domingo, 6 de septiembre de 2009

Pese a malestar de la Curia de Medellín, desplazados se toman basílica Metropolitana

Por lo menos unas 180 personas desplazadas por la violencia pasarán la noche del 1 de septiembre al interior de la Basílica Metropolitana de Medellín y unas 350 más, entre ellas niños, hombres y mujeres de avanzada edad, en carpas instaladas a sus alrededores, en señal de protesta por los constantes atropellos e incumplimientos a sus derechos por parte de la Agencia Presidencial Acción Social.

Y todo parece indicar que no será la primera noche que los desarraigados están dispuestos a pasar en la representativa catedral de la capital antioqueña. “Nos quedaremos hasta que venga un funcionario de Acción Social de Bogotá, no cualquier representante sino alguien con poder de decisión, para que cumpla inmediatamente con nuestros derechos”, señaló Carlos Enrique Carmona, vocero de la población desplazada.

De acuerdo con el representante, el incumplimiento en los pagos de la ayuda humanitaria de emergencia así como en los subsidios para proyectos productivos, sumado a los maltratos por parte de funcionarios de la Agencia Estatal, motivaron esta movilización, que si bien se ha caracterizado por se pacífica, ha generado enormes disgustos entre la jerarquía católica.

“El cura párroco de la Basílica nos dijo que eso no era motivo para que nos tomáramos la Iglesia, y tiene razón, pero él (cura párroco) también tiene que entender que nosotros venimos reclamando desde hace muchos años nuestros derechos y nunca nos escuchan. Por eso, (él) debería ponerse de nuestro lado y no tratarnos mal como lo ha hecho hasta ahora”, aseguró Carmona.

Según varios manifestantes consultados por la Agencia de Prensa IPC, el presbítero intentó sabotear varias veces la protesta, al no permitir el ingreso de alimentos ni agua para los desplazados hacinados al interior de la Catedral, utilizó los parlantes a su máximo volumen durante buena parte de la tarde y guardó bajo llave los pocos víveres que los protestantes lograron recaudar.

Por último, llamó a los miembros de la Fuerza Pública, quienes trataron de conciliar la situación. La Agencia de Prensa IPC intentó comunicarse con la Curia de Medellín para conocer su versión al respecto, pero según un integrante del equipo de comunicaciones de la entidad, “El propio Arzobispo de Medellín se encontraba con sus más cercanos colaboradores estudiando la situación, de la cual producirían un pronunciamiento público en las próximas horas”.

Para los manifestantes, este hecho constituye uno más de los atropellos que a diario deben enfrentar por el simple hecho de reclamar lo que, por Ley, el Estado les debe garantizar, pues como ellos mismos dicen, “no salimos de nuestras tierras por voluntad propia”.

En el último mes, dos líderes de la población desplazada fueron asesinados en el barrio Beléncito Corazón, justo cuando salían de la Unidad de Atención ý Orientación a la Población Desplazada (UAO), ubicada en este sector de la ciudad. Los desarraigados también denunciaron la desaparición de otro líder de la comuna 8 de Medellín desde hace 8 días. Quienes los conocían aseguran que se trataba de personas comprometidas con su población y caracterizadas por hacer prevalecer sus derechos.

“Pero desde hace algún tiempo personas de Acción Social y de la UAO vienen diciendo que los líderes engañamos a la población desplazada, que nosotros les estamos robando plata y cosas así. Nos están acusando y los delincuentes en los barrios están persiguiéndonos”, agregó Carmona, quien indicó que en los últimos días ha tenido que recurrir a protección de la Policía Nacional, pues ha sido intimidado por miembros de bandas de Llanadas, comuna 8, sector donde reside.

Protestas a granel

Quizás el aspecto que más genera malestar entre los desplazados es el incumplimiento en los pagos de la ayuda humanitaria de emergencia. Según la Ley 387 de 1997, dicha población tenía derecho a un subsidio correspondiente a un salario mínimo mensual vigente por espacio de tres meses, prorrogables por el mismo periodo.

Pero la sentencia C-278 del 18 de abril de 2007, proferida por la Corte Constitucional, declaró como “inconstitucional” esta medida y le ordenó a Acción Social que, mientras persista la condición de desplazamiento, se mantenga la ayuda e, incluso, exigió a la Entidad desarrollar planes diferenciados de atención para mujeres, pueblos indígenas y afros así como discapacitados.

Lo anterior debía traducirse en la entrega trimestral de ayuda económica denominada “ayuda humanitaria de emergencia” para la población desplazada. Dichos auxilios varían entre los 644 mil pesos hasta un millón 600 mil pesos, dependiendo del número de integrantes del núcleo familiar

“Pero aquí hay personas que desde que fueron desplazadas, y póngale en el 2006 ó 2007, no han recibido ni una sola ayuda y en estos momentos están aguantando física hambre, porque no tienen ningún ingreso. En otros casos, Acción Social sólo consigna 200 o 300 mil pesos, cuando la Ley dice que son 644 mil pesos y hasta más. Eso, para una persona que no trabaja, tiene hijos y paga arriendo, eso no le alcanza para nada”, manifestó el vocero de la protesta.

