martes, 25 de mayo de 2010

Los paramilitares también tenían hornos crematorios de víctimas en Antioquia

Los paramilitares pusieron en práctica la sistematicidad del horror en diversas regiones del país.


“(…)Lo echaron vivo ahí(…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.


Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros paramilitares aporten más información.

La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.

De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias ‘el iguano’, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.

En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y “la quemaban” para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.

No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.

Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.

Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.

“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", le confesó el ex paramilitar a los investigadores.

Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos”.

A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: “La idea del horno la dio ‘Doblecero’ y la materializó Daniel Mejía”.

Para esos años, Mauricio García, alias ‘Doblecero’, era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, se había integrado al bloques Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.

“De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado”, dijo el ex paramilitar. “Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos ‘palos’ (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.

Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. “Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca”.

Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: “la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial”.

Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: “la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno".

Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: “cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran”.

Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. “A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince”.

Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para “personalidades solamente”.

Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante Julio Cesar Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.

“De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno”.

Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias ‘Danielito’, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.

“Él fue víctima de su propio invento”, dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. “A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno”. Una noche me llamó un amigo y me dijo ‘se tragaron a Daniel, el patrón’, y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno”.

Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.

Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.

La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.

Por: verdadabierta.com
Tomado de: prensarural.org



Los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander [2009]


<br />Los Hornos crematorios de las AUC

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Informe Especial: CAMBIO conoció los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander.


Tomado de: cambio.com.co

Se fortalece el paramilitarismo en la comuna 13



El paramilitarismo sigue tomando fuerza en la Comuna 13. Desde hace meses, los habitantes de este sector vienen denunciando crímenes y acciones violentas que están siendo cometidas por “desmovilizados” de los bloques paramilitares, actos con los que pretenden consolidar el poder y expandir el control territorial y social de la zona.

Debido al fortalecimiento de este régimen paramilitar, es preocupante el estado de vulnerabilidad en el que están quedando los menores de edad de esta comuna, ya que están siendo víctimas de crímenes atroces como es el caso de Javier Fernando Osorio Bedoya, de 13 años, quien fue encontrado el pasado 7 de mayo, amarrado a un asta, degollado y con señas de tortura, en La Loma, San Javier. Igualmente, Jonathan Montoya, de 14 años, también fue asesinado en La Loma el 1 de mayo; es alarmante el asesinato de estos dos niños en tan sólo una semana y en el mismo sector.

Algunos medios de comunicación y las versiones oficiales indican que estos crímenes obedecen a un ajuste de cuentas entre bandas, pero ¿cuál es el ajuste de cuentas existente en el caso de Javier Osorio Bedoya, pues él y su familia llevaban escasos dos meses viviendo en La Loma y al niño pocas veces se le veía en la calle?, ¿qué había hecho este niño para ser asesinado con tanta crueldad?

El asesinato de estos niños deja muchas interrogantes y la sensación que a la versión oficial de los hechos les falta algo, lo cierto es que no dejan de ser medidas que aumentan el control social de la población y la sumisión de ésta por medio de mecanismos de horror, los cuales se vienen implementando en la Comuna 13 desde el 2002, luego de ponerse en marcha la operación Orión.

Como medidas de solución ante esta problemática, el secretario de Gobierno de Medellín, Felipe Palau, despachó la semana pasada desde la Comuna 13, y desde allí se realizó un acto en el que más de 40 jóvenes relacionados con la banda “La Agonía”, ingresaron al programa Fuerza Joven de la Alcaldía. De acuerdo con este programa, los jóvenes recibirán una remuneración mensual a cambio de que éstos se vinculen a actividades educativas y tareas de servicio social. Sin embargo, estas medidas no son nuevas y se han destacado porque no pasan de ser paños de agua tibia para un problema que requiere mayor atención.

Este tipo de soluciones no desarticula las organizaciones y mucho menos las somete a la justicia, lo que conlleva a que más tarde surja la reorganización y la retoma del control, quedando así crímenes en la impunidad ya que nunca se esclarecerán. La verdad es que este tipo de acuerdos, programas y respuestas no llevarán a un proceso de disminución de la violencia, ya que ninguno de éstos a garantizado el derecho a la vida, salvo por un corto tiempo mientras se simula su efectividad, sólo son estrategias que mantienen a la sociedad en el círculo vicioso que agrava el conflicto armado y lo sustentan, para evadir su solución política removiendo las causas estructurales que le han dado origen.

Estas bandas, integradas en su mayoría por los supuestos desmovilizados del paramilitarismo, no están aisladas y hacen parte de estructuras solidas paramilitares y narcotraficantes, las cuales manejan las mafias locales y nacionales por lo cual necesitan de estos jóvenes para su supervivencia. Por esta razón, urge la exploración de caminos jurídicos y políticos que tengan por resultado la desactivación real de dichas estructuras y los andamiajes que las sostienen, incluidos aquellos que están instaurados en las esferas del poder.

La Corporación Jurídica Libertad hace un llamado a cimentar como fundamento del Estado la vigencia del respeto de los derechos humanos y a respetar la vida de la población, especialmente la infantil, ya que es la más vulnerable del conflicto armado.


Comunicaciones CJL
18 de mayo de 2010

Tomado de: cjlibertad.org

sábado, 22 de mayo de 2010

Uribe 2002-2010, hecatombe social

Como despedida del gobierno uribista, el nivel de pobreza es el mismo desde 2008. Afecta al 46 por ciento de la población, y la pobreza extrema llega a un 17,8. Una muestra apenas de que en los ocho años de Uribe el social fue el sector más afectado. La situación de los hospitales y la crisis estructural de la salud son lo más grave. El desempleo alcanza el 12,8 por ciento y la Corte Constitucional declaró en peligro de extinción a 32 de los 102 pueblos aborígenes. La posibilidad de que un joven muera asesinado en Colombia es cinco veces más alta que el promedio de América Latina.

Son 29 millones de personas las que viven en extrema pobreza y que conforman los niveles 1 y 2 del Sisben. En consecuencia, dos de cada tres colombianos padecen esta crítica situación. Y cuatro de cada cinco trabajadores devengan menos de dos salarios mínimos legales. Dado el caro valor de la canasta familiar, para los estratos socio-económicos bajos, la capacidad de compra del salario mínimo legal en Colombia es de tan solo un 47 por ciento. Ni con dos salarios mínimos, el trabajador puede satisfacer los requerimientos básicos de su familia.

El despojo de reivindicaciones, con deterioro en el mercado de trabajo, y los problemas derivados de la pobreza y la indigencia, resumen la problemática social. La violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es de carácter estructural y está generalizado en Colombia.

