domingo, 21 de febrero de 2010

A Yurtier lo mató la ley 100


A Yurtier lo mataron. Lo asesinó el Estado. Lo mataron los rentistas. O, más precisa y simplemente: a Yurtier lo dejaron morir para que la “nuevaepese” pudiera ahorrarse varios millones de pesos… Mejor dicho: Yurtier se murió de Ley 100… o, para decirlo con todas las letras: lo mató la ley 100.

Yurtier fue el mejor bachiller de la primera promoción de La Institución Educativa Juan de la Cruz Posada, del barrio Villa Hermosa Eso queda en el barrio Villa Hermosa de Medellín, como a tres cuadras por la carrera Giraldo, subiendo desde el Parque Obrero hasta la calle Urabá. Desde ese parque, muchas veces, lo que va quedando de los sindicatos en esta ciudad, junto a las gentes de dolor y de pena de las comunas, es decir junto a los damnificados de la impudicia de los poderosos, salimos los primero de Mayo a decir, bien alto, que todavía resistimos y que algún día cambiaremos el miedo por abrazos y las carencias por la apropiación social de todo eso que nuestros brazos producen y nuestros sueños definen.

Yurtier era, sigue siendo (para quienes amábamos su figura de hombre entero, de muchacho solidario), el mejor entre muchos de los buenos. Yurtier era del combo de los que saben abrazar al prójimo próximo y quieren unir unas manos a otras manos y a otras manos y a otras manos, construyendo otro mundo soñado desde el estercolero en el que estamos.

Aprendió. Dudó. Preguntó todo lo que a su edad hay que preguntar. Afirmó, con certeza adolescente, lo que tuvo que afirmar. No se arredraba. Ante el ojo del gran hermano que por entonces ya era la prueba “externa”, el “examen del ICFES”, pasó raudo y airoso: obtuvo también el mejor puntaje. Y se matriculó con esos honores en el “Poli”. Quería ser maestro. Como sabía de herencias necesarias y de herencias que deben repudiarse, asumió la de Prometeo: tenía que entregarle el fuego a los otros seres humanos. Su imperativo más hondo era ese: compartirlo todo, incluido el conocimiento. Quería contribuir a formar a la muchachada de la que había salido a tropezones desde el barro y en el barrio; sabía que tenía que hacerlo contra las malas pasadas de la vida que, sabemos, no es tan fácil. Por eso estaba estudiando para maestro de Educación física, mientras llegaba el tiempo del compromiso más alto en otras tierras donde aspiraba a servir como misionero de un mejor mundo.

Y, como la vida no es fácil, apareció la enfermedad: le descubrieron una leucemia que ya venía tragándose, a pedazos, su sangre; pero que, según vimos, nunca pudo apagar su aliento fraterno, comunero y formidable. Por entonces, tenía un cobijo: existía el Seguro Social, los “Seguros Sociales”, y en el Seguro había sindicato. Pero el galope de los rentistas ya había hecho lo que ellos tenían que hacer: el derecho a la vida y a la salud debía ejercerse apelando a las tutelas. Y, así, tras la pírrica victoria jurídica, se inició un tratamiento que avanzó haciendo retroceder a la enfermedad.

Con ganas, de corazón entero, Yurtier regresó a la Universidad y allí encendió otros fuegos: abrió el debate entre los maestros en formación sobre el tipo de sujetos que los maestros tenemos que forjar. Preguntó por la naturaleza de la evaluación que se venía imponiendo a los estudiantes de la escuela básica y media en Colombia. Armó seminarios, asistió a conferencias, investigó, generó debates, propuso, empujó, jalonó, con su figura de intelectual en ciernes y al servicio del pueblo.

Y como la vida no es fácil, y los tratamientos, cuando son ordenados por tutela, pueden no ser completos, Yurtier recayó.

La madre, el padre, todos queríamos lo mejor. Pero lo mejor no estaba a su alcance. No tenía Yurtier el respaldo de una chequera bien fondeada. Por eso no se hizo con su salud lo que se debería haber hecho para que este ser extraordinario continuara viviendo, uniendo, luchando, aportando.

