miércoles, 20 de mayo de 2009

Que no nos gobiernen más ladrones

Sí como el gobierno de Mariano Ospina Pérez, a finales de los 40, se destacó por gobernar exclusivamente para los empresarios industriales, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pasará a la historia por gobernar para los ladrones de toda laya: mafiosos ladrones, con los cuáles tiene desde su juventud estrechos vínculos, y empresarios ladrones, entre los que su figura destaca como modelo. Los cada vez más repetidos escándalos de corrupción y robo a ojos vistos, en los que se ve involucrado el gobierno nacional, se convierten en una espiral de negocios en lo que podríamos llamar el cartel del robo y el despojo a que la familia presidencial y sus más cercanos colaboradores y amigos están sometiendo al país.

De hecho, en los últimos meses se ha hecho evidente el protagonismo en la política de la casa de “Nari” que ha adquirido el banquero Luís Carlos Sarmiento Angulo, propietario del grupo Aval, uno de los mayores ladrones de este país, dueño de mas del 30% del sector financiero colombiano, aunque amparado por el manto encubridor de la legalidad. Este es uno de esos ladrones que comenzó como constructor de vivienda pero después descubrió que el verdadero negocio para enriquecerse no era construir viviendas para los pobres sino vendérselas a crédito, para después, ante la imposibilidad de pago debido al tipo de interés de usura que imponía a los compradores, quitárselas y rematarlas. Resulta entonces que el señor Sarmiento Angulo ha soltado en los últimos meses dos perlitas, recogidas inmediatamente por el presidente Uribe. La primera en medio de un paro de los trabajadores de la rama judicial, cuando afirmó que había que refundar el sistema de justicia en Colombia y que para ello era necesario decretar la conmoción interior de tal manera que se pudieran tomar todas las medidas necesarias para romper el paro de los trabajadores. Dicho y hecho, el presidente decretó la conmoción y rompió el paro de los trabajadores.

Así mismo, el 30 de abril de este año, el mismo Sarmiento Angulo propuso que para poder mantener la política de seguridad democrática de este gobierno a partir de 2011, era necesario decretar un impuesto permanente que todos deberíamos pagar, ya que "así como todos contribuimos con el impuesto de educación y salud, el servicio de seguridad y defensa es igualmente importante". Pocos días después el presidente de la república, durante el lanzamiento de la estampilla por los 100 años de la escuela superior de guerra y a través de una videoconferencia desde Cartagena, anunció una contribución permanente para financiar la seguridad democrática.

Pero este es un amangualamiento entre ladrones en las sombras de la legalidad para mantener sus prácticas a la orden del día con la institucionalidad. No debemos olvidar, sin embargo, los casos de reconocidos ladrones que han cometido sus fechorías violando incluso esta legalidad tan blanda y que, sin embargo, han sido incluidos y mantenidos en el gabinete del gobierno como si esta práctica no representara ningún impedimento político y, sobre todo, ético para hacer parte del gobierno. Basta echar una rápida mirada a algunos de los personajes que han ejercido altos cargos durante este ya largo gobierno. Por ejemplo, aún se mantiene el litigio en contra del primer Ministro del Interior del gobierno de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, que por medio de tramoyas dignas del más hábil de los estafadores se apropió de acciones de una empresa estatal por valor de nueve mil millones de pesos y por las que ha recibido, mal contados, 87.000 millones de pesos en dividendos. A pesar de que un fallo de la más alta instancia judicial del país le ordenó a este personaje devolver las acciones y lo sancionó con 15 años de impedimento para ejercer cargos públicos, el personaje de marras se niega a hacerlo. Lo más grave de todo es que cuando Londoño Hoyos fue nombrado ministro por parte de Uribe, ya ese proceso judicial estaba andando.

