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lunes, 22 de marzo de 2010

La Comunidad de Paz de San José de Apartado mantiene la Memoria Viva


La Comunidad de Paz de San José de Apartado mantiene la Memoria Viva

Este programa es una realización de Antimili Radio en solidaridad con las víctimas de la comunidad de Paz San José de Apartadó.
El pasado 19 de febrero la comunidad de paz de San José de Apartadó convocó a la conmemoración de las víctimas. Diferentes organizaciones sociales de Medellín y algunos medios de Comunicación Alternativa acompañamos el triste duelo donde se inauguraba en San Josecito el Parque Monumento, con el traslado de los restos de las víctimas de la masacre de febrero de 2005, que reposaban en su antiguo pueblo, San José de Apartadó. Se realizó un recorrido por las veredas de Mulatos y la Resbalosa, sitios donde ocurrió esta masacre.



Pueden descargar el audio de este programa siguiendo este enlace:

http://www.divshare.com/download/10819403-804


Esta es una invitación de AntimiliRadio y la Red Juvenil de Medellín.

Por: AntimiliRadio
Tomado de: Red Juvenil de Medellín

Una Comunidad de Paz en zona de guerra

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en sus 13 años de existencia, ha sido un referente obligado en el complejo panorama que azota al Urabá antioqueño, una Comunidad de Paz inmersa en un verdadero laboratorio de guerra, una experiencia que permite dimensionar las consecuencias del conflicto en la población civil que se niega a involucrarse en él.


UNA COMUNIDAD DE PAZ EN UNA ZONA DE GUERRA

Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia


Ellos siempre han visto en los que han entregado sus vidas en el proceso de la Comunidad de Paz, una fuerza que los mantiene adelante y no los deja echar para atrás. Incluso en momentos muy difíciles, de mucha represión, en los que ellos han estado pensando en desplazarse definitivamente para otro lugar, lo que los ha amarrado a quedarse aquí ha sido la memoria de sus víctimas, han dicho: ´hemos pagado precios tan altos por este proceso que ya estamos en la otra orilla, donde ya no se puede echar para atrás´".
Así define el sacerdote jesuita Javier Giraldo, acompañante honesto y sincero de este proceso organizativo, los pilares que mantienen a un grupo de familias campesinas vinculadas a una propuesta de comunidad autónoma y pacífica en el Urabá antioqueño, una de las regiones más violentas del país. Una iniciativa que en el 2010 cumple trece años de existencia y que se ha visto enfrentada a toda clase de atropellos y presiones por parte de los poderes más oscuros y criminales que persiguen el dominio del territorio.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó declaró sus principios el 23 de marzo de 1997, en aquella época se incrementaba una violencia de tipo paramilitar ejercida en toda la región para diezmar el avance político y social de la guerrilla. Los civiles siempre fueron involucrados en una guerra que no les pertenece pero que los afecta de manera directa, porque los intereses armados se centran especialmente en el territorio que ocupan los campesinos y del cual producen su sustento desde hace décadas. Esta región fue poblada
por colonos, expulsados de otras zonas por la violencia o por la falta de tierras para cultivar, ellos abrieron la selva de los límites invisibles que separan a los departamentos de Antioquia y de Córdoba. Son las últimas estribaciones de la serranía de Abibe, territorios ricos en biodiversidad, apetecidos por los voraces intereses de las empresas trasnacionales. Las masacres, desapariciones, bloqueos económicos, bombardeos indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias, han sido las armas utilizadas en contra de los pobladores de esta región.

San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.

Muchos de los sobrevivientes de la barbarie y el exterminio tuvieron que salir desplazados de sus tierras, otros se escondieron en la montaña y de a poco se fueron juntando. Varias organizaciones humanitarias, eclesiales y de derechos humanos acompañaron el éxodo de los campesinos que se asentaron en los cascos urbanos de los municipios o en las cabeceras de los corregimientos. La Diócesis de Apartadó promovió la organización en Comunidades de Paz, neutrales ante la guerra y decididas a no colaborar con ninguno de los actores armados. Varias familias desplazadas de la región del Urabá antioqueño y chocoano retornaron a sus territorios y se establecieron como Comunidades de Paz, juntándose en fincas o predios comunitarios y demarcando los lugares con letreros y carteles alusivos a su condición de civiles en medio de la guerra, exigiendo respeto por su decisión de no participar en ella.

Aunque algunas de estas experiencias de resistencia civil persisten en la región, muchas de ellas fueron atacadas nuevamente, otras fueron cooptadas por los actores armados o desvirtuadas en sus principios por la mezcla entre líderes corruptos y presiones poderosas. Pero sin lugar a dudas, ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en sus 13 años de existencia, un referente obligado en el complejo panorama que azota al Urabá antioqueño, una Comunidad de Paz en un verdadero laboratorio de guerra, una experiencia que permite dimensionar las consecuencias del conflicto en la población civil que se niega a involucrarse en él.

Aunque algunas de estas experiencias de resistencia civil persisten en la región, muchas de ellas fueron atacadas nuevamente, otras fueron cooptadas por los actores armados o desvirtuadas en sus principios por la mezcla entre líderes corruptos y presiones poderosas. Pero sin lugar a dudas, ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en sus 13 años de existencia, un referente obligado en el complejo panorama que azota al Urabá antioqueño, una Comunidad de Paz en un verdadero laboratorio de guerra, una experiencia que permite dimensionar las consecuencias del conflicto en la población civil que se niega a involucrarse en él.
El trabajo comunitario es fundamental para las familias campesinas que hacen parte del proceso. La producción agroecológica, la educación para la resistencia, la dignificación de la memoria y la recuperación del territorio; son ejes fundamentales en la construcción colectiva que propone y desarrolla la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Sus
líderes históricos recuerdan con nostalgia las luchas sociales que se vivieron en la región, las organizaciones sindicales, los colectivos de trabajo, las cooperativas, la participación política y social de las comunidades. La Unión Nacional de Oposición - UNO, la Unión Patriótica - UP, son referentes políticos en la conciencia de quienes han sobrevivido al terror que se implantó en la región. Es el legado y la memoria de los sueños construidos que han plantado la semilla que hoy germina en el corazón y en las palabras de quienes componen este esfuerzo organizativo:
“Yo pienso que la Comunidad de Paz de San José es como un árbol que se cuida mucho, se pone frondoso y le salen sus retoños. Yo creo que cada retorno es un retoño de este árbol, este árbol que día a día está dando vida para todos y ejemplo para el mundo”.

San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.


Justamente el retorno a Mulatos, realizado en febrero de 2008, es una semilla de Comunidad de Paz que hoy florece en la misma vereda donde fue asesinado el líder Luis Eduardo Guerra, su esposa Bellanira y su hijo Deiner. La masacre, cometida por un comando del Ejército Nacional guiado por paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, fue realizada el 21 de febrero del año 2005 y en ella también fueron asesinados Alfonso Tuberquia, su esposa Sandra Muñoz y sus hijos Natalia y Santiago, de 6 y 2 años de edad. Alfonso y su familia fueron sorprendidos por la muerte en su humilde vivienda de la vereda La Resbalosa, a dos horas de camino del lugar donde fue asesinado Luis Eduardo, Bellanira y el niño. Todas las víctimas fueron descuartizadas y enterradas en fosas comunes. Los militares siempre han negado cualquier participación en los hechos, como lo han hecho desde antes en otras masacres y en otras agresiones contra los campesinos de
la región, en especial aquellos que están organizados en la propuesta de Comunidad de Paz.
Cinco años después de los hechos, los familiares de las víctimas regresaron a la vereda Mulatos, acompañados de personas de diversos países y de representantes de comunidades organizadas en varias regiones de Colombia. Con la guía espiritual de las palabras pausadas y acordes del sacerdote Javier Giraldo, quien acompaña el peregrinar de la comunidad desde sus inicios, la delegación partió el sábado 20 de febrero desde el casco urbano de San José de Apartadó hasta las mismas veredas que fueron recorridas por el comando de hombres armados que sembraron la muerte en donde hoy germina la vida.
Luis Eduardo Guerra sintió sobrevuelos de helicópteros y bombardeos el 20 de febrero y prefirió no ir hasta Mulatos a recoger el cacao. Al día siguiente decidió no esperar más y enfrentarse con la palabra a cualquier actor armado que se encontrara en el camino. En la inhumación de los restos de las víctimas, el viernes 19 de febrero de 2010, en el caserío principal de la Comunidad de Paz, el padre Javier Giraldo se refiere a la vida y memoria de Luis Eduardo Guerra: “Nos hemos preguntado, tal vez muchas veces, si Luis Eduardo sería acaso un hombre que despreciaba la vida, pero no, si alguien defendía la vida buscando siempre estrategias nuevas de defensa era Luis Eduardo. Más bien tenía la convicción de que la vida no se podía destruir, ni siquiera con la muerte… Hoy vemos su vida como la de un verdadero líder, un líder que encarnaba lo que es la Comunidad de Paz, su muerte como una presencia viva en la comunidad, su memoria es una energía que nos infunde fuerza a todos”.
San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Documental Amarillo.

