lunes, 3 de mayo de 2010

Nuevas agresiones y persecuciones – Comunidad de Paz de San José de Apartadó


La Comunidad de Paz de San José de Apartadó deja nuevamente constancia ante el país y ante el mundo de las nuevas agresiones de que ha sido víctima por parte de agentes del Estado colombiano:



- Desde el día 12 abril de 2010, a través de las emisoras de radio locales, se ha citado a integrantes de nuestra Comunidad de Paz para que se presenten en la Brigada XVII del Ejército a rendir declaraciones. La comunidad considera que quienes han perpetrado tantos centenares de crímenes contra los integrantes de nuestra Comunidad y contra la población campesina de nuestro entorno, no tienen ninguna legitimidad para constituirse como “investigadores”. Esto constituye un insulto a las normas más elementales y universales de la justicia, pues jamás una institución criminal puede investigarse a sí misma.

- Los días 12 y 13 de abril de 2010, paramilitares en trajes de camuflado y con armas largas enviaron un mensaje a los miembros de la Comunidad de Paz manifestándoles que van a exterminar la comunidad y que la lista de víctimas hace tiempo la tienen elaborada y que comenzarán a ejecutarla tarde o temprano.

- El 13 de abril de 2010, hacia las 07:00 horas, siete hombres vestidos de camuflado y portando armas largas hicieron presencia en varias viviendas de la vereda Miramar. Los armados se presentaron como “autodefensas” y dijeron que estaban haciendo registros en las diversas veredas.

- El 14 de abril de 2010, hacia las 18:00 horas, un soldado le dijo a un miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad, en Apartadó, que los militares tenían una lista de 60 personas de la zona, entre ellas varios integrantes de nuestra comunidad, para detener. Así, dijo, van a “acabar con esa h.p. comunidad”.

- El 15 de abril de 2010, a las 07:30 horas, un carro estuvo parqueado junto a la casa de la familia de Eduar Lanchero y uno de sus ocupantes, junto con otro que llegó allí mismo en bicicleta, forzaron la cerradura e ingresaron a la casa, la cual se encontraba sola en ese momento, permaneciendo en su interior media hora y dejando revolcado el sitio donde se encontraban los libros y documentos, sin llevarse absolutamente nada.

- El 19 de abril de 2010, a las 08:30 horas, miembros del Ejército amenazaron nuevamente a los integrantes de nuestra comunidad en el asentamiento de La Resbalosa, afirmando que van a acabar con la comunidad y con todos ellos. Los miembros de la comunidad exigieron que respetaran las decisiones de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional, pero los militares respondieron que ellos pasaban por encima de todo eso; que ellos no tenían que acatar ninguna decisión de esas Cortes. De la misma forma el Coronel Rojas, Comandante del Batallón Voltígeros que hace presencia en la zona, le ha manifestado a organizaciones internacionales que no respetará las medidas de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que él trabaja con alias “Zamir”, el desertor de las FARC que ha proferido numerosas calumnias contra nuestra Comunidad, y con Wilfer Higuita, reconocido paramilitar al servicio del Ejército, quien ha anunciado de antemano las últimas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la zona.

- Desde el 22 de abril de 2010, han aparecido en diversos lugares de Bogotá grafitis contra el Padre Javier Giraldo y varias organizaciones de derechos humanos, en ellos se expresan amenazas de muerte y tratándolos de guerrilleros.

Estos hechos evidencian la persecución que se mantiene contra nuestro proceso y que no cesa en absoluto. A todo esto debemos añadir la actitud ineficaz de la Defensoría del Pueblo, que ha suprimido el Defensor Comunitario con que contaba nuestra Comunidad desde hace varios años y no ha respondido al mandato de la Corte Constitucional en su sentencia T 1025/07, incurriendo en un verdadero desacato a ésta. De igual forma el descaro del Ejército en su desprecio manifiesto por la normatividad nacional e internacional y por las mismas instituciones protectoras de los derechos humanos, es algo que ya no tiene pudor ni nombre. Al mismo tiempo, los vínculos entre militares y paramilitares, denunciados por muchos años por nuestra comunidad y negados siempre por el Gobierno y el Ejército, continúan revelándose a la luz del día, mientras los órganos de la justicia callan y miran para otro lado.

Este sistema de muerte que nos ha azotado durante tantos años, sigue en su empeño por destruirnos, utilizando, como siempre, las formas más ruines para hacerlo, creyendo que con dichas acciones puede aniquilar los procesos alternativos que se generan desde la conciencia, la libertad, la opción por la vida y por una paz que parte del respeto integral a la dignidad humana.

