martes, 11 de noviembre de 2008

SEGOVIA, UN RASTRO SIN OLVIDO

Segovia, un rastro sin olvido



Por: Enrique Rivas G./ Enviado especial

El Espectador recorrió la zona donde se cometió uno de los más espantosos crímenes del país y encontró que la población aún teme que se repita la historia del 11 noviembre de 1988.


Los familiares de las víctimas de la masacre de 43 personas en el municipio de Segovia (Antioquia), el 11 de noviembre de 1988, siguen reclamando justicia.

Los asesinos le dieron la vuelta al parque La Madre disparando sin control a todo lo que se movía. Los primeros en caer fueron Pablo Gómez y su esposa Maruja Idárraga. Ellos salieron de la casa buscando apostar dinero en el chance, confiados en que el número 150 iba ser el ganador esa noche, pero la muerte, que se había agazapado poco antes de las 6:55 de la tarde en dos vehículos camperos, los sorprendió como lo hizo también con otros 41 habitantes de Segovia el 11 de noviembre de 1988.

Esta fue una de las más espantosas masacres ocurridas durante la década de los 80. Por eso, al cumplirse 20 años del pavoroso asesinato colectivo, El Espectador llegó hasta este apartado municipio del nordeste antioqueño, distante 230 kilómetros de Medellín, donde sus habitantes, unos desde el anonimato y otros de cara a la verdad, recordaron paso a paso cómo 29 paramilitares sembraron el terror durante más de una hora, mientras la Policía y el Ejército se atrincheraron en su cuarteles simulando un ataque de la guerrilla en su contra.

Un recorrido de historias y tragedias que parte desde Caucasia, municipio que une geográfica, económica y culturalmente a Antioquia con la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y la subregión del Urabá. El de la semana pasada fue un viaje accidentado de siete horas que tuvo como segundo punto de partida a Zaragoza, desde donde se comienzan a vislumbrar a la vera del camino unos 20 caseríos de mineros hechos con tablas, yute verde haciendo las veces de separadores de cuartos y plásticos negros convertidos en los techos de las improvisadas viviendas y cambuches.

Así se llega a Segovia, destino final del viaje, hasta donde se acudió con el fin de saber qué ha sucedido 20 años después de la masacre. Nada nuevo, la violencia sigue campeando, tanto así que el primero de noviembre pasado fue asesinado el personero Jairo Luis Álvarez Ruiz, quien había denunciado el accionar de grupos emergentes y el exterminio de jóvenes drogadictos.

A primera vista, este municipio, fundado en 1869, no es encantador. Sus casas estrechas y hasta de tres pisos, están pintadas en su mayoría de colores pastel, pero coronadas con telarañas de cables. Aún así, calles como La Banca y Bolívar, consideradas dos de las tres principales del municipio, se muestran con vida: el comercio es grande y activo, al igual que el tráfico, cargado de cientos de motos, caballos y vehículos transitando con afán y sin parar.

A la vez el pueblo también es la tierra de la sensualidad, del mestizaje y donde se encuentran casi todos los credos religiosos. Sus cerca de 60.000 habitantes, en su mayoría, son buenos anfitriones, solidarios y bulliciosos en algunos casos debido a la mezcla de culturas del Chocó, la Costa y Antioquia. Al mismo tiempo, se observa cierta timidez en sus pobladores, un hecho producto de esa mixtura entre afrodescendientes e indígenas y de las heridas que ha dejado la guerra durante varias décadas.

Así comenzaron a llegar

Lo sucedido el 11 de noviembre de 1988 fue un vergonzoso episodio de la violencia del país, parte de la cual comenzó poco después de 1984 con la aparición en la zona de grupos de extrema derecha como Los Grillos, La Mano Negra, Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), además de Los Masetos (Muerte a Secuestradores - MAS), creados por Fidel Castaño Gil, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha en el Magdalena Medio. Esto fue en 1983, poco después del secuestro de Marta Nieves, hermana de Juan David, Fabio y Jorge Luis Ochoa Vásquez, miembros del cartel de Medellín que se sometieron a la justicia el 19 de diciembre de 1990.