Es que si no fuera por la fuerza de la memoria, los niños y jóvenes de la Comunidad no asumirían con tanta dignidad el proceso que sus padres y familiares han empezado hace más de una década. Por dolorosa que parezca, la historia de la Comunidad de Paz está llena de esperanza en cada uno de los rostros, los pasos y las palabras de quienes asumen este esfuerzo como una propuesta de vida, de quienes apelan a la memoria como antídoto en contra del progreso amnésico que se pretende imponer en la región.
El domingo 21 de febrero de 2010 se realizaron actos litúrgicos y de memoria en la vereda Mulatos y La Resbalosa, un caminar solemne que permitió recordar los gestos de ternura y las manifestaciones de vida que desafiaron las más macabras expresiones de muerte:
“Las confesiones progresivas de los victimarios nos han ido descorriendo el telón para mostrarnos las escenas más conmovedoras que sucedieron en la Resbalosa en aquella tarde del 21 de febrero de 2005. Desde el campo de los amigos nadie pudo contarnos realmente lo que paso allí, ni narrarnos los últimos momentos de Alfonso, de Natalia o de Santiago, han sido los mismos victimarios desde sus remordimientos y tormentos de conciencia que nos han dado acceso a lo más horrendo de aquel drama.
Nos estremece pensar en los sentimientos de Alfonso cuando regresa a su hogar con el propósito de salvar la vida de los suyos ó correr su misma suerte y encuentra su casa invadida por gente sin alma que se dedican a una macabra orgia de sangre, tiene que contemplar de lejos el cadáver de su esposa, Sandra, tendida en la cocina, mientras sus niños se le abalanzan a abrazarlo en medio de su estupor, de un estupor que su inocencia les impide valorar en sus verdaderas dimensiones. Alfonso le suplica a los victimarios, que discuten en ese momento sobre la inminente ejecución de los niños, que no vayan a cometer ese crimen y que más bien lo maten a él, entre tanto le dice a sus niños que deben prepararse para un viaje muy largo, allí se produce el último rasgo de las más fina y delicada ternura, cuando Natalia empaca algo de ropa para que su hermanito Santiago la lleve en ese misterioso viaje que ella no alcanza a comprender, con ese precioso gesto de inocente ternura se cierra la vida de Natalia, de Santiago y de Alfonso. Segundos después sus cuerpos serian desmembrados y sepultados en pedazos en aquellas dos estrechas fosas, medio escondidas en el cacaotal. Varios de aquellos esclavos de la muerte confesarían después que sintieron revolverse su conciencia y comprendieron que jamás podrían alejar de sí el tormento de esa macabra memoria”.
San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.

Este relato resume los hechos que se recordaron con profundo dolor en los mismos lugares donde fueron asesinados los miembros de la Comunidad, luego de cinco años de impunidad, tras demorados procesos judiciales que hoy revelan la verdad de los hechos y establecen la identidad de los responsables.
Desde hace varios años, y ante la ineficacia y estrecha relación de la justicia con los poderes que pretenden acabar el proceso organizativo, la Comunidad de Paz entró en ruptura con el sistema judicial colombiano. Han preferido trabajar en colectivo en la construcción de una manera distinta de relacionarse con la vida, con la tierra y con el pasado. Exigen respeto por su proceso, estrechan lazos de solidaridad con comunidades y personas en diversas latitudes del planeta.
Eligieron asumirse como civiles cuando pudieron haber sido parte de la guerra que se ofrece como única opción, prefirieron sembrar la tierra que disparar los fusiles.
San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010. Fotografía: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia.

El viernes 19 de febrero se realizó una marcha fúnebre desde el corregimiento de San José de Apartadó hasta el nuevo caserío donde se desplazó la Comunidad de Paz hace cinco años, después de la instalación de un puesto policial como respuesta gubernamental a la masacre. En el corto y sentido recorrido se trasladaron los restos de las ocho víctimas de la masacre, y en la noche, en una ceremonia litúrgica, las palabras del padre Javier Giraldo resumieron lo que significan, en el pasado y en el presente, estos hechos para la Comunidad de Paz:
“Hoy nuestra memoria de estos hechos llega a un umbral de esclarecimiento, de reflexión, de significados y sentidos, y acoge físicamente los despojos de estas hermanas y hermanos nuestros horriblemente sacrificados en este proceso como compañeras y compañeros cercanos, cuya presencia física va a estar recordándonos, reforzando los valores en los cuales ellas y ellos invirtieron lo mejor de sus energías vitales”.

Por: Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia
Tomado de: comunicaciones.acantioquia.org - cdpsanjose.org

viernes, 26 de febrero de 2010

Recordemos lo sucedido en febrero del 2000 en El Salado, Bolívar.

El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas

En El Salado, durante tres días de febrero de 2000, los paramilitares se dedicaron a arrancar orejas con cuchillos, a ahorcar a las mujeres, a matar con martillos, disparos, puñales, y a degollar a sus víctimas a ritmo de gaitas y tambores. Alberto Salcedo Ramos, nueve años después, visitó este pueblo, "el pueblo de la masacre".

Sucede que los asesinos —advierto de pronto, mientras camino frente al árbol donde fue colgada una de las 66 víctimas— nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos ni en los libros de texto ni en los catálogos de turismo. Porque, dígame usted, y perdone que sea tan crudo, si no fuera por esa masacre ¿cuántos bogotanos o pastusos sabrían siquiera que en el departamento de Bolívar, en la Costa Caribe de Colombia, hay un pueblo llamado El Salado? Los habitantes de estos sitios pobres y apartados solo son visibles cuando padecen una tragedia. Mueren, luego existen.

José Manuel Montes, mi guía, un campesino rollizo y taciturno que se ha pasado la vida sembrando tabaco, asiente con la cabeza. Cae la tarde del sábado, empieza la sonata de las cigarras. El sol ya se ocultó pero su fogaje permanece concentrado en el aire. Mi acompañante cuenta entonces que en este punto en el que estamos ahora, más o menos aquí, en la mitad de la cancha, los paramilitares torturaron a Eduardo Novoa Alvis, la primera de sus víctimas. Le arrancaron las orejas con un cuchillo de carnicería y después le embutieron la cabeza en un costal. Lo apuñalaron en el vientre, le descerrajaron un tiro de fusil en la nuca. Al final, para celebrar su muerte, hicieron sonar los tambores y gaitas que habían sustraído previamente de la Casa de la Cultura. En los alrededores desolados de este campo de microfútbol apenas hay un par de burros lánguidos que se rascan entre sí las pulgas del espinazo. Sin embargo, es posible imaginar cómo se veían esos espacios aquella mañana del viernes 18 de febrero del año 2000, cuando los indefensos habitantes se encontraban apostados allí por orden de los verdugos.

—Casi toda la gente estaba sentada en ese costado —dice Montes, mientras señala un montículo de arena parda que se encuentra perpendicular a la iglesia, a unos veinte metros de distancia.

Hoy por la mañana, al despuntar el día, Édita Garrido me había mostrado esa misma lomita de tierra. Ella, una aldeana enjuta de tez cetrina, también sobrevivió para echar el cuento. Los paramilitares, dijo, llegaron al pueblo un poco antes de las nueve, disparando en ráfagas y profiriendo insultos. Debajo de su cama, en el piso, donde se hallaba escondida, Édita oyó la algarabía de los bárbaros:

—¡Partida de malparidos: párense firmes, que somos los paracos y vamos a acabar con este pueblo de mierda!

—¡Eso les pasa por ser sapos de la guerrilla!

En seguida arrancaron a los pobladores de sus casas y los condujeron como borregos de sacrificio hacia la cancha. Allí —aquí— los obligaron a sentarse en el suelo. En el centro del rectángulo donde normalmente es situado el balón cuando va a empezar el partido, se plantaron tres de los criminales. Uno de ellos blandió un papel en el que estaban anotados los nombres de los lugareños a quienes acusaban de colaborarle a la guerrilla. En la lista, después de Novoa Alvis, seguía Nayibis Osorio. La arrastraron prendida por el pelo desde su casa hasta el templo, acusada de ser amante de un comandante guerrillero. La sometieron al escarnio público, la fusilaron. Y a continuación, en el colmo de la sevicia, le clavaron en la vagina una de esas estacas filosas que utilizan los campesinos para ensartar las hojas de tabaco antes de extenderlas al sol. "¿A quién le toca el turno?", preguntó en tono burlón uno de los asesinos, mientras miraba a los aterrados espectadores. El compañero que manejaba la lista le entregó el dato solicitado: Rosmira Torres Gamarra. Separaron a la señora del grupo, le amarraron al cuello una soga y comenzaron a jalarla de un lado al otro, al tiempo que imitaban los gritos de monte característicos de la arriería de ganado en la región. La ahorcaron en medio de un nuevo estrépito de tambores y gaitas. Luego ametrallaron, sucesivamente, a Pedro Torres Montes, a Marcos Caro Torres, a José Urueta Guzmán y a un burro vagabundo que tuvo la desgracia de asomar su hocico por aquel inesperado recodo del infierno. Uno de los paramilitares amenazó a la muchedumbre: el que llore será desfigurado a tiros. Otro levantó su arma por el aire como una bandera y prometió que no se iría de El Salado sin volarle los sesos a alguien. "Díganme cuál es el que me toca a mí, díganme cuál es el que me toca a mí", repetía, mientras caminaba por entre el gentío con las ínfulas de un guapetón de cine. Hubo más muertes, más humillaciones, más redobles de tambores. Varios tramos de la cancha se encontraban alfombrados por el reguero de cadáveres y órganos tronchados que había dejado la carnicería. Entonces, como al parecer no quedaban más nombres pendientes en la lista, los paramilitares se inventaron un juego de azar perverso para prolongar la pesadilla: pusieron a los habitantes en fila para contarlos en voz alta. La persona a la cual le correspondiera el número 30 —advirtió uno de los verdugos— estiraría la pata. Así mataron a Hermides Cohen Redondo y a Enrique Medina Rico. Después llevaron su crueldad, convertida ya en un divertimento, hasta el extremo más delirante: de una casa sacaron un loro y de otra un gallo de riña, y los echaron a pelear en medio de un círculo frenético. Cuando, finalmente, el gallo descuartizó al loro a punta de picotazos, estalló una tremenda ovación.