Años más tarde, en el 2007, el mismo presidente Uribe nombró como canciller de la república a Fernando Araujo Perdomo, cuyo mérito pareció ser habérsele fugado a las Farc después de 6 años de secuestro. El asunto es que el señor Araujo Perdomo antes de ser secuestrado, se había apropiado de un inmenso lote ubicado en Cartagena. El lote en cuestión es Chambacú, un terreno del que fueron despojadas las familias pobres que lo habitaban y al que se le cambió la destinación de un lote urbanizable a un lote de uso turístico, con el incremento correspondiente en su precio. En esta tramoya también participó el primer embajador de Uribe ante los Estados Unidos, Luís Alberto Moreno, hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Todas estas prácticas son toleradas y auspiciadas por el gobierno de Uribe en la medida en que el mismo presidente las comparte. De hecho estas parecen hacer parte de las mañas de la familia del presidente, que se transmiten, al parecer, de generación en generación. Por ejemplo, cuando su padre Alberto Uribe para, supuestamente, pagarle una deuda laboral a un grupo de campesinos que laboraban en la hacienda de su propiedad San Cipriano, escindió un pedazo de esta para entregársela a los trabajadores en pago por las acreencias laborales. Este pedazo de tierra entregado a los trabajadores fue bautizado como finca La Mundial, y al poco tiempo de habérselas entregado, un grupo de paramilitares que actuaba en la zona del nordeste antioqueño comenzó un pavoroso exterminio de los trabajadores, y los que no fueron asesinados tuvieron que huir. Cuando algunos periodistas le preguntaron al presidente Uribe por la propiedad de La Mundial, aseguró que había sido vendida antes de que los paras se asentaran allí y asesinaran a los trabajadores. Sin embargo, posteriormente se logró demostrar que esa supuesta venta no estaba registrada y por lo tanto no se había realizado.

Y la gota que debería hacer rebozar la copa es el reciente escándalo que involucra a los hijos del presidente. Hace pocos días el periodista Daniel Coronell dio a conocer un informe según el cual los dos hijos del presidente se valieron de su nombre y de una serie de actuaciones que se mueven en la frontera de lo ilegal, para hacerse a un lote que había sido propiedad de Bavaria – Sab Miller y que compraron a muy bajo precio; supuestamente apenas compraron determinada extensión (más bien pequeña, según los susodichos), según las escrituras, pero cuando fueron a verificar en terreno, el lote medía más de lo que decían los documentos. Mejor dicho, Bavaria le hizo un regalito a los delfines presidenciales. Ahí no para la historia: por obra y gracia de sus “dotes empresariales” los uribitos lograron que ese “pedacito de tierra” que compraron fuera destinado para zona franca y en “esa vuelta” lograron incrementar el valor del lote de tres mil millones de pesos a 33 mil millones, según lo documenta Coronell. Menuda ganancia para los hijos del presidente que dicen que sus apellidos y su parentesco con el primer mandatario y jefe inmediato de los funcionarios que aprobaron la gestión, nada tuvieron que ver. Y los medios de comunicación se han puesto en la tarea de mostrar a los angelitos como ejemplos de precocidad y sagacidad empresarial, con visión de negocio, seguramente heredada de su padre.

Aquí vuelve a quedar retratada la cultura mafiosa y traqueta que poco a poco se va extendiendo en todo el país y en todos los estratos sociales, promovida por el propio presidente, a quien sus secuaces han definido como hombre de inteligencia superior. En las recientes acciones de los hijos del presidente y la defensa emprendida por los funcionarios, los medios y el propio Uribe quedan borrados definitivamente las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo ético y lo antiético. Así el slogan del presidente de trabajar, trabajar y trabajar podría expresarse como robar, robar y robar y parecer que significaran lo mismo. Estas son las prácticas y la cultura que tenemos que erradicar de nuestro país, y esos son apenas unos pocos de los personajes que dirigen el país manteniéndonos en la miseria, y a los que la justicia popular deberían mantener en la cárcel como sujetos peligrosos. Ese debe ser nuestro objetivo, más allá de la salida de Uribe de la casa De Nariño. Para que nunca más nos vuelvan a gobernar los ladrones y criminales.


Por: Periferia Prensa

Positivo desenlace de la huelga de los bananeros


Satisfacción en SINTRAINAGRO


Poco antes de las cinco de la mañana de hoy, miércoles 20, cuando faltaban pocas horas para que iniciara la Campaña Mundial de la UITA en solidaridad con los huelguistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) firmó un acuerdo con los representantes de las empresas, lo que permitió levantar la huelga que había comenzado hace 13 días.



Como primer punto esencial, se firmó un nuevo Convenio Colectivo con validez por dos años:

- El incremento salarial para el primer año de vigencia del Convenio es del 8 por ciento.

