lunes, 14 de diciembre de 2009

Javier Giraldo

La vida de este jesuita se resume en una lucha dolorosa pero inquebrantable contra la impunidad, por la justicia.

37 derechos de petición ha enviado el jesuita a las autoridades desde 2003. Entre ellos, para solicitar que se declare un “estado de cosas inconstitucional” en el Urabá.


Yo me pregunto a esta hora de la vida del padre Javier Giraldo, cuando ha dado tantas batallas —ninguna éticamente perdida—, qué lo ha llevado a ser el más valiente acusador de altos oficiales del Ejército Nacional que en nombre del orden han cometido por acción o por omisión horrendos crímenes que el derecho internacional califica como de lesa humanidad. Enfrentarse casi solo con la impunidad que ha rodeado a tantos batallones parecería ser un simple acto demencial. ¿Qué impulsa a este sacerdote jesuita a desafiar tanto poder? ¿Por qué cuando se piensa en el general ( r) Rito Alejo del Río, el ‘pacificador de Urabá’, o del difunto general Yanine Díaz, el ‘pacificador del Magdalena Medio’, salta la figura modesta pero triste de Javier Giraldo? Por la simple razón de que al contrario de los generales que se atrincheran tras sus uniformes, el cura no se ha defendido nunca con la sotana. Más aun, siempre ha usado los argumentos que la Constitución pone en la mano de cualquier ciudadano para denunciar las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y señalar a los responsables. Pocas veces ha salido victorioso de los litigios que incoa, pero con ello ha demostrado no sólo la debilidad de los funcionarios encargados de fallar sino los vicios del sistema judicial.

En nuestra historia la cruz y la espada han sido socios en el atropello de los débiles. El padre ha sacado la cara por una Iglesia sometida al poder político y de refilón ha limpiado el nombre de muchos soldados, víctimas asimismo del poder militar, tan caro y necesario al establecimiento. Javier es en el sentido esencial de la palabra un Justo. Y, por tanto, también un juez severo de los crímenes de la guerrilla. Su misión ha sido dolorosa, terriblemente dolorosa; lo expresa un cierto rictus que lo acompaña a todas partes: de San José de Apartadó a Trujillo, del Casanare a Urabá. Ha vivido entre la gente del pueblo, conoce su tragedia, la comparte, la vive y la pelea. Sólo quien vive con la gente puede conocerla. Razón por la cual los uniformados y los togados, los gentiles y los profesores son aislados en guetos y por esa misma razón sólo conocen su propia causa. A Javier lo he visto en el río Salaquí —aguas que han arrastrado tantos cadáveres— compartiendo cansancio e ilusiones con los desplazados y aterrorizados campesinos; lo he visto en San José de Apartadó parársele a paramilitares sin agacharse. Y sobre todo lo he leído. He leído y releído uno de los documentos más brillantes salidos de su mano: su carta de objeción de conciencia, un retrato en blanco sobre negro de la justicia e impunidad en el país. La conclusión no puede ser más dramática: Giraldo ha apelado a las normas —y las ha defendido, para verse traicionado en su aplicación—. Siempre que denuncia a un criminal, los testigos son asesinados. Su conciencia moral nunca ha estado en juego y por eso no va adonde sus juzgadores lo quieren llevar: a la complicidad con los victimarios.

Por: Alfredo Molano
Tomado de: Elespectador.com

Según Latuff

US China no emissions cut


Obama Nobel Peace Laureate



The Berlin Wall 20 Years Later




Por:Latuff
Tomado de: latuff2.deviantart.com

Eudaldo Díaz: El costo de la verdad

El increíble caso Arana

Eudaldo Díaz, alcalde asesinado de El Roble (Sucre).

Hace ocho días pregunté en esta columna cuánto sabía el presidente Álvaro Uribe sobre Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por asesinato y concierto para promover grupos armados, cuando lo envió a la embajada de Colombia en Chile.

La respuesta aparece en un reciente informe televisado de Hollman Morris sobre este ex gobernador de Sucre que patrocinó a los paramilitares y ordenó la muerte del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, vinculado al Polo Democrático. Lo que revelan el reportaje de Morris, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y el expediente en que afincó su veredicto deja mal parado al Gobierno y a su "seguridad democrática".