El desenlace es brutal, criminal, infame. Su vida no era, objetivamente hablando, un derecho. Su salud era ya una mercancía. Ya, por entonces, no existía el precario “seguro social”, los “Seguros sociales”; ahora el tratamiento dependía de la flamante “nuevaepeese”. Lo atienden en el marco de acuerdos comerciales (establecidos en torno a la “venta de servicios”) entre la “nuevaepeese” y clínicas particulares. En ese estrechísimo marco, los médicos que lo atendieron hicieron lo mejor que pudieron.

De pronto, en el horizonte apareció una buena luz: un médico especialista, de esos que quieren aportarle a la humanidad, sabía de un nuevo tratamiento que tenía todas las posibilidades. Uno que, incluso permitiría un salto en el ya aprestigiado desarrollo científico de la medicina colombiana. Sólo había un problema: la familia de Yurtier no tenía una chequera solvente, ni disponía de la “tarjeta dorada”. Yurtier no era un cliente confiable. El tratamiento requería una preparación con una droga específica que debía importarse y luego hacer un prometedor cultivo y trasplante de células madres.

Entonces hicieron lo que hacen los pobres: pusieron la tutela.

El Juez Guerra Higuita, Octavo Civil del Circuito, ordenó que le hicieran el procedimiento.

Mientras se hacía la querella, el médico responsable del tratamiento urgía para que le fuese autorizado el proceso y los recursos; sabía que se acababa el tiempo. Pero al lado de éste y otros profesionales que, nadando a contra corriente del sistema, intentaban avanzar en la pelea con la enfermedad (una pelea que tenía todas las de ganar si se hacía a tiempo)… otros, encabezados y condensados, resumidos, en la torva figura del auditor de la “nuevaepeese”, movían sus fichas, desparramaban su infamia: aplazaban día a día la autorización, a ver si Yurtier, hecho cadáver, les ahorraba “gastos”, dando curso a los mecanismos de renta que permiten la sobre-acumulación de la nueva empresa que en Colombia vende a precios muy rentables una mercancía llamada salud.

Pero esta vez, estos canallas no sólo fueron eficientes para los intereses pecuniarios de la “nuevaepeese”. Esta vez el “auditor” se permitió ir a visitar al enfermo para pedirle que se fuera de la clínica, que se fuera para la casa a esperar hasta cuando “se le resolviera el caso” y le fueran autorizados los nuevos procedimientos… que se fuera para la casa y esperara a que lo llamaran, cuando el tratamiento fuera aprobado por las directivas de la nuevaepeese”.

Yurtier, entonces, bajo el fuego cruzado del carcinoma y del funcionario “auditor”, hizo crisis. Deliraba, pedía a gritos que no dejaran entrar otra vez a ese infame en su habitación, porque con seguridad lo iba a echar a la calle. Bajo esta tortura, la crisis se agravó. Se produjo entonces un derrame cerebral y, para fortuna de la “nuevaepeese”, entró en una etapa irreversible.

Yurtier murió. Lo asesinó la ley cien. Nada pudimos hacer, aunque se había ganado, días atrás la tutela… La estrategia, y la táctica, del funcionario auditor, fueron cumplidas y exactas. Tanto como las de los sicarios que, cuadras más arriba, hacen lo mismo, pero son presentados cotidianamente como si en realidad fuesen mucho más canallas.

Ese bello ser, que nació un domingo treinta de agosto de 1987, a las diez y treinta y cuatro de la mañana, fue obligado por los rentistas a morir el lunes festivo del 16 de noviembre de 2009, a las dos, de una tarde significativamente lluviosa.

Por: Periferia Prensa Alternativa
Tomado de: periferiaprensa.org

Audiencia contra implicados en la masacre de San José de Apartado


El pasado 4 y 5 de febrero, en las instalaciones del Palacio de Justicia en la ciudad de Medellín, se celebró una de las audiencias públicas a 10 de los militares del ejército nacional implicados en la última masacre a la comunidad de Paz de San José de Apartado, perpetrada el 21 y 22 de febrero de 2005 en el Urabá Antioqueño. En estos hechos los militares de las compañías Anzoategui 1, 2, 3 y Bolívar 1, en complicidad con paramilitares del bloque “Héroes de Tolová” asesinaron, descuartizaron y abandonaron en fosas a medio tapar al líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Bellanira Areiza Guzmán y su hijo de 11 años, Deiner Andrés Guerra; también a Alejandro Pérez Castaño, y al líder Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano con su compañera Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia Andrea y Santiago, de 5 años y 18 meses de nacido, quienes fueron degollados.