Ahora, José Manuel Montes me explica que la mortandad de la cancha era apenas una parte del desastre. El país ha conocido después —gracias a los familiares de las víctimas, a las confesiones de los verdugos y al copioso archivo de la prensa— los pormenores de la masacre. Fue consumada por 300 hombres armados que portaban brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los paramilitares comenzaron a acordonar el área desde el miércoles 16 de febrero de 2000. Mientras estrechaban el cerco sobre El Salado, se dedicaron a asesinar a los campesinos que transitaban inermes por las veredas. No los mataban a bala sino a golpes de martillo en la cabeza, para evitar ruidos que alertaran a los desprevenidos habitantes que se encontraban aún en el pueblo. El viernes 18, ya durante la invasión, forzaron las casas que permanecían cerradas y ametrallaron a sus ocupantes. Cometieron abusos sexuales contra varias adolescentes, obligaron a algunas mujeres adultas a bailar desnudas una cumbiamba. Por la noche les ordenaron a los sobrevivientes regresar a sus moradas. Pero eso sí: les exigieron que durmieran con las puertas abiertas si no querían amanecer con la piel agujereada. Entre tanto ellos, los bárbaros, se quedaron montando guardia por las calles: bebieron licor, cantaron, aporrearon otra vez los tambores, hicieron aullar las gaitas. Se marcharon el sábado 19 de febrero, casi a las cinco de la tarde. A esa hora los lugareños corrieron en busca de sus muertos. El panorama con el cual se toparon era lo más horrendo que hubiesen visto jamás: la cancha que con tanto esfuerzo les habían construido a sus hijos cinco años atrás, estaba convertida en una cloaca de matadero público: manchones de sangre seca, enjambres de moscas, atmósfera pestilente. Y, para rematar, los cerdos callejeros les caían a dentelladas a los cadáveres, corrompidos ya por el sol.

—Mi marido —dijo Édita Garrido esta mañana— ayudó a cargar uno de esos cadáveres, y cuando terminó tenía las manos llenas de pellejo podrido.

Le reitero a José Manuel Montes que mi visita se debe a la matazón cometida por los paramilitares. Si no se hubiese presentado ese hecho infame, seguramente yo andaría ahora perdiendo el tiempo frente a las vitrinas de un centro comercial en Bogotá, o extraviado en una siesta indolente. El terrorismo, fíjese usted, hace que algunos de quienes todavía seguimos vivos, pongamos los ojos más allá del mundillo que nos tocó en suerte. Por eso nos conocemos usted y yo. Y aquí vamos juntos, recorriendo a pie los 150 metros que separan la cancha del panteón donde reposan los mártires. Mientras avanzamos, digo que acaso lo peor de estos atropellos es que dejan una marca indeleble en la memoria colectiva. Así, la relación que la psiquis establece entre el lugar afectado y la tragedia es tan indisoluble como la que existe entre la herida y la cicatriz. No nos engañemos: El Salado es "el pueblo de la masacre", así como San Jacinto es el de las hamacas, Tuchín el de los sombreros vueltiaos y Soledad el de las butifarras. Hemos llegado por fin al monumento erigido en honor a las personas acribilladas. En el centro del redondel donde yacen las osamentas, se levanta una enorme cruz de cemento. La pusieron allí como el típico símbolo de la misericordia cristiana, pero en la práctica, como no hay a la entrada de El Salado ningún cartel de bienvenida, esta cruz es la señal que le indica al forastero dónde se encuentra el mojón que demarca el territorio del pueblo. Porque en muchas regiones olvidadas de Colombia, fíjese usted, los límites geográficos no son trazados por la cartografía sino por la barbarie. Al distinguir los nombres labrados en las lápidas con caligrafía primorosa, soy consciente de que camino por entre las tumbas de compatriotas a quienes ya no podré ver vivos. Habitantes de un país terriblemente injusto que solo reconoce a su gente humilde cuando está enterrada en una fosa. ?

***

Domingo de rutina en El Salado: Nubia Urueta hierve el café en una hornilla de barro. Vitaliano Cárdenas les echa maíz a las gallinas. Eneida Narváez amasa las arepas del desayuno. Miguel Torres hiende la leña con un hacha. Juan Arias se apresta a sacrificar una novilla. Juan Antonio Ramírez cuelga la angarilla de su burro en una horqueta. Hugo Montes viaja hacia su parcela con un talego de semillas de tabaco. Édita Garrido pela yucas con un cuchillo de punta roma. Eusebia Castro machaca panela con un martillo. Jamilton Cárdenas compra aceite al menudeo en la tienda de David Montes. Y Oswaldo Torres, quien me acompaña en este recorrido matinal, fuma su tercer cigarrillo del día. Los demás lugareños seguramente están dentro de sus moradas haciendo oficios domésticos, o en sus cultivos agrandando los surcos de la tierra. A las ocho de la mañana el sol flamea sobre los techos de las casas. Cualquier visitante desprevenido pensaría que se encuentra en un pueblo donde la gente vive su vida cotidiana de manera normal. Y hasta cierto punto es así. Sin embargo —me advierte Oswaldo Torres— tanto él como sus paisanos saben que, después de la masacre, nada ha vuelto a ser como en el pasado. Antes había más de 6000 habitantes. Ahora, menos de 900. Los que se negaron a regresar, por tristeza o por miedo, dejaron un vacío que todavía duele.

Le digo a Oswaldo Torres que el sobreviviente de una masacre carga su tragedia a cuestas como el camello a la joroba, la lleva consigo adondequiera que va. Lo que se encorva bajo el pesado bulto, en este caso, no es el lomo sino el alma, usted lo sabe mejor que yo. Torres expulsa una bocanada de humo larga y parsimoniosa. Luego admite que, en efecto, hay traumas que perduran. Algunos de ellos atacan a la víctima a través de los sentidos: un olor que permite evocar la desgracia, una imagen que renueva la humillación. Durante mucho tiempo, los habitantes de El Salado esquivaron la música como quien se aparta de un garrotazo. Como vieron agonizar a sus paisanos entre ramalazos de cumbiamba improvisados por los verdugos sentían, quizá, que oír música equivalía a disparar otra vez los fusiles asesinos. Por eso evitaban cualquier actividad que pudiese derivar en fiesta: nada de reuniones sociales en los patios, nada de carreras de caballo. Pero en cierta ocasión, un psicólogo social que escuchó sus testimonios en una terapia de grupo les aconsejó exorcizar el demonio. Resultaba injusto que los tambores y gaitas de los ancestros, símbolos de emancipación y deleite, permanecieran encadenados al terror. Así que esa misma noche bailaron un fandango apoteósico en la cancha de la matanza. Fue como renacer bajo aquel firmamento tachonado de velas prendidas que anunciaban un sol resplandeciente.

En este momento, paradójicamente, el sol se ha escondido. El cielo encapotado amenaza con desgajarse en un aguacero. Torres recuerda que cuando ocurrió la masacre, en febrero de 2000, todos los habitantes se marcharon de El Salado. No se quedaron ni los perros, dice. Pues, bien: él, Torres, fue una de las 120 personas —100 hombres y 20 mujeres— que encabezaron el retorno a su tierra, en noviembre del año 2002. Cuando llegaron —cuenta— El Salado se hallaba extraviado bajo un boscaje de más de dos metros de alto. Uno de los paisanos se encaramó en el tanque elevado del acueducto para precisar dónde quedaba la casa de cada quien. En seguida se entregaron a la causa de rescatar al pueblo de las garras del caos. Un día, tres días, una semana, enfrascados en una lucha primitiva contra el entorno agresivo, como en los tiempos de las cavernas, corte un bejuco por aquí, queme un panal de avispas furiosas por allá, mate una serpiente cascabel por el otro lado. La proliferación de bichos era desesperante.

—Si uno bostezaba —dice Torres— se tragaba un puñado de mosquitos.

Para defenderse de las oleadas de insectos, todos, inclusive los no fumadores, mantenían un tabaco encendido entre los labios. Además, fumigaban el suelo con querosene, armaban fogatas al anochecer.

Dormían apretujados en cinco casas contiguas del Barrio Arriba, pues temían que los bárbaros regresaran. Reunidos —decían— serían menos vulnerables. Su consigna era que quien quisiera matarlos, tendría que matarlos juntos. Tan grande era el miedo en aquellos primeros días del retorno que algunos dormían con los zapatos puestos, listos para correr de madrugada en caso de que fuera necesario. Al principio subsistieron gracias a la caridad de los pueblos vecinos —Canutal, Canutalito, El Carmen de Bolívar y Guaimaral— cuyos moradores les regalaban víveres, frazadas y pesticidas. Cuando terminaron de segar la maraña, cuando quemaron el último montón de ramas secas, se dedicaron a poner en su sitio, otra vez, los elementos perdidos del universo: el caney del patio, el establo, la burra baya, el garabato, la alacena de las hojas de tabaco, el canto del gallo, el ladrido de los perros, los juegos de los niños, los amores furtivos en los callejones oscuros, la ollita tiznada del café, la visita del compadre. Entonces volvieron los sobresaltos: la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) los acusó de ser colaboradores clandestinos de los paramilitares. ¿Habrase visto ironía más grande? ¡Si los masacraron, precisamente, porque se les consideraba compinches de los guerrilleros!

Oswaldo Torres advierte, mientras chupa su eterno cigarrillo, que los problemas de orden público en El Salado se debían al simple hecho de pertenecer geográficamente a los Montes de María, una región agrícola y ganadera disputada durante años por guerrilleros y paramilitares. En los periodos más críticos de la confrontación, los habitantes vivían atrapados entre el fuego cruzado, hicieran lo que hicieran. Y siempre parecían sospechosos aunque no movieran ni un dedo. Ciertamente, algunos paisanos —bajo intimidación o por voluntad propia— le cooperaron a un bando o al otro. Tal circunstancia resultaba inevitable dentro de un conflicto corrompido en el cual los combatientes tomaban como escudo a la población civil. Hugo Montes, un campesino que ni siquiera terminó la educación primaria, me explicó el asunto, anoche, con un brochazo del sentido común que les heredó a sus antepasados indígenas.

