jueves, 30 de octubre de 2008

LAS CICATRICES DE EL ARO

LAS CICATRICES DE EL ARO

Por Javier Arboleda García


VERDAD ABIERTA
Relato de la lenta e impune masacre de los habitantes de un caserío al norte de Antioquia, en octubre de 1997, y de cómo en los siete días que duró, ninguna autoridad llegó a auxiliarlos. Historia de Verdadabierta.com, el portal especializado en paramilitarismo y conflicto armado que se lanza esta noche.
Martes 21 Octubre 2008



Jesús Abad Colorado Así quedó el Aro, corregimiento de Ituango, después de la masacre.

TOMADO DE VERDAD ABIERTA

“Si lo quiere tanto; entonces, duerma con él”, le gritó el hombre a Rosa María Posada y la empujó encima de su marido, quien yacía tirado sobre la yerba húmeda, recién asesinado. Ella abrazó a Marco Aurelio, intentando taparlo, para que sus dos hijos no vieran su cuerpo destrozado, los ojos afuera, el pecho rajado, la piel levantada. Marco Aurelio Areiza, su esposo, de 64 años, había sido un hombre bueno, dueño de las únicas dos tiendas de abarrotes de El Aro, un pueblo de 60 casas de paredes de bahareque mapeadas por la cal y el tiempo, tejas de zinc y puertas de colores, en el área rural de Ituango, un municipio al norte de Antioquia. Areiza había sido de sus primeros habitantes; llegó en 1967, dos años después del obispo que lo fundó.

A Marco Aurelio lo mataron un domingo 26 de octubre de 1997, a una cuadra de la plaza de ese caserío de páramo, frío y nublado, con una calle larga empedrada que empataba con la iglesia, a donde sólo se podía llegar después de siete horas de camino de mula, cuesta arriba por una montaña quebrada de arroyos de aguas limpias. Su cadáver quedó al borde del cementerio, que junto con una escuela, cuatro plantas eléctricas, una cabina telefónica, dos cantinas, y la dos tiendas de Marco Aurelio, formaban todo el equipamento urbano.

No fue el primer caído, ni tampoco el último. La masacre, planeada varios días antes, lejos de allí, había empezado tres días antes, y duró cuatro días más. La cometieron 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), también conocidos en la región como los ‘mochacabezas’.

Con todo la parsimonia del caso, como a sabiendas de que nada les impediría su calculada carnicería, cazaron, torturaron y vejaron a sus 17 víctimas, quemaron 42 de las 60 viviendas, se robaron 1.200 reses y forzaron a 702 habitantes a salir huyendo para salvar la vida.

Por la fría sevicia de los verdugos que sometieron y humillaron a la población, y por la absoluta desprotección en la que la dejó la fuerza pública que en siete días nunca acudió en su ayuda, la masacre de El Aro queda en la memoria de los colombianos como una de las más crueles. Aun así, hoy, once años después sigue en gran parte impune.

Hubo tres sentencias, proferidas en un solo fallo del 22 de abril de 2002, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Antioquia: contra Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez, condenados a 40 años de prisión, como determinadores del homicidio agravado, desplazamiento forzado, y del hurto calificado y agravado en esos parajes montañosos de Ituango.

Carlos Castaño no cumplió la condena pues fue asesinado en abril de 2004. Y a Salvatore Mancuso, el gobierno colombiano lo extraditó en mayo de 2008 para que fuera juzgado primero por el delito de exportación de cocaína a Estados Unidos. La otra condena, a 33 años y cuatro meses de prisión, recayó sobre Francisco Enrique Villalba Hernández, conocido en las filas de las Accu como Cristian Barreto quien, movido por sus culpas, se entregó a la Fiscalía casi cuatro meses después de la masacre.

La justicia sólo abrió investigación penal a dos militares: al teniente del Ejército Everardo Bolaños Galindo, detenido hasta hace algunos meses en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), y al cabo primero Germán Alzate Cardona, conocido como ‘Rambo’, quien está prófugo. A ambos, la Procuraduría General los destituyó y sancionó disciplinariamente por haber “colaborado y facilitado”, con conocimiento de causa, la incursión paramilitar.

El 10 de agosto de 2001 la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada para la época, y luego hizo lo mismo en el proceso al que estaba vinculado el teniente coronel Germán Morantes Hernández, ex comandante del Batallón Girardot, con jurisdicción en el norte de Antioquia.

El primero de julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de las víctimas de El Aro. Le ordenó que les rindiera un homenaje público y le pidió que persiguiera a quienes tuvieron responsabilidad en los hechos y hoy siguen libres.

Para la CIDH, quedó demostrada la responsabilidad del Estado, por acción y omisión, en especial, en la violación “a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada y la circulación y residencia”.

El buen vecino está muerto

Liliana Amparo Areiza, de 31 años, una de las hijas del primer matrimonio del tendero Marco Aurelio, les dijo después a los investigadores de la Fiscalía que ella supo que los paramilitares iban para El Aro con malas intenciones, y desde Yarumal, donde vivía, lo llamó a advertirle. Pero él estaba confiado de que nada le pasaría.

“No voy a huir como un delincuente; todo lo he conseguido honradamente y trabajando”, dijo Liliana que le respondió su papá.

Antes de meterle cuchillo a Marco, los paramilitares obligaron a Rosa María, su mujer, a matar una res, prepararla y servírselas. Ella intentó convencerlos de su inocencia. Les rogó que se apiadaran de sus hijos, que lo escucharan antes. “Marco Aurelio nunca les negó que le vendía comida a la guerrilla –contó luego Rosa— pero les explicó que siempre fue bajo presión y amenazas”.

Si mataron al buen tendero, qué no le esperaba a la gente de El Aro.

En realidad no importaba si Marco era culpable o no. Su delito, y el de sus demás coterráneos, era vivir en un descanso de una falda del Nudo de Paramillo, un macizo de montaña, por donde los frentes 5,18 y 36 de las Farc, transitaban a sus anchas. Desde mediados de 1996, cuando se estaba gestando su proyecto de organización nacional que luego se conoció como Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares juraron sacar a la guerrilla de sus madrigueras, una de esas era precisamente el Nudo de Paramillo. Dominar el Nudo era tener un tránsito libre entre cinco departamentos y un conducto entre dos mares. No era sólo un objetivo contrainsurgente, también codiciaban los terrenos alejados para la siembra de coca y el corredor estratégico para sacar la cocaína y entrar las armas. El Aro era la puerta de entrada.

El mismo Carlos Castaño, quien luego se erigió como jefe visible de las Auc, lo reconoció públicamente, días después de la masacre: “Hace parte de nuestra estrategia. O la guerrilla sale de sus santuarios o vamos a entrar. Iremos al Nudo de Paramillo y a Tadó, donde hay reductos fuertes de la guerrilla. Si el Ejército no es capaz de entrar y acabar con esas repúblicas independientes; yo sí, y se los voy a demostrar.”

El expediente judicial, revela que la masacre se planificó días antes en una finca cerca de La Caucana, corregimiento de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, un bastión de las autodefensas. Varios testigos y el arrepentido Villalba Hernández dijeron que allí estuvieron Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, junto a varios militares, estudiando cada detalle de lo que sería el recorrido de muerte.

¿Quiénes eran los militares? La justicia todavía no lo dilucida. Villalba, el contrito paramilitar, pareció recordar los detalles sólo hasta diez años después. Dijo en 2007 que habían participado en la planeación de la masacre los altos mandos de la IV Brigada del Ejército. Y también dijo, sin pruebas y con algunas contradicciones, que en la misma hacienda estuvo el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, “condecorándonos por el éxito de la operación”.

Antes de que ningún medio de comunicación publicara la versión de Villalba precisamente por lo dudosa, el presidente Álvaro Uribe salió a desmentirla: “Ese bandido dice que hasta agradecí a los paramilitares por esa masacre, porque liberaron a seis secuestrados, entre ellos a un primo mío y que Santiago, mi hermano, prestó 20 paramilitares para ese crimen“,

Ningún testimonio respalda, hasta ahora, lo dicho por Villalba con respecto al Presidente. Pero muchos sí dan cuenta de la reunión de planeación en finca de la que originalmente habló Villalba, y de la presencia allí de los jefes paras y de algunos militares.

Empieza la procesión

Después del plan trazado en la Caucana, empezó la ejecución. Los 150 hombres de las Accu empezaron su recorrido de la muerte en Puerto Valdivia, un caserío en la Troncal de Occidente, a orillas del río Cauca. El miércoles 22 los paramilitares, vestidos con trajes de fatiga y con fusiles AK-47 y Galil; subametralladoras y radios de comunicación, hicieron la primera estación: una finca de la vereda Puquí, al pie del río.

“Preguntaron por la guerrilla, pero nadie dijo nada, hasta que un jefe separó del grupo al propietario, Omar de Jesús Ortiz Carmona (30 años) y a uno de sus trabajadores, Fabio Antonio Zuleta Zabala (54 años)”, narró un testigo, que los vio conversar un rato “hasta que la cosa se puso maluca”.

“¿Qué hago con ellos?”, preguntó un subalterno. “Haga lo que quiera”, respondió el jefe. “No, mentira, mate esos perros…” Las necropsias practicadas después a los cadáveres revelaron que ambos sufrieron estallido del cráneo debido al impacto de los proyectiles de fusil.

Ese mismo día, otro grupo de unos 30 paramilitares llegó a la finca La Planta, de la vereda Remolino. Allí, mató al anciano Arnulfo Sánchez Álvarez, de 68 años. Pocos vieron qué pasó, pero Medicina Legal determinó que su muerte obedeció a “una lesión del tallo cerebral”, producto de un impacto de arma de largo alcance.
El jueves 23 de octubre, a las 6:30 de la mañana, las autodefensas entraron a una pequeña tienda de abarrotes, en la vereda Puerto Escondido, donde empieza la cuesta hacia El Aro.

Martha Cecilia, de 18 años contó que ella vio cuando llegaron uniformados y hablaron con su esposo, Omar Iván Gutiérrez, de 32 años. No la dejaron acompañarlo, sino que la obligaron a permanecer dentro de un cuarto con sus dos pequeñas hijas y unos familiares que estaban de visita. Luego vio que las explicaciones de Omar Iván enfurecían cada vez más a quien lo entrevistaba. Ella apretaba a sus hijas, sobre todo a la más chiquita de apenas 7 meses.

Como a las ocho sintió que alguien preparó el fusil y luego escuchó cuatro disparos. Lo dejaron tirado en el piso. “Lo que no se llevaron, lo dañaron, dizque porque era para la guerrilla” dijo después a los investigadores.

Camino al infierno

“A mi esposo también lo torturaron”, les dijo a los investigadores del CTI, María Esther, la compañera de José Darío Martínez, muerto en iguales circunstancias junto a Olquín Fail Díaz, de 26 años, y Otoniel de Jesús Tejada Jaramillo, de 40.

A los tres los retuvieron algunos momentos en la finca de Olquín Fail, en la vereda Organí. Ante el temor por las armas que les apuntaban, uno de ellos dijo, contradiciendo a los demás, que la guerrilla sí había pasado por allí, pero hacía ya varios meses. Allí les llegó la sentencia de muerte. Los disparos dispersaron a los demás campesinos.

Antes de llegar a El Aro, ese mismo 23 de octubre y luego de recorrer a pie un sendero en zig-zag por la montaña, los paramilitares entraron a la finca Mundo Nuevo. Un tiro de gracia recibió el agricultor Alberto Correa, quien les informó que no sabía nada de sus enemigos y que él veía pasar todos los días gente uniformada, como ellos.

En la retirada se encontraron con Wilmar de Jesús Restrepo Torres, un joven de 14 años. La respuesta del adolescente fue igual. Los paras lo obligaron a seguirlos hasta El Aro, pero cuando estaban a punto de entrar al pueblito, fueron emboscados por guerrilleros. Allí murió uno y uno, por cada bando.