- Cada trabajador recibirá un pago retroactivo y un préstamo reembolsable.

- Mejoras sustanciales en el Fondo de Vivienda que fue llevado a más de 1,5 millones de dólares anuales, y en el de Educación que llegó a más de 260 mil dólares al año.



El acuerdo tiene alcance nacional y cubre a 18 mil trabajadores y trabajadoras en 29 fincas.


Por: www.rel-uita.org

Campaña nacional e internacional contra los asesinatos obreros en Venezuela

"Las organizaciones y personalidades abajo firmantes nos pronunciamos contra el asesinato de obreros en lucha, tanto por el sicariato patronal como por los cuerpos de seguridad oficiales"

Marcha de trabajadores contra asesinatos obreros en Aragua


El pasado 5 de mayo ha sido baleado y asesinado por sicarios, al salir de su casa, el dirigente sindical Argenis Vásquez, secretario de organización del sindicato de la trasnacional automotriz Toyota, en Cumaná. Este asesinato ocurre justo después que los trabajadores protagonizaran un paro de casi un mes exigiendo reivindicaciones; el trabajador asesinado lideró la protesta y era centro de los enfrentamientos con la empresa y la gerencia. Todo apunta a que se trate de la “respuesta” no oficial de la empresa, que no pudo imponer su voluntad en la huelga.

Sin embargo, no han pasado más de tres meses desde que, también en el oriente del país, en Anzoátegui, murieran los obreros Pedro Suárez y Javier Marcano a manos de una violenta represión de la policía regional, a cargo del gobernador Tarek Willian Saab, en un intento de desalojo de la también transnacional automotriz japonesa, Mitsubishi Motors. Los trabajadores ocupaban la fábrica en rechazo al despido de 135 contratados y por reivindicaciones.

Estos hechos se suman al atroz asesinato de tres de los principales dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) del estado Aragua, también a manos de sicarios que los balearon el pasado 27 de noviembre en la zona de La Encrucijada. Se trataba de Richard Gallardo, presidente de la seccional regional de la UNT, Luís Hernández, dirigente sindical de la empresa Pepsi-Cola y Carlos Requena, delegado de prevención de la empresa Produvisa, miembros a su vez de la organización política Unidad Socialista de Izquierda (USI). Estos dirigentes obreros estaban a la cabeza de la central sindical en uno de los estados con mayor conflictividad obrera en el país, y motorizaban la solidaridad de otros trabajadores con la ocupación de la trasnacional colombiana Lácteos Alpina ante la amenaza de cierre de la misma lo que había implicado duros choques con la represión de la policía regional (dirigida entonces por el gobernador Didalco Bolívar).

Suman así seis obreros asesinados en procesos de lucha reivindicativa, en apenas cinco meses. En la mayoría de los casos, se trata de una política que apunta hacia la “colombianización” de los conflictos obrero-patronales: el pago de sicarios para asesinar a dirigentes sindicales y amedrentar por esa vía a la clase obrera y desarticular sus organizaciones. No debe olvidarse que también los trabajadores de Sanitarios Maracay (en Aragua) han sido objeto de diversas amenazas y persecuciones selectivas a lo largo de su lucha; que los trabajadores de la Mitsubishi Motors denunciaron que un automóvil en el que se trasladaban fue objeto de disparos cuando estos se encontraban en labores de difusión al público de la filmación del asesinato de los dos obreros; y que en junio del año pasado (2008), Gloria Palomino, dirigente obrera de la empresa de ventiladores FM (Fundimeca) en Carabobo, fue herida de bala en una pierna por motorizados mientras se encontraba al frente de una toma de los portones de la empresa exigiendo se cumpliera una orden de reenganche laboral.

Estos asesinatos (y atentados) a trabajadores en lucha estarían marcando un método de “resolución” de los conflictos obrero-patronales, en medio de una gran impunidad reinante, puesto que a la fecha no hay ningún responsable intelectual o político de los atentados y las muertes que haya sido ubicado, enjuiciado ni condenado. Al contrario, hay un proceso de criminalización de la protesta obrera, donde alcanza casi el centenar la cifra de trabajadores o trabajadoras con juicios en curso o bajo regímenes varios de presentación ante los tribunales, por haber participado de alguna protesta.

