La Guerra en Medellín es un hecho Comuna 13

“no mijo, apenas nos dejaron bajar no ve que toda la mañana se dieron bala, hoy madrugaron a enfrentarse por ahí desde las ocho de la mañana y quien sale pues con esas balaceras”.. El pasado viernes 3 de julio pudimos evidenciar la dura guerra que hoy se libra en la comuna trece de Medellín, en el marco de la tercera jornada de Atención de Victimas del Conflicto.

Eran las 8:00de la mañana del día viernes 3 de julio del presente año y nos encontrábamos en la comuna 13 realizando nuestra tercera jornada del proyecto de la FundaciónForjandoFuturos, y la investigación Victimas Violencia y Despojo que se adelanta con la Universidad San Buenaventura, Universidad Autónoma Latinoamericana y el IPC, bajo el proyecto de Mejoramiento del Acceso a la Verdad, Justicia y Reparación de Victimas del Conflicto Armado, en Medellín.

Por los grandes índices de violencia que se registraron años atrás antes, después y en el transcurso de la tan mencionada y controvertida “operación Orión”, esperábamos una afluencia de victimas mucho mayor de la que atendimos en el corregimiento de San Cristóbal y en el barrio Santo Domingo, pero vaya sorpresa nos llevamos cuando a las 9 de la mañana solo habíamos hecho clasificación de 100 victimas, de las 500 o 600 que esperábamos a lo largo de la jornada.

Todos nos preguntábamos ante la preocupación de algunos organizadores de la jornada, ¿qué pasó?, ¿sería por la falta de información de los medios?, ¿por que el sector era de difícil acceso?, muchas preguntas surgían y sólo una era la respuesta, de la que nos enteramos en el desarrollo de la jornada mucho tiempo después.

A eso de las 12 y 30 p.m., se empezó a ver mucho más afluencia de Víctimas, empezaron a llegar las madres, padres, niñas, niños así la jornada iba tomando el color que todos esperábamos. Y entonces surgió la respuesta la cual obtuve en medio de una conversación con una victima del conflicto en el Salado Comuna 13, quien ante mi pregunta del por qué tan tarde habían bajado, me responde textualmente: “no mijo, apenas nos dejaron bajar no ve que toda la mañana se dieron bala, hoy madrugaron a enfrentarse por ahí desde las ocho de la mañana y quien sale pues con esas balaceras”.

Pues sí, esta era la respuesta, las personas ansiosas de asistir a la jornada no lo habían podido hacer debido a los constantes y cotidianos enfrentamientos que se dan casi todos los días y hasta varias veces en un mis mi día.

Según las victimas consultadas, cuando dos camiones del ejército arribaron, se pudo calmar la balacera y todas las personas lograron bajar a la jornada un poco tensionadas, y es que todos los días tienen que esperar a que llegue la fuerza pública para que se calme el conflicto y salir de sus casas a donde tengan que ir, o a veces hasta no salir pues estos nunca llegan.

Esta triste y cotidiana realidad la pudimos reconfirmar a la llegada del compañero encargado del perifoneo animando a las víctimas a asistir a la jornada, quien nos manifestó que en un sector de la comuna trece que visitaba, presencio como unos hombres asesinaban un joven en una esquina con toda la tranquilidad del mundo y como mas abajo dos “tipos” armados se le acercaron diciéndole: “¡¡Cucho!! hágale de ahí pa’ bajo con esa maricada, no se vaya a hacer dar piso por acá”.

Pues así es, asesinatos, enfrentamientos, balaceras, tiempos de tensión y de angustia, son las que están viviendo constantemente los habitantes de la Comuna Trece, en un sector donde supuestamente la tranquilidad había llegado después de la tan documentada y popular Operación Orión y donde el “orden” estaba imperando por la constante presencia de las autoridades.