Los esfuerzos para hacerlo no cesan y las accione que se realizan se encubren con discursos que distorsionan la realidad. Un gobierno que responde que se han tomado todas las medidas de protección y que se ha avanzado en la lucha contra la impunidad mostrando realidades distorsionadas y falsas, lo que busca es encubrir sus acciones totalmente perversas que día a día van saliendo a la luz, pero que él busca siempre ocultar para bloquear toda justicia. Sin embargo, las víctimas tenemos siempre la memoria más activa y viva que nunca, pues no apostamos por un pasado muerto y enterrado; apostamos por las víctimas y por su dignidad; por su pasado siempre vivo y presente; por su historia mucho más actual y viva que nunca. Por ello no podemos quedarnos callados ante las acciones de terror que continúan realizándose; ante las intimidaciones y amenazas persistentes. Hacerlo sería creer en la lógica del victimario y justificarla; apostarle a sus formas de exterminio y de exclusión. Por ello seguirnos día a día creyendo en nuestros principios y en la necesidad diaria de mantener vivos los anhelos de justicia y de verdad, posibilitadores de un mundo distinto al que llamamos reparación.

Pedimos nuevamente a la gente que vive diariamente sembrando conciencia y que no cesa en su búsqueda de un mundo distinto, su solidaridad. Sabemos que esa solidaridad es la que permite la sobrevivencia de espacios y comunidades alternativos a los que genera este sistema de muerte, de crimen y de impunidad.



COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Abril 23 de 2010


Tomado de: cdpsanjose.org

Sentenciado a muerte

Fuerzas oscuras amenazan al padre Javier Giraldo. ¿Quién es este religioso que no cree en la justicia y desconfía de la fuerza pública?
El sacerdote jesuita Javier Giraldo asegura que no dejará de documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos por los grafitos amenazantes que aparecieron en varias partes de Bogotá.

En las calles de Bogotá se puede leer una sentencia de muerte contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno. No es la primera vez que se conoce una amenaza contra este religioso, defensor de los derechos humanos, pero nunca antes sus enemigos le habían notificado su 'muerte' a través de una decena de grafitos que aparecieron en la capital desde el pasado 23 de abril.

Las intimidaciones públicas están firmadas por un grupo que se autodenomina 'nacionalista' y se identifica como 'AN RN'. Las autoridades no han determinado quiénes están tras esta sigla, pero el padre Giraldo supone que las amenazas provienen de quienes ha incomodado con sus denuncias.

Giraldo se ha dedicado por más de 30 años a documentar y denunciar atrocidades sufridas por distintas comunidades remotas del país. Su labor ha sido riesgosa y solitaria. Ese compromiso lo ha puesto como un testigo de excepción en varios de los episodios más luctuosos del país.

A finales de los 80, Giraldo intentó, con el abogado Eduardo Umaña Mendoza, que fuera esclarecido el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por el M-19, y luego retomado a la fuerza por el Ejército. Umaña fue asesinado y valiosas pruebas que ambos aportaron al proceso durmieron el sueño de los justos hasta hace un par de años cuando la Fiscalía reactivó el proceso. Varios militares de alto rango están siendo juzgados por este caso y está a punto de producirse la primera sentencia, 25 años después.

Algo similar ocurrió con la masacre de Trujillo, en Valle del Cauca. Giraldo, junto con el párroco de la comunidad, Tiberio Fernández, recopiló amplia información sobre los crímenes que sufrieron los habitantes de este municipio entre 1988 y 1994, que dejaron más de 300 víctimas. En medio de esta labor, el padre Tiberio fue descuartizado y lanzado al río Cauca. La impunidad reinó por años, hasta que en 2008 el Grupo de Memoria Histórica publicó un detallado informe que rememora lo denunciado por Giraldo en su momento, lo que le dio un nuevo impulso a este proceso en la justicia.

También ha documentado centenares de crímenes en zonas como El Carmen del Chucurí, Santander; Magdalena Medio, Chocó y Meta. Su labor con la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en el Urabá antioqueño, ha sido más que minuciosa: Giraldo ha activado todo tipo de recursos legales, dentro y fuera del país, para que la justicia esclarezca 201 homicidios perpetrados entre 1996 y 2009. Y en especial la masacre ocurrida en 2005, por la que hay en la cárcel más de 20 militares.

El jesuita trabaja con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), donde sistematiza la información y semestralmente la publica bajo el título Informe Noche y Niebla, un documento que paradójicamente está siendo usado por los fiscales de Justicia y Paz para esclarecer los crímenes de los paramilitares.

Desconfía profundamente de la justicia, y los militares lo consideran su adversario por las acusaciones que ha hecho sobre violaciones de derechos humanos. Lo acusan de ser el corazón de la llamada guerra jurídica.

Nunca ha aceptado tampoco protección del Estado. "No puedo admitir que una persona armada esté conmigo y en un momento vaya a agredir a alguien por defenderme. Por otra parte, no son buenos los antecedentes de cómo actúa la fuerza pública frente a críticos como yo", le dijo a SEMANA.

Aunque no cree en la justicia colombiana, Giraldo conoce como nadie los recursos que le da la ley para combatir la impunidad en cada caso. La única respuesta que dice haber obtenido es comprobar una y otra vez "la podredumbre de nuestra justicia". Su conclusión, luego de 30 años en ese empeño, es simplemente lapidaria: "En Colombia la impunidad es la medida de todos los crímenes". Por eso no tiene ninguna fe en que se descubra quién ha pintado una sentencia de muerte en su contra, en los muros de Bogotá.

Por: Semana
Tomado de: semana.com