Traxmision en directo desde barrancabermeja. En libertad Miguel Angel y a la espera de Andres!‏

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra es una de las organizaciones campesinas que viene sufriendo una serie de persecuciones por parte del gobierno colombiano, debido a su histórica resistencia en la defensa de su territorio. Una de las estrategias que viene implementando este gobierno contra esta organización, ha sido la incriminación de sus lideres con supuestos nexos con las FARC, estrategia que además se ha implementado con otros sectores del pueblo colombiano.

Miguel Angel González Huepa es uno de los lideres de la junta directiva de la ACVC, que fue puesto en libertad luego de 17 meses de estar preso por supuestos nexos con este grupo guerrillero, cuando en realidad sólo es un campesino que viene liderando procesos sociales de importancia en su zona, procesos que al parecer afectan el interés de multinacionales, grandes sectores económicos colombianos y las políticas gubernamentales.

En este sentido, son varios los sectores sociales que vienen siendo victimas de este tipo de incriminaciones, como por ejemplo el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, proceso que agrupa organizaciones campesinas, afrodesendientes, indígenas y urbanas entre otros, y el cual en los últimos meses viene sufriendo la detención de sus principales líderes por supuestos nexos con las FARC.

Políticos opositores al gobierno, el sector estudiantil y profesoral de las universidades públicas colombianas, los periodistas independientes, son algunos de los sectores estigmatizados por el gobierno, como una forma de acallar las voces de protestas e insatisfacción ante la actual crisis que vive el país.

Celebramos la liberación de Miguel Ángel González y exigimos la liberación de Andrés Gil, otro directivo de la ACVC que se encuentra injustamente detenido, y hacemos un llamado a las organizaciones sociales y defensoras de Derechos humanos, a que nos solidaricemos con los más de 3000 presos políticos que se encuentran en las cárceles de Colombia.

Los invitamos a la rueda de prensa donde estaremos con Miguel Angel y con los miembros de la ACVC.

traxmision a las 4:00PM hora colombiana.

www.antenamutante.net

puedes encontrarnos en las salas de chat.

skype: antenamutante
msn: antenamutante@hotmail.com
IRC: Freenode / Channel: #traxmision

--
AntenaMutante
))) /\ /\/\ ((((
http://www.antenamutante.net
>>>HackeAndoLaCallE<<

Chiquita Brands reveló los nombres de sus ejecutivos comprometidos con pagos a 'paras' en Colombia

La empresa bananera opera en el Urabá antioqueño. Durante dos años, los nombres de los directivos de la multinacional que autorizaron y ejecutaron pagos a los grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia habían permanecido en total anonimato.

Eso hasta este mes cuando la propia empresa entregó a una Corte en Florida una especie de 'auditoría interna' en la que documenta al milímetro las dos décadas de pagos a estos grupos y todo el proceso de arreglo al que finalmente llegó con la justicia de E.U.

Como se recuerda, en marzo del 2007 Chiquita sorprendió al mundo cuando admitió pagos a las Farc y a las AUC por casi 2 millones de dólares y fue sentenciada a una multa de US $ 25 millones, tras llegar a un acuerdo con los fiscales.

El documento en cuestión, de 269 páginas, reposa en los archivos de la Corte Sur de Florida, donde la compañía enfrenta 9 demandas civiles, que surgieron posteriormente, ante el juez Distrital Kenneth Marra.

Antes que motivos altruistas, las revelaciones de Chiquita son parte de una estrategia jurídica que busca la anulación de la mayoría de los cargos en su contra.

Realizado por un 'Special Litigation Committe' -o SLC por su sigla en inglés- el reporte fue escrito por directivos de la empresa y abogados que buscan frenar las demandas de accionistas que acusan a la compañía de hacerles perder plata por involucrarse con terroristas y anular las acciones civiles interpuesta por familiares de víctimas de 'paras' en el Urabá antioqueño.

En el informe la empresa insiste que los pagos fueron producto de la extorsión y que solo se enteró de que las AUC habían sido catalogadas como un grupo terrorista por E.U. en el 2003, dos años después de su designación. Pero lo interesante del reporte está en los nombres de los directivos y los roles que jugaron cada uno de ellos.