Los 29 millones de pobres, de los cuales nueve son indigentes, no tienen garantizados sus derechos a trabajo digno, vivienda, educación, alimentación, recreación y seguridad social. En contraste, las transnacionales, los grandes empresarios y banqueros son beneficiados con exenciones y subsidios. La iniquidad y la exclusión se constituyen en los principales obstáculos para sembrar en el país una cultura de derechos humanos, democracia, justicia y desarrollo sustentable que posibilite poner fin a un conflicto ya crónico.

Los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, la población rural y los trabajadores constituyen las principales víctimas de la exclusión y la violencia de este régimen. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país mantiene la misma pobreza desde 2008, y eso, gracias a la caída de los precios de los alimentos –por la sobreoferta interna que ocasionó la ruptura de relaciones con Venezuela. Los dos gobiernos de Uribe apoyaron la concentración de la riqueza como nunca antes.

Según la reciente medición de la concentración del ingreso por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el valor del Gini para Colombia es de 59,2 (estadística que mide la desigualdad, entre 0 y 100, y el 0 significa la igualdad absoluta –todos los habitantes del país tienen una riqueza similar–, y el 100 la desigualdad absoluta). Es decir, andamos como el país de mayor iniquidad en el continente americano. Por encima de los Estados Unidos (40,8), México (46,1), Venezuela (48,2), Costa Rica (49,8) y Guatemala (55,1).

A comienzos de la década de 1980, el porcentaje del valor agregado apropiado por los trabajadores en el PIB era del 44 por ciento. Un porcentaje que viene en caída acelerada. En el 2000, esta participación fue de 36,5 y en 2009 tuvo su nivel más bajo: 32 por ciento. De este modo, en las tres últimas décadas, los asalariados perdieron 12 puntos en la apropiación de la riqueza que el país produce.

Elocuentes cifras

Según las cifras del Dane, la tasa de desempleo es de 12,8 por ciento. En febrero de 2010, la población ocupada fue 18,9 millones; la desocupada 2,7 millones, y la inactiva 13 millones de personas. La posición ocupacional que registró mayor participación durante el trimestre móvil diciembre 2009-febrero 2010 fue el trabajador por cuenta propia (43,5%). El empleo se concentra en las actividades más precarias e inestables: comercio, restaurante y hoteles cubren el 27,1 por ciento del total de puestos de trabajo. La combinación de estos dos factores explica la actual tendencia a la precarización del mercado de trabajo colombiano:–según el Dane, de cada 100 trabajadores ocupados, 58 son informales, esto es, cerca de 11 millones. En resumen, un relativo 63,4 por ciento de la población económicamente activa, 13,7 millones de quienes viven de vender su fuerza de trabajo, sufren la exclusión o la mala calidad laboral.

A su vez, ninguna institución o sector social quedó por fuera de la voracidad, intereses y propiedad del capitalismo: la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, la energía, el agua, el saneamiento básico y el medio ambiente. A contrapelo de la Constitución, durante la última década, el sector social es objeto de la más implacable privatización. De la transformación en la lógica de su funcionamiento y colonización por parte del capital nacional y transnacional. La perspectiva de derechos es reemplazada por el de mercancías y riesgo, y la prestación de los servicios sociales se desvaneció en el ilusorio sistema de “aseguramiento”.

En general, la política social durante el dominio Uribe se caracterizó por el asistencialismo y el populismo, a fin de cooptar políticamente a la población más vulnerable, hacerla depender de los intereses del gobierno, sin intentar una superación de los problemas de exclusión e injusticia que campean en Colombia.

En relación con el enfoque poblacional, Uribe desestimó la perspectiva de derechos. Contrario a la justicia básica de la política social, prefirió beneficiar a los más ricos (por ejemplo, a través de Agro Ingreso Seguro). En este largo período de la vida nacional, se profundizó la brecha entre varones y mujeres en cuanto a la incidencia de la pobreza y la indigencia. La desigualdad en el ingreso percibido por unos y otros también se incrementó. Con igual nivel educativo, las mujeres ganan menos que los hombres.

La perspectiva de represión que reemplazó a la de derechos durante los gobiernos de Uribe ha representado el encarcelamiento de una alta cantidad de jóvenes: de los 78.000 presos actuales (población que se duplicó en estos últimos ocho años), un 80 por ciento tiene edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. Pero los adolescentes no escapan de esta situación; debido al nuevo Código de la Infancia, que criminaliza a los pobres. En 2009, según la Dirección de Protección y Servicios Espaciales de la Policía Nacional, el número de menores de edad (entre 14 y 17 años) capturados por la comisión de delitos fue de 22.000.

Finalmente, en el período 2002-2010, la prioridad del régimen uribista fue el gasto militar para incrementar la guerra y reprimir la sociedad: en 2002, estos gastos representaban un 4,8 por ciento del PIB y aumentaron al 5,6 en 2010, sin incluir los recursos estadounidenses para el ‘plan Colombia’. Su objetivo, por tanto, no era acabar con la pobreza sino con los pobres. Cómo no, si el gasto social registró un exiguo crecimiento en relación con su participación en el Producto Interno Bruto: de 10,1 por ciento pasó a 11,9 por ciento (en 1996 había alcanzado el 16 por ciento). En América Latina, este promedio es de 17 por ciento.

* Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Consultor, investigador y escritor independiente. Catedrático de la maestría en Derechos Humanos de la UPTC; Consultor de Unicef para la Política de Juventud de Colombia; Asesor de la Política Pública Departamental de Juventud de la Gobernación de Cundinamarca; Consultor del IGAC-MinAmbiente en la Zonificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.


La educación quedó en camilla

En educación, la cobertura neta de básica llegó a 92,4 por ciento, en tanto que a la educación básica y media asisten 11 millones de estudiantes. Sin embargo, mientras en el rango de edad de 13-17 años, la proporción de adolescentes incorporada a la educación llega a un 80 por ciento, entre los 18 y los 22 años desciende a 55, y sólo a 50 entre los 23 y 26 años.

Si bien la cobertura en educación superior aumentó, de un 20,6 por ciento en 2002 a un 33,3 incluidos los estudios técnicos, tecnológicos y profesionales; en 2008, la deserción hacia el final de los programas de estudio alcanzó el 50 por ciento. En otras palabras, sólo uno de cada tres colombianos inicia algún estudio después de terminar el bachillerato. Y apenas, el 16 por ciento logra culminarlo. Varias razones explican esta deserción: la primera, y más grave, es el bajo nivel académico de la educación básica y media. Las otras causas se asocian con temas económicos: hogares con ausencia de ingresos para pagar los costos o los programas de financiamiento (becas y créditos).