Diferentes actos violentos tuvieron lugar en la noche del jueves y el medio día del viernes (día de la Jornada) en los barrios El Socorro, 20 de julio y Nuevos Conquistadores y que dejaron, según los vecinos, varias personas muertas y heridas.

Entonces ahora finalmente me pregunto: ¿por qué no se mencionó nada de esto en los medios de comunicación? Tan sólo el Mundo (sábado 4 de julio) publicó algo al respeto:¿Qué pasa en esta zona?, ¿qué paso con la totalidad de grupos que se habían desmovilizado?, ¿quienes se enfrentan?, ¿no que Medellín está tranquila según nos venden los medios? Y la ¿Seguridad Democrática depuse de ocho largos años de aplicación?

Y así son muchas las preguntas sin respuesta que nos hacemos muchos habitantes de Medellín; interrogantes mas que respuestas urgen por una pronta solución por parte de las autoridades, eso si, esperemos que sean soluciones sin ayudas de nadie extrañamente ILEGAL.

ALGUNOS RELATOS:

Algunos de los relatos que en la Jornada escuchamos resaltamos las cuales fueron publicadas en el periódico El Mundo (sábado 4 de julio):

A Sinforosa Álvarez Yépez le mataron dos hijos entre 1991 y 1994, esta mujer menuda y aparentemente frágil cuenta con dureza en sus ojos cómo sacaron a sus muchachos de 17 y 19 años de la casa y nunca más volvieron, aún después de tantos años dice que los extraña y puede verlos en la cara de sus nietos “yo soy nacida y criada en el barrio El Salado y por 66 años he podido ver como la violencia ha estado siempre fuera de mi casa, cuando uno siente el silbido de las balas, lo único que puede hacer es buscar el techito y pedirle a Dios que no sea la hora de uno” dice, sin embargo ve esta posible reparación como un alivio en parte a su dolor y su pobreza. 274 personas más acudieron a esta jornada buscando orientación y respuestas.

Sigifredo Gómez ya no recuerda hace cuanto llegó desplazado por la violencia desde Apartadó, pero lo que recuerda vívidamente es el día de hace 13 años en que mataron a su hijo y el letrero que dejaron sus victimarios fuera de la casa, decía “por sapo”. Sigifredo se acercó a Acción Social el año pasado y ayer llegó a la Institución Educativa Samuel Barrientos para ver cómo va su proceso “me demoré para denunciar pero luego entendí que yo también tengo derecho a reclamar por el sufrimiento que me causaron”.

María Arenas también perdió a su hijo de 26 años “un muchacho como ya no hay” recuerda, él le informó a varios jóvenes de la zona que estaban en peligro y por eso lo sacaron a la fuerza de la casa, en la que vivía con cuatro hijos, y apareció muerto dos horas después.

Ahora ésta abatida madre por fin puede reclamar reparación, ya sabe que los perpetradores fueron militantes del Bloque Héroes de Granada que delinquían en la zona en 2004.

Otros casos de victimas en esta nueva ola de violencia no pueden acceder a estos beneficios pues la ley los excluye considerándolos victimas de delitos comunes y no del conflicto armado pues este según el gobierno ya terminó.


Por: Walter Rivera - Kavilando
Tomado de: www.redjuvenil.org

Divide y Vencerás

Algo similar pero con menor éxito ha tratado de hacer el Gobierno con los indígenas. "Con la OPIC, el Gobierno ha querido deslegitimar el movimiento de resistencia y mobilización indígena y a sus autoridades tradicionales generando confusión entre los movimientos sociales y desviando la información de los medios de comunicación frente a los aliados nacionales e internacionales", dijo Javier Sánchez, el Consejero de Territorios y Recursos Naturales de la ONIC, a La Silla Vacía. "Se juega con la necesidad y el hambre de las comunidades indígenas. Se les toman fotos y los ponen a posar queriendo mostrar que todo está bien y que los indígenas están con Uribe".


