La empresa bananera opera en el Urabá antioqueño. Durante dos años, los nombres de los directivos de la multinacional que autorizaron y ejecutaron pagos a los grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia habían permanecido en total anonimato. Eso hasta este mes cuando la propia empresa entregó a una Corte en Florida una especie de 'auditoría interna' en la que documenta al milímetro las dos décadas de pagos a estos grupos y todo el proceso de arreglo al que finalmente llegó con la justicia de E.U.
Como se recuerda, en marzo del 2007 Chiquita sorprendió al mundo cuando admitió pagos a las Farc y a las AUC por casi 2 millones de dólares y fue sentenciada a una multa de US $ 25 millones, tras llegar a un acuerdo con los fiscales.
El documento en cuestión, de 269 páginas, reposa en los archivos de la Corte Sur de Florida, donde la compañía enfrenta 9 demandas civiles, que surgieron posteriormente, ante el juez Distrital Kenneth Marra.
Antes que motivos altruistas, las revelaciones de Chiquita son parte de una estrategia jurídica que busca la anulación de la mayoría de los cargos en su contra.
Realizado por un 'Special Litigation Committe' -o SLC por su sigla en inglés- el reporte fue escrito por directivos de la empresa y abogados que buscan frenar las demandas de accionistas que acusan a la compañía de hacerles perder plata por involucrarse con terroristas y anular las acciones civiles interpuesta por familiares de víctimas de 'paras' en el Urabá antioqueño.
En el informe la empresa insiste que los pagos fueron producto de la extorsión y que solo se enteró de que las AUC habían sido catalogadas como un grupo terrorista por E.U. en el 2003, dos años después de su designación. Pero lo interesante del reporte está en los nombres de los directivos y los roles que jugaron cada uno de ellos.
La Fiscalía colombiana, que viene investigando si hay mérito para pedirlos en extradición, había expresado en el pasado su frustración por la negativa a acceder a esa lista.
En el reporte, por ejemplo, se dice que por lo menos una decena de directivos y empleados de Chiquita estaba al tanto de los pagos que se hicieron a las AUC entre 1995 y el 2003, cuando se "percatan" de que las AUC es un grupo terrorista y acuden al Departamento de Justicia para buscar asesoría. Entre ellos están los ex directores Keith Lindner, Steven Warshaw y Cyrus Freidheim, y los abogados de la empresa Charles Morgan, Robert Olson y Gregory Thomas.
Igualmente, Roderick Hills, director desde el 2004 y quien inició los acercamientos con el Departamento de Justicia. "Es muy interesante. No estoy al tanto de un caso en el que una compañía estadounidense haya entregado con tal grado de detalle este tipo de cosas. Es increíble la cantidad de cosas que hicieron sin que nadie se diera cuenta ", dijo Steven Steingard, abogado de la firma Kohn Swift y Graf , que representa a las viudas de cinco misioneros de E.U. que secuestrados y asesinados por las Farc en 1993 y 1994.
Steingard dio las declaraciones al Cincinnati Bussinees Courrier, primer diario que reportó sobre el documento.
El SLC trae otros detalles relevantes. Por ejemplo, que a las Farc les pagaron entre 100 y 200 mil dólares anuales por espacio de un lustro y que el primer pago fue por 10.000 dólares. Y presenta otro nudo por desatar. Según el reporte, de 1998 al 2001 Chiquita le reportó tanto al Departamento de Justicia como a la SEC (Securities and Exchange Commission) los pagos a la guerrilla.
"Pese a ello nadie del Gobierno sugirió que esos pagos violaban alguna ley de E.U." , dice el documento, aunque las Farc ya eran consideradas desde mucho antes como un grupo terrorista.
El reporte agrega que dentro de este proceso Chiquita fue sancionada en el 2001 a pagar 100.00 dólares, por reconocer un soborno de 30.000 dólares a un funcionario portuario en Urabá.
El documento también revela que la sanción original para Chiquita era de 79 millones de dólares, pero que está terminó reducida a 25 durante la negociación. La empresa fue representada por Eric Holder, actual Fiscal General de E.U. y por ese entonces abogado particular. El reporte del SLC tardó 9 meses en ser elaborado y se basó en 750.000 documentos y 50 entrevistas con testigos e involucrados.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington.
Por: EL TIEMPO
Tomado de: www.sinaltrainal.org
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