Lo más grave, argumentan las víctimas de este flagelo, son los mecanismos que viene empleando Acción Social para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones. “A mí me llamaron a la casa y me dijeron que me habían consignado la plata en el Banco Agrario y cuando fui allá, me dijeron que Acción Social no consignaba en esa cuenta desde hacía varios años. Fui a Acción Social y me dijeron: ‘si no reclamó la plata, eso no es culpa de nosotros”, dijo una de las manifestantes, que no quiso revelar su nombre.

Por esta situación, líderes como Carlos E. Cardona ha tramitado cerca de 400 acciones de tutela en el último año, sólo del sector de Llanadas, Enciso, La Sierra y Manrique Oriental (comunas 8 y 3). De hecho, los desplazados aseguran que por lo menos unas 7.000 acciones de tutela y unos 4.700 derechos de petición que han sido fallados en los últimos cinco años ha favor de ellos, ninguno ha sido acatada por la Entidad.

“Nosotros tenemos un pliego de peticiones que consiste básicamente en que Acción Social se ponga al día con los pagos de ayuda humanitaria, nos entregue el subsidio para proyectos productivos y nos garantice vivienda digna, acceso a educación y salud”, declaró Cardona.

Según estimativos de la Personería de Medellín, la ciudad alberga a cerca de 145 mil desplazados, cifra que tiende a aumentar debido al recrudecimiento de la violencia en algunas subregiones de Antioquia, como el Bajo Cauca y Urabá, que ha generado desplazamientos individuales, pero continuos.

Por:
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4)569 84 25
www.ipc.org.co/agenciadeprensa

Estudiante de la UIS aprehendido por el ESMAD fue sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos

“Procuradora y Juez de Garantía avalan el procedimiento irregular de captura”


El 26 de agosto de 2009, a las 4:45 de la tarde fue aprehendido por miembros del Escuadrón Móvil de Antidisturbios –ESMAD- de la Policía Nacional el joven DANIEL ALEXANDER RUEDA OTERO de 24 años de edad, estudiante de séptimo semestre de historia de la Universidad Industrial de Santander, siendo sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos por parte de los policiales.

La aprehensión de DANIEL ALEXANDER se produjo en el marco de una jornada de protesta desarrollada por estudiantes que exigían la renuncia del rector de la -UIS- JAIME ALBERTO CAMACHO PICO, de quien en el mes de mayo del presente año se dio a conocer una comunicación telefónica sosteniendo una conversación con un jefe paramilitar de nombre FELIX, comprometiéndose a entregar un listado de estudiantes, profesores y trabajadores para aplicarles un “plan pistola”.

El estudiante DANIEL ALEXANDER fue aprehendido dentro de las instalaciones de la UIS, en el momento en que los efectivos del ESMAD ingresaron abruptamente con tanqueta por la carrera 27 y por la carrera 30, disparando armas de fuego según versión de varios estudiantes; en ese momento DANIEL ALEXANDER fue golpeado en la cabeza con la macana del policía LUIS CARLOS QUIROZ FIGUEROA, perdiendo el conocimiento de forma temporal, de inmediato fue sacado por el ESMAD por la puerta de la carrera 27, siendo utilizado como escudo ante las peticiones de libertad que elevaban los estudiantes; posteriormente fue llevado a una patrulla policial donde fueron rociado sus ojos con gas pimienta; además recibió varios puntapiés en su espalda de varios policías, siendo llevado a una Estación de Policía del Norte de Bucaramanga.

Luego el estudiante fue llevado al Hospital Universitario de Santander donde fue internado de urgencias, lugar donde permanece hasta este momento; allí fue visitado por miembros de la Policía judicial formulando preguntas de los hechos sin la presencia de abogado, en flagrante violación a la ley y la Constitución.

El 27 de agosto de 2009 en horas de la noche se efectuaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La triple audiencia se adelantó en un sótano del Hospital debido al estado de salud de DANIEL ALEXANDER, solicitando la defensa la ilegalidad de la captura debido a los actos de tortura, siendo estos ignorados por el Juez Constitucional y avalados plenamente por la procuradora judicial asignada para el caso, quien convirtiéndose en una acusadora más, avala el procedimiento empleado por los policiales; al final le fueron imputados cargos por los delitos de TERRORISMO, lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno agravado, imponiendo medida de aseguramiento con privación de la libertad, ordenando su traslado a la cárcel Modelo de Bucaramanga al momento en que el médico tratante ordene su salida del hospital. Preocupa el papel de la procuradora judicial y del Juez de garantías, quienes ante la evidencia y los hechos que permitían concluir que el estudiante DANIEL ALEXANDER RUEDA OTERO fue sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos, guardaron silencio e impidieron que estudiante expusiera directamente la forma como se desarrolló su captura; es claro que la posición de la representante del ministerio público fue avalar la tortura bajo el argumento que la Fuerza Pública debe acudir a la fuerza para restablecer el orden, en una aplicación extrema de un derecho penal de enemigo que desconoce el Estado Social de Derecho y trasgrede nuestro orden constitucional. De muy grave consideramos las organizaciones sociales de derechos humanos y de paz que se tipifique y se convierta en norma el hecho que sea tipificado como terrorismo las expresiones de inconformismo del sector estudiantil, quienes ante la indiferencia del Estado, deben acudir a la legítima protesta social para exigir resultados en las investigaciones penales y disciplinarias contra el rector de la UIS, señalado de sostener vínculos con el paramilitarismo.

