Por lo menos unas 180 personas desplazadas por la violencia pasarán la noche del 1 de septiembre al interior de la Basílica Metropolitana de Medellín y unas 350 más, entre ellas niños, hombres y mujeres de avanzada edad, en carpas instaladas a sus alrededores, en señal de protesta por los constantes atropellos e incumplimientos a sus derechos por parte de la Agencia Presidencial Acción Social.Y todo parece indicar que no será la primera noche que los desarraigados están dispuestos a pasar en la representativa catedral de la capital antioqueña. “Nos quedaremos hasta que venga un funcionario de Acción Social de Bogotá, no cualquier representante sino alguien con poder de decisión, para que cumpla inmediatamente con nuestros derechos”, señaló Carlos Enrique Carmona, vocero de la población desplazada.
De acuerdo con el representante, el incumplimiento en los pagos de la ayuda humanitaria de emergencia así como en los subsidios para proyectos productivos, sumado a los maltratos por parte de funcionarios de la Agencia Estatal, motivaron esta movilización, que si bien se ha caracterizado por se pacífica, ha generado enormes disgustos entre la jerarquía católica.
“El cura párroco de la Basílica nos dijo que eso no era motivo para que nos tomáramos la Iglesia, y tiene razón, pero él (cura párroco) también tiene que entender que nosotros venimos reclamando desde hace muchos años nuestros derechos y nunca nos escuchan. Por eso, (él) debería ponerse de nuestro lado y no tratarnos mal como lo ha hecho hasta ahora”, aseguró Carmona.
Según varios manifestantes consultados por la Agencia de Prensa IPC, el presbítero intentó sabotear varias veces la protesta, al no permitir el ingreso de alimentos ni agua para los desplazados hacinados al interior de la Catedral, utilizó los parlantes a su máximo volumen durante buena parte de la tarde y guardó bajo llave los pocos víveres que los protestantes lograron recaudar.
Por último, llamó a los miembros de la Fuerza Pública, quienes trataron de conciliar la situación. La Agencia de Prensa IPC intentó comunicarse con la Curia de Medellín para conocer su versión al respecto, pero según un integrante del equipo de comunicaciones de la entidad, “El propio Arzobispo de Medellín se encontraba con sus más cercanos colaboradores estudiando la situación, de la cual producirían un pronunciamiento público en las próximas horas”.
Para los manifestantes, este hecho constituye uno más de los atropellos que a diario deben enfrentar por el simple hecho de reclamar lo que, por Ley, el Estado les debe garantizar, pues como ellos mismos dicen, “no salimos de nuestras tierras por voluntad propia”.
En el último mes, dos líderes de la población desplazada fueron asesinados en el barrio Beléncito Corazón, justo cuando salían de la Unidad de Atención ý Orientación a la Población Desplazada (UAO), ubicada en este sector de la ciudad. Los desarraigados también denunciaron la desaparición de otro líder de la comuna 8 de Medellín desde hace 8 días. Quienes los conocían aseguran que se trataba de personas comprometidas con su población y caracterizadas por hacer prevalecer sus derechos.
“Pero desde hace algún tiempo personas de Acción Social y de la UAO vienen diciendo que los líderes engañamos a la población desplazada, que nosotros les estamos robando plata y cosas así. Nos están acusando y los delincuentes en los barrios están persiguiéndonos”, agregó Carmona, quien indicó que en los últimos días ha tenido que recurrir a protección de la Policía Nacional, pues ha sido intimidado por miembros de bandas de Llanadas, comuna 8, sector donde reside.
Protestas a granel
Quizás el aspecto que más genera malestar entre los desplazados es el incumplimiento en los pagos de la ayuda humanitaria de emergencia. Según la Ley 387 de 1997, dicha población tenía derecho a un subsidio correspondiente a un salario mínimo mensual vigente por espacio de tres meses, prorrogables por el mismo periodo.
Pero la sentencia C-278 del 18 de abril de 2007, proferida por la Corte Constitucional, declaró como “inconstitucional” esta medida y le ordenó a Acción Social que, mientras persista la condición de desplazamiento, se mantenga la ayuda e, incluso, exigió a la Entidad desarrollar planes diferenciados de atención para mujeres, pueblos indígenas y afros así como discapacitados.
Lo anterior debía traducirse en la entrega trimestral de ayuda económica denominada “ayuda humanitaria de emergencia” para la población desplazada. Dichos auxilios varían entre los 644 mil pesos hasta un millón 600 mil pesos, dependiendo del número de integrantes del núcleo familiar
“Pero aquí hay personas que desde que fueron desplazadas, y póngale en el 2006 ó 2007, no han recibido ni una sola ayuda y en estos momentos están aguantando física hambre, porque no tienen ningún ingreso. En otros casos, Acción Social sólo consigna 200 o 300 mil pesos, cuando la Ley dice que son 644 mil pesos y hasta más. Eso, para una persona que no trabaja, tiene hijos y paga arriendo, eso no le alcanza para nada”, manifestó el vocero de la protesta.
Lo más grave, argumentan las víctimas de este flagelo, son los mecanismos que viene empleando Acción Social para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones. “A mí me llamaron a la casa y me dijeron que me habían consignado la plata en el Banco Agrario y cuando fui allá, me dijeron que Acción Social no consignaba en esa cuenta desde hacía varios años. Fui a Acción Social y me dijeron: ‘si no reclamó la plata, eso no es culpa de nosotros”, dijo una de las manifestantes, que no quiso revelar su nombre.
Por esta situación, líderes como Carlos E. Cardona ha tramitado cerca de 400 acciones de tutela en el último año, sólo del sector de Llanadas, Enciso, La Sierra y Manrique Oriental (comunas 8 y 3). De hecho, los desplazados aseguran que por lo menos unas 7.000 acciones de tutela y unos 4.700 derechos de petición que han sido fallados en los últimos cinco años ha favor de ellos, ninguno ha sido acatada por la Entidad.
“Nosotros tenemos un pliego de peticiones que consiste básicamente en que Acción Social se ponga al día con los pagos de ayuda humanitaria, nos entregue el subsidio para proyectos productivos y nos garantice vivienda digna, acceso a educación y salud”, declaró Cardona.
Según estimativos de la Personería de Medellín, la ciudad alberga a cerca de 145 mil desplazados, cifra que tiende a aumentar debido al recrudecimiento de la violencia en algunas subregiones de Antioquia, como el Bajo Cauca y Urabá, que ha generado desplazamientos individuales, pero continuos.
Por:
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4)569 84 25
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