Que paguen los beneficiados

SI LA “SEGURIDAD DEMOCRÁTICA” es que la gente pueda viajar por las carreteras principales de Colombia, sin que haya retenes de la guerrilla, y en cambio, un despliegue inmenso de Fuerza Pública, si eso es, millones de colombianos nos hemos beneficiado.
Y más los terratenientes que volvieron a sus fincas y los industriales para transportar sus productos. Pero si la “seguridad democrática” es para que la población rural de Colombia viva en sus parcelas sin que haya violencia y muertes, propiciadas por la guerrilla, los ‘paracos’ y el mismo Ejército, pues lamentablemente es un soberano fracaso.

Colombia es el segundo país del mundo, después de Sudán, con el mayor número de desplazados: más de 4 millones. Con la “seguridad democrática” se llega a la triste conclusión de que en vez de avanzar hacia una sociedad más justa socialmente, cada día se abre más la brecha entre la gente que “tiene” y la que ni siquiera se puede quedar en su terruño y debe salir corriendo a buscar vida, donde no se la dan. No más aquí en Bogotá, en el Parque Tercer Milenio, tenemos miles de ellos y cada día que pasa llegan más.

Propuso Luis Carlos Sarmiento Angulo (uno de los 200 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes) que el impuesto al patrimonio, para la “seguridad democrática”, se extienda a todos los colombianos. Yo propongo que lo sigan pagando él y los otros empresarios, los del sector financiero, que tuvieron ganancias en los cuatro primeros meses del año de $3,14 billones, que además son consentidos del Gobierno y reciben prebendas y descuentos tributarios, y que paguen también los terratenientes, que ni siquiera tributan. Ellos son los que realmente se han beneficiado de la “seguridad democrática”, entonces que paguen.

El día que haya una solución de fondo para el gran problema del desplazamiento forzado (no del estilo que da, por ejemplo, Familias en Acción, un programa populista del Gobierno, que está a la caza de votos), estoy segura de que el resto de los colombianos estarían dispuestos a contribuir con ese impuesto.

El rubro del gasto militar para la “seguridad democrática” no debe ser solamente para comprar armas sofisticadas o para ampliar el pie de fuerza, o para combatir a la guerrilla, porque parece que no les interesa mucho combatir a los ‘paracos’ con sus cómplices en el Congreso. El dinero que entra por el impuesto al patrimonio debe usarse también, pero sin engaños, para restituir las tierras a los millones de desplazados que deja la guerra, que es donde está el problema de raíz.

Cuando nos llegue el momento de votar en las próximas elecciones presidenciales, escojamos a un candidato que tenga una visión equilibrada, de negociación y conciliación, y no sólo de guerra. El desplazamiento de campesinos por causa de la guerra no es un seriado de televisión. Es un problema real, grave y desestabilizador. A ver quién se le va a medir a solucionar este problema de una vez por todas y de paso eliminar el cliché de la “seguridad democrática”.

Por: Marcela Lleras
Tomado de: El Espectador

Nosotros, los perplejos

Vivimos en estado permanente de perplejidad. Tal vez, la novela de anticipación de Orwell la estamos viviendo en un país que parece haber perdido el asombro y pasó a un estado de catalepsia.
El Gran Hermano, él mismo que hace unos años se asomaba a los programas de variedades y noticieros, se metía en los mensajes de texto de celulares, hacía campaña para un referendo atroz, está hoy más presente que nunca.

Y como en un cuento de Felisberto Hernández, en el que mediante una inyección el “paciente” escucha voces que anuncian las venturas de unos muebles, una suerte de propaganda subliminal, aquí se ha erigido una figura única, salvadora, irremplazable, para que continúe por siempre jamás en las alturas del poder. Y todo eso lo escuchamos hasta en los sueños, que se tornan pesadillas.

Mientras tanto, en ese ajedrez de pacotilla, el proyecto mesiánico mueve sus fichas en los puestos clave del Estado, para que todas les sean propicias. Así se ha ido tomando las Cortes, la Procuraduría, la Fiscalía, y mantiene en el Congreso una turba de adeptos a ultranza, matriculados en partidos que no son partidos sino banderías electoreras y de distribución de puestos.

El Gran Hermano vigila. Y tiene más ojos que Argos. Y parece que la táctica es que si hay culpables de tantos desafueros, queden al margen de la torre de control, tal vez que aparezcan como ovejas descarriadas, incluso aquellas que fueron calificadas como “buenos muchachos”. Pero ¿si habrá culpables? En un sistema que ha privilegiado la impunidad y le ha dado alas a la politiquería y la corrupción, ¿si habrá posibilidades de declarar culpables de tantos ilícitos a los culpables de ellos?

La perplejidad a veces nos alcanza para preguntarnos quién va a resolver a fondo el asunto de la “yidispolítica”, en la que hay comprometidos ministros y altos funcionarios del Estado. Si al contrario, lo que se aprecia bajo el cielo nacional es que a algunos de ellos cuentan con la defensa de su benefactor, que los pone como prohombres y gente de mucho carácter. Pero, al fin de cuentas, ¿qué se hizo la otra parte del cohecho?

Big Brother acecha. Y para desplegar tal actividad tiene organismos y aparatos que interfieran llamadas, que “chucen” a los sospechosos de oponerse al pensamiento único. Y si no cómo interpretar esa conspiración de “chuzadas” a periodistas independientes, a dirigentes de oposición, a magistrados y a críticos del sistema.

Cada vez vemos cómo el país avanza a pasos de gigante hacia el totalitarismo, que consiste, entre otros asuntos, en no permitir el disenso, en darle vía a la compra de “conciencias” y de votos para cambiar “articulitos” de la Constitución, en hacerse el de la vista corta cuando organismos oficiales pasan listados de sindicalistas y de profesores universitarios a grupos ilegales, y en la de crear condiciones para que militares hagan “falsos positivos”.

Hay proyectos de perpetuación en el poder que se hacen pasar como legales y para los cuales, además, se crean climas propiciatorios, en los que se lanzan afirmaciones con carácter de verdad: “inteligencia superior”, el único, el ungido, y un largo etcétera, y para su efectiva difusión se apoyan en medios masivos de información, que los replican hasta la saciedad. En algunos de esos medios, incluso, comienzan a prescindir de colaboradores que tengan posiciones críticas frente a la realidad política y social.

Qué pasará ahora cuando la Corte investiga por prevaricato a congresistas que apoyaron el referendo reeleccionista, del cual no se ha aclarado su financiación. Quizá comience una nueva ola de “chuzadas” a los magistrados. Lo más probable es que todo siga igual, porque, como se ha dicho tantas veces, este es un país en el que ocurren las peores situaciones, pero no pasa nada. Por eso, vivimos en perpetuo estado de perplejidad.

Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: El Espectador