Por último, genera profunda preocupación que ante un conflicto estructural que afecta las universidades públicas, el Presidente de la República ordene que durante su gobierno la Fuerza Pública debe ingresar a los campus universitarios a punta de represión militar; bajo el argumento que se debe “recuperar” y restablecer el orden institucional; desconociendo la autonomía universitaria.

Atentamente,

CUT Santander. Corporación Compromiso. ASAPAZ. Movimiento Nacional de Crímenes de Estado. Nodo Nororiental de la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Político Seccional Santander. ASFADDES. Corporación Guayac-an.


Por: Central Unitaria de Trabajadores - CUT de Colombia
Tomado de: prensarural.org

Más de 200 indígenas Awá se desplazan en Tumaco

Como era de esperarse una vez ocurrida la tragedia, hace ocho días donde fueron masacrados 12 hermanos Awá, las comunidades del Resguardo El Gran Rosario y comunidades vecinas desde ayer empezaron el desplazamiento masivo y hoy contamos con más de 300 personas desplazadas.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.


La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC y la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, manifiestan su preocupación por el continuo asedio y amenazas contra nuestras comunidades indígena del pueblo Awá.

Como era de esperarse una vez ocurrida la tragedia, hace ocho días donde fueron masacrados 12 hermanos Awá, las comunidades del Resguardo El Gran Rosario y comunidades vecinas desde ayer empezaron el desplazamiento masivo y hoy contamos con más de 200 personas desplazadas; no obstante otras 100 personas se encuentran sobre la vía Pasto –Tumaco entre los kilómetros 78 a 80.

Las continuas amenazas que han venido recibiendo las comunidades en las cuales -recientemente se les intimida con una nueva masacre -y sabiendo que se han materializado en algunos casos, pasado una semana y al escuchar nueva amenaza se han visto obligados a salir de sus casas hacia el corregimiento de la Guayacana, municipio de Tumaco, en busca de protección, pero es preocupante saber que estas familias Awá en esta vereda tan sólo cuentan con una vivienda construido con sus propios esfuerzos, por esta razón las condiciones humanitarias son críticas: hacinamiento, falta de alimento, dotación de utensilios de cocina, útiles de aseo, agua, baños, cobijas, pañales desechables y ropa, cabe aclarar que por parte de Acción Social y la Alcaldía de Tumaco ha realizado entrega de algunas colchonetas y alimentos.

En atención psicológica que hasta ahora han recibido no son adecuadas a nuestra cultura y no responden a la magnitud del drama que están viviendo. En materia de salud fue designado un médico del municipio de Tumaco, pero sólo alcanza a entregar la formula médica y hace falta la entrega de medicamentos.

Entre los desplazados se encuentran no menos de 100 niños, 1 mujer embarazada y algunos ancianos quienes están durmiendo a la intemperie, pues no hay condiciones de vivienda en la zona.

En este sentido exigimos que las entidades de gobierno a quienes corresponde atender esta emergencia cumplan con su obligación constitucional de atender de manera integral y con enfoque diferencial a estas familias durante el desplazamiento.

Reiteramos nuestra solicitud de proteger a los testigos de la reciente masacre, lo mismo que a las autoridades y líderes indígenas del pueblo Awá contra quienes se han intensificado las amenazas y persecuciones.

La ONIC y la UNIPA exigen que se agilice el reconocimiento a los indígenas desplazados no solamente de quienes salen desde las comunidades que habitan cerca de la masacre, sino también de quienes habitan las familias Awá cerca de población de la Guayacana, quienes están confinados y no tienen como acceder a traer sus productos de sus tierras que están a 30 minutos de donde ocurrieron los hechos.

Hacemos un llamado urgente exigiendo al gobierno tomar medidas urgentes para proteger a la población y prevenir más desplazamientos.

De manera rápida y efectiva exigimos

- Atención integral con enfoque integral
- Que presten atención a la situación de salud
- Ayuda humanitaria acorde a la cultura del Pueblo indígena Awá
- Elementos indispensables para atender a la población desplazada, lo mismo que medicamentos y agua potable.


Que se reconozca la condición de desplazados de estas comunidades y no se dilate las medidas urgentes para su atención y protección.


POR LA VIDA, LA DIGNIDAD, Y LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO AWÁ


Por:
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA, ONIC
UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ- UNIPA


Tomado de: www.onic.org.co