Divide y Vencerás

Divide y vencerás. Esa ha sido la política del gobierno de Uribe frente a grupos que se resisten y oponen a temas tan importantes como la negociación del Tratado de Libre Comercio, la realización de algunos megaproyectos y la Seguridad Democrática. Para contrarrestar el poder de las autoridades tradicionales indígenas, afrocolombianas y sindicales, el gobierno ha creado o estimulado organizaciones negras, indígenas y de trabajadores afines al uribismo.

Pocos grupos han realizado una resistencia tan organizada y persistente a las políticas del Gobierno como los indígenas paeces del Cauca, liderados por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Pues bien, el Gobierno impulsó la creación de la OPIC (Organización de Pueblos Indígenas del Cauca) en la zona de resistencia y lucha indígena más tradicional y emblemática en Colombia . La OPIC, una asociación civil indígena sin ánimo de lucro, agrupa a indígenas protestantes o evángelicos sin el aval de ningún Cabildo y desconociendo la autoridad tradicional indígena y sus procedimientos de representación.


La líder indígena Ana Silvia Secue, representante de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia (Opic), junto al Presidente Álvaro Uribe.

En los últimos meses, también ha surgido una organización indígena en la Sierra Nevada que comienza a desafiar la autoridad del Cabildo Kankuamo. Este nuevo grupo considera, por ejemplo, que la realización de megaproyectos como el puerto de Dibulla en la Guajira o la represa Los Besotes son benéficas para la comunidad y obviamente, sus posiciones han fortalecido su interlocución con los gobiernos regionales y locales de la zona.

Así mismo, el gobierno creó el año pasado la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana como un espacio de interlocución entre el Gobierno y las comunidades negras. Esta figura, liderada por el Vicepresidente Francisco Santos, duplica la Comisión Consultiva de Alto Nivel y las Comisiones Consultivas Departamentales y Regionales, creadas por la Ley de Negritudes hace dos décadas para que el gobierno y los representantes de las comunidades afrocolombianas dialoguen y tomen decisiones conjuntamente sobre temas que afectan sus territorios colectivos. Por ejemplo, la construcción del puerto de Buenaventura y la autopista que conectaría al puerto con Tumaco tienen que discutirse y aprobarse en este escenario.

Por esta misma línea, el Movimiento Primero Colombia, liderado por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, creó hace un par de meses la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), una nueva central obrera cuyo presidente es Ricaurte García, director de un sindicato del Ministerio de Protección Social. Este nuevo sindicato busca contrarrestar las centrales antiuribistas en temas clave, como la negociación del TLC.


Población

Poderes y Organizaciones Tradicionales

Nuevo Poder Pro Uribe

INDÍGENAS

Las organizaciones tradicionales indígenas a nivel nacional y en el Cauca incluyen a la: ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), y la ACIN (Asociación de Cabildos del Norte del Cauca).

OPIC (Organización de Pueblos Indígenas del Cauca ) lanzada oficialmente el 24 de marzo de 2009 en Popayán.

AFROCOLOMBIANOS

La Comisión Consultiva de Alto Nivel, y las Comisiones Consultivas Departamentales y Regionales, son las instancias de interlocución entre el gobierno y la población afro creadas por la Ley 70 de 1993. Asímismo, existen movimientos de base afrocolombianos, ONG, Consejos Comunitarios, Juntas de Acción Comunal, y Palenques que representan los intereses de los afrocolombianos.. Algunos de los más importantes y que están en contral del TCL son: PCN, Cimarrón, AFRODES, ASOMUJEH, y CEPAC.

Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, creada mediante los decretos 4181 de 2007 y 4401 de 2008. Fundación Color Colombiade corte uribista y pro TLC, promocionada en la prensa y actividades del gobierno.

SINDICATOS

En Colombia existen 3 centrales obreras tradicionales e independientes al gobierno de Uribe. La Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).

Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) creada por el Movimiento Primero Colombia que representa el pensamiento uribista y es liderado por Jose Obdulio Gaviria.

