“Procuradora y Juez de Garantía avalan el procedimiento irregular de captura”
El 26 de agosto de 2009, a las 4:45 de la tarde fue aprehendido por miembros del Escuadrón Móvil de Antidisturbios –ESMAD- de la Policía Nacional el joven DANIEL ALEXANDER RUEDA OTERO de 24 años de edad, estudiante de séptimo semestre de historia de la Universidad Industrial de Santander, siendo sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos por parte de los policiales.
La aprehensión de DANIEL ALEXANDER se produjo en el marco de una jornada de protesta desarrollada por estudiantes que exigían la renuncia del rector de la -UIS- JAIME ALBERTO CAMACHO PICO, de quien en el mes de mayo del presente año se dio a conocer una comunicación telefónica sosteniendo una conversación con un jefe paramilitar de nombre FELIX, comprometiéndose a entregar un listado de estudiantes, profesores y trabajadores para aplicarles un “plan pistola”.
El estudiante DANIEL ALEXANDER fue aprehendido dentro de las instalaciones de la UIS, en el momento en que los efectivos del ESMAD ingresaron abruptamente con tanqueta por la carrera 27 y por la carrera 30, disparando armas de fuego según versión de varios estudiantes; en ese momento DANIEL ALEXANDER fue golpeado en la cabeza con la macana del policía LUIS CARLOS QUIROZ FIGUEROA, perdiendo el conocimiento de forma temporal, de inmediato fue sacado por el ESMAD por la puerta de la carrera 27, siendo utilizado como escudo ante las peticiones de libertad que elevaban los estudiantes; posteriormente fue llevado a una patrulla policial donde fueron rociado sus ojos con gas pimienta; además recibió varios puntapiés en su espalda de varios policías, siendo llevado a una Estación de Policía del Norte de Bucaramanga.
Luego el estudiante fue llevado al Hospital Universitario de Santander donde fue internado de urgencias, lugar donde permanece hasta este momento; allí fue visitado por miembros de la Policía judicial formulando preguntas de los hechos sin la presencia de abogado, en flagrante violación a la ley y la Constitución.
El 27 de agosto de 2009 en horas de la noche se efectuaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La triple audiencia se adelantó en un sótano del Hospital debido al estado de salud de DANIEL ALEXANDER, solicitando la defensa la ilegalidad de la captura debido a los actos de tortura, siendo estos ignorados por el Juez Constitucional y avalados plenamente por la procuradora judicial asignada para el caso, quien convirtiéndose en una acusadora más, avala el procedimiento empleado por los policiales; al final le fueron imputados cargos por los delitos de TERRORISMO, lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno agravado, imponiendo medida de aseguramiento con privación de la libertad, ordenando su traslado a la cárcel Modelo de Bucaramanga al momento en que el médico tratante ordene su salida del hospital. Preocupa el papel de la procuradora judicial y del Juez de garantías, quienes ante la evidencia y los hechos que permitían concluir que el estudiante DANIEL ALEXANDER RUEDA OTERO fue sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos, guardaron silencio e impidieron que estudiante expusiera directamente la forma como se desarrolló su captura; es claro que la posición de la representante del ministerio público fue avalar la tortura bajo el argumento que la Fuerza Pública debe acudir a la fuerza para restablecer el orden, en una aplicación extrema de un derecho penal de enemigo que desconoce el Estado Social de Derecho y trasgrede nuestro orden constitucional. De muy grave consideramos las organizaciones sociales de derechos humanos y de paz que se tipifique y se convierta en norma el hecho que sea tipificado como terrorismo las expresiones de inconformismo del sector estudiantil, quienes ante la indiferencia del Estado, deben acudir a la legítima protesta social para exigir resultados en las investigaciones penales y disciplinarias contra el rector de la UIS, señalado de sostener vínculos con el paramilitarismo.
Por último, genera profunda preocupación que ante un conflicto estructural que afecta las universidades públicas, el Presidente de la República ordene que durante su gobierno la Fuerza Pública debe ingresar a los campus universitarios a punta de represión militar; bajo el argumento que se debe “recuperar” y restablecer el orden institucional; desconociendo la autonomía universitaria.
Atentamente,
CUT Santander. Corporación Compromiso. ASAPAZ. Movimiento Nacional de Crímenes de Estado. Nodo Nororiental de la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Político Seccional Santander. ASFADDES. Corporación Guayac-an.