“Al término del combate, el jefe de los paramilitares se enardeció con el muchacho porque no les dijo la verdad”. Lo mataron y dejaron su cuerpo sobre un camino de herradura, dijo Gustavo Palacio quien, para la época vivía en El Aro.
“Llevamos su cadáver en el lomo de una mula hasta Puerto Valdivia, para darle cristiana sepultura”, contó en el proceso judicial Miladis, su hermana. “Fue duro, era apenas un niño… su único pecado fue trabajar y ayudarles a sus papás…”

En el caserío

En El Aro sabía la gente que los paras venían. Y estaban más pendientes de ellos que de las elecciones para alcalde y concejo del domingo 26. Cuando los combates arreciaron en los alrededores del caserío arreció el miedo.

“Sentí disparos, gente correr de un lado para el otro… gritaban: ‘guerrilleros, malparidos, se van a morir todos’”; entonces, Gustavo se metió debajo la cama.

Las Accu llegaron a la una de la tarde del 25 de octubre de 1997, el día antes de que mataran a Marco Aurelio, el tender, y empezaron a sacar gente de las casas. “Cuando llegué ya habían matado a Guillermo Andrés (Mendoza Posso, de 21 años); Nelson de Jesús (Palacio Cárdenas, de 50), y Luis Modesto (Múnera Posada, de 60 años, este último funcionario de la Alcaldía de Ituango)”, dijo Gustavo.

“Me contaron que los sacaron de una cantina, la de Nelson de Jesús, y los arrastraron” hasta obligarlos a ponerse bocabajo frente al atrio de la iglesia. Allí, les dictaron la sentencia: ‘Vos te vas a morir por guerrillero’; ‘A vos también te damos por guerrillero hijueputa’ y, antes de disparar contra Luis Modesto, le preguntaron, con sorna, que qué hacía su hijo en las Farc.

Con las autodefensas patrullaba Gilberto Sánchez, un hombre de mediana edad, a quien apodaban ‘El Zorro’ y que meses antes habían visto en las filas insurgentes. “Pensé –recordó Gustavo- este tipo debe estar dándole dedo a todo el mundo para salvar su pellejo”.

La gente se reunió alrededor de los cadáveres. “Nos amenazaron con una lista negra y dijeron que si sabíamos algo de la guerrilla que dijéramos, que nada nos pasaría si obedecían sus órdenes”.

“El que aparezca en la lista, se muere como estos perros y, el que no, no tiene por qué preocuparse”, les anunció uno de los jefes paramilitares antes de permitir a varios lugareños enterrar a las personas asesinadas.

“Recuerdo que los metimos, a dos de ellos, en las bóvedas 32 y 33; del otro no recuerdo”, dijo Rodrigo, quien salió de El Aro el lunes siguiente.

Las pesadillas de Villalba

“Degollé a una muchacha con un machete”, le dijo Villalba Hernández al fiscal al que le rindió la primera indagatoria, el 16 de febrero de 1998, tres días después de entregarse presionado por las pesadillas que no lo dejaban dormir y que repetían, una y otra vez, los gritos de sus víctimas. El cuerpo de la mujer jamás apareció.

El paramilitar, una de las personas que comandó la incursión, contó que era ducho en el arte de matar, desde su ingreso a las autodefensas, en el año 94, cuando lo contrataron como escolta de un jefe paramilitar de Sincelejo (Sucre), donde nació el 6 de mayo de 1972.

Adquirió la destreza en la finca El Tomate, en el Urabá antioqueño, con instructores como Carlos Mauricio García, conocido como Rodrigo Doble Cero, quien comandó el disidente y extinguido bloque Metro de las Autodefensas y quien fuera asesinado por sus antiguos compañeros el 28 de mayo de 2004 en Santa Marta.

A Villalba Hernández le enseñaron a manejar armas, pero sobre todo a matar y el entrenamiento lo cumplió con personas vivas que traían de otras regiones del departamento por sus supuestos nexos con la guerrilla. La idea era “degollarlas, quitarles un brazo o abrirlas”.

En la diligencia también confesó su participación en la masacre de Pichilín, corregimiento de Colozó (Sucre), el 4 de diciembre de 1996, cuando asesinaron a 17 personas en una incursión de las autodefensas.

Mató a los hermanos Manuel e Israel Vergara y, desde entonces, mató por encargo. Así lo hizo en noviembre de 1997 con dos labriegos de Toledo y, en diciembre de ese mismo año, con dos personas de Labores, corregimiento de Belmira (ambas localidades del Norte antioqueño), “a quienes les disparé con un revólver”.

Aparte de la condena por El Aro, Villaba Hernández recibió otra sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, a 37 años de prisión, como coautor de un concurso de delitos, entre los que estaban los homicidios de Oscar Valderrama Cruz, Luis Alfonso Valderrama López y Alejandro Higuita Mesa.
Ellos aparecen entre las víctimas de una masacre de las autodefensas a las veredas La Balsita, Antesales, La Argelia y Buenavista, de Dabeiba, occidente antioqueño, ocurrida entre los días 22 y 30 de noviembre de 1997; es decir, casi un mes después del ataque en Ituango.

A El Aro, Villaba Hernández llegó como comandante de un grupo de 22 personas, que se encargó de la retaguardia, mientras adentro ‘Cobra’ y ‘Junior’, los dos principales jefes, ordenaban a sus hombres buscar a los supuestos guerrilleros que aparecían en la lista.
Antes de matar al tendero Marco Aurelio, le preguntaron por la guerrilla, que dónde tenía el radio, dónde escondía las armas, cómo se comunicaba con ellos. Revolcaron su tienda, dañaron todo, pero nada encontraron.

“Luego lo separaron del grupo y empezaron a insultarlo”. Gustavo vio cuando uno de los jefes se lo llevó para “el cementerio, donde lo torturaron. No quise ver el cadáver porque dijeron que quedó muy destrozado”.

Nadie acudió

Un funcionario de la Alcaldía de Ituango, quien ahora vive en Medellín y prefirió el anonimato, supo que uno de sus superiores, el secretario de Gobierno local, Alberto Calle Gallo (quien fue asesinado 11 años después de la masacre, el 14 de agosto de 2008 por un atentado con bomba en una cafetería de Ituango) se comunicó con El Aro el sábado 25, pero alguien en la otra línea le dijo que todo estaba bien, que llamara al día siguiente.

Repitió la llamada la noche del domingo, para averiguar por la jornada electoral y, antes de que le quitaran el teléfono, la recepcionista le alcanzó a informar de la muerte de cuatro personas, entre ellas las de Luis Modesto y la del tendero. “Le dijo que los paramilitares solo permitieron la votación durante dos horas, de dos a cuatro de la tarde, y que habían alcanzado a sufragar 19 personas”.

De inmediato, el funcionario pidió ayuda a la Gobernación, entonces encabezada por Uribe Vélez. Le dijeron que iban a realizar una reunión secreta el miércoles 29 de octubre para analizar la situación de El Aro. Y llamó a la base militar del corregimiento Santa Rita y luego al Batallón Girardot, donde le respondieron que debido a la escasez de tropa, toda destinada al Plan Democracia, diseñado para la vigilancia del proceso electoral, el contingente más cercano demoraría tres días en llegar a pie.

El teniente Carlos Emilio Gañán Sánchez, comandante de la Policía en Ituango, le dijo a la Fiscalía que poco pudo hacer para proteger a los habitantes de El Aro, pues tenía la orden de no enviar a ninguno de sus hombres a la zona rural, debido a la situación de orden público del momento.

Se enteró de lo sucedido por los informes de prensa y aceptó que tres o cuatro días después de las elecciones vio que un helicóptero artillado había sobrevolado la zona.

Mientras las autoridades se tomaban su tiempo para decidir qué hacer frente a los llamados de auxilio para que alguien corriera a socorrer a los pobladores del caserío, en El Aro los paramilitares seguían matando a gusto a los civiles, y combatiendo a la guerrilla en las afueras del pueblo.

Impotente ante la toma de su pueblo, el sacerdote Héctor Gallego repetía una y otra vez por un parlante que la gente de El Aro era gente de bien, humildes campesinos y que lejos estaban de tener algún vínculo con la guerrilla.

“El lunes hubo otro combate, por lo menos eso era lo que se escuchaba”, dijo Teresa quien se decidió por fin a regresar a su casa, luego de dos días de permanecer a la intemperie. “Entré de un empujón a mi niña que me decía desesperada que un helicóptero blanco volaba bajito”. Ella no lo vio, pero el ruido de las aspas y de los fusiles casi la ensordece.

Ese día, entre vigilia y rumores, la tensión crecía. Contaron que varios paramilitares tenían encerrada y torturaban en el salón anexo a la casa cural a Elvia Rosa Areiza Barrera, de unos 30 años, que le ayudaba al párroco en los quehaceres domésticos. Gustavo supo que la violaron, la ultrajaron y vio cuando la sacaron arrastrada por la calle. “La mataron y la dejaron tirada cerca del matadero”, donde días después sólo recogieron algunos huesos que dejaron los chulos.

Rosa Elvia no aparece registrada en el proceso judicial, porque su muerte no pudo comprobarse oficialmente, pero sí está entre las víctimas de la sentencia de la CIDH. “Estaba casada con Eligio Pérez Aguirre, con quien tenía cinco hijos: Ligia Lucía, Eligio de Jesús, Omar Daniel, Yamilse Eunice y Julio Eliver, todos de apellido Pérez Areiza. Sus padres eran Gabriel Ángel Areiza y Mercedes Rosa Barrera. Su familia se desplazó a otras ciudades por motivo de los hechos y regresaron tres años después a la región”, dice el fallo.

Comienza el éxodo

El lunes 27, los paramilitares dejaron salir a los primeros desplazados, pero de manera selectiva. Así lo hicieron durante martes y miércoles, tiempo que les sirvió para saquear las casas y dañar todo lo que encontraban.

El miércoles 29, los combates se alejaron. Fue entonces cuando, ante el asombro de los campesinos, un helicóptero negro artillado de los que usa la fuerza pública -según consta en el proceso judicial que compiló varios testimonios en ese sentido- aterrizó en El Aro, entregó munición a los paramilitares y sacó a un combatiente herido.

El jueves 30, reinaba la confusión y el pánico. Ninguna autoridad aparecía. Una mujer acusó a Dora Luz Areiza Barrera, de 21 años, de ser guerrillera. La apresaron de inmediato y le dijeron que su vida dependía de la información que les suministrara. “Se la llevaron para que les mostrara el campamento”, pero Gustavo no la vio regresar, “lo único que sabemos es que la encontraron después, como a dos horas del pueblo”.

Lo que apareció de su cuerpo, de la cintura para abajo, fue enterrado sin la presencia de autoridad alguna, hecho que, en parte, impidió también que fuera reconocida su muerte en los expedientes.

Para entonces, ya los paramilitares habían podido juntar 1.200 reses robadas de todas las fincas vecinas. Los primeros desplazados habían llegado a Puerto Valdivia, donde tuvieron otro inconveniente con algunos soldados que los obligaron a devolverse con el argumento de que pronto llegarían a El Aro a brindar seguridad.

Las autodefensas amenazaron de muerte a 17 campesinos y los obligaron a arrear el ganado hasta varias fincas del Bajo Cauca. Los mandaron delante de las reses, pues pensaban que el territorio estaba minado.

“Antes de irse y dejar ir a los demás, le prendieron candela a todo y, el resto, los colombianos lo vieron por la prensa y la televisión…”, recordó Teresa.

El ganado pasó por varias veredas y por la Troncal de Occidente pese a que, para la fecha, el Ejército y la Policía estaban enterados de lo sucedido.
Tres de las personas consultadas para este trabajo periodístico dijeron que nunca volvieron a ver sus vacas, a pesar de que tocaron muchas puertas y de las promesas de que se las devolverían una vez demostraran su propiedad.

“Miembros del Ejército tenían conocimiento del hurto y traslado del ganado e, incluso, impusieron un toque de queda a la población (Puerto Valdivia), cerrando los negocios comerciales nocturnos”… para evacuar las reses, por plena vía pública y sin testigos, de las cuales también se lucraron algunos, “pues dispusieron de unos semovientes para su consumo interno”, dijo el informe de la CIDH.