¿Cuál es la estrategia?

La "cooptación" o "paralelismo" no es algo nuevo. Sin embargo, ya comienzan a verse los resultados concretos de esta estrategia que tiene varios fines.

Por un lado, afianzar la simpatía de grupos que, como en el caso de los afro e indígenas, viven en zonas de alto interés económico y que sólo se pueden explotar si las comunidades de estos territorios lo avalan a través del mecanismo de consulta creado por la Constitución de 1991.

Gran parte de la población afrocolombiana está asentada en el Pacífico, un área cada vez más estratégica para el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales, turísticos y de infraestructura. Como constitucionalmente el gobierno tiene que contar con el visto bueno de estas comunidades para hacer cualquier intervención en ese territorio, los consejos comunitarios, los palenques, y las organizaciones de base negras como PCN y Cimarrón se han vuelto una piedra en el zapato para el Presidente.

El Gobierno pretende superar este obstáculo a través de la Comisión Intersectorial, creada por recomendación del senador gringo del Black Caucus Gregory Meeks. Meeks tenía en mente la Comisión creada por Bill Clinton para superar las barreras estructurales del racismo en Estados Unidos. En la práctica, la Comisión Intersectorial suele reunirse solo cuando el Gobierno la convoca y para discutir temas de su interés, excluyendo los asuntos e iniciativas propuestos por las organizaciones de base, las autoridades locales, las ONG afro y los consejos comunitarios.

Diferentes miembros de las organizaciones afro aseguraron a la Silla Vacía que la Comisión Intersectorial se creó para facilitar la ejecución de un eventual Tratado de Libre Comercio ya que quienes participan allí asumen que la pobreza de las comunidades negras se superará a través de una mayor inversión en grandes proyectos que promuevan el desarrollo industrial de estas zonas. Sin embargo, los líderes tradicionales de las comunidades afro rechazan estas estrategias que en muchos casos van en contravía de sus imaginarios culturales y usos de la tierra.

Por otro lado, la estrategia de Uribe busca legitimar su proyecto político a nivel internacional haciendole contrapeso al lobby en el exterior de estas comunidades con miembros de los mismos grupos que lo critican afuera..

Por ejemplo, en casi todos sus últimos viajes a Washington , Uribe ha viajado acompañado de una comitiva afro integrada por la Ministra de Cultura y otros afrocolombianos prominentes de la Fundación Color. Este grupo está conformado por gran parte de la elite intelectual y política afrocolombiana y cuenta con el respaldo de la Embajada gringa, pero está lejos de representar las visiones e intereses de las comunidades afrocolombianas de base (que en todo caso están bastante divididas).

Algo similar pero con menor éxito ha tratado de hacer el Gobierno con los indígenas. "Con la OPIC, el Gobierno ha querido deslegitimar el movimiento de resistencia y mobilización indígena y a sus autoridades tradicionales generando confusión entre los movimientos sociales y desviando la información de los medios de comunicación frente a los aliados nacionales e internacionales", dijo Javier Sánchez, el Consejero de Territorios y Recursos Naturales de la ONIC, a La Silla Vacía. "Se juega con la necesidad y el hambre de las comunidades indígenas. Se les toman fotos y los ponen a posar queriendo mostrar que todo está bien y que los indígenas están con Uribe".

Diferentes opiniones sobre el lanzamiento de OPIC.

La ONIC, la CRIC, y la ACIN han manifestado públicamente que la OPIC deslegitima el poder de las organizaciones y autoridades tradicionales y que pretende invisibilizar y acallar la Minga Social y Comunitaria que ha desencadenado amenazas y muertes entre el pueblo indígena y que tanto malestar le ha causado al Gobierno.

Líderes indígenas dijeron a la Silla Vacía, pero no lo pudimos confirmar de manera independiente, que los miembros de la OPIC están teniendo un trato preferente para obtener la libreta militar y para acceder a viviendas de interés social pues sólo sus miembros son beneficiados por estas iniciativas del Gobierno.

