Audiencia contra implicados en la masacre de San José de Apartado

El pasado 4 y 5 de febrero, en las instalaciones del Palacio de Justicia en la ciudad de Medellín, se celebró una de las audiencias públicas a 10 de los militares del ejército nacional implicados en la última masacre a la comunidad de Paz de San José de Apartado, perpetrada el 21 y 22 de febrero de 2005 en el Urabá Antioqueño. En estos hechos los militares de las compañías Anzoategui 1, 2, 3 y Bolívar 1, en complicidad con paramilitares del bloque “Héroes de Tolová” asesinaron, descuartizaron y abandonaron en fosas a medio tapar al líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Bellanira Areiza Guzmán y su hijo de 11 años, Deiner Andrés Guerra; también a Alejandro Pérez Castaño, y al líder Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano con su compañera Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia Andrea y Santiago, de 5 años y 18 meses de nacido, quienes fueron degollados.

En el Urabá Antioqueño desde el 23 de marzo de 1997 los habitantes del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó se declararon “Comunidad de Paz”, pese al desplazamiento forzado de la mayoría sus comuneros; esto a raíz de las dos masacres perpetradas por los militares y paramilitares en septiembre de 1996 y en febrero de 1997, las cuales arrasaron con los líderes de la población. Las y los que decidieron permanecer en su territorio y vencer el miedo pretendían ser respetados con la declaratoria de paz, pero como respuesta del Estado recibieron operativos, hostigamientos, estigmatización, prácticas de tiro contra las viviendas, explosivos en los cultivos, asesinatos selectivos, sumado a los bloqueos económicos por causa de retenes paramilitares y militares que habían impedido el ingreso de alimentos y el transporte a la comunidad, colocándola en situación de hambre y aislamiento.

Entre 2003 y 2004 hubo siete desplazamientos de familias de las veredas Mulatos y La Resbalosa, tres mujeres fueron violadas por militares, la escuela fue quemada junto con varias casas en la vereda de Mulatos. Para esta comunidad han sido doce años del trasegar de la esperanza, construyendo bases sólidas sobre proyectos de vida reales que han sido cegados por el terror de los asesinos. Por ello la memoria de las 185 personas asesinadas de la comunidad sigue más viva que nunca.

Para esclarecer el caso fueron llamados a juicio algunos miembros de la Fuerza Pública, quienes deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir; son ellos el teniente Coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento segundo Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el sargento Jorge Humberto Milanés Vega, el sargento segundo Henrry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia y los sargentos Édgar García Estupiñán y Darío Brango Agámez.
La audiencia comenzó con la declaración del Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien se a acogió a sentencia anticipada el 7 de octubre de 2008; para la fecha de la masacre era el oficial encargado de la operación militar Fénix. El capitán testificó que el día de la masacre los miembros de la Brigada XVII patrullaron al lado de al menos 60 paramilitares del bloque Héroes de Tolová.

En su declaración, el capitán Gordillo acepta haberse entrevistado el 18 de febrero con 11 personajes de las autodefensa del bloque héroes de Tolová para acordar ejes de avance de la operación Fénix, en compañía del sargento Padilla Petro y el cabo primero Cruz Reina; después de ese día, dice Gordillo, “cambucharon” junto con los paramilitares. Dijo que estos paramilitares hacía más de 3 meses habían asumido el control de la zona que anteriormente estaba a disposición del bloque bananeros; nombró también la existencia de 3 bases paramilitares llamadas Miguelayo, La Castañeda y de La Oz. Estos eran pasos obligados para llegar al objetivo, los Cerros de Cooperativa y Bogotá. Además, reiteró el capitán Gordillo que antes de la operación había presencia de la brigada XVII y de tropas del batallón Bejarano a cargo del teniente coronel Duque.

Gordillo dice que él llegó el 17 de febrero en horas de la tarde al Batallón Vélez, donde recibió instrucciones de sus superiores, teniente coronel Orlando Espinoza y el mayor José Fernando Castaño, sobre la operación que se realizaría en el cerro la Cooperativa y Bogotá. Antes de su llegada ya se habían hecho las coordinaciones pertinentes para subir al cerro.

También mencionó que en noviembre de 2007, estando en el batallón contra guerrilla No. 002 Guajiros, recibió un informe por radio donde le indicaban que debía asistir a una reunión con el General Héctor Fandiño en la cuidad de Bogotá. Y allí el Comandante de la brigada XVII le mostró la declaración de alias 'Melaza' y dijo que lo más probable era que lo detendrían; pero Fandiño le dijo que no se preocupara, ya todo estaba cuadrado: tenían dos testigos, unos reinsertados de las Farc que declararon en el Juzgado Penal 94 y en La Fiscalía General de la Nación, testificando que eran integrantes de las Farc y que las Farc habían sido responsables de la masacre. Según ellos, contaban con pruebas contundentes.

El abogado de las víctimas, Jorge Molano, en su intervención, notificó que en las declaraciones del paramilitar Ever Veloza, alias H.H., expediente que se trasladó para este juicio, afirmo que él le había dado la suma de $ 1.500.000 al coronel del Batallón Bejarano, Héctor Iván Duque, para que pagara testimonios para atribuirle a las Farc la responsabilidad de los hechos.

El abogado Jorge Molano preguntó al interrogado, capitán Gordillo, si es normal que en una operación a nivel de brigada participen en la planeación mandos de división del Ejército Nacional. Esta pregunta está respaldada con elementos probatorios del cuaderno 26 de la Fiscalía, que fue trasladado para este caso y donde reposan las indagatorias a Néstor Iván Duque, Acosta Célis y el Teniente Coronel José Fernando Castro, quienes indicaron que en la preparación de la operación Fénix participaron los comandantes de las unidades batallones militares, o sea todas las unidades menores, pero que también participó el general Mario Montoya, quien ordenó la operación y el acompañamiento de guías. Según el capitán Gordillo, a esa planeación pueden asistir los mandos de las divisiones, pero no es normal que lo hagan, y tampoco es legal llevar guías. Además, aseguró que conocía de la injerencia que el comandante de la División tenía sobre las operaciones.