Estos grupos, nacidos y replicados en otras regiones del país como respuesta al crecimiento de la guerrilla y al posicionamiento político de la Unión Patriótica (UP), llegaron a la zona procedentes de Puerto Berrío (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá). Parte de la arremetida tenía como objetivo sacar de la zona a la UP, partido político creado luego de los acuerdos de paz suscritos en 1984 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas y las Farc.

Los paramilitares ingresaron primero a veredas y corregimientos como San Miguel, El Pescado, Cañaveral y Puerto Calavera, donde existía presencia de algunos frentes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las Farc. “Ellos empezaron por hostigar al campesino, robarle el ganado, quitarles el oro a los barequeros, y luego a perseguir dirigentes agrarios, sindicales y profesores, porque decían que eran auxiliadores de la guerrilla”, narró uno de los habitantes, que vivió en carne propia esa época.

Luego comenzaron a actuar la Policía y el Ejército. Según otros habitantes del municipio, que prefirieron omitir sus nombres, en la noche del 26 de octubre de 1988 el capitán de la Policía Henry Bernal Fernández y el teniente del Ejército Edgardo Hernández Navarro se tomaron el centro del pueblo e hicieron disparos al aire para que los habitantes se encerraran en sus casas a las ocho de la noche y así poder colocar los grafitis que advertían lo que se venía: “Segovia: te pacificaremos así como lo hicimos con el municipio de Puerto Berrío”.

Unos tres meses antes de la gran masacre, el padre Jorge Mira tuvo que desenterrar a 25 campesinos que habían sido asesinados a manos de Los Masetos en las veredas La Pavera y Manila.

Estos hechos, según los segovianos, se convirtieron en la antesala para el ingreso de los tres vehículos que llegaron al parque principal hace 20 años por la calle de La Banca. Luego uno de ellos, bajo el mando del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, se trepó por la calle de la Reina hasta llegar al barrio La Madre, donde se dio comienzo a la matanza con el asesinato de los esposos Gómez. Al mismo tiempo, otro automotor se estacionó frente al bar Johnny Kay, en tanto que uno más transitaba silenciosamente por este mismo sector a la espera de escuchar los disparos en La Madre, señal con la que se dio paso al baño de sangre.

La estampida

Minutos después de las ráfagas de fusil en el parque de La Madre, los vecinos corrieron despavoridos por la calle de la Reina hacia el centro de la ciudad. Estampida que cruzó por el cementerio y una iglesia de los Testigos de Jehová, cerca del número 50-57, donde se encontraban el mecánico Luis Eduardo Sierra, conocido como “El Saíno”, y su amigo Jesús Antonio García.

“Ellos estaban parados frente a la casa cuando empezaron los disparos de unos hombres que vestían camisetas azules y overoles oscuros, ahí cayeron los dos”, testimonió Marleny Silva, esposa de Jesús Antonio García, que no alcanzó a conocer a su hijo Cristian Andrés, quien cumple 20 años este 27 de noviembre.

A esa misma hora, frente a la casa de Marleny, se estaba viviendo una situación igual con la familia de María Sierra, de 79 años. “Ese día la gente me gritó: ‘Señora, ¿es que no escuchó los disparos? Entre a la casa. Yo hice caso y me metí debajo de la cama, cuando al rato llegaron unos muchachos heridos y también se metieron”, recordó.

Mientras eso sucedía en la calle de la Reina, alrededor de la plaza central el drama tenía dimensiones insospechadas. Los ocupantes de una de las camionetas, apostados frente al bar Johnny Kay, abrieron fuego. El saldo fue de 18 muertos. Al tiempo que la gente gritaba desesperadamente y corría por todos los lados, el resto de atacantes disparaban sin cesar sobre la población que estaba departiendo en otros negocios o en la calle, entre ellos el niño Francisco William Gómez, de 13 años, quien fue parte de la tragedia.