Por todo esto las organizaciones y personalidades abajo firmantes nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta situación, levantamos fuerte nuestra voz de repudio contra el asesinato de obreros en lucha, tanto por los sicarios auspiciados por los patrones como por los cuerpos de seguridad oficiales, protestamos contra la impunidad reinante hacia estos crímenes y exigimos juicio y castigo ejemplares para los responsables políticos e intelectuales.

Estamos convencidos y convencidas de que si se dejan pasar estos hechos podemos enrumbarnos peligrosamente hacia un escenario nacional de proscripción y silenciamiento por la fuerza de la legítima protesta y lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones.

¡Basta de muertes obreras por luchar por sus derechos!

¡Exigimos a todos los poderes del Estado el juicio y castigo a los responsables de estos crímenes, para lo que proponemos la conformación de una Comisión Investigadora Independiente, integrada por organizaciones de los trabajadores, organismos de derechos humanos y familiares, que tenga acceso a toda la información disponible y libertad de acción para investigar seriamente hasta el final!

¡Exigimos el desprocesamiento de los trabajadores enjuiciados o con regímenes de presentación ante los tribunales por luchar por sus derechos!

¡Queremos a la Guardia Nacional, el Ejército y las policías fuera de los conflictos obreros!

¡Llamamos a la más amplia coordinación y movilización concreta de las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos, intelectuales y artistas verdaderamente democráticos, para sumar esfuerzos en una gran campaña nacional e internacional contra estos crímenes!

Mayo 2009


PRIMERAS FIRMAS

"Asamblea de Trabajadores de la Toyota 15/5, Cumaná, aclama unánimemente la Campaña"; Carlos Farías, Secretario de Prensa y Propaganda de SINTRATOYOTA; Sindicato de Trabajadores de la NESTLÉ, Sindicato Bolivariano de Trabajadores de CATIVEN; Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de MANPA; Sindicato de Trabajadores de SANITARIOS MARACAY; Sindicato de Trabajadores de GENERAL MILLS de Venezuela (DIABLITOS UNDER WOOD); Sindicato de Trabajadores Bolivarianos Inversiones SEABOOCS C.A.; Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SUTRA-UCV); Sindicato de Obreros del Comedor Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (SOCE-UCV); Emilio Bastida y Marcos Guzmán, Coordinadores Regionales de la UNION NACIONAL DE TRABAJADORES (UNT) de Aragua; Sindicato Profesional de Insecticidas y Conexos del estado Aragua; José Bodas, Secretario General del FEDEPETROL (Anzoátegui); Frank Hernández del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la PEPSICOLA; Cristhian Pereira, secretario del Sindicato de Trabajadores de CHRYLER AUTOMOTRIZ; Tendencia Clasista Revolucionaria (TCR), SIDOR (Guayana); Centro de Estudiantes de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Consejeros Estudiantiles de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela; Frente Unido de Trabajadores y Trabajadoras por la Vida, la Salud y el Empleo (FUTRAVISEM); Sismely Carrillo, Secretario General de SINUTRASUFAR; Juan Caracas, Secretario de Seguridad y Vigilancia de SIMBOTRAS BAN HEEL; Lisandro Noguera, Secretario de Finanzas de SINTRACORSUCA; Héctor Ríos, Secretario de SINTRASELVA; José Salcedo, Secretario de Organización de SINUTRAFORJARAGUA; Álvaro Ramos, Secretario de SINUTRAFORJARAGUA; Roberto Bolívar, Secretario de Reclamos de SINTRAEMPROQUI; Héctor Bolívar y Andrés Arriaza, Secretarios del Sindicato Único de LA GIRALDA; Pedro Garrido. Secretario de Organización del Sindicato de ALUCENCA; David Hernández, Secretario General del Sindicato VASOS VENEZOLANOS; José Contreras, Secretario de Actas del Sindicato de CORRESPONDENCIA DE VASOS SELVA; Luis Jiménez. Secretario de Organización de SUNTRACALIPEIMA; Luis Hernández. Secretario de Organización de TONOROGAS; Rafael Figueroa, Secretario de SINTRASOBIA; Simón Mollejón, Secretario General de SINCROSOMA, Rafael Correa, Vocal de SINCROSOMA;... (siguen las firmas).


¡Basta de muertes y represión a los trabajadores que luchan!




Por: www.lts.org.ve