—Es que donde hay tanta gente, nunca falta el que mete la pata.

En seguida encogió los hombros, me miró a los ojos y me retó con una pregunta:

—¿Y qué podíamos hacer los demás, compa, qué podíamos hacer?

—Lo único que podíamos hacer —responde Torres ahora— era pagar los platos rotos.

Su respiración es afanosa porque vamos subiendo una senda empinada. De pronto, mira hacia el cielo como si suplicara clemencia, pero en realidad —según me dice, jadeante— está inquieto por un nubarrón que parece a punto de romperse encima de nuestras cabezas. Torres retoma una idea que planteamos al principio de nuestra caminata: en este momento, cualquier visitante desprevenido pensaría que los pobladores de El Salado viven otra vez, venturosamente, su vida diaria. Y hasta cierto punto es así —repite— porque ellos han retornado al terruño que aman. Mal que bien, hoy cuentan con la opción de disfrutar en forma tranquila los actos más entrañables de la cotidianidad, como se percibe en esta calle por la cual avanzamos: una niña escruta el horizonte con su monóculo de juguete, un niño retoza en el piso con sus bolitas de cristal, una muchacha peina a un anciano plácido. Sin embargo, ya nada será tan bueno como en la época de los abuelos, cuando ningún hombre levantaba la mano contra el prójimo, y los seres humanos se morían de puro viejos, acostados en sus camas. La violencia les produjo muchos daños irreparables. Espantó, a punta de bombazos y extorsiones, a las dos grandes empresas que compraban las cosechas de tabaco en la región. Enraizó el pánico, la muerte y la destrucción. Provocó un éxodo pavoroso que dejó el pueblo vaciado, para que lo desmantelaran las alimañas de toda índole. Cuando los habitantes regresaron, casi dos años después de la masacre, descubrieron con sorpresa que la mayor parte de la tierra en la que antes sembraban tenía otros dueños. Ya no había ni maestros ni médicos de planta, y ni siquiera un sacerdote dispuesto a abrir la iglesia cada domingo.

El nubarrón suelta, por fin, una catarata de lluvia que rebota enardecida contra el suelo arenoso.

***

Los dos únicos centros educativos que quedan en el pueblo funcionan en una casa esquinera de paredes descoloridas. Uno es la Escuela Mixta de El Salado, dueña de este inmueble, y otro, el Colegio de Bachillerato Alfredo Vega. Varios chiquillos contentos corretean por el patio esta mañana de lunes. En el primer salón que uno encuentra tras el portón, los niños se aplican a la tarea de elaborar un cuadro sinóptico sobre las bacterias y otro sobre las algas. El número de alumnos ni siquiera sobrepasa el centenar, pero el problema mayor es otro: el bachillerato apenas está aprobado hasta noveno grado. Los estudiantes interesados en cursar los dos grados restantes deben mudarse para El Carmen de Bolívar, lo que demanda unos gastos que no se compadecen con la pobreza de casi todos los pobladores. En consecuencia, muchos jóvenes renuncian a concluir su educación y se convierten en jornaleros como sus padres.

Tal es el caso de María Magdalena Padilla, 20 años, quien a esta hora hierve leche en una olla vetusta. En 2002, cuando se produjo el retorno de los habitantes tras la masacre, María Magdalena fue noticia nacional de primera página. En cierta ocasión, una mujer que debía ausentarse de El Salado dejó a su hija de cinco años bajo la custodia de María Magdalena. Para matar el tiempo, las dos criaturas se pusieron a jugar a las clases: María Magdalena era la maestra. Y la niña más pequeña, la alumna. Una vecina que vio la escena también envió a su hijo chiquito, y luego otra señora le siguió los pasos, y así se alargó la cadena hasta llegar a 38 niños. Como no había escuelas, el divertimento se fue tornando cada vez más serio. En esas apareció una periodista que quedó maravillada con la historia, una periodista que, folclóricamente, le estampilló a la protagonista el mote de "Seño Mayito", dizque porque María Magdalena sonaba demasiado formal. El novelón caló en el alma de los colombianos. A María Magdalena la retrataron al lado del Presidente de la República, la ensalzaron en la radio y en la televisión, la pasearon por las playas de Cartagena y por los cerros de Bogotá. Le concedieron —vaya, vaya— el Premio Portafolio Empresarial, un trofeo que hoy es un trasto inútil arrinconado en su habitación paupérrima. Los industriales le mandaron telegramas, los gobernadores exaltaron su ejemplo. Pero en este momento, María Magdalena se encuentra triste porque, después de todo, no ha podido estudiar para ser profesora, como lo soñó desde la infancia. "No tenemos dinero", dice con resignación. Lejos de los reflectores y las cámaras, no resulta atractiva para los falsos mecenas que la saturaron de promesas en el pasado. Pienso —pero no me atrevo a decírselo a la muchacha— que ahí está pintado nuestro país: nos distraemos con el símbolo para sacarle el cuerpo al problema real, que es la falta de oportunidades para la gente pobre. Les damos alas a los personajes ilusorios como "la Seño Mayito", para después arrancárselas a los seres humanos de carne y hueso como María Magdalena. En el fondo, creamos a estos héroes efímeros, simplemente, porque necesitamos montar una parodia de solidaridad que alivie nuestras conciencias.

Eso sí: los problemas persisten, se agrandan. La vecina de María Magdalena se llama Mayolis Mena Palencia y tiene 23 años. Está sentada, adolorida, en un taburete de cuero. Ayer, después del tremendo aguacero que cayó en El Salado, resbaló en el patio fangoso de la casa y cayó de bruces contra un peñasco. Perdió el bebé de tres meses que tenía en el vientre. Y ahora dice que todavía sangra, pero que en el pueblo, desde los tiempos de la masacre, no hay ni puesto de salud ni médico permanente. Yo la miro en silencio, cierro mi libreta de notas, me despido de ella y me alejo, procurando pisar con cuidado para no patinar en la bajada de la cuesta. Veo las calles barrosas, veo un perro sarnoso, veo una casucha con agujeros de bala en las paredes. Y me digo que los paramilitares y guerrilleros, pese a que son un par de manadas de asesinos, no son los únicos que han atropellado a esta pobre gente.

Por: ALBERTO SALCEDO RAMOS
Tomado de: soho.com.co

domingo, 21 de febrero de 2010

Audiencia contra implicados en la masacre de San José de Apartado


El pasado 4 y 5 de febrero, en las instalaciones del Palacio de Justicia en la ciudad de Medellín, se celebró una de las audiencias públicas a 10 de los militares del ejército nacional implicados en la última masacre a la comunidad de Paz de San José de Apartado, perpetrada el 21 y 22 de febrero de 2005 en el Urabá Antioqueño. En estos hechos los militares de las compañías Anzoategui 1, 2, 3 y Bolívar 1, en complicidad con paramilitares del bloque “Héroes de Tolová” asesinaron, descuartizaron y abandonaron en fosas a medio tapar al líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Bellanira Areiza Guzmán y su hijo de 11 años, Deiner Andrés Guerra; también a Alejandro Pérez Castaño, y al líder Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano con su compañera Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia Andrea y Santiago, de 5 años y 18 meses de nacido, quienes fueron degollados.


En el Urabá Antioqueño desde el 23 de marzo de 1997 los habitantes del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó se declararon “Comunidad de Paz”, pese al desplazamiento forzado de la mayoría sus comuneros; esto a raíz de las dos masacres perpetradas por los militares y paramilitares en septiembre de 1996 y en febrero de 1997, las cuales arrasaron con los líderes de la población. Las y los que decidieron permanecer en su territorio y vencer el miedo pretendían ser respetados con la declaratoria de paz, pero como respuesta del Estado recibieron operativos, hostigamientos, estigmatización, prácticas de tiro contra las viviendas, explosivos en los cultivos, asesinatos selectivos, sumado a los bloqueos económicos por causa de retenes paramilitares y militares que habían impedido el ingreso de alimentos y el transporte a la comunidad, colocándola en situación de hambre y aislamiento.

Entre 2003 y 2004 hubo siete desplazamientos de familias de las veredas Mulatos y La Resbalosa, tres mujeres fueron violadas por militares, la escuela fue quemada junto con varias casas en la vereda de Mulatos. Para esta comunidad han sido doce años del trasegar de la esperanza, construyendo bases sólidas sobre proyectos de vida reales que han sido cegados por el terror de los asesinos. Por ello la memoria de las 185 personas asesinadas de la comunidad sigue más viva que nunca.

Para esclarecer el caso fueron llamados a juicio algunos miembros de la Fuerza Pública, quienes deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir; son ellos el teniente Coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento segundo Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el sargento Jorge Humberto Milanés Vega, el sargento segundo Henrry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia y los sargentos Édgar García Estupiñán y Darío Brango Agámez.
La audiencia comenzó con la declaración del Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien se a acogió a sentencia anticipada el 7 de octubre de 2008; para la fecha de la masacre era el oficial encargado de la operación militar Fénix. El capitán testificó que el día de la masacre los miembros de la Brigada XVII patrullaron al lado de al menos 60 paramilitares del bloque Héroes de Tolová.

En su declaración, el capitán Gordillo acepta haberse entrevistado el 18 de febrero con 11 personajes de las autodefensa del bloque héroes de Tolová para acordar ejes de avance de la operación Fénix, en compañía del sargento Padilla Petro y el cabo primero Cruz Reina; después de ese día, dice Gordillo, “cambucharon” junto con los paramilitares. Dijo que estos paramilitares hacía más de 3 meses habían asumido el control de la zona que anteriormente estaba a disposición del bloque bananeros; nombró también la existencia de 3 bases paramilitares llamadas Miguelayo, La Castañeda y de La Oz. Estos eran pasos obligados para llegar al objetivo, los Cerros de Cooperativa y Bogotá. Además, reiteró el capitán Gordillo que antes de la operación había presencia de la brigada XVII y de tropas del batallón Bejarano a cargo del teniente coronel Duque.