De acuerdo con la Comisión y el fallo judicial, el teniente Bolaños, con informaciones falsas suministradas a funcionarios de la Gobernación sobre el origen y el destino del ganado, habría facilitado el tránsito.

“El ganado provenía de fincas entre Puerto Valdivia y El Aro, las cuales quedaron sin ningún animal… Fue montado en camiones y trasladado a Caucasia”, dictaminó la CIDH. Villaba Hernández dijo que el destino final fue un predio de Salvatore Mancuso, ubicado entre Montería y Tierralta (Córdoba).

El ping pong

Lo que pasó después fue un debate mediático sobre las responsabilidades. Alterado, Carlos Castaño llamó a los medios de comunicación, negó las torturas y, frente a los homicidios, dijo que las personas muertas eran “guerrilleros vestidos de civiles”.

“Que se exhumen los cadáveres y, si alguno presenta señales de tortura, me comprometo personalmente, a poner a disposición de las autoridades a dos de los comandantes que supuestamente entraron en esa zona”, le dijo al diario El Colombiano.

Nunca lo hizo pero reconoció que Ituango y, en especial, el Nudo eran un objetivo de las Accu. Una investigación de la Fiscalía determinó que la idea de llegar a la región empezó a cristalizarse el 11 de junio de 1996, en una finca del norte antioqueño, donde comerciantes y ganaderos, víctimas de las continuas extorsiones y amenazas de las Farc, ofrecieron 300 millones de pesos a las autodefensas como sostenimiento de su tropa para que frenaran a las Farc.

Técnicos del CTI documentaron que los paras, traídos de Urabá, se ubicaron en siete apartamentos de la zona urbana de Ituango y montaron tres campamentos en las veredas Los Galgos, Buenavista y Chambas.

El valiente abogado y concejal de Ituango, Jesús María Valle Jaramill, denunció lo sucedido a todo pulmón; dijo que los paramilitares habían asesinado a 120 personas en su municipio y que habían contado con la tolerancia de las autoridades y mandos militares de la región.

Dijo que debido al accionar paramilitar y su aparente connivencia con la fuerza pública ocurrieron masacres como las de El Aro y La Granja (el 11 de julio de 1996, cuando murieron cinco personas).

A raíz de esas afirmaciones, el comandante de la IV Brigada, general Ospina Ovalle, lo denunció por injuria y calumnia, pero el entonces presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia se sostuvo en sus aseveraciones.

“Los grupos paramilitares no podían cometer tantas tropelías, asesinar a tantas personas y sembrar el terror en mi pueblo si no fuese por el comportamiento connivente del Ejército y la Policía”, insistió.

Sicarios de la banda La Terraza, una organización criminal al servicio del narcotráfico y que le hacía algunos encargos a las autodefensas y, en especial, a Carlos Castaño, mataron a Valle en su oficina del centro de Medellín, la tarde del 27 de febrero de 1998.

Epílogo

Once años después muchos han regresado a sus casas en El Aro. Ahora tienen luz eléctrica. El Estado pagó la indemnización ordenada por la CIDH, pero la gente del caserío sigue a la espera del acto de desagravio y del monumento en honor a las víctimas.

“Pocas cosas han cambiado; es más, todo parece igual, porque inclusive la guerrilla volvió y la coca sigue siendo el sustento de muchos”, dijo Teresa que nunca volvió su pueblo. “La plata que me dieron no alcanza a cubrir el dolor ni la ausencia”.
Rosa María, la mujer del buen tendero Marco Aurelio, también sigue en duelo once años después. No sabe dónde están los verdugos de su marido. De él, sólo queda una tumba raída.


http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/cicatrices-aro/116851.aspx

Mr. BUSH

Mr. BUSH

EL GOBIERNO DISTORCIONA LA SITUACIÓN DE LOS DDHH EN EL PAIS - AMNISTIA INTERNACIONAL

El gobierno distorsiona la situación de los derechos humanos en el país


Madrid.- El gobierno de Colombia está dando una versión muy optimista de la situación de los derechos humanos en el país, a pesar de que cada vez son más los informes sobre desplazamientos forzados, ataques contra activistas sociales y de derechos humanos y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. Ésta es la conclusión del informe publicado hoy por Amnistía Internacional.

“Las autoridades colombianas mantienen una postura de negación absoluta: incluso se niegan a reconocer que hay un conflicto armado en el país. Sin embargo, la gente nos cuenta una versión muy diferente”, afirmó Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional. “Es imposible resolver un problema sin admitir que existe. Negando la situación sólo se consigue condenar a más personas a sufrir abusos o a morir.”

El informe de Amnistía Internacional es el estudio más exhaustivo y actualizado sobre el estado de los derechos humanos en Colombia. Muestra que, si bien algunos indicadores de derechos humanos han mejorado con el paso de los años –por ejemplo, el índice de secuestros y la seguridad en algunas ciudades–, otros muchos han empeorado.

El estudio también echa por tierra declaraciones realizadas en repetidas ocasiones por el gobierno colombiano, por ejemplo, que los grupos paramilitares ya no están activos, que se obliga a rendir cuentas a los autores de abusos contra los derechos humanos, o que se respeta plenamente el trabajo de los activistas sociales y los sindicalistas.

“La población colombiana lleva más de 40 años atrapada en uno de los peores conflictos olvidados del mundo, atacada por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros, mientras que el gobierno no toma ninguna medida de peso para brindarle protección”, declaró Marcelo Pollack.

“Para cambiar radicalmente la trágica realidad de Colombia, el gobierno y los grupos guerrilleros tienen que dejar de involucrar en el conflicto a la población civil de una vez por todas.”

El informe de Amnistía Internacional arroja los siguientes datos sobre Colombia:

En 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a 1.300 en 2006. De los casos en los que se conoce a los autores, las fuerzas de seguridad fueron responsables de al menos 330; los paramilitares, de unos 300; y los grupos guerrilleros, de alrededor de 260.
Hasta 305.000 personas fueron desplazadas en 2007, frente a 220.000 en 2006.
En 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los grupos guerrilleros, frente a 180 en 2006.
Amnistía Internacional insta a todas las partes implicadas en el conflicto de Colombia a que muestren la voluntad política necesaria para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. La organización también exhorta a la comunidad internacional a que redoble los esfuerzos para lograr que las dos partes enfrentadas respeten los derechos humanos de la población colombiana.Nota para periodistasEl informe de Amnistía Internacional, titulado “¡Déjennos en paz!” La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia, es un estudio exhaustivo sobre el estado de los derechos humanos en Colombia. Incluye una serie de recomendaciones que, de ser adoptadas por el gobierno y los grupos guerrilleros, podrían contribuir a acabar con la tragedia de derechos humanos que sufre el país. El informe recoge los casos de las personas y comunidades más afectadas por el conflicto, por ejemplo, miembros de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que han sido víctimas de homicidio o de desplazamiento forzado; personas secuestradas; mujeres y niñas violadas; niños y niñas reclutados por grupos paramilitares y guerrilleros o mutilados por minas terrestres; comunidades que defienden activamente su derecho a no ser involucradas en el conflicto; y defensores, defensoras y sindicalistas a quienes su trabajo en pro de los derechos humanos les ha costado la vida.


Consulta el informe “¡Déjennos en paz!” La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia


Descarga el informe completo de Amnistía Internacional CLICK AQUÍ!

martes, 28 de octubre de 2008

FALSO POSITIVO ERA SU PROPIO HERMANO

“Mi hermano fue un falso positivo”


Sábado 25 Octubre 2008


“Buscaban personas que no fueran de la región para que no reclamaran”

"Todo pasó el 30 de abril del año pasado. Yo estaba como soldado contraguerrilla en el Batallón de Infantería N.31 que opera en Córdoba. Mi compañía llevaba más de 15 días sin hacer mucho en un pueblito caluroso que se llama San Juan. No había operaciones ni patrullajes. Los soldados estábamos simplemente ahí, sin hacer nada. Pero el Día de la madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de "legalizar" a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las 'legalizaciones' son un asunto cotidiano.

"Una noche, mientras yo hablaba con mi familia por teléfono, llegó mi cabo Jonathan Pineda y me dijo: "Guajiro, váyase para el cambuche que ya tenemos el 'man' al que le vamos a hacer la vuelta". Yo le pregunté que quién era, pero me mandó a callar y me advirtió que mi capitán Jairo Mauricio García había dado la orden de que no le habláramos para que no se diera cuenta de que lo iban a matar. Le pregunté: "¿De dónde es el 'man'?" y me dijo que de La Guajira. Siempre buscaban personas que fueran extrañas a la región para que ningún familiar los reclamara. De todas maneras yo tenía mucha curiosidad porque también soy de La Guajira. Entonces me salí del cambuche, prendí un cigarro y escuché que el hombre me pidió otro. No le alcancé a ver el rostro porque no había luz ni luna. Estaba lloviznando. Le regalé el cigarro y nos pusimos a charlar. Al poco tiempo me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo Montes.

"Mi hermano se había ido de Maicao hacía mucho tiempo, cuando yo apenas era un pelao de 9 años. Por eso no lo reconocí. Pero cuando me dijo el nombre de mi papá, lo comprobé. Era mi hermano y era también al que habían elegido al azar para matarlo. No lo podía creer. Entonces me destapé. Le dije que yo era el 'niño', Luis Esteban, su hermano. Nos abrazamos y en medio de la emoción le advertí que lo iban a matar para hacerlo pasar por guerrillero. Le dije que se fuera, pero él no me creyó. Él se había hecho muy amigo de dos soldados de mi compañía que lo invitaron hasta el cambuche. Leonardo estaba seguro de que no le iban a hacer nada. Estaba engañado.

"Después de 20 minutos conversando con él afuera, me mandaron a llamar. Entonces me fui directo donde mi cabo Pineda y le dije: "Ustedes no pueden matar a ese hombre porque él es mi hermano". El cabo no me creyó y me dijo que mejor hablara con el capitán García, quien tampoco me creyó. Lo único que hizo fue insultarme. Le insistí. Le dije que le preguntara por el nombre de mi papá, de mis hermanos, de la familia, de la calle en Maicao donde habíamos nacido.

"A partir de ese momento todo fue un enredo. El capitán y yo discutimos varias horas y mi hermano lo escuchó todo. Al final, les dije que ya no me importaba si me creían o no, que ese hombre que iban a matar era mi hermano y primero tenían que matarme a mí. "Por qué no trae a un hermano suyo, capitán, o a su papá y así puede irse contento el Día de la madre. Pero con mi hermano no se pueden meter", le dije. Todos estaban muy alterados. No podían creer que la única persona que lograron conseguir para asesinar resultara ser el hermano de un soldado de su propio pelotón. El plan que tenían de buscar a alguien que no fuera de la zona, a alguien que no tuviera dolientes en el pueblo y que su muerte pasara inadvertida, se les había ido a la basura.

"Después de un rato, el Capitán me dijo: "A mí no me duele la mano pa matar a ese hijueputa". Tampoco era difícil encontrar quién lo hiciera porque cada compañía tiene sus dos o tres sicarios, que son siempre los que hacen esas vueltas y se ganan su millón de pesos.

"En un momento de descuido aproveché para decirle a mi hermano que se fuera corriendo, que saltara por unos alambres, que pasara la quebrada y se fuera para la casa porque lo iban a matar. Él decía que no se iba porque ahí sí era más fácil que lo asesinaran. Logramos salir un poco del cambuche, conseguimos una mototaxi y él se fue para el pueblo. Yo me quedé pero, obviamente, esa noche no pude dormir.