Por: Central Unitaria de Trabajadores - CUT de Colombia
Tomado de: prensarural.org
El 26 de agosto de 2009, a las 4:45 de la tarde fue aprehendido por miembros del Escuadrón Móvil de Antidisturbios –ESMAD- de la Policía Nacional el joven DANIEL ALEXANDER RUEDA OTERO de 24 años de edad, estudiante de séptimo semestre de historia de la Universidad Industrial de Santander, siendo sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos por parte de los policiales.
La aprehensión de DANIEL ALEXANDER se produjo en el marco de una jornada de protesta desarrollada por estudiantes que exigían la renuncia del rector de la -UIS- JAIME ALBERTO CAMACHO PICO, de quien en el mes de mayo del presente año se dio a conocer una comunicación telefónica sosteniendo una conversación con un jefe paramilitar de nombre FELIX, comprometiéndose a entregar un listado de estudiantes, profesores y trabajadores para aplicarles un “plan pistola”.
El estudiante DANIEL ALEXANDER fue aprehendido dentro de las instalaciones de la UIS, en el momento en que los efectivos del ESMAD ingresaron abruptamente con tanqueta por la carrera 27 y por la carrera 30, disparando armas de fuego según versión de varios estudiantes; en ese momento DANIEL ALEXANDER fue golpeado en la cabeza con la macana del policía LUIS CARLOS QUIROZ FIGUEROA, perdiendo el conocimiento de forma temporal, de inmediato fue sacado por el ESMAD por la puerta de la carrera 27, siendo utilizado como escudo ante las peticiones de libertad que elevaban los estudiantes; posteriormente fue llevado a una patrulla policial donde fueron rociado sus ojos con gas pimienta; además recibió varios puntapiés en su espalda de varios policías, siendo llevado a una Estación de Policía del Norte de Bucaramanga.
Luego el estudiante fue llevado al Hospital Universitario de Santander donde fue internado de urgencias, lugar donde permanece hasta este momento; allí fue visitado por miembros de la Policía judicial formulando preguntas de los hechos sin la presencia de abogado, en flagrante violación a la ley y la Constitución.
El 27 de agosto de 2009 en horas de la noche se efectuaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La triple audiencia se adelantó en un sótano del Hospital debido al estado de salud de DANIEL ALEXANDER, solicitando la defensa la ilegalidad de la captura debido a los actos de tortura, siendo estos ignorados por el Juez Constitucional y avalados plenamente por la procuradora judicial asignada para el caso, quien convirtiéndose en una acusadora más, avala el procedimiento empleado por los policiales; al final le fueron imputados cargos por los delitos de TERRORISMO, lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno agravado, imponiendo medida de aseguramiento con privación de la libertad, ordenando su traslado a la cárcel Modelo de Bucaramanga al momento en que el médico tratante ordene su salida del hospital. Preocupa el papel de la procuradora judicial y del Juez de garantías, quienes ante la evidencia y los hechos que permitían concluir que el estudiante DANIEL ALEXANDER RUEDA OTERO fue sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos, guardaron silencio e impidieron que estudiante expusiera directamente la forma como se desarrolló su captura; es claro que la posición de la representante del ministerio público fue avalar la tortura bajo el argumento que la Fuerza Pública debe acudir a la fuerza para restablecer el orden, en una aplicación extrema de un derecho penal de enemigo que desconoce el Estado Social de Derecho y trasgrede nuestro orden constitucional. De muy grave consideramos las organizaciones sociales de derechos humanos y de paz que se tipifique y se convierta en norma el hecho que sea tipificado como terrorismo las expresiones de inconformismo del sector estudiantil, quienes ante la indiferencia del Estado, deben acudir a la legítima protesta social para exigir resultados en las investigaciones penales y disciplinarias contra el rector de la UIS, señalado de sostener vínculos con el paramilitarismo.
Por último, genera profunda preocupación que ante un conflicto estructural que afecta las universidades públicas, el Presidente de la República ordene que durante su gobierno la Fuerza Pública debe ingresar a los campus universitarios a punta de represión militar; bajo el argumento que se debe “recuperar” y restablecer el orden institucional; desconociendo la autonomía universitaria.
Atentamente,
CUT Santander. Corporación Compromiso. ASAPAZ. Movimiento Nacional de Crímenes de Estado. Nodo Nororiental de la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Político Seccional Santander. ASFADDES. Corporación Guayac-an.
Por: Central Unitaria de Trabajadores - CUT de Colombia
Tomado de: prensarural.org
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