En el Urabá Antioqueño desde el 23 de marzo de 1997 los habitantes del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó se declararon “Comunidad de Paz”, pese al desplazamiento forzado de la mayoría sus comuneros; esto a raíz de las dos masacres perpetradas por los militares y paramilitares en septiembre de 1996 y en febrero de 1997, las cuales arrasaron con los líderes de la población. Las y los que decidieron permanecer en su territorio y vencer el miedo pretendían ser respetados con la declaratoria de paz, pero como respuesta del Estado recibieron operativos, hostigamientos, estigmatización, prácticas de tiro contra las viviendas, explosivos en los cultivos, asesinatos selectivos, sumado a los bloqueos económicos por causa de retenes paramilitares y militares que habían impedido el ingreso de alimentos y el transporte a la comunidad, colocándola en situación de hambre y aislamiento.

Entre 2003 y 2004 hubo siete desplazamientos de familias de las veredas Mulatos y La Resbalosa, tres mujeres fueron violadas por militares, la escuela fue quemada junto con varias casas en la vereda de Mulatos. Para esta comunidad han sido doce años del trasegar de la esperanza, construyendo bases sólidas sobre proyectos de vida reales que han sido cegados por el terror de los asesinos. Por ello la memoria de las 185 personas asesinadas de la comunidad sigue más viva que nunca.

Para esclarecer el caso fueron llamados a juicio algunos miembros de la Fuerza Pública, quienes deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir; son ellos el teniente Coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento segundo Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el sargento Jorge Humberto Milanés Vega, el sargento segundo Henrry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia y los sargentos Édgar García Estupiñán y Darío Brango Agámez.
La audiencia comenzó con la declaración del Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien se a acogió a sentencia anticipada el 7 de octubre de 2008; para la fecha de la masacre era el oficial encargado de la operación militar Fénix. El capitán testificó que el día de la masacre los miembros de la Brigada XVII patrullaron al lado de al menos 60 paramilitares del bloque Héroes de Tolová.

En su declaración, el capitán Gordillo acepta haberse entrevistado el 18 de febrero con 11 personajes de las autodefensa del bloque héroes de Tolová para acordar ejes de avance de la operación Fénix, en compañía del sargento Padilla Petro y el cabo primero Cruz Reina; después de ese día, dice Gordillo, “cambucharon” junto con los paramilitares. Dijo que estos paramilitares hacía más de 3 meses habían asumido el control de la zona que anteriormente estaba a disposición del bloque bananeros; nombró también la existencia de 3 bases paramilitares llamadas Miguelayo, La Castañeda y de La Oz. Estos eran pasos obligados para llegar al objetivo, los Cerros de Cooperativa y Bogotá. Además, reiteró el capitán Gordillo que antes de la operación había presencia de la brigada XVII y de tropas del batallón Bejarano a cargo del teniente coronel Duque.

Gordillo dice que él llegó el 17 de febrero en horas de la tarde al Batallón Vélez, donde recibió instrucciones de sus superiores, teniente coronel Orlando Espinoza y el mayor José Fernando Castaño, sobre la operación que se realizaría en el cerro la Cooperativa y Bogotá. Antes de su llegada ya se habían hecho las coordinaciones pertinentes para subir al cerro.

También mencionó que en noviembre de 2007, estando en el batallón contra guerrilla No. 002 Guajiros, recibió un informe por radio donde le indicaban que debía asistir a una reunión con el General Héctor Fandiño en la cuidad de Bogotá. Y allí el Comandante de la brigada XVII le mostró la declaración de alias 'Melaza' y dijo que lo más probable era que lo detendrían; pero Fandiño le dijo que no se preocupara, ya todo estaba cuadrado: tenían dos testigos, unos reinsertados de las Farc que declararon en el Juzgado Penal 94 y en La Fiscalía General de la Nación, testificando que eran integrantes de las Farc y que las Farc habían sido responsables de la masacre. Según ellos, contaban con pruebas contundentes.