Horas después de la matanza y la huida de los asesinos, el Ejército, en cabeza del entonces brigadier general Raúl Rojas Cubillos, señaló al Eln y a las Farc del asesinato múltiple. Una afirmación que se convirtió en la senda por la cual comenzó a transitar la impunidad en este caso, que no sólo conmovió al país, sino que le dio la vuelta al mundo.

La situación de hoy

A pesar de la riqueza que producen las más importantes minas de oro en el país. Segovia se siente pobre y desprotegida. Prueba de ello son los jóvenes, que representan más del 50% de la población, y que hoy casi en su totalidad están entregados a las drogas y a inhalar pegantes.

Una situación que, sumada a la aparición las Águilas Negras, está creando zozobra entre la población, toda vez que las amenazas contra algunos de los habitantes son continuas. De hecho, la gente sin tapujos dice que la muerte sigue instalada en el municipio. “Mi hermano está en una lista de personas que deben abandonar el pueblo y si no lo hace, lo matan. Es por eso que a él hay que encerrarlo en la casa después de las tres de la tarde”, denunció una de las vecinas del barrio La Madre, quien pidió reserva del nombre.

El alcalde Luis Alfonso Ochoa desestima la presencia de nuevas bandas armadas. Según él, son rumores que circulan en las calles. Sin embargo, advierte que este año han sido asesinadas 25 personas, entre ellas el personero Jairo Luis Álvarez (el 31 de octubre), quien se caracterizó por la atención a las víctimas de la violencia y su condena al aniquilamiento de jóvenes adictos.

Una violencia cotidiana que no cesa y que en ciertos días cobra hasta dos víctimas. Pero lo que más está espantando a la gente es el rumor una nueva masacre similar a la de hace 20 años. Aún así, los segovianos siguen de pie para no olvidar lo sucedido el 11 de noviembre de 1988.

Tras las huellas de los reporteros asesinados

La ola de crímenes a manos de los actores armados del conflicto armado no sólo enlutó a los habitantes de Segovia. La noche del 24 de julio de 1991, el periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y el fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas, quienes también fueron a realizar un trabajo para El Espectador sobre la historia de violencia regional, fueron asesinados en una de las calles de este municipio. Los vecinos del barrio La Madre recuerdan que momentos antes del crimen, los reporteros estuvieron tomando refrescos en una de las tiendas del sector y luego bajaron por la calle de la Reina hasta el sector de Cartal. Allí, cerca de una iglesia evangélica, se acercaron a comprar empanadas donde Marleny Silva. “Ellos arrimaron a comer empanadas y los estaba siguiendo un carro. Al momentico se escucharon los disparos”, narró Marleny, quien también fue víctima de la violencia. El asesinato ocurrió en los mismos lugares donde tres años atrás la caravana de la muerte comenzó su recorrido de horror.

La alcaldesa se quedó sin seguridad

Según las organizaciones sociales que han conocido del caso, el día de la masacre inexplicablemente el comandante de la Policía, Jorge Eliécer Chacón, retiró el servicio de escoltas de la alcaldesa Rita Ivonne Tobón y en las proximidades del parque principal de Segovia no se encontraba el personal de la Policía ni del Ejército.

Proyectos como “Nunca Más” sostienen también que el plan era dirigido de forma exclusiva contra la UP y presuntamente fue fraguado por miembros del Batallón Bomboná, desde donde según las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación se elaboraron las amenazas contra la población civil y miembros de la Alcaldía y el Concejo.