La Silla Vacía llamó a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, a la Defensoría Delegada de Indígenas y Minorías y a la Vicepresidencia de la República para obtener la visión del gobierno sobre este tema, pero no logramos obtener una respuesta.

Por: Laura Rico Piñeres
Tomado de: nasaacin.org

Reprime la policía china marcha de la minoría uigur; 156 muertos y más de mil detenidos

Aspecto de la manifestación de la minoría uigur en la noroccidental provincia autónoma china Xinjiang, que se llevó a cabo el domingo y terminó con al menos 156 muertos y más de mil heridos. La imagen fue captada por un ciudadano de Urumqui, capital de la provincia - Foto Ap

Pekín, 6 de julio. La represión policial china durante una manifestación de la minoría uigur en la noroccidental provincia autónoma de Xinjiang causó el domingo la muerte de por lo menos 156 personas y más de mil heridos, mientras mil 434 individuos fueron arrestados por las autoridades locales, que además impusieron el toque de queda.

La violencia, que pudo haber dejado el mayor número de muertos en China desde la represión de estudiantes en la plaza de Tiananmen, cuando fallecieron al menos 400 personas, estalló en las calles de la ciudad de Urumqi, la capital de Xinjiang, de mayoría musulmana, ante el malestar por la forma en que las autoridades manejaron un conflicto entre trabajadores uigures y de la mayoritaria etnia han.

El objetivo de la manifestación, en la que participaron unos tres mil uigures, era protestar por el asesinato de dos trabajadores de una fábrica de juguetes en la ciudad de Shaoguan a finales de junio, quienes fueron linchados tras difundirse rumores de que habían violado a dos mujeres de la etnia han.

Sin embargo, el descontento de los uigures viene de tiempo atrás, por la imposición de normas culturales y religiosas del Partido Comunista Chino, por lo que en Urumqi se formó un movimiento que lucha por la independencia de la población uigur –que se siente oprimida por la mayoría china–, para exigir más derechos al gobierno central.

La furia de los uigures se dejó sentir ayer, y a su paso por la calles de la ciudad, además de quemar vehículos, saquear tiendas y bloquear algunas vialidades, se encontraron y se enfrentaron con miembros han. Según las autoridades, unos 190 autobuses y más de 200 comercios fueron incendiados y 14 casas destruidas.

Testigos dijeron a Xinhua que los manifestantes portaban cuchillos, palos de madera, ladrillos y piedras, pero un grupo de defensa de los derechos de los uigures aseguró que varios manifestantes fueron ultimados a tiros por la policía antidisturbios.

El presidente de la región, Nur Bekri, dijo que la situación en Xinjiang es “muy complicada”, aunque el gobierno local aseguró que todo está “bajo control” desde esta mañana. No obstante, Urumqi fue tomada por soldados chinos y junto a otras otras ciudades vecinas se decretó toque de queda tras aparecer llamados a nuevas protestas.

Además, las autoridades chinas impusieron restricciones a Internet y al teléfono en la capital regional, con la intención de detener el flujo de información hacia el exterior, pero jóvenes expertos en ordenadores se pudieron conectar a la red para divulgar algunas versiones del conflicto interno.

Luego de esto, la televisora local CCTV emitió algunas imágenes de los sucedido en Urumqi, como los saqueos a tiendas comerciales, coches en llamas y arrestos de manifestantes. La policía detuvo a 700 “alborotadores” y busca a 90 personas que al parecer desempeñaron un papel clave en los disturbios, indicó la agencia estatal Xinhua.

Tras los enfrentamientos en Urumqi, la policía impidió disturbios en otras ciudades de la provincia, como en Kashgar, donde fueron dispersadas unas 200 personas reunidas frente a la mayor mezquita en China.