Los problemas de calidad y pertinencia de la educación son de índole estructural. En pruebas internacionales como PISA, que mide la capacidad para analizar, razonar, comunicarse, examinar, interpretar y resolver problemas, Colombia ocupó en 2007 el puesto 53 entre 57 países. Respecto al Sena, la universidad de los pobres, aumentó los cursos y cupos de 50.000 a 200.000, pero no en educación formal, ya que la mayoría es de cursitos de corta duración.


El colapso del sistema de salud

En el marco de esta crítica situación que viven trabajadores y sectores populares, el sistema de salud se encuentra colapsado financieramente debido a las altas tasas de ganancia de las EPS (intermediarias de los servicios de salud), la baja participación de quienes pertenecen al régimen contributivo y el no pago de los seis billones de pesos que el Gobierno adeuda al sistema, y deja por fuera a un 15 por ciento de la población.

De los 40 millones cubiertos, en el régimen subsidiado se encuentran 22,8 millones de personas y en el contributivo 17 millones (de los cuales sólo ocho aporta; el resto es de familiares). Un reflejo del desempleo, la precariedad del empleo y los bajos ingresos de la mayoría de los trabajadores. El aumento en la cobertura de salud se logró a costa de la calidad del servicio. Los usuarios deben recurrir a las acciones de tutela para lograr medicinas y tratamientos que el Plan Obligatorio de Salud les niega. En 2008 se interpusieron 142.957 tutelas.


Los pueblos indígenas en la mira

Los pueblos indígenas han padecido de igual manera el terrorismo del Estado. Entre 2002 y 2009 sufrieron el asesinato de más de 1.200 integrantes, 176 desapariciones forzadas, 187 violaciones sexuales y torturas, 633 detenciones arbitrarias, más de 5.000 amenazas y 84 ejecuciones extrajudiciales, según reportes y pronunciamientos oficiales como el de Esta persecución tiene su origen principalmente en el interés de despojar a estos grupos étnicos de sus territorios; objetivo de las transnacionales mineras para instalar allí sus macroproyectos bajo la complacencia del Gobierno.


La juventud y el odio del Gobierno

Los jóvenes han sido los más odiados por el régimen uribista. En 2010, la situación juvenil atraviesa su peor crisis desde la década de 1960, cuando se iniciaron las políticas de juventud en Colombia.

Ante la desinstitucionalidad social y política que vive el país, los jóvenes son gravemente afectados: son las principales víctimas de la violencia y el conflicto armado, pero también resultan excluidos de los sistemas de protección social, de la educación y de los procesos de desarrollo. En el país, sólo un 56,7 por ciento de los jóvenes de 14 a 26 años está afiliado al sistema de seguridad social; en consecuencia, cuatro de cada 10 jóvenes no cuentan con esta protección. De otra parte, el contrato informal prevalece en los vínculos laborales de los jóvenes: a la tercera parte de los trabajadores de le violan sus derechos laborales. Según el Dane, la tasa de desocupación de los jóvenes entre 14 y 26 años, a febrero de 2010, es del 22,7 por ciento. La crisis se origina y se manifiesta con mayor fuerza en el nivel nacional.

El prometido “Plan Decenal de Juventud 2005-2015 nunca se llevó a la práctica. Tampoco, concretó el Documento Conpes, que buscaba coordinar y dar directrices sobre el Sistema Nacional y la Política de Juventud. Peor aún, la grave recesión económica golpea con mayor fuerza a los jóvenes, tanto por el lado del desempleo como con la caída de ingresos y la precarización en los puestos de trabajo.

Violencia y “falsos positivos”. Uno de los más graves problemas que afectan a la población juvenil es la violencia. En 2009, de los 17.565 homicidios reportados por Medicina Legal (aumentaron en 15,2 por ciento respecto a 2008), el 60 por ciento tuvo como víctimas a los jóvenes. Otro de los graves problemas que afrontan, es el de los mal llamados “falsos positivos”. Philip Alston, relator de las Naciones Unidas que recientemente recabó testimonios sobre la matanza de jóvenes, presentó un informe en el cual concluye que “los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate suman los 1.800” (ver mapa).

Represión penal. A todo lo anterior se le suma la serie de proyectos de ley que impulsa el Congreso contra la juventud colombiana y que tienen el mismo espíritu de restricción de libertades y castigo, que inspiró la creación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en el marco del nuevo Código de la Infancia y Adolescencia1 y la Ley de Pequeñas Causas Penales2. Como resultado, se castiga con cárcel el hurto en sus diversas formas, conducta que se incrementa en la población joven mayor de 18 años, perteneciente a estratos socio-económicos bajos. El más protuberante proyecto de ley es el que prohíbe la circulación de jóvenes a partir de una hora determinada (“toque de queda para menores”), que se tramita en el Congreso de la República como Proyecto de Ley 145 de 2008 Senado. Otra iniciativa se dirige a las llamadas “barras bravas” (Ley 1270 de 2009). Finalmente, tenemos el Acto Legislativo número 2 del 17 de diciembre de 2009, que sin alternativa médica y de un nuevo contexto sicológico y social prohíbe la dosis personal.

En el Congreso cursa el Proyecto de Ley por el cual “se expide el Estatuto de Juventud y se dictan otras disposiciones”, resultado de acuerdos parlamentarios sin consulta ni participación juvenil. Este Estatuto de la Juventud reedita la cosmovisión que sobre el sector mantienen los grupos de poder en Colombia: asistencialismo, cooptación política, fuerza de trabajo funcional a las nuevas condiciones de explotación laboral e involucramiento en el conflicto armado. Peor aún, en el artículo 57 se desmontan los escasos avances concretos de la legislación que favorece a la juventud colombiana: “La presente Ley (Estatuto) rige a partir de su sanción y publicación, y deroga en su totalidad la Ley 375 de 1997”.

1 Ley 1098 de 2006.
2 Ley 1153 de 2007, considerada inexequible por la Corte Constitucional.


Por: Libardo Sarmiento Anzola
Tomado de: desdeabajo.info

jueves, 20 de mayo de 2010

El conflicto ataca y la dignidad resiste

Nuestra Palabra

Eran apenas las 8:30 de la mañana del domingo 9 de mayo cuando las ráfagas y las metrallas interrumpieron el desayuno de los habitantes de la vereda El Pajarito, ubicada en el resguardo indígena de Huellas – Caloto, al norte del departamento del Cauca.



“La gente salió como pudo de sus casas y llegamos hasta la escuela para concentrarnos. Algunas personas llegaron con ropa de dormir y apenas hasta el otro día logramos traer ropa para que se cambiaran” afirmó Germán Mestizo, profesor de esta comunidad.

Para subir al resguardo indígena de Tacueyo hay que cruzar varias comunidades indígenas y campesinas. Es por esta vía que transitan las personas para llegar a Caloto, Corinto, Florida y Santander de Quilichao, lugares a los que acude la gente para comercializar sus productos. La gente teme transitar por esta vía porque está ocupada por fuerza pública y guerrilla y en repetidas ocasiones los habitantes han quedado atrapados entre el fuego cruzado.