Gordillo dice que él llegó el 17 de febrero en horas de la tarde al Batallón Vélez, donde recibió instrucciones de sus superiores, teniente coronel Orlando Espinoza y el mayor José Fernando Castaño, sobre la operación que se realizaría en el cerro la Cooperativa y Bogotá. Antes de su llegada ya se habían hecho las coordinaciones pertinentes para subir al cerro.

También mencionó que en noviembre de 2007, estando en el batallón contra guerrilla No. 002 Guajiros, recibió un informe por radio donde le indicaban que debía asistir a una reunión con el General Héctor Fandiño en la cuidad de Bogotá. Y allí el Comandante de la brigada XVII le mostró la declaración de alias 'Melaza' y dijo que lo más probable era que lo detendrían; pero Fandiño le dijo que no se preocupara, ya todo estaba cuadrado: tenían dos testigos, unos reinsertados de las Farc que declararon en el Juzgado Penal 94 y en La Fiscalía General de la Nación, testificando que eran integrantes de las Farc y que las Farc habían sido responsables de la masacre. Según ellos, contaban con pruebas contundentes.

El abogado de las víctimas, Jorge Molano, en su intervención, notificó que en las declaraciones del paramilitar Ever Veloza, alias H.H., expediente que se trasladó para este juicio, afirmo que él le había dado la suma de $ 1.500.000 al coronel del Batallón Bejarano, Héctor Iván Duque, para que pagara testimonios para atribuirle a las Farc la responsabilidad de los hechos.

El abogado Jorge Molano preguntó al interrogado, capitán Gordillo, si es normal que en una operación a nivel de brigada participen en la planeación mandos de división del Ejército Nacional. Esta pregunta está respaldada con elementos probatorios del cuaderno 26 de la Fiscalía, que fue trasladado para este caso y donde reposan las indagatorias a Néstor Iván Duque, Acosta Célis y el Teniente Coronel José Fernando Castro, quienes indicaron que en la preparación de la operación Fénix participaron los comandantes de las unidades batallones militares, o sea todas las unidades menores, pero que también participó el general Mario Montoya, quien ordenó la operación y el acompañamiento de guías. Según el capitán Gordillo, a esa planeación pueden asistir los mandos de las divisiones, pero no es normal que lo hagan, y tampoco es legal llevar guías. Además, aseguró que conocía de la injerencia que el comandante de la División tenía sobre las operaciones.

Por su parte, los paramilitares José Joel Vargas, alias 'Pirulo', y Adriano de José Cano Arteaga, alias 'Melaza', también declararon en el proceso y confirmaron en la audiencia que trabajaron de la mano con miembros de la Brigada XVII y fueron pagados por ser guías.

Por ahora la decisión del juicio sigue en suspenso. La Juez Segunda Civil Especializada de Antioquia decidió suspender la audiencia, la cual será reanudada el 16 de Marzo a puerta cerrada, luego de que las partes argumentaran la existencia de riesgo en algunos sujetos procesales.

Por: Periferia Prensa Alternativa
Tomado de: www.periferiaprensa.org

lunes, 8 de febrero de 2010

Masacre de indígenas awá, un año de impunidad y duelo

Tras un año de la masacre, los cuerpos de ocho aborígenes que fueron asesinados con cuchillos y machetes por las Farc, no han sido enterrados.

Las Farc se llevaron a 11 indígenas awá hacia la quebrada El Hojal, en el resguardo Tortugaña-Telembí, en Nariño. Tras acusarlos de ser colaboradores del ejército, desaparecieron a tres y mataron al resto con machetes y cuchillos. En realidad, la cantidad de víctimas eran 13, porque entre los cadáveres había dos mujeres embarazadas que ya casi iban a dar a luz.

Medicina Legal de Cali logró identificar cuatro cadáveres, aún faltan otros tres. El resto están desaparecidos y se presume que fueron arrojados al río El Bravo.

La brutal masacre ocurrió el 4 de febrero de 2009, en una tupida y pantanosa selva nariñense donde llueve a diario pero hace calor todo el día y sólo hace frío al amanecer. El terreno además está lleno campos minados. Al poco tiempo, la columna Mariscal Sucre, de las Farc, reconoció su autoría del hecho mediante un comunicado y se justificó diciendo que las víctimas eran informantes de la fuerza pública.

A pesar de que se tuvieron noticias de la masacre a los pocos días, el número de víctimas y la forma como murieron sólo se pudo aclarar dos meses después. Por las dificultades del terreno y lo inseguro que es para cualquier persona, ninguna autoridad pudo llegar al sitio de la matanza.

Ante la necesidad de saber en realidad qué pasó, unos 700 indígenas de Cauca, Nariño, Huila, Valle, Putumayo, Quindío y Córdoba se fueron monte adentro. Encontraron tres cadáveres en el resguardo Tortugaña-Telembí. Para su sorpresa no eran víctimas de la masacre de febrero sino de otra ocurrida en septiembre de 2008. Luego encontraron otros cuatro en una fosa, y otro más enterrado cerca.

Pese a la odisea, ninguno de los cadáveres ha tenido sepultura. Según cuentan los indígenas, los cuerpos están todavía en Medicina Legal en Tumaco y no han sido devueltos a sus familiares. Todavía falta identificar plenamente algunos cuerpos. Ha sido una tarea difícil, pues no se sabe dónde están algunos parientes y las muestras de su sangre son fundamentales para establecer los parentescos.

Después de la matanza, se desplazaron más o menos 400 personas. De ellas, la mitad no soportó las condiciones en que tenían que vivir en el sitio donde estaban alojados y se fueron para las casas de familiares y amigos. El dato que se tiene es que todavía ninguno ha regresado a sus casas.

Si las víctimas no han sido enterradas, quiere decir que tampoco tendrán el ritual que, por tradición, se les hace a los awá un año después de muertos. Este pueblo indígena acostumbra que, durante los primeros 12 meses después de la muerte de alguno de sus miembros, la familia guarde un luto que implica no bailar y no tomar licor a lo largo este tiempo.

Gabriel Bisbicús, líder de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), explica que el día del primer aniversario, los familiares y amigos visitan la tumba y llevan un tambor. Hacen como una especie de evento social alrededor y, después, golpean el instrumento cuatro veces, como para despertar al muerto.

Uno de los asistentes lleva una estructura de madera en su espalda, algo así como una silleta. Se supone que en ella se sienta el espíritu. Caminando, van a la casa del muerto, donde previamente la familia ha preparado su llegada.

Para ese momento, han puesto la cama idéntica a como solía usarla el pariente y, sobre ella, una muda de ropa, como si la persona estuviera acostada allí. Quien lleva el espíritu en su espalda, lo ubica delicadamente encima, como si estuviera acostando a una persona dormida sin querer despertarla.

En otro sitio, han puesto una mesa con la comida favorita de quien murió hace un año y en otro lugar, sacan todas sus pertenencias, como ropa, zapatos, machete, en fin. Con la casa así organizada, se inicia una fiesta. Los asistentes toman trago, comen, bailan. También pueden hacerlo los familiares del muerto, porque ya con este rito se acaba el luto.

Al amanecer, quienes no son parientes toman las pertenencias del difunto y se las reparten para quedarse con ellas. Y la familia toma una muda de ropa, va donde un sacerdote para que celebre una misa por el difunto y, al final, le entrega las prendas. Desde ese momento, se despiden definitivamente y el espíritu se va para la selva.

Esa es la manera como los awá creen que sus muertos pueden descansar definitivamente tranquilos, cosa que no ocurrirá si permanecen en la morgue.

Quien no se sabe si está descansando tranquilo es el guerrillero Antonio Villavicencio, alias ‘Villavo’, el comandante de la Mariscal Sucre cuando ocurrió la masacre. Bajo sus órdenes, este grupo de las Farc fue el responsable de brutales muertes.

Según la Policía, ellos quemaron un bus en la vía entre Pasto y Cali el pasado 20 de noviembre. Las versiones conocidas hasta ahora dicen que los guerrilleros prendieron el fuego cuando aún estaban seis personas adentro, incluidos dos niños. Todos ellos murieron en las llamas.

Quienes conocieron de cerca de ‘Villavo’, se lo describieron en su momento a Semana.com como un hombre que se agitaba fácil y lo comparaban con “un cerdo apareándose”, porque a veces hablaba a los gritos, se inflaba su nariz, decía cosas que nadie entendía y su boca se mojaba con saliva.

Y en esos momentos de excitación llegó incluso a permitir que sus hombres cometieran atrocidades como matar con cuchillos y machetes a indígenas amarrados, incluyendo a dos mujeres embarazadas.

El secretario de gobierno de Nariño, Fabio Trujillo, le contó a Semana.com que hay información de inteligencia que dice que ‘Villavo’ podría estar muerto.

Las versiones son tres. La primera, es que el guerrillero ‘J.J’, jefe del Frente 29, ordenó relevarlo ante el gran costo político que tenían que pagar las Farc por los excesos de ‘Villavo’. “Para ello, mandaron a ‘Gustavo’, que era el comandante de la columna móvil Daniel Aldana, que opera más hacia Tumaco. Parece que hubo líos entre ellos dos y ‘Villavo’ mató a ‘Gustavo’. Entonces la guardia ‘Gustavo’ reaccionó y mató a ‘Villavo’”, según narra Trujillo.

Otra versión es que ‘Villavo’ escuchó que iban por él y se preparó para atacar sin ningún diálogo y lo mataron. Y la tercera hipótesis es que se enfrentó con el ELN y cayó en un campo minado y se murió.