Por su parte, los paramilitares José Joel Vargas, alias 'Pirulo', y Adriano de José Cano Arteaga, alias 'Melaza', también declararon en el proceso y confirmaron en la audiencia que trabajaron de la mano con miembros de la Brigada XVII y fueron pagados por ser guías.

Por ahora la decisión del juicio sigue en suspenso. La Juez Segunda Civil Especializada de Antioquia decidió suspender la audiencia, la cual será reanudada el 16 de Marzo a puerta cerrada, luego de que las partes argumentaran la existencia de riesgo en algunos sujetos procesales.

Por: Periferia Prensa Alternativa
Tomado de: www.periferiaprensa.org

La barra más peligrosa

Entre los que asistimos a fútbol hace muchos años existe un consenso y es que la verdadera “barrabrava” de todo el país es la policía. Esa fue la conclusión en la cumbre de seguridad en eventos deportivos realizada en 2008 en Medellín, y fue también una de las pocas cosas que lograron poner de acuerdo a todas las barras e hinchas de los diferentes clubes del país. Este escrito no es para hacer una apología de la violencia irracional de muchas barras, es más para mostrar con algunos casos cómo la policía no cumple su papel básico de prevención sino que se convierte en uno más de los que fomentan la violencia.

El día 7 de enero de 2010 se jugó un partido en el estadio el Campin de Bogotá para hacerle un homenaje a Edson Arantes do Nacimento “Pelé”. En las horas de la noche la prensa registraba enfrentamientos de barras antes y después del partido con el titular de prensa: “Joven perdió un ojo en disturbios ocurridos antes del homenaje a Pelé en el Campín”. Y luego dice “Con piedras, los hinchas se agredieron y le causaron lesiones en el rostro a dos de los 50 efectivos de la Fuerza Disponible, que acudieron a calmar los ánimos. Tres tanquetas utilizaron mangueras para echarles agua a los hinchas, que además fueron controlados con bombas de aturdimiento” (El Tiempo.com. Enero 18 de 2010). Y más aun, presentaron una cifra de heridos producto del “enfrentamiento” entre barras.

Dos días después entrevistan a uno de los heridos que estaba todavía en el hospital y para sorpresa de muchos “Según Jorge Enrique León (el herido), un artefacto de gas lacrimógeno de la Policía lo golpeó… Jorge dice que alcanzó a ver cuando la Policía disparó los artefactos de gas lacrimógeno de frente y que instantes después de sentir el golpe vio a sus pies cuando comenzó a salir el gas. "Yo lo vi con el otro ojo. Cuando comenzó a salir el gas, salí corriendo para que no me ahogara. Me pegó muy duro…(eltiempo.com Enero 19 de 2010). La policía agredió al joven que manifestó no ser hincha de ninguno de los dos equipos bogotanos, pero que fue al partido por ver a Pelé.

La policía no respondió ante estos hechos. “El Mayor Alexander Murcia, comandante del Esmad de la Policía, dijo que por ahora no hay una investigación porque no hay una denuncia formal, pero aseguró que es difícil que haya sido uno de los artefactos de gas el que golpeó el ojo del muchacho" (eltiempo.com febrero 10 de 2010).

El año pasado, el 9 de agosto, después de un partido entre Nacional y Tolima en la ciudad de Medellín, en un enfrentamiento entre hinchas de Nacional y la policía, un agente sacó su arma y disparó varias veces a la gente. En el video que fue presentado a secretaría de gobierno y a la personería de Medellín en el comité de seguridad que se realiza todos los martes para tratar el tema del fútbol en la ciudad, se ve claramente al policía, primero detrás de un árbol, luego con otro hincha como escudo y luego saca su revólver y dispara varias veces a la gente, a un nivel que podría darle a cualquiera de todos los que estaban en el lugar, ya que sucedió en la estación Estadio del Metro. Afortunadamente no se dieron heridos, pero no hubo tampoco pronunciamiento oficial por parte ni de la alcaldía, ni de la personería, ni del Metro, quienes acostumbran hacerlo cuando son los hinchas los culpables de algo.

En el año 2008, hinchas del Deportivo Cali, en un partido ante Medellín, fueron agredidos brutalmente por el Esmad antes de entrar al partido. Este hecho hubiera pasado desapercibido o sería solo una anécdota más del hincha que sufrió la agresión de no haber sido por dos cosas. La primera es que había una abogada de la personería cerca, que se dio cuenta de la agresión y trató de pararla, en ese momento el policía la agrede a ella también. Todo esto fue observado y grabado por cámaras de Noticias 1, que presentó ante el país la noticia: El policía agredió a un hincha sin motivo alguno y luego agredió a la abogada de personería de Medellín por tratar de parar la agresión.

Todas estas agresiones pasan a diario, no solo desapercibidas, sino que los medios de comunicación en muchos casos solo presentan la versión del Estado, en este caso de la policía. En esta versión todos son culpables y sospechosos de serlo, mientras ellos, los policías, parecen ser los adalides de la justicia. Nada más lejano de la realidad. Al parecer seguimos acostumbrándonos a lo que en el país se ha llamado “falsos positivos” que no son otra cosa que la continuación de la agresión del Estado sobre los ciudadanos y el encubrimiento de los delitos que a diario cometen.

