miércoles, 13 de mayo de 2009

Fiscalía relaciona al Polo, a la Alianza Social Indígena y organizaciones no gubernamentales con las Farc

Los partidos políticos Polo Democrático Alternativo y la Alianza Social Indígena son señalados como brazo político de las Farc en un informe de inteligencia preparado en Medellín por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la IV Brigada del Ejército.

El informe, conocido por la Agencia de Prensa IPC, fue elaborado el 2 de abril de este año y en él, los cuerpos de seguridad presentan un supuesto organigrama del Partido Comunista Clandestino Colombiano, conocido con las siglas de PCCC o PC3, adscrito a la guerrilla de las Farc.

Según el documento, la estructura del PC3 para los años 2008 – 2009 está compuesta por el Polo Democrático Alternativo (PDA) y la Alianza Social Indígena (ASI) como brazo político. Cabe destacar que la ASI fue el movimiento que le dio el aval a Sergio Fajardo Valderrama y a Alonso Salazar para respaldar sus candidaturas a la Alcaldía de Medellín en las últimas dos elecciones. Además, apoya la candidatura de Fajardo Valderrama a la Presidencia de la República para las elecciones del 2010.

Además de los partidos políticos, el informe señala a organizaciones no gubernamentales, sindicatos y movimientos juveniles como parte de la estructura del PC3. Como organizaciones no gubernamentales fueron incluidas la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Sumapaz, el Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, la Corporación Región, la Asociación Campesina de Antioquia y la Red Juvenil.

El componente juvenil está representado por el Movimiento Juvenil Bolivariano y la Juventud Comunista; y el componente sindical lo constituyen las organizaciones sindicales Sintrapintuco, Sintratextil, Sintraintabaco, Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y Sintravidricol. En su componente militar, el PC3 está conformado por los frentes 5, 34 y 36 de las Farc.

Lo particular de este informe de inteligencia es que el 3 de abril, un día después de entregado a la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada, generó la reapertura de un proceso penal que esta misma dependencia había precluido el 16 de diciembre de 2008 tras considerar que no se lograron obtener “las pruebas que respalden la presunción de la actividad rebelde”.

La reapertura del proceso ya la habían sugerido tanto el CTI como la IV Brigada a través diversos documentos de inteligencia que comenzaron a aportar en febrero de este año.

El primero de ellos, fechado el 23 de febrero y preparado por la Regional de Inteligencia Nº 7 de la IV Brigada del Ejército, no sólo ahondó en sus señalamientos contra diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y estudiantiles, sino que vinculó a la Corporación Prometeo de Medellín, la entidad cultural que año a año organiza el Festival Internacional de Poesía.

Días después, el 26 de febrero, un nuevo documento es aportado a la Fiscalía 74 Seccional. Lo suscribieron dos investigadores judiciales que trabajan en convenio con las Fuerzas Militares, quienes, después de ofrecer una serie de supuestas pruebas, concluyeron que “el proceso se puede reactivar”.

Un día después y aceptando la solicitud de los investigadores judiciales, este despacho abrió nuevamente investigación previa y solicitó a través de una orden de trabajo averiguar por la personería jurídica y los representantes legales de por lo menos 12 organizaciones no gubernamentales y del Polo Democrático Alternativo.

Adicionalmente, Inteligencia Militar en convenio con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, presentó a dos testigos, quienes ya han sido “utilizados” en otros procesos penales contra el movimiento estudiantil universitario y cuya credibilidad siempre ha sido cuestionada.

Lo particular de la versión de ambos testigos en este proceso es que ratificaron los informes de inteligencia militar sobre las presuntas relaciones de las organizaciones no gubernamentales y estudiantiles con el PC3, sindicando a profesores de diversas facultades, en particular de Derecho, así como a investigadores del Instituto de Estudios Regionales (Iner) y a las directivas universitarias, entre ellas al actual rector Alberto Uribe Correa y varios de sus vicerrectores.

Ambos testigos dejaron constancia que varios de los líderes universitarios cuestionados por sus presuntos vínculos guerrilleros son beneficiados por la institución otorgándoles para su sostenimiento personal monitorías en varias dependencias académicas, puestos de ventas y ayudantías en los negocios de fotocopiadoras.

Diversos documentos de inteligencia adicionales, que sustentan sus conclusiones en testimonios de desertores de las Farc, amplían el espectro de presuntos colaboradores del PC3, sindicando a otras organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y sindicales, tales como el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, la Unión de Empleados Bancarios, la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia, el Instituto Popular de Capacitación, la Escuela Nacional Sindical, el Sindicato del Sena y la Liga de Usuarios de los Servicios de Salud.

El proceso penal que se adelanta desde el pasado 3 de abril también recoge informes de inteligencia producidos el año pasado, entre ellos uno fechado el 15 de mayo de 2008 que incluye datos suministrados por la Regional de Inteligencia Nº 7 de la IV Brigada del Ejército, “donde pone en conocimiento el resultado de una previa labor de averiguaciones de inteligencia relacionadas con el actuar delictivo en los aspectos “políticos” y “terroristas” del PCCC o PC3”.