“Creemos que ‘Villavo’ está muerto. Era extremadamente sanguinario y es posible que las Farc hayan querido relevarlo”, enfatiza Trujillo.

Esas versiones que da el Secretario de Gobierno están sujetas a verificaciones. Pero sea cual sea el final de los victimarios, hay un grupo de gentes que después de un año, no han podido darles a sus parientes la sepultura que merecen.


Por: Semana.com
Tomado de: www.semana.com

viernes, 5 de febrero de 2010

Recordemos lo que sucedió el 21 de febrero 2005 en la comunidad de paz

Masacre del 21 de febrero de 2005

“...No podemos decir nada más; el dolor nos embarga tan profundamente que sólo podemos llorar. El Estado colombiano, como muestra de su increíble ilegitimidad, ha realizado otra masacre que baña de sangre nuestras tierras. El ejército ha masacrado a LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, de 35 años de edad, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno desde los inicios del proceso. A su compañera BELLANIRA AREIZA GUZMAN de 17 años, a quien hace tan sólo unos días se había unido, a su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 años y quien había sido herido el 11 de agosto de 2004 con una granada dejada por el ejército. A ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO de30 años líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos. A su compañera SANDRA MILENA MUÑOZ POZO de 24 años y a sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 2 años y a NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ de 6 años....”

Comunidad de Paz de San José de Apartadó





San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 1)



San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 2)




San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 3)









¡NI OLVIDO, NI PERDÓN!


Tomado de: Contravia - cdpsanjose.org

Salpican al general Mario Montoya Uribe en masacre de San José de Apartado


Medellin, febrero 4 2009. Con una nutrida participación de delegaciones internacionales, nacionales y regionales continúa a esta hora la audiencia de juicio en contra de 10 militares implicado en masacre en Comunidad de Paz el 21 de febrero 2005.

Delegados y delegadas de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Embajada de Suecia, Embajada de España, un delegado de la Unión Europea, Brigadas Internacionales de Paz y Fellowship Of Reconciliation Colombia Program, se hicieron presentes en calidad de observadores en la sala de audiencias No. 10 de los Juzgados Especializados de Antioquia.

La diligencia se inicio a las 8:00 a.m. con el interrogatorio al Capitán del Ejército Nacional ARMANDO GORDILLO quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de la Compañía Ansuategui en cumplimiento de la Operación Fénix que terminó con la masacre de 8 personas, entre ellas 3 niños, en la Comunidad de Paz el 21 de febrero 2005.

El Capitán Gordillo se ratificó ante la Juez Segunda Especializada de Antioquia de todo lo dicho ante Fiscalía General de la Nación.

Como hecho relevante, entre otros, se conocieron las declaraciones de tres coroneles de la brigada 17 del Ejército Nacional quienes afirmaron que la planeación de la Operación Fénix participó al General Mario Montoya Uribe, quien para la fecha de la masacre se desempeñaba como comandante de la I División del Ejército de Colombia. En el mismo sentido los coroneles coinciden en afirmar que fue el propio General Motoya quien ordenó que en dicha operación militar se utilizaran guías.

El Capitán Gordillo afirmó en la audiencia que los mencionados guías terminaron siendo aproximadamente 60 paramilitares del Bloque Héroes de Tolová.

Por: DH Colombia
Tomado de: www.dhcolombia.info

miércoles, 3 de febrero de 2010

5 años de impunidad: masacre en comunidad de paz

5 AÑOS DE IMPUNIDAD
Los victimarios a puertas de la libertad


En pocos días se cumplen los cinco años de una de las masacres más violentas y escalofriantes que ha cometido el Estado colombiano en contra de la población; hecho maquinado, dirigido por la fuerza pública y ejecutado en alianza con las autodefensas, que colmados de tal crueldad y sevicia eliminaron ocho personas (entre ellas, 4 menores).

Desde hace unos años se ha convertido en hábito de la defensa de miembros del Estado, militares, para-políticos, paramilitares, promover prácticas dilatorias y mañosas, que entorpezcan los procesos y así, lograr evadir la justicia y ganar a favor de su defendido tiempo hasta obtener la libertad. Esto tiene asidero, como era de esperarse en el Presidente de la República, quién defiende la idea de que el Estado debe defender a los militares y policías que son llevados a los tribunales para contrarrestar la acción de organizaciones no gubernamentales del exterior«según el con»falsas acusaciones«y agrega»Uno de los esfuerzos que tiene que hacer Colombia de inmediato, es organizar la defensa judicial de nuestros soldados y policías«. En ese momento, su empresa de defensa criminal ya estaba andando y su labor de lobby se fortalecía. Esta empresa»DEMIL", curiosamente es la que lleva casos de extrema barbarie cometidos por sus compañeros, sus mandos decisorios hacen parte de la cúpula del ejército que cumple otras funciones incluso sobre zonas en cuestión en los procesos.

El caso de la masacre, no estaba ajeno, después de una y otra acción dilatoria, entre ella la perdida de expedientes, el cambio de abogados, hostigamientos, prácticas difamatorias y amenazantes, estigmatizaciones y señalamientos contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, como también contra el abogado de las víctimas; estamos a puertas de un vencimiento de términos y pronta libertad de los militares que incurrieron en un crimen de lesa humanidad.

El 4 y 5 de febrero en Medellín, continuara la audiencia de juicio de 10 militares implicados en los hechos.

Por: dhcolombia
Tomado de: dhcolombia.info

viernes, 18 de septiembre de 2009

Riesgo de impunidad en masacre de indígenas

PROBLEMAS SOCIALESEl temor a ser asesinados tiene callados a algunos testigos. El indígena capturado después de la matanza no tiene nada que ver con el hecho.

Foto: Michael von Bergen, cortesía Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic)Algunos testigos de la masacre donde murieron seis niños y seis adultos tienen temor de contar lo que pasó.


Todos los hechos que han pasado antes y después de la masacre de 12 awá en Nariño están haciendo temer que el caso quede impune.

El pasado 26 de agosto, un grupo de entre cuatro y diez hombres, según el CTI de la Fiscalía, llegaron a la casa de Sixta Tulia García en el resguardo Gran Rosario, en Tumaco. Ellos estaban vestidos de camuflado y botas y llevaban pistolas nueve milímetros. Dispararon contra 12 personas, entre las que había siete niños, la mayoría eran integrantes de una misma familia de apellido García.

Ese mismo día, se hizo pública una terrible coincidencia. Sixta Tulia, una de las víctimas y propietaria de la vivienda donde ocurrió la matanza, era la esposa de Gonzalo Rodríguez, un hombre que había sido muerto el pasado 23 de mayo por el Ejército. Los militares lo presentaron como un guerrillero caído en combate, pero la mujer denunció ante las autoridades que se trató de una ejecución extrajudicial.

En medio de la confusión, a los pocos días se dio la captura del indígena Jairo Miguel Paí Nastacuás, que tenía orden de arresto desde hacía rato y fue presentado a los medios como posible responsable de la masacre en Gran Rosario. Con esto quedó en el olvido la coincidencia entre el falso positivo que denunciaba Sixta Tulia y la matanza.

Desde entonces, Semana.com les ha seguido la pista a ambos casos y esto es lo que encontró:

Caso Jairo Miguel

Jairo Miguel Paí Nastacuás es un indígena awá que en algún momento fue líder, pero se alejó de la legalidad e ingresó a las Farc. Años más tarde, salió de esa guerrilla y se puso a trabajar con los paramiliares, hasta cuando su grupo se desmovilizó en 2005. Él no quiso acogerse al proceso y prefirió seguir delinquiendo.

Sobre sus andanzas desde entonces existen dos versiones. Una, que se puso a trabajar con Los Rastrojos y otra, que organizó un grupo de mercenarios que vendían sus servicios como sicarios y cobradores de dinero y también robaba y extorsionaba. Pero ambas hipótesis coinciden en que tenía bajo su mando a unos 18 hombres. Su trabajo se ha concentrado en el corregimiento El Diviso, del municipio de Barbacoas, y sus alrededores. (Ver mapa)

En efecto, los mismos indígenas venían denunciándolo desde 2007. A comienzos de este año, lo sindicaron de la muerte de Guillermo Paí. Y después, se supo que había secuestrado a cuatro personas de una familia de apellido García, en la zona donde solía moverse, para extorsionarlos. Quería que le dieran 10 millones de pesos que habían recibido de negocio de madera que acababan de hacer. Ambos hechos fueron denunciados y de ahí la orden de captura en su contra.

El día que lo pusieron preso, se interpretó que la familia García que había extorsionado este indígena era la misma de Sixta Tulia, la esposa de la presunta víctima de la ejecución ilegal del Ejército que murió junto con 11 parientes.

Semana.com pudo constatar que entre ambas familias García no hay ningún parentesco, como se dijo recién ocurrida la masacre. Cuando capturaron a Jairo Miguel, la interpretación que se hizo fue que él hizo la masacre porque no le habían pagado los 10 millones que pedía. Pero no fue más que una conclusión apresurada, y los investigadoes judiciales ya lo saben.

Además, la zona donde delinquía este indígena queda bien alejada de donde fue la matanza. Los separa media hora en carro más una caminando por trochas. (Ver mapa) Por eso, los indígenas desde un principio insistieron en que la investigación no debía desviarse hacia el caso de Jairo Miguel.

En otro lugar

El resguardo Gran Rosario, donde ocurrió la matanza, tiene su propio karma. Por allí anda un grupo que se conoce con varios nombres. Algunos les dicen ‘los muchachos de Miguelito’, otros, ‘los muchachos de Fredy’, porque así se llaman los dos líderes de la banda. También hay partes donde les dicen los ‘Nietos de Zamba’ o ‘Los Cucarachos’.