Listado de las víctimas de 1988

• Pablo Emilio Gómez Chaverra. • María del Carmen Idárraga y Pablo Emilio Gómez. • Luis Eduardo Sierra

• Jesús Antonio García• María Dolly Bustamante. • Diana María Vélez. • Carlos Restrepo, padre. • Carlos Restrepo, hijo. • Eduardo Antonio Restrepo. • Luis Eduardo Hincapié. • Julio Sierra. • Luis Lozano. • Jesús Calle. • Róbinson Mejía. • Fabio Jaramillo • Jesús Vásquez. • Roberto Marín. • Pablo Idárraga. • Luz Orozco. • Rosa Mazo. • William Escudero. • Jorge Luis Puerta Londoño

• Libardo Antonio Cataño. • Guillermo Ariza. • Jesús Aníbal Gómez . • Julio Flórez. • Regina del Socorro Muñoz. • Jairo de Jesús Rodríguez Pardo • Jesús Danilo Amariles Casallas, • Henry Albeiro Castrillón. • José Abelardo Osorio Betancur • Óscar de Jesús Agudelo López • Shirley Cataño Patiño, 11 años • Erika Milena Marulanda. • Francisco William Gómez Monsalve, 13 años • Luis Ángel de Jesús Moreno Sanmartín, 16 años • Jesús Eduardo Hernández Sierra • Guillermo Orozco Escudero • Juan de Dios Palacio, minero • José Abelardo Madrid • Olga Agudelo de Barrientos • Jesús Antonio Benítez • José Antonio Marulanda



Enrique Rivas G./ Enviado especial | EL ESPECTADOR | http://elespectador.com/ |

DENUNCIAN LA RELACIÓN DEL NUEVO COMANDANTE DEL EJÉRCITO CON GRAVES VIOLACIONES DE DDHH

ONG de Antioquia recuerdan las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron entre 2003 y 2006

Denuncian la relación del nuevo comandante del ejército con graves violaciones de los derechos humanos

Agencia IPC

Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Antioquia poseen numerosos registros de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre diciembre de 2003 y octubre de 2006, periodo en el cual el general Oscar Peña González, nuevo comandante del Ejército Nacional, estuvo como comandante de la IV Brigada y de la Séptima División, ambas guarniciones militares con sede en Medellín.

Peña González comandó la IV Brigada entre el 15 diciembre de 2003 y julio 16 de 2005, posteriormente pasó a dirigir la Séptima División, donde estuvo entre el 16 agosto de 2005 y el 17 octubre de 2006, siendo su primer comandante. En ambos periodos se han denunciado y documentado decenas de ejecuciones extrajudiciales y su gravedad ha sido de tal magnitud en esta guarnición militar que fuentes militares citadas en informes no gubernamentales sobre este atroz delito han relatado que “resultan verosímiles las afirmaciones de que no todas las bajas de la IV Brigada han sido hombres con fusil”.

La situación llegó a tal complejidad que en su informe del 2004, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el incremento de las ejecuciones extrajudiciales y se refirió a la IV Brigada del Ejército, en esa época comandada por Peña González, como la guarnición militar donde se habían incrementado las denuncias en contra de algunos de sus miembros, al parecer responsables de esas muertes de civiles.

Según los informes no gubernamentales, la mayor ocurrencia de estos hechos se ha denunciado en el Oriente antioqueño, donde hacen presencia tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 4 Juan del Corral; del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez; del Batallón de Contraguerrilla N.° 4 Granaderos; y del Batallón de Plan Especial Energético y Vial N.° 4 BG. Jaime Polaina Puyo, todos ellos adscritos a la IV Brigada del Ejército Nacional.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que analizó la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales entre los meses de agosto de 2002 y julio de 2006 en todo el país, advierte que Antioquia es, con 183 víctimas, es uno de los departamentos más afectados por las ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad de la Fuerza Pública.

Este Observatorio, compuesto por cerca de 199 organizaciones no gubernamentales, recepcionó denuncias de 74 casos y 110 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño cometidas entre agosto de 2002 y junio de 2006 por miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, en desarrollo de las operaciones Marcial Norte, ejecutada en el año 2003; Espartaco, en el año 2004; Ejemplar, realizada en el 2005; y Falange I, que fue llevada a cabo durante el año 2006. Tales denuncias cobijan la mayor parte de los municipios del oriente antioqueño, aunque se presentan con mayor frecuencia en los municipios de Cocorná, Granada y San Luis. Un informe local sobre derechos humanos reseñó que durante la operación Espartaco, ejecutada por el Batallón de Artillería N. 4, dejó por lo menos 22 personas ejecutadas extrajudicialmente.