El abogado de las víctimas, Jorge Molano, en su intervención, notificó que en las declaraciones del paramilitar Ever Veloza, alias H.H., expediente que se trasladó para este juicio, afirmo que él le había dado la suma de $ 1.500.000 al coronel del Batallón Bejarano, Héctor Iván Duque, para que pagara testimonios para atribuirle a las Farc la responsabilidad de los hechos.

El abogado Jorge Molano preguntó al interrogado, capitán Gordillo, si es normal que en una operación a nivel de brigada participen en la planeación mandos de división del Ejército Nacional. Esta pregunta está respaldada con elementos probatorios del cuaderno 26 de la Fiscalía, que fue trasladado para este caso y donde reposan las indagatorias a Néstor Iván Duque, Acosta Célis y el Teniente Coronel José Fernando Castro, quienes indicaron que en la preparación de la operación Fénix participaron los comandantes de las unidades batallones militares, o sea todas las unidades menores, pero que también participó el general Mario Montoya, quien ordenó la operación y el acompañamiento de guías. Según el capitán Gordillo, a esa planeación pueden asistir los mandos de las divisiones, pero no es normal que lo hagan, y tampoco es legal llevar guías. Además, aseguró que conocía de la injerencia que el comandante de la División tenía sobre las operaciones.

Por su parte, los paramilitares José Joel Vargas, alias 'Pirulo', y Adriano de José Cano Arteaga, alias 'Melaza', también declararon en el proceso y confirmaron en la audiencia que trabajaron de la mano con miembros de la Brigada XVII y fueron pagados por ser guías.

Por ahora la decisión del juicio sigue en suspenso. La Juez Segunda Civil Especializada de Antioquia decidió suspender la audiencia, la cual será reanudada el 16 de Marzo a puerta cerrada, luego de que las partes argumentaran la existencia de riesgo en algunos sujetos procesales.

Por: Periferia Prensa Alternativa
Tomado de: www.periferiaprensa.org

La barra más peligrosa

Entre los que asistimos a fútbol hace muchos años existe un consenso y es que la verdadera “barrabrava” de todo el país es la policía. Esa fue la conclusión en la cumbre de seguridad en eventos deportivos realizada en 2008 en Medellín, y fue también una de las pocas cosas que lograron poner de acuerdo a todas las barras e hinchas de los diferentes clubes del país. Este escrito no es para hacer una apología de la violencia irracional de muchas barras, es más para mostrar con algunos casos cómo la policía no cumple su papel básico de prevención sino que se convierte en uno más de los que fomentan la violencia.

El día 7 de enero de 2010 se jugó un partido en el estadio el Campin de Bogotá para hacerle un homenaje a Edson Arantes do Nacimento “Pelé”. En las horas de la noche la prensa registraba enfrentamientos de barras antes y después del partido con el titular de prensa: “Joven perdió un ojo en disturbios ocurridos antes del homenaje a Pelé en el Campín”. Y luego dice “Con piedras, los hinchas se agredieron y le causaron lesiones en el rostro a dos de los 50 efectivos de la Fuerza Disponible, que acudieron a calmar los ánimos. Tres tanquetas utilizaron mangueras para echarles agua a los hinchas, que además fueron controlados con bombas de aturdimiento” (El Tiempo.com. Enero 18 de 2010). Y más aun, presentaron una cifra de heridos producto del “enfrentamiento” entre barras.

Dos días después entrevistan a uno de los heridos que estaba todavía en el hospital y para sorpresa de muchos “Según Jorge Enrique León (el herido), un artefacto de gas lacrimógeno de la Policía lo golpeó… Jorge dice que alcanzó a ver cuando la Policía disparó los artefactos de gas lacrimógeno de frente y que instantes después de sentir el golpe vio a sus pies cuando comenzó a salir el gas. "Yo lo vi con el otro ojo. Cuando comenzó a salir el gas, salí corriendo para que no me ahogara. Me pegó muy duro…(eltiempo.com Enero 19 de 2010). La policía agredió al joven que manifestó no ser hincha de ninguno de los dos equipos bogotanos, pero que fue al partido por ver a Pelé.