El gobierno chino culpó de la violencia al Congreso Mundial de Uigures (WUC) que dirige Rebiya Kadeer, empresaria uigur que vive exiliada en Estados Unidos tras años de prisión acusada de actividades separatistas. No obstante, grupos de exiliados rechazaron las acusaciones del gobierno sobre una conspiración y dijeron que los disturbios son consecuencia del enojo acumulado por las políticas oficiales y el dominio económico de los han.

Kadeer, que habló de hasta 800 muertos ayer, dijo en un comunicado que la violencia “se hubiera evitado si las autoridades chinas hubieran investigado como es debido los asesinatos de Shaoguan”. Además, responsabilizó a Pekín porque el gobierno sigue arremetiendo con toda dureza contra las minorías y mantiene su política de asimilación forzosa.

Los uigures, turco-musulmanes, constituyen la mitad de la población de Xinjiang, calculada en 20 millones de personas. Desde que Pekín se apropió de la región, en 1955, la calificó de “autónoma” e instaló allí a chinos han.

Por: Reuters, Afp, Dpa y The Independent
Tomado de: www.jornada.unam.mx

"El Ejército abrió el Catatumbo a los paras"

TESTIMONIO: Por primera vez un alto oficial reconoce públicamente cómo participó en una de las más sangrientas incursiones de los paramilitares. Su declaración, justo una década después de sucedidos los hechos, involucra a altos comandantes de la Fuerza Pública, algunos de ellos aún activos.

En el primer año de la incursión paramilitar al Catatumbo, Norte de Santander, dejó más de 20.000 desplazados, un número incierto de desaparecidos y 800 civiles asesinados, la mayoría de ellos en masacres. Fueron seis años de barbarie, sin mayor control estatal

En los próximos días el coronel (r) del Ejército Víctor Hugo Matamoros será llamado a juicio, acusado de facilitarles a los paramilitares su ingreso a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde llegaron en 1999 y cometieron varias de sus peores atrocidades. Sólo en el primer año de incursión hubo 800 civiles asesinados, muchos de ellos en masacres; un número incierto de desaparecidos, y al menos 20.000 desplazados.

El caso de este coronel se convertiría en la primera de una serie de acciones de la justicia sobre los mismos hechos, que podría involucrar al menos a cuatro generales y un coronel del Ejército, y a un coronel y un capitán de la Policía. Algunos de ellos aún son activos, o, pese a estar retirados, mantienen altos cargos en sus instituciones.

El testigo clave de este proceso accedió a hablar con SEMANA. Se trata de Mauricio Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo. Llorente lleva 10 años en la cárcel y fue absuelto en dos instancias por estas acusaciones, pero la Corte Suprema, en casación, lo condenó a 40 años. El mayor, que hasta hace poco negaba su participación en estos crímenes, ahora se convirtió en el ventilador de un escándalo de impredecibles consecuencias.

La Fiscalía considera confiable su testimonio, entre otras cosas, porque coincide con versiones que han dado paramilitares desmovilizados en otros expedientes. Aun así, y aunque esta revista confirmó varios de los hechos narrados con otras fuentes independientes, y a que habló con la mayoría de los mencionados por Llorente, en esta publicación se omiten los nombres de los oficiales que aún la justicia no vincula en procesos relacionados con los seis años de presencia paramilitar en esa región.

La declaración de Llorente coincide con el anuncio del jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso de que las revelaciones de la relación de su grupo con la Fuerza Pública sería un "capítulo doloroso" para el país, y un episodio de mayor calado de lo que ha significado la para-política.

