando permanentemente el exterminio de nuestra Comunidad y en estos hechos demuestran que cuentan con el respaldo más alto para llevarla a cabo. Al dejar esta nueva constancia histórica expresamos nuestra más enérgica censura moral a un Gobierno que en lugar de acatar la Constitución y la Ley, quebranta sus más esenciales y sagrados principios, con escalofriante desparpajo criminal. En medio de tanta pesadumbre, nos alienta el acompañamiento de numerosas grupos dispersos por el mundo, que comparten nuestro amor a la vida y nuestra decisión inquebrantarle de no doblegarnos ante la muerte y la ignominia.


Comunidad de Paz de San José de Apartadó
21 de febrero de 2010


Por: Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Tomado de: cdpsanjose.org

Denuncia: Continua exterminio contra Fedeagromisbol Asesinados dos Agromineros en el Sur de Bolivar

Comunicado a la Opinión Publica Nacional e Internacional
Escrito por Federación Agrominera del Sur de Bollivar
sábado, 13 de febrero de 2010

Continua exterminio contra Fedeagromisbol: Asesinados dos Agromineros en el Sur de Bolivar

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos y rechazamos ante la opinión pública los siguientes hechos:

1. El día 10 de febrero de 2010 hacia las 7 de la mañana los hermanos OMAR ALONSO RESTREPO OSPINA Y JOSE DE JESUS RESTREPO de 26 y 40 años respectivamente de profesión agromineros y socios de FEDEAGROMISBOL y OMAR ALONSO presidente de la Junta de acción comunal del corregimiento el Dorado y fiscal de la Asociación agrominera del corregimiento el Dorado ; salieron del municipio de Montecristo hacia Caucasia Antioquia, con el fin de comprar unos repuestos para un vehículo de su propiedad. Llegaron a Nechi hacia las 10 de la mañana del mismo día y continuaron el viaje hacia Caucasia.

2. Según versiones de pobladores de la región los hermanos fueron abordados por un grupo armado a 20 minutos del municipio de Nechi y llevados con rumbo desconocido. Algunas versiones señalaron como responsables a paramilitares que operan en la región.

3. Pobladores del Dorado se trasladaron hacia el municipio de Nechi con el fin de Indagar sobre el paradero y la suerte de los hermanos Restrepo la policía les informe que conocían de la presencia de dos cadáveres en el sitio conocido como Parcela de Londres pero que el sitio era muy extenso para ubicarlos.


4. Ayer 12 de febrero en las horas de la noche en el rio Cauca a la altura del municipio de Achi fue hallado sin vida el cuerpo de OMAR ALONSO RESTREPO OSPINA y hoy en las horas de la mañana en el río cauca a la altura del municipio de Guaranda fue hallado sin vida el cuerpo de JOSE DE JESUS RESTREPO RESTREPO. Ambos cuerpos fueron encontrados con visibles signos de tortura.
5. Estos asesinatos hacen parte de una larga cadena de hechos de agresión contra los pobladores del sur de Bolívar como lo fue el asesinato de ALEJANDRO URIBE CHACON el 19 de septiembre del 2006 y otros tantos que se vienen presentando en el marco de lo que consideramos una estrategia integral para el despojo del territorio por parte de una alianza macabra entre el gobierno nacional y las multinacionales del oro como la ANGLO GOLD ASHANTI y palmicultoras como el Grupo Dabon que pretenden apoderarse de los recursos naturales del sur de Bolívar.
6. Responsabilizamos de estos hechos al estado colombiano que se ha negado a continuar dialogando con las comunidades del sur de Bolívar en el marco de la Mesa de Interlocución y al contrario continua militarizando la región y permitiendo abiertamente la acción de los grupos paramilitares.
Rechazamos rotundamente estos asesinatos y todas las acciones tendientes a despojar a los pobladores del sur de Bolívar de su territorio.
Llamamos a las organizaciones hermanas a que se pronuncien ante las autoridades exigiendo acciones firmes de esclarecimiento de los asesinatos ocurridos y que cesen inmediatamente las agresiones contra los pobladores de la región.
A los organismos de control del estado a ejercer los mecanismos necesarios para que estos crímenes sean esclarecidos y los responsables castigados.

FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR
COMISION DE INTERLOCUCION SUR DE BOLIVAR
MOVICE – CAPITULO SUR DE BOLIVAR – SUR DEL CESAR
CORPORACION SEMBRAR
REDHER – COLOMBIA
ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO-CNA
ORGANIZACIÓN INDIGENA DE COLOMBIA – ONIC
RED FRENTE A LA GRAN MINERIA
CORPORACION AURY SARA MARRUGO
INSTITUTO NACIONAL SINDICAL – INS
NOMADESC
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
RECALCA
COMISION INTERCLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
AIDA
RED ANTORCHA
RED REVUELTA
CENSAT- AGUA VIVA
ASOCIACION MINGA
CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PEREZ
OBSERVATORIO DE TRANSNACIONALES
ECOTIERRA
CORPORACION COMPROMISO
CONCIENCIA CAMPESINA
OBSERVATORIO SOCIAL Y AMBIENTAL


Por: Fedeagromisbol / Red frente la Gran Minería
Tomado de: censat.org