Han sido tantos los abusos que se cometen en los estadios de fútbol por parte de la policía, desde tirarle los caballos a la gente en las filas, atropellar en las requisas, insultar a los hinchas, etc., que la barra Los Del Sur solicitó hace ya varios años la presencia de la personería en los partidos, aunque sea para que sirvan como testigos de los atropellos más fuertes. Estos sucesos no son todos, son solo algunos de los más “notorios”, faltan los que ocurren por ineficacia de un operativo policial, o por omisión estatal y que han terminado en muchos casos en situaciones muy lamentables. Con el agravante de que todos estos casos quedan en la impunidad, solo en el recuerdo y anecdotario de cada uno.

Como lo presentó el mismo diario El Tiempo, entrevistando a un agente del Esmad ante las acusaciones reiteradas por las agresiones y los delitos cometidos que llevaron a la muerte de Nicolás Neira con uso de armas no convencionales: “El capitán Julio César Devia Torrijos, ex comandante de la Primera Sección del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, Esmad, en Bogotá, no sólo ordenaba la fabricación de municiones, cuyo uso estaba prohibido, sino que daba instrucciones para dispararlas inmediatamente en contra de estudiantes” (El Tiempo.com. Febrero 4 de 2010). Obviamente, estas situaciones no solo se dan contra los estudiantes, también contra los indígenas, contra los que protestan por el despojo de sus casas por los bancos, contra los hinchas de fútbol, contra los que se le enfrenten o simplemente contra todos los que manifiesten algo contra este régimen de muerte.

Por: Bernardo Jurado
Tomado de: periferiaprensa.org

Denuncia pública de persecución a estudiantes en Cali

Mi nombre por ahora no importa, puesto que podría llamarme como usted que está leyendo, como su hermano o hermana, como su novio o novia o como alguien cercano a usted. Soy estudiante universitario, ciudadano e hijo de este pueblo, una persona que cree en la construcción de un país más justo, un país donde la salud no se convierta en un lujo que únicamente puedan darse los ricos, un país donde no se castigue la diferencia de pensamientos, un país donde exista verdaderamente la justicia social y un país cuyo desarrollo depende en gran parte del compromiso que nosotros, estudiantes universitarios de diversas aéreas del saber, asumamos con aquel pueblo colombiano al cual pertenecemos y amamos.

Bajo estos ideales el día de hoy, sábado 6 de febrero de 2010, como una forma de manifestar mi inconformismo contra los decretos de emergencia social, que fueron firmados por el presidente Álvaro Uribe a raíz de la crisis financiera en el sistema de salud pública, y ejercer mi derecho a la libre expresión, decidí salir a marchar en mi ciudad –CALI-. Cuando la marcha arribó al CAM –punto de llegada-, salí a hacer una llamada telefónica, cuando de repente me pusieron un arma y una voz, que sonaba un poco costeña por cierto, me dijo que no lo volteara a mirar. Y me subieron a un carro azul con vidrios polarizados, en cuyo interior se encontraban tres individuos, con pasa montañas, camisas largas y de color negro, con guantes negros, pantalón jean. El carro se puso en marcha y me tuvieron retenido durante aproximadamente 15 ó 20 minutos, los cuales a mi me parecieron 2 horas.

Durante ese tiempo pensé que me iban a secuestrar, robar o matar, pero lo que sucedió fue que el señor secuestrador me mostró una cámara Sony de color negro y me enseñó algunas fotos que habían sido tomadas en el desarrollo de la marcha. En aquellas fotos aparecían algunos de mis compañeros que, al igual que yo, estábamos en la marcha. Mientras me las enseñaba y yo trataba de reponerme del susto, el secuestrador me decía que nos tenían identificados y que donde siguiéramos haciendo manifestaciones, nos iba a ir mal.

Como si fuera poco me escudriñaron el maletín, me sacaron el carnet de la Universidad y la cédula, les tomaron fotos y, creo -yo supongo- que para cerciorarse de que el de las fotos de los documentos de identidad y yo fuéramos los mismos, me fotografiaron a mi también –no creían tanta belleza me imagino yo-. Luego que me regresaron los documentos y gracias al infinito amor de Dios conmigo, me dejaron ir, algo lejos del sitio del cual me introdujeron al carro. Es de resaltar que durante el desarrollo de la marcha agentes del cuerpo policial tomaban fotos a las personas que participaban de ella –me pregunto para qué serían esas fotos. ¿Acaso para el periódico institucional? Sería interesante que nos dijeran el fin de éstas ¿no creen?

Posteriormente me dirigí a la oficina de la Fiscalía a poner el denuncio, ya sea por secuestro o por constreñimiento ilegal, en la sede que se haya ubicada en Santa Anita y se supone que es algo así como una “unidad de reacción inmediata”. Sin embargo, cuando llegué donde el señor fiscal, primero me tocó comentarle que en la ciudad donde él habita se realizó una marcha y que en el transcurso de ésta me secuestraron prácticamente. Cuando le describí la forma en que me subieron al carro, me dijo: pare un momento. Y me pregunta que si soy de la Valle y saben qué… Pues si, soy estudiante de salud de la Universidad del Valle, soy estudiante de fonoaudiología y me siento orgulloso de serlo y me sentiré orgulloso hasta la muerte y más allá…

Cuando le respondí que sí, miró a su compañero como diciéndole: otro más que viene a inventar. E inmediatamente me dijo que esa denuncia no hace parte del POS, ¿que digo?, de su jurisdicción, que la única alternativa es ir al Gaula a poner el denuncio. Yo me pregunto: ¿Es esta la mejor opción? ¿Es buena idea que la oveja visite el lobo? En fin… Cuando le pregunté al Doctor fiscal que sí era posible que nos dieran un certificado –yo estaba con un compañero que hace parte de una ONG de derechos humanos- dijo que no se podía y que dejemos de hacer prejuicios. Yo pregunto quién hizo prejuicio ¿él cuando le dije que era de UNIVALLE y lo que hizo fue sacarme de taquito –cuando se podía tratar el caso allá- o nosotros por pedir una constancia que es aprobado legalmente?