Varios camiones

Una de las primeras cosas que confirma el relato de Llorente es la forma como llegaron los paramilitares al Catatumbo. En una operación sin precedentes, varios camiones llevaron desde Córdoba a unos 200 paramilitares fuertemente armados y, sin mayor obstáculo, cruzaron cinco departamentos: tenían la misión de llegar hasta La Gabarra, en el Catatumbo, el 29 de mayo de 1999. De acuerdo con versiones de desmovilizados, en la reunión de planeación participaron dos generales quienes, con Mancuso y Carlos Castaño, diseñaron la estrategia. Llorente menciona a otro general que habría solicitado información de cartografía al ahora investigado coronel Víctor Hugo Matamoros, en esa época comandante del Grupo Mecanizado Maza, batallón acantonado en Cúcuta.

Según varios testimonios, el único retén que encontró esta caravana de la muerte fue en Sardinata, en el desvío hacia Tibú. "Fueron seis camiones 'carevaca' diesel, 12 varillas los que salieron de Montería. Adelante iba una camioneta azul, y era la que abría el paso. Sólo cuando llegamos a Sardinata (Norte de Santander) un 'suiche' (subteniente del Ejército) nos detuvo. Llamó y le dieron la orden de que siguiéramos, que ya estaba todo cuadrado".

La toma del Catatumbo estuvo marcada por varias masacres. Tres de ellas son las que se consideran decisivas del ingreso para.

La primera fue ese mismo 29 de mayo. Al paso de la flotilla de camiones, los paramilitares asesinaron al menos cinco personas y las dejaron tiradas en el camino con el fin de sembrar terror. Al cruzar Tibú, pasaron por un retén de la Policía a cargo del capitán Luis Alexánder Gutiérrez Castro, según el proceso que se le sigue por estos hechos. Allí se dice que mientras los paramilitares pasaban, la Policía requisaba los vehículos particulares, y que Gutiérrez en eso recibió una llamada para alertarlo sobre la caravana, y dijo: "Ya todo está coordinado por arriba, estábamos esperándolos desde hacía 20 días". La misión de llegar a La Gabarra se truncó en el sitio Socuavo, donde la guerrilla les cerró el paso a los camiones, y hubo combates.

La segunda masacre fue el 17 de julio. Para ese momento el mayor Llorente dice que se había reunido con los paras porque decían ir referidos por el coronel Matamoros, y asegura que presenció llamadas que le hacían a éste y al coronel de la Policía a cargo del departamento. En su defensa, Matamoros expone que la zona de las masacres no era su jurisdicción, y que pese a ser de un rango superior, Llorente no estaba en su línea de mando. Esto es parte de lo que quiere que valore un juez, por lo que su defensa pidió que el caso sea llevado a juicio. Según Llorente, las cosas se facilitaron pues recibió órdenes del general a cargo de la división de enviar de gran parte de sus tropas, con lo que, sin mayor justificación, dejó su batallón debilitado.

Dice Llorente en su testimonio: "Yo planeo la incursión con David (alias del sobrino de Mancuso y quien estuvo al tanto de todas las acciones). Le dije que lo único que necesitaba era realizar un simulacro de un hostigamiento al batallón, para justificar que no podía salir a atender otras situaciones. Coordiné todo con el capitán que estaba de segundo al mando de mi batallón, que hoy es un coronel activo y que ya venía trabajando con las autodefensas. Nos reunimos con él y me dijo que lo importante era disminuir aun más el personal, por eso montamos una operación al lado opuesto del lugar de retirada de las autodefensas. Esto lo hicimos para que cuando comenzaran a investigarnos, tuviéramos cómo decir que no teníamos personal para apoyar. Nos reunimos con el capitán y 15 soldados de los más antiguos para reforzar los puestos esa noche, porque si colocábamos un soldado muy nuevo, de pronto respondía al escuchar los disparos de las autodefensas y ahí se podía formar un problema. Les pregunté a los soldados si estaban de acuerdo en que las autodefensas entraran al casco urbano, y me dijeron: 'Mi mayor, estamos con ustedes'. Ellos se quedaron en las garitas y dejarían quietos los fusiles cuando escucharan los disparos, y uno que otro haría un tiro como si estuviéramos respondiendo. Las autodefensas dispararon a un sector donde queda la pista de gimnasia, para que no le hiciera daño a nada, y el acuerdo es que mientras ellos hacían esto, las otras autodefensas harían su incursión a Tibú"

En el pueblo, los paramilitares fueron en tres camiones. Unos 65 hombres. Llegaron a la plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, y una informante que llevaban encapuchada señalaba quiénes iban a morir. Esto sucedió a una cuadra de la estación de Policía.