"Al otro día me di cuenta de que todo había cambiado para mí. Mis compañeros me odiaban. Entonces le pedí a un coronel que me trasladara porque yo no era capaz de patrullar con la misma gente. Además estaba muy débil, pues me había atacado con fuerza el paludismo. Ese mismo día me mandaron para una compañía diferente en Puerto Libertador, un pueblo cercano a San Juan. Allá me sentí más tranquilo. Al menos no tenía miedo de que me mataran. La idea de denunciar a mis compañeros se me pasó por la cabeza, pero finalmente no lo hice en ese momento. Ya había liberado a mi hermano, que era lo más importante, y quería evitarme problemas con mis superiores.

"Como al tercer día de estar en Puerto Libertador escuché que la compañía donde yo estaba antes había "dado una baja". Me entró la duda por mi hermano y le pregunté a un soldado si sabía quién era el muerto. Él me contestó que no, pero que un carro lo estaba recogiendo para llevarlo al cementerio.

"De inmediato me fui para donde una tía que vive en Puerto Libertador y le conté todo. Le pedí que me acompañara al cementerio. Cuando íbamos caminando hacia allá, pasó el carro con el muerto pero tenía la carpa abajo y no pudimos verle la cara. Cuando llegamos al lugar, el muerto ya estaba en el piso envuelto en un plástico blanco. Yo me tiré sobre él, rompí la bolsa y me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo. El hueco ya estaba listo y dos soldados lo agarraron de los pies y de las manos y lo tiraron así, sin ataúd ni nada. Supuestamente, le encontraron una granada y un arma en las manos. Pero ya hay un testigo en el pueblo que dice que él le vendió esa pistola al Ejército y yo me acuerdo cómo, días antes al 30 de abril, dos soldados de mi pelotón la estaban limpiando con orina para borrarle las huellas.

"Después de ver todo esto llamé a mi familia en Maicao. Les conté todo y ellos vinieron por él hasta Córdoba para darle cristiana sepultura. Fue entonces cuando decidí demandar al Estado. Pero el mundo se me vino encima. Estoy en permanente estado de alerta porque pienso que me puede pasar algo. Me da miedo comer lo que me dan en el Ejército y aunque ya completé tres años en la institución y hoy estoy en el Batallón Juan del Corral, en Rionegro, Antioquia, la única función que puedo cumplir es recoger la basura de todos. No puedo ir a zonas de combate porque tengo medidas especiales de protección. Además, muchos me tienen la mala porque saben de la demanda y de mi historia. Yo espero que todo esto pase muy rápido. El caso lo tiene una fiscal de derechos humanos, quien está investigando a los siete militares implicados en mi caso. El día que se haga justicia veré qué otro rumbo le doy a mi futuro. Lo que pasó con mi hermano me cambió completamente la vida y creo que ya merezco un poco de tranquilidad".



http://semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=117023

LAS CONFESIONES DE HASBÚN

Las confesiones de Hasbún




Proceso de Paz
El empresario que se convirtió en jefe paramilitar de Urabá le contó a la Fiscalía reveladores secretos de ese capítulo macabro de la historia de la región bananera.

El día que Raúl Hasbún llegó a la oficina de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, se llevó una gran sorpresa. El empresario bananero le planteó a Moreno el interés que tenían varios de los propietarios de fincas de Urabá en montar una cooperativa de vigilancia, Convivir. Pero Moreno le dijo que no montara una, sino una docena. En pocos meses, Urabá tenía 12 de estas organizaciones donde se agrupaban 150 personas, 800 radios, carros y armas.

Si bien para ese entonces -mediados de los 90-, las Convivir tenían el visto bueno del gobierno nacional, el problema es que Hasbún no sólo era dueño de plantaciones de banano y de extensas ganaderías, sino que se había convertido desde hacía tiempo en el comandante 'Pedro Ponte', de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

En su versión libre (iniciada en julio) no ha titubeado al confesar que él mismo dio la orden de asesinar a todas las personas "que olieran a guerrilla". Sin parpadear, confesó la masacre cometida en San José de Apartadó en 1998. Dijo que ordenó la matanza porque este corregimiento era muy alejado, y la logística para desplazarse hasta allí, tan difícil, que no se justificaba hacer la incursión para matar a una o dos personas. Entonces, para optimizar el viaje, mataron el mayor número posible de supuestos colaboradores de las Farc.

¿Cómo pasó este hombre dueño de 4.000 hectáreas de las mejores tierras a convertirse en un criminal? Según su relato, en una ocasión intentó vender una finca, pero nadie quiso comprársela porque en Urabá había mucha guerrilla. Decepcionado porque su riqueza estaba perdiendo valor, y porque estaba siendo extorsionado, buscó un contaco para conocer a Fidel Castaño, que ya tenía un grupo de paramilitares en Urabá, y ofrecerle su apoyo. Poco después lo invitaron a una finca donde conoció a Carlos y a Vicente Castaño. Desde ese momento se convirtió en colaborador de las autodefensas. Poco después, en 1996, le hicieron entrega de un grupo de 40 hombres armados que quedaron bajo sus órdenes.

Sin perder su fachada de empresario de alto turmequé, se había convertido en un jefe paramilitar, sanguinario y ambicioso como pocos, guiado siempre por Vicente Castaño. Y para ello utilizaba la información que salía de las Convivir. Hasbún dice que las 12 Convivir que se conformaron en Urabá trabajaban en red, y la información le llegaba a él directamente, como jefe paramilitar, al tiempo que lo mismo pasaba con los militares y la Policía. Generalmente quienes hacían las operaciones eran los paramilitares porque tenían mejores recursos. "En una ocasión las Convivir dieron la ubicación exacta de unos guerrilleros. Cuando el Ejército fue a reaccionar, los dos camiones que tenían estaban sin gasolina y otro sin batería. Y cuando por fin iban a salir, resulta que no tenían radios. Finalmente no se hizo la operación", cuenta. La Convivir de Urabá les pagaba la gasolina al Ejército, a la Policía y al DAS, les prestaba los carros y hasta los radios de comunicación, según Hasbún. Y cuando los organismos de inteligencia no podían judicializar a alguien, esa información la recibían los paramilitares, que de inmediato lo asesinaban.

Eso era posible gracias a que el sistema que habían montado los paramilitares hizo millonarias a las Convivir. "Entraba un platal enorme. Millones y millones de pesos", dice. Y es que Hasbún cumplió al pie de la letra la orden que le dio Vicente Castaño: que garantizara que cada persona de Urabá le diera dinero bien fuera a las Convivir, o a las autodefensas. El propio Carlos Castaño hizo varias reuniones con empresarios bananeros y directivos de empresas exportadoras, en las que se acordó el pago de tres centavos de dólar por caja de banano exportada, dinero que era recaudado por la Convivir Papagayo, administrada por Arnulfo Peñuela, hoy detenido. El pago continuó hasta 2003, en casos como el de Chiquita Brands, empresa que reconoció haber financiado por esta vía a las autodefensas. Aunque Hasbún lo niega, otros jefes paramilitares aseguran que un centavo de los tres que se recaudaban iba para las autodefensas.

Hasbún insiste en que sólo unos pocos bananeros conocían su doble condición de paramilitar y empresario, pero personas que vivieron en la zona durante esos años dicen lo contrario. Todo el mundo sabía que Raúl Hasbún, dueño de por lo menos cinco fincas y representante legal de varias Convivir, era el mismo comandante 'Pedro Ponte' de las autodefensas que ordenaba los asesinatos y las masacres que hicieron de Urabá la región más violenta del país.

Lo que sí reconoce el ex paramilitar es que el dinero que pagaban los ganaderos -10.000 pesos por hectárea al año- iba directamente a las arcas de las autodefensas y servía para financiar el para-ejército rural. Los comerciantes y otras empresas de la zona les pagaban a los paramilitares que operaban en las zonas urbanas. Caso especial resultó la mención de Postobón en su versión libre. Hasbún ratificó lo dicho antes por Salvatore Mancuso, en el sentido de que esta empresa de gaseosas les pagó una cuota extorsiva a los paramilitares. Según explica, en principio la empresa se negó a pagarles, entonces las AUC secuestraron sus carros y conductores, hasta que Postobón envió a su jefe de seguridad a hablar directamente con Carlos Castaño. Se logró un acuerdo de pagar 10 millones de pesos mensuales por cada departamento del país. Postobón no quiso pronunciarse sobre este tema.

Aunque en una primera versión Hasbún dijo que Coca-Cola también había pagado una cuota, después rectificó y dijo que estaba confundido. Sin embargo, reconoció haber asesinado a tres sindicalistas de esta empresa, muertes que han tenido a Coca-cola en la lista de empresas cuestionadas por las ONG internacionales.

Tanto era el dinero que recogían las Convivir, que hicieron por lo menos dos carreteras con su propia maquinaria y de acuerdo con los objetivos militares de los paramilitares. El plan de expansión hacia el Urabá chocoano que había ideado Vicente Castaño se encontró con un gran obstáculo: no había carretera para entrar los aprovisionamientos de comida y munición. Entonces decidieron construirla. La Convivir lideró un convite y les pidió apoyo a los finqueros de Belén de Bajirá y en Riosucio, a la Alcaldía y hasta el Ejército. La Convivir ponía la retroexcavadora, la aplanadora y todo el material necesario. "La carretera, que era una necesidad para las autodefensas, se le vendió a la comunidad como una obra de beneficio social", dice el ex paramilitar.

Vicente Castaño ordenó que se controlara también todo el narcotráfico que salía por el puerto de Turbo. Por cada kilo de cocaína que salía del puerto, las autodefensas cobraban 50 dólares. La mitad del dinero se le enviaba a Castaño. El enlace entre los paramilitares y el narcotráfico era un hombre conocido como Mateo Rey, quien hace pocos meses fue asesinado en San Pedro de los Milagros, en Antioquia.

Tanto sería el control que tenían los paramilitares en Urabá, que en varias ocasiones cerraron cinco kilómetros de la carretera Panamericana, en una zona donde ésta es plana y ancha, para que aterrizaran avionetas que venían cargadas de armas y munición y se iban cargadas de cocaína.

La versión libre de Raúl Hasbún, así como las de Hebert Veloza, alias 'H.H,' y la de Freddy Rendón, alias el 'Alemán', demuestran que en Urabá hubo un proyecto paramilitar con tentáculos en todos los campos y sectores. Eso pone en cuestión la idea de que la región fue 'pacificada' por las autoridades civiles y militares, que tanto elogio han hecho de un proyecto de seguridad que dista bastante de ser un modelo a imitar.

Semana.com ©2008.

miércoles, 22 de octubre de 2008

VIDEO DE CNN, MILITARES DISPARANDO EN LA PROTESTA INDIGENA

REPRIME EL EJÉRCITO Y LA POLICÍA A INDIGENAS QUE PROTESTAN

Reprimen el ejército y la policía de Colombia a indígenas que protestaban; dos muertos

Miércoles, 22 de Octubre de 2008 09:07 La Jornada Colombia


Dos indígenas colombianos fueron asesinados con disparos de armas de fuego cuando la policía y el ejército reprimieron a un grupo de manifestantes en Villarrica, en momentos en que aprestaban a incorporarse una protesta de unos 12 mil de sus compañeros que marchaban por la carretera Panamericana rumbo a Cali, en reclamo de la restitución de sus tierras y que el presidente Álvaro Uribe “nos dé la cara” para discutir las demandas de las etnias.

Miles de indígenas iniciaron hoy una marcha pacífica desde Piendamó, en Cauca, para dirigirse a Cali, tercera ciudad del país, y exigir además el cese de los asesinatos en sus comunidades y el rechazo del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, horas antes de que se conociera el asesinato de Jesús Antonio Nene y Elver Brito, de la etnia paez, en una acción en que los organizadores de la marcha responsabilizaron a la fuerza pública.

La policía confirmó de inmediato una de las muertes por conducto del comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, coronel Jorge Cartagena, quien dijo que habían acudido a desalojar a más de 500 indígenas que se encontraban a la altura de Villarrica, en el departamento de Tolima, que bloqueaban la vía que comunica con Ecuador y su personal procedió a retirarlos y normalizar el tránsito. Sin embargo, no mencionó la acción armada.