Finalmente quiero traer a colación una parte de la canción de Silvio Rodríguez titulada el Necio que dice: “… Dicen que me arrastraran por sobre rocas, cuando la revolución se venga a bajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el bandajo. Será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios, que será divino… yo me muero como viví”

Sumado a ello quiero decirles a los señores que me retuvieron que si querían apaciguar mi voz, pues no lo lograron, por el contrario, la intensificaron para denunciar lo sucedido para que no le suceda a otro ciudadano, líder o representante estudiantil que se piensa un mejor país. Por ello quiero invitarlos a seguir informándonos asertivamente, seguir movilizándonos, a seguir luchando por un país más justo y a no quedarnos callados, a no quedarnos callados como dicen en UNIVALLE -hasta siempre y hasta la victoria- y para que esta denuncia no quede en el anonimato y sin responsable como suele quedarlo la mayoría de las cosas en el país del sagrado corazón de Jesús, esta denuncia la hago yo… Juan Pablo V. Estudiante de Fonoaudiología de la Universidad del Valle.

Por: Periferia
Tomado de: Periferia

Emergencia mortal

Hace unos ocho años, llevé a un hombre agonizante a un hospital. Se armó una suerte de zambra verbal, porque exigieron un depósito de un millón de pesos. “De lo contrario, no lo podemos atender”. El paciente (¿el cliente?) seguía ahí, tirado, sin darse cuenta de lo que sucedía. Eran gajes de la Ley 100, que, entre muchos despropósitos, convirtió a la medicina en un negocio desalmado.

Hubo que salir con el moribundo hacia otros centros de atención, en los cuales, en esencia, dijeron lo mismo. Tal vez con una diferencia: el depósito era mayor. La “muerte por la Ley 100”, como comenzó a denominarse, se extendió como una peste. El esperpento, que privatizó la salud y convirtió en archimillonarias a muchas instituciones del ramo, volvió protagonista del “acto médico” no al paciente, sino a la factura y las chequeras.

Desde hace tiempos los atentados oficiales contra la salud en Colombia, no sólo han originado muertos y desatenciones, sino dejado por fuera del sistema a más de doce millones de personas. Ahora, con la Emergencia Social, que más que una tragedia es toda una farsa del gobierno, el recorte de derechos es brutal. Y criminal. Los decretos, calificados de chambones, mal redactados, que el Presidente dice que no leyó antes de firmar (¿quién se lo cree?), trascienden el asunto gramatical y muestran el interés gubernamental en hacer crecer las arcas de los traficantes de la salud en el país y condenan a muerte a infinidad de personas que carecen de recursos para atender sus enfermedades.

Digamos que esta situación siniestra y antidemocrática no es extraña en un gobierno que ha estado en contra de los desamparados. Sus propósitos, en el campo mencionado, es que los intermediarios de la salud ganen más y gasten menos. Nada raro, como advirtió alguien, que esas mismas empresas de salud o mercaderes de la muerte ahora tengan también servicios funerarios. Negocio redondo. Claro que a la postre también dirán que no le enterramos al muertito si no pagan con creces el funeral.

La cruel farsa uribista aumenta cuando el Presidente, haciéndose el que nada sabía, casi como si los decretos de Emergencia Social hubieran sido hechos a sus espaldas, sale a hacerse entrevistar en medios de comunicación a cacarear que lo escrito en aquéllos puede eliminarse en la reglamentación de los mismos sin modificarlos. Y en este punto es cuando hay que hacer como el famoso actor: reír llorando.

La táctica (vieja y gastada) es tirarle la pelota al ministro de Protección (?) Social, que si tuviera dignidad ya debiera haber renunciado, para que con su actitud de “yo no fui”, salga a desbarrar y tratar de confundir a los cándidos. Como ya se sabe, en la confección de los malhadados decretos participaron representantes de los intermediarios de salud, los más interesados en seguir obteniendo exorbitantes ganancias, como las logran, por ejemplo, los banqueros, a favor de los cuales se legisla en este país de desgracias sin cuento.

Los atentados contra la salud, en efecto, vienen desde hace rato, pero ahora se han perfeccionado. Por encima de la salud de los colombianos, está la salud financiera de las empresas intermediarias. En 2002 se expidió un decreto que prohibió a la industria farmacéutica colombiana la producción de nuevos medicamentos genéricos, más baratos que los de “marca”. Y todo con el fin de concederles más privilegios a los monopolios transnacionales.

Es probable que la Emergencia Social esté destinada a acabar con tanto pobre (más de 20 millones), así como lo están el desempleo (uno de los más altos de América Latina), las continuas alzas de la gasolina y de la canasta familiar. Y es que hasta razón tendrán los negociantes de la salud, que tienen en el gobierno a su máximo promotor: la abundancia de pobres no resulta rentable para ellos. Y por eso, los cuestionados decretos pueden ser otro modo de la eutanasia masiva. ¡Ah!, se me olvidaba decir que el moribundo del principio no sobrevivió: lo mató la Ley 100.


Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: Elespectador.com
Caricatura: leosatira.blogspot.com

Informe de la misión de verificación del bombardeo del ejército colombiano sobre indígenas

Publicamos el informe de la misión humanitaria de verificación del bombardeo militar sobre la comunidad indígena embera de Alto Guayabal.

El bombardeo fue realizado por parte de la XVII Brigada del ejército colombiano con la colaboración de la Fuerza Aérea colombiana contra la Comunidad Indígena Embera de Alto Guayabal en el Resguardo de Urada Jiguamiandó, del Municipio de Carmen del Darién, en limites de los departamentos de Antioquia y Choco- Colombia.