“Tenemos miedo de volver a nuestras casas y así queramos ir a la finca no podemos porque no sabemos a que hora una pipa de gas o una ráfaga nos quite el sombrero” son las palabras de un comunero.

Son ya tres semanas que los habitantes han soportado con mayor intensidad el sonido de las metrallas, el eco de las explosiones y el ruido de los helicópteros. En los cafetales la cosecha de café se cae, lo que conlleva a pérdidas cuantiosas de recursos económicos. El miedo que acompaña a numerosas madres de familia no han dejado que sus hijos vuelvan a recibir clases en las escuelas y a los animales que hacen parte de su pequeña economía los matan las bombas.

Bombas que le arrebataron la vida al niño Juan Pablo Chicangana en Caldono y a Patricia Noscue y Luz Edit Taquinaz, comuneras del resguardo indígena de Tacueyo. Las mismas que dejaron varios heridos graves, y muchas familias en condición de desplazamiento. Pero pareciera que la vida no importara para los señores de la guerra, es la disputa por el territorio lo que les interesa. Según la guerrilla y el ejército gana esta guerra quien mas bajas produzca.

“La guerrilla mata la gente, porque ellos mataron a mi tía Bety y ahora no la puedo volver a ver más” fueron las palabras de un niño de apenas cuatro años del resguardo indígena de Tacueyo.

“Bety”, era una joven habitante de Tacueyo con apenas 16 años de edad que se encontraba cursando séptimo de bachillerato, pero hace seis meses la guerra le truncó su vida. Desde ese entonces su familia busca respuesta a su muerte, pero el argumento de los victimarios fue que la asesinaron porque ella pertenecía a la red de informantes.

Situaciones como estas son las que deben afrontar muchas familias que son víctimas de este conflicto que vive Colombia. Aunque en varias ocasiones las comunidades indígenas han dicho que no las involucren en esta guerra, su voz no ha sido escuchada pues los actores armados involucran a los niños utilizándolos como informantes y mandaderos. También hacen campañas ideológicas para convencer y reclutar a los menores.

Son estos los territorios convertidos en campos de batalla, pero asimismo son sitios estratégicos para el desarrollo del país. El norte del Cauca representa gran interés para los grupos armados en conflicto y para el narcotráfico por ser una zona de comunicación fácil entre el interior del país, la región de los llanos y el puerto sobre la costa pacífica.

De la misma manera es un lugar donde nacen grandes fuentes hídricas que riegan la producción de caña para el agrocombustible que exporta el país. Además se encuentran grandes reservas naturales vírgenes, yacimientos de oro y grandiosas minas de mármol y de calizas. Por todo esto el norte del Cauca es una zona de gran interés para el desarrollo de la gran empresa y la agroindustria regional.

Hace un año el gobierno nacional entregó la pavimentación de la vía El Palo – Toribio. Estos proyectos que suenan bondadosos para el pueblo, resultan siendo estrategias que el gobierno entrega en concesión al capital transnacional para abrir carreteras en el país, saquear los recursos naturales y obligar al pueblo a pagar su financiación a través de los peajes. Este proyecto vial corresponde a la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana -IIRSA.

El IIRSA surge de una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el FONPLATA. Estos organismos fueron los que años atrás defendieron con más fuerza el ALCA. Tratados comerciales que lo único que buscan es entregar las riquezas del país a manos extranjeras.

y campesinos que durante años construyen día tras día sus proyectos de vida. Con su ejemplo de organización y dignidad han liderado diversas acciones importantes en el país como la “consulta popular frente al Tratado de Libre Comercio”, la “cumbre itinerante de los pueblos”, la “visita por el país que queremos”, la “minga social y comunitaria” y diferentes movilizaciones con sectores populares en donde se ha rechazado las políticas neoliberales que atentan contra la vida y el territorio.

Para los indígenas la tierra hace parte de su existencia, por eso la defienden hasta con su propia vida. El pasado 7 de mayo la comunidad del resguardo de Tacueyo decidió enfrentar a los grupos armados que azotaban con sus combates a toda la población. Subieron a la parte alta de la montaña donde estaba ubicada la guerrilla disparando y le quitaron los cañones que permitían lanzar los tatucos y el material bélico que tenían en su poder. Del mismo modo al siguiente día, mujeres, niños, mayores, guardias indígenas y jóvenes cogieron sus azadones y sus palas para rellenar de tierra los huecos que servían de trincheras al ejército. Estas murallas estaban ubicadas a 15 metros de las casas de los habitantes de la vereda Buenavista del mismo resguardo y junto al acueducto que abastece a tres veredas.

“Nos vamos a tomar los sitios de recreación que nos han invadido los actores armados, ellos dicen que son fuertes porque luchan con armas, pero nosotros estamos armados de valor y con nuestro pensamiento defenderemos lo que es de nosotros, el territorio” dijo un comunero del resguardo de Toribio.

Su organización y su lucha por la autonomía estorban cada vez más a este sistema que quiere exterminar los procesos de resistencia. Por eso es importante fortalecer los espacios de organización ciudadana como las asambleas y los encuentros comunitarios para generar propuestas que respondan a los intereses de los pueblos.

Si una comunidad aislada y olvidada es capaz por sus propios medios de sacar a los violentos que invaden sus territorios, de decirle al mundo que no quieren tratados de libre comercio y de proponer al país una nueva forma de apropiarse de sus derechos constitucionales, entonces todos podemos hacerlo. Lo que hace falta entonces es aprender a escuchar las voces de quienes están resistiendo para compartir y construir el camino juntos. Aprender a sentir y compartir los dolores de todos para comenzar a edificar el país que se origine desde y para todos los pueblos.

Tejido de Comunicación ACIN
Norte del Cauca, Colombia

lunes, 17 de mayo de 2010

17 de Mayo, Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia

20 Años



Atrás quedaron aquellos años en que el homosexualismo estaba incluido en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental más. El Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia se celebra el 17 de mayo, coincidiendo con la eliminación de la homosexualidad en 1990 de la listas de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En al menos 80 países los actos homosexuales son condenados por la ley. En algunos de ellos los textos jurídicos prevén la cadena perpetua. En siete países, la pena de muerte puede ser aplicada. E incluso cuando la homosexualidad no esté considerada en el código penal, las discriminaciones y agresiones físicas se multiplican: éstas afectan aún más a las personas transexuales, particularmente expuestas, y a las lesbianas, particularmente invisibles. En ciertos países, la tendencia es hacia una mejora, pero ésta es muy frágil. En otros, la situación se degrada.