Unos 12 mil indígenas partieron con su vestimenta tradicional, con bastones de madera, instrumentos musicales autóctonos y algunos portando ataúdes de cartón como símbolo de los 24 dirigentes que han sido asesinados este año en Cauca, en una marcha que podría culminar el fin de semana tras un recorrido de por lo menos 100 kilómetros.

“Pretendemos que el señor presidente nos dé la cara” y “estamos en las mejores condiciones físicas para avanzar hasta la Casa de Nariño”, la sede presidencial en Bogotá, dijo a la prensa el dirigente Daniel Piñacué.

Por su parte, la también dirigente regional indígena Aída Quilcué indicó que la insistencia de reunirse con el presidente Uribe es para que aclare los señalamiento que ha hecho públicamente contra ellos, con los que busca “estigmatizar” el movimiento y con lo que en realidad pone “en riesgo de genocidio a los indios”.

La marcha ocurre una semana después de que choques entre nativos y la policía en Cauca, Valle de Cauca y Risaralda dejaron al menos tres indígenas muertos y cerca de un centenar de heridos, incluido un policía que perdió las manos por la explosión de un artefacto.

En ese contexto, Uribe exigió a los indígenas “disculparse” con la fuerza pública e insistió en que la protesta es alentada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc).

--------------------------------------------------------------------------------
Comunicado

En el departamento del Cauca, Municipio de Villa Rica, sobre la Vía Panamericana, cerca de las 1:13 de la tarde, se inicia una brutal represión en contra de campesinos, afro descendientes e Indígenas por parte de integrantes de la policía del Comando de Policía Cauca del Escuadrón Móvil Anti Disturbios Esmad, La Policía de carretas e integrantes de la Policía Militar, quienes indiscriminadamente utilizaron armas convencionales y no convencionales, tales como: Gases lacrimógenos con metralla (grapas, puntillas y latas), Granadas de esparcimiento, papas explosivas, Granadas con metralla (balines, grapas, puntillas y latas), ráfagas y disparos tiro a tiro de proyectil de arma de dotación y hechizas (recalzadas) de fuego sobre la concentración de Campesinos, afro descendientes e indígenas del Norte del Cauca.

La acción Terrorista de las fuerzas Regulares del Estado Colombiano dejos un saldo trágico de dos campesinos e indígenas asesinados y cinco heridos con armas de fuego y artefactos explosivos:

Los Campesinos asesinados fueron:
JESUS ANTONIO NENE, de la Vereda San Luis Arriba, del Municipio de Corinto, y fue herido de bala en la cabeza.

ELVER IDITO, vereda la fonda, resguardo de Tacueyo municipio de Toribio

Los heridos reportados y trasladados hasta el Hospital municipal de Caloto y el hospital Departamental del Valle del Cauca son:
JAIR YACA PAYA, herido de bala recalzada brazo izquierdo
JHON FREDY LIS ILCUE, Vereda San Luis arriba, Municipio de Corinto, herido de bala recalzada en la espalda y herida brazo izquierdo.

REINEL CAMPO PEQUI, herido granada metralla brazo izquierdo
RAMIRO YONDA, herido cuello parte derecha, arma recalzada.

JAMES TROCHEZ, herido frente bala recalzada.

Los sitios de concentración de campesinos, afro descendientes e indígenas continúan siendo acordonados por fuerzas especiales combinadas del ejército y la policía de Colombia, y por los precedentes de anteriores movilizaciones y las recientes actuaciones de las Fuerzas Militares y de Policía, se prevé que continúe la represión desmedida en contra de colombianos indefensos.



Red de derechos humanos del suroccidente colombiano "Francisco Isaías Cifuentes"
21 de octubre de 2008

martes, 21 de octubre de 2008

TOKE MAÑANA MIERCOLES EN LA U DE A

AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUICIO CONTRA LOS DIRIGENTES DE ACVC

Audiencia preliminar en el juicio contra los dirigentes de la ACVC

Miguel González Huepa respondió en juicio oral por sindicaciones de rebelión
Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra / Martes 21 de octubre de 2008

Solidaridad con la ACVC

Contando con el acompañamiento del campesinado de la ACVC, del Observatorio Internacional de paz - IPO, de Brigadas Internacionales de Paz -PBI, de Credhos y de representantes de la mayoría de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del Magdalena Medio se realizó el juicio oral en el que fueron escuchados los elementos probatorios a favor y en contra de Miguel Ángel González Huepa, líder campesino de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, sindicado del delito político de rebelión.

Durante la audiencia celebrada el 16 de Octubre, Miguel estaba acompañado jurídicamente por los abogados de Humanidad Vigente Corporación Jurídica y el Colectivo de Abogados Luis Carlos Perez.

Miguel González es un campesino desplazado por la violencia estatal desde La Macarena, Meta. Al llegar al Magdalena Medio se dedicó a la agricultura y a defender los derechos de los campesinos. Fue concejal del municipio de Yondó entre 1994 y 1997, en representación de la Unión Patriótica. Posteriormente fue fundador de la ACVC donde se ha desempeñado en diferentes cargos y responsabilidades. Ha representado a esta organización en eventos, foros e interlocuciones internacionales.

Fue detenido por el ejército el pasado mes de enero, pocos días después militares del Batallón Calibío asesinaban a su hijo Miguel González Gutierrez, miembro de la organización defensora de derechos humanos del nordeste antioqueño CAHUCOPANA.

Resta esperar la segunda audiencia que se celebrará en menos de 15 días, veremos que puede más, la presión del ejército que asesina campesinos y contrata informantes, la ilegitima fiscalía controlada por la mafia o la honesta trayectoria de un hombre sencillo que ha dedicado su vida a la lucha por la tierra.

SIGUE LA INTIMIDACION PARAMILITAR EN SAN JOSE DE APARTADO

SIGUE LA INTIMIDACION PARAMILITAR

Enviado por cdpsanjose el Mar, 2008-10-21 01:59.
:: Constancias


La persecución paramilitar, su presencia y sus amenazas en contra de nuestra comunidad siguen día a día sin que el estado haga nada, por el contrario se evidencia su accionar conjunto, reafirmando la verdad de las victimas frente a la mentira de los victimarios, ya que para el estado solo existen bandas emergentes, sabiendo que la realidad es distinta, el paramilitarismo nunca se ha desmontado y se ha incrementado su accionar de muerte en los últimos días.
Queremos dejar constancia de los siguientes hechos:

- El día 17 de octubre hacia las 5 p.m. en la Balsa ubicada a unos cinco kilómetros de Apartado en la vía hacia San Josesito, dos paramilitares de civil con arma corta pararon el vehículo de servicio público y se presentaron como autodefensas, amenazaron de realizar acciones de muerte y se fueron, esto ocurrió a menos de 100 metros de un reten del ejército. Mostrando y evidenciando el descaro y el accionar conjunto de paramilitarismo y fuerza pública.

- El día 16 de octubre hacia las 10 a.m. en la vereda el Porvenir (a 40 minutos del caserío de la Unión) paramilitares llegaron a la casa de dos familias, allí les preguntaron si eran de la Comunidad de Paz ellos respondieron que no, los paramilitares les dijeron que menos mal ya que la comunidad de paz era una h.p. guerrillera y que era el principal objetivo para exterminar, que esa comunidad lo que se la pasaba era denunciando todo y eso no lo podían permitir pues así no podían hacer su trabajo de tomarse la zona.

Sabemos que nos quieren exterminar, callar nuestra voz, pero sabemos que las voces de solidaridad de muchos lados no permitirán que la voz de las victimas sea callada. No cederemos a las amenazas y sabemos que estas constancias permitirán a la humanidad juzgar algún día a todos estos asesinos que siembran terror. De nuevo reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo NASA en el Cauca quienes son victimas del terror del estado, de sus mentiras y de la distorsión de la realidad, su resistencia civil y pacifica nos unifica en ese caminar por un mundo mas humano y alternativo.




COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Octubre 18 de 2008

LA FUERZA PÚBLICA NOS ASESINAN Y EXIGE DISCULPAS

La fuerza pública nos asesinan y exigen disculpas










+ en: http://colombia.indymedia.org/

domingo, 19 de octubre de 2008

INDIGENAS EN ASAMBLEA PERMANENTE / MOVILIZACIÓN EN MEDELLÍN

INDIGENAS EN ASAMBLEA PERMANENTE MIENTRAS FUERZA PUBLICA SE MANTIENE EN LA MARIA


• La OIA convoca a una movilización el próximo lunes 20 de octubre a
partir de las 10 de la mañana en Medellín.

• Indígenas de Quibdó nuevamente se reunirán con autoridades departamentales.

• El pueblo Awá de Nariño en Asamblea Permanente.


Las autoridades indígenas siguen analizando a esta hora en La María, municipio de Piendamó, la oferta del Gobierno Nacional que, básicamente, consiste en la compra de tierras en el Cauca. La Asamblea, en la que también participan las autoridades de la ONIC y de otras regionales, se produce dentro de las 48 horas de ‘tregua’ acordadas el viernes en la tarde y que contemplaba la retirada de la fuerza pública del resguardo y el cese de los cortes de la Vía Panamericana por parte de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular.

Líderes indígenas reportan desde La María que sigue habiendo presencia de la fuerza pública dentro del resguardo a pesar de los acuerdos con el Procurador General. Esta mañana, el mismo presidente de la República dio la orden de que la fuerza pública no se retire “ni un milímetro de La María”. Algunas informaciones indican que campesinos y afrocolombianos están realizando tomas intermitentes de la Vía Panamericana a la altura de Villarica.

***NUEVAS MOVILIZACION!!!

Como un acto de rechazo a los atropellos del gobierno nacional frente al derecho de la protesta, la libre expresión de los pueblos y sobre todo por el respeto de los derechos sociales y políticos de los pueblos indígenas, el próximo lunes 20 de octubre, la Organización Indígena de Antioquia – OIA -, El Cabildo Indígena de Chibcariwak y la Corporación Nasa Misak realizarán una marcha que se desplazará por la principales vías de la ciudad de Medellín.

La movilización pacífica convocada a partir de las 10 de la mañana, partirá desde la sede de la OIA ubicada en la Cra 49 No 63-57, pasará por la avenida oriental, hasta llegar a la Alpujarra en el centro de la ciudad, lugar donde se concentrará en una jornada de resistencia hasta las 4 de la tarde.

(LOS ESTUDIANTES DE LA UDEA SE REUNIRAN A LAS 9 DE LA MAÑANA EN LA PLAZOLETA BARRIENTOS PARA DIRIGIRSE A LA SEDE DE LA OIA.)

Se espera que a este acto de solidaridad y acompañamiento con los pueblos indígenas que se encuentran desde el pasado fin de semana en la Minga de Resistencia a nivel nacional, asistan todos los sectores estudiantiles, sindicales, culturales y académicos, entre otros. Es de destacar en este evento, el acompañamiento de la Red Juvenil que públicamente ha manifestado su inconformismo con los hechos de represión reciente a los que se han visto sometido los pueblos indígenas de Colombia.

Así mismo, el lunes 20 en horas de la mañana, en la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, los indígenas que ya completan 5 días de una toma pacífica de la Defensoría del Pueblo, tienen prevista una nueva reunión con representantes de las instituciones departamentales, con el fin de revisar compromisos adquiridos previamente.

Igualmente, es importante mencionar, que los pueblos indígenas en conjunto se encuentran en Asambleas permanentes en cada una de sus regiones.
Tal es el caso de los indígenas Pueblo Awá asociadas en la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA de Nariño, quienes el pasado viernes 17 de octubre en un comunicado expedido desde la ciudad de Pasto, han rechazado
y condenado las acciones de violencia por parte del Estado Colombiano para reprimir, señalar y criminalizar la resistencia pacifica del movimiento indígena.