Como resultado de esta atroz acción contra la población civil resultaron gravemente heridos el indígena José Nerito Rubiano y su esposa Marta Ligia Majoré, tambien resultarón afectados tres menores de edad de 16, 8 años y un bebe de tan solo 20 días de nacido, que dormian en un tambo blanco del ataque.

El ejército colombiano ametralló a la comunidad indígena con ráfagas de M-60 y descargó en su territorio 14 bombas.


Por: Prensa Rural
Tomado de: OIA

Doble cara del cristianismo en América Latina. Vigencia del pensamiento de Camilo Torres

LA HABANA.- "Tenemos una institucionalizacion del cristianismo, especialmente del catolicismo, ahora, en América Latina como en el resto del mundo, que es una restauración de la Iglesia con poder, con prestigio, y un combate contra las fuerzas progresistas dentro de la Iglesia", afirmó el sacerdote y teologo belga François Houtart, durante la conferencia que ofreciera sobre el sacerdote-guerrillero colombiano Camilo Torrres, al conmemorarse el 44 aniversario de su caida en combate.

El sacerdote François Houtart habló, este lunes 15 de febrero, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana ---donde reposan los restos del patriota cubano y sacerdote católico Felix Varela, uno de los primeros cubanos que abogó por la independencia de Cuba de la metropoli española---, durante un acto organizado por el Grupo de Reflexión y Diálogo "Oscar Arnulfo Romero", con el que se dio inicio a una nueva "Jornada "Camilo Torres" en Cuba.

Entre los presentes estuvieron estudiantes colombianos becados en la Isla, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, así como profesores y estudiantes de la Universidad de La Habana, varios pastores evangelicos ---entre ellos el pastor bautista Raul Suarez, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y fundador del Centro Memorial "Martin Luther King Jr."---, la antigua obispa coadjutora de la Iglesia Episcopal de Cuba, Nerva Cot, y el sacerdote catolico espanol Isidro Hoyos.

El Coordinador del Grupo de Reflexion y Solidaridad "Oscar Arnulfo Romero", Gabriel Coderch, manifesto que esa agrupación quiso "conmemorar y celebrar la vida de Camilo Torres, quien escandalizara a muchos hombres y mujeres de su tiempo, pero que tambien fuera un reto de fe y de esperanza para muchos cristianos y cristianas en el continente".

Destacó que fueron las Jornadas Camilo Torres que celebradas en Cuba las que nos irían "mostrando la radicalidad del Evangelio y la opción camilista, y la necesidad de las transformaciones sociales más radicales, y nuestro sentido de estar al lado de la Revolución Cubana", "va a ser desde nuestro compromiso un quehacer teológico cubano y una contribución a la teología latinoamericana desde nuestra realidad y desde nuestra experiencia".

"En el marco del 25 aniversario del Grupo de Reflexión 'Oscar Arnulfo Romero' ---dijo--- es que hemos invitado a esta Aula Magna de la Universidad de la Habana al sacerdote belga François Houtart, que es una de las figuras cimeras de lo más avanzado del pensamiento cristiano y socialista de la segunda mitad del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, ademas una persona que conocio a Camilo Torres".

Houtart destaco que junto a la iglesia institucional "tenemos tambien nuevos movimientos religiosos que responden al espiritu de las necesidades sociales y psicologicas de la gente, pero que estan vinculados con una perspectiva de salvacion puramente individual, de despolitizacion. Ese es el tipo de institucionalizacion principal que conocemos en el cristianismo actual en el continente latinoamericano".

"Pero, al mismo tiempo ---senalo---, frente a este tipo de institucionalizacion hay los valores del Mensaje de Cristo, que es un Mensaje de Liberacion, de liberacion personal y de liberacion colectiva, y este Mensaje vive todavia en muchos cristianos del continente".

"Por eso ---argumento---, podemos pensar en las palabras de la Misa Campesina de Nicaragua, donde hablan de un Dios que esta en la calle, de un Dios que se identifica no con la clase opresora, sino con los pobres que luchan. Esta perspectiva de un compromiso de cristianos en las orientaciones revolucionarias de America Latina existe, y ese ---recalco--- fue el aporte de Camilo".

Houtart inicio su conferencia destacando que "este mismo dia del quince de febrero, hace 44 anos, cayo Camilo Torres en las montanas de Colombia. Hablar de Camilo a este auditorio es un privilegio particular y realmente lo hago con mucho gusto y emocion ---expreso--- porque he tenido el privilegio de ser amigo suyo durante casi doce anos".

Describio primero a grandes razgos lo que fue la vida de este sacerdote catolico colombiano; conto varios aspectos de relaciones personales que tuvo con el, y ofrecio algunas caracteristicas de su pensamiento y accion, concluyendo con una reflexion sobre lo que Camilo puede significar "para nosotros en el continente latinoamericano".

Subrayo que la conviccion politica de Camilo fue avalada por una adhesion al cristianismo, pero no del cristianismo como una pura herencia sociologica, sino como proyecto de una eleccion muy consciente. Apunto que Camilo Torres "no era cristiano de nacimiento, (sino que el) lo eligio".

Concluyo su conferencia insistiendo en que en este tiempo de transformaciones, necesitamos "principios y eticas, y eso es un aporte de Camilo". Anadiendo: "Porque realmente ha desarrollado eso: principios y etica, especialmente hoy, que no podemos solamente en el mundo entero pensar a regular situaciones, sino que estamos pensando en terminos de nuevos paradigmas en la organizacion de la sociedad, para salvar el planeta y salvar a la humanidad".