Más sobre Socialismo y derechos LGBT ¡Aquí!

domingo, 16 de mayo de 2010

Primero de mayo en Bogotá con MOVICE - Entrevista Yuri Neira Salamanca


Las celebraciones de este 1 de mayo en Bogota se han saldado con casi 3oo detenidos y 16 heridos graves. Mas de 12.000 policías realizando cargas, utilizando tanquetas, mangueras, gases lacrimógenos y bolillos contra los manifestantes e infiltrándose en la marcha para realizar actos de provocación, fueron los encargados de prestar seguridad al evento. En Colombia no solo no se han alcanzado las demandas que el movimiento obrero ha venido acumulando desde hace años, sino que exigirlas sigue siendo un peligro para quien se atreve a reclamar sus derechos, como lo demuestra este mero reporte o las elevadas cifras de sindicalistas asesinados en el país. Por eso el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado se sumó a la marcha del primero de mayo, y a ellos y a las demás organizaciones sociales y obreras que participaron en el evento les dedicamos este video. También muy especialmente a Nicolás, asesinado hace 5 años de forma brutal por el ESMAD en esta misma marcha y se ha convertido en un símbolo de la resistencia para el pueblo, y a Yuri Neira, incansable luchador por los derechos.


Entrevista Yuri Neira Salamanca





Por: International Peace Observatory- IPO - peaceobservatory.org - peaceobservatory.org

Colombia 2010

Colombia 2010 from Nacho Salgado on Vimeo.




Desde hace 45 años Colombia está inmersa en un grave conflicto político, social y armado.
Esta crisis se expresa con una de las más altas tasas de desplazamiento interno del mundo, con ejecuciones extrajudiciales, ataques indiscriminados detenciones masivas, hostigamiento, amenazas y múltiples transgresiones al derecho internacional humanitario.

Entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 2010 una delegacion asturiana visitó diferentes departamentos del país con el objeto de verificar, por sexto año, la situación de los derechos humanos en Colombia.
En este documental quedan recogidas gran parte de sus conclusiones… (Ángela López)


DOCUMENTO VI INFORME(castellano)


DOCUMENTO VI INFORME (asturianu)


Tomado de: vimeo.com

Un año de atropellos e injusticia, pero de mucha dignidad - Por Miguel Ángel Beltrán


"La resistencia es un deber, no una obligación.
Mantener la dignidad es un imperativo absoluto eso es:
la dignidad es lo que me queda, lo que nos queda"

Tajar Ben Jelloun


Hoy 13 de mayo de 2010 a punto de cumplir un año de estar privado arbitrariamente de mi libertad. Un año en el que se me han violado mis derechos fundamentales; un año en el que los medios oficiales de comunicación me han tratado como un peligroso terrorista; un año en el que he sido víctima de presiones físicas y psicológicas, incluyendo amenazas contra mi familia; un año en el que se me ha condenado a vivir la mayor parte del tiempo en una celda de tres por cuatro metros, con tres y hasta cuatro internos más en condiciones de hacinamiento, un año en que he padecido los maltratos de una guardia que reacciona violentamente cuando hago valer mis derechos. En una palabra, un año de inenarrables sufrimientos físicos y morales.

Pero más allá de estas difíciles circunstancias, quisiera decirles que como sociólogo, como colombiano, como ser humano, estos doce mese de prisión han sido un gran aprendizaje para mi, una “oportunidad” para ampliar mi horizonte de conocimientos y observar de cerca una realidad que los medios de comunicación y los poderes establecidos pretenden ocultar afanosamente.

Para empezar he apreciado el auténtico rostro autoritario de regímenes que como México y Colombia exaltan en sus constituciones y en sus discursos oficiales la primacía de los valores democráticos, pero que no vacilan en recurrir a mecanismos tan repudiables como el secuestro, la desaparición forzada, la tortura y la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos con el pretexto de combatir una supuesta “amenaza terrorista”. Y es que debo decirles –porque los medios de comunicación al servicio del stablishment lo han ocultado- que no fui capturado sino secuestrado y torturado por las autoridades mexicanas –en una operación coordinada con la DIJIN colombiana- cuando creyendo en las instituciones democráticas de estos países, me presenté voluntariamente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración a solicitar una prórroga de mi estancia legal, con el fin de concluirá mi investigación posdoctoral que adelantaba por una invitación del Centro de estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese 22 de mayo de 2009 el presidente Felipe Calderón, contrariando la voluntad del pueblo mexicano, cortó de tajo una larga tradición democrática que en décadas anteriores hizo de este país un lugar de refugio para numerosos intelectuales, políticos y líderes populares perseguidos por los regímenes autoritarios del continente y del mundo entero. Con esta infame acción, el gobierno del mandatario mexicano reafirma su pretensión de aplicar para México los lineamientos de la mal llamada “seguridad democrática”, que en Colombia ha arrojado como resultado el crecimiento del número de desplazados, la legalización de las organizaciones paramilitares, el incremento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sin contar con el profundo desangre presupuestal que lejos de resolver el problema de la violencia no hace más que agudizarlo.

Este doloroso capítulo de mi vida me ha permitido conocer los engranajes de una justicia viciada en la que primero se juzga y luego se investiga, una justicia que se sustenta en procedimientos encaminados a obtener un fallo condenatorio; un sistema penal acusatorio donde lo verdaderamente importante para el estado es que el sindicado esté dispuesto a reconocer su delito; un ente fiscal que se apoya en metodologías probatorias que no satisfacen las exigencias mínimas del proceso legal, un sistema procesal que no garantiza los principios del Estado real de derecho. Todo lo cual quedó claro en la audiencia de legalización de mi captura, donde un juez de garantías legitimó una captura ilegal, ignorando deliberadamente mi delicado estado de salud; una imputación donde no se aclaran los supuestos hechos delictivos (el cómo, cuándo y dónde ocurrieron); una inculpación donde se afirma que crear grupos de investigación científica es “concierto para delinquir” y que hablar de en espacios académicos del conflicto social y armado configura un delito de “rebelión”. Un juicio que se sustenta en una prueba ilícita e ilegal como el supuesto computador de “Raúl Reyes”.

Mientras efectivos del ejército acusados de ser autores materiales de “falsos positivos” (léase asesinatos a sangre fría) eran dejados en libertad por “vencimiento de términos” a mí se me convocaba a juicio oral para el 30 de diciembre de 2009, advirtiendo falazmente que mi defensa estaba recurriendo a maniobras dilatorias con el fin de obtener mi libertad amparado en esta misma figura jurídica. Cinco meses después de instalado el juicio oral no se ha dado inicio al mismo y a la espera de que esto suceda ya he cumplido un año de condena en este pabellón de máxima seguridad.