Ellos son enfáticos en decir que “el que debe disculparse por las balas que han salido de las armas de la patria para cegar la vida de cada uno de nuestras hermanas y hermanos colombianos que se han incrementado en los últimos años, por los señalamientos, por los falsos positivos que han mostrado como exitosa su política de seguridad democrática ante los ojos
de la comunidad internacional”

Ellos, al igual que los miles de indígenas del Cauca, Valle, Risaralda, Quindío, Huila, Guajira, Tolima, Metá, Santanderes, Boyacá, Cordoba,
Sucre, Atlántico, Chocó, Cesar, Quindio, Caldas, Nariño; regiones de la Amazonía y Orinoquía, seguirán resistiendo hasta tanto el gobierno
nacional, cumpla verdaderamente con las peticiones por ellos planteadas desde el comienzo de la Minga Nacional de Resistencia.

Su voz a pesar de los múltiples intentos fallidos por acallarlos seguirá resonando por valles, campos, montañas y ciudades, hasta cuando los
derechos de los pueblos indígenas, así como su autodeterminación, sean reconocidos por el gobierno nacional.

Siga los acontecimientos en la radio virtual Dachi Bedea
http://www.onic.org.co/dachibedea_radio.shtml

¡!!QUE LA CONMOCIÓN NO APAGUE LA VOZ DE LOS PUEBLOS Y EL CLAMOR DE LA
MADRE TIERRA!!!

!!FRENTE AL FUSIL LA PALABRA!! !! QUE NUESTRO GRITO SE CONVIERTA EN UNA SOLA VOOOOOOOZ!!!

onic] Sábado 18 de Octubre de 2008 / municaONIC 18 de octubre de 2008
www.onic.org.co / Hra: 7:00 p.m.

Comunicado 36
Contactos: 311 5042055 / 315 8572995 / 310 7871382

sábado, 18 de octubre de 2008

L@S PREPAGOS DE MEDELLÍN

LXS PREPAGOS DE MEDELLÍN

Buscando en Google sobre las famosas prepago de Medellín nos encontramos un
llamativo titular de EPM que decía:

'Más de 13 mil familias están disfrutando de los beneficios
de la energía prepago de EPM'

¿DISFRUTANDO DE LA PREPAGO?, ESTAS PALABRAS NOS LLAMARON
LA ATENCIÓN Y SEGUIMOS BUSCANDO Y NOS ENCONTRAMOS
UNA ORGANIZACIÓN LLAMADA LA RED DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS -ROC- QUE
DECÍA:

Esta propuesta de mercado va en contravía de la reivindicación de los
servicios
de agua y energía como derechos fundamentales y no resuelve el problema,
ya que el que no tenga con que 'comprar', esta negado a tener energía
y en un futuro no muy lejano, EPM, saldrá con una propuesta de agua prepago,
y con su discursito de ahorre y 'consuma lo que puede pagar'.
Así que el que no tenga dinero la empresa lo condenará a morir de hambre y
de sed.

Pero bueno volvimos a mirar la página de EPM y
encontramos que su gerente, Federico García Restrepo decía:

'Esta es una idea hecha con el corazón, que suma y multiplica en ese
anhelo de contar con una sociedad más justa. Un número muy importante
de familias ha vuelto a encender la luz en sus hogares gracias a este
esfuerzo de EPM'. Que lindas palabras cierto y además decía:
'Es una solución definitiva y estructural a la desconexión y una
excelente opción para lograr la equidad en el servicio de energía'.


Confundidos, seguimos revisando la web y nos acordamos
de un blog dedicados a los desconectados de EPM en Medellín,
pero pailas, el blog decía:

'Lo sentimos, el blog de dexconectados.blogspot.com se ha eliminado.
Esta dirección no está disponible para blogs nuevos'

¿Qué? ¿Cómo así? Pero si lo habíamos visto hace un par de días, qué pasó?
Al parecer el blog fue eliminado, lo tumbaron los enemigos de la otra
versión,
los enemigos de las propuestas que buscan que en este país la gente se
enteré de la realidad que es ocultada. No es raro, dijimos, pues nos
acordamos que hace poco a los indígenas en resistencia,
los del Cauca y otras partes del país, a los mismos que hoy
la fuerza bruta y pública de Colombia está matando en el Cauca,
a ellos les tumbaron su página de Internet. Buscamos y buscamos hasta que
encontramos www.dexconecta2.blogspot.com

Bueno ahí empezamos a descubrir que la palabra disfrutar es muy ambigua,
la misma que utiliza EPM, pues pillando videos y fotos nos dimos
cuenta que los desconectados de EPM de la ciudad no viven igual que
el gerente de EPM. Viven en barrios como Bello Oriente, las Independencias,
Pablo Escobar, Manrique, El Popular, y en muchos otros donde
muchas familias están llevadas de bulto. Por ejemplo nos encontramos
un promo de video que dice:

Que cada cual prenda su vela
Porque esta vez se fue la luz
Que cada cual prenda su vela
Ya no podemos con esta cruz
Y por tan sólo cuatro bombillos que no es ninguna exageración
las cuentas vienen como si hubieran treinta bombillas en un fogón

Volvimos a Google, esta vez el link nos llevó a la página
de la Alcaldía donde se dice:
'las familias que hoy están disfrutando este nuevo sistema manifiestan con
satisfacción que la Energía Prepago 'nos cambió la vida'.
Y bueno, finalmente fuimos a las páginas de información alternativa
y me encontré un video que quisiéramos que ustedes lo vean y
nos cuenten el cambio del vida del que habla EPM.

El caso de Susana y Vanesa (Q.E.P.D), dos niñas dexconectadas que murieron
en medio del fuego y humo provocado por un incendio en una familia
dexconectada que alumbraba su casa mediante velas.
Aca va el link http://www.youtube.com/watch?v=GToyW-Gvid0

Concluimos que el sistema capitalista y el actual modelo de desarrollo
que hoy tenemos en nuestro país, este par de máquinas para fabricar pobres,
saben que los pobre SOMOS MAS y que por tanto no se pueden
dejar por fuera del mercado ni puedan dejar de ser consumidores..
En nuestro país, que está lleno de desempleo y subempleo, pobreza,
negación de derechos y ricos más ricos contra pobres más pobres,
pagar la cuenta de servicios es un sufrimiento, por lo menos para un
gran porcentaje de los colombianos.

jueves, 16 de octubre de 2008

“URIBE SE SIENTA CON LOS PODEROSOS, PERO NO CON NOSOTROS”

“URIBE SE SIENTA CON LOS PODEROSOS, PERO NO CON NOSOTROS”

• Asambleas permanentes y marchas en diferentes regiones del país en el 7 día de la Minga Nacional de Resistencia Indígena
• Se presentaron pruebas de infiltración de soldados entre los indígenas en el Cauca
• Convocadas diferentes acciones de solidaridad para mañana viernes 17 de octubre

La séptima jornada de la Minga Nacional de Resistencia Indígena se ha
caracterizado por la llamada al respeto y al diálogo por parte de los
movimientos indígenas en todo el país, y la negativa del presidente Álvaro
Uribe Vélez a sentarse con los representantes de la Minga para tratar sus
reivindicaciones.

En Cali, donde cumplía una agenda que incluyó la inauguración de una
planta cervecera y el acto de aniversario de una universidad, Uribe
declaró que no se desplazaría para reunirse con los indígenas y prefirió
insinuar que los pueblos indígenas de Colombia ya tienen suficiente
territorio y recursos.

Mientras, en 15 departamentos del país, los diferentes movimientos
indígenas se mantuvieron en asamblea permanente debatiendo los siguientes
pasos a dar en esta Minga Nacional de Resistencia Indígena y llamando al
Gobierno a no utilizar la violencia contra esta movilización, que ya ha
dejado un muerto y casi 100 heridos, y a retractarse de la sindicación de
los indígenas como “terroristas”.

En La María, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), presentó
pruebas hoy del accionar del Estado cuando entregó a un infiltrado del
ejército que la guardia indígena pudo detectar el día anterior.
El
infiltrado es soldado y tenía como misión dejar en el territorio indígena
pertrechos militares y explosivos para generar un falso positivo que
confirmara las acusaciones del gobierno contra la Minga.

A esta hora la comunidad se encuentra reunida evaluando los próximos pasos
a dar, ya que considera que el “discurso” de Uribe cierra las puertas al
diálogo.


Desde el Valle del Cauca, Noraldo Chiripua, Consejero de Derechos Humanos
de la Autoridad del Gobierno Indígena-ONIC, aseguraba hoy que durante la
represión del miércoles 15 de octubre, los indígenas pudieron recoger
hasta 300 cartuchos de fusil de la fuerza pública.

Confirmó Chiripua que
en la tarde del día 15 de octubre la Minga entregó al gobernador del Cuca
al agente de la Policía que fue retenido por la comunidad “como expresión
de rabia por ver la sangre de nuestros hermanos derramada”.

“Uribe se
sienta en Cali con los poderosos, pero no tiene tiempo para sentarse con
nosotros”, insistió Noraldo Chiripua.

En Quibdó, se mantiene con carácter indefinido la toma pacífica de la sede
regional de la Defensoría del Pueblo donde algo más de 300 indígenas se
mantienen en asamblea, trabajando en comisiones “hasta que Uribe atienda a
nuestras reclamaciones”.

Hoy también se dieron movilizaciones en Tolima, donde unos 2000 Pijaos y
Nasas marcharon entre El Guamo y El Espino, y en Quindío, donde medio
millar de personas recorrieron el centro de Armenia en solidaridad con la
Minga Nacional de Resistencia Indígena.

En Bogotá, a medio día, unos mil sindicalistas de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) se reunieron frente al Ministerio de Protección Social
y mostraron su solidaridad con el movimiento indígena, los corteros de
caña y Asonal Judicial.

En la tarde, frente al Ministerio de Agricultura, en el centro de Bogotá,
25 autoridades de diferentes pueblos indígenas reclamaron al titular de
esa cartera, Andrés Felipe Arias, que se retracte de sus declaraciones en
las que señaló al movimiento indígena como permeado por “terroristas” y en
las que aseguró que el Gobierno no cederá a presiones ni a cortes de vías.

Durante más de una hora, las autoridades indígenas denunciaron
públicamente que estos señalamientos están siendo usados como excusa para
“masacrar a los participantes en la Minga Nacional de Resistencia
Indígena”.

Estas acciones fueron el preámbulo de la manifestación que se dará mañana
viernes 17 de octubre a las 11 a.m.
entre la Plaza de Toros y la Plaza de
Bolívar y los actos solidarios que se producirán en la Plazoleta del
Rosario (12:30 p.m.) y en la Plazoleta de las Nieves (6:30 p.m.).

En Lima (Perú) la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
ha convocado para mañana viernes una protesta frente a la embajada
colombiana, a las 11 de la mañana, en esa capital bajo el lema “Detengamos
el Genocidio Indígena en Colombia”.


ComunicaONIC
16 de Octubre del 2008.

www. onic. org. co

Hora: 7:00 p.
m

Comunicado 26

LA CARA ANTIDEMOCRÁTICA DEL CAPITALISMO, AL DESCUBIERTO.

La cara antidemocrática del capitalismo, al descubierto

Noam Chomsky
Irish Times

13-10-2008

El desarrollo de una campaña presidencial norteamericana simultánea al desenlace de la crisis de los mercados financieros ofrece una de esas ocasiones en que los sistemas político y económico revelan vigorosamente su naturaleza.

Puede que la pasión por la campaña no sea una cosa universalmente compartida, pero casi todo el mundo puede percatarse de la ansiedad desatada por la ejecución hipotecaria de un millón de hogares, así como de la preocupación por los riesgos que corren los puestos de trabajo, los ahorros y la asistencia sanitaria.

Las propuestas iniciales de Bush para lidiar con la crisis apestaban a tal punto a totalitarismo, que no tardaron en ser modificadas. Bajo intensa presión de los lobbies, fueron reformuladas "para claro beneficio de las mayores instituciones del sistema… una forma de deshacerse de los activos sin necesidad de fracasar o casi", según describió el asunto James Rickards, quien negoció en su día, por parte del fondo de cobertura de derivados financieros Long Term Capital Managemen, su rescate federat en 1998, recordándonos ahora, de paso, que estamos pisando vía ya trillada. Los orígenes inmediatos del presente desplome están en el colapso de la burbuja inmobiliaria supervisada por el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, quien sostuvo la cuitada economía de los años de Bush amalgamando el gasto en consumo fundado en deuda con la toma de préstamos del exterior. Pero las raíces son más profundas. En parte, se hallan en el triunfo de la liberalización financiera de los últimos 30 años, es decir, en las políticas consistentes en liberar a los mercados lo más posible de regulación estatal.