Insistio en que "la realidad social es dialectiva y no lineal. El pensamiento lineal es siempre un pensamiento conservador ---asevero---, aunque sea de derecha o de izquierda. Es un pensamiento dogmatico". Pero, "Camilo, como sociologo, se dio siempre cuenta de que la situacion no es lineal, que los cambios no son lineales. Que la sociedad significa actores, interaccion, es decir una dialectiva, que nunca se realiza (como) una cosa definitiva. Que la revolucion es una marcha, es un proceso".

Refiriendose a Colombia el sacerdote belga sostuvo que hoy se esta ante "una sociedad muy bloqueada y con muchos actores", que "debemos eventualmente analizar en su realidad y entrar en un proceso dialectivo de transformacion, lo que vale para todos los paises de America Latina. Este pesamiento dialectico me parece fundamental", recalco.

Segun Houtart esta situacion "plantea un problema delicado: el problema de la lucha armada. La lucha armada ---afirmo---no puede ser tampoco una cuestion de dogma, no es la via necesaria para transformar las sociedades. La lucha armada depende de las circunstancias. Hay evidentemente situaciones donde esta muy claro que la lucha armada es la via necesaria, tal vez no la queremos, pero es necesaria", y recordo que el, personalmente, participo en la lucha armada contra el nazismo en Europa.

"Podemos preguntarnos hoy en Colombia si es la lucha armada la manera de transformar la sociedad", expreso y anadio: "Estamos en un contexto nuevo, no es el contexto de la vida de Camilo. Un contexto interno y externo diferente. Por eso hay interrogantes reales"

"La historia de Colombia es una historia de violencia terrible. Cada vez que la izquierda acepto un cese al fuego con la derecha, fue aniquilada, fue suprimida fisicamente, lo sabemos. Pero evidentemente estamos en una situacion de violencia que debe terminar un dia", dijo.

Puntualizo: "Hay un cansancio de la poblacion frente a la violencia, que se traduce tambien por un cierto nivel de despolitizacion. Hay tambien la necesidad para la lucha armada de recurrir a metodos que podemos llamar contradictorios, como secuestros, como narcotrafico, etc."

Y sobre todo, afirmo: "Hay situaciones nuevas que piden una reflexion. No condeno a la guerrilla, donde hay gente de un valor extraordinario, pero si pienso que se debe reflexionar la manera de transformar la sociedad colombiana a largo plazo. Debemos reconocer a la guerrilla como un actor politico y debemos luchar para eso, porque es la unica manera de transformar una lucha armada, que no parece tener los resultados esperados, en una lucha politica". Y agrego: "pero estoy muy consciente de la dificultad de este proceso".

La conferencia culmino intercambiando con varios asistentes que interrogaron al sacerdote Houtart sobre aspectos por el abordados, entre estos, el valor del simbolo, valor que el sacerdote considera ha olvidado el pensamiento moderno, y que debe redescubrirse como una segunda lectura de la realidad. Sobre la compleja situacion actual de Colombia, Houtart opino que el pais tiene una situacion geopolitica privilegiada "por el imperialismo", lo que motiva las nuevas bases militares. Finalmente, insistio en la necesidad de cambiar los paradigmas: modificar la relacion con la naturaleza, situar el valor de uso sobre el valor del cambio, democratizar todas las relaciones sociales, y permitir a todas las culturas contribuir al desarrollo social. Insistio asimismo en la necesidad de ayudar a los Movimientos Sociales a construir una nueva teoria para los cambios.

Por: Prof. Enrique Lopez Oliva
Corresponsal en La Habana de Monitor (Mexico)
Secretario en Cuba de la Comision para el Estudio de la Historia de la Iglesia en Latinomerica (CEHILA-Cuba)
Tomado de: www.desdeabajo.info

COLOMBIA - CANADA - los coros en contra de COCA-COLA y sus acciones en Colombia

Aqui en McMaster hemos ganado el segundo referendum contra Coca Cola, asi que no va a haber una renovacion del contrato exclusivo de esa compania. Nuestro grupo “Campus Choice” (comite contra Coca Cola) trabajo duro para lograrlo, ya que miembros del gobierno estudiantil de McMaster querian que Coca Cola vuelva como antes.


SIGAMOS EL BOICOT DE TODOS LOS PRODUCTOS DE COCA COLA!!!
LET US CONTINUE WITH THE BOICOTT OF COCA COLA PRODUCTS!!!

WATCH ATHE VIDEO BELOW!!

CB Louis Riel/Hands Off Venezuela

Tomado de: www.sinaltrainal.org

Madres de Soacha tras la rejas de la impunidad

Madres de Soacha se niegan a ser utilizadas por el Presidente Uribe para las campañas de reelección. Desde hace dos años pidieron ser escuchadas, pero sólo hasta ahora el presidente las recibe, ahora en plenas elecciones y ad portas del pronunciamiento de la corte sobre la reelección. Las madres esperan respuestas y el país espera que cese la impunidad.


Por: Colectivo de abogados José Alvear Restrepo
Tomado de: www.dhcolombia.info

NUEVAS AMENAZAS CONTRA LA CORPORACION JURIDICA LIBERTAD

La sistemática persecución de la cual ha sido objeto la Corporación Jurídica Libertad por su trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado se ha incrementado en los últimos días.

Las acciones judiciales emprendidas por la Corporación Jurídica Libertad para buscar el esclarecimiento y determinar la responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejercito Nacional, generaron en su momento airadas declaraciones del presidente de la república, quien pretendió banalizar esta práctica criminal y descalificar a las organizaciones no gubernamentales que han documentado cerca de 836 muertes ocasionadas bajo esta modalidad de terror estatal en los últimos siete años en el Departamento de Antioquia.

A través de informes de inteligencia elaborados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (RIME), se ha pretendido tendenciosamente asimilar la actividad que desarrolla la Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones sociales a labores propias de grupos alzados en armas contra el Estado.