De acuerdo con el perfil de las 110 víctimas reportadas por el Observatorio, 98 de ellas son hombres y 12 mujeres, una de ellas en estado de embarazo; 12 de las víctimas son niñas y niños entre los 15 y 17 años; 3 personas tenían alguna discapacidad física o mental; y la mayoría de las víctimas se dedicaban a labores agrícolas en sus fincas o en parcelas vecinas.

Por su parte, la Corporación Jurídica Libertad le viene haciendo seguimiento judicial a 38 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño entre los años 2002 y 2006 que afectaron a civiles presentados en los reportes militares como guerrilleros dados de baja en combate. Además, tiene en sus registros 195 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre los años 2004 y 2005, de ellos 98 se denunciaron en el Oriente antioqueño y 46 más en el Valle de Aburrá.

Según un informe sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Oriente antioqueño sobre hechos ocurridos en el año 2005, que cita sendos datos de las personerías municipales y de organizaciones no gubernamentales que operan en esta subregión del departamento, durante ese año se registraron por lo menos 25 casos de quejas documentadas sobre ejecuciones extrajudiciales y acciones de “limpieza social”, atribuidas a la acción u omisión de miembros de la Fuerza Pública, denunciándose en varias de ellas la manipulación de la escena del crimen para simular combates.

Todo ha sido desmentido

No obstante las evidencias que se han presentado de manera reiterada sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Oriente antioqueño, el Gobierno nacional ha desestimado una y otra vez su veracidad.

En uno de los municipios más afectados por este delito, Cocorná, el presidente Álvaro Uribe Vélez dijo allí el 24 de octubre de 2007 que “Como andan de civil y en grupitos pequeños, en cada ocasión que se le ha dado de baja alguno, salen a acusar a la Fuerza Pública, a decir que es una Fuerza Pública asesina, que en lugar de darles de baja los asesinaron fuera de combate”.

En esa ocasión el mandatario nacional advirtió sobre la necesidad de ilustrar de manera rigurosa todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, “para mostrar ante los fiscales, ante la justicia nacional, ante los críticos internacionales, cómo estos bandidos ahora andan de civil en una ‘operación pistola’, y cuando se les da de baja, sus compinches alegan que fueron dados de baja por fuera de combate. Vamos a ilustrar bien el caso, vamos a formar bien el caso, con todas las evidencias, para avanzar en la defensa de nuestros soldados y policías”.

Esa apreciación presidencial estuvo precedida por declaraciones del saliente comandante del Ejército, el hoy ex general Mario Montoya Uribe, quien en declaraciones al periódico El Tiempo, publicadas en la edición del 11 de julio de 2006, aclaró que este conjunto de irregulares en los resultados operacionales no tenían nada que ver con la presión sobre sus subalternos.

“Si eso fuese una situación generalizada podríamos pensar que el hecho de pedir resultados nos llevara a eso. Pero, la ONU y otras organizaciones dicen que son 24 casos de este año y los del año pasado suman 40 personas presentadas irregularmente como muertas en combate. No conozco el número de personas. Hay 29 investigaciones y de esas, 5 están en la justicia ordinaria y 24 en la justicia penal militar. El comandante de la VII División (general Peña González) señala que son montajes de la guerrilla con ayuda de algunas ONG”, aseguró en esa ocasión Montoya Uribe.

Uno de los contrastes entre la abundante documentación de ejecuciones extrajudiciales acopiada por organizaciones no gubernamentales para la época en que el general Oscar Peña González se desempeñó como comandante de la IV Brigada y sus logros operacionales es que fue destacada en el año 2006 como la unidad militar más efectiva y con los mejores resultados en los últimos cinco años; además, es una de las guarniciones que apalanca a quien ambicione llegar a la comandancia del Ejército o de las Fuerzas Armadas, pues por ella han pasado los generales Mario Montoya y, claro está, el general Oscar Peña González.