Para quienes no han tenido el infortunio de estar aquí –y espero que jamás lo tengan- el Pabellón de alta Seguridad de “La Cárcel la Picota” alberga internos considerados de un alto perfil delincuencial, por eso estamos sometidos a un régimen penitenciario especial –copiado del modelo norteamericano- que propicia la violación de nuestros derechos fundamentales, la restricción de visitas, la prohibición de usar espacios físicos recreativos y de trabajo (vb.gr. talleres); y el permanente monitoreo de cámaras de video, entre muchas otras medidas represivas que parten de negar nuestra condición humana porque se nos ha clasificado como peligroso para la sociedad. Contrasta esta situación con el tratamiento que reciben los jefes paramilitares, narcotraficantes y parapolíticos incriminados en masacres y delitos de lesa humanidad, quienes habitan en cómodos pabellones, con toda clase de lujos y prebendas por parte de las Directivas del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario de Colombia), cuando no gozan del beneficio de la detención domiciliaria, derecho que me fue negado pese a ser un servidor público y carecer de antecedentes penales.

Estos doce meses de presidio político no han podido, sin embargo, doblegar mi voluntad de lucha, porque para un espíritu libre no pueden haber barreras que impidan su acción. He impartido cursos de sociología, historia de América Latina, gramática y ortografía, hemos impulsado jornadas deportivo-culturales; he escrito y llevado a escena una obra de teatro (“El señor presidente apesta”); hemos fundado la Biblioteca “Jairo Antonio Sánchez”, primero en la cárcel Modelo y ahora en la Picota; y el pasado primero de mayo, día internacional de la clase obrera, lanzamos a la luz pública el primer número de boletín de presos políticos “la Fuga a viva voz” que pretende ser una valiente fuga de denuncias para re-encontrarnos con ese mundo externo que no nos es ajeno y que por el contrario es aliento para nuestra lucha.

Sin la fuerza solidaria que ustedes me han comunicado, todo esto hubiese sido imposible. Desde el momento mismo de mi detención la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (ASOPRUDEA), junto con mi familia, amigos, amigas, estudiantes y colegas de Colombia y el mundo entero, han asumido de manera activa el liderazgo de una campaña por la defensa del pensamiento crítico. A ellos, a las organizaciones y grupos de trabajo estudiantil, a los medios alternativos de comunicación, a las ONG’s defensoras de derechos humanos, a los intelectuales y académicos críticos, quisiera agradecer su decidida solidaridad, que en este momento constituye el mejor aliciente para seguir adelante y un escudo invencible para hacer frente a esta injusta situación.

Lamento sí que las altas directivas de la universidad, y particularmente su máxima cabeza visible, el Dr. Moisés Wasserman, tan enfático a la hora de condenar legitimas expresiones de protesta de los estudiantes, calle frente a los atropellos de un gobierno ilegitimo que recurre a la violencia física y simbólica para silenciar a la comunidad universitaria: ¿Qué podemos pensar de un rector que se apresura a calificar de “secuestradores” a estudiantes que no le permiten salir de su carro mientras calla frente al secuestro de un docente de su planta profesoral que adelanta estudios postdoctorales en un país vecino y, de un momento a otro es presentado ante la opinión pública nacional e internacional como uno peligroso terrorista sin el más mínimo respeto a su presunción de inocencia? ¿Será posible que esta delicada situación no suscite entre los directivos de nuestra magna casa de estudios la más elemental reflexión sobre el papel crítico de la academia en una sociedad atravesada por un agudo conflicto social y armado? ¿O es que la relevancia social de la universidad solo puede medirse a través de indicadores cuantitativos de productividad?

Tal parece que en la universidad pública bien abriéndose paso una tecnocracia académica con vocación burocrática que ve en el Alma Mater una fuente de legitimización de su poder, que privilegia la eficiencia, edificando sobre ella un sistema único de valores y concepciones acerca de las formas de gestión universitaria; una burocracia que resulta incapaz de adelantar reformas académicas con pertinencia social, porque se halla a espaldas de la comunidad universitaria; un gobierno universitario más comprometido con la reproducción de los grupos dominantes de poder que con un gobierno verdaderamente académico. Esto explica su negativa a asumir y debatir, de cara al país, los problemas nacionales.

Decía alguna vez el escritor español Miguel de Unamuno que: “hay momentos en que callar es mentir” y este silencio institucional de la Universidad es otra manera de conceder la razón a los tiranos. Y es que en ocasiones el miedo nos hace crear fantasmas y peor aún, creer en ellos.

Mi hoja de vida ha sido transparente, está a la vista de todos y todas ustedes. Son más de dos décadas de labor docente e investigación en que he enseñado a mis estudiantes no a disparar armas sino ideas; a indagar, explorar y comprender los fenómenos sociales que supone considerar todos los puntos de vista y explicaciones, así como descubrir hechos incómodos que más temprano que tarde chocarán con los saberes y poderes establecidos.

Por esos los convoco a que venzan sus temores, se despojen de su mordaza y hagan presencia masiva en el juicio oral que se iniciará el próximo lunes 24 de mayo de 2010, porque allí no se Juzgara al profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, allí se enjuiciará el pensamiento crítico, la libertad de cátedra, el trabajo académico comprometido.

En una palabra la esencia misma de la universidad pública, violentada por aquellos que pretenden coartar las ideas y convertir el Alma mater en un espacio para el pensamiento único y hegemónico.

quiero que comprendan que el haber optado por esta opción de vida, hoy me mantiene tras estas rejas y ad portas de un juicio oral que podría concluir en una condena de hasta 30 años, puedo decirles que no me arrepentiré de mis convicciones porque creo en el hombre y creer en el hombre significa creer en su libertad de pensamiento, de palabra, de crítica, de oposición, todo lo que este Estado persigue y criminaliza para garantizar los intereses de una minoría, por eso concluyo con el escritor marroquí Tajar Ben Jelloun que: “Nunca condenaré a los que no soportan a los que les hacen sufrir ya acaban sucumbiendo a la tortura y se dejan morir. He aprendido a no juzgar a los hombres. Solo soy un hombre semejante a todos los demás, con la voluntad de no ceder”.

Un abrazo fraterno
Miguel Ángel Beltrán Villegas,
Preso político, Pabellón “Alta Seguridad” (2Piso), Cárcel La Picota


Tomado de: todossomosmiguelangelbeltranvillegas.blogspot.com

Carta al Ministerio del Interior y de Justicia por Javier Giraldo Moreno

Carta al Ministerio del Interior y de Justicia


"Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos".




Bogotá, mayo 12 de 2010



Dr. FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Ciudad



De toda consideración.

Le agradezco mucho su carta del pasado 4 de mayo en la que se refiere a las amenazas contra mi vida que han aparecido escritas en muros de la ciudad y propone activar en mi favor los mecanismos previstos en el Programa de Protección de Derechos Humanos que lidera su despacho.