Este documento llama la atención sobre las presuntas vinculaciones al PC3 de organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) y la Corporación Colombo Cubana Medellín.

Además, el informe les da el carácter de subversivo a personas que portan camisetas del Partido Comunista Colombiano y estigmatiza reuniones donde se colocan banderas y pendones del Polo Democrático Alternativo (PDA).

Desde el pasado 3 de abril y por cuenta de la reapertura del proceso penal han sido vinculadas 13 personas, de ellas 4 comparecieron libremente para definir su situación jurídica. Otras 4 han sido capturadas en las últimas semanas. Todos están sindicados del delito de rebelión.

Los abogados defensores están a la espera que se determine el procedimiento por el cual se debe continuar con la investigación, pues hasta el momento se ha hecho bajo las normas consignadas en la Ley 600 de 2000, que le permite a la Fiscalía actuar sin el control de un juez de garantías. Los juristas que asisten a los procesados pretenden que el proceso se tramite siguiendo los postulados de la Ley 906 de 2004, toda vez que los hechos que se investigan tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medellín con posterioridad al primero de enero del 2006.

Las alertas están encendidas entre los partidos políticos, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos, pues consideran que a través de este proceso no sólo se les está deslegitimando, sino que es una manera de obstruir las labores de defensa y promoción de los derechos humanos integrales y perturbar el trabajo social y político que adelantan con las comunidades más vulnerables, entre ellas las víctimas del paramilitarismo y el Estado.

Por: IPC

Atentan contra la hija de Aida Quilcue

URGENTE! ATENTAN CONTRA LA HIJA DE LA EXCONSEJERA DEL CRIC AIDA QUILCUE
LA GUERRA, UNA ESTRATEGIA PARA EL DESPOJO DE LOS TERRITORIOS ANCESTRALES INDÍGENAS

La Consejería mayor CRIC denuncia ante la comunidad nacional e internacional el atentado de que fue víctima la niña Mayerli Alejandra Legarda Quilcue, de 12 años de edad, hija de Aída Quilcue, vocera de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y Edwin Legarda, quien fuera asesinado el 16 de diciembre por la Fuerza Pública en el municipio de Totoró, departamento del Cauca.
El atentado que sufrió la niña Mayerli Legarda Quilcue, quien tiene medidas de protección, fue perpetrado por 4 individuos, siendo aproximadamente las 6:00 de la tarde del día 11 de mayo, los cuales apuntaron con armas cortas hacia ella que se encontraba al frente de su casa de habitación, situada en la Vereda Clarete del municipio de Popayán, Cauca.
Cuando la niña observó el peligro se internó en la casa y los delincuentes, que se movilizaban en un Carro Blanco del que no pudo identificarse sus placas, rodearon la casa, pero, al parecer, resolvieron emprender la huida con rumbo a la ciudad de Popayán al observar movimientos de la guardia indígena que se encontraba al interior de la vivienda.
Esta anómala situación está rodeada de otros hechos irregulares sucedidos, uno, el día anterior, cuando personas que dijeron ser funcionarios de Bienestar familiar, intentaron entrar al colegio donde la menor estudia y luego visitaron su vivienda y allí la interrogaron sin permiso ni conocimiento de su señora madre, Aída Marina Quilcue Vivas.
Otro acontecimiento denunciado por la Consejería Mayor CRIC, fue el sucedido el pasado 21 de abril, donde una patrulla de la policía estuvo merodeando la misma casa y posteriormente, en horas de la noche, el carro asignado a la niña Mayerli fue seguido desde la Panamericana por una patrulla policial, y en un sitio solitario de la vía fue detenido, pretendiendo, los uniformados, amenazantes con sus armas de dotación, requisar el vehículo lo cual no fue permitido por la guardia que hace las veces de escolta, tanto de la niña como de la entonces Consejera CRIC, Aída Quilcue. El conductor del Vehículo explicó la condición del personal transportado y los agentes en vez de atender su deber protector llamaron refuerzos y rodearon amenazantes el carro donde se trasladaban los indígenas. De mala gana, y al parecer por indicación, del comandante de la policía Cauca, con quien se comunicó la autoridad Indígena del CRIC, los uniformados cedieron el paso. Este hecho fue puesto de conocimiento de los organismos de control del Estado el día 22 de abril del 2008.
La Consejería Mayor CRIC reclama ante el mundo que el Estado colombiano detenga la guerra contra los indígenas, pues mientras el presidente no se disculpe públicamente por su ofrecimiento de pago de recompensas para romper la unidad indígena, realizado en marzo del 2008 en la ciudad de Popayán, sus agentes seguirán considerando un favor a su gobierno acechar y hasta asesinar a los indígenas. Igual sucede con la guerrilla de las
FARC y su poco favor a la paz de Colombia, al seguir amenazando y matando indígenas por considerar que aquellas comunidades que tiene control territorial de la fuerza pública son colaboradores o escudos de sus contrincantes.
Lo sucedido en Nariño, en la Comunidad indígena de Piedra Verde, municipio de Barbacoas, a las tres de la mañana del pasado 11 de mayo, donde los indígenas Aw´a, Adelnelio Bisbiscuz García de 37 años edad y Marco Antonio Taicúz de 32 años, y herida en la cabeza la señora Berta Vargas, por individuos que vestían prendas militares, así lo confirman.
De igual forma la amenaza a la gobernadora indígena, Luz Emerita Cuspian, del Cabildo de Huila, Tierradentro, recibida a través de un panfleto firmado por las auc, águilas negras y de llamadas telefónicas anónimas, muestran que a pesar de que las comunidades se encuentra en medio de una situación de riesgo vivida por la actividad volcánica del Nevado del Huila, debiendo evacuar la zona y ubicarse en un albergue temporal en el resguardo de Ambaló, municipio de Silvia, Cauca, el Estado no ha prestado la atención suficiente a esta situación y por el contrario se conoce que los territorios abandonados por las comunidades indígenas en Tierradentro, están siendo copados por los todos los bandos del conflicto armado.
Es claro que el conflicto armado pretende evitar el desarrollo la autonomía e irrespetar el territorio como sucede con el pueblo Nasa, donde el sexto frente de la guerrilla de las FARC ha amenazado a 8 personas que hacen parte de la administración municipal y del cabildo indígena de Jambaló.
Aparte, la guerra que se desarrolla en gran parte del territorio caucano, se ha reportado que 18 personas han sido evacuadas desde San Miguel de Infí, Guangüí y la parte baja de Tombiquí, hacia el casco urbano de Timbiquí, al estar intoxicadas por efecto de la guerra química con aspersión aérea con glifosato, realizada por la Fuerza Pública colombiana desde el pasado 6 de mayo, donde también aparte de las afectaciones humanas se ha informado, sobre la muerte de peces de los ríos San Bernardo, San Miguel de Infí y Saija.
Denunciamos esta política de guerra que resulta siendo una estrategia para forzar el desplazamiento indígena y el abandono de los territorios ancestrales, con la cual se desconoce el Auto 004 emitido por la Corte Constitucional, por medio del cual se ordena al Estado colombiano salvaguardar a los pueblos indígenas en peligro de extinción, como está sucediendo en la frontera colombo- ecuatoriana con el pueblo Aw´a; en la Costa Pacífica caucana con el Pueblo Eperara Siapidara y en Tierradentro y norte del Cauca con el pueblo Nasa.

