por Iván Cepeda Castro Sunday, Nov.
09, 2008 at 5:46 AM
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Centenares, probablemente miles, de personas desaparecidas y luego ejecutadas por miembros del Ejército Nacional. Seleccionadas cuidadosamente: en su mayoría se trata de jóvenes provenientes de estratos pobres, o personas que padecen de enfermedades mentales.Reclutadas con falsas promesas, secuestradas o detenidas arbitrariamente. Transportadas de su sitio de origen a cientos de kilómetros, donde son ejecutadas. Presentadas como terroristas o milicianos: uniformadas, apertrechadas con el fin de que aparezcan como muertas “en combate”. Y luego, la difusión de los anuncios de éxitos contundentes en la política de seguridad; las estadísticas en las que los abatidos se cuentan por miles.
Después de años de discusión acerca de la criminalidad estatal por fin, ante las pruebas contundentes reunidas por medio de la paciente labor de las organizaciones de derechos humanos, se tiene que admitir que los agentes estatales han perpetrado asesinatos y desapariciones. Esa aceptación se hace distorsionando la realidad. El presidente Uribe Vélez quiere hacer creer a la opinión que los responsables son individuos que se han aliado con bandas delincuenciales para crear un lucrativo negocio. La tesis de los “individuos desviados” es la forma de encubrir la tenebrosa realidad de los crímenes de sistema. O en otros términos, de actos cometidos con patrones institucionales, que comprometen a los altos mandos militares, al Gobierno Nacional y al propio Presidente de la República, máximo comandante de las Fuerzas Militares y estratega de la seguridad democrática.
La tesis de las “desviaciones individuales” es un insulto a la inteligencia. La laboriosidad y los recursos que exige eliminar a cientos de civiles son gigantescos. Se requiere compilar información meticulosa acerca de las víctimas para que su desaparición no deje rastro. Se requiere una logística que pone en juego cuantiosos recursos, la participación coordinada de una cierta cantidad de militares que puedan concertar todos los pasos de cada operación individual de “falso positivo”, la elaboración de un discurso que encubra lo más convincentemente las ejecuciones extrajudiciales y las presente como éxitos en el combate contra los grupos armados.
No basta ya con admitir que sí existen las víctimas de crímenes de Estado. Se requiere avanzar hacia el reconocimiento del carácter sistemático que han tenido estos hechos y, en consecuencia, establecer formas de justicia acordes con esa definición. Los altos funcionarios del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo como en las instituciones militares, deben ser sometidos a un régimen de justicia especial que garantice que de manera expedita se pueda sancionar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde hace años las organizaciones de derechos humanos y el movimiento de víctimas de la criminalidad estatal han reclamado que la sociedad condene las prácticas de violaciones masivas de los derechos humanos urdidos desde las guarniciones militares y las oficinas de las entidades oficiales. Esa verdad que comienza a aparecer hoy ha costado la vida de muchos defensores de derechos humanos en Colombia. Las noticias actuales nos dan la razón.
