lunes, 24 de agosto de 2009

[Chile] Cámara aprobó proyecto que criminaliza manifestaciones públicas


El proyecto que apunta a hacer responsables a los organizadores de cualquier manifestación pública de los deterioros que puedan ocurrir fue aprobado el miércoles pasado por la Cámara de Diputados. Sólo falta ahora el visto bueno del Senado.

Pese al rechazo de diversas organizaciones sociales y ciudadanas, los diputados aprobaron el polémico proyecto de ley con 42 votos a favor y 29 en contra. Sólo resta ahora la visación del Senado a las modificaciones hechas por la Cámara.

El artículo 4 de dicho proyecto de ley, que establece responsabilidad solidaria de las organizaciones que convoquen a manifestaciones en las calles en caso de que se generen perjuicios a la propiedad pública o privada, fue aprobado con 38 votos a favor y 33 en contra.

El proyecto de ley (Boletín 4821) hace responsable de los desmanes a quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”.

La finalidad declarada del proyecto es “fortalecer el papel de las policías en la mantención del orden público”.

El proyecto señala que, al no haber convocantes oficiales, “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo”.


AJUSTE DE LEYES PINOCHETISTAS

Con este proyecto se modifica las leyes números 12.927, sobre Seguridad del Estado; 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y en el Código Penal.

O sea, de pasar el tercer trámite constitucional (Senado), cualquier organización que convoque a una marcha en la que se produzcan daños a la propiedad, tendrá que hacerse responsable de estos.

Otra norma de dicho proyecto es el artículo 2 b, que sanciona con multas a personas que cubran su rostro en manifestaciones públicas, independiente de si cometan delitos o no. Además se castiga con penas de cárcel (541 días a 3 años) y multa de 4 a 8 UTM (entre 130 y 260 mil pesos) a quienes cometan desmanes o delitos con su rostro cubiertos (encapuchados).


CON LA VENIA DEL GOBIERNO Y LA DERECHA

El proyecto es promovido por el gobierno ciudadano de Michell Bachelet, cuyo subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros, que hizo de representante del Ejecutivo en la votación del proyecto, dijo que los “interesados en dar a conocer sus ideas y preocupaciones han de ver cómo aquellos infiltrados desacreditan su reunión ante los ojos del público e incluso se ven obligados a abandonar o poner término a las manifestaciones cuando los desmanes escalan a una especial dimensión”.

El diputado de RN, Alberto Cardemil, justificó esta norma diciendo que “no puede ser que nos estemos acostumbrando al espectáculo, que alguien llama a una manifestación pacífica, todos están muy conformes, la infiltran los encapuchados y destrozan todo a su paso en la Alameda, en el centro de Santiago. Eso hay que evitarlo de tal manera que el que llame a una manifestación, tenga que cumplir ciertas normas que la policía le impongan, que son mínimas para quedar eximido de la responsabilidad civil que se acarrea”.

Por su parte, el PS Sergio Aguiló, dijo que “han abusado de la confianza de la Presidenta de la República al enviarnos un artículo de esta naturaleza. No deja de ser vergonzoso este verdadero espectáculo que hemos visto acá, donde le piden que informe de este proyecto al ex subsecretario de la dictadura militar, quien se solaza en el informe, y Riveros y Cardemil, pidiendo que nosotros aprobemos”.

Aguiló y el PPD Tucapel Jiménez anunciaron que recurrirán ante tribunales internacionales para impugnar esta norma, ya que vulnera el Pacto de San José de Costa Rica suscrito por Chile. También anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional una vez que el proyecto sea promulgado.

El proyecto fue aprobado con los votos de la derecha y de parlamentarios como los socialistas Isabel Allende, Fulvio Rossi y el DC Jorge Burgos.

El proyecto sólo espera la aprobación del Senado para que se convierta en ley.


Por: El Ciudadano
Tomado de: www.elciudadano.cl

Se inicia juicio por la masacre de 8 personas en la Comunidad de paz de San José de Apartadó

Medellín, agosto 24 2009. Hoy lunes 24 de agosto 2009, a las 2:00 p.m., se inicia el Juicio en la ciudad de Medellín, ante el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia en contra de 10 militares por la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia Colombia) ocurrida el 21 de febrero 2005.