Por: CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Tomado de: www.redcolombia.org
Popayán, mayo 12 de 2009

Huelga de 17 mil trabajadores bananeros

LA CUT RESPALDA HUELGA DE 17 MIL TRABAJADORES BANANEROS
SINTRAINAGRO, reitera s voluntad de diálogo. Más de 60 mil familias se verán afectadas por parálisis en el sector bananero.
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, manifiesta el respaldo a su sindicato filial, Sintrainagro, quien entró en huelga a la medianoche de este jueves, luego que fracasaran las negociaciones del pliego de peticiones en los puntos sobre incremento salarial, vigencia de la convención colectiva, incremento de auxilios extralegales, fondo de auxilios al sindicato, fondo paritario de vivienda y fondo extraconvencional de educación, recreación, cultura y deporte.


La CUT destacó la voluntad que manifestada por Sintrainagro en la mesa de negociación y denuncia que la huelga se produjo debido a la intransigencia que prevalece en un sector de empresarios que rechaza el bienestar social y desconoce los derechos laborales y sindicales.


Más de 17 mil trabajadores de 296 fincas de la región de Urabá, paralizan a esta hora todas las actividades inherentes a la producción y exportación de banano hacia Europa y Estados Unidos, lo que significa que 234 mil cajas diarias de banano, se dejarán de exportar, esto equivale a pérdidas por $4.477 millones de pesos cada día, es decir que los trabajadores dejarían de devengar diariamente cerca de 450 millones de pesos.


Las exportaciones de banano representan el 30 por ciento de las exportaciones colombianas agropecuarias sin café, compitiendo en el primer lugar con flores. Estados Unidos y la Unión Europea son los destinos del 80 por ciento de las exportaciones colombianas.


El Presidente de Sintrainagro, Guillermo Rivera, denunció que a pesar de los esfuerzos de los negociadores por conseguir un acuerdo sobre el pliego petitorio, no hubo consenso en temas trascendentales, expresó la indeclinable disposición del sindicato para seguir buscando caminos de entendimiento entre las partes, y dijo que la Comisión Negociadora está dispuesta a regresar a la mesa para tratar de encontrar una solución al conflicto.


Finalmente, llamamos a todo el movimiento sindical a respaldar con acciones, solidarias y presencia en la región de Urabá, la Huelga de los trabajadores bananeros.


Por: CUT