Se calcula que este grupo tiene entre siete y 15 integrantes afrocolombianos e indígenas. Ellos tiene en jaque a los nativos porque su modo de operar es vender sus servicios de sicarios y cobradores de cuentas a cualquiera que se los pague en esa zona, donde hay paramilitares, guerrillas y fuerza pública. Esa aparente cercanía con todos les da licencia para moverse por donde quieran sin ser atacados.

Aunque tienen el mismo modo de operar que el grupo de Jairo Miguel Paí, entre las bandas no hay relación.

En su informe preliminar, el CTI tiene identificados a cuatro posibles integrantes de este grupo que supuestamente serían los que llegaron encapuchados a matar a los 12 indígenas. Semana.com conoció el informe, pero se abstiene de publicar sus nombres, toda vez que aún no hay pruebas contundentes que sustenten su participación en la matanza.

El riesgo de que no haya justicia en el caso es alto. Los testigos que podrían dar las declaraciones que permitan establecer si ellos fueron los responsables de la masacre tienen miedo.

La experiencia de Sixta Tulia tras denunciar la posible ejecución de su esposo les genera pánico. Todos temen que sus familiares puedan terminar como ella, sus hijos y sus parientes.

De acuerdo con los informes forenses de Medicina Legal, todos los cuerpos fueron baleados a corta distancia y en la cabeza. Los encapuchados entraron a la casa, mataron a siete personas en la sala, dos en un cuarto y otros dos en la cocina. Entre los muertos había un niño de apenas seis meses de nacido que recibió dos disparos en la cara. Lea la crítica que hace la concejala Gilma Jiménez sobre la violencia contra menores.

Según Christian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las informaciones recogidas indican que las personas fueron asesinadas una a una, con disparos a corta distancia, y sin ninguna consideración hacia las mujeres y los niños. El crimen es especialmente grave por el alto número de niños asesinados, y la sevicia demostrada evidencia una nueva dimensión de la violencia ejercida contra el pueblo Awá”.

En consecuencia, hay temor de que quien hable, corra con la misma suerte. Así las cosas, quedarían sin esclarecerse la masacre y la muerte de Gonzalo Rodríguez, el esposo de Sixta Tulia presentado como guerrillero por el Ejército, pues todos los testigos de este caso murieron en la matanza.

De los encapuchados se sabe que estuvieron de nuevo en el sector una semana más tarde. La gente los vio y las autoridades indígenas pidieron presencia de la fuerza pública. Sin embargo, la Policía tardó en llegar y los soldados que había en los retenes alrededor dijeron no haber visto a nadie.

Por eso, quienes conocen la verdad no se atreven a contarla. Piensan que si estos hombres vuelven a aparecer, los soldados dirán que no los vieron o la policía llegará tarde y sus vecinos y parientes quedarán a su merced.


Por: SEMANA
Tomado de: www.semana.com

lunes, 31 de agosto de 2009

¿Qué hay detrás de la masacre del Pueblo Awá?...

Invitamos al Mundo entero para que condenemos ética, moral y políticamente a los responsables de la masacre contra el pueblo Awá; hacemos un llamado a los entes de justicia para que establezcan quiénes fueron y qué móviles hay detrás del etnocidio contra la pervivencia de este pueblo ancestral.

El Sistema de Información e Investigación Indígena de la Onic, Sico, se une al repudió que ha generado este acto demencial y espeluznante cometido contra el Pueblo Awá. Saludamos fraternalmente a los familiares y amigos de los 12 hermanos asesinados e invocamos a los espíritus ancestrales para que cese la horrible noche de violencia que se ha desatado contra nuestros pueblos y particularmente contra los Awá.

Quizá los espíritus ancestrales sean los únicos que ayuden a proteger la vida y el territorio ancestral, pues las instituciones y autoridades del Estado colombiano, incluyendo su gobierno no muestran ningún interés en hacerlo. Sentamos nuestra voz de rechazo contra quienes hayan cometido tan atroz Crimen de Lesa Humanidad y pedimos que haya una condena ejemplar. A todo el Pueblo Awá nuestra solidaridad y nuestros votos de paz y fortaleza.

Invitamos al Mundo entero para que juntos condenemos ética, moral y políticamente a los responsables de esta masacre; esperamos y le hacemos un llamado a los entes de justicia a que establezcan quiénes fueron y qué móviles hay detrás de este etnocidio para que se juzgue y no quede en la impunidad este atentado contra la pervivencia de este pueblo ancestral. Con este propósito la ONIC aporta algunos antecedentes y datos que evidencian por sí mismos hacia dónde orientar la investigación y quiénes pueden ser los responsables.

Nueva masacre contra el pueblo awa: crónica de un etnocidio

Hoy en el marco del conflicto armado que flagela y devasta al país el Pueblo Awá del departamento de Nariño vive una profunda crisis humanitaria de proporciones inimaginables. Ello evidencia la política de exterminio social, político, económico, cultural y territorial que propician los actores armados en disputa en esa región de frontera.

El país debe hacer memoria de los hechos acaecidos el día 04 de febrero de 2009, fecha en la cual se perpetró una masacre por parte de la guerrilla de las FARC la cual fueron asesinados 12 indígenas del pueblo Awà.

Esto acentúa en toda su dimensión la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo Awá debido a diferentes factores de orden público que se desarrollan en esta región: disputas territoriales por parte de grupos armados legales e ilegales; incremento de campos minados, por esta causa han muerto varias personas y otros han quedado mutilados; otro de los impactos tiene que ver con los megaproyectos; cultivos de uso ilícito, acompañados de fumigaciones indiscriminadas y erradicaciones manuales acrecentando con ello los desplazamientos masivos, la crisis alimentaria y de salud y, son aspectos que evidencian el recrudecimiento del conflicto armado contra este pueblo originario.

Una segunda masacre se originó esta semana, el día 26 de agosto de 2009, en la que fueron asesinados 12 indígenas de pueblo Awá y tres más resultaron heridos por manos criminales; un grupo armado que vestía prendas militares llegó a las 5:00 a.m bajo la figura de encapuchados hasta la comunidad Calbi, Resguardo Indígena El Gran Rosario, municipio de Tumaco y asesinaron a cinco niños, una niña y seis adultos. A raíz de este hecho 15 familias del pueblo tomaron la decisión de desplazarse.

Hechos que precedieron la masacre

La cadena de actos violatorios contra la humanidad sobre los derechos, el territorio y la autonomía de los miembros del pueblo Awá, particularmente contra la familia de Sixta Tulia García, una de las víctimas de la masacre, que comenzó hace justo tres meses y tres día antes de este abrupto episodio, cuando el pasado 23 de mayo fue asesinado Gonzalo Rodríguez Guanga su esposo.

Ese día ella fue separada de su compañero a la fuerza según contó en vida, que unos hombres armados que vestían prendas militares con el rostro cubierto le abordaron a ella y su esposos; a su esposos lo detuvieron y se lo llevaron, a ella le indicaron que se desplazara hacia el kilómetro 80, donde se encontraría con su marido, Luego escuchó unos disparos y seguidamente vio a su marido muerto.

Los hechos sucedieron en el kilómetro 80 de la carretera que del corregimiento de la Guacayana conduce al municipio de Tumaco. El cadáver no fue recuperado al instante, sino tiempo después.

Posteriormente miembros del Batallón de Contraguerrilla No. 23 del ejército nacional presentaron informe en el que señalaban que al llevar a cabo operación táctica llamada “Mosquetero”, en el Km. 80 de la Guacayana, un “guía” que los acompañaba señaló al señor Gonzalo Rodríguez, como miembro de las FARC, al ser “capturado”, “intento huir y fue dado de “baja” por la tropa del ejército nacional”, según documento del Batallón.

Según el documento, los hechos sucedieron en horas de la mañana preparada previamente:

“Esperaron que amaneciera luego el guía indicó a la persona llamada Gonzalo Rodríguez quien es cabecilla del frente 29 de las FARC. De inmediato se da la captura y este emprende la huida tirando el arma hacia la maraña. Los militares logran su captura de nuevo y le ponen en conocimiento los derechos del capturado, junto con la señora y luego los separan; ubican el arma que portaba y lo retienen. En un descuido de los militares el sujeto emprende la huida hacia el sitio donde se hallaba el arma tirada, la coge sale corriendo y empieza a disparar siendo dado de baja por la tropa".

Esta versión del ejército “es incongruente” así lo consideró la ONIC, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras personas consultadas; “es absurdo pensar que una sola persona se le haya escapado a una compañía completamente armada”… De todas formas esto evidencia que el ejército reportó al señor Gonzalo Rodríguez como un muerto legítimo y “dado de baja” por los militares.

Sixta Tulia denunció el crimen ante las autoridades; en el momento de ocurrida la masacre del 26 de agosto, ella era la única testigo ante la Fiscalía.


La investigación inicial por estos hechos fue adelantada por la Fiscalía 31 Seccional de Tumaco, que mediante oficio 504 del 28 de mayo del 2009, remitió el proceso penal al teniente de Fragata Carlos Roberto Arango, juez 107 de instrucción penal militar de Tumaco para que prosiguiera la investigación.

Los familiares de la víctima presentaron denuncia ante las autoridades indígenas y la Defensoría del Pueblo regional Nariño, que de conformidad con los Art. 15 y 17 de la ley 24 de 1992, solicitó información a varias autoridades entre ellas al comandante del departamento de policía de Nariño, comandante del Grupo Cabal Mecanizado de Ipiales Nariño, director Seccional de Fiscalías y otras que en varios oficios dieron respuesta a algunos de los requerimientos.

En algunas respuestas de los mandos militares indicaban, que por los días de la masacre, según su información no tenían conocimiento de que hubiera presencia de tropa en la zona y remitían la solicitud a otra dependencia, Lo anterior contrasta con el documento presentado por el Batallón de Contraguerrilla No. 23 y, coincide con la versión actual donde los militares afirman que el día 26 de agosto, según sus informaciones, no había militares en la zona. (ver documentos Onic evidencia: http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/Documentos_Juridicos_Masacre_Awa_Ago_2009.pdf).