Los militares llamados a juicio son: TC ORLANDO ESPINOSA BELTRAN, MY JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, TTE ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, SS ANGEL MARÍA PADILLA PETRO; CP SABARAIN CRUZ REINA, ST JORGE HUMBERTO MILANES VEGA, SS HENRRY AGUDELO GUASMAYAN ORTEGA, C3 RICARDO BASTIDAS CANDIA, ST EDGAR GARCÍA ESTUMIÑAN y Sargento DARIO BRANGO AGAMEZ quienes para la fecha de los hechos se encontraban adscritos al Batallón Vélez de la Brigada 17 del Ejército Nacional con sede en Carepa Antioquia.

Al dictar resolución de acusación la Fiscalía General de la Nación en contra de estos militares, señaló cómo, las víctimas fueron sometidas: «por la fuerza, después los torturaron, luego los ejecutaron y finalmente, en actos de verdadera crueldad, los descuartizan para luego ocultarlos en una fosa … Consideramos repudiable en todo sentido el acto criminal que se desarrollo en aquel 21 de febrero de 2005, en las veredas de Mulatos Medio y la Resbalosa, pero lo que no tiene justificación alguna es la muerte de los infantes de tan solo cinco y dos años, seres inocentes a toda luz de lo que es el conflicto armado interno de nuestra nación. Los adultos o de mayor razón pueden tener alguna ingerencia en el desarrollo de un conflicto pero los infantes no tienen la capacidad ni la razón de tomar partido. Además en Colombia no esta establecida la pena de muerte como para quitar la vida al ser humano que no tiene la misma ideología que el contrario y tampoco hay justificación alguna para dar muerte al civil ajeno al conflicto».

En este contexto las agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartado se han incrementado, en los últimos días tres personas más han sido asesinadas y se conoce la preparación de montajes judiciales desde la Brigada 17 del Ejército Nacional en contra de líderes y acompañantes de la misma.

En memoria y solidaridad con las víctimas de estos crímenes, se realizará una concentración en la Plazoleta del Palacio de Justicia.

Suscriben,

Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad - CODEHSEL
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Antioquia
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Jurídica Utopía
Asociación Nomadesc
Corporación Sembrar
Campaña Prohibido Olvidar


Tomado de: www.dhcolombia.info

Asesinado Trabajador de Nestlé Comestibles la Rosa y Dirigente de Sinaltrainal en Colombia

Con profundo dolor, informamos que el día 21 de Agosto de 2009, siendo aproximadamente las 6:30 P.M., desconocidos llegaron a la casa de GUSTAVO GÓMEZ trabajador de Nestlé- Comestibles la Rosa S.A. y afiliado de SINALTRAINAL en el Municipio de Dosquebradas, tocaron a la puerta y cuando GUSTAVO GÓMEZ abrió, le propinaron 10 disparos con arma de fuego, de inmediato fue trasladado a la clínica COMFAMILIAR donde horas más tarde falleció.

El compañero GUSTAVO GOMÉZ, fue integrante de la Junta Directiva de Sinaltrainal Seccional Dosquebradas desde 1997 y hasta el año 2000, era primo hermano de JOSÉ DE JESUS MARÍN VARGAS trabajador de Nestlé-Comestibles La Rosa S.A. y miembro de SINALTRAINAL, también asesinado el día 22 de Noviembre de 2007 en el municipio de Dosquebradas.

Lamentablemente este crimen se produce en momentos en que Sinaltrainal ha presentado un pliego de Peticiones a la empresa Nestlé Purina PetCare de Colombia S.A. y son ya 12 trabajadores de Nestlé, integrantes de SINALTRAINAL asesinados en Colombia.


Hemos denunciado con anterioridad ante las autoridades las permanentes amenazas de muerte que hemos ercibido los integrantes de SINALTRAINAL en Colombia y las autoridades no investigan, ni castigan a los responsables, pero si hacen toda una obra publicitaria para hacerle creer a la comunidad internacional que los sindicalistas están protegidos por el Estado y seguimos recibiendo del régimen de Álvaro Uribe Vélez, estigmatización, judicialización y los asesinatos continúan.

Exigimos al Estado Colombiano, investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, proteger la vida de los integrantes de SINALTRAINAL y sus familias y garantizar el derecho de la actividad sindical.


Luis Javier Correa Suárez

Presidente


Por: Sinaltrainal
Tomado de: www.sinaltrainal.org