Las medidas tomadas a este respecto, como era predecible, incrementaron la frecuencia y la profundidad de los reveses económicos graves, y ahora estamos ante la amenaza de que se desencadene la peor crisis desde la Gran Depresión.

También resultaba predecible que los reducidos sectores que se hicieron con los enormes beneficios dimanantes de la liberalización llamarían a una intervención masiva del estado, a fin de rescatar a las instituciones financieras colapsadas.

Tal intervencionismo es un rasgo característico del capitalismo de estado, aunque la escala actual es inaudita. Un estudio de los investigadores en economía internacional Winfried Ruigrok y Rob van Tulder encontró hace 15 años que, al menos 20 compañías entre las 100 primeras en el ranquin de la revista Fortune, no habrían sobrevivido si no hubieran sido salvadas por sus respectivos gobiernos, y que muchas, entre las 80 restantes, obtuvieron substanciales ganancias por la vía de pedir a los gobiernos que "socializaran sus pérdidas", como hoy en el rescate financiado por el sufrido contribuyente. Tal intervención pública "ha sido la regla, más que la excepción, en los dos últimos siglos", concluían.

En una sociedad democrática que funcionara, una campaña política tendría que abordar estos asuntos fundamentales, mirar a la raíz de las causas y de los remedios, y proponer los medios a través de los cuales el pueblo que sufre las consecuencias pudiera llegar a ejercer un control efectivo.

El mercado financiero "deprecia el riesgo" y es "sistemáticamente ineficiente", como escribieron hace ya una década los economistas John Eatwell y Lance Taylor, alertando de los peligros gravísimos que entrañaba la liberalización financiera y mostrando los costes en que, por su causa, se había ya incurrido. Además, propusieron soluciones que, huelga decirlo, fueron ignoradas. Un factor de peso es la incapacidad para calcular los costes que recaen sobre quienes no participan en las transacciones. Esas "externalidades" pueden ser enormes. La ignorancia del riesgo sistémico lleva a una aceptación de riesgos mayor de la que se daría en una economía eficiente, y eso incluso adoptando los criterios más estrictos.

La tarea de las instituciones financieras es arriesgarse y, si están bien gestionadas, asegurar que las pérdidas potenciales en que ellas mismas puedan incurrir quedarán cubiertas. El énfasis hay que ponerlo en "ellas mismas". Bajo las normas del capitalismo de estado, no es asunto suyo tomar en cuenta los costes que para otros puedan tener –las "externalidades" de una supervivencia decente— unas prácticas que lleven, como suelen, a crisis financieras.

La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. Hace bastante tiempo que se comprendió que era un arma poderosa contra la democracia. El movimiento libre de los capitales crea lo que algunos han llamado un "parlamento virtual" de inversores y prestamistas que controlan de cerca los programas gubernamentales y "votan" contra ellos, si los consideran "irracionales", es decir, si son en beneficio del pueblo, y no del poder privado concentrado.

Los inversores y los prestamistas pueden "votar" con la fuga de capitales, con ataques a las divisas y con otros instrumentos que les sirve en bandeja la liberalización financiera. Esa es una de las razones por las que el sistema de Bretton Woods, establecido por los EEUU y la Gran Bretaña tras la II Guerra Mundial, instituyó controles de capitales y reguló el mercado de divisas.
(1)
La Gran Depresión y la Guerra pusieron en marcha poderosas corrientes democráticas radicales que iban desde la resistencia antifascista hasta las organizaciones de la clase obrera. Esas presiones hicieron necesario que se toleraran políticas sociales democráticas. El sistema de Bretton Woods fue, en parte, concebido para crear un espacio en el que la acción gubernamental pudiera responder a la voluntad pública ciudadana, es decir, para permitir cierto grado de democracia.

John Maynard Keynes, el negociador británico, consideró como el logro más importante de Bretton Woods el de haber establecido el derecho de los gobiernos a restringir los movimientos de capitales.

Por espectacular contraste, en la fase neoliberal que siguió al desplome del sistema de Bretton Woods en los años 70, el Tesoro estadounidense contempla ahora la libre movilidad de los capitales como un "derecho fundamental", a diferencia, ni que decir tiene, de los pretendidos "derechos" garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la salud, a la educación, al empleo decente, a la seguridad, y otros derechos que las administraciones de Reagan y Bush han displicentemente considerado como "cartas a Santa Claus", "ridículos" o meros "mitos".

En los primeros años, la gente no se hizo mayores problemas con el asunto. Las razones de ello las ha estudiado Barry Eichengreen en su historia, impecablemente académica, del sistema monetario. Allí se explica que, en el siglo XIX, los gobiernos "todavía no estaban politizados por el sufragio universal masculino, el sindicalismo y los partidos obreros parlamentarios". Por consiguiente, los graves costes impuestos por el parlamento virtual podían ser transferidos a la población general.

Pero con la radicalización de la población y de la opinión pública acontecida durante la Gran Depresión y la guerra antifascista, se privó de ese lujo al poder y a la riqueza privados. De aquí que en el sistema de Bretton Woods "los límites a la democracia como fuente de resistencia a las presiones del mercado fueran substituidos por límites a la movilidad del capital".

El obvio corolario es que, tras la desmantelación del sistema de posguerra, la democracia se ha visto restringida. Se ha hecho, por consiguiente, necesario controlar y marginar de algún modo a la población y a la opinión pública, procesos particularmente evidentes en las sociedades más aproadas al mundo de los negocios, como los EEUU. La gestión de las extravagancias electorales por parte de la industria de relaciones públicas constituye una buena ilustración.

"La política es la sombra que la gran empresa proyecta sobre la sociedad", concluyó en su día el más grande filósofo social norteamericano del siglo XX, John Dewey, y así seguirá siendo, mientras el poder resida "en los negocios para beneficio privado a través de un control sobre la banca, sobre el suelo y sobre la industria, un poder que se ve ahora reforzado por el control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre otros medios de publicidad y propaganda".

Los EEUU tienen, en efecto, un sistema de un sólo partido, el partido de los negocios, con dos facciones, republicanos y demócratas. Hay diferencias entre ellos. En su estudio sobre La democracia desigual: la economía política de la nueva Era de la Codicia, Larry Bartels muestra que durante las pasadas seis décadas "los ingresos reales de las familias de clase media crecieron dos veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos, mientras que los ingresos reales de las familias pobres de clase trabajadora crecieron seis veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos".

Esas diferencias se pueden ver también en estas elecciones. Los votantes deberían tenerlas en cuenta, pero sin hacerse ilusiones sobre los partidos políticos, y reconociendo el patrón regular que, durante los últimos siglos, ha venido revelando que la legislación progresista y el bienestar social siempre han sido conquistas de las luchas populares, nunca regalos de los de arriba.

Esas luchas siguen ciclos de éxitos y retrocesos. Han de librarse cada día, no sólo cada cuatro años, y siempre con la mira puesta en la creación de una sociedad genuinamente democrática, capaz de respuesta dondequiera, en las urnas no menos que en el puesto de trabajo.

NOTA: (1) El sistema de Bretton Woods de gestión financiera global fue creado por 730 delegados procedentes de 44 naciones aliadas en la II Guerra Mundial que acudieron a una Conferencia Monetaria y Financiera organizada por la ONU en el hotel Mont Washington en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944.
Bretton Woods, que colapsó en 1971, era el sistema de normas, instituciones y procedimientos que regulaban el sistema monetario internacional y bajo cuyos auspicios se creó el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD, por sus siglas en inglés) –ahora una de las cinco instituciones que componen el Grupo del Banco Mundial— y el Fondo Monetario Internacional, que echaron a andar en 1945. El rasgo principal de Bretton Woods era la obligación de todos los países de adoptar una política monetaria que mantuviera dentro de unos valores fijos la tasa de cambio de su moneda. El sistema colapsó, cuando los EEUU suspendieron la convertibilidad al oro del dólar. Eso creó la insólita situación por la que el dólar llegó a convertirse en la "moneda de reserva" para los otros países que estaban en Bretton Woods.

Noam Chomsky , el intelectual vivo más citado y figura emblemática de la resistencia antiimperialista mundial, es profesor emérito de lingüística en el Instituto de Tecnología de Massachussets en Cambridge y autor del libro Imperial Ambitions: Conversations on the Post-9/11 World.


Traducción para www.sinpermiso.info : Casiopea Altisench

MINGA DE PENSAMIENTOS EN LA UDEA

MEMORIA HISTÓRICA DE LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN

MEMORIA HISTÓRICA DE LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN


Elkin Ramirez Jaramillo

Corporación Jurídica Libertad

Durante las dos últimas décadas, Medellín ha padecido el rigor de una violencia desgarradora que ha cobrado la vida de miles de personas. Se ha dicho que factores como la presencia del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares son elementos constitutivos de este panorama. No puede desconocerse que estos actores contribuyen históricamente a mantener una serie de condiciones propicias para ese estado de cosas, pero tampoco podemos dejar por fuera del análisis, por ligero que pueda ser, el problema de la desigualdad y la exclusión social a la que han sido sometidos grandes sectores sociales que habitan la ciudad.

La Comuna 13 puede ser vista como un microcosmos respecto de lo sucedido en nuestra ciudad, pero el drama padecido por sus más de 130 mil habitantes permite una lectura aproximada al panorama general.

Discutir el tema de la memoria histórica de la Comuna 13 equivale a conocer las causas que conllevaron a la victimización de sus pobladores, a conocer los responsables de los hechos criminales sin circunscribirlo exclusivamente a sus autores intelectuales y materiales. Con ello se quiere significar la presencia de una indagación que permita conocer motivaciones políticas, ideológicas, económicas, etc., que han conllevado al sometimiento de grandes sectores poblacionales a prácticas de terror sistemático y generalizado. En otros palabras, significa estudiar y conocer las condiciones sociales y económicas que propiciaron que en la Comuna 13, durante la década del ochenta, se crearan bandas delincuenciales encargadas de ejercer ciertos controles sobre la población, o las que posibilitaron la creación de organizaciones de milicias durante los noventa, o la incursión de los paramilitares en el pasado reciente; pero más importante aún es llegar a tener claro cómo la exclusión social y la marginalidad, y un modelo de ciudad predeterminado han incidido significativamente en todo esto. Obviamente debemos indagar cuál ha sido la responsabilidad directa de sectores poderosos de la ciudad, que inciden en su vida política y económica, en la generación de violencia.

Con nuestra disertación no alcanzaremos, por supuesto, a dilucidar todo el entramado de circuitos que rodea la memoria histórica, sólo deseamos poner en conocimiento algunos aspectos que, en relación con el caso concreto de la Comuna 13, inciden significativamente en la no realización de los derechos de las víctimas, especialmente aquellas afectadas por la acción u omisión de autoridades estatales. Para ello hemos propuesto la presentación de tres momentos diferentes vividos en la Comuna 13: el proceso de configuración de su población y el surgimiento de las organizaciones sociales y comunitarias presentes en la zona, el desarrollo de las operaciones militares durante el año 2002, y el posicionamiento de los paramilitares en los últimos 6 años.


1.