Una publicación improcedente

Como antesala a los hechos de la masacre del día 26 de agosto del año en curso queremos dejar constancia que un día antes de los hechos -25 de agosto- llegó al correo electrónico de la Organización Nacional Indígena de Colombia un comunicado de la Fundación Decide en la cual manifiestan los fines y objetivos de dicha organización...

Siendo la 1:00 p.m. un hombre, quién no se identificó, llegó a las instalaciones de la Onic con tres paquetes que contenían 30 ejemplares de una Revista escrita en español e inglés titulada: Masacre Awá: Crónica de un genocidio, Denuncia contra las FARC. Acto seguido se le solicitó la carta de entrega de la publicación y respondió que después harían llegar la remisión de los tres paquetes…

Al abrir la revista nos llevamos la sorpresa que dicha publicación hace fuertes pronunciamientos contra organizaciones defensoras de Derechos Humanos, elogia las “acciones del Estado” para con los pueblos indígenas y hace una síntesis del cúmulo de derechos constitucionales –pero que en la práctica nunca se cumple, incluso hace alusión a un Convenio 167 que nunca existe y que bien podría estar hablando del 169 de la OIT; no aparece la dirección, teléfono, ni tampoco aparecen los créditos de quienes dirigen o gerencian dicha publicación. Horas después manos criminales actúan con alevosidad contra el pueblo Awá en el municipio de Tumaco.

No obstante, pudimos establecer que esta publicación se realizó en coordinación con la Oficina de Acción Integral del Ejército.

Acciones de la defensoría del pueblo
Cabe resaltar que el Sistema de Alertes Tempranas de la Defensoría del Pueblo había advertido desde el día 04 de diciembre de 2008 los factores de amenaza y vulnerabilidad en que se encontraba el pueblo Awá del Resguardo Gran Rosario por el accionar de grupos armados ilegales, informe que fue declarado Alerta Temprana el día 23 de diciembre de 2008 que coordina el Ministerio del Interior y de Justicia[1].

En este margen de hechos el Defensor del Pueblo instó a las autoridades competentes a adelantar acciones para la protección de testigos y familiares de las víctimas de la anterior -febrero, 2009-. La Defensoría Instó a la Fiscalía General de la Nación con el fin de conformar una comisión de Fiscales e investigadores especializados con el fin de esclarecer los hechos que permitan judicializar a los responsables del crimen.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Agencia Presidencial para la Acción Social con el fin de diseñar un plan de acción humanitaria con enfoque diferencial conforme a especificidades socioculturales con el fin de asistir a las víctimas del desplazamiento del Resguardo Gran Rosario y un plan de prevención y contingencia ante una posible agudización del desplazamiento forzado en el territorio.

Finalmente, solicitó al Ministerio del Interior y de justicia la implementación de medidas urgentes de protección al pueblo Awá de acuerdo a lo establecido en el Auto 004 de 2009 expedido por la Corte Constitucional para la preservación y salvaguarda del pueblo Awá.

No obstante, es preciso señalar que luego de muchos encuentros (reuniones) y, pese, a las constantes exigencias de las autoridades y organizaciones indígenas han sido pocos los compromisos del gobierno que se han cumplido. Algunos funcionarios de gobierno y el mismo presidente Uribe han expresado, en repetidas ocasiones que: “tenemos toda la voluntad para concertar con los pueblos y organizaciones indígenas y, hemos avanzado en las medidas de protección”.

El Centro administrativo de la Unidad indígena del Pueblo Awá ha sido escenario de muchos encuentros entre el gobierno y el pueblo Awá. Con seguridad podremos decir que si en realidad hay avances en materia de protección no hubiera sucedido nuevamente otra masacre como la que ha ocurrido, y ninguno de los anteriores asesinatos que se han venido presentando; pues cada día las comunidades indígenas son más vulnerables por causa del conflicto armado que se desarrolla en la región y que el gobierno se ha empecinado en negar que exista.

Amenazas y hostigamientos

Como ya se dijo entre las personas masacradas está la señora Tulia García, única testigo sobreviviente de los hechos ocurridos el día 23 de mayo de 2009, en donde fue asesinado su esposo Gonzalo Rodríguez Guanga, hecho que había denunciado responsabilizando al Ejército Nacional. A pesar de haberse advertido las serias amenazas de muerte en su contra, ella continúo denunciando la muerte de su compañero, hasta el día 26 de agosto de 2009 cuando las balas asesinas segaron su vida y con ella su testimonio.

Infracciones a los Derechos Humanos del Pueblo Awá

El Sistema Unificado de Información sobre Pueblos Indígenas de Colombia Onic-Cecoin registra que un total de 11.303 indígenas del pueblo Awá han sido víctima sistemática del conflicto armado que vive el país -Ver Anexo 1-. En todas sus modalidades la violencia política contra los pueblos indígenas se refleja en el accionar de distintos actores en el marco del conflicto quienes han desplazado a comunidades enteras, acompañado de otro aliciente como las acciones bélicas que a lo largo y ancho de la historia de este pueblo indígena el único propósito de los actores armados es su exterminio territorial mediante todas las formas de degradación de la guerra.

La creciente militarización de sus territorios en el marco de la Política de Seguridad Democrática, también ha complejizado la situación de las comunidades debido a que los grupos armados ilegales responsabilizan a los miembros del pueblo Awá de ser las facilitadores de la entrada de la Fuerza Pública al territorio indígena. Cabe señalar que en los últimos 10 años como consecuencia del conflicto armado se han registrado desplazamientos masivos, e individuales continuos y sistemáticos dentro y fuera del territorio Awá -ver Anexo 2-

Por estar ubicado en la frontera se han presentado una serie de migraciones hacia el vecino país de Ecuador, sin que hasta la fecha, el Estado colombiano u otro organismo humanitario hayan establecido las condiciones humanitarias en que se encuentran los indígenas del pueblo Awá refugiados en el vecino país.

Se destaca también en este aspecto que en lo concerniente al desplazamiento forzado, en el cual los actores estatales han desplazado en el departamento de Nariño a 6.134 indígenas del pueblo Awá, seguido de los grupos insurgentes con 3.200 y finalmente los paramilitares a 520 indígenas del pueblo Awá –Ver Anexo 3-

El año 2009 deja un saldo alarmante en lo que respecta a asesinatos políticos. De 77 asesinatos ocurridos en el año en curso, el Pueblo Awá ha sido la principal víctima con un saldo de 38 indígenas asesinados. Esto indica que el 49.35% de los indígenas asesinados en Colombia durante el 2009 corresponden al pueblo Awá.

ANEXO 1

INFRACCIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CONTRA EL PUEBLO AWÁ



ANEXO 2


ANEXO 3




[1] Informe de Riesgo número 029 de 2008. Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas –SAT


Por: CRIC
Tomado de: cric-colombia.org

miércoles, 26 de agosto de 2009

Nueva Masacre Awá: a 12 se eleva el número de muertos, cuatro niños

La Comisión de investigación de las autoridades Awá llegó a la zona donde ocurrió la mascare y confirmó que hay 12 miembros del Pueblo Awá asesinados.

La Comisión de investigación de las autoridades Awá llegó a la zona donde ocurrió la mascare y confirmó que hay 12 miembros del Pueblo Awá asesinados. De entre las personas asesinadas se encuentran cuatro niños, uno de un año. A esta hora en el lugar de los hechos se encuentra el CTI de la Fiscalía haciendo el levantamiento de los cadávere.

Los hechos sucedieron el día de hoy 26 de agoto de 2009, a las 5: AM en el Resguardo indígena Gran Rosario, municipio de Tumaco.

...


En riesgo la pervivencia del pueblo indígena Awá: Nueva masacre el día de hoy

Nuevamente el Pueblo indígena Awá es víctima de una masacre ocurrida el día de hoy 26 de agosto: las autoridades indígenas de la región y la Unipa denunciaron que entre ocho y diez personas fueron asesinadas por un grupo armado encapuchado que vestía prendas militares.

Hechos:

El día de hoy 26 de agoto de 2009, a las 5: AM ocurrió una nueva masacre en el pueblo indígena AWA. Los hechos ocurrieron en el Resguardo indígena Gran Rosario, en el municipio de Tumaco.

Según la información recibida, hombres vestidos con prendas militares, sin distintivos y encapuchados dispararon indiscriminadamente a la casa de una familia Awa. Como consecuencia de este acto macabro fueron asesinados aproximadamente ocho miembros del pueblo Awa. Según información recibida 3 niños de uno, ocho y diez años resultaron muertos. También fue asesinada la señora Tulia García, y sus dos hijos. Esta Mujer fue testigo de la muerte de su esposo el señor Gonzalo Rodríguez, el pasado 23 de mayo de 2009, quien al parecer fue asesinado a manos del ejército.

Se tiene conocimiento que algunas personas están heridas, entre ellos un niño quien tiene una herida en su brazo.

En estos momentos autoridades indígenas, se dirigen hacia el lugar de los hechos, para verificar, investigar y brindar acompañamiento humanitario a los familiares y miembros de la comunidad. Por lo cual solicitamos el apoyo, la colaboración y la protección a la vida y a la integridad de estas autoridades.

Por los hechos anteriores exigimos:

Adoptar sin dilación, las medidas que sean necesarias para que se garantice la vida, la integridad física y cultural, de los miembros del pueblo indígena Awa

Investigar de manera urgente seria e imparcial, los hechos ocurridos el día de hoy en coordinación con las autoridades indígenas del pueblo Awa

CONSEJO DE GOBIERNO INDIGENA
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA, ONIC


CONTACTO

Luis Fernando Arias, Secretario General, ONIC
3144924489



Por: ONIC
Tomado de: www.onic.org.co - www.onic.org.co