Que no nos gobiernen más ladrones

Sí como el gobierno de Mariano Ospina Pérez, a finales de los 40, se destacó por gobernar exclusivamente para los empresarios industriales, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pasará a la historia por gobernar para los ladrones de toda laya: mafiosos ladrones, con los cuáles tiene desde su juventud estrechos vínculos, y empresarios ladrones, entre los que su figura destaca como modelo. Los cada vez más repetidos escándalos de corrupción y robo a ojos vistos, en los que se ve involucrado el gobierno nacional, se convierten en una espiral de negocios en lo que podríamos llamar el cartel del robo y el despojo a que la familia presidencial y sus más cercanos colaboradores y amigos están sometiendo al país.

De hecho, en los últimos meses se ha hecho evidente el protagonismo en la política de la casa de “Nari” que ha adquirido el banquero Luís Carlos Sarmiento Angulo, propietario del grupo Aval, uno de los mayores ladrones de este país, dueño de mas del 30% del sector financiero colombiano, aunque amparado por el manto encubridor de la legalidad. Este es uno de esos ladrones que comenzó como constructor de vivienda pero después descubrió que el verdadero negocio para enriquecerse no era construir viviendas para los pobres sino vendérselas a crédito, para después, ante la imposibilidad de pago debido al tipo de interés de usura que imponía a los compradores, quitárselas y rematarlas. Resulta entonces que el señor Sarmiento Angulo ha soltado en los últimos meses dos perlitas, recogidas inmediatamente por el presidente Uribe. La primera en medio de un paro de los trabajadores de la rama judicial, cuando afirmó que había que refundar el sistema de justicia en Colombia y que para ello era necesario decretar la conmoción interior de tal manera que se pudieran tomar todas las medidas necesarias para romper el paro de los trabajadores. Dicho y hecho, el presidente decretó la conmoción y rompió el paro de los trabajadores.

Así mismo, el 30 de abril de este año, el mismo Sarmiento Angulo propuso que para poder mantener la política de seguridad democrática de este gobierno a partir de 2011, era necesario decretar un impuesto permanente que todos deberíamos pagar, ya que "así como todos contribuimos con el impuesto de educación y salud, el servicio de seguridad y defensa es igualmente importante". Pocos días después el presidente de la república, durante el lanzamiento de la estampilla por los 100 años de la escuela superior de guerra y a través de una videoconferencia desde Cartagena, anunció una contribución permanente para financiar la seguridad democrática.

Pero este es un amangualamiento entre ladrones en las sombras de la legalidad para mantener sus prácticas a la orden del día con la institucionalidad. No debemos olvidar, sin embargo, los casos de reconocidos ladrones que han cometido sus fechorías violando incluso esta legalidad tan blanda y que, sin embargo, han sido incluidos y mantenidos en el gabinete del gobierno como si esta práctica no representara ningún impedimento político y, sobre todo, ético para hacer parte del gobierno. Basta echar una rápida mirada a algunos de los personajes que han ejercido altos cargos durante este ya largo gobierno. Por ejemplo, aún se mantiene el litigio en contra del primer Ministro del Interior del gobierno de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, que por medio de tramoyas dignas del más hábil de los estafadores se apropió de acciones de una empresa estatal por valor de nueve mil millones de pesos y por las que ha recibido, mal contados, 87.000 millones de pesos en dividendos. A pesar de que un fallo de la más alta instancia judicial del país le ordenó a este personaje devolver las acciones y lo sancionó con 15 años de impedimento para ejercer cargos públicos, el personaje de marras se niega a hacerlo. Lo más grave de todo es que cuando Londoño Hoyos fue nombrado ministro por parte de Uribe, ya ese proceso judicial estaba andando.