La Fiscalía colombiana, que viene investigando si hay mérito para pedirlos en extradición, había expresado en el pasado su frustración por la negativa a acceder a esa lista.

En el reporte, por ejemplo, se dice que por lo menos una decena de directivos y empleados de Chiquita estaba al tanto de los pagos que se hicieron a las AUC entre 1995 y el 2003, cuando se "percatan" de que las AUC es un grupo terrorista y acuden al Departamento de Justicia para buscar asesoría. Entre ellos están los ex directores Keith Lindner, Steven Warshaw y Cyrus Freidheim, y los abogados de la empresa Charles Morgan, Robert Olson y Gregory Thomas.

Igualmente, Roderick Hills, director desde el 2004 y quien inició los acercamientos con el Departamento de Justicia. "Es muy interesante. No estoy al tanto de un caso en el que una compañía estadounidense haya entregado con tal grado de detalle este tipo de cosas. Es increíble la cantidad de cosas que hicieron sin que nadie se diera cuenta ", dijo Steven Steingard, abogado de la firma Kohn Swift y Graf , que representa a las viudas de cinco misioneros de E.U. que secuestrados y asesinados por las Farc en 1993 y 1994.

Steingard dio las declaraciones al Cincinnati Bussinees Courrier, primer diario que reportó sobre el documento.

El SLC trae otros detalles relevantes. Por ejemplo, que a las Farc les pagaron entre 100 y 200 mil dólares anuales por espacio de un lustro y que el primer pago fue por 10.000 dólares. Y presenta otro nudo por desatar. Según el reporte, de 1998 al 2001 Chiquita le reportó tanto al Departamento de Justicia como a la SEC (Securities and Exchange Commission) los pagos a la guerrilla.

"Pese a ello nadie del Gobierno sugirió que esos pagos violaban alguna ley de E.U." , dice el documento, aunque las Farc ya eran consideradas desde mucho antes como un grupo terrorista.

El reporte agrega que dentro de este proceso Chiquita fue sancionada en el 2001 a pagar 100.00 dólares, por reconocer un soborno de 30.000 dólares a un funcionario portuario en Urabá.

El documento también revela que la sanción original para Chiquita era de 79 millones de dólares, pero que está terminó reducida a 25 durante la negociación. La empresa fue representada por Eric Holder, actual Fiscal General de E.U. y por ese entonces abogado particular. El reporte del SLC tardó 9 meses en ser elaborado y se basó en 750.000 documentos y 50 entrevistas con testigos e involucrados.


SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington.

Por: EL TIEMPO
Tomado de: www.sinaltrainal.org

La fundación Sumapaz denuncia la injusta detención de Winston Gallego‏

DENUCIA PÚBLICA


El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad – CODEHSEL – y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Antioquia y la Fundación Sumapaz denuncian ante la opinión pública nacional e internacional la injusta detención del defensor de derechos humanos WINSTON GALLEGO PAMPLONA, integrante de la organización Fundación Sumapaz ocurrida el día de ayer, 10 de junio de 2009.


Antecedentes:

1. Desde el mes de abril del presente año, se conoció la existencia de una investigación adelantada por la Fiscalía 74 Delegada ante la Cuarta Brigada de Medellín, en la cual se investiga a diferentes organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de derechos humanos de hacer parte del organigrama del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC). Dicha investigación se fundamente en informes de inteligencia elaborados conjuntamente por el Rime y el CTI que parten de considerar criminales las acciones legales y legitimas desarrolladas por dichas organizaciones.

2. Los señalamientos también se fundamentan en los testimonios de dos testigos que aparecen como desmovilizados, que a la vez son estudiantes de la Universidad de Antioquia y que apoyan la labor de inteligencia que realiza la cuarta Brigada en el campus universitario; estos dos informantes han sido denunciados por actos de amenazas, intimidación y agresión física contra miembros de la comunidad universitaria. El testimonio de estos “desmovilizados” ya ha sido desvirtuado en procesos anteriores donde también se investigó a personas que nuevamente aparecen vinculadas en el actual proceso.

