Inconformismo se sintió en la Universidad de Antioquia luego de la intervención policial a las instalaciones del Alma Mater el pasado viernes 20 de mazo a las 4:45 de la tarde. Al final del operativo 26 personas quedaron retenidas por policía. De acuerdo con el general Dagoberto García, comandante de la Policía Metropolitana, el resultado fue de diez personas detenidas y la incautación de cuatro kilos de marihuana, 79,5 gramos de clorhidrato de cocaína y 14,1 gramos de bazuco. Miembros de la comunidad universitaria consideraron los hechos como una clara agresión de la fuerza pública y denunciaron abusos cometidos por los uniformados. Por su parte, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, UPDH, manifestó que 17 jóvenes fueron retenidos ilegalmente.
Conforme al general Dagoberto García, “la operación había sido solicitada por las autoridades municipales, departamentales, al interior de la universidad, a raíz de unas denuncias que la misma comunidad había hecho sobre delincuentes que estaban dedicados a expender alucinógenos dentro de la misma. (...) Fue muy bien planeada y direccionada exclusivamente a capturar las personas que vendían estupefacientes al interior de la universidad, en ningún momento iba contra ningún estudiante”.
No obstante, personas que no tenían relación con el problema de drogas de la U. de A., resultaron retenidas por la policía, como el caso de Edison Arley Franco Rodas, un joven de 18 años que iba a pitar un partido de baloncesto en compañía de su madre y sin explicación alguna fue aprehendido en la redada policial y posteriormente montado a una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad esto pese a los reclamos de su mamá que insistía en reclamar a su hijo incluso mostrando los papeles que certificaban que era un arbitro y que además no era estudiante del Alma Mater, esta señora ya interpuso su denuncia en la UPDH.
Algunos estudiantes anotaron que la policía no necesitó ni al Esmad ni gran cantidad de policías, uniformados y de civil, para decomisar cerca de tres toneladas de marihuana el pasado jueves veinte de marzo en el corregimiento San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín, y, sin embargo, sí requirieron de cerca de 200 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios y casi 30 agentes infiltrados y vestidos de civil para incautar apenas cuatro kilos de marihuana y pocos gramos de bazuco y cocaína.
No se puede negar que el problema de drogas en la U. de A. es evidente y de alto conocimiento, pero las medidas para contrarrestar el problema, las cuales fueron autorizadas por el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, son de carácter represivo e indiscriminado, y atentan contra la integridad y la seguridad de la comunidad estudiantil. Prueba de lo anterior es la arbitraria forma en que fueron retenidas 17 personas, luego de la intervención policial a la Universidad de Antioquia, un procedimiento a todas luces ilegal e inconstitucional.
Abuso policial
Estudiantes que fueron testigos de los hechos relataron que “cerca de 30 personas vestidas de civil y armadas con pistolas, nos amenazaron, respaldados por casi 200 miembros del Esmad que ingresaron por la portería que queda sobre la avenida del río y otra metálica que nunca está en uso, ubicada más adelante, casi en la esquina del ‘aeropuerto’. Estos nos agredieron y nos golpearon, sólo que nosotros pudimos escapar”. Un joven presentaba marcas rojas como de quemadura en su pecho, según él, “por unos perdigones que la policía me disparaba desde esas armas con que se juega Paintball (juego con armas que disparan bolas cuyo contenido es pintura)”.
En consulta con la UPDH, esta unidad afirma que poseen cerca de 40 de estas canicas, e incluso consignan en el último informe ejecutivo de Derechos Humanos, capitulo La situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín durante el año 2008, página 14: “Aunque hubo avances en la actuación de la fuerza pública en las confrontaciones que se presentan en las universidades, identificamos acciones ilegales como el uso de armas no convencionales, fabricación y lanzamiento de bombas ‘papas’, bolas plásticas y de cristal, lanzadas con altas dosis de presión”. Sin embargo, el general Dagoberto García dijo que siempre se respetó al estudiantado y en el operativo nunca se les agredió.