Años más tarde, en el 2007, el mismo presidente Uribe nombró como canciller de la república a Fernando Araujo Perdomo, cuyo mérito pareció ser habérsele fugado a las Farc después de 6 años de secuestro. El asunto es que el señor Araujo Perdomo antes de ser secuestrado, se había apropiado de un inmenso lote ubicado en Cartagena. El lote en cuestión es Chambacú, un terreno del que fueron despojadas las familias pobres que lo habitaban y al que se le cambió la destinación de un lote urbanizable a un lote de uso turístico, con el incremento correspondiente en su precio. En esta tramoya también participó el primer embajador de Uribe ante los Estados Unidos, Luís Alberto Moreno, hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Todas estas prácticas son toleradas y auspiciadas por el gobierno de Uribe en la medida en que el mismo presidente las comparte. De hecho estas parecen hacer parte de las mañas de la familia del presidente, que se transmiten, al parecer, de generación en generación. Por ejemplo, cuando su padre Alberto Uribe para, supuestamente, pagarle una deuda laboral a un grupo de campesinos que laboraban en la hacienda de su propiedad San Cipriano, escindió un pedazo de esta para entregársela a los trabajadores en pago por las acreencias laborales. Este pedazo de tierra entregado a los trabajadores fue bautizado como finca La Mundial, y al poco tiempo de habérselas entregado, un grupo de paramilitares que actuaba en la zona del nordeste antioqueño comenzó un pavoroso exterminio de los trabajadores, y los que no fueron asesinados tuvieron que huir. Cuando algunos periodistas le preguntaron al presidente Uribe por la propiedad de La Mundial, aseguró que había sido vendida antes de que los paras se asentaran allí y asesinaran a los trabajadores. Sin embargo, posteriormente se logró demostrar que esa supuesta venta no estaba registrada y por lo tanto no se había realizado.

Y la gota que debería hacer rebozar la copa es el reciente escándalo que involucra a los hijos del presidente. Hace pocos días el periodista Daniel Coronell dio a conocer un informe según el cual los dos hijos del presidente se valieron de su nombre y de una serie de actuaciones que se mueven en la frontera de lo ilegal, para hacerse a un lote que había sido propiedad de Bavaria – Sab Miller y que compraron a muy bajo precio; supuestamente apenas compraron determinada extensión (más bien pequeña, según los susodichos), según las escrituras, pero cuando fueron a verificar en terreno, el lote medía más de lo que decían los documentos. Mejor dicho, Bavaria le hizo un regalito a los delfines presidenciales. Ahí no para la historia: por obra y gracia de sus “dotes empresariales” los uribitos lograron que ese “pedacito de tierra” que compraron fuera destinado para zona franca y en “esa vuelta” lograron incrementar el valor del lote de tres mil millones de pesos a 33 mil millones, según lo documenta Coronell. Menuda ganancia para los hijos del presidente que dicen que sus apellidos y su parentesco con el primer mandatario y jefe inmediato de los funcionarios que aprobaron la gestión, nada tuvieron que ver. Y los medios de comunicación se han puesto en la tarea de mostrar a los angelitos como ejemplos de precocidad y sagacidad empresarial, con visión de negocio, seguramente heredada de su padre.

Aquí vuelve a quedar retratada la cultura mafiosa y traqueta que poco a poco se va extendiendo en todo el país y en todos los estratos sociales, promovida por el propio presidente, a quien sus secuaces han definido como hombre de inteligencia superior. En las recientes acciones de los hijos del presidente y la defensa emprendida por los funcionarios, los medios y el propio Uribe quedan borrados definitivamente las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo ético y lo antiético. Así el slogan del presidente de trabajar, trabajar y trabajar podría expresarse como robar, robar y robar y parecer que significaran lo mismo. Estas son las prácticas y la cultura que tenemos que erradicar de nuestro país, y esos son apenas unos pocos de los personajes que dirigen el país manteniéndonos en la miseria, y a los que la justicia popular deberían mantener en la cárcel como sujetos peligrosos. Ese debe ser nuestro objetivo, más allá de la salida de Uribe de la casa De Nariño. Para que nunca más nos vuelvan a gobernar los ladrones y criminales.


Por: Periferia Prensa