En el propósito de criminalizar el ejercicio del derecho de defender los derechos humanos de la población, organismos de inteligencia del Estado se han valido de informantes, que a cambio de dadivas económicas y jurídicas han vertido testimonios incriminatorios en contra de abogados integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, los mismos que han servido de fundamento para iniciar actuaciones penales en su contra, investigaciones que han sido clausuradas con resoluciones de preclusión, toda vez que con amplio acervo probatorio se han logrado desvirtuar los montajes estructurados por la fuerza pública.

Igualmente como expresión de la “inteligencia ofensiva” desplegada en contra de la Corporación Jurídica Libertad, el año pasado circuló en internet un documento apócrifo, supuestamente suscrito por abogados de la Corporación, en el cual se señalaba a varios integrantes de organizaciones sociales y populares como integrantes de facciones insurgentes, pretendiéndose con este falso pronunciamiento respaldar los temerarios informes de inteligencia de la RIME y generar confusión en las distintas expresiones defensoras de derechos humanos.

En los últimos días se ha tenido información del pago de dinero a un grupo armado ilegal, asentado en el Barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín para que atente contra la vida e integridad física del abogado Bayron Ricardo Góngora Arango, integrante de la Corporación Jurídica Libertad. De acuerdo con los estudios sobre bandas criminales en la ciudad de Medellín, efectivamente, en este sector existen varias de esas agrupaciones con alta capacidad de operatividad, medios y personal para perpetrar el hecho para el cual fueron “contratados”.
Es de resaltar que el Abogado Góngora Arango, ha asumido la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar la conducta delictual en la que pudieron haber incurrido los Generales Mario Montoya, del Ejército y Leonardo Gallego, de la Policía, referenciados por confesos paramilitares como los responsables de la coordinación de la fuerza pública y los paramilitares en el desarrollo de la Operación Orión, con la cual se inauguró la implementación de la política de la seguridad democrática en el país, confirmándose de esta manera lo denunciado de tiempo atrás por los habitantes de la Comuna Trece y organismos de derechos humanos.

Los señalamientos proferidos en contra de las organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos desde el alto gobierno y los organismos de inteligencia del Estado han incrementado la situación de riesgo de quienes cotidianamente en medio del conflicto social y armado que se vive en el país, nos proponemos el ejercicio legitimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, expresión y participación política.



Medellín, doce de febrero de 2010.


CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD

Igual que al conjunto del movimiento social, nos ha correspondido afrontar el estigma y la persecución por oponernos a muchas políticas oficiales y por estar incondicionalmente con las víctimas del terrorismo estatal en la lucha contra la impunidad y en la exigencia de verdad, justicia y reparación integral.



Tomado de: www.cjlibertad.org

Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín

Dos desmovilizados que hacían parte de la Corporación Democracia, una ong que formaron ex combatientes de las Auc, aceptaron ser miembros de nuevas bandas paramilitares que delinquen en la comuna 8.

El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó el 25 de noviembre de 2003, en la ciudad de Medellín, con 868 miembros y entregó 497 armas.

Por el IPC especial para VerdadAbierta.com

En audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia, Edwin Tapias y Julio Perdomo, aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías, los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intra-urbano y homicidio, constreñimiento y extorsión.

Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, comuna 8 de la ciudad, por miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con las versiones oficiales, la acción de la Fuerza Pública permitió desarticular una banda al servicio de Eric Vargas, alias 'Sebastián'.

Lo curioso es que los relatos del Ente Acusador y la aceptación de cargos por parte de los imputados terminan por darle la razón a las denuncias de habitantes de los barrios Villa Turbay, Villa Liliam, Enciso, Caicedo, La Sierra, entre otros, que en su momento fueron desestimadas por entidades del orden municipal.

Desde 2005, organismos de control y organizaciones no gubernamentales han denunciado cómo Tapias y Perdomo, valiéndose de su condición de reinsertados, se apropiaron de dineros públicos a través del programa de Presupuesto Participativo y, por esa vía, amenazaron y desplazaron a varios líderes comunitarios y continuaron liderando poderosas estructuras criminales mientras fungían como gestores de paz.

Gracias a esta condición, Edwin Tapias y Julio Perdomo atendieron visitas de delegaciones nacionales e internacionales interesadas en conocer el trabajo de resocialización y de apoyo a la comunidad que adelantaban los desmovilizados bajo el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín.

De hecho, el pasado 24 de octubre de 2009, Tapias fue mediador en representación de la banda delincuencial de La Sierra, y suscribió un pacto de no agresión con Yeisón Velázquez, alias 'El Rolo', para detener una disputa que sostenían las dos bandas. El acto contó con la presencia del entonces secretario de Gobierno de Medellín, Juan Diego Vélez; y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Luis Eduardo Martínez.

Líderes acorralados
A finales de 2005, Héctor* tuvo que abandonar su barrio luego de recibir sendas amenazas por parte de un grupo de desmovilizados que controlaban la comuna 8. Esto ocurrió luego del asesinato de su amigo y compañero Augusto Henao, ocurrido en agosto del mismo año, y quien era el presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas.

Sobre esta desaparición existe una denuncia en Fiscalía en la que se sindica a Tapias como responsable. En ella se advierte que semanas antes de su asesinato, Henao sostuvo una acalorada discusión con Tapias, en aquel entonces líder comunal del barrio La Sierra. El cruce de palabras tuvo lugar un sábado de junio en uno de los consejos consultivos del programa Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.

Ese día, y en presencia del entonces secretario de Gobierno Municipal, Alonso Salazar Jaramillo, Tapias se opuso a la entrega de 108 millones a la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas, los cuales iban a ser invertidos en mejoras de infraestructura vial y programas para la comunidad, según consta en el expediente de la investigación que adelanta la Fiscalía en Medellín.