Surgimiento y fortaleza organizativa

La Comuna 13 se ubica al occidente de la ciudad de Medellín y está compuesta por 24 barrios en los que se alberga en su mayoría población perteneciente a los estratos 1 y 2. El origen de este sector poblacional se remonta a la década de los 70 con la creación de barrios productos de asentamientos subnormales e invasiones compuestas en su mayoría por personas provenientes del campo. Algunas de las familias que habitan allí llegaron a la zona luego de ser víctimas de desplazamiento forzado. El sector social al que se inserta esta población les obliga desde sus inicios a adelantar propuestas organizativas dirigidas a lograr por parte del Estado el reconocimiento de su condición de actores sociales y políticos; por ello no es extraño encontrar que, para principios de esta década, esta zona contara con la existencia de unas 50 organizaciones sociales y comunitarias formalmente constituidas y encargadas de reivindicar sus necesidades más sentidas. Condición organizativa que con el paso del tiempo generó un importante acumulado político que les permitió participar en el diseño de planes y políticas mediante las cuales se buscaba que la administración municipal ejerciera de manera un poco más efectiva su papel de garante de ciertos derechos.

Al inicio de la presente década, si bien los problemas de confrontación armada en la Comuna 13 eran de cierta gravedad debido a la actividad de los diferentes actores armados que se disputaban la zona (milicia, bandas, paramilitares y fuerza pública), lo cierto es que la actividad política generada desde los diferentes procesos organizativos poseía un cierto acumulado que le permitía a las diferentes comunidades adelantar propuestas reivindicativas dirigidas a llamar la atención en temas de índole social, económico y político.



Aquí es importante reconocer, a modo de ejemplo, los aportes que desde las organizaciones populares se prestó a movimientos de índole nacional como lo fue la Jornada de Protesta convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en agosto y septiembre de 1999, en cuyo evento se obtuvo una significativa participación de pobladores e integrantes de organizaciones de la zona; cuando se llevaba a cabo una movilización en el barrio La Divisa, la policía arremetió violentamente ocasionando la muerte de HENRY ALONSO PÉREZ RUIZ, JOSÉ MAURICIO BOLÍVAR ALZATE Y ELKIN ALONSO GRANADA RÍOS e hiriendo gravemente a otro manifestante, procediendo a detener un centenar de personas que participaban de la jornada pacífica. En las comunicaciones efectuadas entre los uniformados que participaban del operativo de represión de la manifestación y los mandos pertenecientes a la Policía Metropolitana queda la evidencia de cómo se monta el falso positivo luego de ocasionar estos crímenes de lesa humanidad, cuando se ordena que a cada uno de los ciudadanos asesinados se les coloquen armas para poder presentarlos como milicianos que se enfrentaron a las fuerzas policiales. La responsabilidad estatal por este crimen de lesa humanidad fue declarada por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante fallo de julio 14 de 2006.


2.

Operaciones militares

La presencia de diferentes actores en la Comuna 13 reclamaba del Estado una intervención dirigida a mitigar o solucionar los diferentes problemas que aquejaban a sus habitantes, buscando que se les diera un tratamiento acorde a sus significaciones: mayor inversión en asuntos sociales como educación, salud, servicios públicos, empleo, etc. Aprovechándose de los efectos ocasionados con el inicio de la penetración paramilitar, la institucionalidad, desde inicios de 2002, empezó a adelantar una serie de operativos militares procurando asirse con el control militar del occidente de Medellín y para poner en fuga, de acuerdo con voces oficiales, a los diferentes actores armados ilegales desplegados allí.

Se realizaron las siguientes operaciones militares de gran envergadura que contaron con el concurso de integrantes del DAS, la Cuarta Brigada, la Policía Metropolitana, el CTI y la Fiscalía:

..– ..Operación Otoño, llevada a cabo el 24 de febrero de 2002, que conllevó a la captura de 42 ciudadanos.

..– ..Operación Contrafuego, realizada el 29 de febrero de 2002, en la cual se realizaron 63 allanamientos, se capturaron 31 personas y fueron muertas 5 personas que posteriormente se presentaron como milicianos muertos en combate.

..– ..Operación Mariscal, realizada el 21 de mayo de 2002, que conllevó a la muerte violenta de 9 civiles cuatro de ellos menores de edad, 37 heridos y 55 personas detenidas.

..– ..Operación Potestad, realizada el 15 de junio de 2002, en la que resultó un civil muerto.

..– ..Operación Antorcha, realizada el 20 de agosto de 2002, en la que fueron heridas 37 personas.

..– ..Operación Orión, cuya iniciación se dio el 16 de octubre de 2002, y ordenada por el Presidente Álvaro Uribe; en ella murieron, en medio de la confrontación, 4 militares, 10 personas que fueron presentadas como integrantes de las milicias —información que no fue desvirtuada en su momento por persona alguna—, 1 civil de nombre Elkin Ramírez Vélez quien fue víctima de una ejecución extrajudicial a manos del ejército en presencia de su familia —obviamente fue presentado como un miliciano muerto en combate—; durante los tres días que duró este operativo militar fueron detenidas aproximadamente 450 personas que fueron conducidas a instalaciones policiales y militares, fueron objeto de reseña y algunas de ellas torturadas, otras objeto de desaparición forzada. Luego de efectuar la reseña del total de las 450 personas, 170 fueron vinculadas formalmente a investigación como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas. De esta cifra tan sólo a 82 personas se les definió situación jurídica imponiéndose medida de aseguramiento. Las demás recuperaron su libertad. Luego de transcurrido más de un año fueron afectadas con resolución de acusación 56 de estas personas, siendo desvinculados definitivamente de la investigación 26 de los procesados. Transcurridos más de cinco años de efectuadas las capturas de la Operación Orión aún no se ha dictado el fallo por parte del juez encargado de adelantar la fase del juzgamiento.

En la medida en que las fuerzas oficiales avanzaban y ganaban terreno por medio de los operativos militares, fue ingresando a la Comuna 13 una fuerte avanzada paramilitar que tomaría posesión de sus barrios y que, conjuntamente con policía, DAS y ejército, mantendrían un control que con el paso del tiempo, y gracias a la política de seguridad democrática, cobijaría esferas diferentes a la militar.

Recientemente, en una publicación efectuada por los Ángeles Times, citando documentos desclasificados de la CIA, se informó que el ejército al mando del general Mario Montoya en su condición de comandante de la Brigada IV, conjuntamente con el general Leonardo Gallego comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en unión con fuerzas paramilitares, habrían diseñado y desplegado la Operación Orión.



En prueba de esos señalamientos se han conocido incluso versiones suministradas por desmovilizados que dan cuenta del estrecho vínculo existente entre los mandos de la fuerza pública y los grupos paramilitares, dirigido a lograr el éxito en la toma de la Comuna 13. Un ex-integrante del Bloque Cacique Nutibara narra que “la entrada a la Comuna 13 se hizo aprovechando la Operación Orión. Recibimos ayuda de todas las autoridades. La orden que dieron fue acabar con las milicias y quedarnos en la zona. Para ser sinceros, toda la policía nos ayudó. No se si por miedo, pero trabajamos en conjunto. Ellos recibían plata porque así los exigían pero también a las AUC nos entregaban milicianos que ellos capturaban”.

Esto corrobora la información difundida a mediados de 2003 por el comandante paramilitar del Bloque Metro Rodrigo Doble Cero, quien denuncio toda serie de alianzas entre paramilitares, policía y ejército en el propósito de toma de la Comuna 13.


3.

Posicionamiento de los paramilitares durante los últimos 5 años

A partir de entonces, en la Comuna 13 se contó con la presencia de integrantes del Bloque Metro, del Bloque de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y del Bloque Cacique Nutibara, a quienes se les imputa toda una multitud de crímenes adelantados con el propósito de generar el terror necesario para lograr ejercer un dominio absoluto sobre la zona. Para lograr su propósito, adelantaron una serie de actos criminales dirigidos en un principio a desestructurar los diferentes procesos organizativos, sometieron a la desaparición forzada a unas 70 personas, dieron inicio a una serie de asesinatos selectivos contra habitantes y líderes reconocidos de la zona de los cuales hemos alcanzado a documentar 30, encontrándose entre ellos los cometidos contra TERESA YARCE (octubre 6 de 2004), HAIDER RAMIREZ (agosto 23 de 2006), JUDITH ADRIANA VERGARA (abril 23 de 2007) y VICTOR HUGO GALLEGO (diciembre 31 de 2007). Modificaron algunos patrones de conducta criminal con el propósito de generar en la opinión pública la percepción de condiciones de tranquilidad y paz, la persecución de personas consideradas como enemigas o indeseables se adelantó por fuera de la Comuna 13, los homicidios con arma de fuego disminuyeron y aumentaron los ocasionados con arma blanca para disminuir el impacto social que conlleva la utilización de las armas de fuego. Algunas de las personas por ellos retenidas y sacadas de sus domicilios habitualmente han sido entregadas a miembros de la fuerza pública quienes los asesinan para luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate, tal y como sucedió con WILSON DARIO PEÑA (diciembre 30 de 2004) y JOHN FERNANDO AGUDELO (mayo 21 de 2005).

En estas condiciones procedieron a tomar posesión de los diferentes procesos organizativos, colocaron al frente de las organizaciones sociales de la zona a personas de su confianza y sometieron a la intimidación a muchas otras que continuaron gestionando procesos organizativos populares. Luego del proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara al mando de alias Berna, de manera ahora sí abierta procedieron a tomar posiciones en las diferentes estructuras sociales como juntas de acción comunal y juntas administradoras locales, continuaron manejando las extorsiones a comerciantes y a habitantes, reclutaron masivamente a menores de edad para involucrarlos en el tráfico de estupefacientes y para componer las tropas de otros frentes y bloques que pretendían mostrar en proceso de desmovilización.

En reciente informe de riesgo presentado por el sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se denunció que los habitantes de la Comuna 13 se encuentran sometidos al inclemente accionar de los grupos paramilitares desmovilizados y no desmovilizados, quienes adelantan agresivas campañas de reclutamiento forzado de menores a sus filas, son responsables de numerosos casos de desplazamiento forzado intraurbano y de diferentes modalidades de criminalidad (expendio de estupefacientes, extorsiones, etc.), sin que los integrantes de la fuerza pública tomen las medidas de protección del caso.

Se señala en este informe que: “En la actualidad, al surgimiento de nuevos grupos armados ilegales articulado a las facciones que no se desmovilizaron y a los desmovilizados que continúan delinquiendo, se le adicionan el reclutamiento forzado de niños y jóvenes, el constreñimiento a líderes barriales comunitarios y el desplazamiento intraurbano”.


4.

Conclusiones

– ..Como consecuencia de la política oficial de persecución y exterminio de los diferentes procesos organizativos comunitarios se ha logrado la destrucción del tejido social.

..– ..Las víctimas de los crímenes cometidos durante los últimos 5 o 6 años por paramilitares, en asocio con fuerzas oficiales, continúan en situación de absoluta impunidad y el pretendido proceso de desmovilizaciones de las fuerzas paramilitares presentes en la zona no satisface los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

..– ..En la zona han sido halladas fosas comunes con 11 cadáveres de algunas de las personas desaparecidas por la fuerza pública y por los paramilitares, de los cuales hasta el momento sólo 6 de ellos han sido identificados.

..– ..La aplicación del marco jurídico contenido en la denominada Ley de Justicia y Paz no garantiza efectivamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

..– ..Consideramos propuestas de tipo civil como la Comisión Ética Internacional, organismo conformado por 20 personalidades internacionales de reconocida trayectoria que se encargue de apoyar y acompañar los procesos de las víctimas y de documentar y conservar la información de cara a la realización del derecho a la verdad, para que cuando se presente la oportunidad en Colombia se conforme la Comisión de la Verdad.

..– ..Consideramos también la realización del inventario de daños que busca documentar la multiplicidad de daños generados con ocasión de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13. Con este inventario no sólo se busca hacer conciencia sobre el derecho violado, sino que se abarque un concepto amplio de daño y víctima; hasta ahora en la Comuna 13 se tiene un proceso con 100 familias con las que se han documentado los casos y los daños ocasionados, daños de tipo colectivo (tejido social desarticulado, procesos organizativos aniquilados) e individual en su acepción jurídica amplia.


..

--------------------------------------------------------------------------------
..
* Documento presentado en las Jornadas por la Vida y la Libertad Jesús María Valle Jaramillo, en el panel sobre la Memoria Histórica de la Comuna 13, el 26 de febrero de 2008.