Los partidos políticos Polo Democrático Alternativo y la Alianza Social Indígena son señalados como brazo político de las Farc en un informe de inteligencia preparado en Medellín por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la IV Brigada del Ejército.El informe, conocido por la Agencia de Prensa IPC, fue elaborado el 2 de abril de este año y en él, los cuerpos de seguridad presentan un supuesto organigrama del Partido Comunista Clandestino Colombiano, conocido con las siglas de PCCC o PC3, adscrito a la guerrilla de las Farc.
Según el documento, la estructura del PC3 para los años 2008 – 2009 está compuesta por el Polo Democrático Alternativo (PDA) y la Alianza Social Indígena (ASI) como brazo político. Cabe destacar que la ASI fue el movimiento que le dio el aval a Sergio Fajardo Valderrama y a Alonso Salazar para respaldar sus candidaturas a la Alcaldía de Medellín en las últimas dos elecciones. Además, apoya la candidatura de Fajardo Valderrama a la Presidencia de la República para las elecciones del 2010.
Además de los partidos políticos, el informe señala a organizaciones no gubernamentales, sindicatos y movimientos juveniles como parte de la estructura del PC3. Como organizaciones no gubernamentales fueron incluidas la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Sumapaz, el Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, la Corporación Región, la Asociación Campesina de Antioquia y la Red Juvenil.
El componente juvenil está representado por el Movimiento Juvenil Bolivariano y la Juventud Comunista; y el componente sindical lo constituyen las organizaciones sindicales Sintrapintuco, Sintratextil, Sintraintabaco, Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y Sintravidricol. En su componente militar, el PC3 está conformado por los frentes 5, 34 y 36 de las Farc.
Lo particular de este informe de inteligencia es que el 3 de abril, un día después de entregado a la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada, generó la reapertura de un proceso penal que esta misma dependencia había precluido el 16 de diciembre de 2008 tras considerar que no se lograron obtener “las pruebas que respalden la presunción de la actividad rebelde”.
La reapertura del proceso ya la habían sugerido tanto el CTI como la IV Brigada a través diversos documentos de inteligencia que comenzaron a aportar en febrero de este año.
El primero de ellos, fechado el 23 de febrero y preparado por la Regional de Inteligencia Nº 7 de la IV Brigada del Ejército, no sólo ahondó en sus señalamientos contra diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y estudiantiles, sino que vinculó a la Corporación Prometeo de Medellín, la entidad cultural que año a año organiza el Festival Internacional de Poesía.
Días después, el 26 de febrero, un nuevo documento es aportado a la Fiscalía 74 Seccional. Lo suscribieron dos investigadores judiciales que trabajan en convenio con las Fuerzas Militares, quienes, después de ofrecer una serie de supuestas pruebas, concluyeron que “el proceso se puede reactivar”.
Un día después y aceptando la solicitud de los investigadores judiciales, este despacho abrió nuevamente investigación previa y solicitó a través de una orden de trabajo averiguar por la personería jurídica y los representantes legales de por lo menos 12 organizaciones no gubernamentales y del Polo Democrático Alternativo.
Adicionalmente, Inteligencia Militar en convenio con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, presentó a dos testigos, quienes ya han sido “utilizados” en otros procesos penales contra el movimiento estudiantil universitario y cuya credibilidad siempre ha sido cuestionada.
Lo particular de la versión de ambos testigos en este proceso es que ratificaron los informes de inteligencia militar sobre las presuntas relaciones de las organizaciones no gubernamentales y estudiantiles con el PC3, sindicando a profesores de diversas facultades, en particular de Derecho, así como a investigadores del Instituto de Estudios Regionales (Iner) y a las directivas universitarias, entre ellas al actual rector Alberto Uribe Correa y varios de sus vicerrectores.
Ambos testigos dejaron constancia que varios de los líderes universitarios cuestionados por sus presuntos vínculos guerrilleros son beneficiados por la institución otorgándoles para su sostenimiento personal monitorías en varias dependencias académicas, puestos de ventas y ayudantías en los negocios de fotocopiadoras.
Diversos documentos de inteligencia adicionales, que sustentan sus conclusiones en testimonios de desertores de las Farc, amplían el espectro de presuntos colaboradores del PC3, sindicando a otras organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y sindicales, tales como el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, la Unión de Empleados Bancarios, la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia, el Instituto Popular de Capacitación, la Escuela Nacional Sindical, el Sindicato del Sena y la Liga de Usuarios de los Servicios de Salud.
El proceso penal que se adelanta desde el pasado 3 de abril también recoge informes de inteligencia producidos el año pasado, entre ellos uno fechado el 15 de mayo de 2008 que incluye datos suministrados por la Regional de Inteligencia Nº 7 de la IV Brigada del Ejército, “donde pone en conocimiento el resultado de una previa labor de averiguaciones de inteligencia relacionadas con el actuar delictivo en los aspectos “políticos” y “terroristas” del PCCC o PC3”.
Este documento llama la atención sobre las presuntas vinculaciones al PC3 de organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) y la Corporación Colombo Cubana Medellín.
Además, el informe les da el carácter de subversivo a personas que portan camisetas del Partido Comunista Colombiano y estigmatiza reuniones donde se colocan banderas y pendones del Polo Democrático Alternativo (PDA).
Desde el pasado 3 de abril y por cuenta de la reapertura del proceso penal han sido vinculadas 13 personas, de ellas 4 comparecieron libremente para definir su situación jurídica. Otras 4 han sido capturadas en las últimas semanas. Todos están sindicados del delito de rebelión.
Los abogados defensores están a la espera que se determine el procedimiento por el cual se debe continuar con la investigación, pues hasta el momento se ha hecho bajo las normas consignadas en la Ley 600 de 2000, que le permite a la Fiscalía actuar sin el control de un juez de garantías. Los juristas que asisten a los procesados pretenden que el proceso se tramite siguiendo los postulados de la Ley 906 de 2004, toda vez que los hechos que se investigan tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medellín con posterioridad al primero de enero del 2006.
Las alertas están encendidas entre los partidos políticos, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos, pues consideran que a través de este proceso no sólo se les está deslegitimando, sino que es una manera de obstruir las labores de defensa y promoción de los derechos humanos integrales y perturbar el trabajo social y político que adelantan con las comunidades más vulnerables, entre ellas las víctimas del paramilitarismo y el Estado.
Por: IPC
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