“Edwin, que se encontraba en esa reunión, se opuso rotundamente a eso y decía que la plata la necesitaba para un centro de computadores en el barrio. La Alcaldía decidió dividir ese recurso a la mitad para los dos barrios. La reunión se acabó y cuando íbamos a coger la buseta Edwin dijo que ese 'hijueputa' no se iban a salir con la suya, que eso no se quedaba así”, relató Héctor a las autoridades, quien aún no puede retornar a su barrio.

“Intenté volver en el 2008, pero todo estaba igual. Tapias seguía con el mismo poder, rodeado de los asesinos que siempre lo cuidan y cobrándole la vacuna a las tiendas”, contó el líder.

Pero esta no fue la única denuncia contra los desmovilizados. En octubre de 2006, varios habitantes de la comuna 8 denunciaron ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín cómo los desmovilizados, en cabeza otra vez de Edwin Tapias, Julio Perdomo y John William López, extorsionaban a los locales comerciales, imponían controles sociales y presionaban a los líderes tradicionales.

Gustavo Villegas, para la fecha secretario de Gobierno de la ciudad, desestimó en su momento las denuncias pues señaló que no había denuncia concreta contra ninguno de los integrantes del proceso de reinserción, según reposa en un informe de la Personería de Medellín del 2006.

Hoy día, los tres ex combatientes se encuentras detenidos y, como en el caso de López, ya pesa una condena ratificada en segunda instancia de 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y desplazamiento forzado intraurbano.

Jugando a la legalidad
Una de las situaciones más complejas que debieron enfrentar las autoridades municipales durante todo el proceso de reinserción de los ex combatientes de las Auc fueron las trampas que, desde la legalidad, le hicieron a la ciudad.

Gracias a la conformación de pequeñas corporaciones sin ánimo de grupo, los desmovilizados se apropiaron de recursos públicos mediante la modalidad de contratación, que luego fueron desviados para fortalecer actividades ilegales.

Ejemplo de ello fue la ampliación del Colegio Villa Turbay, ubicado en el barrio del mismo nombre, en la comuna 8 de la ciudad. Las obras fueron entregadas oficialmente en septiembre de 2009, cuando debieron culminarse en diciembre de 2008.

Las demoras obedecieron a que la firma bogotana Telval S.A, a quien la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín le adjudicó el contrato para la ampliación del colegio el 22 de enero de 2008, y algunas fuentes de la empresa que pidieron el anonimato confirmaron que fueron obligados a contratar personal no calificado y el servicio de vigilancia de la obra con la Corporación La Sierra Con Futuro, creada por Edwin Tapias.

La demora hubiera pasado desapercibida de no ser por las denuncias de intimidaciones a la empresa constructora para que sólo escogiera al personal que le señalara Edwin Tapias.

Según la empresa, el personal que contrataron con la Ong de los desmovilizados permitió robos por 50 millones de pesos durante el proceso de construcción. El caso adquirió mayor complejidad debido a las amenazas de muerte contra el interventor de la obra cuando intentó parar la situación.

En este caso, los correctivos de la Administración Municipal se limitaron a suspender los contratos con La Sierra con Futuro y a emitir unas directrices sobre los procesos de contratación de mano de obra no calificada, según aseguraron fuentes de Telval.

Otro caso parecido ocurrió con la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega, que agrupaba desmovilizados del bloque Héroes de Granada y cuyo representante legal era Julio Perdomo, el otro desmovilizado capturado y que aceptó los cargos de la Fiscalía. La Cooperativa contrataba legalmente servicios de vigilancia y aseo de algunas colegios oficiales de la comuna 8.

En el 2008 varias instituciones donde Omega prestaba sus servicios registraron robos y además según algunos profesores en algunos colegios se encontraron caletas para armas y, en otras, los maestros aseguran que fueron presionados por los desmovilizados a imponer su propio código de conducta. Ante estas denuncias la Secretaría de Educación solo modificó los términos de contratación para este tipo de servicios.

Acción tardía
Algunos habitantes de la comuna 8 se preguntan ahora sí con las capturas realizadas en la madrugada del viernes 5 de febrero regresará la calma a este sector de la ciudad, escenario de una confrontación entre bandas de delincuencia organizada integradas en su mayoría por desmovilizados de las Auc.

También hay expectativas entre defensores de derechos humanos sobre lo que puedan revelar ambos desmovilizados sobre el asesinato de Alexander Pulgarín, ocurrido el 21 de diciembre de 2009. Pulgarín, conocido entre sus amigos como Pipa, era integrante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y sobre el pesaban amenazas de muerte proferidas por miembros del proceso de reinserción, entre ellos John William López y Edwin Tapias.

Mientras se despejan estas dudas, lo que queda claro es que el modelo de reinserción implementado por la Alcaldía de Medellín no logró contener a tiempo la intrincada red que se fue tejiendo entre legalidad e ilegalidad y que permitió que personas como Tapias y Perdomo posaran de hombres de paz en el día y señores de la guerra en las noches.

Algunos integrantes de estas ongs que conformaron desmovilizados y que se establecieron en la comuna 8 siguieron delinquiendo como fueron los casos de Antonio López, alias Job y John Jairo Hidalgo, ambos asesinados en el 2008, y a John William López, condenado a 23 años de prisión.

De otro lado, la preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la comuna 8 la criminalidad pareciera que tuviera un dicho: “a rey muerto, rey puesto”.

“Hay personajes con mucho poder en ese sector sobre los que las autoridades tienen poca información. Tampoco creo que se haya debilitado la estructura de Sebastián”, conceptuó.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente

El Instituto Popular de Capacitación es una ong que hace monitoreo sobre la situación de Violencia y Derechos Humanos en Medellín y Antioquia


Por: IPC
Tomado de: www.verdadabierta.com