A la vez que le agradezco su oferta, la rechazo respetuosamente, por las mismas razones que lo hice en 1996, en 1998 y en 2006, tal como se lo expresé por escrito a los diversos organismos de seguridad del Estado que me insistieron en aceptar dichos esquemas, razones que le vuelvo a transcribir en gracia de la transparencia:

1. La única razón por la cual mi vida o seguridad pueden estar en riesgo, es la de denunciar violaciones graves de los derechos humanos fundamentales por parte de agentes directos o indirectos del Estado contra personas y comunidades en desprotección, dado que mi trabajo ha estado centrado en este tipo de acompañamiento desde hace varias décadas. No tendría lógica ser protegido por aquellas mismas instituciones que han perpetrado esas violaciones.

2. Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos.

3. No puedo, en conciencia, permitir o tolerar que se compre, se utilice o se justifique el uso de algún arma por mi causa, ni mucho menos que se arme a un ser humano por lo mismo. Estoy convencido de que la dinámica que lleva a armar a unos para defender a otros conduce a una espiral de violencia cada vez mayor, haciendo progresivamente más difícil soluciones civilizadas.

4. Personalmente no puedo soportar que alguien, por defenderme, hiera o mate a otro ser humano. Si existe un riesgo de muerte, la muerte que me parecería más perturbadora para mi conciencia sería la del que sea eliminado por alguien que busque defenderme, así sea un agresor.

5. He experimentado en otras personas que han aceptado esquemas de protección de órganos del Estado, que el uso de dichos esquemas aleja progresivamente a quienes más nos necesitan, que son las víctimas, en su mayoría traumatizados por el uso de armas contra ellos mismos o contra sus seres queridos.

Estas razones reposan textualmente desde hace 14 años en los archivos de los diversos organismos de seguridad del Estado y las vuelvo a refrendar ahora.

La coyuntura actual ha puesto en conocimiento de la opinión pública niveles profundos de corrupción y perversidad del organismo de seguridad más importante adscrito a la Presidencia de la República. Si bien todos mis esfuerzos por que se respete el artículo 15 de la Constitución, que da derecho a conocer los informes que sobre uno se guardan en bases de datos oficiales, han sido bloqueados incluso por magistrados de altos tribunales, algunos periodistas me han enviado paquetes de información que demuestran un seguimiento de 20 años a mi persona y actividades por parte del DAS y un plan elaborado de “inteligencia ofensiva” que al parecer tenía como objetivo bloquear todas mis actividades, desprestigiarlas ante la sociedad y construir piezas artificiales que facilitaran montajes judiciales. Usted comprenderá, Señor Ministro, que mal podría yo acogerme a la protección del Estado luego de descubrir estas realidades, aunque no existieran las razones de mayor peso ético antes expuestas.

Permita, pues, Señor Ministro, que al agradecerle su oferta y sus buenas intenciones, le manifieste al mismo tiempo con sinceridad mi rechazo. Ya he firmado los documentos pertinentes de renuncia a la protección estatal ante los oficiales de la Policía Nacional que me han visitado, asumiendo toda la responsabilidad que me corresponda por dicha renuncia.

Respetuosamente,





Javier Giraldo Moreno, S. J.


Tomdo de: cdpsanjose.org

lunes, 3 de mayo de 2010

Nuevas agresiones y persecuciones – Comunidad de Paz de San José de Apartadó


La Comunidad de Paz de San José de Apartadó deja nuevamente constancia ante el país y ante el mundo de las nuevas agresiones de que ha sido víctima por parte de agentes del Estado colombiano:



- Desde el día 12 abril de 2010, a través de las emisoras de radio locales, se ha citado a integrantes de nuestra Comunidad de Paz para que se presenten en la Brigada XVII del Ejército a rendir declaraciones. La comunidad considera que quienes han perpetrado tantos centenares de crímenes contra los integrantes de nuestra Comunidad y contra la población campesina de nuestro entorno, no tienen ninguna legitimidad para constituirse como “investigadores”. Esto constituye un insulto a las normas más elementales y universales de la justicia, pues jamás una institución criminal puede investigarse a sí misma.

- Los días 12 y 13 de abril de 2010, paramilitares en trajes de camuflado y con armas largas enviaron un mensaje a los miembros de la Comunidad de Paz manifestándoles que van a exterminar la comunidad y que la lista de víctimas hace tiempo la tienen elaborada y que comenzarán a ejecutarla tarde o temprano.

- El 13 de abril de 2010, hacia las 07:00 horas, siete hombres vestidos de camuflado y portando armas largas hicieron presencia en varias viviendas de la vereda Miramar. Los armados se presentaron como “autodefensas” y dijeron que estaban haciendo registros en las diversas veredas.

- El 14 de abril de 2010, hacia las 18:00 horas, un soldado le dijo a un miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad, en Apartadó, que los militares tenían una lista de 60 personas de la zona, entre ellas varios integrantes de nuestra comunidad, para detener. Así, dijo, van a “acabar con esa h.p. comunidad”.

- El 15 de abril de 2010, a las 07:30 horas, un carro estuvo parqueado junto a la casa de la familia de Eduar Lanchero y uno de sus ocupantes, junto con otro que llegó allí mismo en bicicleta, forzaron la cerradura e ingresaron a la casa, la cual se encontraba sola en ese momento, permaneciendo en su interior media hora y dejando revolcado el sitio donde se encontraban los libros y documentos, sin llevarse absolutamente nada.

- El 19 de abril de 2010, a las 08:30 horas, miembros del Ejército amenazaron nuevamente a los integrantes de nuestra comunidad en el asentamiento de La Resbalosa, afirmando que van a acabar con la comunidad y con todos ellos. Los miembros de la comunidad exigieron que respetaran las decisiones de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional, pero los militares respondieron que ellos pasaban por encima de todo eso; que ellos no tenían que acatar ninguna decisión de esas Cortes. De la misma forma el Coronel Rojas, Comandante del Batallón Voltígeros que hace presencia en la zona, le ha manifestado a organizaciones internacionales que no respetará las medidas de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que él trabaja con alias “Zamir”, el desertor de las FARC que ha proferido numerosas calumnias contra nuestra Comunidad, y con Wilfer Higuita, reconocido paramilitar al servicio del Ejército, quien ha anunciado de antemano las últimas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la zona.

- Desde el 22 de abril de 2010, han aparecido en diversos lugares de Bogotá grafitis contra el Padre Javier Giraldo y varias organizaciones de derechos humanos, en ellos se expresan amenazas de muerte y tratándolos de guerrilleros.