3. El día 7 de Mayo de 2008 WINSTON GALLEGO PAMPLONA y JORGE MENESES, ambos miembros de la Fundación Sumapaz, fueron abordados a la salida de la Universidad de Antioquia por dos hombres de civil que portaban armas de fuego que detuvieron al taxista y posteriormente obligaron a los dos jóvenes a entregar sus pertenencias y sus documentos de identidad, las cuales nunca fueron devueltas a sus dueños. Ante la presencia de la policía en el lugar de los hechos se vieron obligados a identificarse como integrantes del Ejército Nacional. Por los hechos se inició una investigación disciplinaria ante la Procuraduría para investigar la conducta de los miembros de inteligencia militar implicados. Sin embargo a la fecha no se conoce el resultado de la misma, pero en cambio todos los datos de Winston y Jorge aparecen reportados en los informes de inteligencia señalados.


Hechos:

1. Desde el momento mismo del conocimiento de dicha investigación, las organizaciones y personas comprometidas decidieron comparecer libre y voluntariamente ante el despacho de la fiscal para aclarar su situación jurídica, pese a que dicha funcionaria desconoció el derecho de defensa y el debido proceso al no informarles de la existencia del proceso en su contra.

2. A través de su abogado WINSTON GALLEGO PAMPLONA informó por escrito a la fiscal que estaba dispuesto a comparecer al despacho en el momento que lo requiriera para ser escuchado en versión libre y demostrar su inocencia en los hechos así como desvirtuar las falsas acusaciones que pesan en su contra. En razón de la manifestación voluntaria de comparecer al proceso la fiscal tomó la decisión de citarlo para ser escuchado en indagatoria el día 10 de junio de 2009.

3. En la fecha programada WINSTON GALLEGO acudió voluntariamente a la diligencia de indagatoria, donde aportó elementos probatorios para desvirtuar las acusaciones en su contra y establecer la legalidad de sus actividades como defensor de derechos humanos. Sin embargo, una vez terminada dicha diligencia la fiscal determinó ordenar su captura inmediata. Esta decisión desconoce la presentación voluntaria de WINSTON GALLEGO en el proceso y su expresa decisión de colaborar con la investigación, violándose derechos fundamentales como la libertad individual, que sólo puede ser limitada en casos excepcionales, y la presunción de inocencia.

4. Esta situación genera una gran preocupación para las demás personas y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos que están siendo investigadas, puesto que evidencia una vez más la persecución y estigmatización a la legítima labor de defensa de los derechos humanos y la oposición política en el país, poniendo en riesgo la vida y libertad de las otras personas que también han decidido presentarse voluntariamente a indagatoria.


Por todo lo anterior solicitamos:

· A la Fiscal 74 delegada ante la Cuarta Brigada que respete y garantice los derechos fundamentales de las personas que están siendo investigadas, tales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad.

· A la fiscalía General de la Nación que proceda a reasignar el proceso a una fiscalía que garantice su independencia estando por fuera de las guarniciones militares que son las que en forma arbitraria realizan labores de inteligencia a las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.

· A la Procuraduría General de la Nación que avance en la investigación por los ilegales informes de inteligencia realizados por el Rime y el ejército, así como por la utilización arbitraria de personas que aparecen como desmovilizados de grupos ilegales y que son el fundamento de la apertura de procesos penales contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, estudiantiles y sindicales.

· A Naciones Unidas, especialmente a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que realice un seguimiento a la situación de defensores de derechos humanos que están siendo investigados en razón de su legítima actividad y en el marco legal establecido en la legislación nacional e internacional. Dada la gravedad de la situación, convocamos, para que tome cartas en el asunto y lidere el acompañamiento a las organizaciones en riesgo, y así mismo facilite los acercamientos entre éstas y las entidades del Estado colombiano que sean pertinentes.

Medellín, 11 de junio de 2009



Por: Fundación sumapaz