Pusieron a las mujeres en la primera fila y a los señalados los tiraron al suelo y les dispararon con fusil a la cabeza. "Salía sangre para todos lados", cuenta un testigo. Nueve personas murieron allí. Luego los paramilitares robaron el dinero de los negocios y se llevaron a cuatro más en uno de los vehículos. Fueron dejando sus cuerpos a su retirada, milagrosamente uno de ellos, a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió y hoy desde el exilio es otro de los testigos clave.

"Hubo una tormenta impresionante -dice Llorente- y se empezaron a escuchar disparos. Se fue la luz. Todo eso ayudó para lo que iba a pasar esa noche. Inmediatamente ocurre todo, recibo una llamada de un señor de una de la alcabalas, le digo que qué pasó, me dice: 'Mayor, por acá pasaron unas personas, entre ellas una mujer'. Y le pregunte quiénes eran y me dijo que creía que eran paramilitares, pero yo le dije que las autodefensas no tenían mujeres en sus filas. Le dije que ya le iba a enviar refuerzos. Nunca los envié porque no los tenía, y fuera de eso no tenía la intención porque yo ya sabía qué estaba pasando. Le pregunté: ¿Ya pasaron por ahí, me dijo: 'Sí'. Entonces yo me dije: 'Ya pasó todo'".

La tercera masacre fue un mes después, el 21 de agosto. Sin resistencia alguna, los paramilitares finalmente lograron llegar al municipio de La Gabarra y asesinaron a 35 personas. El entonces capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, ya fue condenado por estos hechos. La Corte Suprema de Justicia revocó dos disposiciones previas, pues encontró que Campuzano retiró el retén que estaba en la entrada del pueblo, lo que facilitó el ingreso de los paras, no atendió los llamados de auxilio ni fue diligente en la persecución.

Mayor dolor

A partir de este momento, vinieron los cinco años de mayor dolor para los habitantes de la región del Catatumbo. "Luego de todo esto, las autodefensas empiezan a patrullar conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar combates, pero juntos", dice Llorente. Esta incursión paramilitar fue presentada como una estrategia militar contrainsurgente, pero en la práctica estaba más orientada a ejercer control sobre el negocio del narcotráfico, al sacar a la guerrilla de los cultivos y del control de las rutas hacia Venezuela. En 2002 Carlos Castaño confesó en una entrevista con SEMANA cómo el 70 por ciento de sus ingresos provenía del Catatumbo.

En 2005, esta revista reveló documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que fueron desclasificados. En ellos el embajador de Estados Unidos de ese momento, Curtis Kamman, muestra su preocupación sobre Santander: "Argumentando tener pocos recursos y demasiadas misiones, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los paramilitares en esa área". Sobre las primeras acciones de la incursión paramilitar de La Gabarra dice: "La oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas masacres... ¿Cómo pueden ocurrir siete masacres bajo las narices de varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad?".

Justo por esta época se cumple una década de la incursión paramilitar al Catatumbo. Una dosis de verdad parece asomar su rostro con el testimonio de Llorente, pero faltan muchas más, y en más regiones. Mucha agua ha corrido desde ese momento y, por fortuna, es muy distinta la situación que hoy vive la Fuerza Pública. Algunos piensan que este tipo de revelaciones desestabilizan, pero la acción de la justicia y el conocimiento de la verdad por dolorosa que sea, le permite a la democracia salir más robustecida de lo que en su momento la dejaron las miopes acciones de los violentos.


Tomado de: www.semana.com