Estos hechos evidencian la persecución que se mantiene contra nuestro proceso y que no cesa en absoluto. A todo esto debemos añadir la actitud ineficaz de la Defensoría del Pueblo, que ha suprimido el Defensor Comunitario con que contaba nuestra Comunidad desde hace varios años y no ha respondido al mandato de la Corte Constitucional en su sentencia T 1025/07, incurriendo en un verdadero desacato a ésta. De igual forma el descaro del Ejército en su desprecio manifiesto por la normatividad nacional e internacional y por las mismas instituciones protectoras de los derechos humanos, es algo que ya no tiene pudor ni nombre. Al mismo tiempo, los vínculos entre militares y paramilitares, denunciados por muchos años por nuestra comunidad y negados siempre por el Gobierno y el Ejército, continúan revelándose a la luz del día, mientras los órganos de la justicia callan y miran para otro lado.

Este sistema de muerte que nos ha azotado durante tantos años, sigue en su empeño por destruirnos, utilizando, como siempre, las formas más ruines para hacerlo, creyendo que con dichas acciones puede aniquilar los procesos alternativos que se generan desde la conciencia, la libertad, la opción por la vida y por una paz que parte del respeto integral a la dignidad humana.

Los esfuerzos para hacerlo no cesan y las accione que se realizan se encubren con discursos que distorsionan la realidad. Un gobierno que responde que se han tomado todas las medidas de protección y que se ha avanzado en la lucha contra la impunidad mostrando realidades distorsionadas y falsas, lo que busca es encubrir sus acciones totalmente perversas que día a día van saliendo a la luz, pero que él busca siempre ocultar para bloquear toda justicia. Sin embargo, las víctimas tenemos siempre la memoria más activa y viva que nunca, pues no apostamos por un pasado muerto y enterrado; apostamos por las víctimas y por su dignidad; por su pasado siempre vivo y presente; por su historia mucho más actual y viva que nunca. Por ello no podemos quedarnos callados ante las acciones de terror que continúan realizándose; ante las intimidaciones y amenazas persistentes. Hacerlo sería creer en la lógica del victimario y justificarla; apostarle a sus formas de exterminio y de exclusión. Por ello seguirnos día a día creyendo en nuestros principios y en la necesidad diaria de mantener vivos los anhelos de justicia y de verdad, posibilitadores de un mundo distinto al que llamamos reparación.

Pedimos nuevamente a la gente que vive diariamente sembrando conciencia y que no cesa en su búsqueda de un mundo distinto, su solidaridad. Sabemos que esa solidaridad es la que permite la sobrevivencia de espacios y comunidades alternativos a los que genera este sistema de muerte, de crimen y de impunidad.



COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Abril 23 de 2010


Tomado de: cdpsanjose.org

Sentenciado a muerte

Fuerzas oscuras amenazan al padre Javier Giraldo. ¿Quién es este religioso que no cree en la justicia y desconfía de la fuerza pública?
El sacerdote jesuita Javier Giraldo asegura que no dejará de documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos por los grafitos amenazantes que aparecieron en varias partes de Bogotá.

En las calles de Bogotá se puede leer una sentencia de muerte contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno. No es la primera vez que se conoce una amenaza contra este religioso, defensor de los derechos humanos, pero nunca antes sus enemigos le habían notificado su 'muerte' a través de una decena de grafitos que aparecieron en la capital desde el pasado 23 de abril.

Las intimidaciones públicas están firmadas por un grupo que se autodenomina 'nacionalista' y se identifica como 'AN RN'. Las autoridades no han determinado quiénes están tras esta sigla, pero el padre Giraldo supone que las amenazas provienen de quienes ha incomodado con sus denuncias.

Giraldo se ha dedicado por más de 30 años a documentar y denunciar atrocidades sufridas por distintas comunidades remotas del país. Su labor ha sido riesgosa y solitaria. Ese compromiso lo ha puesto como un testigo de excepción en varios de los episodios más luctuosos del país.

A finales de los 80, Giraldo intentó, con el abogado Eduardo Umaña Mendoza, que fuera esclarecido el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por el M-19, y luego retomado a la fuerza por el Ejército. Umaña fue asesinado y valiosas pruebas que ambos aportaron al proceso durmieron el sueño de los justos hasta hace un par de años cuando la Fiscalía reactivó el proceso. Varios militares de alto rango están siendo juzgados por este caso y está a punto de producirse la primera sentencia, 25 años después.

Algo similar ocurrió con la masacre de Trujillo, en Valle del Cauca. Giraldo, junto con el párroco de la comunidad, Tiberio Fernández, recopiló amplia información sobre los crímenes que sufrieron los habitantes de este municipio entre 1988 y 1994, que dejaron más de 300 víctimas. En medio de esta labor, el padre Tiberio fue descuartizado y lanzado al río Cauca. La impunidad reinó por años, hasta que en 2008 el Grupo de Memoria Histórica publicó un detallado informe que rememora lo denunciado por Giraldo en su momento, lo que le dio un nuevo impulso a este proceso en la justicia.

También ha documentado centenares de crímenes en zonas como El Carmen del Chucurí, Santander; Magdalena Medio, Chocó y Meta. Su labor con la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en el Urabá antioqueño, ha sido más que minuciosa: Giraldo ha activado todo tipo de recursos legales, dentro y fuera del país, para que la justicia esclarezca 201 homicidios perpetrados entre 1996 y 2009. Y en especial la masacre ocurrida en 2005, por la que hay en la cárcel más de 20 militares.

El jesuita trabaja con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), donde sistematiza la información y semestralmente la publica bajo el título Informe Noche y Niebla, un documento que paradójicamente está siendo usado por los fiscales de Justicia y Paz para esclarecer los crímenes de los paramilitares.

Desconfía profundamente de la justicia, y los militares lo consideran su adversario por las acusaciones que ha hecho sobre violaciones de derechos humanos. Lo acusan de ser el corazón de la llamada guerra jurídica.

Nunca ha aceptado tampoco protección del Estado. "No puedo admitir que una persona armada esté conmigo y en un momento vaya a agredir a alguien por defenderme. Por otra parte, no son buenos los antecedentes de cómo actúa la fuerza pública frente a críticos como yo", le dijo a SEMANA.

Aunque no cree en la justicia colombiana, Giraldo conoce como nadie los recursos que le da la ley para combatir la impunidad en cada caso. La única respuesta que dice haber obtenido es comprobar una y otra vez "la podredumbre de nuestra justicia". Su conclusión, luego de 30 años en ese empeño, es simplemente lapidaria: "En Colombia la impunidad es la medida de todos los crímenes". Por eso no tiene ninguna fe en que se descubra quién ha pintado una sentencia de muerte en su contra, en los muros de Bogotá.

Por: Semana
Tomado de: semana.com