Para entender la magnitud de lo ocurrido repasemos los hechos. El primero de febrero del 2003, en un consejo comunal en Corozal que presidían Uribe y el gobernador Arana, el alcalde Díaz -suspendido a la sazón por gestión de Arana- denunció la corrupción reinante en el departamento y acusó de ella al gobernador. Para acabar, dijo al país que lo veía por la TV: "A mí me van a matar". Uribe reconoció la gravedad del asunto y encargó al entonces zar anticorrupción, Germán Cardona, que trasladara las denuncias pertinentes. "La transparencia no puede tener excepciones -sentenció-; la seguridad es para todos los colombianos".

Díaz creyó haber obtenido un seguro de vida con sus palabras. Fue lo contrario. Para empezar, el Gobierno no reflejó la preocupación inicial del Presidente. ¿Qué hizo el zar anticorrupción con la terrible denuncia? Casi nada. La burocratizó. Dijo Cardona a Morris: "Se hacía lo único que se puede seguir haciendo, que es simplemente servir de oficina de mensajería para trasladarla a la Fiscalía, Procuraduría, DAS o entidades correspondientes". Ante una amenaza de muerte y un señalamiento de corrupción, el Gobierno respondió, pues, como "una oficina de mensajería". La Policía de Sucre tampoco protegió a Díaz. En cambio, sus enemigos sí se movieron: el 10 de abril, dos meses después de la dramática sesión, el alcalde fue secuestrado, torturado y asesinado a tiros.

Si el Gobierno se hubiera mosqueado en la reunión de febrero, habría podido saber con facilidad que Arana estaba vinculado desde hacía varios años a los grupos de autodefensa, como lo denunció Díaz con costosa valentía, y habría podido brindarle ese mínimo amparo que la Constitución extiende a todos los colombianos.

Lo más insólito estaba por llegar. Velozmente, el fiscal Luis Camilo Osorio declaró la inocencia del médico Arana, basado en un insólito argumento clasista: "No puede creerse que una persona con la trayectoria y formación del doctor Salvador Arana participe en conductas tan reprobables como las que gratuitamente se le endilgan". ¿No sabía Osorio que algunos de los peores criminales de la humanidad han sido distinguidos profesionales? ¿Cómo pudo desechar los cargos por gratuitos cuando era vox pópuli la vinculación de Arana a los paramilitares, según se comprobó luego?

Salvador Arana (ex gobernador de Sucre)y el presidente Álvaro Uribe Vélez en consejo comunal en Corozal el primero de febrero del 2003.

Arana no solo salió aliviado de cargos con la bendición de Osorio, sino que Uribe lo premió poco después, siendo ya ex gobernador, con un cargo diplomático en Chile que le permitió ser embajador encargado. También nombró en Santiago al comandante de la Policía de Sucre, Norman Arango.


A Arana lo tumbó en el 2005 un debate de Gustavo Petro. Acabó prófugo, escondido, capturado y -el 3 de diciembre de este año- sentenciado por la Corte como promotor de los paramilitares y autor intelectual del asesinato de Díaz. Durante el proceso fueron asesinados 14 testigos.

Concluye Juan Carlos Díaz, hijo de la víctima: "Si el presidente Uribe en ese momento hubiera prestado atención a las denuncias de mi padre, cuántas vidas se habrían podido salvar". Miles, posiblemente. El caso Arana es una mancha vergonzosa en la "seguridad democrática".

Desde hace varios años, el autor del texto recibe comentarios a su columna en cambalache@mail.ddnet.es



VEA LA HISTORIA DEL ASESINATO DE EUDALDO DÍAZ SALGADO EN:

Parte 1


Parte 2


Parte 3





Por:

ELTIEMPO
Opinión – Domingo, 13 de diciembre de 2009
Por: Daniel Samper Pizano
www.eltiempo.com

CONTRAVIA
Morris Producciones
HOLLMAN MORRIS
www.youtube.com/morrisproducciones