Las discrepancias del General
El general Dagoberto García manifestó que se logró la captura de diez personas expendedores de droga, de los cuales cuatro eran estudiantes y los otros seis “no tienen nada que ver con la universidad”. La UPDH afirmó que los capturados son 9 y que además están en conocimiento del fiscal 90 seccional; coincide con la policía en que cuatro de éstos son estudiantes, y aclara que de los otros cinco, dos son comerciantes y los otros tres son egresados de la Universidad de Antioquia. Contrario a lo que afirma el General, esto quiere decir que sí tienen vínculo con el Alma Mater. Conforme a la UPDH, o la policía está reportando una captura de más o a la Unidad Permanente para los Derechos Humanos no se les ha informado sobre este otro detenido.
Otra irregularidad es la forma en que fueron retenidas personas diferentes a las diez que la policía reporta como “capturadas”, en su boletín oficial del sábado 21 de marzo de 2009. De acuerdo con el General Dagoberto García, “se condujeron sí otros 17 estudiantes más que eran los consumidores que estaban en el lugar pero igualmente se dejaron en libertad y se le entregaron a la personería”. Cabe resaltar que entre estos “consumidores” estaba el arbitro de 18 años, Edison Arley Franco Rodas, cuya madre al parecer es muy tolerante pues no se opuso a que su hijo fumara marihuana en su presencia, como tal vez pasó, según insinúa la anterior afirmación del General.
La sentencia de la Corte Constitucional C-720/2007 dice que la retención transitoria es una medida de carácter preventivo y está destinada a evitar que la persona pueda cometer actos que le afecten sus derechos o los de terceros y que sólo puede darse cuando ésta se encuentra en estado de excitación o de embriaguez. Por esta razón, la UPDH confirma que esta retención fue ilegal pues asegura que los retenidos no presentaban estos estados y que algunos incluso se encontraban leyendo o transitando tranquilamente en el área de la Universidad de Antioquia conocida como el “Aeropuerto”. Para ningún estudiante es un secreto que allí se mueve el negocio de las drogas y hay fuentes, que pidieron guardar su nombre, que aseguran que esta plaza de vicio pertenece a grupos paramilitares. Sin embargo, también es de conocimiento público que allí se mantienen deportistas y personas que van a reposar, a leer, cantar y hasta a dormitar.
De acuerdo con las declaraciones del General, son 17 los “consumidores” que condujeron con ellos, pero el informe escrito que emitió la Policía Metropolitana informa que son 16: “Nueve son estudiantes de la U. de A. y siete no tienen vínculos con el establecimiento universitario”, aunque de estos últimos siete, no se dijo cuántos son egresados. Lo cierto es que la inconcordancia de estas cifras y la de los diez detenidos (según el mismo informe) diferente a la de nueve que registra la UPDH, pone de manifiesto un problema de veracidad en el General miente o un error de los miembros de la policía al contabilizar los datos.
Sumándose a esta carrera de anormalidades, varios miembros de la comunidad estudiantil emitieron diferentes denuncias: unos dicen que desde la tarde vieron uniformados fotografiando a la gente a la entrada de la universidad; otros afirman que durante la redada policial había gente de civil que señalaba a los miembros del Esmad, la gente que deberían capturar; un muchacho reportó que un agente se llevó un computador portátil mientras ocurría el operativo; y no siendo suficiente, algunos de los 17 estudiantes retenidos, de los que se reserva la identidad para salvaguardar su integridad, denunciaron que durante la retención fueron fotografiados y filmados y uno de ellos dijo: “Yo vi cuando a uno de los que estaba conmigo lo agredió la policía, también lo obligaron a firmar un documento y el muchacho firmó asustado”.
La Unidad Permanente para los Derechos Humanos afirma: “En un ambiente de amenazas contra 30 estudiantes de la U. de A., muchos de ellos pertenecientes al movimiento estudiantil; y a tan sólo ocho días de haberse cometido un asesinato en los pasillos de la universidad, no es consecuente, pertinente ni responsable esta intervención policial que lo único que logra es incrementar el conflicto”.
Finalmente, recogiendo las palabras de un estudiante en la reciente Asamblea General Estudiantil, cabe resaltar que nadie se opone al ingreso de la policía a la Universidad de Antioquia, “pero que pasen el examen de ingreso”.
Por Andrea Aldana - El Tiempo
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