Aurelio Suárez Montoya
La Universidad Nacional lleva siete semanas en anormalidad. Como siempre sucede, se califica al movimiento estudiantil como “minoría”, “resistente al cambio”, “anacrónica”, defensora de “alumnos dinosaurios” para referirse a unos casos cuya matrícula está vigente por muchos años. El presidente Uribe, en su estilo, lo criminalizó: “No vamos a permitir que unos bandiditos, que se hacen pasar por estudiantes, destruyan la universidad”. El desprestigio dirigido busca tapar la causa real del movimiento, aislarlo, y proceder contra él con un expediente penal.
En la Universidad Nacional, desde hace más de una década, se vienen impulsando “reformas”, desde afuera y desde adentro, para modificar su misión histórica como ejemplo de la educación superior pública, de generador del conocimiento, de formador de excelencia científica, de difusor del pensamiento universal. Para lograr el funesto cometido, se ha arremetido, en primer lugar, contra su presupuesto, obligándola cada vez más a autofinanciarse, volviéndola funcional al modelo económico, y haciendo de la Universidad misma otra empresa en el mercado de la educación. Uribe le propuso como fuente de financiación que las “actividades Universidad Nacional - sector privado sean catalogadas como zona franca”. ¡Típica propuesta de los tiempos de la Seguridad Democrática!, el apéndice de “los inversionistas”, quienes, al “comprarla”, reemplazan obligaciones fiscales del Estado con ella.
También se impuso en el Plan Nacional de Desarrollo la concurrencia obligatoria de la Universidad para el pasivo pensional, y ya responde por el 5% de los aportes, se ha instaurado la privatización de los postgrados, cuyo acceso se limita a estudiantes de “estratos 5-6” por el alto costo de la matrícula. Para 2008, el 43% del presupuesto, que es de 955.000 millones, se cubrirá con recursos propios “por concepto de la venta de bienes, servicios académicos y de la extensión universitaria”. Con ello cubrirá el 90% de la inversión, el Estado sólo responde por el 80% de los gastos de funcionamiento y el 95% de las pensiones. Con esa distribución, cualquier progreso dependerá de la universidad misma; el gobierno central se excluyó. En el año 2000, por cada peso que el Estado entregaba, la Universidad colocaba 30 centavos, en 2007 ya pone 82. Entre 2000 y 2007, las transferencias del Presupuesto Nacional crecieron, en pesos reales, el 17%, los recursos generados por la Universidad lo hicieron en más del 300%.
¿Tiene que ver esto con el Estatuto Estudiantil? Las autoridades universitarias han defendido la implantación del sistema de créditos, que es punto central de la discordia, como medida de cada asignatura en los currículos para “racionalizar costos académicos”, para establecer el “contrato estudiante-universidad”. En otras palabras, organizar las áreas académicas según las demandas estudiantiles, que girarán en torno a una propuesta básica y de electivas individuales, y no acorde con un currículo que la Universidad considere que los profesionales de cada disciplina deben cubrir, que abarque el espectro académico indispensable, que incluya hasta los temas de “borde” científico al costo necesario. La nueva “cultura” decretada a la brava no es más que el reordenamiento según una canasta donde caben las demandas frecuentes del mercado, que contendrá los productos primarios, y que, como en un supermercado, no dispondrá de los caros, si su “consumo” no es rentable, como en los centro de estudios privados.
¿Será “cosa de bandidos” las reclamaciones contra esa aberración educativa que ahonda las “reformas”?
La correlación de este tipo comercial con la calidad académica es estrecha. Voces autorizadas lo indican, “limita la formación de los estudiantes al ponerlos a escoger en una lógica de mercado donde todos instintivamente optarán por graduarse rápidamente” (Álvaro Zerda, ex decano de Ciencias Económicas), “la concepción de estudios universitarios a títulos y no a formación inicial para el aprendizaje a lo largo de la vida”; ( Jorge E. Hurtado, profesor titular Manizales), “los créditos también pueden tener el propósito condenable planteado en el TLC de facilitar la conversión de la educación superior en una mercancía destinada a ser controlada por las transnacionales del sector”, (Senador Robledo, profesor 25 años en la U. Nal.); las consultas amplias y democráticas como la adelantada en la facultad de Ciencias Económicas, que dijeron que un 83% no está de acuerdo con el Estatuto y que un 87% pidió ser consultado al respecto mediante un plebiscito.
¿Acaso acá ese 80% sí son “unos bandiditos”?
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