La policía no respondió ante estos hechos. “El Mayor Alexander Murcia, comandante del Esmad de la Policía, dijo que por ahora no hay una investigación porque no hay una denuncia formal, pero aseguró que es difícil que haya sido uno de los artefactos de gas el que golpeó el ojo del muchacho" (eltiempo.com febrero 10 de 2010).

El año pasado, el 9 de agosto, después de un partido entre Nacional y Tolima en la ciudad de Medellín, en un enfrentamiento entre hinchas de Nacional y la policía, un agente sacó su arma y disparó varias veces a la gente. En el video que fue presentado a secretaría de gobierno y a la personería de Medellín en el comité de seguridad que se realiza todos los martes para tratar el tema del fútbol en la ciudad, se ve claramente al policía, primero detrás de un árbol, luego con otro hincha como escudo y luego saca su revólver y dispara varias veces a la gente, a un nivel que podría darle a cualquiera de todos los que estaban en el lugar, ya que sucedió en la estación Estadio del Metro. Afortunadamente no se dieron heridos, pero no hubo tampoco pronunciamiento oficial por parte ni de la alcaldía, ni de la personería, ni del Metro, quienes acostumbran hacerlo cuando son los hinchas los culpables de algo.

En el año 2008, hinchas del Deportivo Cali, en un partido ante Medellín, fueron agredidos brutalmente por el Esmad antes de entrar al partido. Este hecho hubiera pasado desapercibido o sería solo una anécdota más del hincha que sufrió la agresión de no haber sido por dos cosas. La primera es que había una abogada de la personería cerca, que se dio cuenta de la agresión y trató de pararla, en ese momento el policía la agrede a ella también. Todo esto fue observado y grabado por cámaras de Noticias 1, que presentó ante el país la noticia: El policía agredió a un hincha sin motivo alguno y luego agredió a la abogada de personería de Medellín por tratar de parar la agresión.

Todas estas agresiones pasan a diario, no solo desapercibidas, sino que los medios de comunicación en muchos casos solo presentan la versión del Estado, en este caso de la policía. En esta versión todos son culpables y sospechosos de serlo, mientras ellos, los policías, parecen ser los adalides de la justicia. Nada más lejano de la realidad. Al parecer seguimos acostumbrándonos a lo que en el país se ha llamado “falsos positivos” que no son otra cosa que la continuación de la agresión del Estado sobre los ciudadanos y el encubrimiento de los delitos que a diario cometen.

Han sido tantos los abusos que se cometen en los estadios de fútbol por parte de la policía, desde tirarle los caballos a la gente en las filas, atropellar en las requisas, insultar a los hinchas, etc., que la barra Los Del Sur solicitó hace ya varios años la presencia de la personería en los partidos, aunque sea para que sirvan como testigos de los atropellos más fuertes. Estos sucesos no son todos, son solo algunos de los más “notorios”, faltan los que ocurren por ineficacia de un operativo policial, o por omisión estatal y que han terminado en muchos casos en situaciones muy lamentables. Con el agravante de que todos estos casos quedan en la impunidad, solo en el recuerdo y anecdotario de cada uno.

Como lo presentó el mismo diario El Tiempo, entrevistando a un agente del Esmad ante las acusaciones reiteradas por las agresiones y los delitos cometidos que llevaron a la muerte de Nicolás Neira con uso de armas no convencionales: “El capitán Julio César Devia Torrijos, ex comandante de la Primera Sección del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, Esmad, en Bogotá, no sólo ordenaba la fabricación de municiones, cuyo uso estaba prohibido, sino que daba instrucciones para dispararlas inmediatamente en contra de estudiantes” (El Tiempo.com. Febrero 4 de 2010). Obviamente, estas situaciones no solo se dan contra los estudiantes, también contra los indígenas, contra los que protestan por el despojo de sus casas por los bancos, contra los hinchas de fútbol, contra los que se le enfrenten o simplemente contra todos los que manifiesten algo contra este régimen de muerte.

Por: Bernardo Jurado
Tomado de: periferiaprensa.org